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México: abrir una universidad no significa conservar una lengua indígena: Irma Pineda y Kaimen Pabe

Por: Diana Manzo

Juchitán, Oaxaca. Irma Pineda Santiago es poeta y profesora binnizá y Kaimen Pabe es maestra náhuatl de primaria. Ambas son defensoras de sus lenguas y, para ellas, conservarlas no significa crear más universidades, como la reciente “Universidad de las Lenguas Indígenas de México, ULIM”, impulsada por el gobierno federal, porque consideran que la defensa de las lenguas debe ser el fortalecimiento de las instituciones que ya existen, con acciones como renovar o impulsar los planes de estudios de las escuelas Normales, Pedagógicas e Interculturales del país.

Desde la Montaña de Guerrero, la maestra Kaimen Pabe impulsa esfuerzos valiosos para conservar la lengua en las niñas y niños. Ella creó una lotería en lengua Náhuatl basándose en los elementos de su entorno y que comúnmente sus estudiantes conocen y conviven, y ha funcionado.

Irma Pineda, con la creación de literatura indígena y desde las aulas con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en Ixtepec, Oaxaca, enfatiza que de nada sirve centralizar las lenguas indígenas en una universidad, cuando los interesados vienen de comunidades alejadas o bien están en zonas con mala o nula señal de internet y celular.

“Es otro elefante blanco más”, recalcó la poeta juchiteca al señalar que si bien es cierto que en la Ciudad de México se hablan 50 de las 68 lenguas indígenas del país, eso no garantiza una conservación ni revalorización, porque no todos los hablantes de una lengua indígena están involucrados en el tema de la educación.

La representante de los pueblos indígenas ante la ONU precisó que desde hace dos años, cuando se impulsó la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas, dejó claro que sería más de lo mismo y que se trataría de una repetición del centralismo.

“No le veo sentido”, dijo la escritora juchiteca al recalcar que, de acuerdo con las materias curriculares de la Universidad de las Lenguas Indígenas, el programa es similar al que se imparte en las escuelas normales y pedagógicas.

“Se gastó para una nueva infraestructura, quién sabe cuántos miles de pesos invirtieron, y sólo para levantarse el cuello y decir que ya defienden las lenguas indígenas. Eso no es defender, lo que sería ideal es fortalecer las infraestructuras ya existentes”, señaló Pineda.

Por su parte, Kaimen Pabe precisa que el problema real está en las escuelas de los niños hablantes de su lengua materna, quienes son atendidos por docentes que en algunas ocasiones son monolingües en español o hablan otra lengua distinta a la de ellos. Por tal razón coincide en que es necesario fortalecer los espacios educativos que tienden a formar a los futuros docentes y que estarán justamente en estos espacios comunitarios, como la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Como profesora bilingüe que ha impartido clases en escuelas recónditas de Guerrero, Pabe critica también el actuar de la Dirección General de Educación Indígena a nivel nacional, pues asegura que sus acciones son como como “letra muerta” al no garantizar el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación en sus lenguas maternas.

Por último, recalcaron que son en las escuelas normales, especialmente las rurales, donde surge el semillero de futuros docentes, quienes llegarán a las aulas y la mayor parte a las comunidades indígenas, por lo que urge fortalecerlas para que sus estudiantes sean los portavoces de las lenguas indígenas.

En agosto del 2021, los 12 pueblos originarios de la alcaldía de Milpa Alta aprobaron por unanimidad la creación y establecimiento de las Univeridad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM). De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuando inicie operaciones no sólo se reflejará en el conocimiento, sino que también preservará las lenguas indígenas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado la fecha de apertura.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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ONU: La educación es vital para las mujeres porque, a mayor educación, mayor control sobre sus cuerpos. Mundo

Mundo/18-02-2022/Autor(a) y Fuente: www.radiocable.com

Un nuevo informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que la educación es vital para las mujeres porque, a mayor educación, mayor control sobre sus cuerpos. Según concluye este nuevo estudio sobre el Estado de la Población Mundial 2021, casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen el derecho a decidir si quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención sanitaria.

Además, «una mujer que tiene control sobre su cuerpo tiene más probabilidades de estar empoderada en otros ámbitos de su vida. Se beneficia no sólo desde el punto de vista de su autonomía, sino también a través de los avances en los ámbitos de la salud, educación, ingresos y seguridad. Tiene más probabilidades de prosperar, y lo mismo sucederá con su familia», señala la directora ejecutiva del Fondo de Población, Natalia Kanem.

