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El Comité del Paro denuncia la negativa del gobierno colombiano a negociar un pliego de emergencia

Por: Agencia Telesur

  • Francisco Maltés, de la Central Unitaria de Trabajadores: “hoy ha quedado constatado una vez más que el Gobierno no quiere negociar ni el pliego de emergencia, ni negociar, prefiere la vía de la represión”.
  • En una nueva jornada nocturna de represión por parte del ESMAD, se denunció el asesinato de tres personas en la ciudad de Cali.

El Comité del Paro Nacional ha denunciado que el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, rechaza negociar incluso el pliego de emergencia, en el marco de las protestas populares que se han prolongado ya por 38 días.

Delegados del Comité del Paro y del Gobierno sostuvieron este viernes un nuevo encuentro con la intención de avanzar en conversaciones que buscan un acuerdo que finalice las manifestaciones, que se realizan desde el 28 de abril pasado.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, declaró, al finalizar la reunión, que “hoy ha quedado constatado una vez más que el Gobierno no quiere negociar ni el pliego de emergencia, ni negociar, prefiere la vía de la represión”.

Subrayó que el Comité ha insistido en que “debe parar la violencia y brutalidad policial. No más asesinatos”.

Maltés dijo que si el Ejecutivo insiste en negarse a rubricar el preacuerdo de garantías, el cual se convino el 24 mayo anterior en presencia de tres ministros y otros funcionarios, el punto se llevará a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que arribará al país la semana entrante.

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio José Archila, por su parte, pidió al Comité Nacional del Paro que respete la metodología de trabajo convenida para avanzar en las pláticas.

Jornada de represión

Medios locales y usuarios de Twitter, en tanto, reportaron una nueva jornada nocturna de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, contra manifestantes en la ciudad de Cali, cabecera del suroccidental departamento de Valle del Cauca.

El proyecto de comunicación alternativa Periferia Prensa denunció en su cuenta de Twitter que el ESMAD disparó contra las personas que se manifestaban en la zona de Paso del Comercio, en Cali, con un saldo de tres muertos y cinco heridos.

Otros usuarios dijeron que las personas heridas de bala ascendían a ocho.

Un balance ofrecido por la organización no gubernamental (ONG) Temblores, a través de su plataforma Grita, señaló que desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo, se han registrado 1.649 detenciones arbitrarias contra los manifestantes, así como 3.789 casos de violencia policial.

Igualmente, 1.248 personas han sido víctimas de violencia física, se han reportado 45 homicidios por parte de la policía, presuntamente; 705 intervenciones violentas, 65 personas con lesiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego y 25 hechos de violencia sexual.

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es

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El paro político nacional, triunfo o derrota popular

Se preveía que el Paro programado para el 28 de abril de 2.021, tornaría en Indefinido. Se conocía con anticipación, que pese a las restricciones con ocasión del Covid-19, las movilizaciones serian multitudinarias, permanentes. Era de esperar que la protesta centraría contra la Rama Legislativa (Senado, Cámara, Asamblea, concejos), retomando lo sucedido en el anterior Paro Nacional del 21 de noviembre de 2.019 (21N), que en plena protesta callejera el Senado aprobó la fatídica Reforma Tributaria que privó al Estado colombiano de recaudar cerca de 12 billones de pesos, nueve billones de los cuales fueron entregados al sector financiero parasitario y el resto a exenciones tributarias a empresarios, dizque para impulsar el “pleno empleo”, resultando embolsillados por ellos. También que la petición directa fuere la extinción del Escuadrón Policial de la Muerte, El Esmad y como remate la exigencia de la reforma de fondo a la Policía Nacional, desnaturalizada por lo militar.

Un Pliego de Peticiones, presentado por el Comité Nacional de Paro desde hacía 11 meses, engavetado y sin respuesta oficial, presagiaba el alcance político del desarrollo de las protestas. El binomio gubernamental lo sabía y no han demostrado capacidad para encararlo y ello explica la dilación en solucionarlo. Los acontecimientos políticos que se han sucedido y generado durante su ciclo de actividad califican el presente paro, como de Paro Político Nacional (PPN), sustentado en un estallido político-social y en la consecuente y consciente participación organizada de las masas y por ende del movimiento popular colombiano.

No estaba entre los cálculos que el régimen presidencialista le diere un tratamiento contra insurgente al Paro y ello demuestra la incongruencia en lo gobernable y la ratificación que en Colombia opera una hegemonía oligárquica contra insurgente, de la que hacen parte la mayoría de grupos y partidos políticos que tienen representativo en el Congreso.

Con anterioridad se ha planteado la culpa gubernamental en la vorágine causada. La conciencia popular enardecida ha comprobado que es posible exigir los cambios de fondo que la sociedad colombiana requiere. Se impone la constante de tener claro que es lo que se quiere y se ha demostrado que se perdió el miedo a protestar a exigir, denunciar, pese a la ola de Terrorismo de Estado aplicado en Colombia.

Alcances políticos del paro

En este mes de Paro se ha revelado la lucha de clases latente. El racismo entronizado contra minorías étnicas y pueblo ancestral. Desenmascarada la iniquidad e injusticias, materializada en conocimiento que el 1% de la población, más rico, es el dueño de medio país. Que el 1,5% de la población, sea la dueña ostentosa del 52% de la tierra productiva en el país. Se desenmascara a los pocos personajes que son los dueños de los Peajes, que tienen rebotado y en acción de bloqueos a los transportadores. Que todos los Servicios Públicos esenciales (Comunicaciones, Agua, Luz, Transporte, Educación, Salud, Banca, Recursos Naturales) han sido privatizados a ultranza, redundando en un imaginario popular de no pertenencia y valía. Que el problema de poder en la generación y generalización de la corrupción radica en toda la rama legislativa, atornillada por la existencia de un sistema electoral corrupto, soso, hecho a imagen, semejanza y provecho del clientelismo. En la existencia y permanencia de una metodología desarrollada por los gobernantes al servicio del capital financiero especulador y parasitario, al que se le otorgan auxilios, exenciones, beneficios abusivos en billones de pesos, en detrimento de las arcas públicas. Complementa con un modelo económico que incluye el uso desmedido de la explotación de los recursos naturales, en lo extractivo, que asola el panorama del equilibrio ecológico, la defensa de la naturaleza, de sus derechos y el de los animales. Se revela, como verdad sabida, que funge un presidente títere, sub valorado, por sus mismos partidarios y lastre en la conducción eficaz del país. El experimentado dirigente político Álvaro Leiva D, advierte, en clara alusión al sub presidente: “un animal puede tener cien pies; pero jamás dos cabezas”. No obstante(o por eso) el objetivo del movimiento popular, no es el fin del mandato del títere de turno y en consecuencia tampoco el de la politicidad del Paro Nacional; como si lo es la Fuerza Pública criminal que sustenta al Establecimiento y el señalamiento e identificación del enemigo principal del pueblo colombiano, como lo es la Rama Legislativo del Poder Público. La conciencia ciudadana y popular tiene muy bien identificado a todos los causantes de sus males y la dictadura mediática no logra confundir esos imaginarios pululares.

Efectos de los alcances políticos del paro

En relación con la capacidad de dirección del Comité Nacional de Paro, este no ha perdido fuerza, ni vigor, durante el más de un mes de desarrollo del paro. Esto, por cuanto no se trata de un cese de actividades tipificado, sino de una Huelga generalizada, de carácter político en todo el país. El gobierno le apostó a su desgaste y el Comité ha salido bien librado de pretendidas imposiciones unilateral gubernamentales.

El tema de los Bloqueos, que no es del resorte nacional del comité, expresa la multiplicidad de reclamaciones de otros sectores populares, que no están bajo la égida de dirección del Comité Nacional del Paro y demuestra la errada aplicación de inteligencia preventiva del Establecimiento gubernamental. Craso error el haber desautorizado a dos vice ministros que habían llegado a un acuerdo con manifestantes para destrabar el corte de vía en Buenaventura y progresivamente permitir el fluido, con ayuda de los transportadores, manifestantes y organizaciones populares en la calle. Se suma a la salida de dos ministros y un Alto Consejero gubernamental.

