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Ecuador: los docentes se movilizan en defensa de la nueva ley de educación

Por: Sputnik
Profesores toman medidas a la espera de que la Corte Constitucional se expida sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hoy suspendida. ‘En Órbita’ conversó con Francisco Arteaga, secretario de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador (UNE), la mayor organización sindical de docentes del país.
Este jueves 8 los docentes ecuatorianos se movilizan en favor de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) cuya reforma se aprobó en abril. Anunciarán detalles de la huelga de hambre que realizarán algunos profesores.
La fecha da inicio a los 30 días de plazo que tiene la Corte Constitucional para definir sobre dos recursos de inconstitucionalidad contra esa ley, presentados bajo el argumento de que cualquier normativa que se apruebe debe contar con una fuente de financiamiento.
En junio hubo una audiencia pública donde 28 organizaciones sociales respaldaron la ley mientras que el Gobierno y la Universidad San Francisco de Quito se opusieron. Los magistrados decidirán si desechan las demandas y ponen en vigencia la norma o si la mantienen suspendida.
La reforma afectó 80% de los 141 artículos del documento vigente desde 2011, entre ellos los concernientes a la remuneración y jubilación, que son muy beneficiosos para los educadores, al implicar un importante incremento en el sueldo base y la posibilidad de retirarse con 25 años de ejercicio, sin límite de edad.
«Una cosa es la inversión y otra cosa es el gasto. El Estado tiene la obligación de invertir en la educación de manera progresiva hasta alcanzar el 6% [del PBI] y no lo han cumplido», dijo a En Órbita Francisco Arteaga, secretario de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador (UNE), la mayor organización sindical de docentes del país.
Arteaga indicó que entre los docentes existe preocupación por la decisión que tomará la Corte, de la que «no se pueden esperar muchas cosas». Y citó como antecedente decisiones sobre su apoyo a prácticas de minería en el subsistema Metropolitano y la Mancomunidad del Chocó Andino.
«Algunos jueces son constitucionalistas y luchan por los derechos de los trabajadores, los derechos humanos. Pero en general lo que se impone son los criterios del Gobierno», afirmó el entrevistado.
En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la tensión en Haití, bajo estado de sitio tras el magnicidio contra el presidente Jovenel Moise. Y además una entrevista de Sputnik con el exguerrillero de las FARC y presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, quien afirmó que el Gobierno de Colombia se beneficia de la guerra.
https://mundo.sputniknews.com/20210707/ecuador-los-docentes-se-movilizan-en-defensa-de-la-nueva-ley-de-educacion-1113885748.html
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España: «La Educación tendría que ser algo sagrado, y no instrumento de quita y pon por partidos de distintas ideologías»

 «La Educación tendría que ser algo sagrado, y no instrumento de quita y pon por partidos de distintas ideologías»

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha insistido en que la nueva Ley de Educación (Lomloe), la conocida como Ley Celaá, que entra en vigor este martes, está «condenada al fracaso», si bien ha confiado en que se abra un diálogo para su desarrollo reglamentario.

En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Imbroda ha recalcado que confía en que ese diálogo que «no ha existido» en la tramitación de la nueva ley educativa «exista ahora para el desarrollo reglamentario de la misma».

Según el consejero, esta nueva norma «se ha tramitado sin diálogo, y una ley educativa que se tramita sin diálogo está condenada al fracaso».

Asimismo, ha mostrado su preocupación por que cada vez que llega un nuevo gobierno ha España se plantea el cambio de la ley educativa, no pensando en generaciones, sino en legislaturas y, a su juicio, «no hay sistema educativo que sea capaz de absorber tanto cambio de ley, con lo que volvemos locos tanto a los docentes como a los alumnos, y nunca se conseguirá un mínimo de estabilidad en sistema educativo».

Ha expuesto que el sistema educativo andaluz va a seguir teniendo todas las garantías jurídicas y el amparo legal para que los docentes hagan su trabajo en la condiciones más normales. A medida que se vaya produciendo el desarrollo reglamentario de la Lomloe, según ha apuntado, se irá adaptando a la misma la normativa autonómica de educación.

