ENTRE HUELGAS Y DESPIDOS ¿Qué está pasando en el sistema educativo?

Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza

A los trabajadores del Sutiems

Toda nuestra solidaridad

En las últimas dos semanas, hemos tenido noticia de huelgas, paros, plantones, movilizaciones de diferentes sindicatos y grupos del sector educativo que, sumados a diversos conflictos y reclamos preexistentes, presenta un panorama inquietante. Va un rápido pero necesario recuento:

  1.  Las primeras horas del día 8 de junio, estalló la huelga del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), ocasionando el cierre de las 26 preparatorias existentes en la Ciudad de México. Sus demandas son básicamente las mismas que las de otros grupos: aumento salarial para resarcir cuando menos en parte, el elevado costo de la canasta básica; condiciones dignas de trabajo, respeto al contrato colectivo de trabajo y al modelo educativo del IEMS[1]. Aseguran que el presupuesto asignado es el mismo desde 2018, mientras que el número de planteles ha aumentado, al igual que los docentes contratados por honorarios; los edificios carecen de mantenimiento; piden un aumento salarial de al menos 9%, igual que el otorgado a los policías.  Esta es una huelga largamente anunciada; los trabajadores llevaban un mes intentando llegar a un arreglo con la titular del IEMS, Silvia Estela Jurado Cuéllar y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz; el ofrecimiento de las autoridades fue de 3.5% al salario y 2% en prestaciones, muy por debajo de lo otorgado a los policías desde hace dos años (Mantiene Gobierno capitalino incremento del 9% en salario de policía durante 2020) Cuando estalló la huelga, el IEMS emitió un comunicado oficial poniendo en duda su legalidad; al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum declaró que estaba dispuesta al diálogo con el sindicato y afirmó que un día antes los trabajadores ya habían firmado el acuerdo en el que aceptaban el aumento ofrecido; de inmediato el SUTIEMS declaró que Sheinbaum estaba mal informada por sus subordinadas. Han transcurrido ocho días desde que comenzó la huelga; las autoridades se niegan a negociar y comienzan a recurrir a las típicas triquiñuelas legaloides como poner en duda la representatividad del sindicato, y así desacreditar la decisión de los trabajadores de ejercer su derecho a huelga, hoy día tan demonizado.
  2. Hace dos días, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Docentes Conalep (SUTDCONALEP) realizaron un mitin frente a Palacio Nacional; como parte de la misma jornada de lucha, la Federación Nacional de Sindicatos Académicos del Conalep, realizó un paro de labores a nivel nacional en demanda de reconocimiento a la antigüedad de los maestros en los 308 planteles de todo el país, así como equiparar su salario con el de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial; por parte del Gobierno Federal, son considerados como prestadores de servicios (Los profesores del CONALEP realizan paro de labores en todo el país), por tanto, carecen de derechos laborales básicos. Estas demandas son añejas; desde 2019 a la fecha, los medios han informado de movilizaciones en diferentes entidades y plantones en dependencias públicas, reclamando la instalación de mesas de negociación para resolver la basificación, homologación y reconocimiento de antigüedad.
  3. Y las UBBJ con La sargenta Raquel Sosa a la cabeza, siguen dando de qué hablar. Egresados llevan tres años esperando que les entreguen su título y cédula profesional. Los afectados pertenecen a las generaciones que iniciaron estudios en las escuelas financiadas por Morena y los terminaron cuando éstas pasaron a formar parte del sistema de universidades Benito Juárez (Recibir cédula profesional o título en la UBBJG, un compás de espera…). Algunos han acudido a la CNDH a poner su queja; tras revisar el caso, dicho organismo ha emitido la recomendación 75/2022 dirigida a la titular de las UBBJ; Sosa la rechazó alegando que las recomendaciones no son vinculatorias (Recomendación a las UBBJG por vulneraciones a DH de estudiantes) No hay poder institucional que ponga un alto a las arbitrariedades y atropellos hacia los docentes y estudiantes; quien nombró a Sosa sabe bien lo que ocurre, pero ha optado por minimizar y tolerar la situación. Si nos hemos enterado de lo que sucede es gracias a los docentes despedidos y estudiantes agredidos que decidieron abandonar el silencio, organizar movilizaciones, protestar y denunciar las arbitrariedades y problemática que aqueja a las UBBJ.