El análisis mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos como el grado de apoyo o interferencia legislativo de los países sobre el derecho de una mujer a tomar este tipo de decisiones. Y, los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.

Las principales vulneraciones que sufren las mujeres incluyen la violación, la esterilización forzada, las pruebas de virginidad, la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil entre otros.

Fuente e Imagen: https://www.radiocable.com/onu-la-educacion-es-vital-para-las-mujeres-porque-a-mayor-educacion-mayor-control-sobre-sus-cuerpos.html

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La ONU pone a Brasil en su mira: El Gobierno “debe cumplir sus obligaciones internacionales”

Por: Sergio Ferrari 

Debe reforzar el sistema de prevención de la tortura

Nubarrones preocupantes sobrevuelan los derechos humanos en Brasil. Diversas voces internacionales aumentaron en las últimas horas el tono de su crítica contra el Gobierno de Jair Bolsonaro. Brasil es el tercer país del mundo con mayor número de personas privadas de libertad,con más de 750.000 detenida-os y cárceles superpobladas.

Experta-os del órgano de prevención de la tortura de las Naciones Unidas (ONU) luego de su visita al país sudamericano, señalaron que “Brasil debe cumplir con sus obligaciones internacionales y reforzar sus mecanismos nacionales de prevención de la tortura”. El comunicado de los especialistas fue difundido el 11 de febrero en la sede de la ONU en Ginebra (https://news.un.org/es/story/2022/02/1503982).

La preocupación principal de la-os especialistas es de tipo institucional. En junio de 2019, Jair Bolsonaro promulgó un Decreto Presidencial que, según la ONU, debilita gravemente el sistema de prevención de la tortura. En virtud del polémico Decreto, los miembros del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura (MNPCT), dejarían de ser remunerados y deberían trabajar de forma voluntaria. Además, el Gobierno decidió unilateralmente disminuir significativamente el apoyo profesional y a nivel de la secretaría de dicho mecanismo. Se espera en las próximas semanas una decisión del Supremo Tribunal Electoral que deberá decidir sobre la legalidad de dicho Decreto Presidencial número 9.831 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9831.htm).

La experta de Líbano, Suzanne Jabbour,quien encabezó la misión realizada entre el 31 de enero y el 4 de febrero, instó a que “se abandone la decisión de desmantelarel mecanismo nacional de prevención de la tortura». Pidió, también, “que Brasil respete sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y consolide sus recursos y esfuerzos para combatir la tortura”.

Integraron la misión, además, Juan Pablo Vegas de Perú, relator para Brasil y la experta noruega Nora Sveaass (https://news.un.org/pt/story/2022/01/1778152).Durante su visita a Brasilia la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT, por sus siglas en inglés), se reunió, entre otros, con la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, con diversosparlamentarios — incluidos los presidentes de las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras–, con representantes del Supremo Tribunal Federal, con el fiscal general de la República y su adjunto encargado de los derechos de los ciudadanos.

La delegación fue recibida por el MNPCT, que es el organismo de vigilancia de la prevención de la tortura en el país. Y también por sus homólogos estaduales — cuatro Estados sobre 26 — en los que existe dicho mecanismo. La comitiva onusianadialogó con representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la prevención de la tortura.

«Todas las altas autoridades con las que nos reunimos coincidieron en que es absolutamente esencial contar con un mecanismo de prevención independiente y que funcione bien, tanto a nivel federal, como estatal», declaró Jabbour.

Brasil, como cada uno de los Estados Partes en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), están obligados a establecer mecanismos nacionales de prevención funcionales e independientes. Dichos organismos tienen como tarea realizar visitas periódicas a los lugares en los que hay personas privadas de libertad, como parte de los esfuerzos para prevenir la tortura y los malos tratos y mejorar las condiciones de detención.

Otras condenas internacionales

Apenas tres semanas antes del pronunciamiento de dicha misión de la ONU en Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América del Sur de ONU Derechos Humanos condenaron los recientes asesinatos de activistas ambientales y defensoras y defensores de la tierra en ese país sudamericano. Y exigieron al Estado la protección de “quienes defienden el medio ambiente y el territorio” yque realice investigaciones de manera pronta, exhaustiva e imparcial” (http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/017.asp).

