Negociación FARC

“En Colombia se asesina a la gente por pensar distinto”

Entrevistas

Entrevista a Victoria Sandino, excomandante de las FARC y candidata al Senado en las elecciones colombianas

En el contexto de la violencia política contra la Unión Patriótica (5.000 asesinados en la década de los 80 y 90 del siglo XX), Victoria Sandino Simanca (Tierralta, Córdoba, 1965) se unió a la lucha de las FARC-EP. Fue en diciembre de 1992. Mucho antes, en 1964, unos 50 campesinos de la región de la Marquetalia fundaron el movimiento guerrillero que dirigieron Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Victoria Sandino había militado en el Partido Comunista de Colombia y en la Unión Patriótica. En las FARC-EP, la guerrilla más antigua de América Latina, desarrolló múltiples actividades: trabajo político de relación con las comunidades, organizaciones sociales de los territorios y mujeres; tareas de educación, alfabetización y comunicación con los compañeros, entre otras. Ya en una etapa posterior –las negociaciones de paz con el gobierno de Santos- la excomandante guerrillera coordinó la Subcomisión de Género por parte de las FARC-EP y fue plenipotenciaria de la Mesa de Negociaciones de La Habana. Actualmente Victoria Sandino forma parte del Consejo Político Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (la antigua guerrilla marxista-leninista de las FARC), en cuyas listas se presenta como candidata al Senado en las elecciones presidenciales del 27 de mayo. La entrevista tuvo lugar el pasado cinco de diciembre, día siguiente a la presentación en Valencia del documental “Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia”, obra del periodista Sergi Tarín y producido por la ONG Atelier.

-A finales de noviembre 142 organizaciones de víctimas y derechos humanos denunciaron ante la Corte Penal Internacional que el Estado colombiano ha modificado, en el último año, el Acuerdo de Paz de La Habana de acuerdo con los intereses de los sectores políticos, económicos y militares “de alto rango”. El documento critica el “manto de impunidad” para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, entre otras razones por las modificaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Acordado por el Gobierno y las FARC en septiembre de 2015, este mecanismo incluye un Tribunal para la Paz, Salas de Justicia y establece como principio “una paz sin impunidad”.

Lo que se buscaba con la JEP era la Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición para las víctimas. A la JEP tenían que comparecer en principio todas las personas que, de una u otra manera, habían causado grave daño en el contexto del conflicto armado. Hablamos de la insurgencia, los militares, el Estado en su conjunto y los particulares o “terceros”. Establecer esta Jurisdicción era obligatorio, porque la Justicia en Colombia no funciona: es muy corrupta y está muy politizada. Por esta razón se buscó un mecanismo especial para elegir a los magistrados del Tribunal para la Paz y de las Salas. Pero la Ley de Reglamentación de la JEP aprobada por el Congreso el 28 de noviembre se crea sólo para los militares y, particularmente, la insurgencia. Fuera de la Jurisdicción quedan el Estado en su conjunto y los “terceros” –como paramilitares o grupos terratenientes que han financiado el paramilitarismo-, que sólo comparecerán de manera voluntaria.

-A primeros de noviembre fue detenido por orden de la Fiscalía General de la Nación el hacendado Jaime Alberto de Jesús Angulo Osorio en Santa Rosa de Osos (norte de Antioquía). El motivo, su presunta participación en la masacre del Aro, perpetrada en el municipio antioqueño de Ituango por paramilitares de las ACCU; ocurrió en octubre de 1997: fueron asesinados 17 campesinos y 1.200 personas resultaron desplazadas. ¿Es un ejemplo de la impunidad paramilitar?

Las grandes masacres que se produjeron en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, por ejemplo contra las comunidades rurales, con 20, 30 y más de 50 muertos en una sóla acción, no han sido judicializadas. Obra de fuerzas paramilitares, las matanzas estuvieron ordenadas, financiadas y promovidas prinicipalmente por terratenientes. No están en la cárcel ni se ha hecho justicia, que es lo que se buscaba precisamente con la Jurisdiscción Especial para la Paz.

-El periódico Semana se hace eco de una lista global sobre la concentración de riqueza en relación con el PIB, publicada por el periódico alemán Die Welt con datos de Bloomberg. En Colombia la fortuna de las cinco personas más ricas equivale al 12,5% del PIB, lo que sitúa a este país en el quinto del mundo respecto a la acaparación de la riqueza. Además, según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo a escala mundial. ¿Es un contexto poco propicio para que se imparta justicia?

Pero es que además hay una realidad en Colombia… Los congresistas son los mismos terratenientes y gamonales de los territorios, quienes se han beneficiado de todos los despojos de las tierras a las comunidades campesinas. Algunos se han ido a la cárcel ahora por la “parapolítica”, pero porque es evidente su participación, la forma de asesinar a la gente y a los líderes en particular. Ellos están legislando en beneficio propio.

-¿Es el presidente Santos un integrante más de las clases dominantes o, por el contrario, consideras que hay poderes que le trascienden?

Santos es parte de la oligarquía nacional. Y esos “otros” poderes a los que me refiero son regionales y de los departamentos. En la Cámara son muchos los representantes que vienen de los territorios, donde se les ha elegido, y por supuesto no van a legislar contra lo que ha sido su práctica. Por esta razón han decidido que sea voluntaria la declaración en la JEP, ya que de lo contrario tendrían que comparecer muchos de los que están sentados en el Congreso. No digo que todos, pero sí muchos de ellos. Además la Reforma Política, que era fundamental para la participación de sectores democráticos, no salió adelante (El pasado 29 de noviembre el Senado votó a favor de archivar el proyecto de Reforma Política; tres días antes la FARC calificó en un comunicado la reforma como “frankenstein irreconocible que no refleja el espíritu del acuerdo de paz; han desaparecido contenidos como el control del dinero privado en las campañas, los recursos judiciales para la celeridad en las decisiones electorales, las medidas de democratización interna de los partidos y las listas cerradas”. Nota del entrevistador).

