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El Salvador profundo

Recientemente, estuve en una visita de trabajo (para una investigación que realizo con mis estudiantes de Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación de la Universidad de El Salvador) en el norte del Departamento de Morazán, en concreto en el Caserío El Trueno, en el Municipio de Torola. Era la segunda vez que visitaba Torola; la primera vez fue allá por 1995-96 cuando –recién terminada la guerra civil (1981-1992)— Miguel Ventura me pidió que lo apoyara en un proceso de formación política para las comunidades del norte de Morazán. Accedí a dar el apoyo que me solicitaba Miguel Ventura, consciente de que ese departamento había sido –en su zona norte— uno de los principales teatros de la guerra civil, con todas las secuelas de destrucción, abandono y dolor que ello había supuesto para sus pobladores. En la UCA, en donde yo trabajaba en ese entonces, imperaba el compromiso –un legado de los jesuitas asesinados en 1989— de proyectar el quehacer universitario (y de tener presencia universitaria) entre los sectores sociales populares. Contaba, pues, con el aval de mi jefe –el P. Rodolfo Cardenal— para insertarme, como profesor, en ese proceso de educación popular.

Antes de 1995-96 ya había visitado Morazán: primero San Francisco Gotera, en 1986[1]; y luego, poco después de firmados los Acuerdo de Paz (1992), Perquín, Sabanetas y el Zancudo. En esas ocasiones, apenas pude conocer las dinámicas de vida de este departamento. Después de mi experiencia en Torola –en donde di una charla de análisis político a pobladores que, durante la guerra, habían permanecido en el campo de refugiados de Colomoncagua (Honduras)— mis viajes al norte de Morazán se hicieron frecuentes, prácticamente hasta que dejé la UCA, en 2008. En coordinación con la Fundación Segundo Montes, en ese tiempo bajo la dirección de Miguel Ventura, organizamos jornadas de formación socio política que me permitieron tener contacto con pobladores de, entre otros lugares, Perquín, Torola, San Fernando, Arambala, Jocoaitique y Cacaopera.

Otro El Salvador se abrió a mis ojos. Gentes que habían vivido y seguían viviendo en el abandono, pero que no habían perdido las ganas de vivir y de esforzarse por salir adelante con lo poco (extremadamente poco) que tenían. Gentes que acogían agradecida, en sus humildes hogares, a alguien que –como yo— llegaba a hablarles de democracia, derechos humanos, participación, sociedad civil y temas equivalentes.

En esos años inmediatos al fin de la guerra de la guerra civil, a este otro El Salvador también pertenecían las gentes del nororiente de Chalatenango (Guarjila, Los Ranchos, San José Las Flores, Aracatao, Las Vueltas) que habían vivido los embates de la guerra, la represión militar y el exilio, en su caso, al campo de refugiados de Mesa Grande (Honduras). Y, actualmente, a este otro El Salvador pertenecen las gentes que, con su pobreza a cuestas, sobreviven en los distintos rincones olvidados y marginados de este país, especialmente en sus zonas rurales y costeras.

No soy ingenuo ni tampoco ciego: El Salvador profundo está marcado por la pobreza, el abandono y la precariedad. Pese a ello, lo que encontré en el caserío El Trueno, después de casi 30 años de haber estado en la zona por primera vez, me impactó por lo mucho del parecido con lo que vi en 1995-1996: una precariedad, abandono y pobreza tales que era como si el tiempo se hubiera detenido. Me las vi con una injusticia social arraigada quizás desde siempre; una injusticia social que ha marcado la vida de bisabuelos, abuelos, padres, hijos y nietos desde tiempos inmemoriales. Una injusticia social que marca la vida de los niños y jóvenes de las comunidades que habitan la zona y que, ahora como en el pasado, no es motivo de preocupación para las autoridades del Estado.

El retroceso en el tiempo que experimenté se vio reforzado por algo que percibí en 1995-96 y sigue estando presente en 2024: la calidez, cordialidad, fraternidad y capacidad de compartir de las gentes de Torola (y que se puede extender, creo yo, a todo el norte de Morazán). También me llamó la atención, al igual que en 1995-96, las ganas de aprender de estas personas, su escucha atenta y su disposición a apoyar, disciplinadamente, aquello que les ayude a mejorar su vida o a conocer mejor sus problemas.

Mientras caminaba desde el centro de reuniones del colectivo de mujeres (la casa de lámina de una lidereza puesta a disposición de la comunidad) hasta el lugar en donde esperaba el vehículo que movería al grupo de estudiantes hacia San Salvador y Santa Ana, no dejaba de pensar en la dura realidad social que me rodeaba. Las dos horas y pico caminando cuesta arriba fueron favorables para darle vuelta a las ideas; no podía dejar de decirme: “este es El Salvador profundo”. Y aquello que decía Monseñor Romero de que “con este pueblo no cuesta ser buen pastor” se me imponía al recordar los tamales pisques que, con esfuerzo y usando lo poco que tienen, nos habían preparado o en las tortillas de maíz nuevo que me regalaron para que me trajera a casa.

Definitivamente, elijo a este El Salvador como mi país. No el país de ficción, grato para quienes han perdido el sentido de realidad o quieren mostrar que creen en algo en lo que no creen.  Por mi parte, me quedo con El Salvador real. Con su gente, con sus pobres; con quienes, como dijo José Martí, quiero yo mi suerte echar.


[1] Con mi ahora exesposa, Ana Delma Márquez (que había nacido en San Francisco Gotera) decidimos llevar a nuestro hijo de un año (Oscar Arnulfo) a casa de sus bisabuelos.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

Fotografía: Luis Armando González

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Libro PDF: Derecho a la educación y escolarización en América Latina

Felicitas Acosta. [Compiladora]

Mariela Alejandra Acevedo. Felicitas Acosta. Myriam Feldfeber. Pablo Imen. María Mercedes Palumbo. Fernanda Saforcada. Soledad Vercellino. [Autores de Capítulo]
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ISBN 978-987-722-854-0
Ediciones UNGS. CLACSO.
Buenos Aires. Los Polvorines.
Marzo de 2021

*Disponible sólo en versión digital

 

Insignias notorias de la gran tradición de los pensamientos de la emancipación, los conceptos de revolución y de democracia pudieron pensarse en América Latina, durante los tres primeros lustros de este siglo, en sus diversas y auspiciosas combinaciones. En ese clima de ideas, tan distinto del actual, se puso en marcha años atrás el Programa Regional Democracias en Revolución & Revoluciones en Democracia, cuyos grandes motivos no hay ninguna razón para abandonar y cuyo capítulo argentino se complace en presentar sus resultados por medio de esta serie de libros colectivos.

