El pueblo panameño, en su astucia, ya dejó de creer en el modelo neoliberal, instaurado hace más de cuatro décadas, y en el sistema de partidos impuesto por la invasión estadounidense en 1989
El movimiento social, popular, campesino y de pueblos indígenas logró sentar al Gobierno en una mesa única de diálogo (MUD) facilitada por la Arquidiócesis de Panamá. En un hecho inédito en nuestra historia reciente, amplios sectores de la sociedad, diversos entre sí, lograron instituir una misma mesa en condiciones similares con el Gobierno para encontrar soluciones a las necesidades de la población: como la alimentación, el precio de algunos servicios, mejoras en la educación y la accesibilidad a medicamentos.
Esta MUD como todo lo conseguido en ella, me refiero a los consensos, es un logro del movimiento social, popular, campesino y de pueblos indígenas. Por cuenta propia, el Gobierno no se hubiese sentado cara a cara con el pueblo, ni brindado respuestas satisfactorias a las reivindicaciones. Los gobiernos sencillamente tienen sus agendas y cada cinco años instrumentalizan la democracia. Hemos llegado a un punto de inflexión en la lucha. El pueblo en su astucia ya dejó de creer en el modelo neoliberal, instaurado hace más de cuatro décadas y en el sistema de partidos impuesto por la invasión estadounidense en 1989. En un reciente artículo, Claire Nevache del CIEPS habló de “las cinco crisis de Panamá”, una de ellas es la “crisis de representatividad y de confianza”; así que, no es de sorprender la indignación generalizada de la gente en las calles, sencillamente porque no confían en quienes gobiernan.
El 19 de julio del 2022 la vía interamericana a la altura de Veraguas estuvo en llamas por varias horas. Hubo una insurrección momentáneamente. El presidente de la República habló dos días después en Coclé, pero no dio mayores detalles, solo que delegaba un equipo del Gobierno para la negociación en el Centro Cristo Redentor en Penonomé; coordinada por el vicepresidente desde el Hotel Coclé. El 21 de julio inició la MUD, luego de dos intentos infructuosos de diálogo, el de Chiriquí y Veraguas. Los temas prioritarios de la MUD son: “1, rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional 2, rebaja y congelamiento del precio del combustible 3, rebaja y abastecimiento de medicamentos en CSS y MINSA, sin privatizar 4, se cumpla con la Ley del 6% del PIB, para educación5, rebaja de la energía 6, discusión del tema de la CSS7, corrupción y transparencia 8, mesa intersectorial y de seguimiento”. Estos puntos supondrían mejores condiciones de vida para toda la población. Si escuchamos las discusiones de la MUD, vemos cómo les cuesta al Gobierno hacerlo. Lo hacen por la presión y no por voluntad propia. Por eso, cuando hablan de “la voluntad del Gobierno Nacional” de “solucionar los problemas” están haciendo una abstracción, porque realmente no es su voluntad, es por la presión de los movimientos sociales, populares, campesinos y de pueblos indígenas. La cual explica la poca confianza en el sistema de partidos y la necesidad de democratizar la democracia, porque, así tal cual está, no responde a los intereses de las mayorías.
Es natural que los empresarios velen por sus intereses crematísticos. No Podría ser de otra forma. Sin embargo, algunos funcionarios, empresarios, analistas y periodistas no solo hacen lo que le es natural. Además, parece que aún están en la guerra fría. Mientras en la MUD se está sustentando técnicamente la necesidad de crear las condiciones para el acceso a mejores condiciones de vida, algunos quieren inocular miedo en la población. Esos mismos voceros reproducen un discurso ideológico, con esto quiero decir que reproducen las ideas dominantes de los sectores dominantes. Según sus propios comunicados y vocerías, sus intereses son “la libre empresa”, “el libre tránsito”, “apertura inmediata como base para el diálogo”, “apertura de vías” y “eliminar los cierres”, estas son las preocupaciones del sector empresarial y también en menor medida, señalan la necesidad de un “diálogo transparente” y “establecer mecanismos que garanticen los compromisos que adopten sea viable, medible y lo más importante que se cumplan”.
No hablan de la millonaria evasión fiscal, ni de los altos márgenes de ganancia. También constatamos un discurso propio de la guerra fría, como “el neocomunismo que una minoría quiere imponer”, e incluso, “todos los comunistas deben ser inhabilitados”. Descalifican a quienes piensan distinto, adjetivando y sin brindar ninguna explicación objetiva de lo que está pasando y mucho menos soluciones concretas.