«La educación tendría que ser algo sagrado, y no instrumento de quita y pon por partidos de distintas ideologías», ha dicho.

Fuente de la Información: https://www.cordobabn.com/articulo/educacion/javier-imbroda/20210119104527073983.html

 

 

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Privatizar la política educativa

Por: Mauro Jarquín Ramírez

El lopezobradorismo presume haber logrado cancelar la mal llamada reforma educativa y con ello impulsar un proyecto educativo que presenta como propio. Al mismo tiempo, Mexicanos Primero declara que hay avances mixtos en la ruta educativa del gobierno morenista, la Concamin aplaude la aprobación de las nuevas leyes educativas, la Coparmex encuentra mejoras sustanciales en la propuesta votada y el SNTE se declara ahora ejército intelectual de la 4T. Considerando el empuje y cobertura que el sector empresarial y el oficialismo sindical dieron a la reforma 2013, así como la continuidad de sus propuestas en la agenda educativa oficial actual, hay algo de esta transformación educativa que sencillamente no cuadra.

¿Cómo ha logrado el Presidente este curioso consenso? O los reformadores del sexenio pasado cambiaron repentinamente de opinión sobre sus preferencias formativas, o consiguieron que elementos fundamentales de su proyecto permearan en la plataforma educativa de la 4T, a expensas de la legitimidad electoral del nuevo gobierno. A juzgar por las líneas contenidas en el dictamen aprobado, la segunda opción parece ser la más acertada.

Quienes impulsaron la reforma del sexenio pasado pudieron dar continuidad a sus propuestas debido, entre otras cosas, a la limitada interpretación del Presidente de la problemática educativa. Lo anterior se mostró con claridad en el discurso pronunciado por AMLO el jueves pasado en su conferencia matutina, cuando después de celebrar el avance de su reforma educativa y señalar de nueva cuenta a las reformas estructurales neoliberales impuestas por el extranjero, afirmó que la reforma educativa del sexenio pasado se había usado para engañar y manipular, ya que aunque su ejecución suponía un avance en la calidad educativa, lo que buscó fue la privatización.

En efecto, como pudo verse con los Clubes, la reforma 2013 contuvo un profundo sentido privatizador. Un sentido que, ahora recubierto por un discurso por momentos progresista, parece expresarse en otro sentido en el actual dictamen de reforma. Y es que la privatización educativa no consiste en poner un letrero que diga en venta en la entrada de las escuelas públicas del país, sino que abarca una serie de mecanismos de gestión institucional y social cuyo fin es ampliar la esfera de influencia del mercado en los sistemas educativos por medio de: a) procesos de gestión escolar inspirados en el mundo empresarial; b) fines educativos meritocráticos y excluyentes inspirados en criterios de eficiencia; c) contratación de servicios educativos a privados (actualización docente, tutorías, material didáctico); d) desprofesionalización docente; e) apertura cada vez mayor a intereses privados en espacios de gobierno educativo; f) fomento a la participación de privados en oferta educativa, entre otros.

La interpretación de que la problemática educativa consistía únicamente en una evaluación punitiva que atentaba contra la dignidad del magisterio, generó la percepción que desvinculando la evaluación de la permanencia docente el problema sería resuelto. Sin embargo, con lo anterior se permitió la permanencia de conceptos e ideas educativas de orden gerencial en la Constitución, mismas que podrían tener como efecto diversos procesos de privatización educativa. Según el texto propuesto:

a) El concepto central del proyecto educativo es el de excelencia, definida como mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Además de ser una noción educativa vinculada al pensamiento neoconservador y promovida por fundaciones empresariales, su conceptualización se encuentra ligada a la estandarización educativa en mecanismos de evaluación, con lo cual abre la puerta a la intervención privada en la prestación de servicios de coaching o tutoría docente.

b) En materia de los principios rectores y objetivos de la educación inicial, el Ejecutivo federal considerará la opinión de diversos actores sociales involucrados en la educación, entre los cuales estarán involucradas OSC y cámaras empresariales, mismas que se han mostrado sumamente interesadas en tal rubro educativo.

