Muchos de los niños y sus familias están huyendo de la violencia de las pandillas, de violencia de género, extorsión, pobreza y acceso limitado a educación de calidad y servicios sociales en sus países de origen.Unas 9.300 personas cruzaron la frontera entre Guatemala y México entre el 19 y el 22 de octubre.
Unos 2.300 niños que viajan con la caravana de inmigrantes centroamericanos y que se encuentran en el sur de México necesitan protección y acceso a servicios esenciales, según alertó hoy Unicef.
«El largo y difícil viaje ha expuesto a los niños a las inclemencias del tiempo, incluyendo peligrosas altas temperaturas, con un acceso limitado al refugio. Algunos ya están enfermos o sufren deshidratación», según expuso en rueda de prensa Marixie Mercado, portavoz de Unicef.
La portavoz especificó que muchos de los niños y sus familias están huyendo de la violencia de las pandillas, de violencia de género, extorsión, pobreza y acceso limitado a educación de calidad y servicios sociales en sus países de origen.
«Tristemente, estas condiciones son parte de la vida diaria de millones de niños en la región. Cada día, familias que enfrentan estas condiciones tienen que tomar la difícil decisión de abandonar sus hogares, comunidades y países en busca de seguridad y un futuro más esperanzador», afirmó Mercado.
Save the Children pide medidas «urgentes» para proteger a niños de caravana
La portavoz indicó que si bien los que están viajando unidos piensan que están seguros, «los peligros de usar rutas migratorias irregulares siguen siendo significativos. El camino es largo y lleno de peligros, incluyendo el riesgo de explotación, violencia y abuso».
Cuestionada Mercado sobre si tiene datos sobre esos riesgos, dijo no contar con la información por el momento.
«Unicef reitera su llamamiento a todos los gobiernos a que den prioridad al interés mayor de los niños en la aplicación de las leyes migratorias, que mantengan las familias unidas, y que encuentren alternativas a la detención de niños», concluyó Mercado.
Según las estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), unas 9.300 personas cruzaron la frontera entre Guatemala y México entre el 19 y el 22 de octubre.
La oficina regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con sede aquí, llamó hoy a los Estados y a la sociedad a brindar protección y atención inmediata a los niños y niñas migrantes.
‘Durante los últimos días, miles de personas, entre ellas un número indeterminado de niños y niñas, viajan desde Centroamérica hacia Estados Unidos, en condiciones de intensa vulnerabilidad y enfrentando situaciones de altísimo riesgo’, refiere un comunicado de la organización de Naciones Unidas.
Por ello, Unicef reiteró la necesidad de intensificar los esfuerzos para abordar la violencia, la desigualdad y la pobreza, causas de la migración, a través del acceso a la educación y el fortalecimiento de los sistemas de salud, de protección social e integral de la infancia.
Abogó, además, por el derecho de los menores migrantes y refugiados a permanecer junto a sus padres o cuidadores, tener acceso a servicios de salud y educación, registro de nacimiento y protección social sin discriminación de ningún tipo.
Asimismo, recordó los peligros y riesgos que la migración irregular entraña para los pequeños y la necesidad de incrementar los canales legales y seguros para garantizar este movimiento.
‘Los Estados de origen, tránsito y acogida deben dar respuesta a los miles de niños, niñas y adolescentes que huyen de la pobreza, la violencia o la falta de acceso a la educación o servicios básicos como la salud’, expresó la directora de Unicef para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval.
‘Sin excepción, sean hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos o independiente de su nacionalidad, los Estados deben garantizar el bienestar físico y emocional de todo niño y niña migrante, y asegurar su permanencia junto a sus familias, en condiciones de seguridad y dignidad, respetando su interés superior en toda actuación y decisión oficial’, apuntó.
Según la nota de este organismo regional ningún menor debe ser devuelto a su país de origen, si en el mismo existen amenazas a su vida o integridad personal.
Por tal motivo, es imperativo que los Estados permitan la libre entrada y el registro de los niños y niñas como una condición previa para llevar a cabo procedimientos de evaluación pertinentes, a fin de proveer protección y cuidado por autoridades especializadas.
Miles de centroamericanos, entre ellos menores, avanzan este martes por territorio mexicano como parte de la caravana de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos, pese al rechazo, los ataques y amenazas del país norteño.