Es importante señalarle a quienes promueven la guerra fría que la intervención del Estado es una propuesta keynesiana y no necesariamente comunista. Quienes están sentados en la mesa del movimiento social, popular, campesino y de pueblos indígenas sí quieren algo: ¡mejores condiciones de vida!
Por otro lado, se habla de sacrificio. Que cada uno tiene que poner su cuota de sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Algunas acepciones señalan que es “ofrenda a una deidad”, “matanza de personas”, “acto de abnegación…por amor”; ahora bien, cómo interpretamos esto. Quien tiene que sacrificarse. El pueblo está cansado de sacrificarse, es más, ya no tiene que sacrificary, por eso, está en las calles.
Quienes hoy están en MUD no le están pidiendo ningún sacrificio a nadie, le están pidiendo al Gobierno que haga su trabajo: recaudar los impuestos transparentemente y hacer una mejor inversión social para mejorar las condiciones de vida de la población. Parece reinar en algunos funcionarios, empresarios, analistas y periodistas, lo señalado por Franz Hinkelammert, el “fetiche de la sacralización del mercado”. Es decir, tenemos que sacrificarnos para darle vida al mercado.
Olmedo Beluche en un reciente artículo con atino señaló los problemas estructurales de la crisis del país. Maribel Gordon en la MUD aportó también en esa dirección, preguntó por si el Gobierno quiere solucionar las causas o los efectos de los problemas. Allí está el núcleo del problema.
Obviamente el Gobierno en el mejor de los casos quiere atender los efectos del problema. Al movimiento social y popular les corresponderá plantearse una agenda política para discutir sobre las causas, este movimiento está en todo su derecho, y además es su responsabilidad histórica hacerlo. Democratizar la democracia es eso, no la caricatura de democracia que tenemos funcional a los intereses del establishment. En el cual solo un grupito decide por los millones de panameños y panameñas como se deben distribuir nuestros recursos. Estamos ante un punto de inflexión en la lucha, ya el hecho de sentar al Gobierno en una misma mesa, en condiciones similares, ya es un triunfo del movimiento social, popular, campesino y de los grupos indígenas. Las lecciones inmediatas hasta el momento son claras, unidos son más fuertes, y para alcanzar mayores reivindicaciones se requiere de un programa político en común. Como diría Maquiavelo en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, no prestemos atención a los tumultos, sino a los resultados de estos.
El Comité Nacional del Paro y la Central Unitaria de Trabajadores invitó a esta nueva jornada de movilizaciones, que tendrá como punto de concentración el Parque Nacional en Bogotá.
Este jueves 25 de noviembre el Comité Nacional del Paro y la Central Unitaria de Trabajadores convocaron una nueva jornada de manifestaciones por la exigencia del cumplimiento del Acuerdo de de Paz, que cumplió cinco años de su firma, también para recordar los dos años del paro nacional de 2019 y la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
“Este 25 de noviembre #25N vamos a las calles, movilizaciones pacíficas en todo el país”, publicó la Central Unitaria de Trabajadores en su cuenta de Twitter, en el que también afirman más argumentos para la nueva jornada de movilización que partirá desde las 9:00 de la mañana en el Parque Nacional, ubicado en la carrera séptima con calle 40 de Bogotá. Luego seguirán su camino por toda la séptima hasta buscar la carrera décima con calle 26 y posteriormente tomarán la calle 19 para retornar a la zona peatonal de la séptima, para terminar en la Plaza de Bolívar, sitio habitual donde han finalizado las marchas.
En dicho video también mencionan que la protesta será “contra el paquetazo de Duque”, contra la corrupción y para para respaldar los proyectos de ley que propone el Comité Nacional del Paro. “Vamos este 25 de noviembre a las calles”, resalta la CUT en su publicación.
La Central Unitaria de Trabajadores también recordó que es importante mantener las medidas de bioseguridad que estableció el Ministerio de Salud en las marchas, para evitar el rebrote de contagios por covid-19. “Mañana 25 de noviembre, todos a las calles, con movilizaciones pacíficas, masivas y guardando todos los protocolos de bioseguridad”, replicó la entidad en su cuenta de Twitter.
“Con unidad y movilización desde el 21N 2019 hemos puesto en el centro debate una agenda social. La movilización pacifica continuará ante indolencia del gobierno de Iván Duque este 25N a la calle en defensa 10 proyectos ley”, trinó hace unos días Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT.