-La Defensoría del Pueblo de Colombia ha informado que entre enero de 2016 y marzo de 2017 se produjeron 156 homicidios, cinco desapariciones forzadas y 33 casos de atentado contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Atribuye en parte el fenómeno a la presencia de grupos armados que intentan implantarse en las zonas abandonadas por las FARC. También Naciones Unidas ha reportado durante 2017 un total de 105 homicidios de defensores y líderes de movimientos sociales en Colombia, en un 59% de los casos ejecutados por sicarios.

Ocurre que la política no ha cambiado. El Estado y el Gobierno, empezando por el presidente Santos, tienen que elaborar unos planes específicos –a partir de los acuerdos de La Habana- para el ataque y desmantelamiento del paramilitarismo; y esto no se ha hecho. Por ejemplo, desde principios de año había que designar a la directora de la Unidad Especial de Investigación constituida en la Fiscalía para desmantelar las organizaciones responsables de masacres y el paramilitarismo; y fue a finales de noviembre cuando el Fiscal General nombró a la nueva directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, Martha Jeaneth Mancera. Además la Fiscalía dispone de documentación sobre 15.000 casos relacionados con la acción de civiles durante el conflicto armado, pero judicialmente no se ha avanzado. ¿Qué ocurre? El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha sido abogado de multinacionales y ha estado vinculado a empresas que financiaron el paramilitarismo; sería como atacar a sus amigos…

-En tu cuenta de twitter te defines como fariana, feminista y luchadora por la paz con justicia social para Colombia. ¿Qué peso tiene el feminismo en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido que desde el pasado mes de septiembre sustituye a la guerrilla de las FARC?

En la dirección nacional del partido –el Consejo Nacional de los Comunes- participamos 111 personas, de las que 26 somos mujeres. Y entre los 15 miembros del Comité Ejecutivo de la FARC, estamos presentes cuatro mujeres. Esto no es realmente tan grave, ya que formamos parte de un partido político en transición de la vida guerrillera a la vida civil. La presencia de la mujer en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común es mayor que en los partidos tradicionales. Por otro lado nosotros venimos de una estructura jerárquica político-militar –que en la práctica fue muy militar-, y hemos venido realizando un trabajo muy duro desde el inicio de las negociaciones de paz, en septiembre de 2012, para abrir espacios a la participación de las mujeres y por el reconocimiento de nuestro papel en el conflicto. Obviamente nosotras continuamos luchando por lograr una mayor representación, y eso significa también formación política así como ganar confianza en la vida pública. Todavía el ejercicio público y político no lo hemos tenido como una práctica. Estamos en ese proceso.

-El próximo 27 de mayo se celebrarán elecciones presidenciales en Colombia, en las que participas como candidata al Senado por la FARC junto a Iván Márquez, Pablo Catatumbo o Griselda Lobo. ¿Cómo se afrontan?

Con la esperanza de la participación, y con una gran preocupación. Aspirábamos a que no sólo nosotros, sino también los demás partidos y movimientos sociales con aspiraciones a participar en la vida política lo hicieran. Pero no va a ser posible, porque no se aprobó la Reforma Política. Además tenemos que competir el voto con unas prácticas muy complicadas; el sufragio en Colombia no es obligatorio, y a la gente le ofrecen cualquier cosa: un almuerzo, materiales de construcción, zinc, cemento, un rollo de alambre para la parcela… Mucha gente da su voto a cambio de esto, no se trata de una elección consciente.

-El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia recuerda que altos funcionarios del Estado han declarado, ante los medios informativos, que asesinatos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos “son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas”. Según Naciones Unidas, “esto es muy peligroso ya que se parece querer justificar los asesinatos”. Por otra parte, las mujeres de la FARC denunciaron en un comunicado (“No jueguen con el honor de las farianas”) la utilización mediática de la violencia sexual “como arma contra nuestros compañeros”.

Están sacando todo esto y más cosas. Algunos delitos han quedado fuera de la JEP, por ejemplo los de carácter sexual cometidos durante el conflicto armado. Nosotros pedíamos que estos delitos no fueran indultables ni amnistiables, y no sólo para los nuestros que hayan podidos cometerlos, sino para cualquiera. Queríamos, por tanto, que estos delitos se mantuvieran en la JEP, ya que nunca fueron juzgados por la justicia ordinaria; De hecho, en Colombia a las mujeres se las viola diariamente, cada tres días una mujer es asesinada en el país y diariamente se producen 55 abusos sexuales. Ahora que el Congreso aprobó que las violaciones salgan de la Jurisdicción Especial y vayan por la justicia ordinaria, se ha empezado a decir que algunas personas nuestras están implicadas en delitos sexuales.

-Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 15.076 personas –en más de un 90% de los casos, mujeres adultas, niñas y adolescentes- sufrieron la violencia sexual durante 60 años de conflicto armado. ¿Se utilizó el cuerpo de la mujer como arma de guerra?

Yo creo que sí, fundamentalmente por los paramilitares y también por la fuerza pública. En los territorios donde llegaba el paramilitarismo se perpetraban masacres y también se violaba a las mujeres; es lo que hoy en día queremos que salga en la Comisión de la Verdad, ya que nunca se investigó. Simplemente se dijo que se produjeron masacres, pero no se indagó en lo que ocurrió antes y durante los crímenes. Actualmente partidos como el Centro Democrático y la ultraderecha pretenden “empapelar” a todo nuestro personal, sobre todo a los hombres, afirmando que están implicados en delitos sexuales o de narcotráfico.

-¿Qué define a las farianas?

