Page 9 of 10
1 7 8 9 10

Educación, el gran pacto pendiente

Por: Pilar Álvarez

España tiene una oportunidad única, favorecida por un Gobierno en minoría que necesita apoyos: un acuerdo político por el sistema de aprendizaje, con más de 9,5 millones de estudiantes.

Firmar un pacto educativo sería algo inédito en 40 años de democracia. El acuerdo, hasta hoy imposible, podría verse favorecido por un momento político inédito, con un gobierno en minoría que necesita recabar apoyos. 9,5 millones de estudiantes, desde la educación infantil a la universidad, se verán beneficiados. Las altas tasas de fracaso, las posiciones modestas en las clasificaciones internacionales, los recortes y el futuro incierto de las próximas generaciones lo hacen más necesario que nunca.

Hay un axioma que se replica en miles de foros sobre educación y resume la incertidumbre que reina ante el presente y el futuro de la escuela. La dijo el exsecretario de Educación de Estados Unidos, Richard Riley:“Estamos preparando a nuestros estudiantes para trabajos que aún no existen, en los que tendrán que usar tecnologías que no han sido inventadas, para resolver problemas en los que no hemos pensado todavía”.

España, campeona de Europa en alumnos que dejan el aula antes de tiempo, está saliendo de una crisis que le ha supuesto perder 7.300 millones de euros de gasto educativo en seis años (ahora se invierten 46.000 millones entre Administraciones, entidades y familias) y ha dejado a 33.000 profesores en el camino (-8%).

El nuevo gobierno encara esta etapa con un compromiso urgente encima de la mesa: cerrar en seis meses un pacto educativo inédito que «que dure para 10 o 15 años, que dé seguridad y certeza», en palabras del ministro Íñigo Méndez de Vigo,  que repite esta legislatura al frente de Educación.

Educación, el gran pacto pendiente
Más allá de si existe una opción real de cerrar un pacto entre fuerzas políticas dispares, la cuestión de fondo es hacia dónde se debe encaminar un sistema educativo en ese panorama de cambios vertiginosos al que alude Riley.

“La escuela vive una crisis institucional que afecta a sus funciones, a su relación con el entorno y a su estructura interna, a la vez que una transformación radical de su público, el alumnado, es acompañada por el anquilosamiento de su principal agente, el profesorado”, define el sociólogo de la Complutense Mariano Fernández Enguita en su libro reciente «La educación en la encrucijada», de la Fundación Santillana. Así lo catalogó en una entrevista el pensador educativo Ken Robinson -cuya charla TED ¿Matan las escuelas la creatividad? es la más vista de la historia- : “La gente piensa que es una excentricidad decir que la escuela funciona como una fábrica, pero es cierto. Se divide en compartimentos separados, a los que la gente acude durante unas horas fijas; los días se distribuyen en bloques de tiempo y los alumnos son evaluados de forma periódica para saber si son aptos para seguir ahí”.

Los informes PISA de la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE), que evalúan a alumnos de 15 años de una treintena de países, sitúan a España en una posición que muchos consideran mediocre, entre cinco y 10 puntos por debajo del promedio en las materias analizadas: Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencias. Pero existen comunidades autónomas que superan esa media y se acercan a la modélica Finlandia, como le pasa a Navarra en Matemáticas.

En su último gran informe educativo, la OCDE situaba el gasto educativo español por debajo de la media de los 35 países que la integran en todas las etapas. Y advertía a España: “Una educación de alta calidad necesita una financiación sostenible”.

Pero la estadística que peor deja al país es la referida al abandono educativo temprano, los jóvenes que dejan los estudios con, como máximo, el título de la ESO bajo el brazo. El último dato disponible es el más bajo de la serie histórica, un 19,4%, pero aún así resulta casi el doble de la media europea y está lejos de los objetivos marcados por la UE para 2020: menos del 15% que ya consiguen País Vasco, Cantabria y Navarra.

La educación es el sexto problema del país señalado en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pero está lejos de las grandes preocupaciones. Son la mitad de los que citan la crisis, preocupa tres veces menos que la corrupción y siete menos que el paro. Quizá esa falta de impulso ciudadano esté detrás de la falta de motivación política para llegar a acuerdos.

“Necesitamos un cambio metodológico. Funcionamos con los mismos esquemas de enseñanza y aprendizaje de hace 30 años: libro, deberes, clase, explicación y examen. Hay otras alternativas de organización en el aula que permiten que adquieran competencias para que las puedan usar en cualquier situación que se les plantee en la vida”, considera Carlos Utrera, presidente de la asociación de inspectores educativos ADIDE. El cambio ha empezado desde los centros, impulsado más por profesores voluntariosos que por un apoyo decidido de las Administraciones. “Las últimas leyes de educación no han tenido memoria económica para la formación”, recuerda Utrera. Y con proyectos, como la inclusión del teléfono móvil entre las herramientas para aprender, que nacen respaldados por grandes empresas de tecnología.

Una encuesta de la Comisión Española de Cooperación con la Unesco, la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD) y el BBVA, presentada en junio, pregunta a 200 profesores y expertos sobre el futuro de la educación, cómo se ven dentro de cinco años. El 71,4% piensa que estarán poco valorados o desmotivados entonces. Nueve de cada 10 consideran que las becas serán más selectivas y exigentes. Y la mayoría coinciden en que el currículo escolar contemplará mejor la capacidad del trabajo en equipo, las habilidades emocionales, la iniciativa emprendedora, la creatividad o el liderazgo. El alumno ganará protagonismo en la gestión de su propio aprendizaje, añaden, aunque la mitad cree que la memorización seguirá pesando lo mismo.

Pero será el papel de los maestros el más determinante. Multitud de estudios internacionales sitúan a los docentes en el epicentro de la calidad educativa. Es otro de los debates a los que España se ha aproximado con lentitud. El profesor y pedagogo José Antonio Marina elaboró en 2015, por encargo del Ministerio de Educación, el libro blanco de la función docente para cambiar el proceso de selección de profesores. El documento, que lleva casi un año en un cajón, propone siete años de carrera para convertirse en maestro y evaluaciones “sistemáticas” durante su ejercicio profesional con efectos en el sueldo.