En plena crisis de los refugiados y la llegada del Aquarius, resurge la cuestión de los menores migrantes no acompañados y su abandono institucional al cumplir los 18 años. Cisse, Massar y Gorgui ejemplifican la situación de muchos chicos y chicas, aunque ellos han tenido la suerte de tener una red de apoyo en Manzanares (Ciudad Real).
“Nadie te dice que cuando cumples 18 años, el mismo día, te dejan en la calle”. No se trata de una exageración, es literalmente lo que le ocurrió a Massar Sarr. Él llegó a España en un cayuco desde Senegal. Lo logró al tercer intento, cuando por fin llegó a la costa canaria desde Mauritania. De ahí, a la península. “Me separaron del resto porque era menor y me llevaron a hacerme pruebas”, explica Gorgui Ndiaye recordando de forma paralela su historia, muy similar.
Ibrahima Cisse, a diferencia de sus compañeros senegaleses, tuvo suerte en el viaje y ‘solo’ tardó seis días en cruzar la distancia que separa Canarias del continente africano. Para él, lo peor vino después, cuando les dejaron retenidos ‘en la cárcel’, como ellos dicen. “Intentaba tranquilizar a la gente porque allí todo el mundo lloraba”, comenta, ahora, entre bromas. Unas risas que apenas esconden lo que les cuesta todavía hablar del viaje en patera. Y eso que ya han pasado 12 años.
En la primavera de 2006, el Gobierno español —con Zapatero al frente en ese momento— aseguraba que reforzaría la vigilancia para evitar ‘nuevas oleadas’ de inmigrantes procedentes de Nigeria, Ghana, Camerún o Senegal. Decenas de cayucos llegaban cada día a las costas canarias o eran rescatadas por los guardacostas ante la imposibilidad de llegar por sí mismas a puerto.
En esas mismas precarias embarcaciones llegaron Gorgui, Massar y Cisse. “En un momento del viaje, pensé: ‘hasta aquí hemos llegado”, relata Massar con una acento marcadamente castellano. A él, igual que a sus compañeros, tuvo que rescatarles la Guardia Civil y la Cruz Roja. Después, mismo procedimiento: primeros cuidados, reconocimiento médico, identificación y al centro de internamiento. Algo que recientemente hemos podido ver en prime time, aunque normalmente no se ve. Sí, estamos hablando de la llegada del Aquarius.
Por pura casualidad, la entrevista —concertada semanas antes— se realiza mientras en la televisión aparecen imágenes del puerto de Valencia y el desembarco de las 629 personas rechazadas por Italia. “Luego, cuando ya no haya focos, a ver qué pasa con ellos” dice Massar. Los demás confirman con la cabeza el mismo pensamiento. Más de cien menores no acompañados viajan en esa embarcación, los mismos que cada día llegan a las costas sin merecerse ni siquiera un breve en la columna de sucesos.
¿Qué pasa con esos menores después de la llegada? ¿Cómo se les ayuda a integrarse? ¿Logran rehacer su vida en España? En el caso de Gorgui, Cisse y Massar la respuesta es sí, pero no gracias a la Administración o a ONG.
Los tres, aunque en tiempos diferentes, hicieron el mismo recorrido: de Canarias a Manzanares. Esta población de 19.000 habitantes en Ciudad Real contaba en 2006 con un piso de acogida tutelado por Accem. La organización sin ánimo de lucro contaba con personal que se encargaba de que los chicos fueran al instituto, cumplieran horarios y se integrarán en la sociedad de acogida. “Éramos siete, todos de Senegal y nos llevamos bien”. “Menos con la jefa”, interrumpe Cisse a Gorgui. “Teníamos que tomar su comida, hacer la cama, limpiar. Si no, nos amenazaba con quitarnos la tarjeta de teléfono con la que hablábamos con nuestras familias”, explican.
“Quería que ellos sintieran cómo es estar en una familia española y, a la vez, mis hijos aprendieran de ellos”, explica Antonia, que se enroló en el programa de acogida los fines de semana
Ante la pregunta de si al ser los siete internos todos de Senegal se adaptaba la dieta o las costumbres, la respuesta es unánime: no. “Es que no entiendo con qué criterio se prefiere imponer unas normas a unos chavales, que no están acostumbrados a la forma de vida de aquí y que lo único que quieren es trabajar”, interrumpe Antonia. Ella, que ha estado toda la conversación escuchando atentamente, no puede evitar participar en este punto.
