La segregación escolar ha aumentado prácticamente en todas las ciudades europeas durante los últimos años, y en algunos casos de manera acelerada. La interacción de varios factores ha generado unas dinámicas de escolarización que han favorecido la concentración de grupos socialmente homogéneos –tanto en las fracciones sociales altas como bajas de la estructura social- en los centros escolares.
Entre las causas de este incremento se debe señalar evidentemente el aumento de la segregación residencial, que con la crisis económica ha crecido notablemente. Igual o incluso más importante, sin embargo, son los factores que tienen que ver con los sistemas de provisión y con los modelos de política educativa de los diferentes países. Un informe reciente de la OCDE destaca, por ejemplo, que aquellos sistemas que basan menos la asignación de centro escolar en criterios residenciales son los que presentan índices de segregación socioeconómica y académica más elevados, o que los sistemas que favorecen la competencia entre centros para la atracción de estudiantes son también los que presentan los niveles más altos de segregación escolar.
Responsabilidades políticas
Junto a los factores urbanos y de modelos de provisión educativa, hay que observar también qué instrumentos activan los diferentes gobiernos nacionales, regionales o locales a la hora de combatir la segregación escolar. Las medidas aquí también son diversas. Mientras que desde los años sesenta EE.UU. puso en marcha políticas de busing para asegurar el equilibrio en la escolarización entre distritos con composición social y étnica muy desigual, en las sociedades europeas los intentos de conseguir una escolarización más equilibrada sobre todo se han perseguido a través de la política educativa.
Por una parte, hay sistemas en los que se prioriza la asignación de centro escolar por proximidad –Francia, Noruega- mientras que otros permiten niveles más elevados de elección escolar a las familias –Inglaterra, España, Italia, Holanda–. Por otra parte, hay sistemas que buscan sobre todo igualar las condiciones de provisión de la oferta educativa para reducir el efecto potencialmente segregador de la elección –Finlandia-, los hay que otorgan mucha autonomía a los centros escolares y al mismo tiempo intentan incentivarlos con recursos suplementarios para atraer estudiantes socialmente desfavorecidos –Inglaterra-, y los hay que no hacen nada de lo dicho –Bélgica, Holanda.
Otro gran capítulo de diferenciación entre políticas educativas se observa en el carácter más o menos integrador de los itinerarios escolares dentro de los sistemas. Mientras que los sistemas de tronco curricular común pueden asegurar niveles más elevados de mezcla social y académica en las escuelas –España, Finlandia, Francia-, los sistemas que practican el tracking desde edades tempranas generan una elevada segregación académica y social (Bélgica, Holanda, Alemania, Austria).
Finalmente, no debe olvidarse que los propios centros escolares juegan un papel importante en los procesos de segregación escolar. La discriminación activa, la pasividad, la búsqueda de exclusividad o la indiferencia son actitudes que, en uno u otro, pueden facilitar o dificultar las dinámicas de segregación. La determinación con la que los poderes públicos actúan evitando la selección adversa también es un elemento que diferencia los sistemas educativos y que puede conducir a niveles más o menos elevados de segregación escolar por la vía de la selección del alumnado.
El aumento o estancamiento de la segregación escolar en la mayoría de países europeos de los últimos años evidencia, en todo caso, que las políticas desplegadas por los gobiernos han sido tímidas o ineficientes. Hemos asistido sobre todo a medidas que han reforzado la capacidad de elección de centro por parte de las familias y que han tendido a reforzar la polarización social y académica.
La situación de Catalunya
En Catalunya la situación no es particularmente exitosa. Dos informes del Síndic de Greuges sobre la situación de la segregación escolar en Catalunya publicados en 2008 y 2016 nos muestran una situación preocupante con respecto a las desigualdades en la escolarización del alumnado extranjero. Estos informes evidencian que, en el marco normativo actual, los márgenes de actuación política que pueden desplegarse para reducir la segregación escolar no son pocos y sí ampliamente desperdiciados. La pasividad del Departament d’Ensenyament en este ámbito ha sido evidente, lo demuestra el hecho que de las medidas que propone el último informe del Síndic prácticamente un 80% son políticas de competencia autonómica (y no local).