Como nunca se había registrado en las luchas populares en Colombia, este paro del 28A, ha elevado el nivel organizativo de las masas. Resultado de la brutalidad policial aplicada por el Escuadrón de la Muerte Policial, Esmad, los jóvenes han creado LA 1ª LINEA. Los muchachos o pelaos de La 1ª Línea, están en la lucha callejera, con cascos, gafas plásticas de seguridad, escudos de lata y plásticos, tapabocas y disponibilidad total. Enfrentan las bombas lacrimógenas y chorros de agua dirigidos a los manifestantes. Orientan a la población alzada. Controlan a saqueadores. Organizan los Bloqueos, evitando la extorsión. Encausan y ayudan. Previenen, orientan, socorren a golpeados, o a sitiados, a quienes ayudan a salir. Participan en las ollas comunitarias, junto con LAS MADRES DE LA 1A LINEA. Aseguran las tres comidas del día y a la que jamás habían tenido acceso. Entretejen con amistades, compañeros, novias, todo un soporte de activismo político y social. También son liderados y ayudados por sacerdotes de iglesias, médicos, auxiliares de salud, activistas de ONG´s sin apropiarse de sus espacios- profesores que acuden a proteger a sus alumnos, padres de familias y vecinos. Sorprende la capacitación e ilustración que ostentan y expresan los pelaos sobre lo problemático del país. La represión contra los pelaos de La 1º Línea ha sido brutal y sanguinaria por parte del Terrorismo de Estado. Policías y paramilitares los ubican, identifican, los retienen cuando salen de los escenarios de confrontación. Los siguen, los desaparecen, y los incineran, como en el lamentable suceso del joven de piel negra, encontrado carbonizado en las instalaciones destrozadas del centro comercial Dollar City, en la ciudad de Cali, no distante, por la parte trasera, de un centro de atención policial, que ha sido objeto de reiterados ataques durante las confrontaciones de estos días. Los medios de alienación masiva, mantienen en una burbuja, mintiendo sobre la cotidianidad de una confrontación permanente en las ciudades afectadas, al no ejercer un periodismo independiente. Difunden especies como la del Ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien afirma que se trata de una estrategia de difamación contra el Estado colombiano y que las muertes de manifestantes han sido en incidentes aislados como riñas callejeras, hurtos, etc. Inventan lo de la presencia de grupos armados y de control del fementido narcotráfico y el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, señala en una entrevista, que los bloqueos son ilegales y deben ser levantados de manera inmediata para poder iniciar una negociación.

Todo un montaje preparando el escenario de golpes dictatoriales y más represión y muerte. Duque y sus comilones que repiten, siempre habla de respetar la Constitución, pero en la práctica no acude a negociar una búsqueda de salida concertada, recurriendo a la represión. Se trata de un gobierno des legitimado que solo se sostiene con la dictadura.

El efecto político, como repercusión internacional no se ha dejado esperar. Movilizaciones de colombianos y ciudadanos de diferentes países donde se han dado multitudinarias protestas de solidaridad con el pueblo colombiano y en contra del gobierno. Llamados de organismos internacionales y personalidades a la búsqueda de una solución y al respeto a los manifestantes. Cartas diplomáticas enviadas, a raíz de los violentos comportamientos de la fuerza pública. Reiterada inquietud por la cantidad de baleados, muertos, heridos y sobre todo, desaparecidos, durante las jornadas de protesta, aumentan el desprestigio internacional del gobernante colombiano, que pareciere no piensa con cabeza propia, sino por la del otro. Inexplicable mal manejo y contradictorio trato al pedido de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a venir a verificar las denuncias de violación a los Derechos Humanos.

La Secta-que no partido- de gobierno, ha impulsado la reacción fascista contra las protestas llamando a la intervención militar y al mesianismo salvador con los inmensos recursos dinerarios de sus “corporados”: “Urgimos al Gobierno Nacional liderar la consecución de unos recursos pagados por los más pudientes para financiar la lucha contra la pobreza y la política de juventud” 28 de mayo de 2.021. La plata es grosera, insolente. Piensan que dando limosna a la juventud, manteniendo la situación de iniquidad, miseria, pobreza, pueden continuar cabalgando sobre las necesidades del pueblo colombiano. En nada se diferencia esta grosería, como cuando el capo Pablo Escobar, anunció que estaba en condiciones de pagar la deuda externa colombiana. Vaya pues!

El paso dictatorial con un decreto de marras

Los Bloqueos son protesta ciudadana. Se explica cómo manifestación soberana del pueblo indignado. Una expresión de democracia directa:(Artículo 3 CP91) “el pueblo la ejerce en forma directa”. Puras elucubraciones se dan en torno de ellos. Los gremios económicos y financieros; oficiales y privados, mencionan sumas billonarias, astronómicas, en pérdidas. La verdad es que no ha existido, no se ha dado, un desabastecimiento critico en las ciudades. Los bloqueos se han dado en forma intermitente y al parecer funcionan unos “corredores humanitarios” por el que circulan los artículos de primera necesidad, medicamentos, etc. Obvio, los importadores de lo santuario si se afectan. Sucede que la decisión política es no aceptar ninguna clase de protesta, no negociar, derrotar al movimiento popular y aprovechar la coyuntura para el engaño electoral gubernamental que avecina. Si los gremios y grupos de presión económica estuvieren afectados, hubieren presionado al gobierno a una solución negociada; pero no, avalan las medidas contra el movimiento popular y llaman a la militarización, con la ambientación intoxica dora de los medios de comunicación que buscan hastiar a la clase media y ponerla en contra del Paro Político Nacional (PPN), a fin que ninguna conquista política se logre conseguir. En acto de desespero por la intensificación de la protesta y continuación de la lucha, le resulta imposible contener la autonomía de los gobernantes locales, elegidos popularmente y terminarían demarcándose de la directriz central del gobierno por in gerente la “asistencia militar”. No están en capacidad de continuar reunidos con un Comité de Paro, solido en sus argumentos y ante la flaqueza de ingobernabilidad manifiesta, deciden acudir a lo dictatorial. Emiten un Decreto, que prácticamente lleva a traste las negociaciones con el Comité de Paro, tal como lo enuncian sendos comunicados de ambas partes.

El Decreto 575 del 28 de mayo de 2.021, es de indiscutible carácter dictatorial, draconiano. Pasa por alto las observaciones de las fuerzas militares y de policía, que realizan tareas de control en medio de las protestas sociales y políticas. Desconoce que están sujetos a las reglas internacionales del uso de la fuerza, limitadas por los principios universales de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad. Todo eso lo viola el citado decreto e instaura el Terrorismo de Estado, siempre vigente en Colombia. Como tal, la “asistencia militar” es inconstitucional y no contentos con el injerto, emiten un Decreto, que más pareciere de conmoción interior, sin darse las condiciones objetivas para ello. Es un disfraz que busca “restaurar el orden público” en los Departamentos citados; lo cual no es de unánime, ni igual caracterización. También resulta inconstitucional un Decreto dictatorial dizque para “prevenir” la alteración; es decir lo que vendrá. Eso demuestra ineficacia en la dirección del país. Ese Decreto es inaplicable. De cuando acá el Departamento de Norte de Santander esta alterado en“el orden público”? Acaso se está con la Constitución de 1886? No..En el Departamento Norte de Santander existe un conflcito armado interno agudizado, con control territorial insurgente, a diferencia de El Cauca, por ejemplo, que controlan el territorio las bandas de narcotraficantes en connivencia con las brigadas militares y el generalato a la cabeza. Resulta que la única manera de “prevenir” que no se altere el orden público en el Norte de Santander, es no fumigar con glifosfato. En una palabra, aplicar los Acuerdos de La Habana. Crear las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Proteger a las comunidades indígenas. Derogar los Zidres y comenzar a reconstruir la economía de El Catatumbo bajo la dirección cooperativa, desplazando el capital financiero parasitario y narcotraficante de lavado legal. Uno a uno los gobernantes locales manifestara el desacuerdo con la pérdida de su autonomía. Ya lo han manifestado la Alcaldesa de Bogotá,DC y el Alcalde de Bucaramanga. Más de cinco alcaldes en Cundinamarca y seguiremos contando.