En otras ciudades del país también se preparan los plantones. Por ejemplo, en Bucaramanga el punto de partida será en la carrera 27 con calle 36, en el que habrá concentración, movilización y actos culturales, también para conmemorar el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer y los dos años del paro nacional del 21 de noviembre de 2019.
El martes pasado se presentaron varias marchas y plantones en Bogotá en el centro y suroccidente de la ciudad, para conmemorar también el estallido social de noviembre de 2019 y la muerte del joven Dilan Cruz en esas protestas, quien fue impactado por un proyectil disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La principal concentración ocurrió en el Portal Américas en donde se dieron enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública.
El mensaje del minDefensa contra los vándalos en las protestas
El ministro de Defensa, Diego Molano, comentó en su cuenta de Twitter un contundente mensaje haciendo referencia a la captura de integrantes de la llamada primera línea en Cali, que serían los responsables de quemar buses del MIO durante las protestas del pasado 28 de abril.
“Nadie puede destruir el sistema de transporte de una ciudad. Este es el que les permite a trabajadores, estudiantes y ciudadanos movilizarse para hacer productiva una región”, resaltó el jefe de la cartera de Defensa.
Molano puso el numeral #ElQueLaHaceLaPaga en su mensaje de Twitter, anunciando la campaña que ha puesto en marcha el ministerio para detener a todos los delincuentes del país.
América del Sur/Chile/08-10-2021/Autor(a): www.colegiodeprofesores.cl
«Estamos convocando a este Paro a todos los trabajadores de la educación y a todos los trabajadores de este país que han visto vulnerados sus derechos», planteó Carlos Díaz Marchant al oficializar la convocatoria al Paro Social por la Educación y los Derechos de los Trabajadores del próximo miércoles 13 de Octubre.
Las polémicas mediáticas alrededor de las denuncias por adoctrinamiento en colegios colombianos nos invitan a preguntarnos sobre las amenazas y retos de las escuelas hoy.
El estallido social y la emergencia sanitaria que vive Colombia no han sido indiferentes con las escuelas. Entre una pandemia que ha revelado –para quienes no han estado prestando atención– la vulnerabilidad de un sistema desfinanciado, desigual y precarizado y un aparato mediático empeñado en sus ataques a los docentes movilizados por la educación y la justicia social, una serie de polémicas pedagógicas –sobre los contenidos y las formas de los espacios escolares– han llegado a los titulares noticiosos. En efecto, la situación no solo ha obligado a cambiar la arquitectura de salones, corredores y canchas a celulares, tabletas y computadores sino que ha significado una transformación de “lo escolar”. En línea con el análisis de los profesores belgas Maarten Simons y Jan Masschelein en Defensa de la escuela. Una cuestión cuestión pública (2014), esto puede constituirse en un intento por domesticar su potencial revolucionario y comunizante, esto es, la potencia de crear un espacio y un tiempo que se hace libre de las ataduras del mundo para posibilitar la aparición de una nueva generación que pueda renovar (su relación con) el mundo.
Parte de dicha amenaza ha tomado forma bajo las denuncias de “adoctrinamiento” que padres de familia y grupos políticos afines al gobierno han realizado durante los últimos meses. A finales de junio estuvo circulando un video en el que un padre de familia confrontaba a un profesor del Colegio La Merced de Cali en medio de una actividad sobre el paro nacional. El adoctrinamiento, sugería el padre de familia, se daba por el afán de un profesor que traspasaba los límites de lo que debe ser enseñado: “usted tiene toda la libertad de cátedra, pero no con ese tema”, resonó en el salón virtual. Otra reciente polémica sobre el adoctrinamiento en las escuelas ocupó titulares en abril, también en Cali, con un taller escolar de ciencias sociales sobre los crímenes de estado conocidos como “falsos positivos”. Las preguntas que pedían a los estudiantes investigar los hechos, sus responsables y consecuencias, fueron la excusa para que una senadora del partido de gobierno invocara la manipulación y el abuso de la autoridad pedagógica en contra del “deber ser” de la educación. Estos términos fueron, además, retomados por el aparato mediático para la fabricación de una “polémica” entre adoctrinamiento politizado e instrucción propiamente escolar.
