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«¡Mujeres, vida, libertad!»

Colectivo

Manifiesto de las organizaciones sindicales y civiles independientes en irán.

Pueblo justo y amante de la libertad de Irán,

En el 44 aniversario de la Revolución de 1979, los cimientos económicos, políticos y sociales del país se encuentran ahora en una vorágine de crisis y desintegración tal que no hay perspectivas de ponerle fin dentro del sistema político existente.

Por eso, desde hace cinco meses, el pueblo oprimido de Irán -especialmente las mujeres y los jóvenes que anhelan libertad e igualdad- ha hecho de las calles de todo el país el centro de una lucha histórica y decisiva para poner fin a estas condiciones inhumanas. Y, a pesar de la sangrienta represión del régimen, desde hace cinco meses (16 de septiembre de 2022) no han parado ni un momento.

Actualmente, estas manifestaciones masivas -cuya bandera han levantado mujeres, estudiantes, profesores, trabajadores, quienes luchan por la justicia, artistas, homosexuales, escritores y todos los oprimidos de Irán, en todas las partes del país, desde el Kurdistán hasta Sistán y Baluchistán- han recibido un apoyo internacional sin precedentes. Son muestra de las protestas contra la misoginia, la discriminación de género, la inseguridad económica permanente, los trabajos forzados, la pobreza, la indigencia, la opresión de clase y la opresión nacional y religiosa. Estos son los males de nuestra sociedad que la tiranía religiosa y no religiosa nos ha impuesto durante más de un siglo. Estas manifestaciones masivas se producen en el contexto de amplios movimientos sociales modernos y del surgimiento de una generación imparable que está decidida a poner fin a un siglo reaccionario y a asumir el reto de construir una sociedad moderna, próspera y libre en Irán.

Tras dos grandes revoluciones en la historia contemporánea de Irán, los principales movimientos sociales pioneros -incluidos los movimientos de trabajadores, profesores y pensionistas, así como los movimientos por la igualdad de las mujeres, los estudiantes y los jóvenes, y el movimiento contra la pena de muerte- han adquirido una dimensión histórica y decisiva en la configuración de las estructuras políticas, económicas y sociales del país desde la base y en gran número.

Por lo tanto, este movimiento pretende poner fin definitivamente a la constitución de cualquier poder desde arriba e iniciar una revolución social, moderna y humana para la emancipación de todas las formas de opresión, discriminación, explotación, tiranía y dictadura.

Nosotros, los sindicatos y las organizaciones e instituciones de la sociedad civil firmantes de esta declaración -al tiempo que subrayamos la unidad y los vínculos entre los movimientos sociales y la lucha contra la actual situación inhumana y destructiva- consideramos que las siguientes reivindicaciones son los objetivos primordiales resultantes de las grandes protestas del pueblo iraní. Establecen los elementos básicos para la construcción de una sociedad nueva, moderna y humana en el país. Hacemos un llamamiento a todos aquellos que valoran la libertad, la igualdad y la emancipación para que lleven estas reivindicaciones mínimas a las fábricas, universidades, escuelas, barrios, calles y a la arena internacional. Juntos podemos alcanzar el noble y ambicioso objetivo de la libertad.

  • Liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos; fin de la criminalización de las actividades políticas, sindicales y civiles; juicio público de los responsables y agentes de la represión de las movilizaciones populares.
  • Libertad sin restricciones de opinión, expresión, pensamiento, prensa, partidos políticos, sindicatos locales y nacionales y organizaciones de masas, así como concentraciones, huelgas, manifestaciones, redes sociales y medios audiovisuales.
  • Abolición inmediata de la pena de muerte, ejecuciones, castigos; prohibición de todo tipo de tortura psicológica y física.
  • Establecimiento inmediato de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres a todos los niveles: político, económico, social, cultural y familiar. Abolición incondicional de todas las leyes y formas de discriminación y violencia contra la identidad sexual y de género; reconocimiento de la comunidad arco iris LGBTQ+. Despenalización de todas las opciones de género y respeto incondicional de los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos y su destino, así como el levantamiento del control patriarcal.
  • La religión debe ser reconocida como un asunto privado y no estar involucrada en las leyes y decretos políticos, económicos, sociales y culturales del país.
  • La garantía de condiciones de trabajo seguras, la protección del empleo y el aumento inmediato de los salarios de los obreros, profesores, empleados y de todas las personas activas y jubiladas, que deben establecerse con la presencia, la participación y el acuerdo de los representantes electos de las organizaciones independientes y nacionales.
  • Deben abolirse las leyes y disposiciones basadas en la discriminación y la opresión nacional y religiosa. El gobierno debe crear mecanismos de financiación adecuados y garantizar una distribución justa y equitativa de las infraestructuras y los recursos para promover la cultura y las actividades artísticas en todas las partes del país. Además, debe proporcionar las instalaciones necesarias y equitativas para el aprendizaje y la enseñanza de todas las lenguas habladas habitualmente en la sociedad.
  • El desmantelamiento de los órganos de represión; la limitación de los poderes del gobierno; la participación directa y permanente del pueblo en la administración de los asuntos del país a través de consejos locales y nacionales. La destitución de cualquier funcionario gubernamental o no gubernamental por los votantes en cualquier momento debe ser un derecho fundamental de los votantes.
  • Confiscación de los bienes de todas las personas, entidades jurídicas, instituciones gubernamentales, semigubernamentales y privadas que hayan acaparado los bienes y la riqueza social del pueblo iraní a través del saqueo directo o de contratos gubernamentales. La riqueza obtenida de estas confiscaciones debe utilizarse inmediatamente para modernizar y reconstruir la educación, financiar las pensiones, salvaguardar el medio ambiente y satisfacer las necesidades de las regiones, así como de los sectores del pueblo iraní que se han visto privados de igualdad de oportunidades y facilidades durante los dos regímenes de la República Islámica y la monarquía.
  • Detener la destrucción del medio ambiente; aplicar políticas básicas para restaurar la infraestructura medioambiental destruida en los últimos 100 años; impedir la privatización de la propiedad pública (como pastos, playas, bosques y montañas) que priva al pueblo de sus derechos de acceso y uso.
  • Prohibir el trabajo infantil y garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación y a una vida sin privaciones económicas o sociales, independientemente de su situación familiar. Creación de programas públicos de bienestar social que proporcionen un seguro de desempleo y una seguridad social sólida a todas las personas en edad de trabajar, así como educación y asistencia sanitaria gratuitas para todos.
  • Normalización de las relaciones exteriores al más alto nivel con todos los países del mundo sobre la base de relaciones justas y respeto mutuo, prohibiendo la posesión de armas nucleares y trabajando por la paz mundial.