Las mujeres de las FARC somos un colectivo que ganamos cotas importantes de igualdad al interior de la organización; nuestra práctica de lucha no ha sido sólo por los derechos de la mujer, sino del pueblo colombiano. Y ello en un país tan conservador como el nuestro, donde las mujeres han sido relegadas al mundo exclusivamente privado. De manera colectiva las mujeres de las FARC hemos construido unas propuestas o lineamientos –no digo teoría, no soy tan pretenciosa- en torno a un feminismo que llamamos “insurgente”, en el que planteamos la emancipación de las mujeres y del conjunto de la sociedad. Recogemos para ello elementos de nuestra práctica insurgente, cuando éramos iguales mujeres y hombres, y en la práctica revolucionaria se rompieron los roles establecidos.

-¿Y cómo caracterizaría al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común? ¿Sirven las tradicionales etiquetas de “marxista-leninista” o “socialdemócrata”?

Creo que en la parte teórica hemos aprendido muchas lecciones del contexto internacional. Aquí no se trata de que nuestra línea político-ideológica tenga que ser el socialismo marxista-leninista, socialdemócrata, trotskista o maoísta, no. Primero defendemos la autodeterminación de los pueblos. Entre todos los colombianos nos hemos de poner de acuerdo en qué tipo de país queremos. Promovemos además algunos principios como el “buen vivir” y garantías sociales para la población. Es decir, una sociedad más justa, se llame socialismo o del modo que se quiera. Pero que sea más justa y “a la colombiana”, por eso trabajamos.

-Desde que las FARC-EP nacieran en 1964 en las montañas del sur del departamento del Tolima, hasta la rúbrica de los Acuerdos de La Habana en 2016, ¿cuál fue el principal logro del movimiento guerrillero?

El Acuerdo de Paz, porque sienta las bases para una sociedad distinta y los elementos del “buen vivir”. En los Acuerdos se aborda la cuestión de las víctimas, la tierra, la democracia y la participación. Colombia es un país donde a la gente se la asesina por pensar distinto.

-Por último, ¿qué recuerdos te marcaron especialmente durante la guerra como dirigente de las FARC, organización en la que te enrolaste en diciembre de 1992?

Hay experiencias muy duras, por ejemplo la pérdida de las vidas humanas. Compañeros que se perdieron en la guerra… Gente como Alfonso Cano: yo estuve en su unidad y fue mi jefe durante muchos años; era una relación muy de confianza, cercana, muy humanista. Su pérdida me dolió mucho. También la muerte de muchos compañeros y compañeras que estuvieron conmigo, bajo mi mando. Recuerdo a Laura González, que me marcó mucho. Pero también hubo cosas muy bonitas, como la colectividad; la manera colectiva como vivíamos y nos relacionábamos. Era no tener nada, pero saber que lo poco que teníamos lo compartíamos. Ahora estamos más dispersos, cada cual tiene su casita en los territorios y comunidades… Y hay más privacidad.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235747&titular=%93en-colombia-se-asesina-a-la-gente-por-pensar-distinto%94-

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Colombia: Los derechos para la paz estable en alto riesgo de extinción

Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Por: Manuel Humberto Restrepo Dominguez

Con mucha facilidad el estado colombiano ha ratificado y convertido en derechos constitucionales los derechos humanos de carácter social (DESCA) que configuran el espectro del Derecho Internacional de los derechos humanos (DIDH), pero así mismo los ha desconocido colocándolos en alto riesgo de extinción y al borde de la destrucción que precede al horror. Estos derechos son los que están en la base de la paz estable y duradera y su negación sistemática por efecto de corrupción o desvió de los recursos que debían satisfacerlos, deja un rastro de silenciosa violación masiva de derechos humanos, que provoca muertos, lisiados, enfermos, excluidos y marginados. No hay una política evidente pero sí una manera de actuar del estado que apunta al exterminio de los mas pobres.

El estado tiene la obligación y compromiso de respetar, proteger, hacer respetar y ofrecer garantías de todo tipo (económicas, legales, conceptuales), para satisfacer estos derechos, pero contrariamente los viola. Los responsables (especialmente gobernantes y funcionarios de las altas direcciones) que toman y ejecutan decisiones han contado con una impunidad del 100%, dado que no hay casos relevantes de juicios y condenas por las equivocadas (y autoritarias) negaciones contrarias a derechos o por la distribución inequitativa de recursos, que no favorece el bienestar y la dignidad de las mayorías de población como debiera ocurrir. La inequidad es consecuencia de una intencionalidad política para favorecer el interés privado mediante la injusta distribución del presupuesto publico, gracias a que el componente democrático de la construcción colectiva (entre estado y sociedad) de las políticas publicas, ha sido eliminado. El gobierno en provecho propio aplica una formula de poder que combina capital y leyes que potencian su capacidad para imponer una real dictadura presupuestal que beneficia los negocios de una minoría privilegiada, que moldeo las reglas para aplicar la autoridad (sin pueblo, sin demos) y obtener ventajas comparativas, mientras que con el control de la formulación, aprobación y aplicación de la ley obtiene ventajas competitivas.

Usando estas dos ventajas las elites han convertido el ejercicio político en un asunto de oferta, demanda y precio y desplazado los recursos destinados a los derechos sociales de la orbita del estado a la del individuo, que es presionado para asumirlos como cosa privada adentro de un modelo de individualización tomado del sistema penal. Los derechos sociales sacados del contexto de naturaleza colectiva son tratados como libertades individuales, asociadas a oportunidades de mercado, de tal manera que la responsabilidad por las carencias recae en el individuo y no en el estado y de colofón a la persona que carezca de bienes básicos se le tratará con desprecio y se le acusará de incompetente para obtener conquistas personales. Los reality show de donde salió Mr. Trump, son un buen ejemplo de individualización y cosificación del sujeto, donde los astutos que logran lo suyo, sin solidaridad ni respeto por el otro son premiados y los débiles castigados, ofendidos, excluidos y humillados.

