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21 de septiembre: Llamamiento en el Día Internacional por la Paz

Llamamos a nuestros gobiernos a liderar los esfuerzos para que se logre avanzar en el desarme del mundo, la diplomacia, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el fin de las sanciones unilaterales, y avanzar en la construcción de un mundo con paz, con solidaridad, y justicia social.

Este 21 de septiembre recordamos y nos sumamos al Día Internacional de la Paz que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981.

 

En este día, con tanta importancia para la humanidad, llamamos a los gobiernos de nuestro continente:

1 – A poner fin a la carrera armamentista y el gasto militar. Los países de Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Ecuador son los países que tienen el más alto gasto militar en América Latina. Necesitamos dinero para la vida, para construir escuelas, hospitales, entre tantas otras necesidades más urgentes, no para la muerte.

 

2 – A poner fin a la violencia policial que sigue presente en muchos de nuestros países donde no hay un real control del accionar policial, sigue la impunidad, y no hay esfuerzos reales para que estas se formen y actúen de acuerdo al respeto a los derechos humanos.

 

3 – A poner fin a los ejercicios militares con el Comando Sur del Ejército de los EEUU, y al entrenamiento militar y policial de tropas latinoamericanas en la Escuela de las Américas, actualmente rebautizada como WHINSEC, o de cualquier otra academia militar de EEUU, donde se sigue promoviendo la violencia y la guerra como medio para resolver los conflictos.

 

4 – Al retiro y al cierre de todas las bases militares de Estados Unidos y de la OTAN en América Latina, incluyendo las bases militares de EEUU impuestas en Guantánamo en Cuba; Soto Cano en Honduras; las que hay en Colombia; la base militar NAMRU-6 en Perú; en las Islas Malvinas, del Reino Unido, en Argentina; entre otras. ¡¡Fuera de América Latina!! Vuelvan a casa, queremos paz.

 

5 – A exigir a los EEUU, la OTAN, y todos los países, al cese de la carrera armamentista y la guerra. Es hora que EEUU y la OTAN, principalmente, pongan fin a la guerra, al envío de armas a Israel y a Ucrania y a tantos otros lugares. Es hora de que actúen con responsabilidad y que realicen esfuerzos para lograr negociaciones de paz entre Palestina e Israel, entre Rusia y Ucrania.

 

6 – Llamamos, finalmente, a nuestros gobiernos a liderar los esfuerzos para que se logre avanzar en el desarme del mundo, la diplomacia, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el fin de las sanciones unilaterales, y avanzar en la construcción de un mundo con paz, con solidaridad, y justicia social.

 

¡¡Que se callen las armas, fin a todas las guerras, queremos paz!!

Firman:

RADIO LA, USA; Iglesia Veterocatólica de México A.R.; Red Jarilla de plantas saludables, Argentina; Grupo Solidair met Guatemala – Bélgica; Servicio Paz y Justicia Costa Rica – SERPAJ CR; Coordinación Comunidades Cristianas Costarricenses – COCRIC; Red de Esperanza y Solidaridad, Diócesis de Caguas, Puerto Rico; Comitê Internacional Paz Justiça e Dignidade aos Povos capítulo Brasil; Comitê Carioca de solidariedade a Cuba e às Causas Justas, Brasil; Comunidad Teológica del Sur, Chile; Comité Internacional Paz Justicia y Dignidad a los Pueblos (Argentina, Brasil, Cuba, EEUU, Líbano, Suecia): Asociación Italia-Cuba; Comité Oscar Romero de Valladolid, España; Capellanía Católica del Hospital Sierrallana de Torrelavega, España; Capellanía Católica de El Dueso Santoña Cantabria, España; Centro de Acogida Comunidad El Buen Samaritano, España; Parroquia de San Pelayo de Sualez en Torrelavega Cantabria, España; Parroquia de San Martín de Ganzo en Torrelavega Cantabria, España; Parroquia de San Pedro de Torres en Torrelavega Cantabria, España; Extinction Rebellion Medellín, Colombia; International Peace Bureau (IPB); Internacional/Alemania; Comité Óscar Romero de Torrelavega en Cantabria, España; Iglesias por la Paz, México; Comisión Derechos Humanos de Quillota, Chile; ASONAM, Colombia; Mesa de Mujeres Comunan20/Juntanza Colomia es mujer/ Colombia; Mujeres sin miedo Pachamama, Colombia; Grupo Espacio al Arte, Colombia; Saraguro Kichwa Ayllukunata Tantanakuy, Ecuador; Comité Derechos Humanos y Ecológicos de Quilpué, Chile; Secretariado Social Mexicano; Iglesias por la Paz, México; Asored Mujeres Productoras de Chapinero, Colombia; Colectivo Indignado de Valladolid, España; IED Betsabe Espinosa, Colombia; Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Fundalatin, Venezuela; Coordinadora Latinoamericana de Solidaridad en Ɓélgica.Alicia Lira, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile; Stella Calloni, periodista, Argentina; Julio Yao, Presidente Encargado, Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá, (CEEAP); Mariella Tapella, El Salvador; Carlos González, Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos; Nidia Arrobo, Ecuador; Hervi Lara Bravo, Comité Oscar Romero – SICSAL – Chile; Mónica Fernández Escobar, Mesa Ecuménica por la Paz, Colombia; Juan Herrera Diego, España; Eva Patiño R., Colombia; Maily Márquez Arboleda, miembro IELCO, USA; Verónica Flachier, pastora luterana, Ecuador; Jannin Rangel, Chicago, USA; Mauro Vargas – Iglesia de Dios, República Dominicana; Ana Toculescu, Ecuador; Fr. Vidal Rivas, Iglesia Episcopal San Mateo, Diócesis de Washington y Comite de Solidaridad Monseñor Romero; Myriam Gómez Carvajal, Colombia.