En nuestra opinión, las reivindicaciones anteriores pueden realizarse sin demora, dadas las reservas y la disponibilidad de riquezas naturales potenciales y reales del país y la existencia de un pueblo competente, educado y experimentado y de una generación de jóvenes muy motivados para disfrutar de una vida feliz, libre y productiva.

Las reivindicaciones recogidas en este manifiesto representan la orientación general de las demandas de los firmantes. Es obvio que las profundizaremos en nuestra lucha y solidaridad ulteriores. (Declaración publicada en persa el 15 de febrero de 2023; traducción y edición a partir del inglés por los editores de A l’Encontre)

Firmantes:

Consejo de Coordinación de las Asociaciones Sindicales de Profesores de Irán
Sindicato Libre de Trabajadores de Irán
Unión de Asociaciones Estudiantiles Unitarias
Asociación de Defensores de los Derechos Humanos
Sindicato de Trabajadores de la Caña de Azúcar de Haft-Tapeh
Consejo Organizador de las Protestas de los Trabajadores Petroleros No Temporales
Casa de los Profesores de Irán
Despertar de la Mujer
Voz de las Mujeres de Irán
Voz Independiente de los Trabajadores del Metal de Ahwaz Grupo Nacional de Acerías
Asociación de Defensores de los Derechos de los Trabajadores
Asociación Sindical de Trabajadores de la Electricidad y el Metal de Kermanshah
Comité Coordinador de Ayuda a la Formación de Sindicatos de Trabajadores
Unión de Pensionistas
Consejo de Pensionistas de Irán
Asociación de Estudiantes Progresistas
Consejo de Estudiantes Librepensadores de Irán
Unión de Pintores de Edificios de la Provincia de Elbourz
Comité de Apoyo a la Fundación de Sindicatos de Trabajadores en Irán
Consejo de Pensionistas de la Seguridad Social

https://vientosur.info/mujeres-vida-libertad/

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Convocan a nuevas protestas en Puerto Rico este viernes para exigir justicia salarial y retiro digno

Por: EFE

Las manifestaciones de las últimas semanas lograron que el gobernador Pedro Pierluisi anunciara aumentos salariales a partir del próximo julio de $1,000 dólares mensuales para los maestros, y de $500 para los bomberos

Organizaciones sindicales y sociales de Puerto Rico convocaron este miércoles nuevas protestas de los empleados públicos para el próximo viernes en San Juan con el fin de reclamar al Gobierno justicia salarial y un retiro digno.

Las manifestaciones se han sucedido este mes y fueron especialmente multitudinarias la pasada semana, cuando trabajadores del sector público, encabezados por los maestros y los bomberos, marcharon hasta La Fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño.

“Volvemos a la calle a exigirle al Gobierno justicia salarial, un retiro digno y cero privatización”, dijo en rueda de prensa Javier Córdova, portavoz de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)

El plan es que los servidores públicos hagan piquetes en horas de la mañana en sus centros de trabajo y luego se movilicen hacia el portón principal del estadio Hiram Bithorn, de donde saldrá una marcha hacia un lugar por ahora no revelado.

Además de la APPU, secundan la convocatoria el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Federación de Maestros, UNETE, Educamos, Federación Central de Trabajadores y United Auto Workers (UAW).

“Nos vamos a estar dejando sentir desde horas de la mañana en los diferentes centros de trabajo. Llevaremos un mensaje claro al gobernador Pedro Pierluisi y a la Legislatura de que el magisterio y la clase trabajadora tiene los objetivos claros y los vamos a cumplir”, señaló Mercedes Martínez, portavoz de la Federación de Maestros.

UTIER decretará paro laboral de 24 horas

Por su parte, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de Utier, añadió que el sindicato estará decretando un paro de labores de 24 horas a partir de la noche del jueves.

“Nuestro retiro, a pesar de ser un fideicomiso, también está siendo amenazado por la Junta de Control Fiscal y sus medidas de austeridad que nos llevarán a la miseria, además la privatización de la generación tendrá mayores aumentos en el costo energético”, explicó Figueroa.

Figueroa precisó que están en contra de LUMA, la empresa privada que asumió en junio pasado la distribución de la energía en la isla, y de la privatización de las plantas generatrices.

Los sueldos base de los funcionarios están muy por debajo del costo de vida de la isla, así como sus pensiones, que además están en peligro en el marco del plan de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

Las manifestaciones de las últimas semanas han tenido su efecto y el gobernador Pierluisi anunció subidas salariales a partir del próximo julio de $1,000 dólares mensuales para los maestros, y de 500 para los bomberos.