El 9 de enero de 2022 fueron hallados los cuerpos de José Gomes, su esposa Marcia y su hija menor de edad, Joene en la región de São Félix do Xingu, Estado de Pará, en la Amazonia brasileña.  Gomes y su familia eran conocidos por liberar crías de tortugas y por la defensa de la tierra y la protección ambiental.

Un día antes, el 8 de enero, se conoció el atentado mortal del campesino José Francisco Lopes Rodrigues. Este defensor de la tierra se encontraba hospitalizado luego de ser víctima — junto con su nieta de diez años–, de una agresión armada en su domicilio de la comunidad de Cedro, en Arari, Estado de Maranhão, el pasado 3 de enero.

En su Informe de País de 2021(http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf) la CIDH había puesto el énfasis en la situación contextual de violencia en contra de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra en Brasil.

Desde que asumiera el presidente Bolsonaro, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales consideran a Brasil como uno de los países más peligrosos de la región para ejercer la defensa y protección del medio ambiente y de los derechos sociales.

El Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch, avanza también críticas frontales al gobierno brasilero por violaciones de derechos humanos en varias áreas de su gestión. Entre ellas, por amenazar al “sistema democrático en Brasil al intentar mellar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial”. También por su mala gestión de la pandemia del Covid-19 así como por su política a favor de la deforestación que sigue asolando a la selva tropical amazónica. “Los pueblos indígenas y otras comunidades que defienden la selva fueron blanco de amenazas y ataques”, sostiene el informe que reúne datos de relativos al año 2021(https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/380707).Dicho informe retoma la información suministrada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), el cual contabiliza que agentes de policía provocaron la muerte de más de 6.400 personas en 2020, último año sobre el cual existen datos disponibles.

Fuente de la información e imagen: https://rebelion.org

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ONU alerta sobre aumento del hambre en Cuerno de África

África/11-02-2022/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

La agencia ONU dedicada a los Alimentos precisó que es necesario adoptar medidas urgentes en la región.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, alertó este martes que unas 13 millones de personas están en situación de hambre en Etiopía, Kenia y Somalia, tras la intensa sequía que sufre el Cuerno de África, calificada como la peor desde 1981.

“Esta situación requiere una intervención humanitaria inmediata y un apoyo constante a las comunidades para desarrollar su resiliencia de cara al futuro”, dijo el director de la oficina del PMA para el Este de África, Michael Dunford, en un comunicado emitido desde Nairobi.

Según Dunford, las cosechas se arruinan, el ganado muere y el hambre aumenta a medida que las sequías son recurrentes en el Cuerno africano.

En las más recientes temporadas lluviosas ha llovido menos de lo habitual en tres de ellas de manera consecutiva, por lo que los campesinos tienen cosechas perdidas y animales muertos, y sus familias se han visto desplazadas, aumentando así conflictos con otras comunidades.

De acuerdo con las estimaciones del PMA, este panorama puede ir a peor en lo que resta de año, pues todo indica que las lluvias continuarán registrando menos milímetros que el promedio normal.

Datos de esta agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indican que las tasas de desnutrición son elevadas y se incrementarán si no se implementan acciones urgentes en el sur y sureste de Etiopía, sureste y norte de Kenia y en el centro y sur de Somalia.

“Los impactos se ven agravados por los aumentos en los precios de los alimentos básicos, la inflación y la baja demanda de mano de obra agrícola, lo que empeora aún más la capacidad de las familias para comprar alimentos”, reza el comunicado del Programa.

Incluso, el PMA alerta que pudiera ocurrir una crisis humanitaria como la de 2011 cuando 250.00 somalíes murieron de hambre, por lo que instó a una asistencia inmediata para evitar la tragedia.

Somalia pudiera elevar el número de personas en inseguridad alimentaria grave de 3,5 a 4,6 millones entre febrero y mayo si las autoridades competentes no ejecutan acciones ta, al tiempo que en Etiopía se prevé que 5,7 millones de personas necesiten asistencia en los meses venideros.

Kenia tendría 2,8 millones necesitados de asistencia y el Gobierno keniano ya calificó la sequía como emergencia nacional en septiembre de 2021, mientras Somalia declaró estado de emergencia humanitaria por la misma causa un mes después.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/onu-aumento-hambre-cuerno-africa-sequia-20220208-0005.html

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Hagamos ruido por la crisis silenciosa de la educación

Por: Vijay Prashad

El cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU está relacionado con la educación inclusiva y de calidad. Antes de la pandemia, ya estaba claro que para 2030 esto no se lograría para el 43% de los niños y niñas del mundo.