  4. En los últimos meses, la CNTE se ha hecho presente, quizá no con la fuerza, representatividad y contundencia mostrada en las luchas magisteriales de las que fuimos testigos entre el 2012 y el 2018. La sección XVIII de Michoacán instaló recientemente un plantón en la Ciudad de México y acordó realizar diversas acciones a nivel estatal. “Esta coyuntura política ha puesto de manifiesto que, aunque se esperaba lo contrario, solo cambiaron los colores y no las formas de gobernar” se afirma en un comunicado emitido hace una semana (Protestas de CNTE en CDMX, sin éxito; analizan nuevas acciones). La sección VII de Chiapas, con quien AMLO tuvo un encontronazo en agosto del año pasado, también se sumó a esta jornada de lucha. Por otra parte, en la Ciudad de México militantes de la sección IX, concretamente de la región oriente de Iztapalapa, convocaron a plantones en oficinas y dependencias de la SEP para reclamar el cumplimiento de lo que consideran promesas incumplidas. Además de las movilizaciones, estas secciones se han rebelado contra el calendario escolar 2022-2023. La sección XVIII anunció que el actual ciclo escolar lo concluirán el 8 de julio, tal como estaba considerado en su programa alternativo y no hasta el 29 de julio, como establece el calendario oficial
  5. También en el programa Prepa en Línea, los conflictos y turbulencias políticas no cesan. El año pasado, la SEP de Delfina Gómez contrató servicios especializados de Administración de Recursos Humanos para el pago de honorarios a los “agentes” de aprendizaje, justo un mes antes de que venciera el plazo establecido en la ley en materia laboral para concluir con el esquema de outsourcing (SEP subcontrata a 22 mil asesores y tutores). En marzo del presente año, ante la imposibilidad de repetir el mismo esquema por la entrada en vigor de la nueva ley, optó por el despido masivo de asesores bajo el argumento de que no contaban con el perfil requerido (Sosa dixit), o que trabajaban por más de doce horas en otro lugar. La inconformidad de los afectados, muchos de los cuales desmintieron los supuestos motivos de la SEP, creció como la espuma en unos cuantos días; el presidente fue cuestionado al respecto pero lo salvó la alarma sísmica  (¿Qué es Prepa en Línea de la SEP y cuál es el conflicto que tienen con los asesores virtuales?).
  6. También en otros programas de nivel medio superior comienzan a acumularse los adeudos. Ahí están los docentes de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED) que llevan varios meses sin cobrar, no tienen derecho de antigüedad, mucho menos servicios de salud; en la SEP nadie los ve ni los oye; en Twitter impulsan la campaña #SepYaPágame, a ver si así…
  7. No podíamos dejar de mencionar a los profesores del Programa Nacional de Inglés (PRONI). En un corto reciente, describimos la recurrente falta de pagos (Teachers PRONI, ¡nada que celebrar!), problema agravado durante el gobierno de la 4T pese a que los recursos están contemplados en el presupuesto de egresos de la federación. A la fecha, la mayoría tiene más de cuatro meses, ¡!, como lo leen ustedes, cuatro meses sin cobrar un peso; si bien no han dejado de trabajar, cada día están más endeudados y encima, autoridades estatales comienzan a exigirles que entreguen calificaciones y extiendan tres semanas más su presencia en la escuela, aunque el convenio que firmaron al inicio del año tiene vigencia hasta los primeros días de junio (Mensaje de maestros de Guerrero
  8. Otros grupos afectados son los trabajadores de programas sociales que dependen del gobierno de la Ciudad de México. En marzo pasado, promotores culturales comunitarios, trabajadores de Artes y Oficios Comunitarios, talleristas y otros colectivos culturales dedicados a acercar la educación y la cultura a sectores marginados de la población de la ciudad, realizaron jornadas de protesta y movilizaciones para demandar lo mismo que todos: estabilidad, derechos laborales, condiciones dignas de trabajo  (Trabajadores de cultura y PILARES protestan en Zócalo CdMx).  A este caso se suma el de Monserrat Jiménez, despedida la semana pasada después de trabajar diez años con niñas y adolescentes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Socióloga de profesión, un día de mayo se presentó en su centro de trabajo y se encontró con que le impidieron la entrada; su pecado fue integrarse al movimiento Queremos trabajo Digno , luego de atestiguar el despido injustificado de otros compañeros y la reducción de aproximadamente 20% de su raquítico salario durante la pandemia (Enseñó a niños a defender derechos y la despiden por exigir trabajo digno).