Ayer mismo, el gobernador volvió a informar de otros aumentos, en este caso para los técnicos de emergencias médicas, que recibirán un 30 % más de su sueldo.

Fuente de la información e imagen: https://eldiariony.com

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Venezuela: ¿Hacia dónde va la situación nacional? Las fuerzas políticas y económicas y los desafíos para la clase obrera

¿Hacia dónde va la situación nacional? Las fuerzas políticas y económicas y los desafíos para la clase obrera

Para el Gobierno de Maduro era más que una necesidad la instalación de una nueva Asamblea Nacional en su ordenamiento político, y lo podía hacer, convocándola a imagen y semejanza para garantizarse una mayoría, y por el hecho de que a la anterior se le vencía su mandato, era una exigencia también de países como China, Rusia, entre otros, para poder continuar llevando a cabo sus negocios y acuerdos, con el respaldo de todos los poderes públicos del Estado.

Es de recordar que uno de los remezones que terminó desatando las movilizaciones de la oposición en septiembre del 2017, fue a partir de la acción del Tribunal Supremo de Justicia, que decretaba que, en función que la Asamblea Nacional estaba en desacato, pasaba el TSJ a asumir las decisiones legislativas. Por detrás estaba una exigencia de China y Rusia para avanzar en acuerdos comerciales.

Como veremos más adelante, el Gobierno de Maduro viene en toda una línea entreguista y privatizadora, que ha tenido su expresión máxima con la llamada Ley “antibloqueo”, amparada en lo que ya es hoy la extinta Asamblea Nacional Constituyente, donde no solo se respalda con todo lo que ya se ha venido haciendo sino que avanza más aceleradamente en el curso económico de entreguismo nacional.

Con el control de la nueva Asamblea Nacional, y en la que sobre pasa incluso la mayoría absoluta para votar en lo que bien le plazca, podrá dar más rienda suelta, incluso, en una AN que será nada más que una extensión del brazo Ejecutivo, donde los diputados del oficialismo ya vendrán con todo lo cocinado para cumplir la formalidad de levantar la mano.

Pero todo esto en una situación donde no se sale del marco de la catástrofe económica y social en la que está sumergido el país desde hace más de siete años, y que no ha dejado de profundizarse, así como también el sometimiento a las sanciones económicas, sobre todo las de Estados Unidos, que impactan en una economía ya quebrada. Esta situación catastrófica que reina sobre el país determina gran parte del panorama con un gobierno con mayores controles y con un régimen cuasidictatorial.

En tal marco nos encontramos en una situación abierta y llena de múltiples incógnitas, pues se atraviesa una situación con muchas potenciales inestabilidades. Si bien hay elementos que tienden a “estabilizar” relativamente al gobierno y a la situación, en comparación con la aguda crisis y confrontación de la que se viene en los años previos, como el mayor control político de todos los poderes, la derrota de la oposición proimperialista y la impotencia del movimiento obrero y popular, en la escena se hacen presente factores potencialmente desestabilizadores y dependiendo de cómo se desarrollen o no pueden incluso llegar a ser explosivos. Veamos.

Una precaria “estabilidad” reaccionaria

El Gobierno de Maduro se podrá sentir “cómodo” en la nueva correlación política que ha impuesto con el mayor control político, pero sobre todo en una correlación marcada fundamentalmente por una cuasi derrota o postración del movimiento obrero y popular para hacer frente a una situación de verdadera tragedia nacional, que va conteniendo una de las crisis hiperinflacionarias más largas del capitalismo, que ha tirado por el piso conquistas y condiciones de vida de las masas venezolanas.

Estamos hablando en este marco de una “estabilidad reaccionaria” precaria, por el telón de fondo de la catástrofe económica y social, que está sentada sobre esta impotencia del movimiento obrero, donde las tendencias a rebeliones obreras disminuyen, a no ser implosiones locales por el hambre, como ya hemos visto en distintos puntos del país en el último año. Lo que no quiere decir que no hayan luchas, como hemos apreciado, pero no en capacidad, al menos en lo inmediato, de poder derrotar al gobierno y sus políticas hambreadoras.

Si por un lado el Gobierno de Maduro ha llevado al movimiento obrero a esta situación, la situación de “estabilidad reaccionaria” por otra parte se asienta también en la derrota del otro factor ultrareaccionario en la situación nacional, que es la oposición de derecha proimperialista con intentos agresivos golpistas como ha décadas no se veían en América Latina como lo fue todo el 2019 en adelante. Un sector que apareció como la única otra fuerza en la escena nacional con cierto importante respaldo, precisamente ante la ausencia de intervención independiente del movimiento obrero en la situación nacional: ante esa ausencia de la clase trabajadora como sujeto propio, el “cualquiera menos Maduro” llevó aguas al molino de la oposición proimperialista.

Esa gran ofensiva reaccionaria imperialista la logra semiderrotar el Gobierno o al menos la pone a la ultradefensiva. La oposición de derecha se ha visto acorralada, casi derrotada, pero no a manos del movimiento obrero y de masas, sino a manos de un gobierno aislado cada vez de las masas y sostenido en el aparato militar y el poder estatal. Lo que se fortalece no es el movimiento de masas sino que es un gobierno que cada vez más tiene un giro no solo autoritario sino entreguista y privatizador en la saga neoliberal. He allí la compleja y difícil situación para el pueblo trabajador, entre dos fuerzas reaccionarias y sin lograr poner en movimiento sus propias fuerzas con personalidad propia, para abrir un “tercer campo”.