c) El nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será coordinado por un organismo público descentralizado, el cual contará con una junta directiva, un consejo técnico y un consejo ciudadano. Considerando la relevancia que el sistema tendrá a lo largo y a lo ancho del sistema educativo, será importante estar atentos a una posible ocupación de sus consejos por parte de intereses privados, tal como sucedió con los consejos ciudadanos del INEE durante el sexenio pasado.

d) El sistema emitirá lineamientos relacionados con la profesionalización de la gestión escolar. Las políticas de gestión escolar fueron un elemento significativo para organizaciones privadas que intentaron llevar a cabo programas de autogestión escolar. Una de ellas fue Empresarios por la Educación Básica, vinculada a Esteban Moctezuma.

e) Por otro lado, la asesoría de la OCDE en la reforma asegura la permanencia de la prueba PISA en nuestro país, misma que es financiada con recursos públicos por parte de los países participantes.

La propuesta educativa posneoliberal no contiene elementos que apunten a la privatización de la provisión educativa. La vía privatizadora de la 4T parece apuntar en otro sentido: el del poder político. Hasta el momento, el lopezobradorismo ha permitido la intervención directa de agentes privados en espacios clave de su gobierno. De igual forma la reforma consolida la presencia empresarial en la política educativa.

En ello radica el consenso.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/04/27/politica/018a1pol?partner=rss

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Sri Lanka prepara nueva ley para mejorar calidad de la Educación

Sri Lanka / 22 de julio de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Prensa Latina

Una nueva ley de estándares educativos que comprende cambios para mejorar la calidad de la educación se introducirá en el futuro cercano en Sri Lanka, afirmó hoy el primer ministro Ranil Wickremesinghe.

 

Wickremesinghe dijo al portal del periódico Daily News que durante los últimos tres años, el gobierno esrilankés implementó varios programas para la mejora de las instalaciones en las escuelas, pero el desarrollo cualitativo de la educación en Sri Lanka no está a la altura.

Prestar atención a una educación de calidad es un factor importante. Tenemos que proporcionar alcance y garantizar una educación de calidad, indicó Wickremesinghe.

‘Ya he instruido al ministro de Educación, Akila Viraj Kariyawasam, a tomar las medidas necesarias para desarrollar estándares nacionales para la educación’, acotó el primer ministro.

Los maestros calificados y capacitados, mejores instalaciones de infraestructura, un plan de estudios actualizado y evaluaciones regulares de los estudiantes son las principales herramientas para garantizar una educación de calidad, afirmó.

La contribución de los docentes es significativa para garantizar la calidad del sistema educativo del país. Por lo tanto, es esencial contratar maestros capacitados en todas las escuelas para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, agregó.

Se tomarán medidas para hacer obligatoria la capacitación docente en los próximos cuatro o cinco años, puntualizó.

Por su parte, el ministro de Educación, Akila Viraj Kariyawasam, señaló que preparar recursos humanos es la mejor manera de desarrollar el país.

El ministerio de Educación toma medidas para lanzar un Plan de Becas para estudiantes talentosos con destaques en deportes, artes y nuevos inventos. Como paso inicial de dicho programa a partir de 2017 se otorgaron mil becas a estudiantes.

Fuente de la Noticia:
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=194867&SEO=sri-lanka-prepara-nueva-ley-para-mejorar-calidad-de-la-educacion
ove/mahv
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Chile: Nueva ley de educación superior

Chile / www.elmostrador.cl / 7 de Febrero de 2018

Respecto del financiamiento basal para las universidades estatales, me parece importante que se aprobara el financiamiento de planes de fortalecimiento institucional, aunque no entiendo que se limitara dicho financiamiento a los próximos 10 años.

Hace pocos días el Congreso aprobó, después de una larga y complicada tramitación, los proyectos de ley que regulan la educación superior y enmarcan el desarrollo de las universidades estatales. Ambos proyectos se encuentran actualmente en revisión por parte del Tribunal Constitucional, para su posterior promulgación.