La reproducción de la segregación escolar se ha producido más por omisión que por acción. La ausencia de sistemas adecuados de detección del alumnado con necesidades específicas de escolarización, la falta de medidas que obliguen a los centros a aumentar las plazas reservadas para este alumnado, una planificación educativa más basada en el seguimiento de la demanda que en la satisfacción de necesidades educativas, decisiones sobre las ratios escolares que han sido sobre todo respuestas a presiones de familias, la falta de control sobre algunas cuotas abusivas de algunos centros concertados o la ausencia de control del fraude en el proceso de preinscripción escolar, son algunas de las omisiones más chaladas de la política educativa autonómica.
Al lado de esta notable inacción, hemos observado cómo algunos municipios han tenido la valentía política de enfrentar el problema y desplegar medidas –no siempre populares- con el fin de reducir la desigualdad educativa. Curiosamente, en los casos de más determinación municipal al desplegar políticas de desagregación, normalmente los ayuntamientos han tenido al Departament como aliado y la corresponsabilidad ha facilitado la adopción de medidas: nuevas zonificaciones escolares, cambios en la reserva de plazas, criterios de distribución de la matrícula viva, etc.
El nuevo Pacte contra la segregació escolar impulsado desde el Síndic de Greuges y apoyado por la mayoría de actores de la comunidad educativa y por los poderes públicos es una oportunidad para corregir lo que no se ha hecho durante años. Para que el Pacte tenga éxito sin duda es necesario aumentar el termómetro de valentía política de las administraciones. Evidentemente, hay que lograr el máximo consenso entre los diferentes actores de la comunidad educativa, pero hace falta también que la hoja de ruta distinga entre derechos y privilegios y poner el principio de interés público por encima de todo. La igualdad de oportunidades educativas se convierte en una falacia si no va acompañada de la igualdad en las condiciones de escolarización y aprendizaje, y la segregación escolar es un lastre generador de injusticia educativa. Hay margen pues, pero hay que activarlo de manera decidida. Y eso sí que no puede esperar.
No derivar matrícula viva en los centros de alta complejidad; dotar a estos centros de los mejores profesores, programas e instalaciones; asegurar la gratuidad de la escuela, también en la concertada; nuevos métodos para la admisión del alumnado; compartir buenas prácticas … estas son algunas de las 189 medidas que contempla el Pacto contra la Segregación Escolar, que hoy se firma el Parlamento.
Esta mañana el Parlamento de Cataluña vive la firma del Pacto contra la Segregación Escolar, con el que hace dos años que trabaja el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), institución que desde 2008 ha elaborado tres informes sobre una cuestión que sitúa como el principal problema del sistema educativo catalán. Entre las medidas más destacadas que incorpora el Pacto existe el compromiso por parte de la administración educativa de no derivar la matrícula viva hacia los centros de alta o máxima complejidad, la lucha contra el fraude (familias que cambian el empadronamiento de los niños para poder optar a escuelas que no les tocan por zona), la gratuidad real de las plazas escolares en todo el sistema (con especial atención a las cuotas voluntarias que cobra la concertada y algunas públicas), nuevas formas para programar la oferta de plazas y la gestión del proceso de admisión del alumnado, e intentar que los centros más desfavorecidos tengan el mejor profesorado, unas instalaciones en condiciones y una oferta educativa especialmente atractiva.
Después de meses y meses de reuniones, conversaciones y negociaciones, el Pacto incorpora treinta actuaciones y 189 medidas concretas que han sido acordadas por las entidades firmantes, que son el Departamento de Educación, el Síndic de Greuges, casi todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes (empezando por el de Barcelona), la Asociación Catalana de Municipios, la Federación de Municipios de Cataluña, y las patronales de la escuela concertada (Agrupación Escolar Catalana, Asociación de Profesionales de Servicios Educativos de Cataluña, Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña, Federación Catalana de Centros de Enseñanza y Fundación Escuela Cristiana de Cataluña). El pacto se debe implementar a lo largo de cuatro años. Una parte de las medidas requieren un incremento sustancial del presupuesto en educación (se parte de la necesidad de incrementarlo al 6% del PIB, como dice la Ley de Educación de Cataluña), por lo que serán las que tardarán más en ponerse en marcha. Las primeras son aquellas que no necesitan recursos adicionales.