Todos los partidos comparten que hay que cambiar la forma de seleccionar, evaluar y formar a los profesores a lo largo de su vida. La propuesta del MIR docente —formarlos como se prepara ahora a los futuros médicos— es un concepto que asumen PP, PSOE y Ciudadanos. Tampoco es nuevo. Ya en 2009, el último presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, promovió esa idea que Alfredo Pérez Rubalcaba acuñó como el MIR de los profesores en 2010. Estaba en los programas electorales de PSOE y PP en 2011 y repitieron con distintas fórmulas todos los partidos en 2015, pero no se han hecho.

El debate sobre el futuro de los profesores es un ejemplo de cómo España es capaz de detectar cambios necesarios aunque los aplica, si es que lo hace, con lentitud. El profesor de Sociología de la Universidad de la Laguna, José Saturnino Martínez, lo resume así: “Vamos donde hay que ir pero no vamos a la velocidad adecuada”.

Los partidos han creado una subcomisión de Educación para abordar ese pacto educativo que todos aseguran querer. Antes de empezar a dialogar, deberán hacer un diagnóstico para decidir cuál es el punto de partida. Juntos tendrán que reflexionar sobre si el fracaso escolar retrocede como efecto de leyes o porque los jóvenes dejaban las aulas atraídos por empleos fáciles que ya no existen. Habrá que analizar, también, por qué hay una brecha tan amplia de rendimiento entre unas comunidades y otras, o cómo formar a esos profesores que educarán a las siguientes generaciones para empleos y tecnologías que no existen.

El presente y el futuro están en juego y la única forma de lograr el acuerdo es empezar por lo que a todos une: la calidad en la enseñanza y su adecuación a los nuevos tiempos.

OTRA LEY EDUCATIVA DESBARATADA

El único gran intento para alcanzar un Pacto de Estado por la Educación en España tuvo lugar en 2010, con un Gobierno socialista e impulsado por el entonces ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Pero el PP lo frenó cuando faltaba la firma final. La negociación de acuerdos ha estado siempre impregnada de cuestiones ideológicas, como la presencia de la Religión en las aulas o el peso de la enseñanza concertada. Este nuevo intento, además, tiene en contra el escollo de la LOMCE, una ley que ha legitimado la opción de subvencionar con dinero público a colegios que separan a los alumnos por sexo. El Congreso aprobó derogar la ley mientras el Gobierno estaba en funciones. Si se acaba cambiando, España alcanzará su octava ley educativa en democracia, aunque lo cierto es que solo tres han supuesto cambios estructurales: las socialistas LOGSE y LOE y esta última reforma del PP.

“La educación es un proceso muy lento, desde que se accede con tres años hasta que se sale pasados los 20. Hay que tomar muchas decisiones a largo plazo y si cada dos años te cambian el sistema no puedes tomarlas. Es necesario que la gente sepa qué se va a encontrar por delante”, reclama José Saturnino, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna, que recuerda que los cambios han llegado, en muchos casos, sin una evaluación del efecto de las medidas.

Tomado de: http://politica.elpais.com/politica/2016/11/04/actualidad/1478288120_169530.html

Comparte este contenido:

La paciencia del pacto educativo.

Para que el sistema educativo español mejore se necesita una estrategia a largo plazo con más inversión, universalización y políticas inclusivas.

Por: Octavio Medina.

La semana pasada el profesor Benito Arruñada publicaba una tribuna en la que criticaba la idea de un pacto educativo porque solo contribuiría a perpetuar los problemas que ya tenemos. El sistema educativo, en connivencia con los padres, decía Arruñada, forma a jóvenes inmaduros, poco autocríticos e incapaces de “posponer la gratificación” para esforzarse más. Todo esto, unido a la eliminación de castigos, reválidas o los cursos selectivos, habrían generado una falta tanto de actitud como de preparación entre la juventud de hoy.

No seremos nosotros los que discutamos que nuestro sistema educativo es mejorable (ni que el pacto no es una panacea). Pero si a los jóvenes les falta disciplina, a los argumentos del profesor Arruñada también. En 2013 la OCDE publicó el estudio OCDE, que evalúa los conocimientos y competencias en matemáticas y lectura de la población adulta en decenas de países. El patrón general es que las generaciones recientes obtienen mejores puntuaciones que las anteriores. Hay varios motivos. Uno de ellos es que las competencias decaen a medida que uno envejece. Pero otro motivo es la universalización de la educación en la segunda mitad del siglo XX. Los países pioneros como Estados Unidos tienen diferencias menores entre jóvenes y mayores que los países que expandieron sus sistemas educativos más tarde. Entre estos últimos se encuentra España, que en 1955 tenía una participación inferior al 10% en secundaria, comparada con el casi 80% de EEUU. De los 29 países participantes en PIAAC, España es el cuarto donde los jóvenes sacan más ventaja al grupo más mayor en lectura. Los jóvenes españoles de 16-24 años están más cerca de cerrar la brecha con la OCDE que cualquiera de las generaciones anteriores. No se deduce que estén peor preparados.

España es el cuarto país donde los jóvenes más aventajan a los mayores en nivel de lectura

También se critica que a las nuevas generaciones les falta actitud. Por ejemplo, no saben posponer las gratificaciones es decir, no son pacientes, lo cual les hace esforzarse poco en decisiones que les afectan a largo plazo. Es una hipótesis interesante, pero Arruñada no aporta datos. Afortunadamente el año pasado se publicó una investigación que analiza preferencias y actitudes en distintos países (para ver patrones por generación tendremos que esperar a que se publique la base de datos). Una vez más, la realidad es más aburrida que la teoría. A pesar de que no somos tan pacientes como anglosajones y escandinavos, los españoles estamos a la cabeza de los países del sur de Europa e incluso somos algo más pacientes que los japoneses. No hay evidencia pues de que seamos particularmente impacientes.