 

-Puedes adherir firmando en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdhG2TCVABXY7jWCIdSs9c2uyD2T9l9DRuYbcaH_N8wN8jFw/viewform

 

21 de septiembre: Llamamiento en el Día Internacional por la Paz

 

 

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Ministros de Educación y Cultura de Centroamérica inician en Honduras reuniones con OEI

Los ministros de Educación y Cultura de Centroamérica y República Dominicana iniciaron este miércoles en Tegucigalpa su 50 reunión con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para abordar recomendaciones de la UNESCO sobre educación, paz, derechos humanos y desarrollo sostenible. La delegación de la OEI que participa en el evento la encabeza su secretario general, Mariano Jabonero, quien resaltó, entre otras cosas, la relación de ese organismo con los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la cooperación «en tres áreas fundamentales: educación, cultura y ciencia».

 

https://www.abc.es/economia/ministros-educacion-cultura-centroamerica-inician-honduras-reuniones-20240613020614-vi_amp.html#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17184101458184&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

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La paz con justicia social: un desafío para los pueblos de la frontera colombo- venezolana

Las fronteras se conciben como una construcción social e histórico- geográfica, en cuya estructuración se produce un sistema de relaciones en permanente movimiento, y una dialéctica de integración- desintegración condicionada por dinámicas socioculturales, económicas, políticas y militares. Desde el punto de vista de su metabolismo en relación con el sistema social, las fronteras son áreas nodales que sirven de soporte para la convergencia de flujos (procesos de intercambio de materia, fuerza de trabajo e información) de escales e intensidad variable.

La frontera en su realización concreta en la geografía como espacio fronterizo, es una entidad heterogénea y contradictoria que está determinada por un espectro de relaciones que configuran una territorialización y una espacialización de esas relaciones (está cualidad permite superar el umbral de los conceptos de linealidad fronteriza como hito o límite, o de zonalidad fronteriza como área de seguridad), en las que se producen tensiones divergentes entre las fuerzas centrípetas condicionadas por los poderes estatales y la legislación; y las fuerzas centrífugas de signo multidimensional, vectorizadas por los procesos de acumulación de capital de acuerdo con los diferenciales de desarrollo particulares, por sobre lo político-administrativo y lo jurídico (Forero, 2020).

Estas consideraciones genéricas ponen de manifiesto la naturaleza compleja de los sistemas de relaciones que estructuran y desestructuran las dinámicas de los espacios fronterizos. De igual manera, permiten vislumbrar tanto los modos de desarrollo desigual y combinado que se territorializan y reterritorializan de manera diferenciada en cada espacio fronterizo, incluso con variaciones sustantivas en el devenir histórico (tal y como ha sucedido en la frontera colombo- venezolana en los flujos y reflujos de auge- recesión de las relaciones comerciales, así como en el marco de tensiones políticas que han originado rupturas diplomáticas- comerciales e incluso -desde el año 2015- la instauración de políticas de excepción regionalizadas), como los conflictos explícitos e implícitos localizados en estas áreas nodales en su condición de expresión concreta de intereses económicos y geopolíticos.

Por tanto, pensar en las dinámicas de las fronteras en el contexto de las turbulencias sistémicas del tiempo histórico actual, nos remite a una espacialidad geográfica signada por la presencia de conflictos con formas y contenidos heterogéneos, entre las que sobresalen por su incidencia en las relaciones de poder: las guerras de posiciones implementadas por potencias imperialistas y emergentes en su interés de preservar, recuperar o ganar áreas de influencia (Ceceña, 2023); las renovadas guerras comerciales devenidas en los últimos años que han desencadenado un cambio del metabolismo en el sistema- mundo al revertir de manera parcial las corrientes de globalización de los mercados, las finanzas y las cadenas de valor (Roberts, 2022); y por supuesto, las confrontaciones bélicas de mediana y alta intensidad que emplean a los territorios fronterizos como objetos de guerra y teatros de operaciones que se corresponden con intereses geopolíticos (Forero, 2017).

Tal conflictividad de carácter sistémico, está determinada por dos funciones estratégicas de los espacios fronterizos para la configuración de la geografía del poder a escala mundial, las cuales están integradas de manera orgánica con los procesos metabólicos de acumulación de capital formalmente establecidos, y también con las relaciones de fuerza que determinan las posiciones y los flujos- reflujos de los agentes dominantes sobre los poderes estatales formales (tanto los nacionales como los supranacionales), los estados profundos (Deep state) y el haz de factores convergentes en las agencias no gubernamentales y las sociedades civiles transnacionalizadas.

La primera función relaciona a las fronteras como enclaves de intercambio y dispositivos para la expansión de circuitos económicos y con ello para la acumulación de capital a gran escala e intensidad (Harvey, 2007). Su instauración se ejecutó y se legalizó en el marco de las reformas a arquitectura institucional y las normativas del comercio exterior emergentes desde la postguerra y profundizadas en las últimas décadas del siglo XX (precisamente en el marco del auge de la referida globalización), a través de las cuales se desbordó la capacidad- potestad de los poderes estatales para ejercer el dominio y la fiscalización en su jurisdicción sobre los flujos de materia, fuerza de trabajo e información que se desplegaron en el contexto de un nuevo estadio de revolución científica- tecnológica e informacional (Santos, 2001).