Además de los firmantes del pacto, hay una serie de entidades de la comunidad educativa que han sido invitadas a adherirse, y que pasan a formar parte de su comisión de seguimiento, coordinada por el Síndic y que está previsto que se reúna cada seis meses. Entre estas, la Asociación de Directivos de la Educación Pública en Cataluña (AXIA), la Asociación de Inspectores de Educación, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, el Colegio de Pedagogos, Rosa Sensat, la FMRPC, los sindicatos CCOO, UGT y USOC, las entidades de familias CCAPAC, FAPAES, FAPEL y el Colectivo de Escuelas contra la Segregación (un grupo de AMPA de FAPAC de centros de alta complejidad), la Plataforma de infancia de Cataluña (PINCAT), la Mesa por la infancia y la Adolescencia, entre otros, así como los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya, ERC, Socialistas y Catalunya en Comú.
Los que no firman: USTEC, FAPAC, CUP, CS y PP
Entre las entidades de la comunidad educativa que se han desmarcado del pacto, las más destacadas son el sindicato con más representatividad entre los docentes (USTEC) y la federación de familias más numerosa (FAPAC). En ambos casos se niegan a avalar un pacto que no proponga la supresión de los conciertos y que, por el contrario, algunas medidas vayan en la dirección de fortalecerlos (el Pacto prevé más dotación económica para aquellas concertadas que acojan más alumnado socialmente desfavorecido). Desde el Síndic afirman que el pacto sólo puede partir del ordenamiento jurídico vigente, y que las medidas que suscitan la crítica de estas entidades lo que intentan es que los centros con menor corresponsabilidad en la lucha contra la segregación den un paso hacia una mayor corresponsabilidad.
Aparte, tampoco los grupos parlamentarios de la CUP, Ciutadans y el PP han querido sumar al Pacto y, por tanto, como USTEC y FAPAC, no formarán parte de su comisión de seguimiento. En el caso de la CUP, ha justificado su rechazo porque entiende que el Pacto legitima la doble red educativa público-privada e, incluso, supone un “rescate encubierto” de la escuela concertada. Y los 121 municipios que hay en Cataluña con más de 10.000 habitantes sólo ha habido dos que también han rechazado firmar el Pacto: Esplugues de Llobregat y Mont-Roig del Camp.
Las 30 actuaciones
Estas son las 30 actuaciones que contiene el Pacto y que las entidades firmantes desarrollarán en los próximos cuatro años, con una síntesis de las medidas incluidas en cada uno de los apartados.
Actuación 1 – Nuevo decreto de admisión de alumnado.
Aparte de las dos medidas que se han tomado en el decreto de este año (anulación de los puntos por los alumnos con enfermedad digestiva crónica y por hermanos exalumnos) se prevé que en el decreto del curso próximo se tomarán muchas más que vayan encaminadas, sobre todo, a hacer cumplir la reserva de dos plazas para alumnos con necesidades educativas por cada grupo clase (algunos centros no las llenan, otros tienen muchos más); introducir exigencias de transparencia (como obligar a publicar las cuotas que aplican centros públicos y concertados); introducir medidas para combatir el fraude (como obligar a los niños con un empadronamiento reciente a aportar más pruebas para acreditar el criterio de proximidad al centro); así como activar las oficinas electrónicas de preinscripción, o reactivar y dar más poder a las comisiones de garantías de admisión, oficinas municipales de escolarización (OME) y mesas mixtas de planificación, todo ello con el fin de garantizar una “escolarización equilibrada del alumnado”.
Actuación 2 – Comisiones de estudio de buenas prácticas para combatir la segregación en diferentes ámbitos
En este punto el Pacto prevé la creación de comisiones de estudio que analicen diversos aspectos relacionados con la segregación. De estas comisiones, las dos más inmediatas serían la que se crearía para estudiar buenas prácticas en regímenes de admisión de alumnado (municipios o territorios que han logrado una distribución equitativa del alumnado socialmente desfavorecido), y otra para analizar medidas efectivas de lucha contra la segregación escolar en municipios o barrios con una fuerte segregación residencial. También se proponen comisiones de estudio sobre la segregación en el ocio, segregación de alumnado con necesidades educativas de apoyo especial, o segregación relacionada con los proyectos educativos de centro. En la primera de las comisiones una de las cosas que se analizarán es si sería viable o efectivo que en los criterios de admisión se introduzcan cuotas o reserva de plazas según la renta o el nivel de formación de los progenitores de los alumnos.