La salida es política no militar

Debe el gobierno nacional retomar las negociaciones con el Comité del Paro Nacional. Entender que una cosa es negociar con el comité Nacional y otra con las comunidades en protesta regional, con representatividad soberana directa, del pueblo en las calles, carreteras y veredas. Es fácil: solucione el Paro de los Transportistas. Ponga en la cartera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a una persona capacitada y enfrente el problema que tendrá con los explotadores de los Peajes. Enfrente a Sarmiento Angulo y al grupo Aval y no a los transportistas, conductores, ayudantes y al pueblo organizado en las calles. Soluciónelo ya y resuelve lo de los Bloqueos. No seguir dándole al Paro Político Nacional un tratamiento contra insurgente. Esto contribuirá a un agudizar del conflicto armado interno insurgente. Y por dejar por el momento, aliste se, señor gobierno bicéfalo o dual a aceptar la convocatoria, de una Consulta Popular para determinar temas puntuales como la Revocatoria del Mandato de Toda la Rama Legislativa del Poder Público actual y empezaremos a construir una Nueva Colombia, aplicando los ajustes necesarios al sistema corrupto electoral, clientelista y de casino, narco paramilitar, que impera en Colombia.

El paro político nacional, triunfo o derrota popular

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26 días del paro nacional: ¿Colombia está recorriendo el mismo camino de Chile?

Por: Semana.com

Muchos están comparando el estallido social de Chile en 2019 con lo que está pasando en Colombia por cuenta del paro nacional. Aunque el Gobierno ha cedido a peticiones de líderes del paro, las movilizaciones continúan.

El pasado 15 de abril el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó la reforma tributaria, sin pensar que generaría el estallido social que se está viviendo en Colombia. Aunque el paro estaba programado desde antes que se presentara esta iniciativa, muchos puntos del texto presentado ante el Congreso, sirvieron para que los colombianos salieran a las calles.

En esta semana se completará un mes desde que se inició el paro y muchos se están preguntando si Colombia está siguiendo los pasos de Chile, país en el que en octubre de 2019 se generó una crisis social. Lo que pasó allí tiene muchas similitudes con lo que está pasado en nuestro país y aunque muchas de las exigencias de los marchantes se han concedido, el paro continúa.

A continuación podrá leer lo que ha ocurrido en Colombia desde que iniciaron las movilizaciones:

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Colombia: El Gobierno de Duque, en jaque: han caído dos ministros y la reforma de la Salud se tambalea

Este jueves el Gobierno colombiano le reiteró al Comité Nacional de Paro, formado por sindicatos y organizaciones convocantes del Paro Nacional del 28 de abril, la necesidad de «un diálogo urgente» y que se siente a la mesa de negociación para solucionar la crisis desencadenada por las multitudinarias protestas que vive el país. «Estamos listos para sentarnos a negociar», declaró este 13 de mayo el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, mediador por parte del Gobierno para el diálogo, quien urgió al Comité a dar «una respuesta inmediata».

CRISIS DE GOBIERNO

Esta crisis ya se ha cobrado dos ministros del gabinete de Iván Duque. El de Finanzas, Alberto Carrasquilla, quien renunció el 3 de mayo, después de que el presidente retirara el proyecto de reforma tributaria que fue uno de los detonantes de la protesta. El 12 de mayo renunció la ministra de Exteriores, Claudia Blum, por el descrédito internacional que ha supuesto para Colombia la evidencia de la violación descomunal de los derechos humanos por la fuerza pública de Colombia, y que la canciller se ha empeñado en negar, criminalizando la protesta. Ahora todos los ojos están puestos en el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien ve cómo el proyecto de reforma de la salud que impulsa el Gobierno pierde cada día apoyos en el Congreso. Tras las masivas movilizaciones de este 12 de mayo, ha sido el Partido Conservador quien ha anunciado que retira su apoyo al proyecto, días atrás habían sido el Partido de la U y el Partido Liberal los que se habían desmarcado. A unos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, los partidos políticos tienen miedo de que su popularidad se desplome, habida cuenta la oposición que el proyecto privatizador ha despertado entre la población y los profesionales sanitarios.

Además, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, comenzó la jornada desdiciendo al presidente Duque, quien en su visita sorpresa a Cali el 11 de mayo había anunciado el comienzo de la fase III de vacunación, para profesores, miembros de la fuerza pública y otros funcionarios del Estado. “Faltan muchos mayores de 60 por vacunar”, dijo Ruiz. La lentitud y caos en el proceso de vacunación es otro de los detonantes del malestar de la población, en el peor momento de la pandemia. El covid ha causado oficialmente casi 80 mil muertes en Colombia, y hay más de 3 millones de casos activos.

Este 13 de mayo ha transcurrido haciendo balance de la masiva movilización de la jornada anterior. En Cali, la presencia de congresistas que han sesionado en la Escuela de Deporte Nacional para escuchar a las autoridades y los sectores sociales del departamento del Valle del Cauca, ha hecho que no se registraran ataques violentos de la Policía, el ESMAD y pistoleros con cobertura policial que han sembrado el terror y la muerte en los puntos de resistencia de la ciudad. Cabe recordar que solamente en Cali se han registrado 35 civiles asesinados en el marco de la protesta y hay más de cien personas desaparecidas.

Sin embargo, durante el día se han registrado violentos ataques del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en la vecina ciudad de Buga, situada en el mismo departamento del Valle del Cauca. Los antidisturbios han cargado violentamente contra la población que se manifestaba, lanzando botes de humo y provocando pánico en zonas residenciales de los barrios Palo Blanco y Aures. Una comisión de congresistas se ha desplazado desde Cali para verificar la situación sobre el terreno.

INDIGNACIÓN EN BARRANQUILLA

Este 12 de mayo se jugaba en Barranquilla y Pereira sendos partidos de fútbol de la Copa Libertadores. Las hinchadas pedían que se no se jugara por la situación de violación de derechos humanos que vive Colombia, pero el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hizo oídos sordos. Los seguidores del Junior, equipo local, se citaron en los alrededores del estadio Romelio Martínez para pedir la suspensión del partido con el River Plate argentino. El alcalde les mandó al ESMAD a reprimir con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos la protesta pacífica.

Cuando salieron a la cancha los equipos River Plate de Argentina y Junior de Barranquilla, el árbitro pitó el minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. En ese instante se pudieron escuchar los bombazos que el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- estaba lanzando contra los manifestantes afuera del estadio. Una situación que hizo recordar los tiempos de la dictadura argentina, que pretendía acallar el clamor por la represión criminal con el mundial de fútbol de 1978.

NOCHE DE REPRESIÓN EN BOGOTÁ

La noche del 12 de mayo se sucedieron cargas policiales en distintos sectores de Bogotá. El Portal de Las Américas, donde se encuentra una estación del sistema masivo de transporte público Transmilenio, ha sido escenario de una violencia policial extrema, que ha registrado varios homicidios, torturas y detenciones arbitrarias que se han convertido en desaparición forzada. La noche del 12 de mayo el Portal de las Américas volvió a ser uno de los epicentros de la violencia policial en Bogotá, con heridos y detenidos.

La mañana de este 13 de mayo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en rueda de prensa lo que viene ocurriendo en el Portal de las Américas de Bogotá, y exigen a las autoridades municipales y policiales que se pronuncien:

SE SUICIDA EN POPAYÁN UNA MENOR DE EDAD QUE HABÍA SIDO ABUSADA SEXUALMENTE POR LA POLICÍA

Allizon Lizeth Salazar Miranda tenía 17 años. Se dirigía a casa de un amigo en la zona sur de Popayán, la capital del departamento del Cauca, cuando la policía cargó. Ella se refugió detrás de un muro y la cogieron entre cuatro uniformados.

Ella misma denunció lo sucedido en su cuenta de Facebook:

«Les tocó coger me entre 4 no Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban «desnudando» quitando el pantalón».

La menor estuvo detenida en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, en el sur de la ciudad.

Las autoridades investigan las versiones que advierten que la adolescente fue objeto de agresiones sexuales, por lo que defensores de derechos humanos exigieron que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aplique un enfoque de género en el caso.

Un periodista que cubría los disturbios registró el momento en el que la menor, hija de un intendente de la Policía Nacional, es arrastrada en volandas por los uniformados.

Lizeth Montero, abogada y defensora de derechos humanos, denunció que se han registrado varios casos en los que las mujeres son víctimas de violencia de género en medio de las protestas.

