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El aquelarre de las Insumisa: Impacto de la pandemia en la vida de las mujeres.(Video)

Por: Otras Voces en Educación 

«Es necesario»

Es necesario revertir el hechizo.

Ese, que borra a las mujeres de los libros de historia,

de las esferas de poder,

de las antologías.

Ese, que las encierra entre cuatro paredes,

con solo colocarles un anillo.

Poema de Guisela López

El aquelarre de las insumisas es un espacio pensado para tejer redes, organizarnos y visibilizarnos, esta conformados por un grupo de mujeres, de diferentes organizaciones, de diferentes creencias y de diferentes países, que decidimos juntarnos en clave feminista todos los sábados, para desandar juntas las opresiones patriarcales y mostrar expresiones libertarias entre mujeres, para otro mundo posible, a traves del encuentro, el dialogo, denunciando nuestras opresiones, proponiendo alternativas para tranformar la realidad colectivamente, con un objetivo en común derrotar el patriarcado.

La emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también en la política. E

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Panamá: El reinicio de clases será ‘confuso’ y ‘desigual’

Para empresarios y consultores, si la educación es la ‘estrella’ del Gobierno, cada estudiante debería tener una computadora para retomar clases el lunes.
Según el Meduca, será un año escolar ‘con muchas irregularidades’, porque hay muchos centros educativos en áreas distantes. No obstante, indicó que la meta es abarcar al 85% de la población total estudiantil. Miguel Cavalli

Como “confuso”, “desigual” e “improvisado”, calificó Juan Planells –consultor en temas educativos y rector de la Universidad Santa María La Antigua– el reinicio del año escolar el próximo lunes, bajo la modalidad a distancia.

Según Planells, si el Gobierno no garantiza una amplia cobertura e internet gratuito, para los estudiantes y profesores , los resultados serán negativos en las escuelas públicas, donde hay más de 800 mil alumnos.

A su vez, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio De La Lastra, subrayó que un paso en la dirección correcta era el lanzamiento de clases virtuales, pero en Panamá el dilema es que menos del 15% de la población tiene acceso a internet de banda ancha. “Esto dificulta tremendamente que colegios oficiales y particulares puedan impartir clases”, advirtió.

A su juicio, la crisis deja en evidencia problemas que deben ser corregidos ya: la política no tiene cabida en el sistema educativo y, al no haber disponibilidad de internet, debe ejecutarse como proyecto nacional.

Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, opinó que si la educación es la “estrella” de este Gobierno, cada estudiante debería tener ya una computadora.

El Ministerio de Educación informó que 130 mil, de 800 mil estudiantes de escuelas públicas, crearon un correo institucional para retomar clases.

Comienzo de clases, el desafío al que se enfrenta el Gobierno

El sistema educativo panameño se enfrenta quizás el desafío más complejo de su historia: reiniciar –a partir del lunes 20 de julio– el proceso de enseñanza-aprendizaje para unos 800 mil estudiantes de escuelas oficiales a través de plataformas virtuales, la radio, la televisión, guías educativas y cuadernillos.

El escenario ha generado expectativa entre consultores en el tema educativo, empresarios, educadores, padres de familia y autoridades del Ministerio de Educación (Meduca).

En palabras de Nivia Roxana Castrellón, excoordinadora del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme), ningún país del mundo estaba preparado para sustituir, de un día para otro, el sistema de clases presenciales por el de clases a distancia.

“El país y la sociedad panameña no estaban preparados para este reto, porque las escuelas estuvieron relegadas por años entre las prioridades de nuestra sociedad”, dijo.

Según Castrellón, la pandemia de la Covid-19 dejó en evidencia la desigualdad en el acceso a las oportunidades de aprendizaje. De hecho, precisó que la principal preocupación es que los niños más vulnerables no tengan acceso a una educación a distancia de calidad. “Se trata de 454 mil niños, niñas y jóvenes de 0 a 17 años que son pobres multidimensionales”, indicó.