Arruñada achaca el supuesto declive del carácter a la eliminación de los castigos, las reválidas y los cursos selectivos, lo cual ha mermado la responsabilidad del alumno. Estamos de acuerdo en que el carácter llamémosle habilidades socioemocionales— es clave. No en vano predice resultados como la tasa de empleo, el salario o la graduación. La razón por la que se han eliminado reválidas y modelos selectivos (un proceso que lideraron países con excelentes resultados como Canadá, Holanda o los países nórdicos, por cierto) es porque no suelen ayudar a desarrollar esas actitudes que Arruñada añora. Sí que ayudan, en cambio, a perpetuar fenómenos como el de la repetición, política cara, ineficaz e injusta, en la cual España sí que es una anomalía. Si queremos desarrollar carácter, convendría mirar hacia iniciativas prometedoras como las clases de refuerzo y acompañamiento (con altas expectativas) o las sesiones de terapia cognitiva para adolescentes. Tienen además la ventaja de haber sido evaluadas rigurosamente en vez de estar basadas en anécdotas.

Los partidos tienden a enfocarse en políticas “impacientes” y dejan fuera la educación

El progreso de nuestro sistema educativo en las últimas décadas ha sido sustancial, y es consecuencia de una mezcla de inversión, universalización y políticas inclusivas. Aunque queda mucho por hacer, no vemos motivos que nos impidan seguir mejorando. Quizá el pesimismo se deba a que a diferencia de la salud donde el gran aumento de la longevidad deja poco que discutir, a la educación le ocurre la paradoja de que cuanto más mejora, más expectativas y preguntas sobre su efectividad genera. En cualquier caso, resulta extraño que el profesor Arruñada a la vez critique la idea de un pacto educativo y el aumento de la impaciencia. Un problema clave de economía política es que mientras los gobiernos deben rendir cuentas cada cuatro años, existen muchas políticas cuyos beneficios tardan décadas en verse. Por lo tanto, los partidos tienden a enfocarse en políticas “impacientes” y dejan fuera, entre otras, a la educación. Un pacto o compromiso por la educación, aunque sea de mínimos, es la clase de mecanismo que nos ayudaría a posponer la gratificación de invertir en políticas cortoplacistas.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/09/20/opinion/1474381889_113772.html

Imagen: http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2016/09/20/opinion/1474381889_113772_1474383826_noticia_normal_recorte1.jpg

Comparte este contenido:

España: El pacto educativo enfrenta a Educación y sindicatos docentes

España / 28 de septiembre de 2016 / Por: AGENCIAS MADRID / Fuente: http://www.atlantico.net/

La primera reunión termina con las posiciones muy alejadas y sin ningún acuerdo concreto

El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, recibió ayer a los principales sindicatos de docentes dentro de una ronda de conversaciones con toda la comunidad educativa de cara a un pacto educativo, pero no concretaron ninguna medida conjunta. Méndez de Vigo, acompañado del secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, mantuvo encuentros de alrededor de una hora con los representantes de las federaciones de la Enseñanza de CC.OO., UGT, CSIF, ANPE y Cofapa. La mayoría de estos sindicatos trasladaron al ministro, entre otras, sus inquietudes ante la Lomce, las pruebas finales o reválidas de ESO y Bachillerato que fija esta norma o la importancia de «revertir los recortes» que afectaron al sistema educativo desde el comienzo de la crisis.
Alcanzar un pacto educativo, que Méndez de Vigo defiende desde que asumió la cartera, es un objetivo respaldado por los sindicatos, aunque algunos ponen en tela de juicio que sea un ministro en funciones el que intente buscarlo. Así, el secretario general de la Enseñanza de CC.OO., Francisco García, afirmó que «a un Gobierno en funciones le falta legitimidad para liderar un pacto educativo».

la polémica de las reválidas
Maribel Loranca (UGT)demandó como inicio de cualquier diálogo para un pacto «la retirada de las reválidas como gesto de voluntad para iniciar cualquier negociación». Además, cree que no existen condiciones para un pacto debido a «la interinidad» del Gobierno. El presidente de la ANPE, Nicolás Fernández Guisado, aseguró que está de acuerdo con mantener la reválida de ESO, pero sugirió al ministro que hay que «dar una vuelta» a su regulación para que los alumnos que lleven bien el curso pero no superen la prueba «no se queden un año o dos en el limbo». «El ministro fue receptivo», sentenció.
Desde la Confederación de padres y madres de alumnos (Cofapa), Begoña Ladrón de Guevara, enfatizó que «la educación no se paraliza, y quien esté en el gobierno debe seguir trabajando», en este caso para un pacto, al igual que la comunidad educativa. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) trasladó al ministro la necesidad urgente de modificar la Lomce y acordar una ley estable y consensuada. Este sindicato exige a PP y PSOE  acuerdos que «acaben con la incertidumbre en los centros y la derogación de los decretos de recortes». Por su parte, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES) explicó en un comunicado que rechazaba «la maniobra» del ministro de proponer un pacto dado que, a su juicio, está desligitimado políticamente».

 Una diversidad de opiniones que deja el posible pacto educativo en suspenso. El ministro hablará ahora con los estudiantes

Fuente noticia: http://www.atlantico.net/articulo/cultura/pacto-educativo-enfrenta-educacion-y-sindicatos-docentes/20160927102118551399.html

Comparte este contenido:

República Dominicana: Organismos internacionales resaltan temas urgentes y pendientes para el actual período de gobierno en Educación

Centro América/República Dominicana/25 Septiembre 2016/Fuente y Autor: eldia redacción

“Se ha logrado mucho en los últimos años, en materia educativa, pero falta todavía mucho por hacer para alcanzar la educación que queremos para nuestros niños,  niñas y adolescentes, para avanzar en el cumplimiento de las metas educativas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y de los acuerdos del Pacto por la Educación”, afirmó Rosa Elcarte, representante de UNICEF en el país.

Durante su intervención en la presentación del séptimo informe de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, IDEC, Elcarte hizo un llamado de atención sobre temas que, según dijo, los organismos internacionales consideran urgentes y aún pendientes para el actual período de gobierno.

Entre ellos “el bajo aprendizaje que se hace evidente en tercer grado de primaria, que presenta un alto porcentaje de repitencia. La falta de aprendizaje en estos primeros grados genera sobreedad, abandono en los cursos posteriores y por tanto baja culminación de la educación secundaria”.

Asimismo, resaltó que “otras de las causas del abandono escolar en los últimos cursos de básica y en secundaria es el embarazo. Un 20% de las adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazadas y este problema afecta a la población más pobre. República Dominicana es el país con mayor índice de matrimonios o uniones precoces antes de los 15 años de toda América Latina y el Caribe”.