Actuación 3 – Orientaciones en la programación escolar: oferta, adscripciones, zonificación, y ampliaciones y reducciones de ratio, de grupos y de centros.
En este punto el Pacto pretende la implicación, alineamiento y coordinación de todos los actores que actúan en el territorio (centros, inspección, servicios municipales, etc.) con respecto a la planificación de la oferta. Se trata de revisar el modelo de zonificación escolar para los centros públicos que aplica cada territorio, asegurar que la zonificación sirve para combatir la segregación (y no para dejar contentas las familias de clase media) y, si se considera, ensayar modelos que han dado buenos resultados en otros territorios. El Pacto se compromete a evitar las situaciones de sobreoferta o el favorecimiento de movimientos en la demanda, y propone también evitar las ampliaciones de ratio o, al revés, aplicar reducciones de ratio en la oferta inicial para no caer en sobreoferta de plazas. También se propone valorar la integración de centros públicos con segregación con otras con una composición social más favorecida, o incluso cerrar o refundar centros públicos guetizados.
Actuación 4 – Criterios en la gestión de las solicitudes
En este caso son orientaciones de buenas prácticas dirigidos a las OME y las comisiones de garantías de admisión, como por ejemplo: sólo usar ampliaciones de ratio para fomentar la escolarización equilibrada del alumnado; no hacer derivaciones de centros en el caso de alumnos con dificultades de escolarización en un centro con elevada concentración de problemáticas sociales aunque haya vacantes, y en general evitar la movilidad de alumnado entre centros ordinarios para déficits de rendimiento escolar; no derivar matrícula viva a centros de alta / máxima complejidad; promover que las familias con niños a guarderías conozcan (sin los prejuicios que corren por radio macuto) los centros de infantil y primaria con déficit de demanda; o intentar evitar la tendencia a escolarizar en centros de educación especial, en una proporción más elevada que la habitual, al alumnado con necesidades educativas especiales y socialmente desfavorecido (es decir, los alumnos con discapacidad de origen extranjero).
Actuación 5 – Protocolo de actuación ante indicios de irregularidad en el proceso de admisión de alumnado
El pacto incluye la necesidad de que ayuntamientos y Departamento implementen medidas para prevenir y detectar el fraude con los puntos por proximidad del proceso de preinscripciones escolares. Por ejemplo, ser mucho más diligente ante cualquier denuncia o activar alertas sobre los alumnos que cambian de empadronamiento cuando se ha terminado el proceso.
Actuación 6 – Diseño del modelo de intervención de los dispositivos para el fomento de la escolarización equilibrada de alumnado en el territorio
Este punto se refiere a la creación jurídica y definición de las funciones de los dispositivos que deben promover la escolarización equilibrada, como los omitidos, mesas mixtas de planificación o comisiones de garantías de admisión, así como garantizar su financiación suficiente.
Actuación 7 – Orientaciones y planes de zona para la escolarización equilibrada del alumnado gitano
Entre las medidas previstas está la creación de una comisión de estudio de esta problemática específica y la creación de planes de zona para fomentar la escolarización equilibrada del alumnado gitano, así como incrementar el apoyo a aquellos centros con una elevada concentración de este alumnado para dar una respuesta especializada a sus necesidades educativas.
Actuación 8 – Protocolo para el uso de la reserva de plazas con necesidades educativas específicas
Entre las medidas previstas está la ampliación de supuestos para que un alumno tenga la consideración de NEE, la definición de procedimientos para la detección activa de estas necesidades de apoyo educativo antes y después del proceso de preinscripciones, y garantizar la dotación suficiente de profesionales de EAP y servicios sociales, así como su coordinación con las OME o las otras instancias implicadas en los procesos de admisión (muy a menudo lo que ocurre es que quien acaba detectando el alumno con NEE es el maestro, cuando este alumno ya está en el centro sin ocupar plaza de NEE).
Actuación 9 – Implementación del protocolo a escala local para el uso de la reserva de plazas con necesidades educativas específicas
Este protocolo lo han de promover el Departamento y las entidades municipalistas a partir de enero de 2020.
Actuación 10 – Acuerdos o pactos locales entre centros dentro de una misma zona o municipio para la escolarización equilibrada del alumnado
Acuerdos de este estilo ya funcionan en algunos municipios catalanes. El Pacto prevé que el Departamento y los ayuntamientos vayan saliendo adelante más acuerdos entre centros de un mismo municipio.
