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España / 21 de abril de 2019 / Autora: M. Antonia Cantallops / Fuente: El Mundo
Dos madres de niños con pluridiscapacidad denuncian las dificultades que tienen para que sus hijos puedan estudiar en centros ordinarios
«Lo recogen tanto la Constitución Española (artículos 27, 10.2 y 96.1) como distintos tratados internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (artículo 24), que España rubricó en 2008: todos los niños, independientemente de su grado de discapacidad, tienen derecho a una educación inclusiva en su barrio, con sus vecinos, con sus hermanos… Todos».
Con estas palabras, Nelia y Sandra recuerdan el derecho de los niños con discapacidad a poder optar por una educación inclusiva, así como la obligación del Estado de garantizársela. Un derecho que, pese a estar reconocido y legislado, en muchas ocasiones no se cumple y supone una verdadera lucha para familias como las suyas, con menores con pluridiscapacidad.
Ambas, educadoras sociales de profesión y compañeras de trabajo, tuvieron que enfrentarse en muy pocos meses de diferencia a la llegada de un hijo con diversidad funcional. En el caso de Nelia, Lucas y su hermano Joel nacieron casi un mes y medio antes de lo previsto, el 1 de enero de 2013. Tras batallar por su vida en la UCI de neonatos de Son Espases y hacerle multitud de pruebas, al pequeño Lucas le diagnosticaron una parálisis cerebral. En el caso de Sandra, su hijo Izan nació en 2012 con una enfermedad rara que le afecta en su proceso de desarrollo, crecimiento y aprendizaje, además de provocarle una importante hipotonía -falta de fuerza en los músculos-, que afecta a sus funciones motoras.
Desde que nacieron sus hijos, la vida de las dos educadoras ha transcurrido en paralelo: ya no sólo comparten jornada laboral; también su lucha por ofrecerles a sus pequeños todo aquello que necesitan para desarrollar al máximo sus capacidades y que puedan tener una vida socialmente inclusiva. Una batalla que, ahora que los menores han cumplido seis años, se ha hecho más ardua para tratar de que puedan seguir su proceso de escolarización de manera ordinaria. Lucas, junto a su hermano mellizo; e Izan, en el colegio de la zona donde reside.
A Nelia la conocen de sobra en la Conselleria de Educación. Ella tuvo que enfrentarse mucho antes de lo que esperaba a un sistema educativo que, lejos de facilitar la inclusión de Lucas, lo que está haciendo es abocarle a un centro de educación especial. Firme defensora de la educación inclusiva y del derecho de sus hijos a criarse y educarse juntos, no ha dudado en reunirse con quien ha hecho falta y aportar todas las ideas e iniciativas necesarias para que, como hacen la mayoría de hermanos, Joel y Lucas puedan ir al mismo cole.
«A los 18 meses, cuando todavía eran unos bebés, ya me dijeron que debía separarlos. Y a los tres años, que Lucas no podía ir a un colegio inclusivo, porque no estaban hechos para él», explica.
Ninguno de los dictámenes recibidos fue suficiente como para que esta madre se diera por vencida. Sabedora de que la ley la ampara y con la absoluta convicción de que el modelo de educación inclusiva es el mejor para cualquier niño, ha removido cielo y tierra para sortear todos los obstáculos de un sistema que, en la práctica, incumple todos los derechos que reconoce sobre el papel.
«He ido a la Conselleria muchas veces y su respuesta siempre ha sido la misma: todo depende de la actitud del profesorado. Desde el colegio, lo que te dicen es que no disponen de los recursos necesarios. Y en medio de todo, un niño inocente que padece las deficiencias del sistema», cuenta, además de recordar que pese a que tanto la ONU como la Constitución Española abogan por un sistema educativo inclusivo, el Decreto de Atención a la Diversidad de Baleares todavía recoge la convivencia de tres modelos como son la segregación (centros de educación especial), la integración (aulas ASCE y UEECO) y la inclusión.
El camino de Sandra no ha sido tan complicado como el de Nelia, pero tampoco exento de dificultades. A nivel educativo, la socialización de Izan en el colegio ha sido más fácil que la de Lucas, ya que tiene más comunicación verbal. No obstante, ha llegado un momento en el que lo que pueden ofrecerle en el centro escolar al niño no es suficiente para que pueda seguir evolucionando y aprendiendo.