Antonia —que ahora es concejala por Asamblea Ciudadana de Manzanares y que en 2006 gestionaba un piso tutelado para personas con discapacidad intelectual— se enteró de que existía este piso y solicitó formar parte del programa de acogida de fines de semana. “Quería que ellos sintieran cómo es estar en una familia española y, a la vez, mis hijos aprendieran de ellos”, explica, y poco a poco se formó una relación sólida.
Tanto que el día que Massar cumplió 18 años fue a buscar a Antonia a la cafetería donde desayunaba todos los domingo. “Se presentó muy angustiado porque le había echado del piso”. Aunque hay pisos para los chicos que cumplen 18 años y necesitan acogida hasta los 24 años o hasta que se puedan valer por sí mismos, no fue el caso. “Normalmente lo piden, pero no para mi”. La indignación de Massar es comprendida por Cisse, quien cumplió poco antes la mayoría de edad y que si no fuera porque su profesor Ángel le acogió hubiera vivido la misma escena.
Según el informe de Save The Children ‘Los más solos’, unos 28.349 menores llegaron solos durante el pasado año
Braulio Carlés, responsable de Accem en Castilla-La Mancha, apela al contexto de 2006 para entrever lo que pudo ocurrir en Manzanares. “En momento puntuales donde hay una alerta social, se pueden leer titulares como ‘avalancha de inmigrantes’, la Administración se vuelve más rígida y dura y cuesta más lograr el pasaporte, aunque normalmente de los pisos tutelados sí que salen documentados”, comenta a El Salto Braulio Carlés.
Sin papeles, sin familia y sin saber qué hacer. Así se encuentran muchos de las jóvenes que llegan a nuestras fronteras. Según el informe de Save The Children ‘Los más solos’, unos 28.349 menores llegaron solos durante el pasado migrantes el pasado año y denuncian que España sigue sin estar preparada para acogerles. De hecho, esta ONG hace especial mención a qué pasa con ellos al cumplir 18 años.
Massar, Gorgui y Cisse han crecido en Manzanares junto a solidarias como Antonia. LAURA L. RUIZ
Es lo que le pasó a Massar. “Le dijimos que se calmara, que buscaríamos una solución”. Antonia preguntó y la única respuesta fue que se podrían constituir en asociación para pedir fondos. “No teníamos tiempo para eso, ellos necesitaban una ayuda inmediata”. Así que Antonia, los profesores del instituto y unas cuantas personas solidarias de Manzanares decidieron aportar diez euros cada una y así hacer frente al alquiler de un piso, los gastos y la manutención de los chicos. Y ahí empezó, la segunda parte de la gran batalla: conseguir ‘los papeles’.
“Es increíble que les dejen quedarse, formarse e integrarse para luego dejarles en la calle sin la posibilidad de trabajar ni rehacer su vida”, explica Ana, la pareja de Gorgui. Ellos dos vivieron un episodio que cuesta olvidar. Ella quiso enseñarle Madrid a su novio y fueron para allá. ¿El problema? Que él era aún indocumentado pese a haber estado tutelado casi dos años por Castilla-La Mancha. “Nada más llegar a Callao le pidieron el DNI y le detuvieron”. Era un viernes por la tarde y hasta el lunes no había abogados de oficio en el juzgado. Las noticias de devoluciones exprés hicieron que Ana contratase al primer letrado de extranjería que encontró. “Me pidió 300 euros. Si me llega a pedir mil, se los doy también”.
La propia Ana relata que poco a poco lograron tener pasaporte y después permiso de residencia. “Les dan permiso para vivir pero no para trabajar. ¿Y entonces? ¿Qué quieren qué hagan?”. “Esta situación es de vergüenza. Les acogemos, supuestamente les vamos a dar una segunda oportunidad pero les abandonamos a su suerte y encima les ponemos impedimentos”, replica Antonia, que pese a lograr un contrato de trabajo para Massar aún tardó meses en que le llegara el permiso. Mientras, el empresario había sido sometido a un sin fin de controles. “Le miraron con lupa”, comentan, siendo conscientes de que se podría haber echado para atrás y que otra persona no lo haría por estos chavales.