La expansión incesante de los flujos y los circuitos de capital es el factor determinante de contradicciones sustantivas que se territorializan en las fronteras, y que determinan el crecimiento exponencial de una lógica de desregularización de las economías, cuyo funcionamiento se soporta en la superexplotación y precarización del factor fuerza de trabajo (a través de maquilas frecuentemente controladas por agentes del crimen organizado), la evasión y la elusión fiscal, la especulación financiera en ámbitos como el monetario y la relación crédito- deuda, la desposesión de bienes comunes mediante el extractivismo, los daños ambientales entendidos como externalidades, por mencionar los más notorios; así como de economías ilegales como la cadena de valor global del narcotráfico, la trata de seres humanos, entre otras actividades ilícitas que están proscritas ante la legislación de las naciones y del derecho internacional, pero en la práctica se insertan en el sistema financiero internacional y por ende con los factores económicos dominantes en el sistema- mundo (Emmerich, 2015).

La segunda función está interconectada y es definida por la primera, ya que está determinada por las contradicciones inmanentes de la lógica del capital, en particular por su necesidad de expansión incesante y sus tendencias hacia la concentración y la maximización de ganancias, lo que deriva en que las fronteras se conviertan en territorios en disputa, ya que se conciben como áreas estratégicas para el control y la influencia política- militar, como un medio o un prerrequisito para instaurar sesgos estratégicos que faciliten la expansión de los circuitos económicos.

La bifurcación de intereses económicos y políticos mediados por la regencia de factores de carácter militar, sean los formales del poder estatal, los irregulares o los híbridos en tiempos de privatización de la guerra y de aparatos offshore para hacer el trabajo sucio (como es el caso del paramilitarismo), permiten encontrar el sentido sistémico de la instauración de regímenes de facto que proscriben el Estado de derecho y erosionan el tejido social en los espacios fronterizos bajo narrativas como la defensa de la seguridad nacional; las guerras contra el terrorismo y el narcotráfico; la doctrina contrainsurgente ; la presunta amenaza que representan los migrantes; e incluso en latitudes como Europa del este, África o el medio oriente prejuicios étnico- religiosos- lingüísticos, a través de lo cual se induce el escalamiento de conflictos de alta, mediana y baja intensidad, mientras se normalizan las dinámicas de violencia multidimensional, de déficit institucional y de ausencia de garantías de derechos para la población.

La naturaleza conflictiva de los sistemas de relaciones de los espacios fronterizos resulta explícita en las realidades sociales del Sur Global (guerras de gran trascendencia geopolítica como las Libia y Siria, así como el escalamiento de guerras irregulares en África denotan está particularidad); pero las fronteras de las formaciones económico- sociales de naciones emergentes y metropolitanas no están exentas de estas tendencias: la guerra de Ucrania, las tensiones en torno a Taiwán, la criminalización de la movilidad humana en el mar mediterráneo y el tránsito de Centroamérica y Norteamérica, expresan la racionalidad de un orden social que por una parte ha fomentado la circulación de mercancías, y por otra parte proscribe los derechos humanos fundamentales de población migrante con necesidad de protección internacional .

Esta racionalidad ha producido la generalización de prácticas atroces para controlar los flujos de movilidad humana, tales como la tercerización de la gestión de las migraciones a través de campamentos inhumanos (una práctica empleada por la Unión Europea, en la que se subcontrata a países terceros para la mitigación de los flujos migratorios ), o la cacería de “ilegales” en la frontera sur de los Estados Unidos , las cuales se ejercen bajo una concepción de las fronteras como áreas y linealidades para la desregulación del Estado de derecho, como objetos de contención y de manera simultánea como dispositivos de marginación y de violencia estructural.

El panorama sistémico demuestra que la guerra en su acepción multidimensional, domina los sistemas de relaciones de los espacios fronterizos (sea por medio de la fuerza política- militar o de la agresión y las hostilidades financieras, comerciales, diplomáticas e incluso las culturales- simbólicas), como un mecanismo para la expansión de los mercados, las cadenas de valor y de suministro -los sistemas logísticos en general-, y los flujos financieros, con el propósito de imponer desde los centros metropolitanos una lógica de relaciones de acumulación por desposesión y de transferencia de rentas a través de la apropiación- explotación (intensiva) de los recursos del territorio y de la fuerza de trabajo.

Estas tendencias sistémicas se han acentuado en las últimas décadas, en gran medida por la corriente de políticas de excepción respecto al derecho internacional inauguradas en el marco de la invasión a Iraq a principios de siglo (bajo la doctrina de guerras preventivas y de una pretendida cruzada contra el terrorismo), así como del unilateralismo estadounidense para imponer tratados de libre comercio imperialistas y megaproyectos de posicionamiento político- militar de esencia neocolonial y contrainsurgente como el denominado Plan Colombia (bajo el pretexto de la presunta guerra contra las drogas).