En lo individual el sujeto (subjetivado por el mercado y alejado de la lucha social) creerá que lo suyo (trabajo, estudio, sanidad, acceso al agua o al alimento) se debe únicamente a su libertad individual para competir y ganar e inclusive podrá percibir que ser explotado es una bendición entre tanta desigualdad. La población individualizada, extraída del colectivo, enfrenta en su propio cuerpo y espíritu amenazas que le generan angustias y temor (despido laboral, reforma pensional, impuestos o multas impagables), para lo cual las mismas elites (responsables del desastre) piden respaldo electoral para sostenerse en el poder a cambio de salvación. Es la inversión del sentido de los derechos sociales, presentados desnudos, sin historia ni memoria, para facilitarle al estado (las elites) evadir su responsabilidad por el riesgo de extinción y para colocar los recursos públicos donde les sean rentables como garantía de continuidad de su proyecto hegemónico de dominación y despojo.

Lo político convertido a mercancía, herramienta de la extinción

El ejercicio político fue convertido en una mercancía, en la que las ideas o la legitimidad, que son pilares de la realización de los derechos sociales, carecen de valor igual que los planes y programas de largo plazo. Para las elites las rutas de mercado guían las agendas electorales de alianzas y negocios, que definen el precio de lo político y orientan hacia el control de las necesidades para traducirlas a votos y adhesiones para tener el control total del poder. La política publica, que era la herramienta central de sostenimiento de lo publico y la base para trazar el camino político de realización de los derechos sociales es reducida a su mínima expresión, convertida en una técnica en manos de expertos neoliberales, que no atienden las demandas y necesidades por derechos, si las del interés del capital y las formalidades de indicadores. Los resultados previsibles de esta distorsión de lo político y de la política son de derechos sociales en déficit, frente a intereses del poder en superávit.

Los datos de la negación someten a una sistemática violencia contra las mayorías como efecto del riesgo de extinción de los derechos sociales anunciados en déficit, mientras las elites festejan su superávit. El derecho a la salud acumula un déficit superior a 12 billones (5.3 a servicios y mas de 7.2 en hospitales y clínicas: dinero.com/12/24/16) y cada 4 minutos un individuo en solitario radica una acción de tutela como síntoma de que el derecho en colectivo esta cerca a su derrota. En Educación Superior Publica el déficit supera 14.4 billones (1.4 en funcionamiento y 13 en inversión: SUE, caracol.com.co /17/10/2017). En vivienda el déficit es de 2.2 millones de hogares sin vivienda y mas de la mitad de población sin vivienda propia (caracol, portafolio, 06/08/2017). El 57% de la población padece el mal servicio de agua potable y saneamiento y mas de 300 municipios tienen problemas relevantes de sanidad por carencia de agua (minambiente elpais.com/22/03/2017). Los resultados para los inversionistas y principales beneficiarios de los recursos de los derechos, tienen superávit. Solo los bancos en 2016 ganaron mas de 12 billones (15% mas que en 2015) producto de la suma de las individualizadas perdidas de cada ciudadano y de las pequeñas empresas. El sector inmobiliario inundó de edificios al país y atrajo capitales extranjeros pero no redujo el déficit de vivienda. Educación y Salud privadas crecen pero no contribuyen a reducir brechas de desigualdad.

La orientación de los presupuestos responde a una autentica dictadura presupuestal para manejar intencionalmente los recursos públicos y satisfacer las demandas del interés privado, contrario al respeto y garantías para la realización de los derechos sociales que con retorica son enaltecidos y con políticas marginados. Cada parte del poder aporta lo suyo, los empresarios jalonan la privatización y se hacen dueños de lo publico, desde el concepto hasta el ultimo activo de la riqueza nacional. Las elites políticas se encargan de mantener la estabilidad política y las bolsas llenas para transferir los recursos a inversionistas (y a ellos mismos) y el poder judicial organiza la ley con principios mercantiles y pone las reglas de juego en favor del capital. Confianza inversionista es estado sin soberanía y seguridad jurídica es ley para favorecer inversionistas (re-conquistadores). Ya fueron transferidos los ferrocarriles, la flota mercante, telecom, aguas, gas, energía, bancos y entregados a libre explotación por concesión autopistas, parques nacionales, ríos, recursos minerales, biodiversidad, salud, educación, fiestas populares, comparendos por infracciones y hasta el cuidado de presos, y lo demás puesto en desventaja con TLC. Todas estas partes del patrimonio eran la base material para la realización de los derechos sociales y la paz y es claro que ningún inversionista, ni político, ni particular estará dispuesto a suplantar al estado para garantizar los derechos sociales.

Las elites que imponen la dictadura presupuestal tienen en riesgo de extinción a los derechos sociales y dejan cientos de miles de victimas entre la población, producen carencias y matan por hambre o falta de atención. Su objetivo es debilitar a la nación como depositaria de la soberanía (sin eliminar el concepto de soberanía) y excluirla de la toma de decisiones sobre los recursos y la riqueza nacional con la que se afianzan y materializan los derechos sociales, les queda un ultimo empujón y seguramente lo harán justificando que para realizar los derechos sociales es necesario aumentar los recursos procedentes de regalías y llamaran con vehemencia a dejar acelerar el despojo de las ultimas riquezas que todavía permiten vivir, con poco oro pero mucha agua. El responsable del alto riesgo y estado moribundo de los derechos sociales, no es un único individuo encarnado en el gobernante, es una concepción, una corporación, un club de elite que controla la economía, el poder político y las leyes y hacia allí hay que mirar para impedir que la extinción de los derechos sociales que no completó la guerra la completen en la paz. El trípode del poder tiene en la cima al capital y en la base al gobierno y a la ley. El espíritu lo pone el capital, el hijo es la ley y el padre el gobierno.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235629&titular=los-derechos-para-la-paz-estable-en-alto-riesgo-de-extinci%F3n-

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El desarme mental

Poly Martínez

Poly Martinez

¿Cómo nos vamos a reintegrar todos a una cotidianidad sin la disculpa de la violencia derivada del conflicto con las Farc? Estos son días para mirarnos el ombligo y pensar. Para mirarnos a nosotros mismos tal como somos y a este país, tal como es.