Sin duda se trata, en términos generales, de una buena noticia. La incertidumbre normativa en que estaba el sistema de educación superior desde los anuncios hechos hace cuatro años, habían complicado el desarrollo de planes institucionales y mejoras en las entidades. Contar con un marco más claro facilitará el desarrollo futuro de las instituciones, junto con cumplir el compromiso que a tal efecto había asumido el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Lo primero que se debe destacar en ambos proyectos es la definición de la educación superior como un derecho. Esto constituye un avance notable si recordamos que la discusión nacional de la primera mitad del siglo XX fue la obligatoriedad de la educación básica de seis años (que recién aumentó a ocho años a mediados de los 60), y que alcanzó los doce años de educación obligatoria (incluyendo la educación media) recién al comenzar el siglo XXI, en el gobierno del Presidente Lagos. Por supuesto, el ejercicio de este derecho está enmarcado en las posibilidades económicas del país y depende del mérito de cada estudiante, pero no deja de ser una señal de progreso el que podamos considerar la educación superior, en cualquiera de sus manifestaciones, como un derecho de los ciudadanos, y por lo tanto, una obligación de la comunidad, organizada a través del Estado.

Mediante esta nueva normativa, se establece un sistema de gobierno de la educación superior que incluye la creación de una subsecretaría (cuestión que era una necesidad evidente), y de una superintendencia a cargo de supervisar el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las instituciones de educación superior.

La ley de educación superior distingue dos subsistemas: el universitario y el de la educación técnico profesional (institutos profesionales). Con ello, se da continuidad a la situación actual sin aportar solución a un cuestionamiento recurrente respecto a la falta de vínculo y continuidad entre ambos subsistemas, sobre todo desde la perspectiva de las trayectorias formativas de los estudiantes, que deberían poder transitar entre un subsistema y otro con mayor facilidad y fluidez que la actual. La ley tampoco pone especial énfasis en la educación continua o a lo largo de la vida, sino que su foco está fundamentalmente en la preparación de cuadros profesionales y técnicos, según corresponda, ni tampoco profundiza en la tarea de las instituciones de educación superior como generadoras de conocimiento.

La ley mantiene la figura del Consejo de Rectores y establece los requisitos y mecanismos por los cuales otras Universidades podrían hacerse parte de él. Algunos requisitos son razonables, como ser instituciones autónomas, acreditadas por al menos cinco años, contar con una carrera académica y formas de gobierno compatibles con la ley. Otros son discutibles, como la obligación de estar adscritas al financiamiento para la gratuidad, tener puntajes de acceso determinados, impartir programas de magíster y doctorado, y demostrar trabajo académico en red con universidades nacionales y extranjeras. No es que no sean condiciones deseables para las universidades, pero parece extraño que sean requisito para postular al Consejo. ¿Qué ocurrirá con las instituciones que son parte del Consejo actualmente o lo sean en el futuro que incumplan alguna de estas condiciones? La ley no establece condiciones o mecanismos que describan esta situación. También resulta extraño que al Consejo se postule, con la posibilidad de que dicha postulación pueda ser rechazada, aun cumpliendo con los requisitos propuestos en la ley.

La ley se propone también definiciones relevantes y necesarias respecto del sistema de acceso a la educación superior, que debieran ayudar a transparentar y unificar criterios objetivos y justos de acceso. Lo único que me resulta extraño es que se establezca que se podrá contratar, para la administración de dicho sistema, a “instituciones de reconocido prestigio y experiencia en la administración de sistemas de acceso a la educación superior” (art. 13), considerando que en Chile solo hay una institución que cumpliría con dicha descripción.

Respecto de la Superintendencia de Educación Superior, aparte de manifestar que sus funciones no se superponen con las de otros organismos (como la Contraloría General de la República o los tribunales de justicia), la ley hace poco por delimitar las competencias y saber cómo en la práctica se resolverían eventuales conflictos al respecto. Por ejemplo, asigna a la Superintendencia las tareas de “formular cargos, sustanciar su tramitación, adoptar medidas provisionales y resolver los procesos” … “imponer sanciones” (Art 20). Es probable que esta definición tan amplia encuentre en el Tribunal Constitucional problemas similares a los que enfrentó la nueva ley del Servicio Nacional del Consumidor. Es curioso, asimismo, que no se establezca un período de inhabilidad para que directivos de la Superintendencia, cuando dejan de serlo, pasen a trabajar en las instituciones que les tocó supervisar, como si se hace respecto de muchos otros cargos.