Con base en esa racionalidad, la guerra se ha erigido como la narrativa fundamental de las acciones estratégicas de los centros de poder, guerra y capital son indisolubles en el mundo de hoy. Las diversas formas de guerra se conciben como el propósito y el instrumento para preservar el orden social regente y el metabolismo de los procesos de acumulación y reproducción ampliada de capital. Mientras tanto, a la luz de los hechos, los resultados de las guerras contra el terrorismo y las drogas más bien han exacerbado esos problemas en el mundo, y la subyacente guerra contrainsurgente como estandarte de civilización (orden y progreso) de las clases dominantes, ha ahogado en sangre y terrorismo de Estado a los pueblos.

En ese marco, es preciso insistir en que los espacios fronterizos se han convertido en eslabones fundamentales -por su carácter permeable- de los procesos de reconfiguración de las relaciones de poder económico- financiero, político y militar. Basta con visualizar los impactos de la guerra contra las drogas y de la doctrina contrainsurgente en las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador, para poner en evidencia que esas estrategias han redundado en que estos territorios se hayan transformado en áreas nodales de la guerra y ¿paradójicamente? en enclaves de la cadena global de valor de la cocaína.

Precisamente esa doctrina contrainsurgente es la variable que explica la paradoja que conlleva a criminalizar a las regiones periféricas y las comunidades rurales, así como a la fuerza de trabajo vinculada con la producción de materias primas (mientras permite el flujo de las cadenas de suministro y los sistemas logísticos para que estas sustancias prohibidas lleguen al norte global), y que por la vía de la fuerza determina hechos de violencia cruenta, de desplazamientos forzosos y de saqueo de recursos y despojo de tierras; y de manera simultánea, genera torrentes de plusvalía para los agentes que controlan las cadenas de circulación y de consumo a gran escala de esta industria de esencia criminal pero integrada orgánicamente con el sistema financiero y los estamentos políticos del poder sobre el Estado -los formales y los informales- (Emmerich, 2015).

Las fronteras se configuran entonces como soporte material e instrumento de estrategias de guerra implementadas e instauradas por los centros de poder. El reconocimiento de esta realidad es el primer paso para pensar en la utopía necesaria de construcción de una nueva racionalidad (desde los pueblos) en los sistemas de relaciones que constituyen y estructuran a los espacios fronterizos, a partir de la premisa de que ninguna realidad es inmutable y que la humanidad en sociedad tiene la potencia para transformar esa tendencia histórica y esa lógica sistémica.

Pensar en fronteras para la paz y luchar por ese objetivo significa una acción subversiva respecto al orden social regente, en la medida en que se plantea como una contradicción antagónica de la racionalidad dominante. Aún en las circunstancias más complejas, como las experimentadas en las regiones de la frontera colombo- venezolana en los últimos años, los pueblos son capaces de tejer estrategias de resistencia para establecer canales de comunicación y dinámicas de integración en contravía a las imposiciones de los poderes estatales y de las adversidades de la crisis sanitaria devenida en el marco de la pandemia del coronavirus; para fortalecer vínculos de amistad y solidaridad que permitan amparar a personas con necesidad de protección internacional (con canales de información para alertas y redes de resguardo de víctimas); y en esencia, para defender la alegría como una trinchera y para defender el derecho de vivir en paz.

La verdad y la memoria también son estandartes de esa construcción de paz. Mientras se escriben estas líneas se ejecuta en localidades de la frontera colombo- venezolana la búsqueda de personas desaparecidas por parte de familiares de las víctimas de estos hechos aberrantes, defensores de derechos humanos y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y se produjo el hallazgo de los hornos del horror paramilitar en plena linealidad fronteriza, en Juan Frío del departamento de Norte de Santander, en los cuales los paramilitares incineraron seres humanos con total impunidad, en el marco histórico de un discurso negacionista de tales hechos por parte de los gobiernos de Álvaro Uribe (apologista de la guerra que fungía como presidente de la República en el momento de la perpetración de tan abominables crímenes), Juan Manuel Santos e Iván Duque ; la pusilanimidad de la fuerza pública y del sistema de justicia, la complicidad implícita en un pacto de silencio y omisión por parte de los sectores dominantes de los medios de comunicación de Colombia, y una actuación tímida de la comunidad internacional.

Pese a todo, la paz sigue en el horizonte de la conciencia de los pueblos como una aspiración esencial. Por supuesto, no se trata de la pax imperialista, la evocación estadounidense de pax romana en la que no hay paz y mucho menos justicia social; tampoco la paz como una quimera de abolición de los conflictos, ya que estos son constitutivos e inherentes de la condición humana; sino la paz como una práctica social y una realización humana imperfecta, compleja y conflictiva . Ese es el desafío en el tiempo histórico actual, construir un devenir histórico de paz con justicia social.

En ese sentido, los pueblos de las regiones fronterizas -como víctimas de la guerra y como agentes de resistencia a los factores de poder que imponen esas guerras- deben ser interlocutores de los poderes estatales, porque la paz es una construcción colectiva que se origina en torno a consensos y corresponsabilidad. Por tal motivo, se coincide con Muñoz (2004) en afirmar que la paz se corresponde con “todas aquellas realidades en las que se regulan pacíficamente los conflictos, en las que se satisfacen al máximo las necesidades y los objetivos de los actores implicados”. (p. 30).

La paz no se decreta, y está comprobado que no es suficiente firmarla. La paz tampoco significa o se restringe únicamente la reducción de la violencia, sino más bien es como plantea el precitado Muñoz: una plataforma, un punto de encuentro de las sociedades para la transformación o gestión pacífica de los conflictos y la búsqueda de equilibrios dinámicos, para que estos conflictos puedan ser procesados mediante el diálogo y tramitados de manera creativa en atención de la satisfacción de necesidades y la garantía de derechos de la población.