Desarmar el pensamiento. Empecemos por el pensamiento.
Así como en la vida, frente a diferentes situaciones se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, también se puede entender a Colombia medio en guerra o medio en paz. Podemos aceptar y celebrar este momento, el avance del país con el desarme de las Farc o podemos negarlo con un discurso que sostenga el pensamiento armado.

La dejación de armas de las Farc es histórica. A los políticos que apoyan el proceso y a los que lo atacan, todos a buen provecho electoral, es importante recordarles que sobre esas armas entregadas, sobre esos contenedores blancos y el mapa con las coordenadas de las caletas están armando -“armar” en el sentido de estructurar- sus proyectos y campañas. Así como lo hicieron en su momento Andrés Pastrana y Álvaro Uribe; tal como lo planteó el presidente Santos en sus dos mandatos.

El que no quiera ver las cifras, el desmantelamiento de las Farc como grupo guerrillero y se niegue a “cantar victoria” (como si alguien pudiera reclamar un triunfo con más de 220 mil muertos, millones de desplazados y 53 años de combate y dolor), tal vez sea a causa de que teme perder su propio “fierro” mental. El tiempo permitirá ver y entender la importancia de este proceso, incluidos los errores y aciertos, los retrasos y momentos críticos que ha habido y habrá.
Todos pensamos que la vida va a salir de un modo, pero resulta siendo otra. Con la paz sucede lo mismo. Nos la imaginamos, aunque por momentos incrédulos de que llegara a darse con la guerrilla más antigua del mundo. También por años, en esa clásica ambivalencia nacional, muchos prefirieron creer que la guerra bestial acabaría con los grupos armados, pim-pam-pum, y acogieron el discurso absoluto de aquí los vencedores y por allá los vencidos. Pero no fue así.

Quién iba a imaginar que la paz con las Farc nos encontraría divididos, llenos de malquerencias y despechos por el poder. El eterno “sí, pero…” como se ha oído en estas fechas en que se cumple otro de los puntos del Acuerdo. Como sociedad, seguimos siendo unos ineptos para la paz. Todo avance nos resulta insuficiente, siempre tan ingratos, como bien lo dijo Álvaro Restrepo en su reciente columna en El Espectador.

Fuente del articulo: http://www.semana.com/opinion/articulo/reacciones-de-los-colombianos-ante-el-desarme-definitivo-de-las-farc/530165

Fuente de la imagen: http://www.periodismosinfronteras.org/wp-content/uploads/2016/08/menores-con-farc.jp

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Colombia: ¿Existe un genocidio en curso contra los líderes sociales?

Revista Insurección

Por: revista insurrección

ada día llegan noticias de nuevas amenazas y varias veces a la semana de más homicidios. El liderazgo social sigue poniendo muertos. El asesinato de personas de la Unión Patriótica (UP) en los años ochenta y noventa del siglo anterior, fue posteriormente calificado jurídicamente como Genocidio. No se trata del uso político de la palabra “genocidio”, que también podría ser válido; sino de su uso jurídico.

Genocidio no es necesariamente asesinatos, de hecho hay dos casos, en el Derecho Internacional en que puede que no haya ni un solo muerto, pero hay Genocidio:

a) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.

b) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Esta práctica en sí, no produce la muerte de miembros del grupo, sino que afecta la supervivencia del grupo en cuanto grupo, y esto también se considera Genocidio. En el mismo sentido, un Genocidio no se define por un número determinado de muertos; decir que van pocos o muchos líderes sociales asesinados, no es un argumento.

Según el derecho internacional:

“Se entiende por Genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo. b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Las más de 500 amenazas enviadas en el ultimo año contra lideres del movimiento social, tienen graves repercusiones en la integridad física y psicológica de estos, a tal punto que constituyen tortura.

Colombia ha firmado y ratificado la “Convención para la prevención y sanción del crimen de Genocidio” y por tanto sus definiciones y categorías son obligatorias. Dos cuestiones son relevantes relacionadas con el uso de esta palabra en el marco del conflicto: Primero ¿existe la citada “intención de destruir” al liderazgo social o es un supuesto populista? Segundo, ¿qué significa exactamente “destruir?” ¿se refiere a destrucción física o existe un significado más allá de éste?

El problema es la demostración de “la intención”, pero no es suficiente decir que la intención simplemente no existe. De acuerdo con las Naciones Unidas:

“El elemento necesario de intención puede ser deducido de hechos suficientes. En ciertos casos, existirá la evidencia de acciones u omisiones en tal grado que el acusado pueda razonablemente ser asumido como consciente de las consecuencias de su conducta, lo cual lleva al establecimiento de la intención”.

Así que el camino es analizar las consecuencias de la aplicación de determinada política.

Examinemos, primero, la realidad del asesinato de los líderes. Desde enero de 2016, han sido asesinados 186 personas que son parte del liderazgo social. En lo que va del año, hasta julio 5 de 2017, según la Defensoría del Pueblo, ya van asesinados 52 líderes sociales. Además, los datos disponibles, permiten afirmar que por cada líder asesinado hay 10 personas amenazadas de muerte.

En segundo lugar, miremos si tales crímenes son o no sistemáticos, lo que se conecta con un plan. Es decir, un plan presupone una intención. El análisis del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, titulado: “Dinámicas del asesinato de líderes rurales: las covariables municipales”, sostiene que:

“Los 500 eventos de victimización registrados en nuestra base de datos no corresponden a personajes anónimos, o provenientes de mundos ajenos al de todos los colombianos. Son personas con trayectorias análogas a las de miles de nosotros, que construyeron su vocación de liderazgo a brazo partido y a menudo en condiciones tremendamente hostiles”.