En octubre de 2021, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebró un seminario sobre la pandemia y los sistemas educativos. Las cifras son impresionantes: el 99% de las y los estudiantes de la región pasaron un año académico entero con interrupción total o parcial de las clases presenciales, mientras que más de 600.000 niñxs lucharon con la pérdida de sus cuidadorxs debido a la pandemia. Además, se estima que la crisis podría obligar a 3,1 millones de niñxs y jóvenes a abandonar la escuela y a más de 300.000 a trabajar. En el seminario, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo que la combinación de la pandemia, las turbulencias económicas en la región y los retrocesos en la educación han provocado «una crisis silenciosa».

 

La situación en todo el mundo es igualmente grave, y la frase «crisis silenciosa» quizá necesite una aplicación más global. Las Naciones Unidas señalan que «más de 1.500 millones de estudiantes y jóvenes de todo el planeta se ven o se han visto afectadxs por el cierre de escuelas y universidades debido a la pandemia de la COVID-19»; al menos 1.000 millones de escolares corren el riesgo de quedarse atrás en sus estudios. «Lxs niñxs de los hogares más pobres», dice la ONU, «no tienen acceso a Internet, computadores personales, televisores o incluso radios en casa, lo que amplifica los efectos de las desigualdades de aprendizaje existentes». Cerca de un tercio de todos lxs niñxs —al menos 463 millones— no tienen ningún acceso a las tecnologías para la educación a distancia; tres de cada cuatro de estos niñxs proceden de zonas rurales, la mayoría de los hogares más pobres. Debido al cierre de las escuelas durante los confinamientos y a la falta de infraestructura para el aprendizaje en línea, muchos niños y niñas «se enfrentan al riesgo de no volver nunca a la escuela, deshaciendo años de progreso en la educación en todo el mundo».

 

En 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estableciendo diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que debían cumplirse en un plazo de quince años. Todo el proceso de los ODS, que comenzó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir la pobreza en el año 2000, contó con un amplio consenso. El cuarto ODS consiste en «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos». Como parte del proceso para avanzar en este objetivo, las Naciones Unidas y el Banco Mundial desarrollaron conjuntamente un concepto llamado «pobreza de aprendizaje», definido como «ser incapaz de leer y comprender un texto sencillo a los 10 años». La medida de «pobreza de aprendizaje» se aplica al 53% de lxs niñxs de los países de ingresos bajos y medios y hasta al 80% de lxs de países pobres. Antes de la pandemia, estaba claro que para 2030 las aspiraciones de los ODS no se lograrían para el 43% de los niños y niñas del mundo. Las Naciones Unidas informan ahora que en 2020 otros 101 millones, o el 9% de lxs niñxs de las clases 1 a 8, «quedaron por debajo de los niveles mínimos de competencia en lectura» y que la pandemia ha «anulado los avances en materia de educación logrados en los últimos 20 años». Ahora se reconoce universalmente que el cuarto ODS será irrealizable durante mucho tiempo.

 

La ONU y el Banco Mundial han dado la voz de alarma de que esta «crisis silenciosa» tendrá un impacto devastador en el futuro económico de las y los estudiantes. Calculan que «esta generación de niñxs arriesga ahora perder 17 billones de dólares en ingresos de por vida en valor actual, o alrededor del 14% del PIB mundial actual, debido a los cierres de escuelas relacionados con el COVID-19 y a las crisis económicas». Lxs estudiantes no solo van a perder billones de dólares en ingresos de por vida, sino que también se van a ver privadxs de la sabiduría y las habilidades sociales, culturales e intelectuales vitales para el avance de la humanidad.

 

Las instituciones educativas, desde los primeros años hasta la universidad, ya hacen hincapié en la comercialización de la educación. El declive de la formación básica en humanidades se ha convertido en un problema global, privando a la población mundial de una base en historia, sociología, literatura y artes, disciplinas que crean una comprensión más rica de lo que significa vivir en una sociedad y ser un ciudadano del mundo. Este tipo de educación es un antídoto contra las formas tóxicas de patrioterismo y xenofobia que nos llevan a la aniquilación y la extinción.