La extensión del derecho a la educación en América Latina forma parte del debate contemporáneo acerca de la escolarización. Las reformas educativas de la última parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI en la región acompañaron dicho debate: sanción de nuevas leyes, cambios en la estructura de los sistemas educativos, reformas curriculares, revisión de la enseñanza en el aula, modificación de la formación docente son algunas de las maneras que adoptan estas reformas. Las modificaciones en los sistemas educativos también se encuentran atravesadas por la emergencia de nuevos actores, temas y formas de intervención: desde las pruebas internacionales estandarizadas, la participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, hasta la introducción de contenidos vinculados con cuestiones de género y sexualidad. Este libro reúne trabajos que intentan dar cuenta del conjunto de cambios mencionados desde diferentes perspectivas: histórica, política, filosófica y pedagógica. Reúne también los artículos premiados del concurso de ensayos CLACSO-UNGS sobre el derecho a la educación en el marco del Eje Educación del programa Democracias en revolución/Revoluciones en democracia.

Descarga aquí: Derecho-a-la-educacion
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Libro(PDF): «Movimientos sociales. La estructura de la acción colectiva»

Reseña: CLACSO

Este libro surge de una preocupación académica y política: las acciones colectivas de ciudadanos y ciudadanas comunes en las más diversas regiones del mundo podrían ser decisivas en la desaceleración del calentamiento global, en las luchas contra el racismo y la violencia de género, entre muchas otras formas de explotación de la sociedad y la naturaleza.

En las páginas de Movimientos sociales… asoma una tesis: desde las formas cotidianas de resistencia, pasando por la creación de movimientos locales y grupos de base, hasta llegar a las olas de protesta y los movimientos sociales transnacionales, la movilización colectiva ha creado una poderosa herramienta de transformación humana, cuyos objetivos se extienden a un amplio abanico de propósitos. Este libro se enfoca en su estudio desde una mirada actualizada y comprometida.

Autor (a): Paul Almeida.

Editorial/Edición: CLACSO.

Año de publicación: 2020

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-634-8

Idioma: Español.

Descarga: Movimientos sociales. La estructura de la acción colectiva

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2220&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1411

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Federico Velázquez: «Los niños deben ser líderes del cambio en sus familias en buenos hábitos ambientales»

Por: Nieves Mira

No forma parte del currículo escolar, pero la educación ambiental está presente en casi todos los colegios de la geografía española, en parte por los hábitos adquiridos durante la LOGSE. Sin embargo, ha surgido una generación de adolescentes preocupados por el futuro del planeta, que sin prejuicios observan los desafíos del futuro y luchan por cambiar una realidad que parece imparable: el cambio climático. Desde la Asociación Española de Educación Ambiental, su presidente Federico Velázquez cuenta a ABC cómo será posible crear conciencia, tanto en los más pequeños como entre sus mayores.

¿En qué debe consistir esa educación ambiental en la que hay que formar a las futuras generaciones?

Debe tener un enfoque transversal. Damos por sentado que debe llegar a todos los sectores sociales. A veces solo se señala a los niños, pero quien hace el daño son los adultos y de ellos aprenden los niños. Deben tener a su nivel una formación ambiental. Por una parte porque es parte de su proceso formativo y por otra porque se pueden convertir en agentes dentro de sus familias para incorporar buenos hábitos ambientales.

¿Y en la escuela?

Debe incluirse también de forma transversal: que no haya asignaturas separadas sobre todo que son para la vida, porque si se cayese en esa tentación se vería como una asignatura de segundo orden y la gente lo tomaría como otra cosa. Estas enseñanzas tienen más fuerza cuando vienen a través de una figura cercana, sin necesidad de que sean unos expertos los profesores, que a través de sus materias deben ponerles en contacto con el medio. La clave será que sean figuras cercanas como padres, familiares o profesores los que le acerquen al niño al medio.

¿Cómo se les está formando actualmente en los colegios?

Al no estar regulada queda en el buen criterio de cada centro. De aquella Logse que la incluía ha quedado cierta huella y generalmente los planes suelen incorporar algo que tiene que ver con la naturaleza y el medio ambiente. La manera de desarrollarlo va a quedar a criterio de cada profesor. Una de las formas en las que la hemos visto presente es a través de actividades extraescolares y de las ciencias naturales, donde aparecen temas que tienen que ver con lo ambiental.

¿Es más fácil educar a los niños que a los mayores?

En parte sí porque el mayor puede tener ya unos hábitos. Es un desafío, porque una persona solo cambia de hábitos cuando descubre que hay un mayor interés en el cambio que lo que venía haciendo hasta ahora. El niño parte de una mente más abierta y es fácil que comprenda que no hay que maltratar a un animal o que hay que cuidar el entorno. Luego se convertirá en su círculo en un transmisor y en un vigilante para que todo eso se lleve a la práctica.

¿Cómo se crea conciencia?

Para generar conciencia hay varias vías. La educación ambiental no es saber medio ambiente sino generar conciencia, y eso ocurre solo cuando estamos ante situaciones delicadas. Viene por dos o tres vías esenciales. La primera es la participación: cuando hablamos sobre la contaminación del agua la conciencia surge cuando vas al río o al lugar y lo ves, lo analizas y confirmas lo que ahí ocurre. Cuando una persona participa a través de la práctica es cuando una conciencia puede surgir. Conviene estar atento, porque también puede venir a través de una película o una novela.

En segundo lugar tendríamos el debate. Mientras se queda en pensamiento, no dejan de ser ideas pero si se promueve también un ámbito donde la persona debate se genera conciencia porque en la medida que sale de ti algo te compromete. Y el tercer método sería una derivación del anterior y es cuando uno enseña a otros. En colegios solemos recomendar que los alumnos más mayores den charlas a los de un curso inferior. Los que se conciencian son los que las dan.

¿Podemos hacer algo los ciudadanos si las empresas y gobiernos no se involucran?

Lo ambiental compromete a todos. Todo el mundo tiene parte de responsabilidad y si hay alguna gente que no la cumple, hay algo que se queda sin cumplir. Lo ambiental tiene que haber también una respuesta política, administrativa. La educación es importante pero las obras también lo son. Si hay alguien que no cumple el papel que le corresponde el daño está hecho. La educación independientemente de lo que hagan los demás debe de tener su autonomía, sobre todo hoy donde el ciudadano es víctima y verdugo porque él mismo contribuye a generar los daños que luego sufre.

¿Cómo estamos en España respecto a otros países?

Un poco más atrasados, porque la educación ambiental parte de la educación cívica. Pero la satisfacción es ver que se va avanzando y hay aspectos en los que ya tenemos una cierta conducta, como con el reciclaje, porque ya más del 50% de la población recicla. Ahora vienen retos más difíciles y cada vez los compromisos que se van a pedir van a ser mayores, y es ahí donde la educación ambiental debe plantear otro nivel de compromisos, que tienen que ver con la movilidad, el ocio, la alimentación… Lo ambiental viene a darte una vida digna, mucho más saludable, y el desafío de los educadores es hacer ver a la población que detrás de ese cambio de hábitos se encontrarán con prácticas que beneficiarán a todos.

Fuente e Imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/abci-ninos-deben-lideres-cambio-familias-buenos-habitos-ambientales-202011040023_noticia.html

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Adaptarse a la escuela en casa: diferencias importantes que debes conocer

Por: Paulette Delgado

La nueva realidad de muchas familias es tener la escuela en casa, ¿podríamos llamarle a esto educación en el hogar?