Por su parte, Juan Planells, rector de la Universidad Santa María La Antigua, opinó que si no hay una amplia cobertura de internet, así como internet gratuito para los estudiantes y profesores, los resultados no serán alentadores.

“Si eso no ocurre, será un reinicio de clases confuso, desigual y que generará molestia entre docentes y padres de familia”, acotó el consultor en temas educativos. Agregó que muchos padres de familia perdieron sus trabajos, lo que les impedirá tener internet.

Sobre la enseñanza por radio y televisión, expresó que hay limitantes, porque las clases que se dicten requerirán igualmente un intercambio o interacción entre educadores y estudiantes.

Esfuerzo mayor

Para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio De La Lastra, ciertamente es de preocupación que uno de los sectores enormemente afectados por la pandemia es el educativo.

Según el empresario, un paso en la dirección correcta era el lanzamiento de clases virtuales, aunque advirtió que Panamá se enfrenta al problema de que menos del 15% de la población tiene acceso a internet de banda ancha. “Esto dificulta tremendamente que colegios oficiales y particulares puedan impartir clases y que el universo de estudiantes se beneficie”, aportó.

A su juicio, la crisis expone varios problemas que deben ser corregidos a la brevedad posible. Por ejemplo, que la política no tiene cabida en el sistema educativo.

De La Lastra dijo que el sistema educativo debe ser reformado para que los estudiantes obtengan una educación de calidad y, al no haber disponibilidad de internet en todas las áreas, debe ejecutarse como proyecto nacional. “Ahora, el nuevo calendario es de julio a diciembre y requerirá un esfuerzo mucho mayor por parte de los estudiantes, profesores y colegios para salvar el año escolar. Que esta sea una lección a aprender. El primer gran perdedor en cuanto a las fallas, problemas y conflictos en temas educativos es el estudiante. Y el segundo es el país”, concluyó.

Mientras, el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Roberto Troncoso consideró que, por tratarse de la “estrella” del Gobierno, en la educación debe hacerse un mayor esfuerzo para dotar de computadora a cada estudiante mayor de 8 años”.

“Es el momento de dar esa milla extra en un tema que beneficiará a todo el país”, acotó.

Educadores y Meduca

Al respecto, el secretario de la Asociación de Educadores de San Miguelito, Edy Pinto, expresó que el inicio del año escolar el próximo 20 de julio será irregular, dado que la población está sufriendo una crisis socioeconómica que se refleja en despidos y personas que están en casa sin salario.

Agregó que los educadores están “estresados” por la desinformación que hay, ya que la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, dice una cosa, los supervisores otra y los directores de las escuelas implementan acciones propias.

Registros del Meduca precisan que, de un total de 800 mil estudiantes de escuelas públicas de todo el país, unos 130 mil crearon su cuenta de correo electrónico institucional, rumbo al inicio de clases a distancia.

La información fue dada a conocer por Isis Núñez, directora nacional de Educación Media. Agregó que unos 43 mil docentes, de cerca de 46 mil, también cuentan con un correo institucional, lo que equivale a más del 93%.

“Esta es una cifra bastante significativa, porque permite crear una conectividad. Además, indica que nuestros maestros y profesores están dispuestos a comenzar las clases”, apuntó.

Reconoció que será un año escolar “con muchas irregularidades”, porque hay muchos centros educativos en áreas distantes, pero el hecho de tener habilitados estos correos institucionales permitirá al educador enviar las actividades y tareas que los estudiantes deben hacer en sus hogares.

En el caso de los niños y adolescentes que no tengan el correo institucional, Núñez sostuvo que los docentes pueden utilizar cualquier recurso disponible, ya sea un teléfono o tutoriales, así como las clases que se imparten por televisión y radio.

Como las clases abarcarán desde el 20 de julio hasta el 30 de diciembre, la funcionaria explicó que habrá una semana de receso a principios de 2021 para determinar cuántos estudiantes no se pudieron conectar con sus educadores; ello, con el objetivo de incluirlos en el proceso de enseñanza.