 

Las instituciones culturales son las que más problemas tienen en la «crisis silenciosa». Un estudio de la UNESCO sobre el impacto de la pandemia en 104.000 museos de todo el mundo reveló que casi la mitad de estas instituciones experimentaron una reducción significativa de la financiación pública en 2020, con ganancias limitadas al año siguiente. En parte debido a los confinamientos y en parte a los problemas de financiamiento, la asistencia a los museos de arte más populares del mundo se redujo en un 77% en 2020. Además de la pandemia, el auge del capitalismo de plataformas —actividad económica arraigada en las plataformas online— ha acelerado la privatización del consumo cultural. Las formas públicas de exposición cultural a través de la educación pública, los museos y galerías públicas y los conciertos públicos no pueden seguir el ritmo de Netflix y Spotify. El hecho de que solo el 29% de la población del África subsahariana tenga acceso a Internet hace que las desigualdades de la vida cultural sean una preocupación aún más acuciante.

 

La forma en que se ha tratado a las y los profesores durante la pandemia demuestra la poca importancia que se da a este trabajo crucial y a la educación en general en nuestra sociedad global. Solo en 19 países se colocó a lxs profesores en el primer grupo de prioridad con lxs trabajadores de primera línea para recibir la vacuna COVID-19.

 

El Instituto Tricontinental de Investigación Social ha desarrollado junto a 26 institutos de investigación de todo el mundo Un plan para salvar el planeta, bajo el liderazgo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Seguiremos señalando ese texto porque desafía significativamente la visión del statu quo sobre cómo debemos proceder en nuestras luchas globales compartidas. En lo que respecta a la educación, por ejemplo, estamos construyendo nuestro marco para el planeta basándonos en las necesidades de las y los profesores y alumnos, no en el PIB o el valor del dinero. En cuanto a la educación, tenemos una lista de once demandas que no son exhaustivas, pero sí sugerentes. Pueden leerlas aquí.

 

Les pedimos que lean atentamente el plan. Esperamos sus comentarios, por favor envíenoslos  a plan@thetricontinental.org. Si estas ideas les parecen útiles, les rogamos que las difundan ampliamente. Si se preguntan cómo proponemos financiar estas ideas, echen un vistazo al plan completo (por cierto, actualmente hay al menos 37 billones de dólares en paraísos fiscales ilícitos).

 

En Honduras se están dando pasos en esta dirección. El 27 de enero, la presidenta Xiomara Castro tomó las riendas del país, convirtiéndose en la primera mujer jefa de gobierno en la historia nacional. Inmediatamente se comprometió a dar electricidad gratuita a más de un millón de los casi diez millones de habitantes de Honduras. Esto mejorará la capacidad de la población hondureña más pobre para ampliar sus horizontes culturales y aumentará las posibilidades de que los niños y niñas puedan participar en el aprendizaje en línea durante la pandemia. El día de la toma de posesión de la presidenta Castro, leí las hermosas palabras de la poeta nicaragüense-salvadoreña Claribel Alegría, cuyo compromiso con el progreso de los pueblos de Centroamérica se refleja en sus brillantes poemas. En 1978, justo antes de la revolución nicaragüense, Alegría ganó el Premio Casa de las Américas por su colección Sobrevivo. Con D. J. Flakoll, escribió la historia definitiva de la Revolución Sandinista: Nicaragua, la revolución sandinista: una crónica política 1855-1979, publicada en 1982. El fragmento de su poema “Contabilizando» de su libro Fugues (1993) nos enseña la importancia de la poesía y la epifanía, y la importancia que el sueño y la esperanza tienen para el avance humano:

 

No sé cuántos años soñando
con la liberación de mi pueblo
algunas muertes inmortales
los ojos de aquel niño desnutrido
Tus ojos cubriéndome de amor
una tarde nomeolvides
Y en esta hora húmeda
las ganas de plasmarme
en un verso
en un grito
en una espuma

Fuente de la información e imagen: https://www.alainet.org

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Piden a la ONU garantías de DDHH en tratado sobre “ciberdelincuencia”

Entre el 17 y el 28 de enero de 2022 se realizará la primera reunión del Comité ad hoc de las Naciones Unidas encargado de elaborar una convención internacional exhaustiva contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos.

La idea ha levantado varias alarmas, especialmente entre la sociedad civil. Actualmente no existe una definición común de “ciberdelincuencia” ni tampoco consenso sobre cómo abordarla a nivel mundial. Todavía más grave es que las legislaciones locales sobre ciberdelincuencia a menudo son utilizadas para coartar derechos fundamentales y perseguir a periodistas, activistas, investigadores, comunidades LGBTQ+ y disidentes.