FOTOGRAFÍA: @MAZULUR
BOGOTÁ, COLOMBIA
Como punto de partida para contrarrestar la interpretación que surge a partir de la fabricación mediática de estos hechos, es posible hacer uso de los anteriores ejemplos para identificar –y denunciar– un patrón por medio del cual se justifica un supuesto enfrentamiento entre los “defensores desinteresados” del deber-ser de las escuelas y las transgresiones adoctrinadoras de profesores con pretensiones políticas: ¿no atenta acaso este adoctrinamiento contra una institución educativa que simplemente pretende equipar a los estudiantes con lo que deben aprender para encontrar su lugar en la sociedad? ¿Para qué referirse al paro nacional o al conflicto armado si esto no contribuye al aprendizaje de los estudiantes y antes bien es un intento por politizar un espacio y un tiempo que debería estar por fuera de la política? Es una disputa, sugiere la matriz mediática, que pretende salvaguardar los prístinos terrenos escolares del embate de los intereses políticos.
Sin embargo, la relación que las denuncias de adoctrinamiento establecen con la realidad pedagógica que nos ocupa –la de cómo se “hace escuela”– devela una operación que pretende cancelar el acto pedagógico que fundamentalmente da lugar a lo escolar. De manera concreta, la reacción que fabrica estas “polémicas” alrededor del adoctrinamiento, la que se pretenden des-interesada o “neutral” ante el mundo, es precisamente la que se formula desde esferas ajenas a lo pedagógico buscando determinarlo a partir de preconcepciones sobre lo que ello debería ser. Volviendo sobre el trabajo de Simons y Masschelein, dicha reacción se constituye como amenaza al acto que, por un lado, crea un tiempo libre al entablar una relación abierta con el mundo como objeto de estudio y práctica y, por el otro, suspende el orden de la sociedad y de la familia para, de esta manera, democratizar la reivindicación de una generación que pueda revolucionar el actual estado de cosas. Atentar contra dicho acto equivaldría, entonces, a renunciar a la especificidad que separa a la escuela de otros entornos de aprendizaje, socialización o iniciación; significaría, en otras palabras, perder la escuela y lo que ella contribuye al mundo. Para sorpresa de pocos –¿de nadie?– los desinteresados defensores de nuestras escuelas son en realidad sus más acérrimos enemigos.
Tampoco nos debe sorprender que las denuncias provengan específicamente desde sujetos que se presentan como padres de familia o como defensores del status quo mediante sus afiliaciones políticas. Como afirman Simons y Masschelein, la escuela crea un espacio y un tiempo en el que los estudiantes se pueden encontrar como iguales que, escindidos de sus condiciones familiares o sociales, tienen la oportunidad de ocuparse del mundo para hacerlo común. Así, dichos actores se destacan en su reacción ante la escisión escolar para insistir en las condiciones y en las ataduras de los roles que las acompañan. Si tenemos en cuenta que, en el contexto de la pandemia, el “mejor” de los casos se ha presentado como uno que logra sintetizar el espacio-tiempo escolar y el espacio-tiempo familiar (estudiantes conectados desde sus hogares, miembros del ambiente familiar como tutores, etc.), lo que las escuelas se arriesgan a perder no son –solo– las habilidades y competencias que tanto se mencionan en el discurso mediático sobre el aprendizaje, sino la posibilidad de ver surgir una nueva generación.
En otras palabras, las denuncias que se fabrican al calor de los gritos contra el adoctrinamiento y la manipulación –las que precisamente no toman forma desde el espacio-tiempo pedagógico– pretenden domesticar la escuela para determinarla de acuerdo a nociones de un “debe ser” ajeno a lo propiamente escolar, nociones provenientes de otras esferas de la sociedad como la familia, los conglomerados económicos o las instancias del poder político. Con ello, su éxito solo puede llegar si logran cooptar la escuela para sí mismos, es decir, si logran encausar la potencia de libertad que constituye lo escolar, así como a la nueva generación que tiene la oportunidad de surgir gracias a ella, contra sí misma.
FOTOGRAFÍA: @MAZULUR
BOGOTÁ, COLOMBIA
Lo que estas denuncias comparten con otras “cruzadas” pedagógicas como Escola Sem Partido, en Brasil, o las recientes campañas contra la Critical Race Theory en los EEUU, es una profunda animosidad hacia la posibilidad de que las escuelas puedan hacer surgir una renovada relación con el mundo. Como afirman Simons y Masschelein, la forma escolar hace posible una potencia radical: la de “poner en juego” el mundo tal cual es para que, por medio del estudio y la práctica, sea ofrecido a los estudiantes para re-crearlo como interés común. La complejidad del escenario colombiano y latinoamericano hace aún más imperante este llamado por defender la escuela y experimentar con su radical potencial revolucionario. Al decir de los profesores belgas, hoy, más que nunca, debemos insistir, ante las fuerzas que pretenden cancelarla, en la tarea esencial de la escuela y de la educación: la renovación de la sociedad a través de la nueva generación.