Sobre cuántos estudiantes se conectarán a fin de año, el Meduca tiene como meta alcanzar entre el 80% y el 85% del total de los niños y adolescentes. El resto sería incluido en enero y febrero.

Organismos internacionales, como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), se han pronunciado y enviado el siguiente menaje: “Estamos frente al mejor escenario posible dentro de una pandemia, que la educación siga, que el desarrollo de los niños y alumnos panameños no se vea afectado; tampoco su salud ni la de los docentes y de las familias panameñas. La educación a distancia tendrá sus retos, pero con los esfuerzos de todos, docentes, padres, alumnos, sector privado e incluso medios de comunicación, será posible”.

Fuente: https://www.prensa.com/impresa/panorama/el-reinicio-de-clases-sera-confuso-y-desigual/

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Mujeres de América Latina ‘bajo presión’ para aceptar cesáreas durante la pandemia

Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de COVID-19 en América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las cesáreas, revela una nueva investigación de openDemocracy, publicada este jueves 16 de julio.

La investigación encontró además múltiples reportes de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia – pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva” en varios países.

América Latina ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40% de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen el 15% e insiste en que solo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.

La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas en marzo, y añadió además que las mujeres deben contar con una compañía de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso, información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo desean.

La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o estadales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos, entre ellos ArgentinaEcuadorMéxicoUruguay y Venezuela.

La mayoría de estas leyes garantizan una compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos derechos incluso antes de la COVID-19. Y la pandemia no hizo más que empeorar las cosas.

En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro (EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, si bien las pautas del propio ministerio de salud establecen que “es importante evitar cesáreas injustificadas”.

Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó: “Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de COVID-19. Pero esto es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.

En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de COVID-19. Trece de ellas dijeron que se vieron obligadas a parir “solas” por las restricciones que prohibieron los acompañantes, y quince dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los recién nacidos.

Benavides también describió que una clínica privada “ofrecía: ‘vienes sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos en zona de observación y te cobramos 1.200 dólares’. Lo único bueno es que le permiten permanecer con el bebé”.

En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico Proparto Natural, prevé que las estadísticas mostrarán “en abril y mayo un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen los hospitales”, un miedo “contradictorio porque la cesárea tiene mayores riesgos y, en el caso del COVID-19, se suma el riesgo de la hospitalización e infección”, observó.

En toda la región, “los niveles de cesáreas han llegado a ser extremadamente altos, incluso en las mujeres sin COVID-19”, dijo a openDemocracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En Uruguay, que a mediados de julio registraba alrededor de 1.000 casos de COVID-19 y una treintena de muertes, el ministerio de salud fue acusado de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, contraviniendo la ley.

En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido “solas” y “asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y episiotomía (corte en la abertura vaginal).

Solas y mal informadas

A partir de marzo, openDemocracy entrevistó a decenas de mujeres y organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas internacionales como las leyes locales.

La mayoría de las mujeres dijeron que debieron parir sin acompañantes de su confianza, prohibidos por la COVID-19. Esto “multiplica el riesgo de maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.

Varias mujeres denunciaron asimismo abuso verbal de un personal hospitalario sobreexigido, mientras otras parturientas dijeron que fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.

“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”

Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”; así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información necesaria para entender lo que los médicos hacían con ella.

“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México. Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en el test de COVID-19, pero el personal no le informó los resultados hasta que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.

No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.

“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó Daniela Echeverría, en Ecuador.Si bien le permitieron estar con su esposo, los dejaron solos en la sala de partos durante tres horas, tras lo cual ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.

Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y el único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo otro parto.

En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.

La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los testimonios recopilados por openDemocracy. Dos mujeres que fueron a cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz sin sus parejas.

“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri.

Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir. Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está bueno ver caras malas”.

Una crisis global

En todo el mundo, la investigación de openDemocracy identificó infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de ONG y de otros medios periodísticos.

En América Latina, los toques de queda y las restricciones al transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.

En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro hospital, pero su bebé estaba muerto.

En Ecuador, durante el mes de abril, a dos mujeres con emergencias obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de hospitales públicos de Guayaquil, según la abogada feminista Ana Vera, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna. La ciudad estaba por entonces sumergida en la crisis de COVID-19.

