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www.elpais.cr/11-07-2916/Por: Estrella Gutiérrez, IPS

América Latina tiene en sus chicas adolescentes una fuerza crucial para generar cambios que impulsen su desarrollo sostenible, si invierte en promover sus derechos y corregir la desigualdad de sus oportunidades, aseguró la directora regional de ONU Mujeres, Luiza Carvalho.

“Una adolescente empoderada conoce y puede hacer valer sus derechos, posee herramientas para tener éxito y es motor de cambios positivos para sus comunidades”, subrayó en entrevista con IPS desde la sede regional de la organización en Ciudad de Panamá.

Son a esas adolescentes y a sus pares varones, planteó, a quienes corresponderá un papel protagónico en sus sociedades cuando se complete la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre cuyos objetivos está promover la igualdad de género. Invertir en las chicas de hoy, dijo, tendrá un “gran impacto transformador en el futuro”.

“Invertir en educación y protección contra la violencia, son herramientas importantes en la potenciación de las capacidades de adolescentes y mujeres jóvenes, así como en la promoción de la igualdad de género”: Luiza Carvalho.

El mundo cuenta con la mayor proporción de niños y jóvenes entre 10 y 24 años de su historia, 1.800 millones de la población total de 7.300 millones, y de ellos 20 por ciento aproximadamente viven en América Latina y el Caribe, recordó la brasileña Carvalho.

De los 634 millones de habitantes que tiene la región, según cifras suministradas a IPS por la oficina regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 57 millones son niñas y chicas adolescentes de entre 10 y 19 años, que viven mayoritariamente en ciudades.

Justamente, el tema del Día Mundial de la Población, que se celebra el 11 de julio, es este año el de la inversión en las adolescentes, bajo la premisa de que transformar su presente para asegurarles su derecho a vivir en igualdad, no solo eliminará barreras a su potencial individual, sino que será decisivo para un desarrollo sostenible en sus países.

La organización internacional Women Deliver pone cifras a los beneficios de esa inversión. Entre ellas que cada 10 por ciento más de niñas adolescentes que asisten a la escuela, el producto interno bruto del país crece en promedio tres por ciento, o que por cada año más de educación primaria, ella ganará de adulta entre 10 y 20 por ciento más de salario.

Algo fundamental, porque Carvalho destacó que “la falta de empoderamiento económico, en conjunto con una discriminación generalizada de género y el reforzamiento de estereotipos tradicionales, afectan la capacidad de las mujeres de América Latina y el Caribe de participar en forma igualitaria en todos los aspectos de la vida pública y privada”.

Por ello, “invertir en educación y protección contra la violencia, son herramientas importantes en la potenciación de las capacidades de adolescentes y mujeres jóvenes, así como en la promoción de la igualdad de género”, afirmó.

Las adolescentes, destacó, “son un grupo especialmente vulnerable que enfrentan particulares obstáculos sociales, económicos y políticos” y cuyo empoderamiento puede encontrar en la región “dificultades como embarazos no deseados, matrimonios o uniones forzadas precoces, violencia de género y acceso limitado a la educación y a los servicios de salud reproductiva”.

Como ejemplo de estas barreras, la directora regional de ONU Mujeres detalló que un informe realizado por la Organización Panamericana de la Salud, entre mujeres de 15 a 49 años en 12 países de la región, “develó en una proporción sustancial, que el primer encuentro sexual de algunas mujeres había sido no deseado”.

Carvalho recordó que “el matrimonio o unión temprana de niñas constituye una gran preocupación en la región, que afecta significativamente el ejercicio de los derechos de las adolescentes y su pleno desarrollo”.

“Es una forma de violencia, que les niega su niñez, interrumpe su educación, limita su desarrollo social, reduce sus oportunidades, las expone al riesgo de un prematuro o no deseado embarazo y eventuales complicaciones, e incrementa su riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH (virus de deficiencia humana causante del sida)”, dijo.

También las expone más “a ser víctimas de violencia y abuso”, destacó Carvalho.

La directora de ONU Mujeres consideró muy positivo que todos los países de la región hayan establecido edades mínimas para el matrimonio en sus legislaciones, pero en contrapartida las leyes fijan edades mínimas diferenciadas para niños y niñas y establece casos en que ellas pueden casarse antes, en caso de embarazo o de hijos.

En América Latina, el fenómeno de los embarazos adolescentes lejos de disminuir ha crecido en los últimos años, amparado en una tolerancia cultural a la iniciación sexual temprana, con el resultado de que la región es la segunda del mundo en fecundidad adolescente, solo por detrás de África subsahariana, con un promedio de 76 hijos vivos cada 1.000 mujeres.

Además, 30 por ciento de las adolescentes latinoamericanas no tienen cubiertas sus necesidades de anticonceptivos, según datos del UNFPA, en una región donde la salud sexual y reproductiva enfrenta barreras especiales por el patriarcado cultural y el peso de sectores conservadores y de la dominante Iglesia Católica.

Frente a este déficit, la región tiene cosas buenas que decir en materia de educación. Más de 90 por ciento de los países cuentan con políticas para promover la igualdad de acceso de las adolescentes a la educación, 90 por ciento de ellas terminaron la educación primaria, si bien solo 78 por ciento asisten a la escuela secundaria, según el UNFPA.

La mayor barrera en el acceso educativo lo tienen las adolescentes rurales e indígenas, con dificultades en el acceso físico a centros escolares, a lo que en el caso de las indígenas y afrodescendientes se suma el de currículos inadecuados o la carencia de oferta en su lengua materna.

Carvalho destacó como un elemento positivo que las leyes educativas, en especial las reformadas recientemente, “han comenzado a reconocer la importancia de establecer disposiciones legales que promuevan y difundan los derechos humanos, la convivencia pacífica y la educación sexual”.

Pero lamentó que “los ejes vinculados directamente con la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas son todavía incipientes”.

A su juicio, el currículo juega un papel indiscutible. La inclusión de contenidos y materiales “vinculados a los derechos humanos y los derechos de las mujeres y las niñas, la resolución no violenta de conflictos, la corresponsabilidad y fundamentos sobre la salud sexual y reproductiva”, potenciarán sociedades menos violentas dentro y fuera de las aulas, destacó.

Carvalho citó un estudio realizado por ONU Mujeres y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en 2015, en 13 países de la región, que concluyó que hay un rezago del sistema educativo en la prevención de la violencia contra las niñas y las adolescentes.

“Este es un aspecto que es imperativo mejorar, pues es en los primeros años de infancia donde se pueden modelar roles igualitarios entre niños y niñas y así prevenir la violencia, la discriminación y la desigualdad en todas sus formas”, subrayó.

La directora regional recordó que los cambios deben partir de algo tan simple como en ocasiones olvidado: “las niñas, adolescentes y mujeres son titulares de derechos”.

Si se les facilita “igualdad en el acceso a la educación, atención médica, educación sexual y reproductiva, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarían economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto”, sintetizó.

*Información de la imagen destacada: Dos adolescentes mexicanas en su centro de estudios. Invertir en la educación de las adolescentes latinoamericanas se considera el camino para que ellas se transformen en motores del desarrollo sostenible de sus sociedades en el futuro. Crédito: UNFPA LAC