Desde Argentina, la coordinadora de bachilleratos populares se solidarizan con el grito de lucha del pueblo colombiano. “Porque los pueblos tenemos derecho a vivir en paz. Arriba la lucha popular colombiana. A parar para avanzar. Viva el paro nacional. El pueblo no se rinde carajo”
Foto de Portada: El “Dotor Uribe” y Alejandro Ordóñez, los líderes de los “colombianos de bien”
“Empresarios y terratenientes, Iglesia católica, políticos, grupos paramilitares, contrabando, sociedad civil, confabulados todos para crear la gran provincia de Antioquia. La pujanza y la honorabilidad ancladas en pilares de mierda”. Pablo Montoya, La Sombra de Orión, Random House, Bogotá, 2021, p. 27.
Desde siempre hasta donde nos llevan nuestros recuerdos hemos escuchado hablar de los “colombianos de bien”. El término forma parte de la jerga de los círculos políticos, empresariales, mediáticos y deportivos que mandan en esta hacienda-campo de concentración y son sus verdaderos dueños. Quienes hablan de los colombianos de bien, dan por supuesto que existen unos colombianos de mal, a los cuales hay que perseguir, expulsar del país, torturar, matar y desaparecer, porque en realidad no son “colombianos”, ni patriotas, sino enemigos de la genuina colombianidad que encarnan esas gentes de bien.
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Esos colombianos de bien hoy están representados, en primerísimo lugar, por el Matarife innombrable, y todos sus áulicos. Allí están, por supuesto, los dueños del país, aquellos hombres, y unas pocas mujeres, que se sacrifican con su trabajo abnegado y en su denodado esfuerzo por enriquecerse nos deparan prosperidad y dicha eterna. Esos colombianos de bien son los Sarmiento Angulo, los Santodomingo, los Ardila Lulle, los Gilinski. Colombianos de bien son aquellos que pertenecen al “país político” y forman parte de las clientelas tradicionales y sus derivados recientes, en el plano nacional y regional. Colombianos de bien son los periodistas prepagos que, desde radio, televisión y prensa escrita se encargan de enseñarnos en qué radica la bondad de esos prohombres que mandan en esta gran finca ganadera, con cajero automático que es Colombia. Esos colombianos de bien son Carlos Antonio Vélez, Vicky Dávila, Claudia Gurisati, Néstor Morales, Julio Sánchez Cristo…, unos verdaderos sicarios con micrófono. Colombianos de bien son los nuevos millonarios, enriquecidos con la producción y tráfico de narcóticos, o los cantantes, hombres y mujeres, que como Shakira son delincuentes consumados en el arte de evadir el pago de impuestos, o los deportistas que, como Falcao García y James Rodríguez, también son delincuentes de cuello blanco, que ganan millones de dólares y evaden otro tanto, lavando su dinero en paraísos financieros. Colombianos de bien son los policías, militares que matan y desaparecen a nombre de la defensa de los sacrosantos valores del orden y la patria. A los colombianos de bien pertenecen los agentes infiltrados del Estado en las protestas que matan a quemarropa a los malos que se quejan, sin razón, en este paraíso de dicha y prosperidad, y además lo hacen ad honoren, por iniciativa propia y gratis, porque aman el trabajo hasta tal punto de que laboran en tiempo de descanso. Eso lo acaba de comprobar el Fiscal General de la Nación al decir que el agente de civil del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) que mató a dos malos de Cali, si era empleado de esa entidad desde el 2012, pero que en el momento de dispararle a los vándalos estaba de descanso. Es decir, que esas muertes no le caben a la Fiscalía porque su infiltrado funcionario de bien estaba descansando. ¡Si eso hacen los colombianos de bien mientras descansan, imaginemos lo que realizan cuando están trabajando, ya no matan a unos cuantos pelagatos, sino que acaban con miles de ellos, al estilo de ese prohombre de bien llamado Carlos Castaño!
Un colombiano de bien le rinde culto a los ricos y al dinero, sin importar cómo lo han conseguido. Y está claro que esa riqueza debe defenderse con todas las armas, incluyendo el cianuro y la motosierra, para que no caiga en manos de los colombianos de mal. Por eso, los colombianos de bien no solamente aplastan a los malos dentro del país, sino que también se arrogan el derecho de perseguir a los malévolos fuera del país, y por eso organizan “misiones humanitarias” y preparan mercenarios de bien para invadir a Venezuela y llevarle a la patria de Bolívar la bondad, rubricada con el saldo de miles de muertos, torturados, encarcelados y desaparecidos, que tanto nos distingue en el concierto mundial, y que de aquí se irradia a montones hacia el resto del planeta.