Ante el cierre de escuelas debido a la contingencia por la pandemia de coronavirus, tanto padres como hijos se enfrentan al enorme reto de adaptarse a la enseñanza en casa. Para las familias que ya practican el homeschooling o educación en el hogar, esta transición no representará muchos cambios, sin embargo, para aquellas familias cuyos hijos cuentan con una educación tradicional, estas semanas de cuarentena han sido ciertamente desafiantes.

Jeanne Faulconer, directora de Brave Writer’s Homeschool Alliance y conferencista experta en la educación desde el hogar, explica que es normal que los niños se nieguen a hacer actividades sugeridas por los padres porque “así no lo hacen en su escuela”. El cambio temporal del rol de padres-hijos a docentes-alumnos, es retador para ambas partes, inclusive para aquellos quienes la enseñanza es su profesión y tienen que fungir ambos roles al mismo tiempo. Para los padres, es normal preocuparse por su condición de “educador temporal” y sentirse inquietos o con ansiedad sobre cómo su eficacia como docente puede afectar el desempeño de sus hijos más adelante. O puede suceder lo contrario, que los padres carezcan de tiempo, recursos o interés en la educación en el hogar de sus hijos y los dejen solos.

También es habitual que los niños y adolescentes no sepan qué hacer consigo mismos sin su horario y rutinas habituales. Además de que es normal que estén nerviosos por sus calificaciones, las tareas, o su desempeño académico, así como aprender sin dejarse distraer por su ambiente.

Educación en el hogar vs. desescolarización

Aunque la desescolarización se enfoca en la transición de abandonar la escuela tradicional e institucionalizada para enfocarse en el “homeschooling”, debido a la situación del COVID-19 esta es una realidad que actualmente están viviendo el 95 % de niños y niñas en América Latina y el Caribe. Saber qué es la desescolarización ayuda a los papás a tener expectativas realistas sobre cómo se ajustan sus hijos a la educación en casa ante esta nueva realidad temporal. Faulconer menciona varios consejos para que las familias puedan adaptarse más fácilmente a esta situación.

Cuando un niño o adolescente deja la escuela institucionalizada para recibir su educación en casa, lo que se conoce como homeschooling, tiene que pasar por un proceso que se le conoce en esa comunidad como “desescolarización”. A diferencia del método educativo que es la educación en el hogar, la desescolarización es un periodo donde el estudiante se adapta a su nuevo ambiente y manera de aprender, lejos de maestros y estudiantes. Jaqueline Wilson, autora, educadora y consultora sobre el tema, describe a esta etapa como un “período de descompresión cuando se cambia de la escuela pública tradicional a otro método de educación, como la educación en el hogar”.

Por otro lado, dentro de la educación en casa también existe el “unschooling”, en inglés, o “no escolarizar” en español, que hace referencia a un método educativo dentro del homeschooling. Se le llama unschooling ya que es un proceso más natural de aprendizaje.  Wilson lo describe como “el aprendizaje dirigido por los niños o el aprendizaje natural.” Además, agrega que “con la falta de escolarización, los niños toman la delantera en lo que quieren aprender y cómo quieren aprenderlo.”

Con toda la situación actual que se vive en todo el mundo ante el COVID-19 es importante hablar con los hijos y explicarles que es normal sentir la educación en casa como una intrusión y que adaptarse a la nueva dinámica es un reto para todos los miembros de la familia pero es un proceso normal y se llama desescolarización.

Además, es importante estar conscientes de que el aprendizaje no se verá igual que en la escuela. Esta es una buena oportunidad para invitar a los hijos a opinar sobre cómo puede mejorar la educación en casa para superar esta etapa más rápido. En este punto, Faulconer específica que algunos pueden encontrar la desescolarización abrumadora por sentir que no aprenden tanto como en la escuela, mientras que otros inmediatamente quieren participar en el nuevo modelo de aprendizaje que es el homeschooling.

Sobretodo, es necesario darle al niño tiempo de aprender a ver a los padres en el rol de educadores temporales. Ellos están acostumbrados a ver a otro adulto en ese papel, por lo que les puede tomar trabajo tomar en serio la idea de que tiene que aprender matemáticas, por ejemplo, de su papá o mamá.

Consejos para la etapa de desescolarización

  • Crear, construir e ingeniar: La cuarentena es un buen momento para motivar a los hijos a hacer arte. Ya sea contando historias, escribiéndolas, dibujando o construyendo cosas, es momento de dejar que los niños dejen suelta su creatividad y descubran que se puede aprender de muchas maneras distintas.

  • Acercarse a la naturaleza: Si tienes jardín, ayuda a tu hijo a plantar algo, a conocer por nombre a las plantas y cuidar de ellas, identificar insectos o pájaros. En caso de no tener este espacio en casa, aún se puede plantar algo pequeño en interiores, como el experimento de fermentar un frijol en algodón. Otra actividad puede ser jugar a distinguir especies de aves que pueda ver desde su ventana.

  • Moverse: Ya sea bailando al son de su canción favorita, o siguiendo ejercicios de internet, es importante que los niños y adolescentes no pasen todo el día sentados.

  • Adquirir el hábito de la lectura : Según Faulconer, el periodo de desescolarización es un buen momento para fomentar el gusto por la lectura en los hijos. Para esto, recomienda la lectura en espacios cómodos, como en el sofá, en lugar de en un escritorio o en una mesa, para hacerlo menos formal. Además, es importante que los hijos vean a los padres leyendo por gusto, ya sea novelas, revistas, noticias o cualquier otra cosa. Que conozca que no sólo se limita a obligaciones escolares.

  • Observar documentales y televisión educativa juntos: Ahora que pasamos más tiempo juntos en casa, puedes aprovechar para ver con tus hijos canales como The History Channel, Discovery Channel, documentales o series educativas en plataformas como Netflix. Faulconer incluso menciona que ha sabido de casos de niños que aprenden a través del programa de los “Mythbusters: los cazadores de mitos” ya que promueve el método científico, demostrando que la educación tiene muchas formas y uno nunca sabe qué le puede interesar a los niños. Además, puede generar más pláticas sobre conceptos e ideas nuevas, mejorando la convivencia familiar.

  • Usar el internet: Ya sea para ver TED Talks, tomar clases o cursos en línea, dar un paseo virtual por un museo o investigar sobre un tema, el internet es una gran herramienta para los niños. También es un buen momento para monitorear cómo es su presencia en línea y enseñarles sobre seguridad y responsabilidad de internet, lo cual también pueden hacerlo jugando.

  • Labores del hogar: Debido a que los niños están acostumbrados a no estar en sus casas casi todo el día, muchos de ellos pueden no estar conscientes de cómo pueden ayudar a mantener el hogar funcionando más allá de sus quehaceres como tender la cama o lavar sus platos. La desescolarización es una etapa que también puede servir para buscar recetas basadas en los ingredientes que se tienen en casa, planificar la comida, cocinarla juntos y ayudarlos a sentir que contribuyeron a las labores del hogar además de aprender habilidades fundamentales.