Ahora Cisse, Gorgui y Massar están establecidos en Manzanares. Dos de ellos con pareja y trabajo estable. Los tres se consideran manzanareños. Tanto que su paisano Mario Cervantes decidió hacerles un documental para contar su historia. Junto al director Christopher Sánchez, realizaron Dundu, una historia para pensar más en la integración, menos en los prejuicios racistas, xenófobos y en las imágenes de “alambradas”.
“Tenían una oportunidad de contrarrestar la imagen de la patera y demostrar que se trata de mejorar la vida de las familias. Algo que hacen los miles de españoles que están fuera ganándose la vida también”, añade Antonia. Aunque Mario teme que el documental sea un poco localista, están esperanzados en que el mensaje de normalización de la migración llegue a otros lugares. Tanto que han presentado la pieza a 90 festivales.
Volvemos de Manzanares y en la radio sigue el goteo de informaciones sobre la llegada del Aquarius. Muchos de esos menores que están llegando al puerto de Valencia se encontrarán en la misma situación de Massar, Cisse o Gorgui: en una cultura muy diferente, con impedimentos burocráticos y solos. Pero puede que muchos no tengan la suerte que han tenido ellos al caer en un pequeño municipio, que al principio pudo parecer aburrido y limitado pero hoy es “un paraíso”, como comenta Gorgui. Aunque rehacer tu vida no debería ser una cuestión de suerte, si no de derechos.
UNICEF / 3 de junio de 2018 / Autor: Migrantes y Refugiados / Fuente: Radio ONU
Desde octubre de 2017, unos setecientos niños, incluidos cien menores de cuatro años, han sido separados de sus padres en la frontera suroeste de Estados Unidos. UNICEF USA pide protección para los pequeños.
El Fondo de la ONU para la Infancia en Estados Unidos (UNICEF USA) ha pedido al Gobierno norteamericano revisar urgentemente sus estrategias para proteger a los niños en la frontera asegurando que estos “no deben ser castigados por buscar protección y refugio de los conflictos y la pobreza».
“Las familias que huyen de la violencia política y de las pandillas en Honduras, Guatemala y El Salvador ahora enfrentan el trauma adicional de perder a los niños a los que protegen con su vida”, expresó UNICEF USA en un comunicado.
La agencia denunció que históricamente, Estados Unidos ha tratado las infracciones de inmigración como delitos civiles, en vez de penales, y los padres no han sido separados de sus hijos cuando ingresan al sistema legal.
A principios de mes, el Procurador General Jeff Sessions anunció una política de «tolerancia cero» para disuadir a los centroamericanos de intentar cruzar ilegalmente, incluidos los padres que viajan con hijos.
La separación de la familia hace que los niños sean más vulnerables a la explotación y el abuso sin importar su entorno y el trauma que les causa, un estrés que puede afectar profundamente su desarrollo y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas hasta su adultez.
Los niños son niños y deben ser tratados como tal.
UNICEF USA y sus socios se comprometieron a luchar para mantener unidas a las familias y reunir a las que han sido separadas.
«Los niños deben definirse por su edad, no por sus fronteras. Independientemente de su estatus migratorio, los niños son niños y deben ser tratados como tal», aseguró Caryl Stern, presidenta y directora ejecutiva de UNICEF en los Estados Unidos.
«Los niños no son responsables de las diferencias políticas en nuestro mundo. Todos los niños que he conocido, en ambos lados de nuestra frontera, y en todo el mundo, solo quieren estar seguros y protegidos con la esperanza de un futuro brillante«, agregó.
UNICEF USA pidió la protección de los menores en las fronteras estadounidenses en enero de 2017, y nuevamente en marzo de 2017. En febrero de 2018, le envió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, alentándola a mantener a los niños con sus padres.
La agencia de la ONU instó al Gobierno de los Estados Unidos a adoptar políticas firmes que eviten que los niños sean separados de sus familias en tránsito y a crear procedimientos más rápidos para reunirlos con ellas.
“Los niños que llegan solos a la frontera deben mantenerse a salvo y ser contabilizados durante todo el proceso de asilo”, concluye el comunicado.
Italia / 1 de abril de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Spanish People
Los niños inmigrantes constituyen 9,4 por ciento de la población escolar total de Italia y 61 por ciento de ellos nacieron en Italia de padres extranjeros, dijo hoy el Ministerio de Educación en un informe.
En 2016-2017, 826.000 estudiantes extranjeros estaban inscritos en jardines de niños, escuelas secundarias y preparatorias de Italia, 11.000 alumnos más que en el año académico anterior, agrega el informe.