Tantos conflictos no son mera coincidencia; dan cuenta de los efectos de la política laboral y educativa del gobierno actual. En diciembre del año pasado, escribimos un corto titulado El sector educativo en tiempos de la 4T. Estampas de la precariedad; seis meses después, este artículo viene a confirmar lo señalado entonces: la situación no ha mejorado, al contrario, la precariedad en que se encuentran los trabajadores de la educación es cada día más evidente: mismas prácticas, mismas justificaciones, mismas respuestas para todos: desconocimiento, negativas, la austeridad como excusa, desprecio a los derechos laborales, arrogancia del poder en turno. Todos estos rasgos son al parecer, el sello de identidad de los y las funcionarias de la IV T.

Poco a poco se ha ido corriendo el velo: para el gobierno actual la educación no es prioridad, tampoco mejorar las condiciones de trabajo de los educadores o cumplir con las promesas al magisterio, utilizadas como señuelo para obtener votos. La retórica que ensalza la educación como medio de transformación, progreso, cambio, superación y cuanto adjetivo gustan endilgarle los funcionarios de alto, bajo y medio pelo en sus discursos, no es más que palabrería hueca. Pero la realidad es ésta, los hechos ahí están, solo hemos hecho aquí un breve recuento, parcial sin duda alguna, sin profundizar en los detalles.

¿Cuál es nuestra interpretación? Desde hace rato lo dijimos: la 4T encontró el modo de someter a las resistencias más visibles prometiéndoles el oro y el moro; ahora que los reclamos crecen, ha optado por ignorar, invisibilizar, o de plano,  desacreditar públicamente las protestas; si se acercan elecciones, ha ofrecido aumentos salariales diferenciados a docentes de nivel básico que no alcanzan a resarcir la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación; para los trabajadores administrativos y de apoyo con salarios miserables, ha anunciado aumentos importantes. Eso está muy bien, sin duda alguna lo merecen, tienen derecho, pero al final del día, eso no elimina el impacto político calculado y buscado: atomizar, separar, aislar a los iguales cada vez más precarios.

¿Qué pasará con la frustración, con el enojo y la desilusión? ¿Cómo se procesará ese mal sabor de boca, esa sensación de engaño que ya comienzan a expresar cada vez más abiertamente, docentes y trabajadores de la educación que votaron por un cambio? ¿En qué se convertirá todo ese malestar colectivo? ¿Acaso en potencia disruptiva? Eso está por verse, ojalá que las luchas confluyan y quienes luchan se encuentren para unir sus voces en un solo grito: ¡NO MÁS SOBRE EXPLOTACIÓN NI PRECARIZACIÓN DOCENTE! Para lograrlo, es preciso romper el silencio.

Lo que sí podemos hacer aquí y ahora, es dejar a un lado la indiferencia y mostrar solidaridad con quienes están dando la batalla por trabajo digno.

Fotografía: lasillarota


[1] El Instituto de Educación Media superior (IEMS) surge de una demanda que organizaciones sociales de Iztapalapa realizaron en 1995, para que las instalaciones de la ex Cárcel de Mujeres que se encontraban en remodelación se utilizaran como centro. Fue hasta el año 2000 que se crea formalmente, con el propósito de ofrecer educación media superior en aquellas zonas de la Ciudad de México en las que la demanda era alta y la oferta educativa insuficiente. Cuando AMLO gobernaba el entonces Distrito Federal, el IEMS comenzó a funcionar con quince planteles, actualmente cuenta con 28; los interesados no presentan examen de admisión, un sorteo decide si ingresan o no. Los detractores del hoy presidente le adjudicaron a estas escuelas el mote de “pejeprepas”.

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Después de la bofetada al poder y al neoliberalismo chilenos, ¿ahora qué?

Por: Aram Aharonian

No cabe duda que los jóvenes fueron quienes encabezaron el arrasador triunfo del Apruebo y Convención Constitucional en Chile. Algunos de ellos votaban por primera vez y lo hicieron junto a aquellos ya mayorcitos que desafiaron las amenazas y la pandemia que deja más de 14 mil muertos en el país, para consolidar la ruta de salida del neoliberalismo.

Fue el repudio popular a cuatro décadas de un ordenamiento nacido de la más dura represión y, quizá, el inicio de un pasaje ordenado y moderado a la siguiente etapa, sin rupturas radicales con estas tres últimas décadas de gobiernos constitucionales pero no democráticos ni populares.

Tras el plebiscito, desde Chile y desde fuera, llegan los balanceQuiénes son los jóvenes manifestantes que mantienen las protestas en Chile? | Internacional | Noticias | El Universos (como éste). Muchos quieren imponer el imaginario de que Chile cambió nuevamente gracias a un lápiz y un papel –por la vía institucional y republicana-, en recuerdo nostalgioso y romántico del gran logro del plebiscito de 1988 que derrotó a la dictadura. Desde el gobierno, señalan que “la gran mayoría del país decidió un camino por la vía institucional”.

La falacia omite la realidad, ya que el famoso lápiz y papel fue el final –entonces y ahora- de un largo proceso que se inició en 1983 con paros y protestas y cientos de muertos, muchos de ellos de la resistencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. (FPMR).