“De manera brutal fueron agredidas mujeres menores de edad, manifestantes que se encontraban en un lugar en el que no existió posibilidad ninguna de verificar los procedimientos de detenciones arbitrarias”.

Para este viernes en la mañana fueron convocados plantones y manifestaciones por diferentes colectivos. La ong Temblores ya contabilizó 16 víctimas de abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la represión al Paro Nacional.

Fuente: https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=11038

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El Gran Paro Nacional en Colombia

REBELION POPULAR Y MASACRE EN EL RÉGIMEN DE LOS URIBEÑOS

Por: Renán Vega Cantor

A la memoria de los hombres y mujeres asesinados durante el paro por las fuerzas represivas y paramilitares del Estado.

“Quien no se mueve no siente las cadenas”. Rosa Luxemburgo

“Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada.
Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre. […]
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”.

Eduardo Galeano

En estos momentos se desenvuelve la más extraordinaria movilización popular que se ha presentado en Colombia en los últimos 45 años, que involucra tanto a los pobladores urbanos como a los del mundo rural. Al mismo tiempo, el régimen criminal de los uribeños ha recurrido a la fuerza bruta para contener la protesta, dejando en el camino a cincuenta muertos, miles de heridos, llanto y sufrimiento a lo largo y ancho de nuestro martirizado país.

Este es un hecho histórico de transcendencia en nuestra vida contemporánea, por la magnitud de la protesta popular y porque se ha desnudado con toda su crudeza ante el mundo entero lo que es la “democracia colombiana”, con su cara de muerte y horror. Se ha mostrado ante el resto del continente lo que es este régimen brutal, siempre encubierto, protegido y tutelado por los poderes imperialistas,

empezando por los Estados Unidos. Se ha roto en mil pedazos, dentro y fuera de nuestro territorio, esa imagen que venden las clases dominantes, el Estado y falsimedia de la estabilidad “democrática de Colombia”. Se ha evidenciado que el Estado colombiano es contrainsurgente, anticomunista y terrorista, porque en nuestro territorio en sentido estricto la lógica de la guerra fría nunca ha terminado.

En este escrito esbozamos algunas ideas sobre lo qué está sucediendo, con las limitaciones que tiene escribir sobre la marcha, puesto que los acontecimientos, que constituyen la trama de la historia real, son imprevisibles y no están escritos de antemano. Esa historia real la hacemos a diario los seres humanos con nuestras actuaciones, las que encadenadas pueden conducir hacia mundos desconocidos, no imaginados en “condiciones normales”.

FACTOR PRECIPITANTE

“Si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus”. Residente, Mensaje de apoyo al paro en Colombia, abril 28 de 2021.

El martes 27 de abril, en vísperas del comienzo del anunciado paro nacional, todo era en apariencia tranquilo desde el punto de vista del establecimiento. Nada hacía prever la furia que se iba a desencadenar desde el día siguiente. Analistas, expertos, politólogos, youtubers uribistas, periodistas, opinologos y otras yerbas del pantano anunciaban, en muchos casos con una dosis de triunfalismo que no ocultaban, que el paro estaba condenado al fracaso, que nadie iba a salir a protestar, que era mejor deshacer la convocatoria a tiempo con el fin de no hacer el ridículo. Que la tercera ola de la pandemia, con una cifra de 450 muertos diarios, situación en la cual se decretaron toques de queda, cuarentenas de fin de semana, cierres de ciertas actividades… que todo indicaba que la gente no iba a salir a la calle a protestar. Dichos anuncios quedaron hechos añicos al día siguiente, cuando miles de personas salieron a las calles en las capitales, en pueblos pequeños y en las zonas rurales. Tan masiva movilización no solamente tomó desprevenidos a los “expertos” sino al régimen, que estaba convencido que la gente no iba a salir, más si se le agrega que las condiciones climáticas no eran las mejores, en medio de torrenciales lluvias en el territorio nacional.

Esto lleva a preguntarse, ¿por qué la población se agolpó masivamente en las calles, desafiando la pandemia? Hay un hecho inmediato que se convirtió en el factor precipitante de la protesta: la reforma tributaria que el régimen del subpresidente Iván Duque había presentado al Congreso de la República. Esta “reforma”, un texto ilegible de más de un centenar de páginas, con 163 artículos, escrita en la manera en que suelen hacerlo los tecnócratas neoliberales, en una jerga insoportable para ocultar el atraco de fondo. Como quien dice, el veneno envuelto en papel regalo. El título mismo era ya indicativo de ese lenguaje sibilino, que queda como testimonio del cinismo: “Por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones”. Este esperpento fue llamado en forma resumida con este oxímoron: “Ley de solidaridad sostenible”. En esta ocasión los funcionarios económicos del régimen de Duque, así como los voceros de los poderosos gremios económicos (ANDI, Fenalco, SAC, Fedegan…) pensaron que iba a suceder lo de siempre, que en medio de una retórica tecnocrática se iba a convencer a la gente de los beneficios que dicha reforma representaba, aunque significara enterrarle el cuchillo.

En forma resumida, la tal reforma tenía dos componentes centrales: uno, el superficial, para cazar incautos, el destinado al “gasto social”, a mantener los demagógicos programas asistenciales del régimen (mínimo vital para los hogares pobres y vulnerables), fomentar el empleo formal, incentivar el ingreso a la educación y construir un mejor país, a lo que se destinaban solamente 4 billones de pesos; dos, el central, encaminado a recaudar ingresos por un monto de 23 billones de pesos (6.300

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millones de dólares) destinado a mantener los gastos de un Estado corrupto y nepotista. Los ingresos previstos iban a llegar mediante un aumento del IVA (impuesto al valor agregado) y su imposición a nuevos productos, se llegaba a cobrar IVA por los funerales (en plena pandemia y con miseria generalizada), por los servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado, gas domiciliario) para usuarios de estratos 4, 5 y 6 (clase media) se aumentaba la base gravable del impuesto de la renta, que incluía a todas las personas con un ingreso superior a 2,4 millones de pesos mensuales (unos 663 dólares) en 2022 y en 2023 a quienes tengan un ingreso de 1,7 millones de pesos mensuales (unos 470 dólares).

Lo cierto del caso es que la tal reforma no tocaba a los poderosos, sino que golpeaba, sobre todo, a la alicaída clase media, en acelerada vías de desaparición, como lo confirma el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que informó recientemente que esta pasó de constituir el 30.1% de la población en 2019 al 25.4% en 2020 (2.5 millones de personas menos). Esa clase media que, según el DANE, corresponde a las personas que tienen un ingreso per cápita, dentro de un hogar, entre 653 mil pesos y 3.5 millones de pesos, se esta hundiendo en la pobreza.

La reforma tributaria cayó como un mazazo sobre la mayor parte de la población por varias razones: por el empobrecimiento que se acentuó durante la pandemia, por el aumento del desempleo, por la corrupción rampante del régimen (cuyo monto se calcula en 50 billones de pesos anual, algo así como el equivalente a dos reformas tributarias como la anunciada), por las exenciones y transferencias que el régimen de Iván Duque les ha hecho a los dueños del país (Grupo Aval y compañía). Es decir, hay que tener en cuenta el momento en que se plantea la reforma, cuando esa clase media va camino al despeñadero, hacia la pobreza sin remedio. En ese sentido, ha sido inoportuna, injusta y cínica, como lo manifestaron el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien en público demostró que no sabía cuánto valía una docena de huevos (redujo su precio de 10 mil-8 mil pesos a 1.800) y del subpresidente Duque quien dijo, con la poca vergüenza que lo distingue, que no había leído la reforma. Además, el subpresidente incumplió uno de los lemas centrales de su campaña electoral, en la que había prometido que no iba a aumentar los impuestos y ya vamos por su Tercera Reforma Tributaria. Un elemento adicional que no puede separarse del detonante en que se convirtió la Reforma Tributaria tiene que ver con las condiciones que generó la pandemia: el encierro forzado, la miseria, el desempleo, la pobreza, las carencias en salud y educación. Todo eso hizo que en el último año se hubiera formado una especie de olla a presión, que podía estallar en cualquier momento, por un motivo suficientemente sensible, que apareciera como un agravio de múltiples aristas (económico, social, sanitario y, sobre todo, moral). Sí, la reforma se convirtió en un agravio moral, porque ante los ojos de la gente común y corriente apareció como insoportable que tuvieran que pagar más impuestos para un Estado inepto, ineficaz, corrupto, que aparte de todo gasta y despilfarra para comprar armas con las que se bombardea y se mata a la población, en medio de su situación de pobreza, abandono, desempleo y represión.