  • Conectarse con familiares y personas cercanas: Es posible que los niños sientan un vacío al no convivir con sus compañeros, profesores y demás personas con las que convivían antes. Pero la desescolarización es un gran momento para cultivar las relaciones familiares, y enfocarse en darle prioridad a la calidad de estos momentos, en lugar de la cantidad. Ante la realidad de tener que estar en casa, la desescolarización también es una oportunidad para que los padres descubran cómo aprenden sus hijos, así como sus áreas de interés y sus fortalezas y debilidades.

Ante la realidad que enfrentan millones de familias de estar en casa y tratar de continuar las educación de sus hijos, reconocer que es normal que niños y adolescentes tengan problemas para adaptarse a aprender desde el hogar, ayudará a tener expectativas reales de su desempeño.

Fuente: https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-en-casa-desescolarizacion-diferencias

Imagen: Daniela Dimitrova en Pixabay

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Libro: Políticas públicas, autonomía y participación docente en contextos de transformación y cambio. (PDF)

Parte del prologo

La Red Estrado y el compromiso con la difusión de conocimiento sobre el trabajo docente

La organización de la Red Estrado, capítulo Ecuador en el año 2012, constituyó un importante acontecimiento en el ámbito de los debates académicos sobre temas relacionados con el trabajo y la profesión docente.

Durante estos años de funcionamiento, la Red Estrado en Ecuador ha llevado a cabo cuatro seminarios internacionales; ha editado dos libros y se apresta a poner en circulación el tercero como un aporte concreto para los interesados en el campo de las políticas docentes; ha organizado varios eventos de corta duración en el campo de su especialidad; ha recogido un gran número de ponencias y exposiciones de investigadores educativos nacionales y extranjeros; ha facilitado la presencia de reconocidos especialistas de la región para analizar y comentar el estado de las políticas públicas en educación en sus respectivos países; ha impulsado el desarrollo de estudios e investigaciones en el mencionado campo; en definitiva, ha puesto en el tapete de la discusión el tema del trabajo y la profesión magisterial con base en la investigación y el conocimiento.

El libro que se presenta a continuación, es el resultado de una selección de las principales exposiciones y ponencias efectuadas en el IV Seminario Nacional titulado “Profesión docente, desafíos de la autonomía y la participación” que se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018 en el Auditorio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador.

Descargar el libro aquí: Políticas públicas, autonomía y participación docente

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Diez puntos sobre el cambio constitucional en Chile

Por:  Roberto Gargarella

Jaime Guzmán, el temible jurista del pinochetismo, concibió la Constitución de 1980 como una especie de cerrojo para evitar cambios futuros. Hoy, en el marco de un movimiento social sin precedentes en las calles, los chilenos abrieron el camino para redactar, desde cero, una nueva Carta Magna. La experiencia latinoamericana de estos años muestra los límites de avanzar en derechos sin avanzar sobre el núcleo duro: la organización del poder. No obstante, las resistencias conservadoras no harán fácil moverse en esa dirección.

Introducción

Quisiera presentar a continuación algunas reflexiones teóricas, surgidas a partir de interrogantes que nos plantea el constitucionalismo chileno de este tiempo, que nos llevan a pensar sobre problemas que lo incluyen y lo trascienden. Propondré entonces algunas consideraciones, relacionadas con cuatro «grandes temas» teóricos en el área, que examinaré de manera «situada», tomando como caso de estudio el cambio constitucional que se avecina en Chile. Los temas incluirán cuestiones como las siguientes: las relaciones entre el constitucionalismo y la democracia; los procedimientos del cambio constitucional; la «sustancia» o contenido del cambio; y el ideal democrático que anima o merece animar tales cambios. En el tratamiento de tales cuestiones aparecerán diez puntos principales sobre los que me interesará llamar la atención conforme a lo que es el espíritu de este escrito: presentar solo algunas primeras notas y varios apuntes exploratorios, relacionados con los temas que, en estas horas de crisis democrática y cambio constitucional, requieren de nuestro estudio más profundo.Constitucionalismo y democracia

1. La validez de las normas de facto. Cuando examinamos las relaciones entre el constitucionalismo y la democracia en Chile, un primer tema que inmediatamente exige nuestra reflexión es el de la validez de las normas de facto. Existe una enorme discusión teórica en torno del tema, que también, necesariamente, ha llegado a Chile, sobre todo a la luz de la Constitución de 1980, promovida por el dictador Augusto Pinochet y aprobada a través de una consulta que muchos expertos consideraron fraudulenta. ¿Tiene la democracia chilena las «manos atadas» por esa (así llamada) «Constitución tramposa»? ¿Puede entenderse que la Constitución de Pinochet sigue constriñendo las posibilidades de acción de las nuevas generaciones? En los hechos, la discusión sobre el peso y valor de las normas de facto reapareció en tiempos recientes, en Chile, cuando se comenzó a hablar de la necesidad de un profundo cambio constitucional. Así, por ejemplo, el ex-presidente Ricardo Lagos habló de una «nueva Constitución» aludiendo a la necesidad de «comenzar con una hoja en blanco», o el constitucionalista Fernando Atria se refirió a la importancia de «partir de cero» en materia constitucional1. En principio, ellos hablan de este «nuevo comienzo» (desde «cero» o desde una «hoja en blanco») para separarse de lo que fueran otros cambios constitucionales anteriores (i.e., la reforma de 2005) y para decir, como afirma explícitamente Atria, que lo que ahora se requiere es una «nueva constitución» y no una mera «reforma constitucional».Entiendo lo que ellos sugieren y estoy de acuerdo con lo dicho, pero creo que el problema es mucho más radical y debe ser tratado radicalmente. Pienso, en línea con el análisis que hiciera, en su momento y para Argentina, Carlos Nino, que las únicas normas válidas, prima facie, son las que surgen de procedimientos democráticos elementales, mientras que las normas de facto, en principio, no gozan de una presunción de validez2. La preservación de las normas de facto puede justificarse por razones de «paz social y seguridad» (por ejemplo, porque se generaría un caos innecesario si se declararan inválidos todos los matrimonios o los alquileres o contratos firmados durante la vigencia de esas normas), pero no porque esas normas tengan un valor intrínseco. De allí que la «prisión» que vino a establecer la Constitución de 1980 no debiera considerarse tal: la democracia no debe sentirse constreñida por el «atenazamiento» que le haya querido imponer una dictadura (un punto al que quiero referirme en el próximo acápite). Resulta sorprendente, en tal sentido, el acuerdo que parece haber en buena parte de la clase política y en parte de la comunidad jurídica chilena en torno de lo contrario: la validez prima facie de las normas de facto. Esa validez prima facie es una propiedad exclusiva de las normas que emergen de un proceso de discusión democrático. En definitiva, se puede y debe pensar en qué forma definir las nuevas normas que organicen la vida en común y cómo llegar a ellas, pero no desde la idea de que se trata de un laberinto de difícil salida y en el que la democracia aparece atrapada, como si hubiese un efectivo valor normativo en la legislación de la dictadura.