Los colombianos de bien no se juntan con la chusma, el populacho, los indios patarrajados, los campesinos analfabetos, los negros atrasados, aunque algunos de ellos entren formalmente a hacer parte de las gentes de bien (como el exfutbolista Tino Asprilla) siempre y cuando obedezcan, sean serviles, no se rebelen, ni protesten, sean arribistas y asuman como si fueran suyos, aunque estén muertos de hambre, los “valores” de las gentes de bien. Así, en las últimas dos décadas entraron a integrar el círculo reducido de los colombianos de bien todos aquellos influidos por la cultura traqueta, que admira a los paracos, a los que debe agradecerse por evitar que este moridero de bien cayera en manos de las gentes del mal, es decir, de quienes pretendan, incluso osen pensarlo, que en esta finca consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de Chiquinquirá, se repartan tierras y riquezas, que deben estar bien concentradas, en las manos de terratenientes y empresarios benévolos, como Dios lo manda.
Por ese hecho, a estos paracos se les admira y sus crímenes se convirtieron en algo presentable, de lo que se sienten orgullosas las gentes de bien. De ese círculo exclusivo de los colombianos de bien hacen parte, con mérito propio, los narco-empresarios de la muerte y del libre mercado (tipo Carlos Castaño y Pablo Escobar), a los cuales en poco tiempo se les levantarán las estatuas que merecen, para que figuren en el panteón patrio junto a los prohombres que han hecho posible la construcción de esta Colombia de bien, como Sebastián de Belalcázar o Gonzalo Jiménez de Quezada, que los enemigos de esta nación, encarnados en los atrabiliarios indios de montón, se atrevieron a bajar de sus pedestales.
Los colombianos de bien, queda claro, son una minoría, aunque se presenten a sí mismos como una abrumadora mayoría, porque son los ricos, poderosos, pretendidamente blanquitos, clasistas, racistas, sexistas y cultores de la violencia y la discriminación.
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El paro nacional ha hecho que los discursos abstractos y etéreos sobre los colombianos de bien adquieran concreción, se hagan terrenales, bajen del nirvana a la dura realidad. Cuando los malos remalos de siempre, ahora llamados vándalos, que replican el comportamiento de los terroristas y enemigos de toda la vida (ELN, FARC…), se han atrevido a superar los límites de lo permitido, con los bloqueos a carreteras, con parálisis generalizada de la actividad económica en pueblos y en ciudades, con el desfile insoportable de campesinos e indígenas que llevan sus rencores a los encopetados barrios de las gentes super chics, pues hay que sacar a relucir lo más granado de las santas virtudes de los colombianos de bien. Y eso es lo que estamos viendo de manera ejemplarizante en estos días.
Son colombianos de bieplomon los paracos del Barrio Ciudad Jardín (Ciudad Bacrim) de Cali, quienes les dicen a los indígenas de la minga que desocupen sus barrios y se vayan de la Sultana del Valle, porque son una plaga que afea sus bellas y limpias mansiones. Para recordarles, por si se les olvidó a esas malas gentes (los indios y negros) que la Colombia de bien siempre ha sido un gueto de los ricos y los poderosos, que no debe ser contaminado por los pobres en sus espacios públicos, porque esos pobres solo sirven, en los espacios privados y laborales, como sirvientes y trabajadores, pero jamás pueden ocupar los parques, calles y avenidas por donde solo pueden circular los hombres de bien y sus automóviles de alta gama. Si algo distingue a los colombianos de bien es su carácter clasista, para quienes la presencia de los pobres es una insoportable provocación que afea el paisaje, con su miseria y ruindad. Y el racismo está a flor de piel entre los colombianos de bien, porque no puede ser que indios, negros y pobres salgan de sus madrigueras de baja ralea a contaminar con su suciedad y su mal olor a los inmaculados hombres y mujeres de bien. Eso lo ha manifestado sin filtros una médica de bien en la ciudad de Cali, quien sostuvo que estaba dispuesta a financiar a los paramilitares para que asesinaran, por lo menos, a mil indios, para que entiendan de una vez por todas que no deben provocar a las gentes de bien.