Elcarte pidió en nombre de los organismos internacionales que “el Ministerio de Educación, Minerd, juegue un rol importante en garantizar las competencias en nuestras niñas para que sueñen y puedan construir un proyecto de vida que vaya más allá de un embarazo o un matrimonio precoz, para que posterguen la vida sexual, para que –una vez iniciadas- conozcan y tengan acceso a métodos anticonceptivos”.

Los organismos internacionales que participan en la IDEC son la Unión Europea, UE; la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID; la Agencia Francesa de cooperación, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID; el Banco Mundial, la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI; UNICEF y USAID.

Fuente de la noticia: http://eldia.com.do/organismos-internacionales-resaltan-temas-urgentes-y-pendientes-para-el-actual-periodo-de-gobierno-en-educacion/

Fuente de la imagen: http://eldia.com.do/wp-content/uploads/2016/09/REH1498-885×498.jpg

Comparte este contenido:

Reformas educativas en Latinoamérica / La hechura jurídica de la reforma educativa en México

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Mercedes Ruiz Muñoz – Departamento de Educación. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

De acuerdo a Popkewitz (2009) lo que caracteriza a una reforma educativa es el “cambio” y la incorporación  de ese “cambio” en las mentalidades de los sujetos. Pero,  ¿qué cambios ha propuesto la reforma educativa, vigente desde 2013?

La reforma educativa en México, bajo el supuesto de lograr el derecho a la educación con calidad ha desplegado las tecnologías del poder para regular y ordenar la vida de los docentes. Esta se articula a partir de las modificaciones al artículo 3°, que alude directamente a la educación, y el 73, que otorga facultades al Congreso para regular las condiciones jurídico-laborales de los docentes a nivel nacional; la armonización entre los artículos modificados con la Ley General de Educación y la promulgación de las Leyes Secundarias de la reforma, como la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE). Estas normas operan como los marcos en los que se promulga y recrea la reforma con los cuales se pretende interpelar a los actores involucrados y a la sociedad en general.

Condiciones de producción

El retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, después de 12 años de alternancia en el gobierno con el Partido Acción Nacional (PAN); el Pacto por México firmado por las tres fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD y el pronunciamiento de la presidencia de recuperar la rectoría de la educación por parte del Estado mexicano, ante la fuerza del Sindicato Nacional de los Trabadores de la Educación (SNTE) y su exlideresa Elba Esther Gordillo son los aspectos que han condicionado la promulgación de esta reforma educativa. Tanto es así que el 1° de diciembre de 2012 en la toma de posesión,  Enrique Peña Nieto señaló: “no habrá plazas vitalicias ni hereditarias en el servicio educativo nacional”, marcando en este caso una clara frontera política con el SNTE.

La firma del Pacto entre los líderes de esta clase de administradores en el marco del retorno del PRI a la presidencia indica la persistencia del arreglo político que mantuvo al PRI en el poder durante 70 años. De acuerdo con Magaloni (2010: 8) ese arreglo consistió en un pacto de colusión entre los dirigentes de ese partido a partir del cual se repartieron los beneficios de controlar el aparato estatal. Al mismo tiempo, el pacto operaba como un mecanismo que le impedía a un miembro en particular ponerse por encima del grupo para acaparar todo el poder.

En el marco de la firma del Pacto por México, el 2 de diciembre de 2012 Peña Nieto planteó algunos retos como la expansión de la cobertura y sobre todo elevarla en calidad. En este sentido, el discurso de la recuperación de la rectoría de la educación le confirió un sentido de legitimidad a la reforma. Así, se planteó la creación del Servicio Profesional de Carrera Docente para ascender en el sistema de enseñanza a través del trabajo y los méritos propios. Esta estrategia estaría acompañada por el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, para eliminar las plazas vitalicias y hereditarias e impartir una educación de calidad. El 10 de diciembre de 2012 la Subsecretaría de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, enviaría a la Cámara de Diputados la propuesta de reforma educativa del Presidente Peña. Dos días después la Cámara de Diputados votaría la iniciativa de la reforma educativa.

El 20 de diciembre en sesión vespertina, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma con 113 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones (Boletín 0767, 2012). El siguiente día, la Cámara de Diputados aceptó la discusión para su votación. Con 360 votos a favor, 51 en contra y 20 abstenciones, se aprobó la reforma educativa en lo particular sin modificaciones. Los días 6 y 7 de febrero de 2013 la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores declararon constitucional la reforma educativa. El 25 de febrero de 2013 el Presidente Peña promulgaría finalmente la reforma educativa en compañía de los integrantes del Pacto por México y el Secretario de Educación Pública de ese entonces, Emilio Chuayffet (Notilegis Nota N°. 1971).

Los cambios a los artículos 3 y 73 de la Constitución publicados el 26 de febrero en el Diario Oficial de la Federación reorganizan el servicio profesional de carrera docente, determinando que los ascensos en la carrera se den por méritos propios. Así, la estabilidad de los maestros en el puesto estaría determinada por la evaluación que regula el ingreso, la permanencia y el ascenso en el Sistema Educativo Nacional. Esto se lograría a través del llamado Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), cuya misión consiste en arrojar resultados visibles e instalar la profesionalidad en el ramo educativo.

El 2 de septiembre de 2013 la Cámara de Diputados aprobaría la Ley General del Servicio Profesional Docente con 369 votos a favor, 69 en contra y cuatro abstenciones, y en lo particular con 375 votos a favor, 73 en contra y una abstención (Notilegis Nota N°. 4064). Mientras que el 3 de septiembre de 2013 la Cámara de Senadores la aprobó con 102 votos a favor y 22 votos en contra (Notilegis Nota N°. 4110). El 11 de septiembre de 2013 fueron publicadas las tres leyes secundarias (Notilegis Nota N°. 4188).