Por ejemplo, las leyes que penalizan el acceso no autorizado a redes o sistemas informáticos se han utilizado para atacar a investigadores de seguridad digital, denunciantes, activistas y periodistas. Por su parte,  aquellas regulaciones que buscan combatir fenómenos como la desinformación y la glorificación en línea de posturas extremistas pueden ser utilizadas de forma indebida para encarcelar blogueros o bloquear plataformas enteras en un país determinado.

Esta es una situación conocida por las Naciones Unidas. En su informe de 2019, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, observó: “Un aumento de la legislación y las políticas destinadas a combatir la ciberdelincuencia también ha abierto la puerta a castigar y vigilar a activistas y manifestantes en muchos países del mundo.” En 2019 y una vez más este año, la Asamblea General de la ONU expresó su grave preocupación por el hecho de que la legislación sobre ciberdelincuencia se esté utilizando indebidamente para atacar a los defensores de los derechos humanos, obstaculizar su trabajo y poner en peligro su seguridad.

Es por ello que hoy más de 120 expertas, expertos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han enviado una carta a Faouzia Boumaiza Mebarki, Presidenta del Comité Ad Hoc, pidiendo que el proceso incluya activamente a las organizaciones de la sociedad civil en todas las etapas de desarrollo y redacción de la convención, y que se incluyan savaguardas de  derechos humanos a la propuesta, aplicables tanto a sus disposiciones sustantivas como de procedimiento.

“La lucha contra la ciberdelincuencia no debe hacerse a expensas de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas cuyas vidas se verán afectadas por esta propuesta de convenio” señala la misiva, en cuya redacción Derechos Digitales participó activamente. Además, nuestra organización participará de la reunión de enero y estará acompañando al comité durante las próximas sesiones, con una perspectiva de derechos humanos.

La carta está disponible en castellano y en inglés.

Fuente de la informaciòn e imagen:   Rebeliòn

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ONU emite acción urgente por 5 desaparecidos en Oaxaca entre los que se encuentra la activista Irma Galindo

Por: Alberto Pradilla

Pide medidas para su localización y para dar con los responsables. Las desapariciones se registran en el contexto de violencia en San Esteban Atatlahuca.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió el pasado 31 de diciembre cinco acciones urgentes a favor de cinco desaparecidos en las comunidades de Guerrero Grande y Mier y Terán, Oaxaca.

Con ellas solicita a México que ponga en marcha medidas para la localización de Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios e Irma Galindo Barrios. Todos ellos desaparecieron en Oaxaca en el contexto de agresiones violentas contra las comunidades indígenas mixtecas de San Esteban Atatlahuca, salvo Galindo Barrios, una activista a la que se vio por última vez en la Ciudad de México cuando iba a mantener una reunión con el Mecanismo de Protección.

En el documento, el Comité recuerda que la violencia se registra en la zona desde 1999, cuando las autoridades de San Esteban Atatlahuca se aliaron con empresarios madereros y se incrementó la conflictividad en las comunidades.

La primera desaparición se produjo el 10 de octubre, cuando Mayolo Quiroz Barrios fue a revisar su ganado y no se le volvió a ver. Dos semanas después, los días 22 y 23 de octubre, se produjo un ataque armado contra diversas comunidades en las que al menos 100 viviendas fueron quemadas. El comité de la ONU en su relato, señala como posibles responsables a un “grupo de personas armadas acompañadas por el Sr. Rogelio Bautista Barrios, presidente municipal (de San Esteban Atatlahuca) y la Sra. Maribel Velasco García, Síndico municipal”.

Tras estos hechos se produjo la desaparición de Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño y Marco Quiroz Riaño.

A través de la Acción Urgente, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicita a México “una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva” de los desaparecidos, “y para la investigación exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el cual ocurrió su alegada desaparición, de conformidad con sus obligaciones convencionales”. Además, deberá informar al comité sobre la implementación del plan y los avances desarrollados.

Por otro lado, el comité pide que se realicen acciones para dar con la identidad de los perpetradores.

Por último, solicita que las familias de los desaparecidos participen en este proceso y reciban protección para evitar posibles represalias.

Según recordó el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, que acompaña a las víctimas, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en amparo que el cumplimiento de las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU es obligatorio para las autoridades del Estado Mexicano en sus distintas competencias”. Además, “dicho cumplimiento debe ser supervisado judicial y constitucionalmente”.Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

Fuente de la información e imagen: https://www.animalpolitico.com

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