Son colombianos de bien, los individuos, que vestidos de blanco, montados en automóviles de última generación y protegidos por la policía, disparan a mansalva contra los indígenas de la minga. Estos colombianos de bien sí que ratifican por qué lo son, ya que recuerdan la práctica bondadosa de sus émulos paramilitares que a punta de motosierra limpiaron el territorio de los malvados terroristas que osaron cuestionar a los ricos y plantearon quitarles sus propiedades tan honestamente adquiridas con su esfuerzo y sacrificio.
Es una colombiana de bien la modelo y empresario Elizabeth Loaiza que aplaudió que el estudiante Lucas Villa fuera tiroteado en Pereira, aduciendo que «no eras un héroe en esta historia. Eras un bandido. Un terrorista… atentamente: la sociedad herida, pero no vencida». Esta es el culto a la muerte, que caracteriza a los colombianos de bien en este país, que los lleva a escupir sobre los cadáveres de los malos, como lo hace esa periodista sicarial que se llama Vicky Dávila a través de la revista Semana, un pasquín pornográfico.
Son colombianos de bien ciertos estudiantes de la Universidad de los Andes ‒esa encopetada universidad gringa, pero de las malas, que funciona en Colombia‒ que a través de sus mensajes en las redes antisociales justifican los asesinatos de colombianos del mal, pobres por supuesto, diciendo que son ñeros que hacen estorbo y su desaparición es un favor que se le hace a esta santa tierra de bien.
Es una colombiana de bien Marbelle, que le canta alabanzas a la policía y al Esmad, luego de que abalean, torturan y desaparecen a manifestantes, lo cual está muy bien, porque están combatiendo a esos pérfidos enemigos de esos excelentes colombianos, que generan riqueza y prosperidad, y dan plomo venteado como muestra de su indiscutible superioridad.
Lo que dice la Gente de Bien, echar plomo venteado a los vándalos. Palabras del paramentario Milton Angulo del Centro Democrático.
La pareja modelo e ideal de bien está conformada por María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, ambos prósperos y nada sangrientos empresarios del agro y la ganadería, que no ocultan los grandes sentimientos que distingue a los colombianos exitosos. Por ello, la “culta” matrona y senadora ha dicho que “el Ejército no está para ser damas rosadas, el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. No entra a preguntar ¿perdón, levante las manos. No señor”. Que eso lo sepan los colombianos de mal, para que nunca se les ocurra desobedecer ni insubordinarse como lo están haciendo en estos días. Y el “humanista” Lafaurie, jefe de la Fedegan ‒que agrupa a los ganaderos bien paracos‒ dice, refiriéndose a la muerte del malvado estudiante Lucas Villa, que merecía morir, y no porque haya sido víctima de un atentado criminal, sino porque sufrió un grave accidente. Solo en la cabeza de un colombiano de bien puede caber la brillante idea que un atentado de sicarios, que le propinan ocho balazos a un estudiante en una manifestación, es un accidente, simplemente porque el asesinado formaba parte de la vil canalla, y no era de alta cuna, como la de las gentes de bien que personifica la excelsa pareja de financiadores de paracos y sicarios.
Cuando a un colombiano de bien le decomisan un avión con cocaína, como le ha sucedido al uribista Miguel Jaramillo, esposo de esa exitosa mujer de bien, Alejandra Azcarate, eso no es ningún delito, sino una tragedia familiar que embarga a las gentes de bien y les hace derramar lágrimas de cocodrilo. Además, eso de llevarle cocaína a los Estados Unidos es una verdadera labor humanitaria, aunque tenga que camuflarse con la fábula bonachona de que transportaban tapabocas, seguramente para que ese bendito polvo blanco les haga más y mejor efecto sicoactivo a los gringos de bien. Esas tragedias ya la han vivido colombianos de bien, como la destacada familia Uribe Vélez, la familia de la vicepresidenta, y ahora canciller, Marta Lucía Ramírez, o la familia del expresidente Pastrana, o del ex policía Oscar Naranjo… Por eso, ellos resaltan que las gentes de bien no son narcotraficantes sino trabajadores honestos que se ganan la vida con esmero ejemplar: “Hemos sido, tanto mi marido como yo, personas que nos hemos dedicado toda la vida a trabajar honestamente. Mi esposo no es un narcotraficante de octava, es un publicista de primera y un ser humano recto y vertical. Quienes nos conocen, así nos reconocen”, dice, por ejemplo, la mujer de bien, uribista recalcitrante, Alejandra Azcarate.