«Lo que les hace falta a niños como los nuestros es contar con profesionales especializados que sepan cómo responder a sus necesidades. Yo he tenido suerte y en el colegio de mi hijo se han volcado con él. Pero, ¿y en los casos que no es así? ¿De qué nos sirve que nos pongan a una persona unas pocas horas a la semana o sin formación especializada en discapacidad? No se trata de tener más recursos, sino de que éstos sean los adecuados, porque de lo contrario no vamos a conseguir nada», insiste Sandra.
Y esa es su lucha. Que sus hijos y todos los niños con discapacidad puedan tener acceso a esa educación inclusiva a la que tienen derecho y en los términos que recogen tanto las leyes estatales como las internacionales: respetando la diversidad y dotando al sistema con los recursos y la formación docente oportuna para que todas las personas puedan ejercer ese derecho, independientemente de su grado de discapacidad.
«A nivel individual, las dos hemos intentado que los recursos lleguen al colegio, pero no ha habido manera, todo han sido negativas. Hemos tratado de ofrecer a los centros recursos de manera privada y nos han dicho que no se podía. Incluso hemos presentado un proyecto piloto adecuadamente financiado para alumnos con pluridiscapacidad, pero tampoco nos han permitido ponerlo en marcha. Entonces, ¿qué alternativa nos dan?», se preguntan.
PLATAFORMA ESTATAL
Y es que, para estas dos madres, no hay diferencia entre llevar a un niño a un centro de educación especial o que esté en un centro ordinario sin los ajustes suficientes y razonables para que el menor esté incluido en la clase.
«Es lo mismo. El sistema nos está mandando a un centro de educación especial si queremos que nuestros hijos tengan una posibilidad de avanzar, porque ahí sí que cuentan con profesionales especializados. Y nosotras nos preguntamos, ¿por qué estos profesionales especializados no están en los centros ordinarios para hacer factible ese derecho fundamental a una educación inclusiva a la que tienen derecho todos los niños?», destacan.
Tanto Nelia como Sandra comprenden y respetan el miedo que sienten algunas familias ante la posibilidad de que cierren los centros de educación especial en pro de la educación inclusiva. Pero también reclaman el derecho de aquellas familias como las suyas, que quieren optar por la inclusión y que se ven obligadas a irse a centros de educación especial.
«Nos llenamos la boca de palabras como inclusión, diversidad… pero cuando no te queda otra que tocarlo con las manos, todo son barreras y trabas. He pasado ya por dos dictámenes que me mandaban a centros de educación especial y he tenido que luchar contra ellos para que Lucas siga en el mismo centro que su hermano. Y sólo tiene 6 años», apunta Nelia.
Siempre dispuestas a seguir informándose, formándose y luchar por la inclusión de sus hijos, hace tan sólo 15 días las dos educadoras viajaron a Madrid a la presentación de la Plataforma Estatal por una Escuela Extraordinaria, a la que todo el mundo que lo desee puede adherirse, a través de su página web www.unaescuelaextraordinaria.org.
En ella participan abogados, expertos en inclusión, familias y todas aquellas personas comprometidas en hacer cumplir el objetivo por el que se ha creado esta plataforma cívica: exigir a las administraciones que cumplan y hagan cumplir la Constitución Española, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España en 2008.
«En otros países como Canadá o Finlandia ya no existe la educación especial y los niños están bien atendidos. Y no se trata de un tema de recursos económicos. Portugal empezó a apostar por la educación inclusiva en plena crisis. Tras 10 años, han pasado de tener un 20% de alumnado con discapacidad en centros de educación especial, a tan sólo un 1%», arguyen, además de apuntar que hay profesionales especializados que ya están trabajando con estos niños; que de lo que se trata, es de ponerlos en el lugar adecuado.