2. El constitucionalismo como «prisión» de la democracia: Jaime Guzmán. En 1979, y poco antes de la aprobación de la Constitución pinochetista, su principal ideólogo, Jaime Guzmán, declaró:

La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, [para que] el margen de alternativas que la cancha les imponga a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido como para hacer extremadamente difícil lo contrario3.

Pocas veces en la historia del constitucionalismo nos encontramos con un reco- nocimiento tan abierto y descarnado de lo que aparece como la peor cara que una Constitución puede ofrecernos: la Constitución como «cárcel» de la democracia –como forma de aprisionarla– y no como manera de organizarla, hacerla posible o realizarla. Guzmán, como tantos, confundió la «validez» de una norma –su justificación pública– con su «vigencia», es decir, con su efectividad o estabilidad, que pudo deberse, como en el caso de Chile y la Constitución de 1980, primero al miedo y a las armas y luego a la dificultad de modificarla. Y lo cierto es que, en el presente, no hay ninguna razón filosófica, ninguna buena justificación para que las generaciones actuales se sientan aprisionadas por la Constitución de la dictadura. Los «enclaves autoritarios» que legó el pinochetismo no debieron considerarse tales, y los pocos que siguen operando en la actualidad (por ejemplo, a través de vetos minoritarios/quórums agravados) no debieran considerarse limitativos: es la regla de los iguales –la democracia– la que ha de gobernar y prevalecer, y no (no lo es, no puede serlo, no debe serlo, no hay ninguna buena razón para pensar que lo sea) la voluntad remanente de la dictadura.

Procedimientos

3. Sobre los plebiscitos de aprobación constitucional. La Constitución chilena de 1925 (la que fuera reemplazada durante la dictadura pinochetista por la de 1980) había nacido para «reparar» muchos de los problemas que eran propios de la pionera y autoritaria Constitución de 1833 (una de las más estables en la historia del constitucionalismo latinoamericano4). Para lograr su cometido, la Constitución de 1925 fue sometida a un plebiscito (en agosto de ese año), celebrado pocas semanas después de que el proyecto de Constitución fuera concluido en julio. El antecedente es interesante para subrayar algunas cuestiones. En primer lugar, la forma de redacción de ese documento constitucional resultó muy elitista: este fue elaborado mediante comisiones designadas siempre por el presidente Arturo Alessandri (es decir, no se trató de comisiones elegidas democráticamente). En segundo lugar, el plebiscito posterior (como suele ocurrir con las consultas populares, según veremos) apenas tuvo lugar para incluir algún matiz en relación con el tipo de preguntas cruciales que se presentaban a la ciudadanía5.

Mi opinión es que los demócratas que entendemos la democracia como una «conversación entre iguales» tenemos razones para resistir (al menos en principio, y dada su forma habitual y esperada) estos plebiscitos ratificatorios, aun cuando celebremos el gesto o «disposición democrática» que tales consultas populares, en su mejor expresión, nos ofrecen. Ello es así porque este tipo de plebiscitos constitucionales (tal como suele ocurrir con los plebiscitos sobre textos amplios y complejos, como el Acuerdo de Paz en Colombia o la consulta del Brexit) tienden a someter a la población a una inaceptable «extorsión democrática». Ilustro aquello en lo que estoy pensando con un ejemplo que se ha convertido en caso bastante típico en la región (un ejemplo que simplifica en exceso una situación que suele ser mucho más grave y forzada). En 2009, en Bolivia, se sometió a la consideración popular una Constitución de 411 artículos que incluía, entre muchas otras, una cláusula favorable a la reelección presidencial y varias normas relacionadas con los derechos sociales y multiculturales de los grupos más marginados. Un votante promedio, bien informado o sin mayor información sobre la Constitución, podía rechazar enfáticamente lo primero (la reelección), pero ansiar sin hesitaciones lo segundo (los nuevos derechos). Sin embargo, la consulta popular solo le permitía aprobar el «paquete cerrado y completo»: todo o nada. De este modo y para aprobar aquello que más ansiaba, ese votante quedaba «extorsionado» a aceptar lo que más rechazaba. Mucho peor: luego del plebiscito, la reelección que ese votante habría querido repudiar sería aplaudida y presentada por las autoridades de turno como un simple producto del clamor de la «soberanía del pueblo» (adviértase que aquí realizamos este ejercicio teniendo en cuenta solo dos de esos cientos de artículos plebiscitados como «paquete cerrado»).

4. El procedimiento de creación constitucional y el «reloj de arena». Existe un debate importante acerca del camino procedimental apropiado que debe adoptar la creación constitucional, en el contexto de una sociedad democrática. El especialista Jon Elster ha ilustrado lo que considera la forma ideal de diseño con la imagen de un «reloj de arena»: amplio e inclusivo por abajo (i.e., un plebiscito inicial para ver si la sociedad apoya el cambio constitucional); estrecho en el medio (i.e., la escritura de la Constitución a cargo de una comisión de expertos); y amplio otra vez por arriba (i.e., el cierre del proceso a través de un nuevo plebiscito ratificatorio6). La modalidad que parece haber ganado peso en Chile es una que está en línea con la sugerida por Elster, que en parte corrige y en parte mejora el proceso de redacción que culminara con la Constitución de 1925 (i.e., a través del plebiscito inicial y no solo final que se propone ahora; o a través de una comisión redactora más legítima y democrática, es decir, ya no –como en 1925– como producto exclusivo de la voluntad presidencial).Otra vez, sin embargo, las razones que teníamos para resistir los plebiscitos constitucionales son las que tenemos para encender una luz de alarma sobre las formas cerradas de la redacción constitucional, que luego pretenden «abrirse» (con un «sí» o un «no») a la consideración popular. Las objeciones surgen «naturalmente», tanto si partimos de la idea de democracia en tanto «conversación entre iguales» como si retomamos lo dicho por Nino en torno de la «validez» del derecho. El hecho es que las normas deben resultar de una discusión inclusiva, no por una cuestión antojadiza sino porque, en sociedades multiculturales, marcadas (como diría John Rawls7) por el «hecho del pluralismo» y (como diría Jeremy Waldron8) por el «hecho del desacuerdo», necesitamos que nuestros arreglos institucionales más básicos queden informados por las necesidades, demandas y puntos de vista de toda la sociedad. Cualquier comisión –pequeña y/o cerrada; de técnicos o expertos; de especialistas o de políticos– tiende a fracasar en su propósito de reconocer la diversidad y razonabilidad de los reclamos existente, por más bienintencionados y lúcidos que sean sus miembros. Finalmente, este tipo de dificultades «epistémicas» son las que explican las históricas dificultades que han mostrado los parlamentos compuestos solo por hombres (aun empáticos) para lidiar con los derechos de las mujeres; o los congresos sin representantes de los grupos indígenas, para dar cuenta de las necesidades de los derechos de tales grupos (y de allí, por tanto, la sabiduría del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –oit–, al exigir la «consulta previa» y directa a los grupos indígenas cuando se discuten normas que afectan directamente sus intereses).