“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera a openDemocracy.

También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de COVID-19 sin previo aviso.

Otra mujer en Guadalajara, México, relató a openDemocracy que había parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de coronavirus, que al principìo le fue negado, según dijo.

“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”, dijo la mujer, que aseguró haber sido regañada por el parto domiciliario e informada de que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado. Esto resultó incorrecto, según explicó, cuando un segundo médico ordenó una ecografía, así como un test de coronavirus (que dio positivo).

La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las normas sobre maltrato médico en su estado (que no cuenta con una ley contra la violencia obstétrica). Sin embargo, no está claro si esas autoridades van a investigar su queja, y nadie de los ministerios de salud de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela respondió las consultas de openDemocracy.

La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia obstétrica durante la pandemia. Esa oficina no respondió nuevas preguntas para actualizar esos datos en julio.

Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina “también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de COVID-19”.

“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.

Contribuyeron a este artículo Magda Gibelli (Venezuela) y Agostina Mileo (Argentina).

Fuente: https://efectococuyo.com/coronavirus/mujeres-de-america-latina-bajo-presion-para-aceptar-cesareas-durante-la-pandemia/

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Catalina Bonnet Toro: Movilización social con Hambre de cambios

La presión social que crece cada día y las constantes manifestaciones no se detendrán, pues con la crisis por la llegada del Covid-19, lo único que ha puesto en la mesa, es evidenciar los vacíos que aún quedan

Existen hitos importantes en la historia de la protesta social. El mundo ha sido testigo del levantamiento de los ciudadanos, especialmente, la última década, desde el alzamiento de la primavera árabe; en sus inicios tuvo lugar en Túnez, dando inicio a que muchos países de oriente medio, salieran en su rechazo a la desigualdad en temas sociales, económicos y políticos; como Egipto, Yemen y Libia, donde sus manifestaciones, llegarían al punto de derrocar a sus líderes.

La función principal de un movimiento social es generar cambios, o expresar un descontento. Tradicionalmente se dan en espacios públicos, pero gracias a las redes sociales emergentes, la invitación a la discusión de activistas, diferentes movimientos, o cualquier ciudadano, se trasladan al espacio virtual con una voz, mucho más fuerte y, hasta global. Lo hemos visto con el movimiento MeToo, que inició como una campaña contra la violencia sexual  por denuncias contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein; o de las protestas contra el racismo motivadas por la muerte de George Floyd, un exguardia de seguridad asfixiado durante un arresto en Nueva York.

Esta ola de protestas, se permea a lo largo y ancho del planeta. Solo falta hacer memoria. Para no irse tan lejos, tenemos a Latinoamérica; aparece entonces, un movimiento estudiantil que se gestó en Chile, contra el gobierno de Sebastián Piñera en el 2011, donde se buscaba reformar el acceso al ingreso a las universidades, con una educación superior gratuita. Fin que se consiguió después de cinco años de estar en las calles, cuando la presidenta, Michelle Bachelet, puso su fin, con una frase que destacaron todos los medios, la gratuidad universitaria  “es un derecho, no un regalo”.

Pero el estallido social no se queda ahí. Esto se propagaría  como un virus desde Chile hasta Colombia, donde vemos como la “normalización de las protestas” se desata en la región. Hay que destacar que hoy América Latina es la región más desigual del mundo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pues se estima que de 2019 a 2020, el desempleo pasará de 8,1% a 13,5%, es decir, que habrá más de 44 millones de personas sin trabajo. Así que no es de extrañarse como se incrementan cada vez más estos actos con Hambre – en mayúscula-  por cambios reales.