Asimismo, señalan que aquello que busca y recalca el modelo de educación inclusiva es sacar el máximo potencial de todos los alumnos, tanto de aquellos que tienen discapacidad como de aquellos que no la tienen. Y que, si bien las familias de los primeros son las que más hablan de inclusión, no debemos olvidar que hay otros colectivos que también están destinados al fracaso escolar porque no se trabaja bien con ellos y no se les incluye.
«Como sociedad, es nuestra responsabilidad luchar por los derechos y la no discriminación de los más vulnerables. Los niños son los primeros en beneficiarse de aprender en la diversidad, de aprender valores, de conocer y aceptar a los demás. Compartir y convivir con la diversidad aporta un aprendizaje en valores y solidaridad que no se puede recibir desde la teoría», aseguran las educadoras sociales.
Cabe recordar que en los últimos años la ONU ha alertado en varias ocasiones de que España no cumple los acuerdos firmados en 2008 y que vulnera sistemáticamente el derecho que tienen los niños con discapacidad a recibir una educación inclusiva.
«En un informe, la ONU habla del sufrimiento de las familias que optamos por la educación inclusiva, familias que en algunos casos han tenido que gastarse su dinero y su tiempo en juicios para reclamar el derecho de sus hijos a acceder a este modelo educativo. Es muy triste que tenga que ser un juez el que haga prevalecer y cumplir los derechos de nuestros hijos, pero si no nos queda más remedio que recurrir a él, vamos a hacerlo», concluyen Nelia y Sandra.
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ONU – Palestina / 14 de abril de 2019 / Autor: Redacción / Fuente: Noticias ONU
Desde el campamento de refugiados palestinos Al-Baqa´a, en Jordania, el Secretario General António Guterres destacó la necesidad de garantizar que las escuelas de la UNRWA continúen operando para dar educación a cientos de miles de palestinos.
António Guterres llamó a los donantes internacionales a aliviar la carencia de fondos de la UNRWA, que atraviesa la mayor crisis financiera de su historia luego de que Estados Unidos cortara 300 millones de dólares de la ayuda que asignaba al organismo.
En Al-Baqa´a, el líder de la ONU acudió a una de las escuelas del campamento y habló con los estudiantes durante las clases de derechos humanos y ciencias.
Valentía y preocupación
Con una población de 120.000 palestinos, Al-Baqa´a es el campamento de la UNRWA más grande en Jordania. Está localizado unos 20 kilómetros al norte de Amman, la capital del país.
Ahí, Guterres subrayó la urgencia de aportar recursos a la Agencia para que siga brindando servicios vitales a los millones refugiados palestinos en Cisjordania, Jerusalén Oriental, Gaza, Jordania, Líbano y Siria.
Afirmó que en sus conversaciones con los habitantes del campamento pudo ver la fuerza y, al mismo tiempo, la enorme inquietud de esas personas ante la incertidumbre de su porvenir.
“Las historias que escuché hoy son cautivadoras. Muestran la fuerza y el coraje de los refugiados palestinos, y expresan la preocupación por su futuro. Me llevo las palabras de esperanza y determinación de hombres, mujeres, jóvenes y viejos.”
La UNRWA emprendió el año pasado una campaña gracias a la cual pudo remontar un déficit de 446 millones de dólares. Para este año, la Agencia confía en contar con el apoyo internacional requerido para que los 122.000 estudiantes inscritos en sus escuelas en Jordania puedan seguir estudiando.
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00:00:00 – Cayó el ministro de Educación de Brasil, un negacionista del golpe
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Durante más de 400 años, más de 15 millones de personas fueron víctimas de la esclavitud.
Fue en el año 2007, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) designó cada 25 de marzo como el día internacional de recuerdo delas víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos.
Durante más de cuatro siglos, más de 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la esclavitud y de la trata transatlántica de esclavos, perdiendo todos sus derechos al ser vendidos como objetos, tras ser sacados a la fuerza de sus hogares en África y ser trasladados a América.
La importancia de este día busca crear conciencia con respecto al racismo, los prejuicios y la explotación del hombre por el hombre, principales causas de la esclavitud, además de incentivar la defensa de los Derechos Humanos de las personas y para que nadie sea tratado como objeto de comercio.
Como en cada conmemoración, este año el Secretario General de la ONU, António Guterres compartió un mensaje para recordar a las víctimas de la esclavitud y de la tratatransatlántica.