Contenido o «sustancia»

5. Derechos: una carta de derechos «espartana» y conservadora. Toda Constitución moderna aparece dividida en dos grandes secciones: la «declaración de derechos» (o «parte dogmática») y la «organización del poder» (o «parte orgánica»). Sobre la declaración de derechos presente en la Constitución de 1980 merecen decirse varias cosas. En primer lugar, ella destaca por incluir una de las cartas de derecho más espartanas, de entre las existentes, en una región que se caracteriza por su constitucionalismo «generoso» y «barroco» en relación con los derechos que reconoce. En segundo lugar, su texto resulta notable, también, por su carácter poco remozado o «antiguo»: la Constitución de 1980 insiste con una declaración de derechos de un estilo que fuera muy propio del siglo xviii o mediados del xix. Es una carta que mira con distancia y recelo la larga lista de derechos sociales, económicos y culturales y de derechos humanos que América Latina adoptó de manera pionera en la historia del constitucionalismo mundial con la Constitución de 1917 en México, y que sigue exhibiendo hoy como uno de sus principales orgullos. De modo similar, la actual Constitución de Chile resalta tanto por la virtual ausencia de herramientas participativas (herramientas que ya no son excepcionales, sino la regla común dentro del constitucionalismo regional), como por la negación del carácter multicultural del país (como si le avergonzara reconocer los componentes indígenas y plurinacionales que distinguen y dan riqueza al país). En tercer lugar, la declaración de derechos de la Constitución de Chile llama la atención por su carácter deficitario y conservador. En efecto, la Constitución chilena asombra por las trabas que establece a la negociación sindical (por ramas de actividad); la prohibición de la huelga de los empleados públicos; el bloqueo a las prestaciones plenamente públicas en salud, etc. Más aún, su lista de derechos enumera tales protecciones como si sus redactores se hubieran visto obligados a reconocer intereses fundamentales que el pueblo no merece, por lo cual la Constitución rodea la lista de derechos con restricciones y negativas que pocas constituciones exhiben (un ejemplo: en unos 20 casos, la Constitución usa la idea de «conductas terroristas» para justificar la limitación de derechos).

6. Organización del poder. Dicho todo lo anterior, llegamos al «núcleo duro» de la Constitución, a la organización del poder (a la que en trabajos anteriores me he referido como la «sala de máquinas» de la Constitución9). En todos mis escritos sobre la materia, me interesó señalar que el gran problema del constitucionalismo latinoamericano, al menos desde comienzos del siglo xx, ha sido el de promover reformas significativas en el área de los derechos (incluyendo las largas listas de derechos sociales y económicos, que siguen ausentes en el constitucionalismo chileno), sin modificar de manera acorde la organización del poder (o, para seguir con la vieja metáfora, «manteniendo cerrada la puerta de la sala de máquinas de la Constitución»). De ese modo, el constitucionalismo latinoamericano comenzó a virar, desde comienzos del siglo xx, hacia un «constitucionalismo con dos almas»: una, la relacionada con los derechos, que comenzaba a relucir nueva, moderna, de avanzada, de perfil social acentuado y democrática en sus ambiciones; y la otra, relacionada con la organización del poder, que se preservaba con los rasgos elitistas y autoritarios que fueran propios del constitucionalismo latinoamericano del siglo xix. Mi gran temor es que, en este tiempo de cambio constitucional profundo, el constitucionalismo chileno opte por «modernizarse» de la manera implausible, inatractiva, en que lo hiciera todo el constitucionalismo latinoamericano a comienzos del siglo xx. Más precisamente, el gran riesgo es que Chile opte por cometer ahora el «error» que el constitucionalismo regional cometió durante el siglo pasado y abrace una innovadora modificación en su declaración de derechos para mantener intocada su vieja, elitista y conservadora organización del poder. Por supuesto, entrecomillo la idea de «error» latinoamericano porque esa supuesta equivocación se debió a una decisión consciente de los sectores de poder tradicionales, que prefirieron entregar derechos, como concesiones a las demandas sociales que recibían de parte de los grupos más postergados, como forma de preservar todo lo demás, relacionado con la vieja organización de la maquinaria del poder. Como dijera la jurista Rosalind Dixon10, en América Latina, al igual que en otras áreas del mundo, se optó entonces por pensar los «derechos como sobornos»: si los grupos indígenas, o las minorías sexuales, o los estudiantes protestaban en las calles, los poderosos les «ofrecían» entonces derechos constitucionales, mientras preservaban inmodificados sus propios poderes. El riesgo que se advierte es ese: una nueva vuelta de los «derechos como sobornos», mientras la «sala de máquinas» del poder se mantiene incólume, cerrada como lo ha estado desde hace décadas.

La amenaza en cuestión es particularmente seria en Chile, dadas las condiciones de partida: el país no solo tiene una de las declaraciones de derechos más regresivas de la región, sino que además preserva una organización del poder tan autoritaria como pocas11. Ello es así (y solo para marcar algunos casos salientes) tanto por los modos en que concentra el poder en el Ejecutivo como por la forma jerárquica y verticalista en que diseña el Poder Judicial (algo asombroso en términos comparativos12); también por el centralismo que mantiene, además del insólito lugar que les sigue reservando a las Fuerzas Armadas (un capítulo para las Fuerzas Armadas, un capítulo para el Consejo de Seguridad Nacional). En ese contexto, se impone una «modernización» de la Constitución para que alcance el piso mínimo de derechos, garantías y procedimientos democráticos, que son parte ya del acervo del constitucionalismo contemporáneo –un cambio que, insisto, se impone, dado el carácter todavía retrógrado de la organización constitucional–. Sin embargo, Chile debe tomar este desafío que le impone su inaceptable «retraso» como una oportunidad para no «modernizarse» constitucionalmente de la manera impropia en que lo ha hecho toda la región. Chile tiene la oportunidad de optar por una declaración de derechos –no «barroca», pero sí– liberal, social y democrática, y de hacerlo ajustando de modo acorde toda su organización del poder de modo de convertirla en una organización, también, al servicio de ideales liberales, sociales y democráticos –un paso que, repito, los resabios del poder concentrado en América Latina han impedido–. Democracia

7. Democracia. En mi opinión, el tema mayor que subyace a todo cambio constitucional contemporáneo –el hilo que recorre y debe recorrer todo el debate constitucional– es el relacionado con la democracia. Como sabemos, la relación entre constitucionalismo y democracia no es armoniosa, sino tensa: el constitucionalismo refiere en primer lugar a los límites sobre el accionar mayoritario, mientras que la democracia se afirma en la apelación a la soberanía del pueblo, que reclama primacía. El devenir político puede ayudar a «aceitar» y facilitar los vínculos entre constitucionalismo y democracia o puede obstaculizar o enturbiar tales relaciones. Por ejemplo: en la declaración de Guzmán que citábamos al comienzo de este escrito, encontrábamos un ejemplo extremo de cómo ciertas apelaciones al constitucionalismo (a los límites sobre el accionar mayoritario) pueden servir como excusa para «ahogar» a la democracia.Ahora bien, aunque es cierto que el constitucionalismo pinochetista (en parte todavía presente en la Constitución de 1980) se propuso maniatar o sofocar la democracia –y en tal sentido fue un ejemplo desmesurado de lo que el constitucionalismo no debe hacer–, la realidad nos dice que, más allá de Chile y de manera común, el constitucionalismo tendió a imponer, a través de sus reglas, limitaciones demasiado exigentes y no siempre justificadas a la democracia. En buena medida, podría decirse, el constitucionalismo nació y se impuso, desde finales del siglo xviii, a través de un principio de «desconfianza democrática». Así, el académico brasileño Roberto Mangabeira Unger se ha referido al tema señalando el «pequeño secreto sucio» del derecho contemporáneo: la «disconformidad con la democracia»13. Según Unger, esa «disconformidad» ha quedado traducida, institucionalmente, en un «sinnúmero de instituciones» destinadas a socavar el peso de la regla mayoritaria (i.e., el control judicial, el Senado, el presidencialismo concentrado y unipersonal, las elecciones indirectas, los mandatos largos, la ausencia de mecanismos más directos y populares de control sobre los representantes, etc.).