No hay que dejar de considerar lo que escribimos en un artículo reciente, que las últimas elecciones tuvo una participación electoral del 30%, siendo que el Gobierno, con toda su presión ejercida, sobre todo en los sectores populares, apenas cosechó un apoyo del 20% de los habilitados a votar. El Gobierno presionó a más no poder para la asistencia electoral, manifestándose en la alta abstención en lo que ya hemos venido afirmando, lo de un gobierno repudiado a nivel de las amplias masas.

A esta cierta “estabilidad” reaccionaria por demás, puede contribuir también incluso la propia elección en Estados Unidos hace previsible un posible cambio de estrategia hacia Venezuela también, en el país clave de la ofensiva imperialista, y la casi semiderrota del movimiento de masas, le permite que aún, en una situación catastrófica a nivel económico y social, con relación a la gran inestabilidad que tenía el Gobierno, mantenerse en el control del conjunto del régimen, ahora más, pasando a controlar todas las instituciones del Estado.

Los fuertes elementos de inestabilidad están marcados por la catástrofe económica y social que no dejan de profundizarse, en un Estado prácticamente quebrado, en el que se agudizan cada vez más los grandes padecimientos del movimiento de masas, así como también por la presión imperialista. Esto desestabiliza al Gobierno –como a cualquier otro gobierno- más allá del fuerte control que ejerza sobre el conjunto de las instituciones del Estado, pues en la medida en que esta situación se agudiza, aumentando las calamidades, los grandes males de todo un pueblo, producto del sufrimiento inaudito, las posibilidades de explosiones sociales son grandes, como ya se observó en distintos lugares en los últimos años. De generalizarse estas explosiones sociales, ya no solo en el interior, sino en las principales ciudades, puede desestabilizar y hacer tambalear al régimen político. Es claro, que esta situación puede actuar en dos sentidos, por un lado, puede ser un reanimador de las luchas de los trabajadores, sacarlos de la postración producto de los golpes y retomar sus fuerzas; pero también, puede alentar el surgimiento de sectores más reaccionarios o animar a las propias Fuerzas Armadas a una actuación más directa.

La reubicación de los grupos económicos

En todo este contexto se da también a nivel interno una reubicación de ciertas fuerzas de los sectores patronales empresariales, que históricamente han sido antichavistas, incluso que llegaron a participar abiertamente en golpes de Estado directamente contra Chávez, que busca cada vez más entendimientos en materia económica con el Gobierno, lo que se pudiera definir como una actitud bastante pragmática y oportunista, cuestión común en la burguesía.

Es que luego de los intentos de derrotar al Gobierno fracasaron, y en el medio de una situación catastrófica de la economía, pero sobre todo en el marco de la gran liberalización que está llevando a cabo Maduro, llegan a concluir que lejos están de un cambio de poder, y por tanto hacen acuerdos económicos con los que están mientras esta sea la situación.

Pero no solamente frente a la dificultad de sacarlos del Gobierno, sino porque los que están y se mantuvieron están girando cada vez más al programa que pide la patronal y que piden los capitales extranjeros, que tiene abiertamente políticas neoliberales y de la liberalización de la economía. No avanzar en acuerdos sería perderse la gran parte del pastel del remate nacional que se opera desde las alturas, y otros no dudarán en aprovechar.

Así con la Ley “antibloqueo”, por ejemplo, gran parte del programa que proponía la derecha clásica y que pedía el sector patronal empresarial el Gobierno de Maduro lo está ejecutando a su manera, de tal forma que avanza en el sentido que conviene a la patronal. Además y sobre todo, con el trabajo ya realizado de la destrucción abierta de las conquistas obreras y salarios en el piso, a niveles que incluso ni un neoliberal soñaría.

Por eso, basta mencionar a un gran empresario, Alberto Vollmer (Ron Santa Teresa), quien mejor lo expresa. Aunque se trata de un empresario que siempre estuvo ligado a negocios con el Gobierno, recientemente afirmó que: “Ha habido una política de presión internacional a través de sanciones, etcétera, que ha limitado ingresos a Venezuela y esa reducción bárbara de ingresos, tanto por los errores del gobierno venezolano, por supuesto, pero además complementados por las sanciones. Y eso no obligó a un cambio político. Parece mentira pero ha obligado a un cambio económico obligado”. Con palabras claras sostiene que si las sanciones no han conseguido sacar al Gobierno, sí ha conseguido todo un cambio en el rumbo económico.

Por otra parte tenemos a los representantes de Fedecámaras, cabecillas centrales en el golpe de Estado en el 2002, quienes se han pronunciado claramente a favor de la Ley “antibloqueo”. Tal como lo manifestara el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras), Ricardo Cussano, quien destacaba los “aspectos positivos” de dicha Ley, aunque le criticara la “manera anárquica” en se llevaría a cabo.

Hay que remarcar que el Gobierno está dando una clara señal que va a desmontar los espacios que el Estado tenía en diversos sectores de la economía. En la racionalidad capitalista, todo indica que un Estado quebrado económicamente, con empresas quebradas, su decisión es pasarlas a mano del sector privado, sea nacional o transnacional. Solo que piensa llevar esta operación a su manera. Los que vienen aprovechando bastante las privatizaciones o negocios claves por el momento, son sectores de empresariales ligados a la burocracia gobernante, cuando no los propios burócratas militares y civiles, devenidos ahora en nuevos burgueses y terratenientes (que pasan a ser dueños de las empresas privatizadas o de las tierras arrebatadas a los campesinos), o capitales aliados como los iraníes, entre otros, como se ha visto con los supermercados, hotelería, etcétera. Pero en las grandes ligas, en el terreno petróleo, siderúrgica, industrias básicas, minería, electricidad, telecomunicaciones, avanza el posicionamiento de capitales ya más poderosos como los chinos y los rusos.