Referencias

 Ceceña, Ana (2023). Las guerras del siglo XXI. En: Las guerras del siglo XXI / Ana Esther Ceceña, [et al.]; Coordinación general de Ana Esther Ceceña. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Económicas; Ciudad de México: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica; Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2023.

 Emmerich, Norberto (2015). Geopolítica del narcotráfico en América Latina. Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C. Toluca.

 Forero, Jorge (2020). “Crisis en la frontera colombo-venezolana: Derechos Humanos, migraciones y conflicto geopolítico”. Publicación: Espiral: Revista de Geografías y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Mayor de San Marcos. 2(3), 2018. 005–014. https://doi.org/10.15381/espiral.v2i3.18447

 Forero, Jorge (2017). ¿Las fronteras como espacios de crisis, o la crisis sin fronteras? Una lectura crítica de la coyuntura 2015-2016 en frontera colombo-venezolana. Revista Intelector. v. 14 n. 28 (2017): 47–60. ISSN 1807-1260 – [CENEGRI]. https://doi.org/10.26556/1807-1260.v14.n28.p.47-60.2017

 Harvey, David (2007). El nuevo imperialismo. Akal, 2da Edición. Madrid

 Muñoz, Francisco (2004). La paz. En B. Molina & F. Muñoz (Coords.), Manual de paz y conflictos (pp. 21−42). Instituto de la Paz y los conflictos. Disponible en: http://ipaz.ugr.es/wpcontent/files/publicaciones/ColeccionEirene/eirene_manual/La_Paz.pdf

 Muñoz, Francisco A.; Herrera, Joaquín; Molina, Beatriz & Sánchez, Sebastián (2005). Investigación de la Paz y los Derechos Humanos desde Andalucía. Granada: Universidad de Granada. Disponible en: http://www.ugr.es/~fmunoz/documentos/pazddhhand.pdf

 Roberts, Michael (2022). ¿Ha terminado la globalización?. Disponible en: https://www.sinpermiso.info/textos/ha-terminado-la-globalizacion

 Santos, Milton (2001). La naturaleza del espacio. Ariel, Madrid.

 

Fuente: El autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

 

 

 

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Educación para la democracia, paz y convivencia

En su libro “Education for the democracy: international experiences inventory”, el profesor Pedro Ignacio Leiva Neuenschwander afirma: “La educación para la democracia está orientada al desarrollo, socialización y discusión en torno a los valores democráticos, principios del buen vivir, derechos, deberes y obligaciones fundamentales que tenemos los peruanos y peruanas para lograr una convivencia armónica en la sociedad”. (https://tinyurl.com/bdduud9v)

En ese contexto, el proceso educativo se prolonga en la vida social con experiencias diarias de aprendizajes en la vida de los ciudadanos. De allí que el fortalecimiento y el impulso de la democracia depende del conocimiento y práctica activa de los valores y los principios del “buen vivir”, con participación de la ciudadanía protagonista y responsable de construir espacios de discusión.

Ante esta realidad social, es prioridad de los educadores poner en práctica, fomentar y difundir los valores y principios democráticos del “buen vivir” para formar a través del proceso de enseñanza a ciudadanos y ciudadanas solidarios, honestos, responsables, justos, tolerantes y comprometidos con su comunidad.

La democracia, como forma de vida, requiere del respeto de los derechos humanos y la práctica de los valores democráticos. La democracia es una forma de vida que hacemos cuando impulsamos la práctica de los valores democráticos como la justicia para contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática.

La justicia es un valor que se ha convertido en un derecho garantizado por la Constitución Política del Perú en su artículo 139° sobre los Principios de la Administración de Justicia. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se considera que el respeto a la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, constituye el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

La democracia, como sistema político moderno, es una forma de vivir en sociedad que sólo es viable si se fundamenta en conjunto de valores como la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, el pluralismo y la participación, que requiere de una compleja estructura de procedimientos e instituciones que la hagan posible. Estos valores, que son fundamentales para su funcionamiento, son el resultado de la evolución de nuestras sociedades. Los siete valores fundamentales de la democracia son: Honestidad, Solidaridad, Responsabilidad, Pluralismo, Libertad, Justicia social, Tolerancia e Igualdad.

Estos temas se comentan en el estudio “La educación para una ciudadanía democrática en las instituciones educativas: Su abordaje sociopedagógico”.

“La educación ciudadana es uno de los temas educativos de mayor actualidad, además de abordar aspectos esenciales de la dimensión personal y social del estudiante, posee puntos de contacto importantes con otras direcciones de la práctica educativa”. (https://tinyurl.com/zfn5bmw2). Aun cuando en esta última década del siglo la democracia se ha perfilado como el sistema político en que se desarrolla la vida de los países latinoamericanos, el sistema democrático no ha sido capaz de dar respuesta a todas las necesidades sociales de sus naciones.

No olvidar el “caso peruano”. A propósito de la crisis de democracia, Alexander Benites y Luis Valverde en su ensayo “El estancamiento de la democracia en el Perú”, señalan que: “En las décadas de los años ochenta y noventa, los países latinoamericanos alcanzaron uno de los logros políticos más importantes desde su independencia: la conformación de regímenes con características mínimas para ser catalogados como democráticos”. (https://tinyurl.com/33zw3x3s). Sin embargo, los autores afirman que “el sistema político peruano empieza a degradarse de forma acelerada a raíz de la normalización del uso de mecanismos institucionales extremos, tales como la vacancia presidencial y la disolución del congreso”.

