Dos noticias aparentemente inconexas coincidieron el pasado 4 de mayo. La primera: Profesores de Derecho se pronuncian sobre restricciones a la libertad y uso de la fuerza durante emergencia, se refiere a la postura de unos abogados docentes sobre los abusos de las fuerzas policiales cuando hacen cumplir las órdenes oficiales del confinamiento. La segunda, La ONU urge a proteger la libertad de prensa durante la pandemia informa sobre las declaraciones del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre los peligros de las restricciones a la libertad de prensa en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Ambas informaciones son dos caras de un mismo problema: los límites del estado de excepción dentro de una sociedad democrática.
La actitud autoritaria valida el daño a la dignidad de las personas bajo la excusa de la protección ciudadana. Los dos mecanismos emblemáticos de los Estados autoritarios para llevar a cabo dicha “protección” son la represión y la censura. Mediante la primera, se emplea el daño fisico y psicológico contra el cuerpo humano para disuadir a la ciudadanía de emplear los espacios físicos como escenario para movilizaciones que debiliten el control político. Mediante la segunda, se cierran los medios de acceso a los significados que los ciudadanos necesitan para interpretar sus experiencias sociales, en otras palabras, se lleva a cabo un silenciamiento hermenéutico.
Lo que caracteriza a los Estados autoritarios es la normativización de prácticas que, en el seno de una sociedad democrática, se ejecutan dentro de ciertos límites, en circunstancias excepcionales (peligro de salud pública, posibilidad de disolución política), durante un período muy limitado de tiempo y siempre como producto de un debate parlamentario previo que les otorgan legitimidad.
Recalco el hecho de que dichas prácticas se hacen dentro de unos límites, es decir, a pesar de las circunstancias excepcionales, el Estado de una sociedad democrática debe intentar ejercer las acciones especiales dentro de unos límites establecidos por el respeto al marco constitucional, a los derechos humanos y a la naturaleza dialogante de una sociedad abierta.
Por tanto, no es aceptable que, bajo la excusa de la pandemia del COVID-19, un Estado permita el uso desproporcional de la fuerza física contra la ciudadanía, el abuso de poder, o infrinja castigos no contemplados en la ley para las infracciones ciudadanas.
Como inaceptable resulta, también, el intento de ocultar información y distorsionarla, o entorpecer el trabajo de quienes tienen la función de proporcionarla. La información fidedigna y el acceso abierto a la lectura de los significados sociales constituyen los recursos más eficientes con que cuenta una sociedad democrática para resolver las situaciones problemáticas.
Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8814259-represion-y-censura/
Imagen: https://pixabay.com/photos/censorship-limitations-610101/
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