Una coyuntura que permite al Gobierno avanzar en sus ataques y su curso entreguista

A la luz de todos estos elementos es que hay que ver la coyuntura, como indicamos al principio. El control de la Asamblea Nacional por parte del Gobierno busca que se ordene de alguna manera el curso entreguista nacional el país avanza a la liberalización tal como se estipula en la Ley “antibloqueo”, regida por este gobierno con cierta precaria “estabilidad” –reaccionaria– y ciertos acuerdos con algunos de los factores de poder tanto económicos de la burguesía nacional. Esta era una de las críticas del presidente de Fedecámaras, cuando indicaba que “esa ley en ciernes proviene de una Asamblea Constituyente que tiene estas falencias en términos jurídicos y de legitimidad”. Cuestión que se sortea con la nueva Asamblea Nacional. Precisamente, en su presentación de Memoria y Cuenta ayer en la Asamblea, Maduro fue enfático e insistente en que ese parlamento debería legislar para continuar y profundizar la política de la ley “antibloqueo”.

Está por verse aún la política de Biden, si avanza con algún tipo de tolerancia o una política menos agresiva comparada con la de Trump, si sigue o no la política que ya se plasma en los países de la Unión Europea que deja de seguir considerándolo a Guaidó presidente encargado. Internamente puede haber incluso algún tipo de acuerdo o la colaboración con un sector de la oposición dispuestos a entenderse con el Gobierno, ya se vieron las fuertes diferencias entre el sector de Capriles Radonski (incluido Stalin González, entre otros) con Guaidó, que buscaron una aproximación a través de la Unión Europea. Además de todo el arco que, aunque minoritario, también se desmarcó y acudió al proceso electoral diseñado por el Gobierno, logrando algunos ser parte de la presencia mínima opositora (8% de los/as diputados/as); otros no lograron siquiera entrar al parlamento.

Todo esto en un marco en que el grueso sector opositor, sobre todo en el que se referencia en Guaidó está en franca debilidad, siendo que no pudieron frenar ni poner ninguna alternativa frente a la elección de la Asamblea Nacional (su “consulta popular” fue un completo fracaso, a que a estas alturas ni se recuerda), siendo que además pierden apoyos importantes a nivel internacional.

Los desafíos de la clase trabajadora

Esta situación plantea nuevos desafíos para los trabajadores y el conjunto de los sectores explotados que tendrán que buscar las formas de resistencia a las políticas en curso del Gobierno de Maduro, que cuenta con un acuerdo implícito (con cada vez más señales de ser explícito) del grueso de la clase capitalista local y la derecha que ha aceptado convivir en los marcos del régimen político actual. A pesar de las duras confrontaciones y serias fracturas en la clase dominante y en sus políticos, hay cierto consenso burgués no declarado en lo que se refiere a la lógica con que se piensa la cuestión de la economía del país: coinciden en que el curso a seguir debe ser “atraer inversiones y recursos” y “reactivar la economía” mediante un mayor entreguismo nacional y más “liberalización” de la economía. Es decir, privatizaciones a granel, menor presencia reguladora del Estado en la economía (que ya hoy es prácticamente inexistente) para ir a “lo que diga el mercado”, nuevos endeudamientos externos y aprovechar la destrucción del salario y las conquistas laborales, como una “ventaja comparativa” para la inversión y ganancia empresarial.

Nuevos desafíos también para las organizaciones sindicales, si continuarán unas siendo fieles servidores a las políticas gubernamentales u otras furgón de cola de las políticas de la oposición de derecha. Por su parte, en la izquierda, incluso aquella que dice romper con el chavismo, así como en los que nos reclamos de la izquierda obrera y socialista, avanzar en nuevos espacios de lucha y coordinación, pero bregando constantemente por una política independiente de la clase trabajadora, así como avanzado en las necesarias lecciones del pasado reciente, en primer lugar sacando las lecciones estratégicas de la experiencia de estos más de veinte años del chavismo. La necesidad de la construcción de un partido de trabajadores revolucionarios se plantea más que nunca en la presente situación, y a ello ponemos nuestras fuerzas desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo.

Fuente de la Información: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Hacia-donde-va-la-situacion-nacional-Las-fuerzas-politicas-y-economicas-y-los-desafios-para-la

 

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Puerto Rico: Alto a las amenazas de la policía

Centro América/Puerto Rico/30 Abril 2020

Las diferentes organizaciones sindicales que han venido celebrando una intensa y efectiva Jornada Virtual en saludo al 1ro de mayo rechazaron enérgicamente las amenazantes expresiones que ha hecho la Policía de Puerto Rico en torno a su unilateral decisión de reprimir las manifestaciones públicas que puedan desarrollarse en el día de mañana.

“Independientemente de las consideraciones que lleven a cada organización y a cada ciudadano a celebrar el 1ro de Mayo en la forma que considere apropiada, el deber de la Policía de Puerto Rico es garantizar su derecho de expresión en forma pacífica y ordenada. Hablar de que dichas manifestaciones “están prohibidas” constituye una extensión irrazonable del contenido de la Orden Ejecutiva donde se advierte sobre la concentración de numerosas personas en un determinado lugar», señaló Antonio Cabán, presidente de la FCT -481/UFCW.

“El tono y el contenido de los mensajes del comandante de área de la Policía de San Juan, José Juan García, así como las anunciadas medidas de remover vehículos mediante el uso de grúas y cerrar accesos a lugares como La Fortaleza y el Capitolio, son más propias de un jefe militar en un país regido por una dictadura, que las de un cuerpo civil cuya misión es la protección de la vida, la propiedad y los derechos de los ciudadanos en nuestra realidad democrática”—-expresó por su parte Karen De León, vicepresidenta del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).