Hoy intentan olvidar o minimizar el largo proceso de un año de movilizaciones continuas, muertos y mutilados, y quieren imponer el imaginario que esta historia terminó con el voto y es hora de abandonar la calle, regresar a casa y dejar todo en manos de los “expertos” de las elites. Expertos en traiciones, como lo demuestra la historia chilena de dos siglos.

El domingo 25 se abrió la ventana para la necesaria renovación de la elite dirigente, una imprescindible oxigenación generacional, de liderazgos y de ideas, pero son los mismos de siempre, los traidores con historia, que comenzaron a candidatearse para ser constituyentes el año próximo. Y lo que se necesita son nuevas voces que transmitan las necesidades del Chile real, ese que no aparece en la televisión ni en los medios.

Si bien el proceso constituyente surge de un acuerdo entre los partidos de la burguesía frente al escenario impuesto por la movilización popular, existen enormes vacilaciones y vacío programático en la clase dominante para resolver sus pugnas, ante el deplorable estado de los aparatos ideológicos (Iglesia, cúpulas sindicales, sistema de educación).

Trabajadores de Chile demandan mejores salarios y estabilidad laboral - Tarapacá NoticiasLa clase obrera venía aumentando sus niveles de actividad desde el año pasado, especialmente a raíz del estallido social del 18 de octubre: las huelgas aumentaron en un 68% en 2019 con respecto a las registradas en 2018. Debería la izquierda encauzar la acción política de la clase obrera frente a la encrucijada puesta por la burguesía, como actor autónomo e independiente con programa propio.

Lo relevante es que pese a las vacilaciones de la burguesía, el aparato de Estado propiamente tal no se ha quebrado: las fuerzas represivas siguen aglutinadas en torno al gobierno y clases populares no han sido capaces de levantar un contrapoder capaz de llevar a cabo dicho quiebre.

La nueva-vieja izquierda

Hoy se habla de una nueva izquierda, con el surgimiento del Frente Amplio en 2017 (conquistó el 20 por ciento de los votos), y del renacimiento del Partido Comunista, de la mano de  Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. Pero las formas son las mismas: en lugar de hablar de encauzar la Constituyente, de la renovación radical de la vida política con la elección de una nueva generación de representantes, comenzaron a negociar las candidaturas presidenciales.

Mientras, el presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a la unidad de Chile Vamos, coalición a la que solicitó preparar una lista única de candidatos a la Convención Constitucional y a todas las contiendas del nutrido calendario electoral de 2021.Daniel Jadue y Beatriz Sánchez dan gesto de unidad tras holgado triunfo del Apruebo - La Tercera

El referendo cambia el escenario político chileno, profundizando la crisis de los partidos tradicionales, tanto los de derecha, como los de izquierda, inclusive de la Convergencia Social (escindidos del Frente Amplio), abriendo espacio para una renovación. No sería raro que algunos progresistas y centristas, ausentes o expulsados de las movilizaciones populares, trataran de reflotar la vieja Convergencia Democrática, de socialistas y demcristianos, como alternativa para la derecha light y el centrismo.

Han recorrido un largo camino, muchachos

El estallido social de octubre de 2019 fue el corolario de los levantamientos de rebeldía que se han sucedido desde 2006, cuando los estudiantes secundarios (los pingüinos) mantuvieron una prolongada huelga para exigir el fin de la Ley Orgánica Constitucional de Educación.

A esto le siguieron movimientos ambientales contra megaproyectos energéticos y de reivindicaciones de regiones apartadas afectadas por el centralismo, movilizaciones populares que tuvieron sus puntos altos en 2011 con la lucha por “una educación pública libre y gratuita”, en 2017 con el propio Movimiento No Más AFP (fondos privados de pensión) y en mayo de 2018 con la Rebelión Feminista contra el patriarcado.

La Ley de Pesca, fraudulentamente tramitada en el primer gobierno de Piñera (2010-2014) y los posteriores escándalos de financiamiento ilegal de campañas, conocidos como Caso Penta y Caso SQM (Sociedad Química y Minera), revelaron una corrupción empresarial transversal a los partidos y a varios de sus parlamentarios.

La Iglesia católica, otra institución valorada por su defensa de los derechos humanos bajo la dictadura, perdió influencia y credibilidad en la población con el destape de episodios de pedofilia encubiertos por algunos de sus jerarcas, y durante el estallido social no tuvo protagonismo alguno.

El ciclo creciente de protestas,2016: un recuento de los casos de corrupción interrumpido por la pandemia del covid-19, obligó al Parlamento a aprobar una ley para que la Asamblea Constitucional -que se elegirá el 11 de abril próximo- sea absolutamente paritaria en su composición entre hombres y mujeres, que no solo reconoce a las mujeres el derecho a participar en igualdad de condiciones, sino también a escribir una nueva Carta Magna con enfoque de género.

¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? era la pregunta de la segunda papeleta de votación del Plebiscito. Chile tendrá una Convención Constituyente para elaborar la Constitución, formada por 155 ciudadanas y ciudadanos elegidos por voto popular el 11 de abril próximo.

Marco Enríquez-Ominami, excandidato presidencial y líder del progresismo , señaló que  “no es eficiente tener dos Congresos, más aún cuando el árbitro está en contra”. Detalló que “cuando uno elige una Constituyente y tiene un Congreso al mismo tiempo, va a haber una disputa de hecho y de derecho y, por tanto, lo mejor es que tengamos un solo Congreso Constituyente”

La calle ganó el plebiscito

No se trata de una concesión de la clase política, sino de una lucha sin cuartel, donde las víctimas pertenecen a las clases populares, que durante 47 años fueron ninguneados por quienes aceptaron el pacto de transición con las fuerzas armadas. Son los mismos que desmovilizaron a la sociedad civil, traicionaron el espíritu del No en el referendo de 1988 y en 1990 se hicieron con el poder, recuerda el analista chileno Gustavo González.Los estudiantes: los protagonistas de la revolución en Chile

Por eso es imprescindible impedir que las fuerzas de la derecha logren una influencia determinante en la Convención Constitucional, y para ello los movimientos sociales y las fuerzas políticas de la renovación, gestoras del fin de la institucionalidad pinochetista, deben alcanzar una hegemonía que se traduzca en una constitución realmente democrática que signifique la superación del neoliberalismo.

Chile vive un proceso político caracterizado e impulsado por la calle, por la movilización popular, donde los púberes y jóvenes han tomado la batuta y expuesto sus vidas. Pero la amenaza latente de que el gobierno y la derecha podrán revertir su derrota si logran controlar la Constituyente.

Resulta imposible que Chile se consolide como un Estado democrático de derechos sociales, plurinacional y pluricultural, con reconocimiento de sus pueblos originarios, de igualdad de géneros, con plena vigencia de los derechos humanos en sus más amplias acepciones, sin romper con las preceptivas neoliberales del Estado subsidiario y de las instituciones que lo sustentan.

Hace más de cuatro décadas, Salvador Allende había señalado que “no es desde arriba, sino desde las raíces mismas de su propia convicción de donde debe nacer la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano”. De eso se trata, de hacer una Constitución democrática desde abajo.

El domingo 25 se registró la mayor participación ciudadana en una elección: casi el 51 por ciento del padrón de electores, de 15 millones. La abstención se puede explicar por el  temor a la pandemia, insuflado desde la aprensa hegemónica y del gobierno, pero también por la desconfianza y rechazo a los desprestigiados partidos políticos.

Por eso se hace imprescindible el debate de los contenidos de la nueva Constitución y promover los candidatos independientes, desde las bases, que en abril del 2021 conformarán la Convención Constitucional. Aquellos comprometidos, sin ambigüedades, con la voluntad de cambio..Muere Aylwin, el presidente que devolvió la democracia a Chile

No hay que dejar de considerar la fuerza que aún tiene el polo conservador, que desde el fin de la dictadura retiene cerca del 40% electoral. El 20 por ciento logrado por el rechazo proviene de una derecha poderosa en lo financiero, político y militar, dispuesta a todo y que nunca ha dudado en derramar la sangre del pueblo cuando vieron comprometidos o amenazados sus intereses. Un nueva Constitución es la peor amenaza para la ultraderecha recalcitrante, el militarismo, los oligarcas.

Lo maravilloso de las elecciones es que el pueblo puede dar una bofetada y nadie puede responder. Mientras Piñera obtuvo el 26% del país para ser Presidente, el Apruebo obtuvo el 40%. Como votó la mitad del país (7.562.000 de 15 millones), ese 40% se transformó en 78%. El Rechazo obtuvo apenas el 11% del país, destacó Marta Lagos, directora de Latinbarómetro.

A nosotros, los que escribimos sobre “la bofetada”, también nos ha llegado un pedazo, por no haber sido lo suficientemente claros en decir las cosas por su nombre, añadió.

El domingo 25 el pueblo chileno comenzó a cavar la sepultura de la Constitución pinochetista y es la oportunidad para que los jóvenes de hoy se preparen para gobernar e ir definiendo su propio futuro. Su caudalosa participación en el plebiscito -en especial los de las comunas populares- parece clara señal de aceptación de esa responsabilidad. ¿Se los permitirán?