“Esta situación se produce, en parte, por la incapacidad de los gobiernos de la región para dar solución a las graves desigualdades sociales que han caracterizado al continente, pero también por la inexistencia de una institucionalidad realmente democrática. Los sistemas democráticos coexisten con una tradición política arraigada en el autoritarismo y la inexistencia de normas de tolerancia política o participación democrática” (Basombrío 1991, Chaffee, Morduchowiscz & Galperin 1997).

Educar para la ciudadanía democrática requiere pensar en forma integral y profunda en la organización completa del sistema educativo. Es fundamental que la escuela esté alerta a esta exigencia histórica que nos corresponde, el desarrollo del Perú.

Raúl AllainEscritor, sociólogo y analista político. Consultor Internacional en Derechos Humanos para la Asociación de Víctimas de Acoso Organizado y Tortura Electrónica (VIACTEC).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Argentina: Declaración de sindicalistas a 40 años de la histórica marcha de la CGT contra la dictadura

Por: pagina12

“Paz, pan y trabajo. Que la deuda no la paguen los de abajo”

Dirigentes gremiales de todo el arco sindical reivindicaron la movilización de la CGT contra la dictadura, de la que hoy se cumplen 40 años, trazaron un paralelo entre las demandas de entonces con las actuales y cuestionaron a los gobiernos “de ricos para ricos” que aplican políticas “para enriquecerse a costa del hambre de los argentinos y las argentinas”.

El gobierno del Frente de Todos, nuestro gobierno, llegó para poner fin a las injusticias, para poner en marcha el aparato productivo, para dar trabajo y para construir un Estado de bienestar donde podamos vivir dignamente”, puntualizaron a través de un documento titulado “Paz, pan y trabajo. Que la deuda no la paguen los de abajo”.

En este sentido, propusieron que la ley de Aporte Solidario a las grandes fortunas, sancionada el año pasado en el marco de la pandemia, sea prorrogada y extensiva “mientras dure el endeudamiento con el Fondo Monetario”.

El texto reivindica la movilización de la CGT Brasil liderada por Saúl Ubaldini el 30 de marzo de 1982, durante la última dictadura militar, y lleva las firmas de los dirigentes de las principales centrales obreras.

En la declaración advirtieron que “ante cualquier ajuste” posible sobre la base del acuerdo con el FMI “nos convocaremos nuevamente a las calles” para reclamar al gobierno nacional que cumpla con lo que se comprometió: “Salarios y jubilaciones por encima de la inflación, ningún tipo de reforma laboral ni previsional” y tarifas “razonablemente accesibles para el trabajador”.

En el mismo tono, dejaron claro que el movimiento obrero no renunciará a la lucha para impedir “el retorno al poder de quienes nos han hundido en las penurias del neoliberalismo cada vez que accedieron al gobierno”.

El texto completo del documento por los 40 años de la marcha por “Paz, pan y trabajo”:

El Movimiento Obrero y el pueblo argentino hemos sufrido muchos momentos de adversidad a lo largo de la historia. Sin duda, la dictadura genocida de 1976 fue el peor de todos ellos. Aún en medio del terror, la tortura, y las desapariciones cuya explicación estaba como afirmó valientemente Rodolfo Walsh en la “atrocidad aún mayor de la miseria planificada” de su política económica, las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país no dejamos de resistir ante el poder unificado de las armas y el capital financiero.

Desde la heroica re-afiliación sindical de 1977 hasta la marcha de San Cayetano de 1981, pasando por distintas huelgas y acciones sectoriales, se fue construyendo esa resistencia a la dictadura que tuvo su punto más alto en la gran marcha de PAZ PAN y TRABAJO del 30 de marzo de 1982.

Hoy, a 40 años de aquella gesta popular que colmó la Plaza de Mayo y muchas otras plazas de nuestra patria, enfrentamos la misma disputa de intereses, la misma lucha entre los que quieren una Argentina que deje afuera al 70 u 80 por ciento de la población para asegurar sus negocios y los que queremos un país con igualdad y justicia en que todos y todas vivamos dignamente.

En cada proceso de endeudamiento externo y especulación financiera como el iniciado por Videla y Martínez de Hoz o el de Macri y su gobierno de ricos para ricos, los beneficiarios son los mismos.

Hoy sufrimos esas consecuencias del último endeudamiento junto a la conducta antisocial de quienes especulan con el aumento abusivo de los precios y se aprovechan de la coyuntura bélica para enriquecerse a costa del hambre de los argentinos y las argentinas.

El entendimiento con el FMI, ratificado por el Congreso de la Nación y aprobado por el organismo pone a nuestro país en una continua revisión trimestral por parte de los auditores del fondo, con las consecuencias que ello conlleva en términos de pérdida de soberanía sobre nuestras políticas económicas, fiscales y cambiarias. La gran discusión que se abre es: ¿Quiénes son los que van a pagar esta “deuda – estafa” al FMI? ¿Lo van hacer el hombre y la mujer de a pie? ¿Los jubilados? ¿Los asalariados que apenas pueden llegar a fin de mes? ¿Los trabajadores de la economía popular? ¿Los comerciantes? ¿Quiénes van a pagar las mieles que disfrutaron un puñado de tránsfugas sinvergüenzas? ¿Quiénes?