Los líderes sindicales, que consistentemente han respaldado las medidas implantadas por el Gobierno para la protección de la ciudadanía y para evitar la propagación del coronavirus, hicieron un llamado colectivo al respeto de los derechos que cobijan al pueblo trabajador.

“La Policía no puede abrogarse facultades que en ley no tiene. Los trabajadores tenemos la capacidad y el ingenio para desarrollar nuestras actividades en múltiples vertientes y llevar nuestro mensaje de forma creativa sin violentar las normas establecidas para la protección de los participantes y de la comunidad o el lugar donde se desarrollen las mismas”— precisó Mayra Rivera, Secretaria de Organización de la Unión General de Trabajadores.

“Repudiamos enérgicamente el arresto de Giovanni Roberto, portavoz de Comedores Sociales, realizada el día de hoy, mientras participaba de la Caravana por la Vida, exigiendo el gobierno cumpla con su deber de alimentar a miles de trabajadores, desempleados, niños, pensionados y ciudadanos que, ante las políticas de despidos, reducción de jornada, se han visto sin el acceso a la alimentación”, añadió Liza M. Fournier, presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE).

“Las acciones que utiliza la uniformada, mediante su superintendente, Henry Escalera, intentan intimidar a la clase trabajadora y no logran su efecto. Todo lo contrario, incrementan nuestra indignación y nos motiva a continuar manifestando el repudio a las políticas incoadas por el gobierno en detrimento de la salud y seguridad del pueblo”, expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.                        
                              
“Le recordamos a la policía de Puerto Rico que la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico garantiza en su sección 4 la libertad de palabra y de prensa; reunión pacífica y la petición para reparar agravios.  Que mayor agravio que el que se niegue a estas alturas de proveer pruebas masivas para saber la estadística real del contagio.  ¿Cuál mayor crimen que el tratar de robarse millones de dólares de pruebas para la ciudadanía, a compañías sin expertise en ese campo?  Esos son los arrestos que queremos se realicen ya, los de las y los responsables de jugar con la salud de nuestro pueblo, NO, la de la gente que lucha por condiciones de vida digna” indicó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).

Finalmente, el grupo hizo un llamado a la Policía exhortando a limitar su labor a lo que constitucionalmente está establecido, haciéndolos responsables de cualquier incidente en que pretendan imponer su errada interpretación de la Orden Ejecutiva y violentar el derecho del pueblo a expresarse.

Enviado directamente a OVE

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Venezuela: La Zona Educativa está ciega, sorda y muda expresan docentes en el estado Lara

América del Sur/ Venezuela/ 10.12.2019/ Fuente: www.elimpulso.com.

Los docentes del estado Lara, agrupados en diferentes organizaciones sindicales se concentraron la mañana de este jueves frente a la Zona Educativa de Barquisimeto, en señal de protesta porque no han obtenido ninguna actuación positiva de parte de ese organismo, pese a las reiteradas huelgas que han protagonizado este año. Aseguran que la Zona Educativa está ciega, sorda y muda.

El Presidente del Colegio de Profesores del estado LaraLuis Arroyo, criticó que Nixon Arrieche, encargado de la Zona Educativa en Barquisimeto, autorice la suspensión y traslado de profesores hacia otras instituciones, sin el permiso de éstos, por cuanto supone una violación a sus derechos.

“Que cumpla (la Zona Educativa) el acuerdo realizado en la Defensoría del Pueblo donde manifestaron que ellos habían suspendido y trasladado a algunos educadores porque eso era transitorio y luego harían los correctivos, pero eso es violatorio de todas las leyes venezolanas”, apuntó Arroyo.

El profesional de la educación manifestó su solidaridad con docentes de los Estados Portuguesa y Trujillo, a quienes han despedido por haber participado en actividades de protesta. Por otra parte denunció que a los maestros jubilados les están solicitando fe de vida para poder pagarles, no obstante asegura que en la cláusula número siete de la convención colectiva única y unitaria establece el cruce de data con la del Consejo Nacional Electoral para la actualización de datos de los jubilados.

120 casos de persecución a docentes en Lara

La Secretaria General de Sumalara, profesora Carmen Montes, indicó que hasta la fecha llevan un registro de 120 profesores que han sido víctima de persecuciones y despidos injustificados en el Estado Lara, por diversas razones, entre ellas el haber participado en jornadas de protesta.

Peregrinación y Hora Cero

Por último anunciaron que para el próximo 12 de diciembre llevarán a cabo una peregrinación desde la Avenida Lara con Leones hasta el pueblo de Santa Rosa, con el fin de pedirle a la Divina Pastora que les de fuerzas y fe para seguir luchando por los intereses de los trabajadores docentes; además de que ilumine la mente de los gobernantes para que cumplan con el contrato colectivo y reivindiquen los salarios de los profesionales de la educación.

 Luis Arroyo precisó que desde el día del maestro, el próximo 15 de enero prevén iniciar la Hora Cero de los docentes, debido a que no han sido escuchados por ningún organismo de la educación regional ni nacional. “Vamos a una huelga indefinida”, sentenció.