Pese a esta secuencia imparable de promulgación y aprobación de documentos legales, el rechazo de la disidencia magisterial a la reforma educativa ha sido contundente durante ese período. La entonces lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo se había pronunciado en contra, llamando a los maestros a resistir. Este desafío de la maestra sirvió para ilustrar con mayor contundencia el discurso de recuperación de la rectoría de la educación por parte del Estado. El 26 de febrero de 2013, Gordillo fue detenida bajo el cargo de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (Notilegis Nota N°. 2005). De esta manera, el Estado sometió a la cúpula del SNTE para alinearla con los objetivos de la reforma educativa. Así, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pasó a encabezar la resistencia contra la reforma educativa. El 8 de mayo de 2013 maestros de la CNTE se instalaron en el zócalo de la Ciudad de México a manera de protesta, marcando el inicio de una resistencia firme e inclaudicable frente a la reforma educativa, que se mantiene vigente luego de tres años, pese a la represión y los intentos del Estado de apagar la llama de la resistencia magisterial.

El rechazo a una evaluación que reduce el desempeño a un listado de conocimientos pero que tiene la capacidad de condicionar su permanencia en el cargo, es la frontera política en la que radica la desavenencia entre el magisterio opositor y el gobierno que elaboró la reforma, y que se mantendrá aunque la norma ya se haya instituido. Con esta reforma se pretende ordenar y regular la vida de los maestros y las escuelas, acerca de lo que los profesores deben enseñar y lo que los estudiantes deben aprender en aras a elevar la calidad de la educación. A la vez que se busca desestabilizar la identidad de los docentes y ofrecer un nuevo modelo de identidad centrado en la competitividad y la idoneidad para el trabajo docente. El argumento de recuperar la rectoría de la educación por parte del Estado aunado a los cambios constitucionales opera políticamente para promover ese cambio.

Las directrices de política educativa surgidas de las reformas a los Artículos 3° y 73° y sus leyes reglamentarias aspiran persuasivamente a representar el lenguaje y los intereses de población que, sin embargo, se encuentran muy lejos de ser compatibles con los intereses del Estado. Dicha operación política se intenta resolver en calidad de régimen de verdad. La asociación entre igualdad y certificación de procesos de calidad mediante la evaluación es el eje principal en el que se enmarca la hechura legislativa de la reforma educativa y bajo el cual se aspira a legitimar el sistema que se encargará de velar por la regulación de procesos de calidad en el sistema educativo y el control de los regímenes laborales de los docentes.

A más de tres años de la promulgación de la reforma educativa, los cambios que se han incorporado a la cotidianeidad política y social de México, parecen estar más vinculados con la consolidación de un mecanismo estatal de control y regularización como dispositivos de poder y coerción, más que con el aseguramiento de procesos reales de calidad educativa. A esto se ha sumado la institucionalización de la represión y la violencia física, simbólica y mediática hacia los docentes como una estrategia de deslegitimación de los discursos contrahegemónicos de la disidencia magisterial y de los intereses del pueblo que reclaman por una educación más justa y libre. La demanda de nuevas miradas acerca de los procesos educativos, que visibilicen los problemas y los intereses reales de los maestros y estudiantes es un paso ineludible en la consecución de cambios, ya no instalados en la mirada coercitiva del Estado, sino más bien en la mirada de miles y miles de maestros, jóvenes y niños que sueñan con una educación mejor, crítica, libre pensante y sin violencia.

Referencias bibliográficas

Ball, S., Bowe, R. Gold, A. (1992). Reforming Education and Changing Schools. London, Routledge

Notilegis Nota N°. 1261 Comisión de Puntos Constitucionales aprueba la reforma educativa con cinco modificaciones, 13-12-2012. Consultado el 18 de febrero de 2014 enhttp://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/008_2012/12_diciembre/13_13/1261_comision_de_puntos_constitucionales_aprueba_la_reforma_educativa_con_cinco_modificaciones

Notilegis Nota N°. 1349 Diputados dispensan trámites a minuta de reforma educativa que regresó el Senado y el Pleno inicia su discusión. 21-12-2012. Consultado el 18 de febrero de 2014 enhttp://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/008_2012/12_diciembre/21_21/1349_diputados_dispensan_tramites_a_minuta_de_reforma_educativa_que_regreso_el_senado_y_el_pleno_inicia_su_discusion

Notilegis Nota N°. 1971 Celebra PAN y PRD promulgación de reforma educativa; MC refrenda su oposición y señaló que estarán “muy vigilantes en la legislación secundaria”. 25-02-2013. Consultado el 18 de febrero de 2014 enhttp://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/009_2013/02_febrero/25_25/1971_celebra_pan_y_prd_promulgacion_de_reforma_educativa_mc_refrenda_su_oposicion_y_senalo_que_estaran_muy_vigilantes_en_la_legislacion_secundaria

Notilegis Nota N°. 2005 Detención de Elba Esther Gordillo regresa a la sociedad la confianza de que hay un Estado de derecho y un gobierno que lo hace cumplir: Francisco Arroyo Vieyra, 26-02-2013. Consultado el 18 de febrero de 2014 enhttp://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/009_2013/02_febrero/26_26/2005_detencion_de_elba_esther_gordillo_regresa_a_la_sociedad_la_confianza_de_que_hay_un_estado_de_derecho_y_un_gobierno_que_lo_hace_cumplir_francisco_arroyo_vieyra

Notilegis Nota N°. 4064 Aprueban diputados, en lo general y en lo particular, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la turnan al Senado para su eventual ratificación. 02-09-2013, Consultado el 19 de abril de 2014http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/009_2013/09_septiembre/02_02/4064_aprueban_diputados_en_lo_general_y_en_lo_particular_la_ley_general_del_servicio_profesional_docente_y_la_turnan_al_senado_para_su_eventual_ratificacion

Notilegis Nota N°. 4110 Afirma Silvano Aureoles que proceso de Ley General del Servicio Profesional Docente concluyó e invita a CNTE a evitar violentar derechos de terceros, con sus manifestaciones.  04-09-2013, Consultado el 19 de abril de 2014http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/009_2013/09_septiembre/04_04/4110_afirma_silvano_aureoles_que_proceso_de_ley_general_del_servicio_profesional_docente_concluyo_e_invita_a_cnte_a_evitar_violentar_derechos_de_terceros_con_sus_manifestaciones

Notilegis Nota N°. 4188 Celebran PRI y PVEM promulgación de las tres leyes reglamentarias de reforma educativa. 10-09-2013, Consultado el 19 de abril de 2014http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/009_2013/09_septiembre/10_10/4188_celebran_pri_y_pvem_promulgacion_de_las_tres_leyes_reglamentarias_de_reforma_educativa

Pacto por México (2012). <http://pactopormexico.org> [Consultado el 20 de marzo de 2014]

Popkewitz, Thomas (2009).  El cosmopolitismo y la era de la reforma escolar: la ciencia, la educación y la construcción de la sociedad mediante la construcción de la infancia. Madrid, Morata

Tello, César (2012). “La posición epistemológica de los investigadores en política educativa. Debates teóricos en torno a las perspectivas neomarxista, pluralista y posestructuralista”,Archivos Analíticos de Políticas Educativas. Vol. 20, No. 9, 20 de marzo

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/reformas-educativas-en-latinoamerica-la-hechura-juridica-de-la-reforma-educativa-en-mexico/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2013/08/pacto.jpg

Comparte este contenido:

La excusa del pacto educativo.