Deténganse en Colombia. El descontento en el país, se hace cada vez más evidente, a pesar de que se intente desestimar las marchas pacíficas, con actos vandálicos y un uso excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), no se deja envolver bajo esa cortina de humo. Lo vimos durante las pasadas marchas del 21 de noviembre del año pasado. Este Paro nacional se caracterizó por una unión de los diferentes  gremios afectados como campesinos, indígenas, docentes, estudiantes, comunidades afro, mujeres, comunidad LGTBI, pensionados, transportadores, en fin parecía que todo el país obedecería al llamado del paro.  Al fin, la marcha como mecanismo de participación ciudadana, tomó su papel, y el país, lograría conmocionarse ante su gente.

La presión social que crece cada día y las constantes manifestaciones no se detendrán, pues con la crisis por la llegada del Covid-19, lo único que ha puesto en la mesa, es evidenciar los vacíos que aún quedan; vemos como la línea que divide a la clase media de la pobreza y la pobreza extrema se ha vuelto más delgada, con un escenario de 20 millones más de personas en pobreza extrema en la región. Informalidad, desigualdad del ingreso,  falta en oportunidades de trabajo, acceso a la salud y a la educación eran problemas que América Latina enfrentaba, y salen a luz, por la pandemia como lo explicó Ángel Gurría, secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Y si los gobiernos acataran las medidas por contrarrestar los efectos que se perciben, junto con todo lo anterior, ya podríamos hablar de reconstruir, (antes de que sea demasiado tarde),  nuestra región, con la necesidad de reinventarnos en tiempos de Covid, como podría ser desarrollar nuestro potencial agrícola, sería una oportunidad de crear un impacto positivo, pues como se ha dicho la crisis alimentaria es una realidad. Pero la respuesta podría ser América Latina, señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya que tiene la reserva más grande del planeta en tierras cultivables.  La región latinoamericana tiene un enorme potencial para aportar soluciones globales en materia alimentaria.

Hoy podemos elegir si queremos ser las víctimas de un Estado fallido, o podemos buscar soluciones, pues en medio de la tormenta es cuando se conoce al buen piloto. Quizás necesitaremos mejores líderes y, en el futuro pospandemia, pasar a la acción por todos aquellos que han salido a manifestar su descontento, su dolor, su impotencia, de no ver cambios; y terminar por proteger y defender los derechos humanos de las generaciones venideras.

Fuente: https://alponiente.com/movilizacion-social-con-hambre-de-cambios/

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CLACSO: Una colección de textos educativos para descarga gratuita

La Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), con el apoyo de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), desarrollaron un potente proyecto editorial orientado a la formación integral de docentes, investigadores, estudiantes universitarios, lectores y lectoras interesados en problemáticas contemporáneas.

El lanzamiento de la «Biblioteca CLACSO-UNIPE» es una de las acciones culturales emprendidas por la Universidad Pedagógica Nacional en el contexto de la emergencia sanitaria por la Covid-19 para contribuir a la formación docente y a la promoción de la lectura.

El proyecto editorial se encuentra orientado a la formación integral de docentes, investigadores, estudiantes universitarios, lectores y lectoras interesados en problemáticas contemporáneas.

Su catálogo está conformado por las colecciones «Ideas en la educación argentina», «Boris Spivacow» y «Pensamiento contemporáneo» (entre otras), que han plasmado en sus páginas un doble desafío: pensar nuestro tiempo con rigor académico, sin dejar de contribuir a la creación y divulgación del conocimiento.

La biblioteca incluye títulos como «La escuela, plataforma de la patria», de Adriana Puiggrós; «La colonización pedagógica», de Arturo Jauretche; «Palabras claves en la historia de la educación argentina», de Flavia Fiorucci y José Bustamante Vismara; «La tradición nacional», de Joaquín Víctor González; «Cómo se forma al ciudadano y otros escritos reunidos», de Pablo A. Pizzurno, y muchos otros títulos de divulgación.

Los documentos, libros completos y revistas son de acceso libre y de descarga gratuita, ya que la idea es propiciar la formación de los profesores, estudiantes, investigadores y demás lectores de américa Latina y el mundo.

Se puede ingresar a la biblioteca aquí.