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LOS MOTIVOS, LAS RAZONES, LOS AGRAVIOS

“La multitud puede levantarse porque está hambrienta o teme estarlo, porque tiene una profunda aflicción social, porque busca una reforma inmediata o el milenario o porque quiere destruir a un enemigo o aclamar a un ‘héroe’.

Pero rara vez lo hace por una sola de estas razones”.

George Rude

Que la pretendida Ley de Solidaridad fiscal haya sido el detonante inmediato del paro nacional, no explica el trasfondo de los acontecimientos, que deben ser analizados, por lo menos en el corto plazo, puesto que no tenemos espacio de inscribir esta protesta en una perspectiva histórica más amplia. El régimen del subpresidente Iván Duque, un advenedizo que llegó a la Presidencia porque así lo quiso el patrón Álvaro Uribe Vélez, se ha caracterizado por su carácter antipopular y antidemocrático. Los resultados de su nefasta administración constituyen un rosario de ineptitud criminal, que pueden enumerarse: escándalos de corrupción; fraude electoral y compra de votos (ñeñepolítica); intento de prorrogar el período presidencial y de los altos funcionarios; politización abusiva de la justicia, colocando fichas incondicionales en la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo; nepotismo rampante en los diversos cargos de la administración, tanto dentro el país como en el servicio consular; injerencia criminal en Venezuela, con participación directa en acciones de guerra, como el pretendido concierto humanitario de febrero de 2019, en la frontera, y la Operación Gedeón, con la preparación de mercenarios en La Guajira, que luego desembarcaron en territorio venezolano en mayo de 2020; el naufragio de esa falacia que se llamó Economía Naranja; el incremento de la desigualdad; el desempleo; el desastroso manejo de la pandemia de coronavirus, que coloca a Colombia entre los tres peores del mundo, con un saldo de 75 mil muertos; la negativa del Estado en reconocer su responsabilidad en los crímenes que se denominan Falsos Positivos; sus acciones para hacer trizas el proceso de paz (lo que ha logrado plenamente); el asesinato de líderes sociales y de ex combatientes de las Farc; la aprobación de la fumigación con glifosato, para servirle directamente a los Estados Unidos; su postración abyecta ante el imperialismo, sin importar quien esté al mando (llámese el matón Trump o el sanguinario “Bonachón” Biden, gestor del Plan Colombia); los bombardeos miserables a excombatientes, entre ellos decenas de niños, estripados brutalmente por las “bombas inteligentes”, justificados con la retórica uribista de que los niños son máquinas de guerra y hay que matarlos antes de que crezcan, porque no estaban estudiando en los campamentos para los exámenes del Icfex; aumento del gasto militar, incluyendo la compra de 40 aviones de guerra por 14 billones de pesos, lo que hace de este país el cuarto en gasto militar de todo el continente; la defensa incondicional del ex presidente y ex presidiario, al que le brinda todo tipo de apoyo y respaldo, en lo que debe incluirse las amenazas a jueces y magistrados; y un sangriento e interminable etcétera.

Como puede colegirse de este listado no son pocas las razones de tipo inmediato, limitadas al período del subpresidente Iván Duque, que explican el malestar social generalizado, porque se conjugan, en resumidas cuentas, tres aspectos: una crisis económica, con una caída del PIB en 6.8% el año anterior, con aumento del desempleo, la generalización de la economía informal, la pobreza y la miseria para las mayorías y enriquecimiento para una exigua minoría que son los dueños del país; unadeslegitimación política de principio a fin, porque incluso las elecciones presidenciales en las que fue elegido Iván Duque fueron fraudulentas, siendo el principal componente de esa pérdida de legitimidad el desprestigio del verdadero poder tras el trono, el expresidiario Álvaro Uribe Vélez, con miles de acusaciones y pruebas sobre sus múltiples y atroces crímenes; y, la violencia estatal y paraestatal a lo largo y ancho del país, con el resultado de centenares de personas asesinadas, y la generalización de las masacres (en lo corrido de este año van 35 masacres y muchas más vienen en camino).

Este es el caldo de cultivo donde se incubó el descontento popular (como ha podido observarse más que justo) que tampoco se originó durante la pandemia, porque se había iniciado a finales de 2018, apenas posesionado Duque, con el paro universitario que logró arrancarle un aumento en la base

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presupuestal de las siempre deficitarias universidades públicas. El nervio de esa protesta fueron los jóvenes, en este caso universitarios, hecho que debe recalcarse porque ellos van a continuar siendo hasta el momento el principal protagonista de la rebelión en marcha. A finales de 2019 se realizó un paro nacional, que produjo la movilización de millones de personas, y fue atemperado con promesas incumplidas. Dicha movilización entró en cuarentena, junto con la pandemia, pero ya había mostrado las semillas del descontento.

Lo que ahora está sucediendo es la continuación y radicalización de la movilización popular del 2019, ahora con nuevas razones nuevos bríos y muchos más agravios, en gran medida por las desigualdades que ha evidenciado la pandemia y su pésimo manejo por parte de un régimen corrupto e ineficaz. Un anticipo de esa protesta se vivió en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, cuando fueron destruidos más de 50 CAI (Centro de Atención Inmediata, en verdad debería llamarse lo que son: Centros de Asesinato Inmediato), luego del asesinato de Javier Ordoñez por un grupo de policías.

REPERTORIO DE LUCHA

La protesta social que se está llevando a cabo en estos mismos momentos tiene un carácter masivo y popular, tanto por las fuerzas que en ella participan con sus diversos intereses, como por su sentido y sus objetivos. Un Comité Nacional de Paro, conformado por numerosas instancias organizativas, sintetizaba los objetivos en la consigna: “Por la vida, paz y democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque, y fijó la fecha del paro nacional para el 28 de abril. El resultado ha sido sorprendente por la cantidad de gente que acudió al llamado, como por la prolongación en el tiempo de la movilización, que completa diez días.

En el paro participan pobladores urbanos de distinto origen y procedencia social, destacándose el papel de los jóvenes pobres y de clase media, que han copado calles y avenidas en diversos lugares de las grandes ciudades y de ciudades intermedias. También están participando, y se han ido incorporando, sectores indígenas y campesinos en diversas regiones del territorio nacional, como en el Cauca, Nariño, El Catatumbo. La fuerza vital son los jóvenes porque en su vida cotidiana se reflejan todas las miserias del capitalismo realmente existente en Colombia: ausencia de futuro, desempleo,

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“Cantan. Bailan. Zapatean. Brincan de alegría. Por calles y avenidas elevan al viento sus cartelones, pancartas y banderas, la tricolor al revés, la arcoíris en alto. Aplauden. Gritan. Improvisan sus cánticos con inagotable frenesí. “¡Duque, pirobo, el pueblo no es tan bobo!”, en donde “pirobo”, según el parlache de Medallo, equivale a “presumido, creído, cruel”. O remachan el ya legendario insulto: “¡Uribe, paraco, el pueblo está berraco!”. Corean consignas de insólito humor, no lasincomprensibles de mi azarosa juventud. Nada. “Ni césar, ni burgués, ni dios”. No se cansan. No hacen caso a las amenazas de ministritos patéticos ni a las balas del Esmad, sean de goma o sean de plomo”.