Fuente de la noticia: https://www.elimpulso.com/2019/12/06/video-docentes-de-lara-la-zona-educativa-esta-ciega-sorda-y-muda/
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Bolivia: con acuerdos parlamentarios y sindicales inicia la “pacificación” al servicio del régimen golpista

América del sur/Bolivia/27 Noviembre 2019/La izquierda diario

Pese a tener los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde consumado el golpe cívico y policial con el aval de las FF.AA., y el consiguiente exilio de Evo Morales y Álvaro García Linera, la bancada del MAS se encargó de dar un barniz de legalidad al golpe que ellos mismos denunciaron. Luego de dos días de negociación ayer el gobierno golpista de Áñez firmó convenio de “pacificación” con los movimientos sociales y las principales organizaciones sindicales del país.

Jeanine Áñez promulgó la ley de convocatoria a elecciones llamada de “régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales”. Nominó a Salvador Romero como delegado del Órgano Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y concluyó las tres mesas de negociación con las organizaciones sociales y sindicales, centralmente de la COB, el Pacto de Unidad, y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y las 20 provincias de La Paz.

Entre los acuerdos suscritos esta la desmilitarización del territorio y el regreso de los militares a los cuarteles, la liberación de todos los detenidos, y el cumplimiento de las normativas y garantías constitucionales y legales al ejercicio de la representación sindical.

Los parlamentarios del MAS usaron la movilización para negociar

Desde la autoproclamación de Áñez como presidente del llamado “gobierno de transición” se han desarrollado y fueron extendiéndose masivas movilizaciones contra el golpe. Inició como un rechazo a la quema de la Wiphala y rápidamente se convirtió en una lucha contra el golpe y por la renuncia de Áñez. Mientras la lucha y la resistencia popular se extendían, Áñez de la mano de las FF.AA y la Policía inició una brutal represión. Represión que cobró más de treinta vidas, confirmadas, hasta el momento junto a denuncias de desaparecidos, cientos de heridos por la represión y casi un millar de detenidos. Esto mientras se desarrolla no solo un revanchismo contra ex funcionarios, dirigentes y otros miembros del MAS, sino también contra cualquiera que exprese críticas y repudios a la violencia ejercida por los que hoy se jactan de “haber recuperado la democracia”, levantando listas y nombres de instituciones estatales, sindicatos y organizaciones sociales para una eventual persecución política.

Este es uno de los listados que circulan. En este caso se trata del listado elaborado por la Federación del Magisterio de La Paz, dirigido por URMA-POR (Unión Revolucionaria del Magisterio del Partido Obrero Revolucionario)

Toda la resistencia que se fue desarrollando luego de coronado el golpe con el nombramiento del llamado “gobierno de transición” a la cabeza de Áñez, al MAS le sirvió como moneda de cambio para negociar “en mejores condiciones” con los golpistas. Tal es así, que mientras en las movilizaciones, vecinos alteños, campesinos y comunarios de las 20 provincias, así como en Sacaba (Cochabamba) o Yapacaní (Santa Cruz) entre otros puntos del país, reclamaban la renuncia de Áñez, los asambleístas del MAS hoy a la cabeza de Eva Copa, terminaron no solo reconociendo al “gobierno de transición” golpista y brindándole de esta manera un manto de legalidad bajo la figura de “sucesión constitucional” a cambio de que la sigla pueda participar en los próximos comicios convocados para dentro de 120 días. Sin embargo el proyecto de ley para garantizar inmunidad a ex mandatarios y evitar la persecución política fue rechazado anticipadamente por Áñez quien afirmó que no promulgaría una ley que calificó de “ley de impunidad”. Entre tanto la cacería y detenciones de prominentes funcionarios del ex gobierno se realiza sin pausa, condicionando de esta manera la representación del MAS en las próximas elecciones ya que sus más reconocidos representantes afrontan la clandestinidad o juicios que impedirían su postulación.

La COB levanta bloqueos que nunca convocó ni apoyó

Ayer se terminaron de firmar los acuerdos entre el gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad que aglutina a instancias de organización sindical y campesina como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Csciob) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (Cnmciob-SB). Se establecieron 8 puntos entre los que destacan la convocatoria inmediata a elecciones, punto que ya estaba aprobado en el parlamento, la no privatización de empresas, la continuidad de los proyectos de desarrollo en marcha, la liberación de los detenidos, así como el respeto al ejercicio a los derechos al fuero sindical y a la no persecución política, cuestión que el gobierno aclaró que en este acuerdo no se protegerá a quienes hayan cometido delitos. Esta última aclaración realizada desde los representantes del gobierno sin embargo deja abierta la puerta a mecanismos de persecución judicial como ya lo viene haciendo el gobierno con varios de los funcionarios del MAS o del Órgano Electoral que ya se encuentran detenidos con fines “investigativos”.

Es evidente que los acuerdos tienen un mero carácter formal, ya que incluso el referido a la continuidad de los proyectos en marcha empieza a ser cuestionado por economistas e intelectuales al servicio del nuevo régimen, que afirman que la economía ya mostraba síntomas de desaceleración y que por lo tanto hay que terminar con gastos “superfluos”, reducir al mínimo la estructura del Estado lo que implica despidos, y aumentar los mecanismos para la exportación, que en concreto se traducen en empezar a evaluar posibles medidas devaluatorias de la moneda terminado con el cambio fijo establecido hace varios años atrás.

La FEJUVE también llega acuerdos con el ministerio de la presidencia

Las otras dos reuniones de negociación, una entre la Fejuve de El Alto y las 20 provincias con el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aprobó un pliego de demandas donde el único punto no acordado sería la destitución de Murillo. Se acordó un plazo de 48 horas para la liberación de todos los detenidos, el resarcimiento de daños y la atención integral para todos los heridos en la represión, y la indemnización a los familiares de las victimas fallecidas por la represión, así como el repliegue de las FF.AA a sus cuarteles. Pese a la instructiva de desmovilizar en algunos distritos y particularmente en la zona de puente Vela se registraron intentos de bloqueo de la ruta desconociendo los acuerdos de la FEJUVE, los cuales sin embargo fueron rápidamente despejados.