8. Sociología política. Según entiendo, esa fricción que se ha ido profundizando entre el constitucionalismo y la democracia, y que hoy genera una relación muy tensa entre ambos ideales, reconoce dos fuentes principales (más allá de algunos «excesos brutales», como los representados por el pinochetismo de Guzmán). La primera de tales fuentes tiene que ver con un cambio en lo que llamaría la «sociología política» del constitucionalismo: las constituciones «fundacionales» –que en buena medida moldearon las nuestras– fueron diseñadas pensando en sociedades muy particulares, que ya no son las nuestras. Más precisamente, el constitucionalismo nació pensando en sociedades relativamente pequeñas, divididas en pocos grupos internamente homogéneos y compuestos por personas fundamentalmente movidas por el autointerés (i.e., mayorías y minorías; pobres y ricos; deudores y acreedores; no propietarios y propietarios). De allí que se pensara que, con la incorporación de algunos pocos actores al escenario institucional (algunos representantes del grupo de los propietarios, algunos representantes del grupo de los no propietarios, etc.), toda la sociedad podía quedar representada. Ese esquema «estalló en el aire» en estos tiempos caracterizados por la presencia de sociedades muy numerosas, multiculturales, divididas en infinidad de grupos internamente heterogéneos y compuestas por personas que, a la vez, son –cada una de ellas– «muchas personas» diferentes (hoy ya nadie se siente identificado con su «mero» carácter de obrero, gay, vegetariano, izquierdista: cada uno es muchas cosas al mismo tiempo y se identifica con todos esos rasgos diversos a la vez). De allí que, en buena medida, el viejo diseño institucional ya no sirva para albergar y dar cuenta de la infinita variedad propia de nuestras sociedades culturalmente plurales: el viejo traje constitucional quedó demasiado chico. Por ello, insistir con su recomposición nos lleva a un callejón sin salida: no hay vuelta atrás posible, capaz de reparar aquel diseño tan imperfecto, tan propio de otro tiempo.

9. Filosofía pública. El otro cambio radical –el más importante– entre el ayer y el hoy tiene que ver con la renovación de ideas y supuestos que se ha dado con el correr de los años, tal como sugiriera más arriba. En efecto, nuestras constituciones nacieron (algunas más –como la chilena–, otras menos –como las primeras constituciones revolucionarias francesas–) muy marcadas por un «principio de desconfianza» que fue imponiéndose en las latitudes más diversas, hasta aparecer como rasgo distintivo del constitucionalismo moderno: la idea de la «disconformidad democrática» de la que hablaba Unger. Un problema al respecto, que ya sugerí, es que tal «desconfianza democrática» no quedó como mera retórica de otro tiempo, sino que resultó plasmada en todo un esquema de instituciones («contramayoritarias») que pasaron a convertirse en marca de identidad del constitucionalismo, de ayer y hasta hoy. El problema mayor, desde entonces, es que ese ideario original de raíz elitista, plasmado en un esquema institucional todavía vigente, opera hoy en el marco de un contexto por completo diferente, en términos de nuestro modo de pensar compartido, en términos de lo que Michael Sandel denominara nuestra «filosofía pública»14. Hoy, para bien o mal, nos guste o no, lo compartamos o no, tiende a primar un sentir extendido de «empoderamiento democrático»: nos asumimos dueños de nuestro propio destino y, como tales, nos consideramos impropia e injustificadamente limitados en nuestras demandas y decisiones por un procedimiento legal y por un cuerpo de representantes, que consideramos no dispuesto a tomar en serio a la ciudadanía, a considerar y seguir la dirección política que esta propone. Aquí reside, entiendo yo, el quiebre mayor: el sistema institucional aparece preparado para «resistir» las demandas de la sociedad y poco sensible frente a ellas, poco capacitado para recuperar y procesar los reclamos. Este punto es el que parece explicar los «estallidos democráticos» que hoy advertimos en todo el mundo: desde la «primavera árabe» hasta los «chalecos amarillos», de los «pingüinos» chilenos a los «caceroleros» colombianos o argentinos, recorre el mundo un sentido compartido de disconformidad con los sectores de poder en general, y con la clase política en particular. Se trata de un «enojo» o una «incomodidad» profundos, que estallan ante la incapacidad del tejido institucional para receptar o entender siquiera la importancia, el sentido, la extensión o la profundidad de tales reclamos democráticos.