Carlos Esteban Mejía, “La revuelta contra un canalla”, El Espectador, mayo 7 de 2021.

falta de oportunidades para estudiar, estigmatización y persecución por las fuerzas represivas del Estado.
Este paro ha hecho gala de un variado repertorio de instrumentos de movilización, en los que se combinan clásicos repertorios con muchos nuevos, mirando en una perspectiva histórica a la protesta social en Colombia. En cuanto a los repertorios clásicos se encuentran las movilizaciones y tomas de las plazas centrales en las ciudades (en Bogotá la emblemática Plaza de Bolívar), el desfile del Primero de Mayo y la marcha simbólica de los sindicatos. A eso se agregan otros repertorios que ya se vienen usando hace algún tiempo, principalmente por los jóvenes, como son los desfiles carnavalescos, burlas, sátiras, acompañados de rituales festivos, con música y cantos. Pero lo significativo de este paro es que incluye aspectos nuevos, entre los que se destacan la participación y movilización masiva en los barrios populares de las ciudades, donde incluso en forma inédita en el caso de Bogotá, se presentaron durante el primero de mayo, en medio de un torrencial aguacero, unas diez manifestaciones bastante nutridas en barrios “periféricos”, lejos de la Plaza de Bolívar. Esos lugares han adquirido una importancia central en la organización y movilización de los pobladores, y por eso no extraña que en esos sitios y contra sus habitantes se haya dirigido la brutal represión.

Otro repertorio que debe destacarse es el bloqueo en las entradas y salidas de las ciudades, que ha sido efectivo y se ha mantenido en el tiempo, lo que indica que es organizado y participan amplios sectores para hacerlo posible y enfrentar la andanada policial y militar. Incluso, en algunos de estos bloqueos se han construido barricadas. Esos bloqueos se han complementado con la participación en el paro, de manera intermitente, de taxistas y camioneros, con cuyos vehículos se complementa el bloqueo de las vías.

En ese repertorio sobresalen las ollas comunitarias en los barrios, como mecanismo popular de subsistencia y símbolo de cohesión y fraternidad entre quienes participan activamente en el paro. Otro repertorio simbólico de lucha que ha adquirido gran importancia en este paro ha sido el derribamiento de estatuas en varias ciudades del país, sobresaliendo las de los conquistadores españoles Sebastián de Belalcázar en Cali y la de Gonzalo Jiménez de Quesada en el centro de Bogotá. Estas acciones tienen un hondo significado porque liga el tiempo corto de la movilización de hoy con la memoria de las luchas en el tiempo largo, para recalcar que la opresión y la dominación tienen unas raíces históricas de vieja data, que están ligadas a una casta oligárquica que se gestó en los mismos tiempos de la conquista, en la medida en que las troncos familiares que han dominado a este país en los últimos doscientos años se proclaman como descendientes de los conquistadores españoles, se creen de sangre azul, y se caracterizan por su racismo y su clasismo a flor de piel. Por eso, tampoco sorprende, que los promotores del derribo de estatuas sean los indígenas porque ellos vienen experimentando en carne propia el racismo, la opresión, la discriminación y el genocidio físico y cultural desde hace más de cinco siglos, y eso no es solo un asunto del pasado sino del presente.

Y otro elemento central de los nuevos repertorios de lucha es el comunicativo, con la utilización de las redes sociales como medio de información y denuncia sobre la represión policial y paramilitar, lo cual tiene consecuencias duraderas: al mostrar las miserias de falsimedia, con todas sus mentiras, inventos y tergiversación; y dos, al implementar otro tipo de periodismo militante, sobre el terreno mismo de los acontecimientos, que transmite en vivo y en directo lo que está sucediendo, superando y sustituyendo a los medios convencionales.

En fin, el repertorio de lucha de este paro tiene caracteres novedosos que explican en gran medida su dinámica y la potencia plebeya, como se pone de presente especialmente en la ciudad de Cali, con la participación masiva de pobladores urbanos, gente afrodescendiente desplazada de otros lugares del país, especialmente de la costa Pacífica, jóvenes, desempleados, gente que vive del rebusque diario en la economía informal, estudiantes de secundaria y de universidad. De ahí la saña de clase y de raza de la represión y del apoyo de los “blanquitos” de los barrios ricos a esa represión, con la organización de grupos paramilitares que abalean a la población pobre y humilde, con el apoyo y participación directa de las fuerzas policivas y militares del Estado.

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Lo de Cali se expresa de manera clara con un hecho, aparentemente anecdótico, pero muy revelador del clasismo, que siempre ha caracterizado a las clases dominantes de este país, y que en la ciudad mencionada tiene sus propias manifestaciones de odio y de miedo al pueblo:

Que los humildes, negros, indígenas, mujeres pobres, sectores de la clase media empobrecida se movilicen en forma beligerante, demostrando que son sujetos activos y quieren escribir su propia historia en la lucha callejera y barrial, es un reto inaceptable para el Estado y los poderosos de este país, como lo ejemplifica el caso de Cali, el lugar donde el paro nacional ha adquirido más radicalidad y continuidad y donde también se ha presentado la más brutal represión, dejando decenas de muertos, la mayor parte de ellos jóvenes pobres.

FORMAS DE REPRESION Y MASACRE

“Torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza pública. Lo que el gobierno colombiano le hace a su pueblo es un crimen de lesa humanidad”.

La Jornada (México), mayo 8 de 2021.

La dimensión que ha adquirido el paro nacional, su carácter masivo de repudio al régimen y al expresidiario, ha sido contestada como es habitual en Colombia, con la represión indiscriminada. Eso, en sentido estricto e histórico, no es ninguna novedad porque de esa manera se ha mantenido a raya a la población colombiana después del 9 de abril de 1948. Aún más, lo que estamos soportando hoy en las ciudades (siendo Cali el peor ejemplo), es lo mismo que se ha vivido y han sufrido los habitantes

1. Julio César Londoño, “La orgia de sangre de los Trizas”, El Espectador, mayo 7 de 2021.

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El martes, habitantes del exclusivo sector de Ciudad Jardín hicieron un plantón frente a sus vecinos de Univalle, en Cali. Iban todos de riguroso blanco en autos caros y una jauría de escoltas. Estaban furiosos y querían meterle candela a la Universidad, pero una señora muy elegante se limitó a meterle una patada a una estudiante. Los univallunos estaban atónitos. Son expertos frente al Esmad pero esto era inédito. ¡Los atacaba la aristocracia caleña!

De pronto alguien vociferó: «¡Tenemos 25.000 armas, malparidos!». Era un señor de blanco que esgrimía una pistola desde su blanquísima camioneta Toyota Prado. Entonces un estudiante contestó: «Nosotros tenemos la mejor biblioteca del país».
La escena resume dos posiciones frente al paro: una clase alta que rechaza un paro contra una reforma que la golpea también a ella (¡¿?!) y una juventud que está dejando su sangre en las calles para luchar contra un Gobierno asesino que no merece semejante ofrenda1.

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pobres del campo colombiano en los últimos 70 años. Lo novedoso de la represión no es que esa misma se ejerza, sino que se ha trasladado a las ciudades de una manera directa. Desde luego que esto también se ha hecho siempre que ha sido necesario, en la lógica criminal y contrainsurgente del Estado, enfrentar las protestas laborales o ciudadanas, como sucedió en el paro cívico de septiembre de 1977, cuando fueron masacrados medio centenar de colombianos, la mayor parte de ellos en Bogotá. Esta represión también viene acompañada de la violencia simbólica y justificativa que disparan los medios de desinformación de masas, como igualmente acontece en estos instantes. Sí, hasta acá las similitudes, pero hay que recalcar las diferencias, e incluso los tremendos saltos que se presentan en materia de represión por parte del Estado, que se basa en la lógica del traslado puro y simple de su doctrina contrainsurgente y anticomunista (aunque encubierta con una nueva jerga, en donde se habla de los terroristas, bandidos, narcotraficantes, voceros de los carteles de la droga…) al enfrentamiento directo en las ciudades, en las que se ha erigido como enemigo militar a la población civil, inerme y desarmada. Es decir, que el salto estratégico del que hablamos radica en que el Estado y las clases dominantes (el bloque de poder contrainsurgente) han convertido las ciudades en escenario de guerra y han erigido a la población pobre como el enemigo a vencer y a destruir.

Por ello, lo que estamos soportando ahora solo tendría dos antecedentes urbanos similares, que es bueno recordar: lo sucedido en noviembre de 1985 en el centro de Bogotá, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, y allí a plena luz del día se pudo contemplar en acción la máquina de guerra estatal, momento en que muchos colombianos pudieron enterarse de que la guerra no era ni ancha ni ajena. Esta experiencia, sin embargo, involucró a un grupo guerrillero y fue presentada como una “reacción normal” del Estado y sus fuerzas armadas. La segunda experiencia se parece más a lo que hoy está sucediendo y fue lo que aconteció en el segundo semestre del 2002 en Medellín, con la llamada Operación Orión, en la Comuna 13, donde se implementó una guerra contra los habitantes de esa zona de la ciudad, en la que operaban milicias urbanas de la insurgencia. Esa guerra urbana dejo centenares de muertos, torturados, desaparecidos cuyos cadáveres fueron enterrados en un basurero, La Escombrera, sobre lo cual hay un relato desgarrador en la novela La sombra de Orión del escritor colombiano Pablo Montoya.