El 25 de marzo recordamos la trata de esclavos, una de las grandes barbaries de la historia.
En la actualidad, este flagelo sigue manifestándose a través de la llamada «esclavitud moderna», por medio de la trata de personas, el trabajo forzoso y la esclavitud sexual.
La esclavitud moderna no distingue el desarrollo de un país, está presente en todas partes del mundo. Más de 25 millones de personas en la Tierra, viven hoy en condiciones de esclavitud.
Además, más de la mitad de la población tampoco tiene acceso a la atención sanitaria básica. La pobreza sigue estando generalizada y la de los trabajadores sólo se reduce lentamente. En 2017, más de 700 millones de trabajadores vivían en la pobreza extrema o moderada. Mientras, la desigualdad sigue aumentando, con marcadas diferencias de ingresos entre ricos y pobres.
A escala mundial, solo el 68% de las personas en edad de jubilación percibe algún tipo de pensión, y en muchos países con bajos niveles de ingresos esa proporción es del 20%. En menos del 60% de los países existen planes o prestaciones para garantizar ingresos básicos destinados a los niños.
El estudio, elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, hace hincapié en la Recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social, 2012, en virtud de la cual se preconiza una seguridad en materia de ingresos y servicios de atención sanitaria elementales desde la infancia hasta la vejez. Al mismo tiempo, promueve ampliar el nivel de protección para el mayor número posible de personas en el plazo más breve posible.
En los países ricos, los ingresos se reducen para los que menos tienen
Pero a pesar de los niveles sin precedentes de riqueza y crecimiento económico, y de los progresos realizados en el último decenio en la reducción de la pobreza en todo el mundo, ésta continúa estando generalizada y la de los trabajadores sólo se reduce lentamente.
Además, aumenta la desigualdad , con marcadas diferencias de ingresos y, en muchos casos, en aumento entre ricos y pobres en todas las regiones del mundo. Estas disparidades afectan especialmente a los hogares de bajos ingresos.
A modo de ejemplo, se estima que en los países de la OCDE durante los últimos decenios hasta el 40 por ciento de la población en la parte inferior de la escala de distribución de ingresos ha visto una reducción en términos reales de sus ganancias o su estancamiento.
La protección social ha demostrado su utilidad en los planos social y económico (…) Es imprescindible para reducir la amplia desigualdad, cada vez mayor.
A nivel mundial, en 2017, más de 700 millones de trabajadores vivían en la pobreza extrema (menos de 1,90 dólares al día) o en la pobreza moderada (menos de 3,10 dólares). La falta de medios de los trabajadores aumentan las carencias de los hogares, ya que los trabajadores pobres a menudo deben compartir sus ingresos con miembros del hogar dependientes.
Con independencia de que la protección social redistributiva basada en la solidaridad se proporcione a través de prestaciones y servicios relacionados con el empleo o financiados a través de los impuestos, en efectivo o en especie, incluida la atención de salud, no puede pasarse por alto la importante función que desempeña en la mitigación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la promoción del crecimiento inclusivo.
Trabajadoras examinan semillas en un mercado de Mumbai, India.
La seguridad social es un derecho humano
«La protección social ha demostrado su utilidad en los planos social y económico. Cabe destacar que este derecho humano está refrendado firmemente a escala internacional, en particular por empleadores y trabajadores de todo el mundo», señaló Emmanuelle St-Pierre Guilbault, especialista jurídica del Departamento de la OIT sobre Normas Internacionales del Trabajo.
«Es imprescindible para reducir la amplia desigualdad, cada vez mayor, que se da actualmente y para promover estabilidad», explica.
El establecimiento o restablecimiento de garantías básicas de seguridad social se ha convertido en una cuestión de estabilidad social y política para la población de muchos países de ingresos altos y medios. Para los países de ingresos más bajos, la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible a través de una seguridad básica del ingreso y del acceso a la atención de salud esencial son de vital importancia a día de hoy.
Según las estimaciones de la OIT, que este año cumple el centenario de su creación, sólo el 29 por ciento de la población mundial tiene acceso a sistemas de seguridad social plenos y el 55 por ciento carecen de ámbitos de protección .