La ley también reformula la composición y funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación, pero no resuelve del todo el conflicto de interés que podría producirse cuando en dicha comisión participan actores que son parte también de las instituciones que deben acreditarse: nueve de sus 12 miembros son académicos de las mismas instituciones que la Comisión debe acreditar.

En todo caso, resulta alentador que la acreditación de calidad haya sido establecida obligatoriamente para todas las instituciones autónomas de educación superior, y se haya desechado la pésima idea de eximir de dicha acreditación a las universidades estatales. También es importante que existan niveles de acreditación (básica, avanzada y de excelencia) y que existan incentivos para que las instituciones avancen en dichos niveles (no se puede repetir la acreditación básica y la gratuidad solo está disponible para los niveles avanzado y de excelencia).

Finalmente, las leyes aprobadas establecen las condiciones de financiamiento de la educación superior, empezando por la regulación de la gratuidad. No deja de ser importante que esto se encuentre regulado por una ley específica, incluyendo las condiciones en que la gratuidad podrá crecer a nuevos deciles de la población. Lo que no parece descrito con suficiente claridad es la forma y los criterios con que se establecerán las vacantes disponibles para gratuidad y su distribución entre las instituciones de educación superior. Tampoco si los aranceles regulados alcanzarán a cubrir los costos reales de las instituciones y podrán contar con la flexibilidad para reconocer las diferencias entre las instituciones.

Respecto del financiamiento basal para las universidades estatales, me parece importante que se aprobara el financiamiento de planes de fortalecimiento institucional, aunque no entiendo que se limitara dicho financiamiento a los próximos 10 años. Me parece que, en cuanto dueño y controlador, el Estado debiera asegurar, a partir de proyectos y planes específicos, que sostiene las inversiones necesarias en las instituciones para asegurar y sostener su calidad. Por supuesto, el “gasto corriente” tiene otros mecanismos de financiación, pero las inversiones debieran tener también un fondo permanente.

En síntesis, y a pesar de algunos aspectos pendientes de definición o que serán regulados mediante reglamentos y decretos, y de lo que deberemos aprender en el proceso mismo de aplicación de las nuevas normativas y los ajustes que de esa implementación surjan, las leyes aprobadas representan un marco necesario y urgente para favorecer el desarrollo de la educación superior chilena de cara al siglo XXI.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/02/05/nueva-ley-de-educacion-superior/

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Comisión de Hacienda del Senado despachó el reforma a la educación superior

Chile / www.cooperativa.cl / 24 de Enero de 2018

El emblemático proyecto del Gobierno de Bachelet será revisado en Sala este martes.

«Nos vamos contentos», valoró la ministra Adriana Delpiano.

La Comisión de Hacienda del Senado despachó este lunes el proyecto de reforma a la educación superior, emblemática iniciativa del Gobierno de Michelle Bachelet que establece por ley la política de gratuidad que será revisada en Sala mañana martes.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien participó de la sesión, se mostró «contenta» de haber destrabado la iniciativa más rápido de lo que se esperaba. 

«Nos vamos contentos, creo que éste es un paso que da mayores garantías para el debate en la Sala«, valoró la secretaria de Estado.

Delpiano agregó que «seguramente algunos temas, como los gatillos (de gradualidad, establecidos en el proyecto para prolongar el beneficio a los siguientes niveles de mayor poder económico hasta llegar a la gratuidad universal) van a ser planteados» este martes.

De todos modos, «en lo grueso el proyecto está aprobado tanto por la Comisión de Educación (el pasado jueves 18 de enero), como en la Comisión de Hacienda».

Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/universidades/comision-de-hacienda-del-senado-despacho-el-reforma-a-la-educacion/2018-01-22/162144.html

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Ucrania: Sobre la Reforma de la Educación

Ucrania / 22 de octubre de 2017 / Autor: Redacción / Fuente: News Front

A principios de septiembre, el Parlamento de Ucrania aprobó la reforma de la educación, una ley que, pese a las protestas de varios países vecinos, algunos de ellos de la Unión Europea, recibió también el apoyo y la firma del presidente Petro Poroshenko.