Los trabajadores y las trabajadoras no estamos dispuestos a hacerlo. Ante cualquier ajuste nos convocaremos nuevamente a las calles, a lo largo y a lo ancho de nuestra Patria reclamando por lo que se comprometieron, salarios y jubilaciones por encima de la inflación, ningún tipo de reforma laboral ni previsional, las tarifas de los servicios públicas deben ser razonablemente accesibles para el trabajador.

Queremos crecimiento económico, reactivación del mercado interno, previsibilidad y estabilidad de precios. Queremos que nuestros hijos vivan en un país donde se incentive la producción y el trabajo con recibo de sueldo y se combata la especulación financiera, la fuga y el contrabando que a la luz del sol del Paraná se hace visible en las exportaciones granarias, mineras y en la explotación ictícola de nuestro mar argentino.

Estamos convencidos que deben ser los sectores más pudientes de nuestra sociedad, para ello proponemos que la Ley 27.605/21 se prorrogue y sea un aporte solidario extensivo de las grandes fortunas mientras dure el endeudamiento con el FMI.

Que paguen los cien agentes que sabemos que fugaron 24.679 millones de dólares. Que los organismos de control fijen la mirada e investiguen a quienes tienen activos no declarados en el exterior y que paguen los que tienen que pagar.

El gobierno del Frente de Todos, nuestro gobierno, llegó para poner fin a las injusticias, para poner en marcha el aparato productivo, para dar trabajo y para construir un Estado de bienestar donde podamos vivir dignamente.

Los trabajadores organizados, hoy, como aquel 30 de marzo, con el respaldo y la firmeza que nuestra historia nos otorga, no vamos a renunciar a la lucha para exigir acciones concretas y urgentes que, a la vez que garanticen la mejora real de las condiciones de vida de las grandes mayorías, impidan el retorno al poder de quienes nos han hundido en las penurias del neoliberalismo cada vez que accedieron al gobierno.

No aceptamos que no haya alternativa, y si no hay, se construye. Como decía el querido compañero Saúl Ubaldini en relación a la marcha del 30 de marzo de 1982: “Cuando se quiere luchar, siempre hay alternativa”.

Suscribimos esta declaración hombres y mujeres del movimiento sindical argentino que seguimos sosteniendo las banderas por un país con Paz, Pan y Trabajo:

Pablo Moyano, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Víctor Santa María, Héctor Amichetti, Mario Manrique, Ricardo Peidro, Daniel Catalano, Carla Gaudensi, Hugo Godoy, Carlos Minucci, Omar Plaini, Edgardo Llano, Walter Correa, Daniel Yofra, Sonia Alesso, Horacio Arreceygor, Roberto Baradel, Juan Pablo Brey, Carlos De Feo, Jorge Kalinger, Graciela Cano, Vanesa Siley, Claudio Marín, Claudia Baigorria, Adrián Silva, Andrea Aranda, Daniel Jorajuria, Beto Pianelli, Agustín Lecchi, Omar Giuliani, Carlos Ortega, Alejandra Darín, Domingo Moreyra, Heber Ríos, Adolfo Aguirre, Angélica Graciano, Rubén Ramos, Fabián Catanzaro, Marcelo Mena, Alfredo Bruno, Andrea Paz, Guido Valerga, Daniel Ricci, Ilda Bustos, Guillermo Omaechea, Gastón Gallo, Fabián Boccela, Gustavo Sorucco, Christian López, Marcelo Cosme, Juan Monserrat, Fabián González, Emiliano Sanhueza, Marcelo Guagliardo, Walter Merkis, Horacio Ravera, Alejandra Angriman, Pedro Wasejko, Oscar de Isasi, Luis Branchi, Jorge Frías, Matías Fachal, Lilia López, Jorge Contratti, Claudio Burgos, Mariano Robles, Jesús Monzón, Pablo Carro, Ignacio Lonzieme, José Testoni, Sergio Toro, Jorge Hoffman, Eduardo López, Carlos Vila, Ramón Acosta, Gustavo Correa, Jorge García, Jorge Torres, Juan González, Juan José Tuffaro, Ángel Savino, Jorge D’Andrea, Belén Rodríguez, Gabriel Suárez, Jorge Molina, Guido Mengia, Sergio Elizar, Carina Maloberti, Luis Pájaro Fernández, Tomás Montenegro, Rubén Fernández, Sergio Calderón, Juan Carlos Murúa, Pablo Flores, María Inés Quattropani, Marcelo Pariente, Carina Sedano, Guillermo Cantantore, Carlos Milani, Luis Zabala, Alejandro González, Jorge Castro, Luis Dante, Carlos Cuevas, Raúl Durdos, Juan Carlos Cancinos, Diego Corvalan, Silvia Vélez, Alejandro Salcedo, Pablo Perazzi, Horacio Valdez, Fernando Mazzone, Luis Tiscornia, Graciela Aleñá, Pablo Spataro, María José Domínguez, Carlos Zolezzi, María Isabel Ruiz, David Toledo, Rubén Caballero, Sandra Schieroni, María Susana Liwsky, Mauro Hernán Vallejos Fernández, Fernando Ramírez, Rogelio De Leonardi, Daniel Gozainy, Hugo Daniel Russo, Roberto Páez, Fabian Polverini, Nuria Yabkowsky, Cristian Flores, Octavio “Tato” Miloni, Pedro Sanllorenti, Esteban Secondi, Federico Cormick, Verónica Gargiulo, Gabriela Mariño, Ary Piovaroli, Javier Blanco, María Susana Liwsky, María Florencia Granato, Esteban Vergalito, Horacio Itzcovich.Arnoldo Pucci, Jimena Juri Ayub, José Correa, Manuel Gil, Feliciano Romero, Telmo Fernández, Humberto Torres, Marcelo Pagani, Enrique Ortiz, Sergio Gerardo Benítez, Ivanna Rezzet, Norma Beatriz Torres, Carlos Gigena, Edgardo Carmona, Pablo Jiménez, Oscar Gijena, Cielo Parodi, Héctor Schmidt, José Pasotti, Agustín Bruera, Norberto Manzano, Gramajo Emiliano, Ángel Savino, Marcos Castro, Julio Gutiérrez, Gisela Bernardini, Florencia Cabañate, José Luis Robert, José Leguizamon, Marcelo C. Actis, Raúl Epelbaum, Valentina Ottino, José Minaberrigaray, Luis Lucero, Magali Pereyra, Esteban Vergalito, Nahuel Chancel, Julio Pintos, Osvaldo Barreñada, Silvia Torres Robles, Julio Acosta, Brenda Morales, José Voytenco, Juan Godoy, Nilda, Escotorrin, Andrea Sánchez, Diego Godoy.