Cobertura inadecuada, y peor en el sector informal
La cobertura de la seguridad social es específicamente inadecuada para el creciente número de personas que desempeñan formas atípicas de empleo, que en 2017 ascendían a aproximadamente 1400 millones. Se estima en 17 millones el incremento anual de personas en esta situación.
Esta situación se debe al hecho de que las disposiciones legales excluyen a muchos de estos trabajadores del derecho a prestaciones de seguridad social, o a que los empleos de corta duración, los bajos ingresos o las escasas horas de trabajo proporcionan un acceso limitado, o nulo a ese derecho.
Del mismo modo, los trabajadores que participan de la economía informal, que suman 2000 millones de la población mundial ocupada, más del 61,2 por ciento del empleo mundial y más del 90 por ciento del empleo en los países en desarrollo y emergentes, se cuentan entre aquellos que gozan de una menor cobertura de los regímenes de seguridad social.
Debido a la naturaleza de su trabajo, los trabajadores en la economía informal no forman parte de los regímenes de seguridad social contributivos. Tampoco tienen acceso a los diversos tipos de prestaciones vinculadas al trabajo, debido a su exclusión de la cobertura legal,, una capacidad contributiva limitada, unos ingresos bajos y volátiles, y unos procedimientos administrativos complejos.
Al mismo tiempo, los trabajadores que participan de la economía informal suelen estar excluidos de los programas orientados explícitamente a las personas o los hogares pobres con capacidad limitada para obtener ingresos.
El sector informal crece en la economía digital
El ejemplo anterior también es aplicable al creciente número de personas que trabajan en la economía digital, que muy a menudo desempeñan formas atípicas de empleo o participan de la economía informal.
Como consecuencia de ello, figuran, junto a sus familias, en las categorías de la población con más probabilidades de no tener ningún acceso a la protección social o de no estar cubiertas por la misma.
Desde la perspectiva de la protección social, la transición de la economía informal a la economía formal puede considerarse tanto un objetivo como un medio.
Las mujeres tienen unas tasas más reducidas de participación en la fuerza de trabajo y niveles más elevados de empleo informal.
La ampliación de la cobertura de la protección social a los trabajadores de la economía informal no sólo proporciona seguridad de los ingresos y acceso a la atención de salud en caso de necesidad, sino que también puede contribuir a facilitar la transición de la economía informal a la formal.
La mujer, más afectada
A causa de las pautas persistentes de desigualdad, discriminación y desventajas estructurales, que a menudo se reflejan y se reproducen en los sistemas de protección social, las significativas brechas de cobertura afectan más a las mujeres
En la mayoría de países, las mujeres tienen unas tasas más reducidas de participación en la fuerza de trabajo y niveles más elevados de empleo informal y formas atípicas de empleo, ingresos más bajos, y una participación significativamente mayor en los cuidados y los trabajos no remunerados que los hombres, lo que conlleva que durante su ciclo de vida tengan unos niveles más bajos de protección y más probabilidades de vivir en la pobreza.
ONU Medio Ambiente/Duncan Moore
Una minera mezcla mercurio para extraer el oro sin ningún tipo de protección.
Caer en la pobreza por los gastos sanitarios
Anualmente, cien millones de personas caen en la pobreza extrema por no poder hacer frente a los gastos médicos, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre financiación que analiza datos de 2016.
Millones de personas caen en la pobreza, en otras cosas, porque deben gastar sus ingresos y activos en tratamientos
La necesidad de subsanar las deficiencias de cobertura en la protección de la salud reviste particular importancia habida cuenta del impacto empobrecedor para la población del costo de la atención de salud.
Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, en las zonas rurales del mundo, el 56 por ciento de la población carece de cobertura en materia de salud, lo que significa que los trabajadores en cuestión no se benefician de ninguno de los progresos alcanzados en las zonas urbanas; por ejemplo, a raíz de las deficiencias en la prestación de servicios al no haber suficientes trabajadores en el ámbito de la salud y de la falta de disponibilidad de los medicamentos necesarios.