Fuente: https://www.periodismo.com/blog/2020/07/03/una-coleccion-de-textos-educativos-para-descarga-gratuita/

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Save the Children: Diez millones de niños en el mundo podrían quedar sin clases por pandemia

Save the Children ha dado este lunes la voz de alarma ante lo que considera «una emergencia educativa mundial sin precedentes» por la pandemia de coronavirus, que podría dejar a unos 10 millones de niños fuera de las aulas por los recortes presupuestarios.

En su informe ‘Salvad nuestra educación‘, la ONG calcula que 9,7 millones de niños están en riesgo de abandonar la escuela definitivamente en lo que queda de año, un riesgo que es especialmente elevado en doce países, principalmente de África occidental y central, aunque también en Yemen y Afganistán.

La organización señala como una de las causas la reducción del presupuesto de educación. En un escenario de «rango medio», Save the Children estima que podría haber un déficit de 77.000 millones de dólares en la partida educativa de «algunos de los países más pobres del mundo», mientras que en «el peor de los escenarios», es decir que los gobiernos directamente transfieran el dinero de educación a otras partidas para combatir la pandemia, podría dispararse a los 192.000 millones de dólares.

La ONG ha indicado que, más allá de los «efectos devastadores que el brote de covid-19 tendrá en el aprendizaje», «el cierre de escuelas significa mucho más que la pérdida de educación, ya que deja a los niños sin espacios seguros donde jugar, comer y acceder a servicios de salud, y donde se detectan posibles abusos en el hogar y se ofrece protección a las víctimas». «Con el cierre de las escuelas, estas salvaguardas desaparecen», ha alertado.

En este sentido, ha recordado que «los niños de estos países viven atrapados en un círculo vicioso», por lo que augura que «el cierre de las escuelas les empujará a incorporarse al mercado laboral y, en el caso de las niñas y adolescentes, estarán más expuestas a la violencia de género, al matrimonio infantil y al embarazo adolescente». «Estos riesgos aumentan cuanto más tiempo están fuera de la escuela y reducen directamente su posibilidad de regresar a ella», ha explicado.

Además, ha incidido en que antes de la pandemia 258 millones de niños estaban sin escolarizar en todo el mundo, una cifra que actualmente asciende a 1.600 millones. Aisha, 15 años, de Etiopía, es una de ellos. «Hace tres meses iba a clase todos los días, aprendía, jugaba con mis amigos y comía allí. Extraño mucho mi escuela y mis amigos. Ahora paso la mayor parte del tiempo cuidando del ganado y algunas veces ayudo a mi madre con tareas de casa como limpiar y cocinar», ha contado.

Save the Children ha señalado asimismo que, «a pesar de los esfuerzos de gobiernos y organizaciones, 500 millones de niños no han tenido acceso a la educación a distancia, en muchos casos sin familiares alfabetizados que pudieran ayudarles en casa». «Como consecuencia de esta pérdida», ha afirmado, «muchos tendrán dificultades para ponerse al día, lo que aumentará sus probabilidades de abandono».

En este contexto, la organización ha proporcionado materiales y recursos para la educación a distancia, entre ellos lecciones y apoyo a través de la radio, la televisión, el teléfono y las redes sociales, en los países donde opera. También está trabajando con los padres y las madres para que «sepan cómo apoyar el aprendizaje y el bienestar de sus hijos en el hogar» y con las autoridades educativas para «ayudar a planificar el regreso seguro a la escuela».

Llamado internacional

Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes, por lo que Save the Children ha instado a gobiernos y donantes a responder a esta «emergencia educativa mundial sin precedentes, que hace peligrar el cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fija para 2030 garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los niños».

En concreto, ha pedido «poner a disposición del Banco Mundial un fondo de 35.000 millones de euros para invertir urgentemente en educación, de modo que se garantice que los niños tengan acceso a la educación, ya sea a distancia o presencial». En este último caso, ha abogado por «una vuelta a las aulas segura e inclusiva, con acceso a comidas escolares, servicios de salud y clases de recuperación para compensar el aprendizaje perdido».