 

Fuente de la información e imagen: https://www.pagina12.com

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Colombia: Asesinan a otro líder social y ya son 33 en lo que va del año

Indepaz condena homicidio de líder social en Tibú

Indepaz rechazó el homicidio del líder social Gustavo Antonio Torres en la zona rural de Tibú en la vereda Tienditas, del corregimiento Oru Siete, en la zona rural de Tibú.

El director de Indepaz Leonardo González dijo a Caracol Radio al lamentar el hecho expresó que “en las zonas donde se pensó en los CTCR y donde se pensaba que los firmantes de acuerdo pudieran desarrollar los proyectos productivos de las comunidades, pues estamos viendo es que son zonas que se han convertido o han seguido existido las diferentes conflictividades, y la violencia les ha llegado a sus territorios” dijo el representante de la entidad.

Y agregó “eso está sucediendo en diferentes partes las áreas, donde los firmantes de acuerdo pudieran desarrollar los proyectos para que el estado de los PDT, Pennis, y todos los programas pudieran darle un aire y desarrollar ahí los proyectos productivos de las comunidades, estamos viendo es que son zonas que han seguido con unos problemas de violencia y son líderes como el de ayer que son asesinados por defender la paz” dijo.

El señor González manifestó que “por continuar la implementación de los acuerdos, los enemigos de la paz son personas que están detrás de todos estos hechos y hoy la realidad es que son más de 13 mil firmantes de acuerdo que están cumplimiento y la misma ONU, el gobierno, defensoría del pueblo lo han certificado porque el 95% de los firmantes están cumpliendo”.

Caracol

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Conferencia de la Unesco examina desafíos de la educación

Inició este lunes en París la 41 Conferencia General del ente. Se extenderá hasta el 24 de noviembre.

La 41 Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (Unesco), inició este lunes en París, Francia, con el propósito de hacer frente a desigualdades educativas agravadas por la Covid-19 y propiciar debates sobre las políticas culturales, la necesidad de invertir más en educación y otros temas relevantes.

De acuerdo con la agenda, las deliberaciones se extenderán hasta el próximo 24 de noviembre, mientras que los días 10 y 11 tendrá lugar la Reunión Mundial de la Educación (GEM 2021) con la participación de numerosos jefes de Estado y Gobierno.

En la jornada inaugural, este lunes, se eligió al presidente de la Conferencia General, responsabilidad que recayó en el embajador de Brasil ante la Unesco, Santiago Mourao.

Se prevé que en la tarde sea ratificada la francesa Audrey Azoulay como directora general. Días atrás,  el Consejo Ejecutivo de la Unesco propuso postergar su mandato. Para el cargo no se presentaron oponentes.

El evento más trascendental ocurrirá este miércoles y jueves, cuando tendrá lugar la GEM 2021, espacio en que se presentará la Declaración de París.

Dicho texto tiene como objetivo central comprometer a los Estados miembros con el futuro de la educación en el planeta y trazar pautas en este sector, uno de los más golpeados por la pandemia de la Covid-19.

La Unesco hace un llamado  a los líderes de los Gobiernos y socios para que expresen su apoyo a la Declaración de París y se comprometan a invertir en educación para el futuro de la humanidad y del planeta.

La Conferencia General se realiza en el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la Unesco, por lo que el próximo viernes se realizará una ceremonia especial alegórica a este hecho, con la participación de al menos 25 jefes de Estado y de Gobierno, además de una cifra elevada de ministros.

Según el director de Comunicación e Información Pública de la Unesco, Matthieu Guével, la comunidad internacional tendrá ante sí importantes decisiones a tomar.

En declaraciones a medios de prensa, Guével subrayó que desde 1946 el ente multilateral ha trabajado de forma incansable a favor de la cultura y la integración de las personas, bajo el criterio de que si podemos entendernos entre todos, seremos capaces de construir la paz y el progreso.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/conferencia-general-unesco-desafios-educacion-cultura-20211109-0010.html

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