Poco a poco se ha forjado un consenso sobre la necesidad de una reforma consensuada y duradera en la enseñanza. La idea gusta porque permite a los padres trasladar a un sistema imperfecto los propios fallos en la formación de sus hijos.

Por: Benito Arruñada.

Nuestro sistema educativo es imperfecto, pero el pacto no va a atacar sus fallos estructurales, por el simple motivo de que estos responden a una demanda ciudadana que, en el fondo, concibe la educación más como consumo o disfrute que como inversión. Si estoy en lo cierto, el pacto aumentará el gasto educativo para tener un impacto dudoso en la formación de las futuras generaciones.

Pese a lo elevado del desempleo, la queja de los empleadores sobre sus empleados más jóvenes no se centra tanto en su aptitud (que también), como en sus actitudes: en su escasa madurez y capacidad de dedicación, concentración y autocrítica. Es un caso extremo pero común e indicativo que lo primero que pida un recién contratado, sin pareja y que vive con sus padres, sea conocer la política de “conciliación” del bufete puntero al que acaba de incorporarse.

La explicación optimista es que los jóvenes desean trabajar menos para así llevar una vida más tranquila. Sospecho, en cambio, que los jóvenes no son conscientes de las consecuencias de sus decisiones. Están sobrevalorando su potencial de ingresos e infravalorando el coste de satisfacer sus deseos. Toman por ello decisiones que pronto se revelan inconsistentes: eligen carreras y empleos en los que invierten menos de lo necesario para alcanzar el nivel de vida al que aspiran.

Lo hacen porque no han sido educados para posponer la gratificación. Al menos, no en la medida en que lo exigen los empleos que les permitirían mantener el nivel de vida de sus padres. Esta incongruencia se confirma cada vez que un bachiller elige estudiar, digamos, Políticas; o cada vez que un recién licenciado actúa como si su formación hubiera concluido; o cuando opta por un empleo de poco esfuerzo y menos futuro.

Las causas y hasta la prevalencia de esta mala educación son, por supuesto, debatibles. Una hipótesis, quizá simplista pero atendible, reposa, en última instancia, en que, tras desplomarse la natalidad, muchos jóvenes han disfrutado una posición de monopolistas emocionales. Como hijos y nietos únicos, a menudo tardíos, han disfrutado de un enorme poder negociador.

La fuerza de los niños y la debilidad de los padres favorecen un “equilibrio” de normas sociales de alta permisividad y consumismo juvenil; normas que probablemente han sido arropadas, que no causadas, por las falacias pedagógicas de los años sesenta, consagradas ya en la Ley General de Educación de 1970. (Sí, mucho antes de la LOGSE). Me refiero a falacias como la visión negativa de todo castigo y competencia; la necesidad de contener el esfuerzo y educar en el disfrute; la marginación del ejercicio de la memoria y el sacrificio; el énfasis en que la responsabilidad es principalmente social y, por tanto, ajena; y la supresión de reválidas y cursos selectivos.

Normas y falacias que, por cierto, aún cautivan a nuestro establishment pedagógico, a juzgar por la propuesta de suprimir los deberes, las reformas que hacen aún más blando el bachillerato, el engaño de enseñar supuestas “competencias” en vez de conocimiento, o la resistencia a permitir a los centros concertados organizarse en libertad.

Normas y falacias que también favorecen mitos exculpatorios tan corrosivos como el de la “generación mejor preparada”; y que generan gregarismo: muchos padres, ante las dificultades que encuentran para educar a sus hijos como hubieran deseado, modifican sus valores para reducir así la disonancia con respecto a sus acciones. Por muy reales que sean, los fallos del sistema educativo representan un similar papel exculpatorio.

Llovía sobre mojado, por la fuerza que tiene en España, pese al descenso en la práctica religiosa e incluso en medios ateos que se creen progresistas, la cultura católica tradicional. Me refiero a aquella que antepone las relaciones personales a las impersonales; en especial, la protección de familia y amigos a todo imperativo social de mayor alcance. El control efectivo de la natalidad ha sido más disruptivo de las normas sociales en sociedades que, como la nuestra, son en este sentido tan culturalmente católicas. El debate sobre los niños mimados se inicia en los años ochenta del siglo pasado en Italia, un país que es aún más católico que el nuestro.

Ese trasfondo cultural también ayuda a explicar la disposición a sostener un ingente flujo de transferencias intrafamiliares. Más que Estado benefactor tenemos aquí familias benefactoras; con similar destrucción de los incentivos para invertir y producir. Quizá no sea casual que el personaje familiar más denostado haya dejado últimamente de ser la suegra, para serlo el cuñado. Un cambio natural, pues este último es ahora el principal competidor por las rentas familiares que, a menudo, es la propia suegra quien distribuye entre hijos, yernos y concuñados.

Lógico por todo ello que en las últimas décadas hayamos anticipado en versión XL dos tendencias que en otros países solo están apareciendo al envejecer losmillennials: la de los “niños trofeo” y la “generación bumerán”. Por un lado, padres y profesores hemos premiado el rendimiento de hijos y alumnos, no ya cuando alcanzaban un rendimiento estándar, sino incluso cuando este era mediocre. También hemos desprestigiado el esfuerzo y la competitividad, al fomentar el igualitarismo en la recompensa. En 2016, el porcentaje de estudiantes que superó las pruebas de Selectividad fue del 97%, y eso tras sonoras quejas por lo duro de algunos exámenes.