Obviamente hay que comenzar a construir el necesario movimiento político-social que destierre sectarismos, pero las primeras manifestaciones de los grupos políticos de la izquierda y de la centroizquierda no se ven muy proclives a intentar la unidad de acción, y mucho menos  a actualizar doctrinas y cambiar métodos de organización y lucha.

“En Chile las instituciones funcionan” señalaba permanentemente el expresidente socialdemócrata Ricardo Lagos al inicio del milenio, el siglo y la década y era un elogio a la moderada transición dirigida por los partidos de la Concertación por la Democracia, y un implícito reconocimiento a la fortaleza de la institucionalidad heredada de la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Los mismos que hace un año salieron a las calles para poner fin al oprobio neoliberal son los que hoy alertan: “Desconfía de quienes nos llamen a detenernos, a desmovilizarnos, de los que llaman a la moderación, nos quieren amarrar de manos para que seamos obedientes en su cocina constitucional. El pueblo exigió, logró y votó Nueva Constitución y el Pueblo Manda”.

Fuente e imagen: http://estrategia.la/2020/10/29/despues-de-la-bofetada-al-poder-y-al-neoliberalismo-chilenos-ahora-que/

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¿Qué pasa en la UNAM?

Por: Roberto Rodríguez

En los últimos meses han ocurrido en la Universidad Nacional una serie de paros, toma de instalaciones y suspensión de actividades en varias de las entidades de la institución, principalmente en las escuelas del bachillerato. Al momento de escribir esta colaboración se mantienen en suspensión cuatro planteles de la UNAM: las preparatorias Tres, Siete y Nueve, así como la Facultad de Filosofía y Letras.

En noviembre del año pasado se suspendieron actividades dos semanas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esa coyuntura, el tema de la violencia de género ocupó el lugar central, y la solución del conflicto se derivó del compromiso institucional de atender a las demandas formuladas por el colectivo de mujeres que participó en la toma.

Un elemento común de las actuales expresiones de protesta ha sido el reclamo por la insuficiente atención a demandas relacionadas con acoso y otras formas de violencia de género. Desde la perspectiva de los grupos estudiantiles que han protagonizado o participado en esos eventos, las autoridades universitarias han sido omisas para resolver la problemática. También se ha señalado la inoperancia de dispositivos tales como protocolos, recomendaciones o campañas centradas más en la persuasión que en un efectivo rediseño de las pautas de convivencia universitaria.

En algunos casos, principalmente en las escuelas de bachillerato, a las demandas de género se han agregado otras: las condiciones de seguridad dentro y en el entorno de los planteles, los servicios de auxilio médico, el equipamiento de aulas y talleres, e incluso la disponibilidad de espacios para los colectivos de acción política y cultural. Persiste la exigencia de erradicar el porrismo en las escuelas y se han denunciado casos de posible corrupción o abuso de autoridad de funcionarios e incluso profesores, entre otros temas. Además se demanda la reformulación de los protocolos para la atención de las formas de violencia de género, en cuyo diseño participen los colectivos de mujeres estudiantes, la impartición de asignaturas obligatorias para concientizar a los estudiantes en la temática, así como la creación de servicios para el apoyo psicológico y jurídico a las víctimas.

Una de las demandas más complejas, presente en varios de los paros, es aquella que exige la expulsión o despido, según el caso, de estudiantes, académicos, funcionarios o trabajadores que han sido señalados, incluso en forma anónima, como posibles victimarios o cómplices de casos de acoso o violencia sexual. Las posibilidades de un procesamiento con justicia de acusaciones de esta naturaleza probablemente exceden las capacidades institucionales, por ello su solución no es sencilla como elemento de una negociación mutuamente satisfactoria entre las partes.

Una pregunta que ronda el ambiente es ¿se trata de movilizaciones aisladas, de movimientos articulados entre sí, o de protestas dirigidas desde el exterior universitario para desestabilizar a la institución? Las hipótesis de un complot contra la institucionalidad cobraron credibilidad en la coyuntura del proceso de elección del rector a finales del año pasado, entre otros factores por la participación en el proceso sucesorio de la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La reelección de Enrique Graue al frente de la Universidad no modificó sustancialmente la conflictividad de la protesta; quienes pensaban que una vez concluido el trámite de cambio o renovación de la rectoría se aplacaría el conflicto estaban equivocados, ello no ocurrió así, más bien al contrario.

No puede dudarse que los grupos promotores de las tomas de instalaciones se comunican entre sí, es de sentido común. Pero hay una distancia entre ello y la hipótesis de un único movimiento coordinado y articulado por una dirección central y estratégica. Es poco probable si se toma en cuenta la relativa diversidad de expresiones, demandas específicas, fórmulas de negociación e incluso la auto-caracterización de los colectivos protagonistas. Todo parece indicar, más bien, que hay una influencia recíproca en los repertorios de la protesta, en el eje compartido sobre las demandas de género y probablemente también en los esquemas de resistencia/negociación.