Actuación 11 – Campañas de sensibilización
Se prevé la realización de estas campañas dirigidas a las familias para reforzar la percepción de calidad de los centros que tienen una demanda más débil.
Actuación 12 – Incorporación de buenas prácticas en las instrucciones de inicio de curso del Departamento de Educación a los centros públicos y concertados
Entre las buenas prácticas que prevé el Pacto se habla de velar porque en la información que los centros transmiten (puertas abiertas, redes sociales, dípticos informativos) se dé una imagen positiva de todos los centros que forman parte del Servicio de Educación de Cataluña y no estén orientadas a atraer a un determinado perfil social de familias. Otra buena práctica que deben incluir las instrucciones de inicio del curso es que los centros públicos y concertados informen sobre el régimen legal de cuotas, especialmente de su carácter voluntario, los posibles conceptos afectados por el cobro de cuotas, y de la imposibilidad de cobrar cuotas para recibir actividades lectivas (como la sexta hora en la concertada).
Actuación 13 – Regulación de la difusión de los resultados del centro
El pacto prevé la aprobación de un decreto que desarrolle el artículo 184.1.c de la LEC sobre el uso reservado de la información sobre la evaluación general del sistema. Este decreto debe prohibir explícitamente la difusión de los resultados del centro en las pruebas de evaluación externas así como determinar quién puede y quién no puede tener acceso a esta información.
Actuación 14 – Elaboración y difusión de un sistema de indicadores sobre equidad
El pacto prevé la elaboración y publicación de un sistema de indicadores sobre equidad en el sistema educativo que se actualice periódicamente. Este sistema de indicadores debe estar totalmente definido en junio de 2020. Al final del pacto hay una propuesta de los indicadores, cuantitativos y cualitativos, que serán fundamentales para la tarea que tiene que hacer la comisión de seguimiento.
Actuación 15 – Comisión de estudio del coste de la plaza escolar
Actuación 16 – Adecuación de la financiación pública de los centros públicos y garantías de gratuidad de la enseñanza y de corresponsabilidad en la escolarización equilibrada del alumnado.
Actuación 17 – Adecuación de la financiación pública de los centros concertados con garantías de gratuidad de la enseñanza y de corresponsabilidad en la escolarización equilibrada de alumnado: conciertos, contratos programas y ayudas
El Pacto quiere “avanzar hacia la gratuidad real” y evitar que las familias sigan compensando la infrafinanciación del sistema. Estas actuaciones, pues, incluyen medidas que van dirigidas a asegurar esta gratuidad de la plaza escolar y que los centros (sobre todo por los concertados, pero también por algunos públicos) no introduzcan pagos por actividades o servicios complementarios (como sería el transporte escolar o las colonias) que fuerzan a un determinado tipo de familia a renunciar de entrada a escolarizar a su hijo en ese centro. O que ningún alumno con dificultad de sufragar el coste de una actividad complementaria quede excluido. Por ello insta a la convocatoria de ayudas, que ya están previstos por la LEC.
Actuación 18 – Supervisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Servicio de Educación de Cataluña
En este caso se trata de garantizar que se cumple este principio de gratuidad y de adoptar las medidas disciplinarias oportunas en caso de incumplimiento. En definitiva, el compromiso de aplicar un régimen sancionador que ya existe y que no siempre se aplica.
Actuación 19 – Incorporación de directrices sobre el pago de cuotas en las instrucciones de inicio de curso del Departamento de Educación a los centros públicos
Actuación 20 – Incorporación de directrices sobre el pago de cuotas en las instrucciones de inicio de curso del Departamento de Educación a los centros concertados
Las instrucciones de inicio de curso deben dejar claro que las familias deben estar informadas de que sus aportaciones son voluntarias, o que no se autoriza la financiación de ninguna actividad lectiva por parte de familias ni asociaciones de familias, que el centro está obligado a informar a la inspección de aquellos alumnos que no participan en las actividades complementarias y el porqué, etc. En el caso de los concertados se añaden otros aspectos como no autorizar cuotas para actividades complementarias cuando sean superiores a su coste real, o establecer criterios para autorizar las cuantías máximas que los centros pueden percibir de las familias.