Luego de un minucioso análisis, los autores concluyen que: “el fenómeno Sí es sistemático. Apabullantemente sistemático. Mirando desde tres perspectivas -semántica, jurídica y estadística- llegamos a la conclusión de que simplemente no es verosímil escamotearle su sistematicidad” [*].

Es decir, aquí la intención es la de destruir al movimiento social, silenciarlo y que sus miembros abandonen sus luchas, se plieguen al sistema y no pretendan modificarlo. Las amenazas y judicializaciones no son indiscriminadas y los asesinatos tampoco. Estas lesiones han sido producidas selectivamente contra integrantes de organizaciones sociales, cívicas, afrodescendientes, campesinas, indígenas, sindicales, ambientalistas, de mujeres y de derechos humanos, entre muchas otras, en el marco de una lucha contrainsurgente previamente concebida.

Tercero, miremos la respuesta del Estado. Esta se puede mostrar en varios niveles:

a) Negar la existencia del victimario: decir que los paramilitares no existen como tal.

b) Tratar de negar los asesinatos, reduciéndolos a hechos aislados o a delitos comunes inconexos entre ellos.

c) Negar los casos en los cuales hay connivencia de agentes del Estado. d) Hacer creer que la omisión no es un delito, que el Estado no tiene ninguna responsabilidad por los crímenes que no ha cometido de manera directa.

No creemos que el debate sobre el nombre de los perpetradores (que si paramilitares, neo-paramilitares, herederos o Bacrim) sea lo esencial, ni tampoco la respuesta estatal de presentar como una constante los pocos casos, en los cuales la muerte de una persona líder corresponde a un hecho aislado. Eso ofende la inteligencia y la razón. El debate debe hacerse sobre la realidad.

De lo anterior podemos concluir varias cosas:

a) Al liderazgo social sí lo están matando en Colombia;

b) Esas muertes sí son sistemáticas, lo que quiere decir que obedece a unas acciones deliberadas que implican un grado de planeación;

y c) El Estado, ya sea por acción o por omisión, sí tiene una responsabilidad directa en ese plan sistemático de eliminación del liderazgo social que busca su exterminio. La impunidad, la omisión y ciertas medidas militares (apoyando a los perpetradores) indican claramente la “intención de destruir”.

La doctrina del “enemigo interno” dicta la eliminación de opositores del régimen, así el gobierno diga que no persigue destruir al liderazgo social, pero las consecuencias de sus actos contribuyen a su destrucción como grupo, como pasó con la UP. Luego, esto es Genocidio. Es imposible, a la luz de los hechos, evadir la conclusión de que el Estado colombiano trata de destruir al liderazgo social en cuanto comunidad, en cuanto colectivo. Por tanto, la categoría Genocidio puede y debe ser aplicada en este caso.

Nota:

[*] Francisco Gutiérrez, Margarita Marín, Francy Carranza. Dinámicas del asesinato de líderes rurales: las covariables municipales. Reporte semestral del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria; Programa en Red de la universidades Nacional, Rosario, Norte, Sinú y Sergio Arboleda. Bogotá, Junio de 2017. www.observatoriodetierras.org.

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229494&titular=%BFexiste-un-genocidio-en-curso-contra-los-l%EDderes-sociales?-

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‘Micos’ ministeriales

Noticias

Por: Francisco Cajiao

Lo que se necesita para el desarrollo rural y la búsqueda de la equidad no es reformar la educación superior, sino hacer bien hecho lo que ya las leyes dicen que hay que hacer.

No fue fácil llegar al final de las negociaciones con las Farc, y quienes hemos creído en la solución política del conflicto nos alegramos de que este gobierno lo haya logrado. Pero en el largo trecho que queda por recorrer, no se deben dar argumentos a una oposición empeñada en demostrar los abusos del Gobierno para conseguir sus propósitos. Por eso se debe cuidar el uso de las facultades otorgadas al Presidente.

No se acababan de aprobar las primeras leyes indispensables para la desmovilización, mediante el procedimiento abreviado, cuando se les ocurrió a las ministras de Educación y del Trabajo la idea peregrina de meter por este mecanismo el Sistema de Educación Terciaria que está en el Plan de Desarrollo, pero no en los acuerdos de La Habana. Y con el ‘mico’, orangután o gorila se ha alborotado la comunidad académica: asociaciones de instituciones universitarias, academias científicas, la Universidad Nacional, el representante de los profesores en el Cesu y las agremiaciones de estudiantes de educación superior.

En las comunicaciones, que incluyen mensajes al Presidente, renuncias y comunicados de prensa, se destacan tres objeciones de forma, que podrían resumirse así:

No debe usarse el fast track para legislar por decreto en materias que no hacen parte de los acuerdos, y pretender que el desarrollo rural y la paz dependen de una reforma de la educación superior parece bastante forzado.

Durante dos años se han tenido reuniones con rectores y representantes de las instituciones de educación superior, pero de allí no se desprende que haya claridad ni consenso sobre el propósito y los mecanismos de implementación de las propuestas del Gobierno.

Organismos creados por ley, como el Cesu (Consejo Nacional de Educación Superior), no han sido consultados, omitiendo un procedimiento que le da legitimidad al desarrollo de las políticas públicas del sector.

De ñapa, no se sabe qué pitos toca la firma de la Ministra del Trabajo en una reforma de la educación superior que está en la órbita exclusiva del Ministerio de Educación.

Pero si los aspectos de forma son impresentables y suficientes para claudicar de la idea, peores aún son los de fondo. Basta leer los primeros seis u ocho párrafos de los considerandos para asombrarse de la rara capacidad de raciocinio de quienes los redactaron… prefiero no usar calificativos.