Además de una reorganización del currículum, con la que se busca asimilar el sistema educativo ucraniano a los de los países occidentales a los que Ucrania aspira a acercarse, la reforma contiene un fuerte cambio en términos lingüísticos. Bajo el argumento de proteger y potenciar la lengua ucraniana, el proyecto busca que la lengua rusa, principal lengua de comunicación en una parte importante del país, desaparezca progresivamente de los colegios.

“La ley admite pequeñas excepciones solo para los miembros de “pueblos autóctonos” (a los que se les permitirá tener clases separadas) y también para el inglés y otras lenguas de la Unión Europea, lenguas en las que los colegios podrán enseñar “una o varias materias” (probablemente se trate de una pequeña concesión a los húngaros y rumanos). Pero la educación en lengua rusa desaparecerá completamente”, explicaba el medio ucraniano Strana. Sin embargo, Ucrania defiende la medida negando cualquier perjuicio a las lenguas minoritarias en el país.

La justificación de Poroshenko

El presidente de Ucrania Petro Poroshenko afirmó que la ley sobre educación [que el Parlamento aprobó hace unas semanas y que ha dado lugar a quejas de Rusia, Hungría, Bulgaria y Rumanía por entender que infringe los derechos lingüísticos de las minorías del país-Ed] no restringe las lenguas de las minorías del país, sino que únicamente protege la lengua ucraniana. Así lo afirmó en su encuentro con los finalistas del “Global Teacher Prize Ukraine”. “Es muy importante que en la ley de educación no solo se defiende la lengua ucraniana, sino que no se restringen las lenguas de las minorías nacionales, ni el húngaro, ni el eslovaco ni el rumano”, afirmó Poroshenko olvidado deliberadamente mencionar la lengua rusa.

El presidente de Ucrania añadió también que la nueva ley permite a los niños aprender y comprender la lengua ucraniana. Hay que precisar que, mientras las autoridades ucranianas califican de intocables los colegios rumanos y húngaros, los colegios rusos están siendo cerrados en masa, especialmente en las zonas del sureste bajo control de Ucrania.

La hipocresía de Poroshenko es excepcional y no lo es solo por el hecho de que Rumanía, Hungría, Moldavia, Polonia y otros países que pueden calificarse de amigos se hayan opuesto firmemente a la nueva ley de educación, que han calificado de dictatorial y a la que acusan de infringir los derechos de las minorías. El 5 de octubre, el Consejo Municipal de Kiev literalmente prohibió a todos los comerciantes comunicarse con sus clientes en una lengua que no sea la lengua oficial del Gobierno.

Los autores del proyecto son dos conocidos profesionales del odio a todo lo ruso: Larissa Nitseoy y el concejal de Svoboda Yuriy Sirotyuk. Hay que recordar que el texto de la orden afirma que el servicio en todos los sectores debe realizarse en lengua ucraniana. Puede utilizarse una lengua extranjera solo si el vendedor la conoce y únicamente tras la petición del cliente.

Los juristas ya han subrayado lo absurdo e ilegal del proyecto:

“La decisión del Consejo Municipal es una clara violación del Artículo 10 de la Constitución. La primera parte de ese artículo estipula que el Estado prevé un completo desarrollo y uso de la lengua ucraniana en todas las esferas de la vida pública en Ucrania. Sin embargo, la tercera parte afirma que Ucrania garantiza el libre desarrollo, uso y protección de la lengua rusa y otras lenguas de las minorías nacionales. Leer la primera parte y obviar la tercera es erróneo. Esto es aplicable no solo a la lengua rusa, sino a todas”, comentó el jurista Yuriy Ivaschenko.

Además, hay que recordar que este proyecto no puede ser legal, ya que la única institución capaz de tomar tal decisión es el Parlamento, según el Párrafo 4 del Artículo 92 de la Constitución.

Fuente de la Noticia:

https://es.news-front.info/2017/10/17/ucrania-sobre-la-reforma-de-la-educacion/

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