Igualmente ha solicitado «suspender el pago de la deuda de los países de bajos ingresos, una medida que podría liberar 14.000 millones de dólares para ser invertidos en educación. «Sería desmesurado permitir que recursos tan necesarios para mantener viva la esperanza que viene con la educación se desvíen a pagar la deuda», ha considerado el director ejecutivo de Save the Children, Inger Ashing.

Fuente: https://www.dinero.com/internacional/articulo/coronavirus-pandemia-podria-dejar-a-10-millones-de-ninos-fuera-de-las-aulas/292447

 

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Las autoridades de Nigeria utilizan la crisis sanitaria para cerrar escuelas coránicas

Desde hace años, el deseo de las autoridades del norte de Nigeria de clausurar las ‘madrasas’ o escuelas coránicas choca con las tradiciones y la religión. Pero tras el cierre de los colegios por causa del coronavirus, 19 Estados anunciaron que estos establecimientos ya no volverían a abrir.

«Queremos prohibir este sistema. Queremos que cada niño esté cerca de sus padres», declaró recientemente el gobernador del Estado de Kano, Nasir Ahmad El Rufai.

La ONU estima que 1,5 millones de niños son escolarizados en estos centros islámicos informales solamente en el Estado de Kano, el más poblado al norte musulmán de Nigeria, con 14 millones de habitantes.

Pero los jefes tradicionales alegan que sin esos centros podría haber 3 millones de niños condenados a la mendicidad para sobrevivir.

La escolaridad en estos establecimientos es gratuita, pero los niños, enviados por sus padres a partir de la edad de seis años, deben arreglárselas solos para alimentarse, vestirse, y duermen a veces en el suelo, en condiciones muy precarias e insalubres.

Las escuelas coránicas no están sometidas a ninguna vigilancia de parte de las autoridades. El año pasado se descubrieron centros de «corrección» para niños o jóvenes toxicómanos, o personas que presentaban trastornos psiquiátricos que habían sido enviadas por sus familias para «curarse», lo que causó gran conmoción en el país.

Los «Almajaris» (como se designa en idioma local a los alumnos de estas madrasas) estaban encadenados, apenas alimentados, y sometidos a tratamientos inhumanos. Una decena de estos establecimientos fueron cerrados, pero son tan numerosos que es difícil controlarlos e incluso de identificarlos.

«La pandemia de Covid-19 nos da la oportunidad de someter a tests a los Almajaris, y devolverlos a sus familias», insistió el gobernador de Kano.

– Tradición secular –

Los religiosos musulmanes mantienen una importante influencia entre la población, pero también en el mundo político y entre los jefes tradicionales. En Estados en los que la ley islámica está en vigor, estos religiosos denuncian una tentativa de las autoridades de «destruir el sistema tradicional de enseñanza del Corán».

«No es posible suprimir un sistema que existe desde hace siglos, de la noche a la mañana», se quejaba el director de una escuela coránica de Kano, Jibril Salihu.

Tampoco sus alumnos quieren dejar la escuela. «Lo que ha decidido el gobierno es injusto para nosotros», afirma Awwalu Abdullahi, de 20 años, que aprende a leer y escribir, y a descifrar el Corán desde hace cinco años.

«Si nos envían a casa, nos sumaremos a las filas de nuestros colegas analfabetos», agrega.

El sector de la educación está devastado en Nigeria, tras décadas de negligencia de los poderes públicos y debido a una explosión demográfica, en especial en el norte del país, donde la inmensa mayoría de la población vive bajo el umbral de la extrema pobreza.

Se estima que 10,5 millones de niños de 5 a 14 años no están escolarizados, e incluso para quienes sí lo están «las escuelas públicas están superpobladas y los profesores no están formados», denuncia el sociólogo Saminu Dala.

«El sistema educativo oficial están en descomposición», sentencia. Y mientras no se pueda absorber en los colegios a las decenas de millones de jóvenes nigerianos, las escuelas coránicas seguirán proliferando.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/las-autoridades-de-nigeria-utilizan-la-crisis-sanitaria-para-cerrar-escuelas-cor%C3%A1nicas/45911046

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