Lo que se necesita para el desarrollo rural y la búsqueda de la equidad no es reformar la educación superior, sino hacer bien hecho lo que ya las leyes dicen que hay que hacer. Lo que es inaplazable es mejorar de verdad la educación básica y media en el sector rural, para lo cual no se necesita más legislación sino mejor gestión, más recursos y mayor flexibilidad y pertinencia en los diseños curriculares. Eso sí está en los acuerdos firmados.

Durante décadas, el Sena ha desarrollado programas de transferencia de tecnología en el sector rural y ha sido una entidad insustituible en la formación técnica y humana de los campesinos de todo el país, sin necesidad de ser asimilada al sistema de educación superior, lo cual es posible que le haga más mal que bien. ¿Por qué no aprovechar tantos años de experiencia haciendo cada vez mejor lo que ya se ha demostrado que se hace bien?

Tratar de convertir el Sena en una semiuniversidad ha sido un capricho que responde más a necesidades estadísticas –cobertura de educación superior todavía muy precaria– que a criterios de calidad. Es claro que haberle otorgado centenares de registros calificados, por una especie de fast track, sin aplicar los rigurosos criterios que el Ministerio de Educación exige a las demás instituciones no garantiza que la calidad haya mejorado.

Avanzar en la idea de un sistema de educación terciaria es importante y vale la pena, pero hacerlo a la brava no asegura el éxito ni garantiza la consolidación de la paz.

Fuente:http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/micos-ministeriales-francisco-cajiao-columna-el-tiempo/16812196

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Colombia. ELN, última carta para lograr la paz en paz

Noticias

www.kaosenlared.net/26-10-2016/Por:Libardo Sánchez Gómez

La banalidad de los acuerdos Farc – Gobierno no son sólo responsabilidad de la insurgencia sino de la sociedad en general, pero sobre todo de la pequeña burguesía de izquierda.

Finalizada la negociación entre las FARC y el Gobierno en La Habana, con unos acuerdos básicamente referidos   al desarme y entrega de   las FARC, aún, queda con el Ejército de Liberación Nacional ELN una última oportunidad para   sentar las bases que, por un lado, permitan resolver el conflicto social entre una oligarquía reticente a ceder privilegios   y un pueblo impaciente por superar décadas de privaciones, y por otro lado la ocasión para lograr la anhelada paz con justicia social, insistencia permanente de las FARC, pero que al final   brilló por su ausencia en dichos acuerdos.  Era previsible el desastre en que terminó el proceso con las FARC, la guerrilla exhibió en la Mesa de negociación una mezcla de subversión y sumisión, desde el principio aceptó hablar de la solución negociada del conflicto, pero sin que se tocaran en sus raíces las causas que les obligaron a recurrir a las armas. Así que las negociaciones se redujeron a un   pacifismo ramplón   en una ruta de sometimiento propio de quien es vencido en el campo de batalla.

Por eso los acuerdos culminaron sin aportar nada a la superación de las profundas contradicciones entre oligarcas y excluidos.  Por el contrario, se tiene la impresión que se le dio carta blanca al régimen para profundizar la desigualdad social. Al respecto se puede mencionar la Ley ZIDRES, aprobada durante las conversaciones, la cual estimula la acumulación de la tierra, leitmotiv de la guerra, y su extranjerización, pues no hay límite para las transnacionales, que podrán adquirir   lo que les venga en gana. La desigualdad, también, se profundiza cada vez que se llevan a cabo las temidas reformas tributarias. Se anuncia que vendrá la reforma tributaria más regresiva de la historia del país. Los impuestos permiten limar la desigualdad social, cuando tributan los ricos. Pero eso no ocurre en Colombia, los recursos se sacan de los bolsillos de los pobres a través del IVA.  Con el IVA pagan más (porcentualmente) los pobres que los ricos; y se anuncia que no sólo aumentará el monto del IVA sino que se incluirán más productos muchos de la canasta familiar. ¿Lo correcto no sería grabar la renta y la riqueza en vez de la pobreza? Desde luego que así opera el capital a nivel global, para no afectar los niveles de acumulación a que está acostumbrada tanto la banca como el resto del capital corporativo.  Pero como a la mayoría le gusta el modelo de producción capitalista actual, entonces, de qué quejarse. Y si bien en la iniciativa de reforma tributaria no tienen nada que ver las FARC el hecho de darse durante la culminación de su reincorporación a la “legalidad” se interpreta como un voto de confianza de la guerrilla al régimen.

En todo caso si la actitud sumisa de las FARC provocó indiferencia, expresada en el plebiscito, en el futuro esa lasitud se puede traducir en desprecio. Así que si las FARC no desean salir por la puerta de atrás tendrán que aprovechar la oportunidad que les ofrece el NO plebiscitario, para “desfacer los entuertos” de la quijotada en que se convirtieron los acuerdos. ¿Lo mejor que podrían hacer sería establecer un paréntesis en las negociaciones y volver a sus territorios? Allí podrán reorganizarse mentalmente. Deberán tomar atenta nota que un grupo dijo NO y que quiere guerra, y que a la gran mayoría le importa un bledo lo acordado.   Si continúan en La Habana en la misma tónica van a terminar aceptando las propuestas del “gran colombiano” Álvaro Uribe, en la cárcel y sin una curul. Eso sí con la expectativa de tener el próximo año otro Nobel de paz.