10. Constitucionalismo democrático en Chile. A la luz de lo dicho, Chile encuentra una buena oportunidad para adelantarse al constitucionalismo regional y plasmar, en su Constitución, el tipo de cambios que el resto de los países latinoamericanos se demora en plasmar. Tales cambios exigen reconocer que en una sociedad de iguales, cada individuo debe ser capaz de vivir su vida como quiere y cada sociedad debe tener la posibilidad de organizar su vida futura del modo en que considere más apropiado. Y esto último no se logra ni reparando el dañado sistema de «frenos y controles» propio del constitucionalismo, ni agregando nuevos derechos, ni concediendo nuevos plebiscitos, ni copiando del derecho comparado alguna institución saliente (i.e., defensor del pueblo, etc.). No se trata, en definitiva, de resucitar instituciones «muertas»15. Entiéndase: todos los cambios citados pueden ser deseables, justos y necesarios. Pero repito: tales cambios en el constitucionalismo no resuelven nuestro problema mayor, que es de carácter democrático. Lo que necesitamos es reconstruir la maquinaria democrática para permitir que aquel viejo esquema que fuera exitoso en algún momento (i.e., un esquema de frenos y balances destinado a canalizar institucionalmente la guerra civil) se transforme en otro, orientado en una dirección diferente: (no ya evitar la guerra, sino) favorecer por fin el diálogo inclusivo, entre iguales.La oportunidad es excelente, por la avidez del cambio que existe; por el reconocimiento de la necesidad de cambiar la Constitución; por los niveles de «empoderamiento democrático» que se advierten; por la ansiedad participativa que muestra la ciudadanía; por el excepcional compromiso constitucional que esa ciudadanía ya demostró en años anteriores (desde el «marca tu voto»16 a los cabildos constitucionales con más de 200.000 participantes); por el vigor y la dignidad notables que han demostrado los movimientos sociales y las movilizaciones de ciudadanos autoconvocados. Está la necesidad, está la oportunidad, está la capacidad, está la disposición ciudadana.Pero existe el riesgo de que, a pesar de todo, los sectores dominantes vuelvan a imponerse y la vieja dirigencia vuelva a intentar (ante todo) autopreservarse. El riesgo de que, en un nuevo ejercicio de ceguera política, los sectores conservadores tradicionales intenten nuevamente salirse con la suya, apostando a la desmovilización; procurando engañar a una sociedad a la que ya no se engaña (a través de las luces de colores de los nuevos derechos y las nuevas instituciones); actuando otra vez con el nivel de alienación política y desconexión social que han demostrado sus principales dirigentes en las semanas pasadas, como si todo esto se tratara de una cosa de niños, una aventura adolescente, un capricho social pasajero. Las señales al respecto no son buenas y se advierten en cada paso de los dados por el poder constituido en estos tiempos recientes: la dilación del proceso constitucional hasta abril o mayo, buscando la desmovilización ciudadana; los innecesarios quórums autoimpuestos (de dos tercios), adoptados con la excusa del consenso (un piso tan alto que va a dificultar, antes que facilitar, los acuerdos deseados y que va a ofrecer una herramienta de extorsión habitual a los sectores más conservadores); en el plebiscito de entrada y en el de salida, a los que se pretende asignar –tramposamente– el carácter de magia democrática (es decir, el poder de transformar en democrático un proceso que no lo es, y cuando, por las razones que vimos, tales plebiscitos tienden a constituirse en enemigos, antes que en aliados, de los demócratas); en la nueva apuesta por procedimientos elitistas de redacción constitucional (visible también, y no solo, en el peso de las comisiones técnicas y políticas); en el desaliento o la falta de aliento a los procesos de intervención directa de la ciudadanía (procesos de participación directa como los que pudieron distinguir a los recientes cabildos chilenos17 y como los que caracterizaron a los mejores procesos de creación constitucional de nuestro tiempo; quiero decir, procesos como los desarrollados en Canadá, Islandia o Irlanda, con puros representantes ciudadanos directos, sin la presencia en algunos casos de partidos políticos y con la selección realizada a través de mecanismos de «lotería»); en la sobreabundancia de propuestas de cambio cosméticas o irrelevantes (otra vez, las luces de colores de derechos que se cambian, sin cambios en la organización del poder); o en los cambios gatopardistas que se ofrecen para la organización del poder, orientados a cambiar algo para que todo siga como estaba.

Quiero decir –y con esto concluyo– que la sociedad civil chilena muestra en este momento una lucidez y un compromiso constitucional excepcionales. Sin embargo, ello se da en un contexto político e institucional agobiante, caracterizado por una dirigencia político-económica regresiva, conservadora, indispuesta a cambiar y que –esto es lo peor de todo– ni siquiera advierte la naturaleza y dimensión de la crisis que enfrenta. Espero que, contra lo que dice la historia y contra las «tenazas» impuestas por las viejas reglas (el «viejo traje constitucional»), la ciudadanía se mantenga de pie y firme, como lo está hoy, y logre que se tomen en serio sus decentes, sensatos, razonables y a la vez radicales reclamos democráticos.

  • 1.Atria Lemaitre: La Constitución tramposa, IOM, Santiago de Chile, 2013.
  • 2.C. Nino: La validez del derecho, Astrea, Buenos Aires, 1985.
  • 3.J. Guzmán: «El camino político» en Realidad No 7, 1979.
  • 4.Pablo Ruiz Tagle: Cinco repúblicas y una tradición, IOM, Santiago de Chile, 2016.
  • 5.

    El artículo 2º del decreto-ley 462, firmado por Alessandri, dispuso que cada elector recibiría tres cédulas: una roja, una azul y una blanca. La primera decía: «Acepto el proyecto de Constitución presentado por el Presidente de la República sin modificación»; la segunda, «Acepto el proyecto de Constitución, pero con régimen parlamentario y la consiguiente facultad de censurar Ministerios y postergar la discusión y despacho de la ley de presupuestos y recursos del Estado»; y la tercera, «Rechazo de todo el proyecto».

  • 6.J. Elster, R. Gargarella, Bjorn-Erik Rasch y Vatsal Naresh: Constitutional Conventions, Cambridge UP, Cambridge, 2018.
  • 7.J. Rawls: Political Liberalism, Columbia UP, Nueva York, 1991.
  • 8.J. Waldron: Law and Disagreement, Oxford UP, Oxford, 1999.
  • 9.R. Gargarella: Latin American Constitutionalism, Oxford UP, Oxford, 2013.
  • 10.R. Dixon: «Constitutional Rights as Bribes» en Connecticut Law Review vol. 50 No 3, 2018.
  • 11.Jaime Bassa, Juan Carlos Ferrada Bórquez y Christian Viera Álvarez: La Constitución chilena, IOM, Santiago de Chile, 2015.
  • 12.

    Jorge Correa Sutil: «The Judiciary and the Political System in Chile» en Irwin Stotzky (ed.): Transition to Democracy in Latin America, Westview Press, Nueva York, 1993; Javier Couso: «The Politics of Judicial Review in Chile» en Siri Gloppen et al.: Democratization and the Judiciary, Frank Cass, Londres, 2004; Lisa Hilbink: Judges beyond Politics in Democracy and Dictatorship: Lessons from Chile, Cambridge UP, Cambridge, 2007.

  • 13.R. Mangabeira Unger: What Should Legal Analysis Become?, Verso, Londres, 1996.
  • 14.M. Sandel: Public Philosophy, Harvard UP, Cambridge, 2005.
  • 15.F. Atria Lemaitre: La forma del derecho, Marcial Pons, Madrid, 2016.
  • 16.Movimiento promotor de una Asamblea Constituyente que llamó a marcar el voto con la sigla «AC».
  • 17.

    V. al respecto Constanza Salgado Muñoz: «La Constitución de 1980 y la demanda por una Asamblea Constituyente» en Revista Argentina de Teoría Jurídica vol. 16 No 2, 2015; Sergio Verdugo y Jorge Contesse: «Auge y caída de un proceso constituyente: lecciones del experimento chileno y del fracaso del proyecto de Bachelet» en Derecho y Crítica Social vol. 4 No 1, 2018; Claudia Heiss: «Participación política y elaboración constitucional: el caso de Chile» en Derecho y Crítica Social vol. 4 No 1, 2018; Domingo Lovera: «Proceso constituyente en Chile: el plebiscito como transición institucional» en Revista Argentina de Teoría Jurídica vol. 16 No 2, 2015; Fernando Muñoz: «Crítica del imaginario histórico del proceso constituyente de Bachelet» en Derecho y Crítica Social vol. 4 No 1, 2018.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 285, Enero – Febrero 2020, ISSN: 0251-3552

Fuente e imagen: https://nuso.org/articulo/diez-puntos-sobre-el-cambio-constitucional-en-chile/

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