Como mucho, los jóvenes mejor educados lo han sido en que basta con esforzarse. Se asombran al ser evaluados en función de sus resultados. Es común que el graduado recién contratado rompa a llorar al recibir la primera censura de su jefe. Nadie le ha enseñado a asumir la crítica hacia su trabajo. Muchos incluso están acostumbrados a que las reglas sean flexibles y su incumplimiento negociable, cuando no evitable con solo pedir perdón. Da el tono aquella madre que hace meses regañaba a una anciana porque esta, malherida, se quejaba de que su hijo la había atropellado con el patinete: “Señora, no se queje. ¿No ve que el niño ya le ha pedido perdón?”.

Por otro lado, tenemos también la versión límite de la generación bumerán: si en EE UU algunos hijos retornan a casa tras la universidad, muchos en España nunca la abandonan. El asunto alcanza tintes cómicos cuando, tras empezar a trabajar, alguno de estos jóvenes sigue viviendo con sus padres sin contribuir al presupuesto familiar ni realizar tarea doméstica alguna.

Ojalá haya aquí exceso de pesimismo; pero, en la medida en que esta hipótesis de mala educación familiar se ajuste a la realidad, es probable que las reformas educativas consensuables no solo se queden en la superficie, sino que escondan e incluso magnifiquen el problema. Por supuesto que otras reformas sí podrían restaurar un equilibrio social productivo, aquel en el que la educación fuera inversión y dejara de ser solo consumo. No obstante, ¿cree usted que es ese el verdadero deseo de la mayoría de padres?

Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/09/06/opinion/1473186490_294361.html

Imagen:

 http://content-thumbnail.cxpublic.com/content/dominantthumbnail/7ccb546165bd9baf6e526e4bef86869760cf65da.jpg?57db0208

Comparte este contenido:

7 ideas para un compromiso por la educación: 1. Institucionalidad concertada

                                                                                                                  Por: Mariano Fernández Enguita

Este es el primero de una serie de siete artículos del sociólogo Mariano Fernández Enguita sobre los principales puntos que debería abordar un posible pacto educativo

La escolarización es un servicio público. Si dejamos de lado minucias como su imposición (obligatoriedad), la objeción o la escolarización en casa, su carácter de derecho subjetivo irrenunciable y su función de integración social han hecho de la escuela una institución en sentido estricto (el mismo en que lo son un juzgado, un psiquiátrico o una prisión). ¿Quiere eso decir que deba ser de titularidad y gestión públicas? En mi opinión es la opción más deseable, pero no la única posible, ni la única aceptable, ni siempre y en todo caso la mejor. Gas, agua, electricidad, telefonía y transporte de personas son ejemplos de servicios públicos, el acceso a muchos de los cuales consideramos o podríamos o deberíamos considerar un derecho, que lo mismo están en manos públicas o privadas, en este caso en régimen de concesión y con una regulación especial. Es verdad que estos suministros y servicios no atañen a nuestras conciencias, como sí lo hace la educación, pero tampoco es esta la única.

La prensa y otros medios de comunicación de masas, esenciales para la libertad y la democracia, son mucho más privados que públicos y, sin negar valor estos últimos, no creo que nadie añore épocas en que fueron los únicos o los principales. La Internet también es abrumadoramente de gestión privada, lo cual –a pesar de las voces apocalípticas de comienzos de los noventa, cuando dejó de ser la exclusiva de ejércitos y universidades y se abrió a las empresas– ha sido, sin duda ninguna, una bendición para todos.

Por su lugar histórico en la formación del estado del bienestar y presente en la arena política, y por su relevancia a largo plazo para la vida de las personas, lo más parecido al sistema educativo es el sistema de salud: pues bien, en España del total de ocupados en la enseñanza o la sanidad,  trabajan en el sector estatal en sentido estricto (público en el lenguaje de la calle), respectivamente, el 53,5 y el 38,4% (datos de la EPA 2016T2); lógicamente, en el sector estrictamente privado (no concertado) se concentran ofertas para demandas que el público no  satisface, como la medicina estética o la enseñanza de idiomas.

Con esto no quiero decir, ni de lejos, que deba privatizarse la educación, pero si es usted maniqueo, si no distingue grises entre blanco y negro, y no ha dejado todavía de leer este artículo, hágalo ya. No emplearé otro largo párrafo ahora en criticar la idea de que toda educación deba ser privada, no porque no sea igualmente cuestionable o más sino, sencillamente, porque es marginal y no hace falta. A diferencia de lo que sucede en el sector público, donde abundan sindicatos, plataformas, asociaciones pedagógicas y otras instancias de vocación representativa que defienden la supresión, inmediata o gradual, de la escuela privada o de su financiación pública, en el privado y concertado nadie tiene una pretensión simétrica ni parecida. Hace tiempo, en medio de un debate con algunos fundamentalistas de la educación pública (funcionarios, por supuesto), obtuve de MUFACE una información poco conocida: en el año 2000, 88% de los maestros y 76% de los profesores de Secundaria del sector público (estatal) eligieron como proveedores de asistencia sanitaria a las llamadas entidades colaboradoras (la concertada, o privada financiada con fondos públicos, del sector). Quien quiera y sepa, que juzgue con este dato el alcance de algunas defensas de lo público. Pero volvamos a la cuestión.

En un mundo perfecto correspondería al Estado, como representante del interés general, ofrecer, a través de la escuela pública, una educación de calidad, en libertad y con equidad. Esa es, al menos, mi idea, pero tiene dos problemas: que el mundo no es perfecto y que hay otras ideas de la perfección. El primer sistema escolar público y universal en Europa fue el prusiano, a mediados del siglo XIX, y su producto más destacado fue un ejército del que todo el continente tendría noticias durante un siglo. El segundo fue el francés, también decimonónico, creado, tras la derrota de 1870, para combatir a ese enemigo exterior y a otros dos interiores: el legitimismo monárquico, en gran medida aliado con la iglesia católica, y la movimiento revolucionario, que prefería autoeducarse. El tercero, ya en pleno siglo XX, fue la common school norteamericana, que Mann plagió de Prusia para asimilar la inmigración y a la que un contexto de fuerte autonomía local impidió ser instrumento del gobierno, pero también empujó un parroquialismo asfixiante y a fuertes desigualdades económicas y étnicas.