Actuación 21 – Convocatoria de ayudas para libros de texto, material escolar y salidas (centros públicos y concertados)
Actuación 22 – Convocatoria de ayudas para las salidas y colonias escolares y las actividades extraescolares
Ambos puntos inciden en la creación de líneas de subvenciones y ayudas para asegurar la no exclusión por razones económicas con respecto a la compra de libros de texto y material escolar, y en las salidas y colonias escolares, e incluso que se creen becas para las actividades extraescolares. Una realidad que todo el mundo conoce es que los niños de los centros situados en entornos desfavorecidos hacen muchas menos salidas y colonias que el resto del alumnado, por lo que el Pacto trata de buscar mecanismos para evitar esta desigualdad. A la vez, tanto estos futuros ayudas, como los de la actuación 17, quieren reconocer también aquellos centros concertados que están haciendo un mayor esfuerzo de corresponsabilidad, que mediante estas convocatorias verían incrementadas las aportaciones públicas a su financiación.
Actuación 23 – Garantías de igualdad en el acceso al servicio de comedor escolar (centros públicos y concertados)
Entre otras, se contemplan medidas como garantizar que los centros no incumplan el precio máximo del servicio de comedor, que el alumnado en centros concertados con el 100% de beca no paguen efectivamente nada, o promover que los institutos de secundaria que no hacen clase por la tarde ofrezcan de todos modos el servicio de comedor escolar.
Actuación 24 – Definición de proyectos educativos comprometidos con la equidad del sistema educativo
El Pacto propone promover que los proyectos educativos de centro y los proyectos de dirección de centros públicos incorporen la equidad y la lucha contra la segregación escolar como aspecto sustancial, y que por tanto se comprometan con la inclusión de la realidad social de su entorno . Esto va para todos, pero muy especialmente para aquellos centros públicos socialmente favorecidos que se encuentran en zonas con segregación escolar.
Actuación 25 – Consolidación de los itinerarios de primaria a secundaria en el sector público
El Pacto considera positivo el sistema de adscripciones de escuelas de primaria a institutos de secundaria, como mecanismo para conseguir que allí donde no hay segregación en la primaria tampoco aparezca en la secundaria. Por ello propone consolidar estos itinerarios, fomentando el trabajo compartido entre escuelas e institutos, estudiando el impacto de las secciones de instituto dentro escuelas de primaria y de los institutos-escuela, y también analizar un fenómeno que ya hace tiempo que se conoce: el hecho de que en el paso de la primaria a la secundaria hay una parte del alumnado que pasa de la pública a la concertada.
Actuación 26 – Desarrollo de los proyectos educativos de los centros con una composición social desfavorecida
En este punto se hablan de medidas para ayudar a los centros segregados a fortalecer sus proyectos educativos en los ámbitos del aprendizaje de lenguas extranjeras, tecnología, ciencias, artes o educación en valores, así como implementar programas de desegregación (como serían los proyectos Magnet) o promover con los ayuntamientos actuaciones relacionadas con las actividades extraescolares o de acogida de mañana y tarde de los centros públicos.
Actuación 27 – Dirección y dotación de plantillas en los centros con una composición social desfavorecida
El Pacto también intenta promover que los mejores profesores estén en los centros con más complejidad, a través de mecanismos de incentivos. Estos centros deben tener un incremento en la dotación de plantillas y se debe velar especialmente para que los equipos directivos estén bien formados y hayan claustros cohesionados, y formados por profesores que han elegido voluntariamente este destino. Lo que suele ocurrir en estos centros es que las plantillas son poco estables.
Actuación 28 – Construcción y reforma de los centros públicos con una composición social desfavorecida
El Pacto aboga por identificar los centros públicos segregados con carencias de infraestructuras y dar prioridad a estas inversiones.
Actuación 29 – Adecuación de los planes educativos de entorno como instrumento contra la segregación escolar
El Pacto prevé que todos los centros de alta complejidad entren en algún plan educativo de entorno, a fin de fortalecer su vinculación con el entorno, así como la dinamización de las asociaciones de familias de estos centros, que normalmente cuentan con muy poca participación.
Actuación 30 – Programa de educación intercultural
El Pacto también prevé el desarrollo de un programa de educación intercultural, a fin de promover entre el alumnado los valores de la solidaridad, diversidad, respeto e igualdad. Otra medida de este punto sería estudiar la inclusión de la competencia intercultural en el currículo escolar.
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