“Millones de personas caen en la pobreza, en otras cosas, porque deben gastar sus ingresos y activos en tratamientos o en asistencia de maternidad, o porque han perdido sus empleos debido a una enfermedad”, asegura el informe de la OIT.
El desafío de garantizar una protección social adecuada
Las prestaciones de seguridad social y otras medidas de protección colectiva, tales como los servicios públicos de salud y los servicios sociales, desempeñan un papel importante a la hora de mantener la seguridad de los ingresos de millones de personas en todo el mundo y de asegurar el acceso efectivo a la atención de salud.
Al aumentar los ingresos de los hogares, las transferencias sociales tienen un impacto considerable en la medida que impulsan la demanda interna, apoyan la transformación estructural de las economías nacionales, promueven el trabajo decente y favorecen el crecimiento inclusivo y sostenible.
Sin embargo, establecer y mantener un nivel adecuado de prestaciones es uno de los principales desafíos para muchos sistemas nacionales de seguridad social. Las prestaciones de protección social a menudo son inadecuadas para garantizar la seguridad de los ingresos y el acceso a la atención de salud para todos. No obstante, se estima que, para casi 100 de 125 países en desarrollo, gastar menos del 6 por ciento de su PIB podría bastar para subsanar las deficiencias en su protección social.
Las medidas de austeridad promotoras de la pobreza
La crisis financiera de 2003 llevó a muchos países a adoptar políticas de austeridad, una situación que condujo a muchas naciones de altos ingresos a reducir la diversidad y el nivel de las prestaciones de protección social.
Estas medidas, unidas al desempleo persistente, unos salarios más bajos y unos impuestos al consumo más elevados, han contribuido mucho al aumento de la pobreza, según la OIT.
Actualmente, este tipo de medidas afectan a 86 millones de personas en la Unión Europea, representando más del 17 por ciento de su población. Muchos países en desarrollo también aplican medidas de ajuste, tales como reducciones de los subsidios, recortes de la masa salarial, aumentos de los impuestos al consumo y condiciones más estrictas para la concesión de prestaciones.
Ayudar a los países a salir de la crisis requiere reforzar las medidas de protección social y hacer que la seguridad social sea parte de la solución.
“Sin embargo, la adopción de soluciones exclusivamente fiscales, y en particular la reducción de los costos laborales no salariales y del bienestar básico, sin tener en cuenta su impacto en la seguridad social y otros derechos humanos, y en el mantenimiento de unos niveles de vida dignos para todos los segmentos de la sociedad podría dificultar el desarrollo social y el crecimiento a largo plazo”, explica el informe de la OIT.
Para los expertos de la Organización, por el contrario, “ayudar a los países a salir de la crisis requiere reforzar las medidas de protección social y hacer que la seguridad social sea parte de la solución, a través de la reasignación de recursos y la redefinición de las prioridades en materia de gastos”.
Maxime Fossat/ILO
Según la Organización Mundial de la Salud, los productos químicos se cobraron 1,6 millones de vidas solo en 2016.
El desafío demográfico
Se prevé que para el año 2040 el porcentaje de personas de más de 65 años aumentará en todo el mundo, del 8 por ciento actual al 14 por ciento .
En 2016, el 68 por ciento de las personas de edad de todo el mundo recibía una pensión, en contraste con lo que sucedió en Asia Central y Meridional donde sólo la recibía el 26 por ciento, o el 23% del África Subsahariana.
“Dado que un porcentaje considerable de la población carece de protección social, es preciso reexaminar el papel del sistema de seguridad social en una sociedad en proceso de envejecimiento, a fin de asegurar una cobertura y unas prestaciones adecuadas, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones”, advierte la OIT.
En los países en desarrollo, se estima que la población se duplicará prácticamente, al pasar de 1000 millones en 2017 a 1900 millones en 2050. Sin embargo, la cobertura efectiva de las prestaciones familiares y por hijos oscila entre el 64 por ciento en América Latina y el Caribe al 28 por ciento en Asia y el Pacífico y el 16 por ciento en África.
Además, está el problema del empleo. En la actualidad, el desempleo afecta a 71 millones de jóvenes y hay un déficit de aproximadamente 62 millones de puestos de trabajo.
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