Desde luego es llamativa la dificultad que priva hasta el momento para la operación de canales de diálogo eficaces. El caso de la Facultad de Filosofía y Letras, en que las aproximaciones desde la autoridad con propósitos de una negociación convencional conducente a la devolución de las instalaciones han sido infructuosas. Tampoco han rendido el fruto esperado las opciones de intermediación entre las partes del conflicto, y no se advierte cuál podría ser la ruta de solución. En la Preparatoria 9, las cosas han cobrado un perfil todavía más complejo por la confrontación de grupos de estudiantes y padres de familia que buscan recuperar, motu proprio, las instalaciones. Cuando el espacio de autoridad es ocupado por otros actores, las cosas andan muy mal.

Las clases han iniciado y los paros siguen. Seguramente por ello las autoridades de la Universidad intentan una solución urgente. Pero el retorno a la “normalidad” confronta, precisamente, el tema central de la protesta. ¿Se espera que las comunidades de estudiantes y académicos operen como una presión para finalizar los paros? No es sencillo, por una razón: con cada vez mayor claridad se generaliza la opinión según la cual las demandas son legítimas aunque los medios para hacerlas cumplir no lo sean en la misma dimensión.

¿Y por lo tanto? Dos riesgos claros: uno es que los conflictos escalen en el entorno universitario, lo que podría suceder si no se consigue su anticipación y procesamiento. El otro es que el fenómeno pueda ser replicado en otras instituciones. Ello no es impensable e implica asumir, antes que sea tarde, respuestas que atiendan la problemática de género en cada una de las instituciones de educación superior y centros de bachillerato.

También hay una tarea para los legisladores: incorporar a la nueva Ley General de Educación Superior la perspectiva de género en su doble dimensión: oportunidades equitativas y respeto íntegro a la dignidad y seguridad de las personas.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/que-pasa-en-la-unam/

Imagen: https://pixabay.com/photos/unam-library-th-university-mexico-2167334/

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Uruguay: Ola de paros en enseñanza pública

América del Sur/Uruguay/12.06.18/Fuente: www.elpais.com.uy.

Los profesores van a parar el 13, el 20 y el 21 e impulsan un paro general el 28 de junio.

Como cabía esperar, los sindicatos de la enseñanza pública redoblan la presión, en los pocos días que faltan para que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de Rendición de Cuentas (el plazo constitucional vence el 30 de junio).

Ayer una amplia mayoría de las 48 filiales de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), reunidas durante varias horas en la sede gremial de Maldonado y Zelmar Michelini, decidió un paro para el próximo miércoles 13 (conjuntamente con ASSE, la Universidad de la República y los maestros) a los que seguirán otros dos a realizarse los días 20 y 21.

Además, el sindicato se movilizará el 19 a Sauce (Canelones) durante los actos en conmemoración del natalicio de José Artigas e impulsará dentro del Pit-Cnt un paro general nacional para el 28. Dentro del sindicato se escucharon ayer voces radicalizadas que pedían ir ya a un paro por tiempo indeterminado aunque no lograron aún imponer su punto de vista.

Marcel Slamovitz, presidente de Fenapes, dijo a El País que si bien el Ministerio de Trabajo dice buscar una negociación, el delegado del Ministerio de Economía en las conversaciones con los sindicatos, Christian Daude, dejó claro la semana pasada que no hay más «espacio fiscal» para incrementos superiores. «Adoptan el discurso de las cámaras empresariales sobre el déficit fiscal» sostuvo Slamovitz. «No hay negociación, no hay plata para cargos nuevos, el conflicto se agudiza. Hay un aumento de 3,5% en 2019 y nada en 2020», advirtió. En los próximos días habrá más asambleas informativas y el sábado 23 una nueva asamblea de delegados que podría decidir una profundización de las medidas de protesta. El sindicato entiende que si no hay aumento en 2020 se estaría violando el convenio colectivo acordado en la educación en 2015, tras un prolongado conflicto que incluyó una fallida declaratoria de esencialidad por parte del Poder Ejecutivo.

Slamovitz dijo que para Fenapes ni siquiera está claro que con la propuesta del gobierno se vaya a llegar a fines de 2019 a un 5,1% del Producto Interno Bruto para el presupuesto educativo. En la campaña electoral de 2014 el Frente Amplio insistió en que tenderá a asignar a la educación un 6% del producto más otro punto para investigación.