La estructura económica capitalista dependiente   ha venido construyendo años tras año una sociedad excluyente, desigual, ignorante, desinformada, pobre y violenta. Sistemáticamente la oligarquía   terrateniente roba y desplaza impunemente al campesino, con la anuencia del estado. Precisamente    la resistencia armada nace en el campo, para defender la vida y las tierras.  Se dice que la oligarquía colombiana es la más sumisa de Latinoamérica ante el imperio, pero la más criminal a la hora de defender sus privilegios, así lo demuestra el actual premio nobel de paz, máximo exponente de la oligarquía criolla. Juan Manuel Santos es coautor junto con el extraditable No 82. Álvaro Uribe de los conocidos como “falsos positivos”, inocentes asesinados para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. El flamante nobel, también, asesinó en estado de indefensión, confesado por Él mismo, a Alfonso Cano, anterior comandante de las FARC, cuando trataba de entablar conversaciones de paz.  Bajo su actual mandato van asesinados en el primer semestre del presente año 36 líderes sociales y en entre la firma del Acuerdo en Cartagena y el día de la votación del plebiscito 17. Estos asesinatos selectivos se explican debido a que   en las negociaciones FARC- Gobierno, tampoco, se tocó lo referente al paquidérmico estamento militar en cuanto a tamaño y doctrina, inspirada en el concepto de seguridad nacional y el enemigo interno.     Hacer oposición política, por parte de la izquierda revolucionaria, en Colombia es algo así como jugar con la cola de un alacrán.

La banalidad de los acuerdos Farc – Gobierno no son sólo responsabilidad de la insurgencia sino de la sociedad en general, pero sobre todo de la pequeña burguesía de izquierda. Desde el inicio de las conversaciones se anunció que no se tocaría el modelo económico, y a todo el mundo le pareció lo más natural e incluso lo adecuado. Lo importante era establecer una ruta para “despachar a las FARC”, y ahí están los resultados. El sistema de salud es cruel y mortífero, las EPS matan más gente que el cáncer; la gente muere en la puerta de los hospitales esperando una cita para ser atendido. Y la solución no requiere cambios estructurales el mal se soluciona simplemente arrebatando el servicio de las garras de las EPS, para que lo maneje el sector público. En Colombia se pensionan, apenas, el 7% de los ciudadanos (Congreso de la República. 2016) ¿Por qué no se destinan los recursos del IVA, como por ejemplo se hace en Canadá, para dar cobertura a todos los ciudadanos? Como se ve sí se podía tocar el modelo sin que ocurriera un sismo.

Corresponderá al ELN llevar a cabo lo que no se hizo con las FARC, pero cómo no tocarle siquiera los pies a un modelo económico agotado, que no soluciona los problemas de las mayorías.  Claro que más que al ELN es al pueblo a quien le toca exigirle a la oligarquía que ceda un milímetro de sus privilegios. El ELN asume los diálogos con el régimen con una posición seria, “no habrá dejación de armas si no hay cambios estructurales al modelo socioeconómico”, y manifiesta que tan solo aprobará aquellos puntos que la sociedad decida, ¿a cambio de qué? Dicen que de nada, ni siquiera quieren curules, y tienen razón, para qué cinco escaños en el Congreso en medio de cientos de bandidos, que por una pócima de mermelada hacen y deshacen al capricho del ejecutivo de turno.

Se espera la participación activa de todos tanto de las derechas como de las izquierdas. ¿De qué parte están las iglesias? ¿Las centrales obreras quieren cambios o más de lo mismo? ¿Y los obreros, que no les gusta ser señalados como pertenecientes a la clase proletaria, vivirán y morirán en la pobreza añorando la riqueza?   Los indígenas sí que tienen que aportar y exigir.  El movimiento estudiantil tendrá la oportunidad de despertar y asumir el papel protagónico de otrora. Así mismo, se espera la participación activa de los grupos minoritarios, y sobre todo del sector agrario, para que al menos las salvedades concernientes al sector, que quedaron en ciernes en el proceso con las FARC, se materialicen, y que por fin se haga realidad la democratización de la tenencia de la tierra mediante la largamente anhelada reforma agraria.  Eso sí, ojalá la “izquierda” acomodada y electorera, se haga a un lado, pues su posición ambigua hace mucho daño a los procesos verdaderamente revolucionarios.  En la entrega sin ton ni son de las FARC tuvo que ver mucho el afán de los “pazólogos” de profesión por ver sometida a cualquier precio   la guerrilla. El ELN inicia las conversaciones de paz en las mismas condiciones que en que las iniciaron las FARC, a diario    paramilitares y agentes del estado desplazan campesinos y matan líderes sociales. A lo largo y ancho del país, también, a diario mueren niños pobres de física hambre, y los que no mueren no pueden acceder a la salud y menos a la educación.  ¿No se deberá hablar de esto durante unas conversaciones de paz? Por otro lado el campo está devastado, la ruina la están ocasionando los promocionados TLCs, ¿no será urgente su revisión antes que maten de hambre a chicos y grandes? De igual manera, el parlamento convertido en un antro de corrupción, como es obvio, legisla a favor de las clases hegemónicas y en contra de los sectores populares, ¿no será perentoria su reestructuración en cuanto a número y remuneración? La “locomotora minera” del Nobel Juan Manuel asesina por doquier la naturaleza, dejando al país futuro sin recursos no renovables, todo para favorecer a las transnacionales. Según Coribell Nava, para la oligarquía financiera es perentorio el desarme de la insurgencia, “La guerrilla debe salir de los territorios rurales ocupados donde está ubicado el oro y el coltán. La oligarquía financiera necesita el control político del Estado para poner fin al conflicto y “limpiar” las zonas de explotación rápidamente, sin demasiado esfuerzo, acabando de una vez por todas con las resistencias que pongan en riesgo el proyecto minero trasnacional” (El nuevo despojo Latinoamericano y el acuerdo de paz en Colombia. 20- 10- 2016) ¿No será que habrá que hablar sobre la necesidad de recuperar la soberanía sobre los recursos mineros y energéticos?

Si en la Mesa de conversaciones sobre la Paz no se puede hablar de los problemas sociales y económicos y de las medidas para solucionarlos, ¿entonces, habrá que pensar que la oligarquía prefiere que sean los fusiles los que tengan que cambiar la historia?

http://libsang-elviajeroysusombra.blogspot.com.co/2016/10/eln-ultima-carta-para-lograr-la-paz-en.html

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