Pero incluso esta segunda experiencia, si fuéramos a ser meticulosamente estrictos, también sería diferente, porque siempre se esgrime el argumento de que la represión estaba justificada, que fue una acción legitima del Estado, que tenía por finalidad recuperar un territorio que había caído en manos de terroristas ‒aunque luego se dejara en las manos de los paramilitares‒. Esa operación, recordemos, fue la inauguración en público de la Inseguridad Antidemocrática de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y quien se desempeñaba como Ministra de Defensa, responsable directa por mando y responsabilidad de esa masacre, era la misma que hoy se desempeña como Vicepresidenta de la Republica, Marta Lucia Ramírez.

Lo que ahora tenemos, comparativamente hablando con los dos casos mencionados, es el despliegue de una operación contrainsurgente con todos los ingredientes contra la población pobre, por el hecho de protestar y exigir un mejoramiento en sus condiciones de vida, pedir respeto y mostrar dignidad. Desde hace mucho tiempo los habitantes de los barrios pobres, los jóvenes estudiantes de origen humilde y de clase media, soportan la militarización de la vida cotidiana y sufren el acoso de la policía ‒que en Colombia es un cuerpo militar y no civil‒ a través de los llamados CAI, donde se tortura, viola y asesina a jóvenes y pobladores pobres. Justamente, en septiembre del 2020, se presentaron dos hechos de criminalidad estatal en esos CAI: el 5 de septiembre en Soacha, una localidad cercana a Bogotá, fueron incinerados dentro de un CAI ocho jóvenes pobres, que fueron muriendo uno a uno; y el 9 de septiembre fue asesinado por policías de otro CAI, en la localidad de Engativá, en Bogotá, el estudiante de derecho Javier Ordoñez, lo cual dio lugar a una rebelión espontánea de la población contra los CAI, 70 de los cuales fueron atacados y más de 50 fueron destruidos.

Eso para evidenciar que si en este paro nacional los jóvenes atacan a los CAI no es porque eso responda a un plan premeditado del terrorismo internacional, como dicen los voceros de Falsimedia (RCN, Caracol, El Tiempo, Semana, NT24…), sino que expresa el odio que despierta la policía entre los

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habitantes pobres de la ciudad, siempre sometidos a la persecución y a vejámenes por esa institución, cuyo símbolo más odiado son los CAI.
Este ha sido el pretexto que el régimen y sus fuerzas armadas han esgrimido para justificar la represión abierta e indiscriminada contra la población de los barrios, en especial contra los jóvenes que han estado al frente de la lucha. El paro ha sido tratado por el Estado como si de una guerra se tratara, hasta el punto de que el Ejercito ha dispuesto su participación en la “recuperación de Cali”, con las estrategias y tácticas que siempre ha usado en el campo, para realizar sus operaciones envolventes, sus bombardeos criminales, la persecución de indígenas y campesinos por ser simpatizantes o base social de la insurgencia. Eso se ha traslado ahora a las ciudades ‒como muestra anticipada de lo que viene en el futuro inmediato‒ con la plena militarización de las ciudades dizque para proteger los CAI, con el uso de helicópteros de guerra, por primera vez a nivel urbano, para lanzar gases lacrimógenos y abalear a la población, como se ha visto en este paro el 4 de mayo en la noche en la ciudad de Bogotá y el 5 de mayo en la población de Buga, departamento del Valle del Cauca. Sí, al más conocido estilo del Estado de Israel contra los palestinos, masacrándoles desde el aire. Ahora, como un elemento nuevo de la represión, se han usado los helicópteros en plenas ciudades. Las gentes del mundo urbano están sorprendidas, y muchos jóvenes manifiestan que eso es propio de una guerra y que por primera vez el Estado lo hace, que no creían que en Colombia fuera a suceder algo por el estilo. Lo que no saben, como muestra de que la guerra en Colombia se ha vivido por televisión, es que eso es lo mismo que realiza cotidianamente desde hace décadas en el mundo rural, donde los campesinos, colonos e indígenas han sido el objeto de esos bombardeos, incluso como lo atestiguan los recientes bombardeos contra niños en varios lugares selváticos de Colombia.

Otra forma de represión, que tampoco es nueva, pero ahora se ha usado en un paro cívico generalizado en el país, es la utilización de grupos armados de civiles para atacar a la población. Aquí se combinan dos cosas: de una parte, que la propia policía se quita sus uniformes se vista de paisano y en camiones oficiales monta a sus agentes para atacar a la población, como se ha comprobado en Cali, donde fueron capturados in fraganti varios policías en un camión oficial, hasta el punto que el Comandante de la Policía lo tuvo que reconocer, pero aduciendo que estaban persiguiendo a delincuentes; de otra parte, grupos de sicarios y criminales, aupados por las clases dominantes, falsimedia y el propio Estado para masacrar a la gente.

Por otro lado, hay que examinar el papel que cumple como justificador de la represión falsimedia, que presenta la situación como se la policía fueran las víctimas y los manifestantes los agresores, con un lenguaje que desfigura la realidad de lo que acontece, hablando de vándalos y delincuentes como los protagonistas de las marchas y protestas. Ese poder de falsimedia, y eso les duele, sin embargo, es contrarrestado por la difusión de noticias a través de internet y las redes sociales, lo que ha llevado a que en ese terreno se ejerza censura para tratar de acallar las denuncias de la represión brutal de la policía en las ciudades, de lo que han quedado registros estremecedores, en los que se ve a policías asesinando a mansalva a jóvenes e incluso a un niño de 16 años, Marcelo Agredo, en la ciudad de Cali. Hasta el momento en que escribimos estas líneas el saldo de la represión es abrumador: 45 personas asesinadas (casi todos ellos jóvenes), diez mujeres violadas por las fuerzas represivas, varios millares de heridos (solo en Bogotá se reconocen un millar de personas heridas), más de cien desaparecidos, muchos jóvenes han perdido sus ojos por acción de los disparos de policías (replicando el modelo chileno, copiado a su vez del estado sionista de Israel).

En este paro, el criminal Esmad (Escuadrón Móvil Anti-Disturbios), la policía, el Ejército, los policías de civil (tiras les decimos en Colombia) están tirando a matar a la gente. Ya ni siquiera se le captura se le asesina, continuando con la centenaria lógica que, pese a que la pena de muerte legal fue suprimida en 1910, se sigue matando a los colombianos pobres y humildes, y eso lo hacen las instituciones represivas, cuyos miembros han sido adoctrinados en el anticomunismo, el odio al pueblo y a los pobres, aunque ellos también provengan de esos sectores sociales, pero se pongan efectivamente al servicio del poder.

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“Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”.

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PERPECTIVAS

Este es uno de esos momentos de quiebre histórico que no suceden todos los días. Es uno de aquellos instantes en que la historia se acelera y en poco tiempo, días y horas, se desencadenan acontecimientos de tal densidad, que los mismos no serían imaginables en décadas. Es un quiebre histórico en que no sepamos a donde nos puede llevar, pero lo que si queda claro es que las cosas no volverán a ser iguales a antes del 28 de noviembre. Se está presentando la protesta social más importante de la historia contemporánea de Colombia, con un carácter masivo y popular, contra un régimen odiado y criminal y contra el siniestro personaje que lo encarna como ninguno, el innombrable, el señor en las sombras, el Matarife, el expresidiario. Por eso, tal vez la consigna más universal de este paro ha sido: “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”. De ser un grito de sectores minoritarios de la población en la primera década de este siglo, en pleno embrujo autoritario de los uribeños, se ha ido expandiendo y se agitó con fuerza en las protestas de finales de 2019 y se ha generalizado en estos instantes. Pero la consigna tiene un sentido que va más allá de un personaje determinado, es la denuncia de todo el aparato estatal, armado y paramilitarizado de las últimas décadas, en las que están involucrados todos los expresidentes que están vivos, y estuvieron involucrados muchos de los que ya murieron, los altos mandos militares, los poderosos gremios económicos y sus voceros de falsimedia. Todos ellos son los que quieren perpetuarse en el poder para que no se sepa la verdad de sus crímenes y para ello han iniciado un nuevo ciclo de guerra ‒el tercero en los últimos 70 años‒ con la finalidad de perpetuarse en el poder, en el que se encuentran desde hace doscientos años.