Y cuando las gentes de bien salen a marchar en forma pacífica, vestidos de un inmaculado color blanco, como en la ciudad de Cali, para que se terminen los bloqueos de los vándalos y enemigos de la nacionalidad, no pueden aceptar que ningún malvado se les interponga en su camino, y por eso sacan a patadas a quienes, vestidos de negro, se atreven a recordar a los que han sido masacrados por los cuerpos armados de bien, estatales y paraestatales, en las últimas semanas.
La senadora del Centro Demoniaco Paola Holguín es una muestra sin desperdicio de las colombianas de bien, digna descendiente de un testaferro que le sirvió al capo del bien, a Pablo Escobar Gaviria. La opinión de esa paramentaria de bien ha rebasado cualquier canon de bondad, empatía y respeto por la vida y el dolor humano. En efecto, ha dicho palabras memorables ‒de esas que solo se dicen pocas veces en los anales de la infamia universal‒ que van a quedar como testimonio indiscutible de lo que son y piensan los colombianos de bien. Luego del testimonio, según ella manipulado por los enemigos de las gentes de bien, del joven Juan Fonseca, a quien el Esmad le destrozó un ojo, la humanitaria Paola Holguin ‒frente a la cual Teresa de Calcuta es una vulgar aprendiz en materia de compasión‒ emitió un video en que se burla de ese joven, diciendo que “le encanta llorar por un solo ojo” y “no engañen más, y dejen de estar llorando por un solo ojo”. Esos son los grandes sentimientos de las gentes de bien de este estercolero, nada extraño si recordamos que ellos no tienen corazón sino motosierra.
En fin, los colombianos de bien tienen una interminable trayectoria de aportes invaluables al país y a la humanidad, como lo entienden los miembros de ese club de criminales de bien que se llaman a sí mismos Comunidad Internacional, encabezados por esos benefactores mundiales que a diario nos regalan la muerte celestial con “bombas inteligentes”, tales como los Estados Unidos, la Unión Europea y el estado nazi de Israel. Sin embargo, para los colombianos de mal, las realizaciones de las gentes de bien simplemente constituyen un interminable prontuario criminal, que ha convertido a este país en una inmensa fosa común con himno nacional, algo que se evidencia ante la faz del mundo desde el 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional, en el que participan los malos de todas las vertientes que tanto daño le hacen a los colombianos bien… bien paracos y asesinos.
La visita de la comisión internacional de DD.HH. en Colombia se extenderá hasta el próximo 10 de junio.
Un organismo internacional de Derechos Humanos llamó al Gobierno colombiano y al Comité Nacional del Paro insistir en el camino del diálogo para superar la crisis social que atraviesa el país suramericano.
La representación del organismo internacional indicó que desde la organización siempre han insistido que cualquier crisis de derechos humanos se soluciona a través del diálogo.
Asimismo, revelaron que durante su estadía en Colombia mantendrán encuentros con los presidentes de las Altas Cortes, la representante de la Alta Comisionada de la ONU en Colombia para los Derechos humanos y autoridades locales como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
La Comisión de la Verdad de Colombia también se unió al pedido del organismo internacional para que se reanuden los diálogos entre el Gobierno y el Comité del Paro.
El Comité Nacional de Paro anunció el domingo la suspensión de las negociaciones con el Gobierno colombiano ante los incumplimientos de éste con el preacuerdo, el cual tiene como ejes fundamentales la garantía al derecho a la protesta pacífica y la desmilitarización en todas las regiones del país.
«Es necesario que el Gobierno acoja cuanto antes las garantías de diálogo que pide el Comité Nacional del Paro y que éste no se pare de la mesa e inicien ya la negociación impostergable. Y es necesario que el Gobierno al más alto nivel llegue a la mesa establecida por los jóvenes de Cali», indicó el órgano transicional.
En opinión del presidente de la Comisión, padre Francisco de Roux, las movilizaciones han dejado en evidencia la profunda desigualdad económica y social que ha llevado a la mitad de la población a la pobreza, campesinos sin tierra y a millones de jóvenes sin educación y empleo.
La Defensoría del Pueblo de Colombia señaló el lunes que el organismo internacional de DD.HH. durante su visita al país evaluará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas.
La oficina del defensor del Pueblo, Carlos Camargo anunció que entregó al organismo de DD.HH. un balance sobre las manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra el gobierno de Iván Duque.
Carlos Camargo, aseguró que desde el 28 de abril y hasta el 03 de junio ha recibido 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones a los derechos humanos-
Según el jefe de la entidad, «las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios», de los cuales 45 ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), del que Cali es capital.
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