La traición por parte de los parlamentarios del MAS, así como los burócratas sindicales que levantan medidas que jamás convocaron ni alentaron, contribuye a asentar y estabilizar al gobierno golpista de Áñez en una transición, que ya adelanta prorrogarse por varios meses más hasta la culminación del calendario electoral. Esta estabilización del gobierno y su legalización manteniendo un barniz democrático, sin embargo se realiza luego de las salvajes matanzas producidas fundamentalmente en Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto, manteniendo la impunidad de los militares y policías involucrados gracias al DS 4078, y manteniendo los mecanismos de persecución judicial contra diversos opositores buscando disminuir las posibilidades del MAS de ganar en los próximos comicios.

La defensa de los derechos y libertades democráticas para enfrentar el nuevo régimen golpista

Ante esta situación, desde la Liga Obrera Revolucionaria LOR-CI, que hemos venido denunciando el golpe y la represión consideramos urgente en estos momentos organizar a los trabajadores, la juventud alteña y a todos aquellos dispuestos a defender los derechos democráticos conquistados ante los intentos del gobierno de Áñez de avanzar sobre los mismos. La necesidad de recuperar la COB y las demás organizaciones sindicales expulsando a estas burocracias sindicales masistas pero que no tuvieron inconveniente en hacerse golpistas y colaborar con el nuevo régimen mientras decenas eran masacrados por las FF.AA, se convierte en una tarea central para las y los trabajadores junto con los vecinos alteños, los campesinos y comunarios de las provincias y de otras zonas del país que sienten que con sus muertos no se puede negociar.

La lucha por recuperar las organizaciones sindicales expulsando a estos burócratas golpistas, solo puede venir desde abajo impulsando la autoorganización de las y los trabajadores del campo y la ciudad, recuperando la democracia sindical y con el objetivo de impulsar la mayor unidad obrera campesina y popular para enfrentar el nuevo régimen golpista.

El escenario abierto nos muestra una Bolivia que difícilmente tendrá un retorno a la “paz social” de antes de los comicios del 20 de octubre (hoy anulados). Se ha instalado una profunda grieta política y social pero que ha permitido desnudar para muchos el carácter brutal de los aparatos represores del Estado y el mismo significado de la democracia que queda reducida a enjuagues legales e institucionales con la ayuda del MAS.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Bolivia-con-acuerdos-parlamentarios-y-sindicales-inicia-la-pacificacion-al-servicio-del-regimen

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Consejo indígena del Cauca se suma a paro nacional en Colombia

Por: Telesur 

Usuarios de redes sociales denunciaron que están bloqueando contenido relacionado con el paro del próximo 21 de noviembre o noticias que no favorecen al Gobierno.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Colombia comunicó que se sumará al paro nacional de este 21 de noviembre convocado por organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales, mientras el Gobierno de Bogotá prepara medidas para restringir el movimiento territorial.

«Nos movilizamos por la defensa de la vida. En los caminos del fortalecimiento de la unidad, el territorio y el gobierno propio, frente a la emergencia territorial y humanitaria que hoy siguen padeciendo nuestros territorios por el genocidio sistemático», subrayó el CRIC.

El consejo detalló que del año 2016 al 2019, se reportaron en el Cauca, uno de los departamentos más violentos del país, 126 homicidios, 264 amenazas individuales y 80 colectivas, 32 atentados, siete masacres; siete casos de reclutamiento de menores y otras afectaciones.

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Con un 69 por ciento de desaprobación, según la última encuesta Gallup, el presidente colombiano Iván Duque enfrentará mañana 0jueves un paro nacional que pondrá a prueba su liderazgo y gestión a un año y medio desde que asumió en la Casa de Nariño.

Por otra parte, varios usuarios de redes sociales denunciaron que están bloqueando contenido relacionado con el paro del próximo 21 de noviembre o noticias que no favorecen al Gobierno. Noticias del paro son bloqueadas en Facebook.

En redes sociales varias personas están denunciando que noticias relacionadas con el Gobierno les aparecen como spam. Al parecer, hechos noticiosos que no son «fake news» están siendo denunciados.

Entre las noticias que aparecen bloqueadas en Facebook hay algunas de Noticias Caracol y Publímetro.

 

Colombia cerrará a partir de la medianoche de este martes y hasta la madrugada del viernes sus pasos fronterizos para evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público el jueves, día de la jornada nacional de protesta en contra de las políticas del Gobierno.

«El Gobierno nacional, con el ánimo de garantizar la tranquilidad de las marchas del próximo jueves 21 de noviembre ha tomado la decisión de cerrar las fronteras (terrestres) y fluviales», dijo el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.

El cierre de los 12 pasos limítrofes se aplica para las fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, que serán reabiertas «el 22 noviembre a las cinco de la mañana (10H00 GMT)», explicó el funcionario.

También, el Gobierno expidió el decreto por medio del cual se dictan medidas de seguridad para el paro nacional convocado por varios sectores para este 21 de noviembre, como la restricción del porte de armas y la facultad de los alcaldes y gobernadores de declarar toque de queda.

El Gobierno aseguró que busca “promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con las autoridades de Policía y la Fuerza Pública para preservar el orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito”.

El presidente Iván Duque aseguró que el Gobierno tiene todos los protocolos listos para mantener el orden y la seguridad durante la jornada, que se realizará este jueves en todo el país.

*Fuente: https://www.telesurtv.net/news/colombia-consejo-indigena-suma-paro-nacional-20191120-0018.html

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