A nivel internacional se rompió la aureola de democracia que siempre enarbolaban los políticos colombianos y sus intelectuales de pacotilla, como país defensor de los derechos humanos, de la libertad de prensa, de los tres poderes separados y falacias por el estilo. Ante los ojos del mundo está

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Pablo Neruda

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quedando claro lo que es el terrorismo de Estado a la colombiana y como acá no se vive ningún reino de paz después del 2016, cuando se firmó el fracasado acuerdo de paz entre las Farc y el Estado colombiano. Y ante los ojos del mundo también queda el doble rasero, seudo moralista e hipócrita de Estados Unidos, la Unión Europea, la Pandilla de Lima, la OEA…, quienes no condenan al régimen colombiano por sus crímenes, sino que le hacen respetuosas sugerencias. De todo el maltrato e injerencia en Venezuela y Cuba, asediada por esa banda de delincuentes que a sí mismos se denominan “comunidad internacional”, que bloquean y hambrean a los países, no hay nada parecido con el régimen criminal en Colombia, que es financiado y apoyado por Washington, quien ha dejado claro que hay que conservar al país como su peón incondicional. Por eso, esos crímenes no resuenan para nada en los círculos del poder mundial.

En esta ocasión, y eso lo señala el mismo movimiento, los asesinos no deben ni pueden quedar en la impunidad. Ellos, empezando por el subpresidente Iván Duque, su Ministro de Defensa (sic), los altos mandos de la policía, los alcaldes involucrados en la represión deben ser juzgados y condenados. Después de la caída de la Reforma Tributaria, que tanto dolor y sangre ha costado, esa es la reivindicación principal del movimiento. Que los asesinos no queden en la impunidad, y se saben quiénes son y donde viven, con nombres propios y direcciones exactas.

En síntesis, estamos viviendo uno de esos momentos de crisis orgánica, en que como siempre lo han dicho los grandes pensadores de la política subalterna, lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no acaba de nacer. En ese sentido, la sangre joven derramada en esta dolorosa coyuntura histórica es la semilla que abona el sueño de otro país, digno, decente y soberano. Ese sentimiento lo expreso el joven estudiante de la Universidad Tecnológico de Pereira Lucas Villa en su último audio, antes de ser mortalmente abaleado, cuando dijo: “Muchos podemos morir, pero uno cómo no va a salir a marchar”.

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Mundo: Aumenta repudio internacional a represión del Estado colombiano a la protesta social

Mundo/07-05-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Organizaciones gremiales, legisladores y Gobiernos rechazan la respuesta represiva del gobierno de Duque a las protestas.

El repudio internacional a la represión de las fuerzas militares del Estado colombiano contra la población civil en las principales ciudades, en medio del Paro Nacional que conmociona al país suramericano en los últimos diez días, aumenta con nuevas voces que se suman a la exigencia de detenerla.

Durante las últimas horas, el Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV) condenó la represión, se solidarizó con el pueblo colombiano y respaldó su derecho a protestar pacíficamente contra medidas antipopulares y neoliberales.

A través de un comunicado, el PSUV llamó a la Organización de las Naciones Unidas a detener la masacre de civiles. Además, lamentó la complicidad del Grupo de Lima, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, con el Gobierno de Duque.

La Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) repudió este viernes «en los términos más enérgicos» la represión desatada por el Gobierno del presidente Iván Duque contra el pueblo de ese país.

El presidente de la organización gremial, Juan Carlos Camaño, y su secretario general, Nelson del Castillo, denunciaron que la represión contra los que han ganado las calles en demanda de profundos cambios económicos y sociales, también ha alcanzado a los trabajadores de prensa.

La Felap reclama, en particular, el respeto a la vida de periodistas y comunicadores, y sostiene que estos profesionales han estado amenazados, perseguidos y asesinados por un Estado que, desde hace muchos años, «practica el terrorismo contra miles de referentes políticos, sindicales y sociales».

Entretanto, la senadora del Congreso estatal de Florida (Estados Unidos), la colombiana Annette Taddeo, urgió al presidente Duque a parar la violencia contra civiles.

En un comunicado, la legisladora compartió que el mundo ha visto «imágenes perturbadoras y videos compartidos en las redes sociales de policías abriendo fuego contra manifestantes pacíficos que protestaban en Cali, Colombia, así como en otras ciudades, incluida mi ciudad natal, Bucaramanga».

Taddeo se comunicó días atrás con el presidente estadounidense, Joe Biden, «para llamar la atención sobre esta crisis humanitaria», al recordar que Colombia “es nuestro mayor aliado en la región», aunque no menciona que, por ese hecho, EE.UU. financia la preparación y logística de las fuerzas militares colombianas.

A su vez, el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David McAllister, y la presidenta de la Delegación para las Relaciones con los países de la Comunidad Andina, Pilar Del Castillo, hicieron un llamamiento a encontrar una «salida pacífica» a la situación en Colombia y respaldaron «un diálogo nacional».

En una declaración conjunta, los eurodiputados urgieron a la sociedad civil, autoridades y fuerzas políticas a que «desde la moderación y el diálogo» se encuentre una «solución adecuada» ante las fuertes protestas que llevan sucediéndose más de una semana en Colombia.

Asimismo, defendieron el derecho del pueblo colombiano a manifestarse pacíficamente, aunque evitaron dirigir una acusación contra el presidente Duque.

El 28 de abril pasado comenzó un Paro Nacional en Colombia contra la reforma fiscal anunciada por el Gobierno, la cual incluía una reforma pensional y una reforma de la salud pública que beneficiaría al sector privado de la salud.

Desde entonces, la Policía, en concreto el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), y el Ejército Nacional, iniciaron una fuerte represión contra las protestas, lo que ha causado una escalada de violencia en las calles.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/aumenta-repudio-internacional-represion-estado-colombiano-20210507-0013.html

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Radiografía de la violencia policial en Colombia durante las protestas

Por: Telesur.tv

Estas son algunas de las personas muertas, a manos de la Policía colombiana, durante las protestas del Paro Nacional.

El Paro Nacional desde hace una semana un Colombia, el cual ha tenido como uno de sus epicentros la ciudad de Cali ha logrado detener, por el momento, la propuesta de reforma tributario del Gobierno del presidente Iván Duque; sin embargo este lunes se recuenta, por parte de las organizaciones sociales, el saldo de la represión.

De acuerdo a la plataforma de activistas y defensores de Derechos Humanos, Temblores ONG, serían 21 las personas asesinadas a manos de la Policía, en un recuento que hacen «a falta de las (cifras) del Defensor del Pueblo», corolario de los 940 casos de violencia policial documentados por dicha entidad.

La cifra, con actualización diaria, incluye unas 92 víctimas de la violencia física por parte de las fuerzas policiales, entre ellas las 21 con desenlace fatal; así como 672 casos de detenciones arbitrarias y unas 136 intervenciones policiales violentas durante las manifestaciones que llevan ya una semana con epicentros en Cali y Medellín.

De igual manera, se contabilizan 12 víctimas de agresiones, las cuales terminaron en afectaciones oculares, un patrón ya visto hace año y medio durante las protestas en Chile; relacionadas también con algunos de los 30 casos de disparos de armas de fuego por parte de la Policía.

También se registran cuatro casos de violencia sexual atribuidos a la fuerza pública, la cual incluyó durante estos días de protestas, no solo a la Policía, sino a miembros del ejército.

De acuerdo a Alejandro Lanz, codirector de Temblores, «en Colombia no existen garantías para la protesta social, pero además podemos decir que ninguna persona está a salvo de ser agredida por la fuerza pública» y advierte que el registro hecho por la organización no alcanza a cubrir la dimensión de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el país.

https://www.telesurtv.net/news/colombia-saldo-represion-radiografia-20210503-0020.html

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