José Olivera, secretario general de Fenapes, dijo a El País que «hubo que hacer un informe pormenorizado de los impactos para el sistema educativo; es claro que en términos estructurales el presupuesto educativo se movió fuertemente más de un 1% en el período 2005-2010 y desde ese año entró en una situación de meseta». «Es claro que el impacto que tuvo el recorte presupuestal durante 2017 va a generar problemas para funcionar en 2019 y 2020 ya que no se crearán cargos para rubros. Es casi contradictorio porque te dicen que vamos a poner plata para pagar las PPP pero no para crear cargos para que esos centros funcionen», agregó.

«No solamente no llegan al 6% sino que tampoco llegan en materia salarial a cumplir el compromiso que asumieron en 2015. El presupuesto para la educación va a pasar al 5, 15%, la aguja no se movió prácticamente en nada», señaló. Y advirtió, con respecto a lo que puede pasar: «más de una tercera parte de la federación tiene una posición favorable a hacer una huelga».

El déficit fiscal está en el 3,7% del Producto Interno Bruto y el gobierno anunció que quiere que este año cierre en 3,2%, en 2,9% el año próximo y en 2,5% en 2020.

CONFLICTO

Semanas que serán agitadas

El gobierno, como ha hecho otros años, esperó casi que hasta último momento la difusión de las cifras del incremento presupuestal para reducir en algo el lapso de casi inevitable conflictividad. En el sector privado quiere que la gran ronda de Consejos de Salarios que habrá este año comience cuanto antes pero hay cámaras empresariales que se muestran renuentes.

Austeridad que lleva a conflictos

Se sabía que iba a haber confrontación entre el gobierno y los sindicatos. Estos, sabedores de lo complicada de la situación fiscal, pedían subir impuestos a los sectores de más recursos para financiar sus reivindicaciones y el gobierno dejó claro que considera que no se puede subir más la carga impositiva porque se afectaría a sectores que generan empleo en momentos en que este no abunda. El gobierno dispuso un incremento del gasto de $3.052 millones de los cuales $1.942 millones fueron para la ANEP, 430 para la Universidad de la República y 50 millones para la Universidad Tecnológica del Uruguay.

Otras partidas van para el Sistema de Cuidados, el Instituto del Niño y el Adolescente (Inau), para el Ministerio de Defensa Nacional, para la Fiscalía General de la nación, para el hospital de Colonia y para el Pasteur.

Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, cree que las cifras de la Rendición de Cuentas son muy malas y que implican, en el caso de la educación, no cumplir con el convenio firmado en 2015 que establecía un aumento de 3,5% en 2020. La rendición de Cuentas es peor de lo que esperaba la central, aseguró.

Fuente de la noticia: https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/ola-paros-ensenanza-publica.html

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Uruguay: sindicatos de educación en pie de guerra por negociación salarial

Uruguay/01 junio 2017/Fuente: El Observador

Maestros definieron dos paros para junio; profesores profundizarán medidas.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/educacion-sindicatos-pie-guerra-negociacion-salarial-n1077123

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Trabajadores argentinos de la Educación en paro.

América del Sur/Argentina/10.01.2017/Autor y Fuente: http://prensa-latina.cu/
A solo tres días de iniciado el 2017 ya comenzaron los primeros paros en Argentina, esta vez de trabajadores del Ministerio de Educación, quienes protestan hoy por los despidos en ese sector.

Tras los incidentes registrados la víspera, cuando efectivos de la policía arremetieron contra empleados que querían participar de una asamblea contra los despidos en el edificio del ministerio, el gremio afectado convocó a un paro de 24 horas.

En un comunicado, la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado del Ministerio de Educación y Deportes decidió, ante la falta de respuestas del Ejecutivo, realizar esta jornada y además un abrazo simbólico en el Palacio Pizzurno, sede de esa cartera.

Asimismo apuntaron que, en repudio a este gesto de violencia, la próxima medida seguramente será una toma pacífica por tiempo indeterminado del edificio hasta que haya una resolución favorable al conflicto por los despidos.

‘El operativo de la policía estaba específicamente organizado para evitar el ingreso de los delegados, que fueron agredidos violentamente sin miramientos. Mientras tanto, el ministro de Educación Esteban Bullrich está de vacaciones’, denunciaron.

La víspera se esperaba que un grupo de trabajadores vinculados al Ministerio iniciaran conversaciones con el Ejecutivo en busca de soluciones a los reclamos por los despidos.

El jueves último, alrededor de 300 personas entraron al edificio y estuvieron allí durante dos días en una toma pacífica para rechazar la decisión de no renovar los contratos para 400 empleados de diferentes dependencias y además afirman que hay otros dos mil 600 trabajadores del Programa de Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela, cuyos puestos peligran.

Fuente: http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=54139&SEO=trabajadores-argentinos-de-la-educacion-en-paro
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