De ellos, 61 por ciento eran inmigrantes de segunda generación, 24.000 o 5,1 por ciento más que en el año pasado y 35,4 por ciento superior que en los cinco años pasados.
Los países con mayor presencia son Rumania (19,2 por ciento), seguida de Albania (13,6 por ciento) y de Marruecos (12,4 por ciento).
La próspera región septentrional de Lombardía, donde se localiza la ciudad de Milán, tenía el mayor número de estudiantes extranjeros, alrededor de 208.000, agregó el Ministerio de Educación.
El director general de Save the Children España, Andrés Conde, solicitó ayer la colaboración de la Generalitat para «impulsar algunas iniciativas de carácter nacional como la aprobación de una ley para erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia», pero también «el cambio del sistema de acogida y protección de menores no acompañados». Conde, en una reunión con la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, solicitó su compromiso tanto para impulsar la citada ley como para reformar el sistema de acogida.
El portavoz de Save the Children apuntó que, en la actualidad, «se considera a estos niños un problema de orden público y no se les mira como niños que tienen derechos que tenemos que proteger». Por tanto, considera que, frente al sistema actual, en el que «resolvemos sus necesidades de alojamiento y manutención hasta que tienen 18 años y ya está», sería necesario poner en marcha un nuevo modelo, centrado en ofrecer soluciones educativas y un «itinerario de vida duradero». «El sistema tiene que evolucionar hacia algo distinto, especialmente ante el aumento actual» del número de llegadas. Asimismo, recalcó que «las competencias corresponden a las comunidades autónomas, que son las que los tutelan, por lo que tienen toda la responsabilidad al respecto, aunque es importante que las políticas nacionales den recursos a las comunidades».
Por su parte, Oltra aseguró que el Consell se va a comprometer para cambiar el marco nacional. También indicó que el nuevo modelo de atención ya está definido, con viviendas para proyectos migratorios (tres en Valencia y otra en Castellón) y alertó del progresivo aumento de llegadas: «Hay meses que el número se cuadruplica con respecto a 2016».
El informe del OIM revela que el 74,9 % de los niños que dejó Guatemala lo hizo para mejorar sus condiciones de vida
El 74,9 % de los niños que dejó Guatemala lo hizo para mejorar sus condiciones de vida, según un estudio presentado este martes por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El informe «Migración y Trabajo Infantil Guatemala 2017» relata que otro de los motivos fundamentales fue la reunificación familiar (en un 46,5 %), con el fin de vivir nuevamente con sus hermanos en un primer nivel, con tíos, papás, mamás y ambos padres, en ese orden de jerarquía.
De los niños salieron de Guatemala, el 71 % se dirigió a Estados Unidos -sobre todo a California, Florida y Nueva York-, mientras que el 28,9 % se quedó en México, principalmente en los estados de Chiapas y Quintana Roo.
Respecto de la niñez retornada a Guatemala, el documento de la OIM indica que el 93 % de los menores que regresó tenían entre 14 y 17 años y 7 de cada 10 de estos se reconoció a sí mismos como parte de algún grupo étnico de Guatemala, dentro de los cuales destacan los mayas, xincas, garífunas y ladinos.
La mayoría de los menores que volvieron a casa eran niños (76,6 %) de 15,9 años de edad en promedio, mientras que el 23,4 % eran niñas, cuyo promedio de edad fue de 15,2 años.
Casi la totalidad de retornados volvió al mismo domicilio en el que vivía antes de emigrar (un 99,2 %), principalmente en los departamentos de San Marcos, Huehuetenanto, el Quiché y Quetzaltenango, todos estos en el occidente de la República.
Antes de migrar, refleja el documento, los menores ya realizaban «actividades productivas», sobre todo labores familiares «no remuneradas», dedicando una media de 49,1 horas a la semana.
El informe concluye que «todas las niñas, niños y adolescentes migrantes tienen derecho a gozar de un nivel de vida adecuado en condiciones de dignidad y que se les proteja de los riesgos de migración irregular», para lo cual la sociedad y la familia, pero sobre todo el Estado, «deben trabajar en conjunto para la erradicación del trabajo infantil».
La OIM pide, finalmente, que se garantice «el acceso a la educación y las condiciones de vida digna para todos los hogares», como una base para cambiar el destino de la niñez guatemalteca.
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