España plasmó varias veces, desde 1812, la idea sobre el papel, pero siempre sin medios, creando un sistema que combinaría algunas instituciones bien equipadas (los institutos de enseñanzas medias y parte de las escuelas primarias) con otras misérrimas (las escuelas rurales, de barrios de aluvión o de continuación de estudios) o inexistentes. De hecho, la escolarización no llegó a ser realmente universal hasta la década de 1980.

Como resultado del desarrollo raquítico de la administración estatal, la desigualdad social y el gran peso de la iglesia católica, para entonces la escuela privada comprendía ya aproximadamente un tercio del alumnado, proporción en la que se ha mantenido hasta hoy con pequeñas oscilaciones. Esto la convierte en uno de los países desarrollados con mayor peso de la enseñanza privada: triple que la media de la OCDE, doble que en países como Dinamarca, Francia, Hungría, Reino Unido o Estados Unidos, aunque menos que Australia, Holanda y Bélgica. La gestión privada de escuelas financiadas con fondos públicos, siempre controvertida, está no obstante al alza en países como Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda.

Esa relación de uno a dos de la privada o concertada con la pública se mantenido a pesar de que –o precisamente porque– unos gobiernos han empujado ligeramente en un sentido y otros en otro, tanto a escala nacional como autonómica. Esos ligeros o menos ligeros empujoncitos, no obstante, han provocado siempre airadas respuestas de la otra parte, desde las guerras escolares alentadas por la iglesia (y no solo) contra los gobiernos socialistas hasta las fuertes movilizaciones encabezadas por las organizaciones de intereses de la pública (y no solo) contra las leyes de los gobiernos conservadores (LOCE y LOMCE).

Hoy gobierna la derecha y se moviliza el funcionariado con una retórica de izquierda que vuelve a  avanzar el objetivo de suprimir los conciertos, pero dudo que quienes lo reclaman comprendan el alcance y la gravedad de lo que reclaman, pues siendo un tercio del alumnado, parece idea poco sensata pretender dar tal vuelco al status quo, menos aún hacerlo con unos poquitos diputados de mayoría absoluta o relativa (sin olvidar el sesgo mayoritario de la representación parlamentaria) y mucho menos hacerlo contra este tercio demográfico que, guste o no, son en general las familias de mayor nivel económico, educativo y participativo.

Tal vez un día llegue un consenso ampliamente mayoritario en torno a la idea de que la escuela debe ser gestionada por el Estado, o tal vez lo contrario, pero, mientras tanto, parece más razonable intentar fortalecer un sistema público con los mimbres de que disponemos: público por su institucionalidad, por sus objetivos, por su financiación y por su composición. Los dos primeros elementos ya están dados, aunque sean siempre mejorables; el tercero en gran medida, salvo el sector estrictamente privado; el cuarto no lo está, y va a peor. Al decir público por su composición me refiero a que todo centro escolar debe ser un microcosmos de la sociedad, integrando a personas de distinto género, clase social e identidad étnica. Es cierto que no cabe hacer muestrariosde alumnos para satisfacer las proporciones globales en cada centro sin sacrificar otros objetivos (por ejemplo, la proximidad y cualquier grado de elección), pero sí eliminar toda discriminación y exigir un nivel adecuado de diversidad y, sobre todo, de inclusión de alumnado con necesidades especiales. La contrapartida es dotar de los medios necesarios para ello.

Queda todavía la escuela propiamente privada. Siempre me ha resultado curioso que la izquierda y las organizaciones corporativas de la enseñanza pública reclamen solo que no vaya un euro del presupuesto público a la privada, no que toda institución escolar sea de titularidad pública, lo que revela que es más una pugna por los recursos que por un modelo de sociedad. Yo creo que, como parte de la institucionalidad educativa, los actuales centros privados también deben asumir, en las enseñanzas regladas, su función social, y esto podría hacerse integrándolos como concertados en las mismas condiciones que el resto, sufragando el acceso de otros alumnos o exigiéndoles asumir por sí mismos el coste de este.

Bien podríamos llamar a esto una institucionalidad concertada: la LODE acertó al eliminar la idea de subvención, en la que no hay contrapartidas por parte del subvencionado, y no caer en la de concesión, pues tampoco se trata de admitir la mera explotación de un bien público. El concierto, por el contrario, supone que hay otros actores particulares y sociales que pueden ofrecer el servicio en términos equiparables a los de la Administración y que aceptan subordinarse a la  política educativa general.

Pero no hablo aquí de conciertos singulares sino de concertación en general, con un alcance como el que se dio al término (concertación social) para los acuerdos sobre empleo de los ochenta; es decir, de la incorporación de los actores no estatales a la institucionalidad educativa, como entonces se hizo a la legislación laboral. Y estos actores pueden incluir, en todo caso, fundaciones, cooperativas, sociedades laborales, mutualidades y otras fórmulas de organización sin fines de lucro.

Finalmente, hay otra dimensión necesaria para la concertación. Dos tercios de la escolaridad reglada no universitaria siguen siendo estatales (públicos) y teóricamente están sujetos a un gobierno concertado entre los distintos actores del sistema, a través de los consejos escolares (de centro y territoriales). En la práctica, no obstante, tales consejos se configuraron de tal modo que siempre estuvieron dominados por los docentes, con mayoría numérica y más aún un predominio presupuesto (hoy la ley da mayor peso a la Administración, lo que se ha denunciado como un déficit de democracia en los centros, pero lo cierto es que nunca hubo en estos otra democracia real que la del claustro). Esto en una institución que, como apuntamos al principio, no solo representa un derecho sino también una obligación, una imposición y la institucionalización masiva de la población, o sea, el sometimiento de unas personas (alumnos) a otras (educadores). Este carácter obligatorio y potencialmente coercitivo requiere por sí mismo su concertación con las familias que representan a los primeros, es decir, empoderar a estas lo suficiente para que aspectos cruciales de la macro y micropolítica educativa no puedan decidirse sin ellas.

Fuente: http://blog.enguita.info/

Fuente de la imagen: https://eslibertad.org/2013/10/02/las-falsas-expectativas-de-la-educacion-publica/

Comparte este contenido:
Page 9 of 10
1 7 8 9 10