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Venezuela: jubilados perciben solo 28 dólares de pensión y venden caramelos para vivir

Los adultos mayores exigen mejores condiciones a Nicolás Maduro para vivir en Venezuela debido a la baja pensión que reciben mensualmente.

Miles de pensionistas en Venezuela realizaron una marcha por las calles de Caracas para expresar su malestar contra Nicolás Maduro por el bajo monto de dinero que reciben cada mes. Los protestantes realizaron su movilización a propósito de la visita de delegados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al país.

Alí Enrique Moreno, un jubilado venezolano de 67 años que trabajó durante 40 años en la administración pública, se quebró al describir la situación que lo ha obligado a vender golosinas en la calle para costear sus medicamentos ante la crisis que se vive en la nación.

“Vendo caramelos en la calle para sobrevivir”, cuenta al mostrar una bolsa con dos paquetes de dulces que acaba de comprar para así conseguir dinero en Venezuela. Ellos perciben unos 28 dólares mensuales después del incremento decretado por el presidente Nicolás Maduro en marzo. Hasta entonces cobraban el equivalente a dos dólares.

Los manifestantes gritaron consignas y mostraron pancartas con sus reclamos: “Queremos seguir viviendo”, “No más pensiones de muerte”, “Fiscal de la CPI nos están matando de hambre”, “Los pensionados no queremos morir antes de tiempo”.

 

Protestas en Venezuela
Venezuela sigue en constante y la población manifiesta su descontento en las calles | Fuente: Twitter

Los jubilados que se sumaron a la protesta reclaman que se cumpla lo expresado en el artículo 91 de la Constitución de Venezuela, que señala que todos los trabajadores tienen derecho a un salario “que les permita vivir con dignidad”.

Sin embargo, los 28 dólares de pensión están lejos de los más de 470 que se necesitan para comprar la canasta básica, según cálculos del privado Centro de documentación y análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas).

Arnoldo Benitez, 75, quien se jubiló hace 15 años luego de trabajar como empleado público durante tres décadas, plasmó su molestia con una pancarta colgada en su pecho con la frase: “Me quiero morir de viejo, no de hambre”.

“Entonces tengo que cobrar 15 pensiones para comer un mes”, subraya Arnoldo, al mostrar un estuche donde guarda las múltiples píldoras que debe consumir para sobrellevar sus dolencias de vejez.

Fuente: https://rpp.pe/mundo/venezuela/venezuela-jubilados-perciben-solo-28-dolares-de-pension-y-venden-caramelos-para-vivir-noticia-1401729

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América Latina extractivista: ¿es posible cambiar el modelo?. Dos universidades alemanas se proponen analizarlo

Latinoamérica se ha dado el lujo de vivir de sus recursos naturales, pero el modelo tiene consecuencias sociales y medioambientales, y no resiste eternamente. Dos universidades alemanas se proponen revisarlo.

La base de la economía de buena parte de los países latinoamericanos son sus riquezas naturales. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), del total de exportaciones de 2019 los productos primarios representaron un 82,6% en Argentina, 66,6% en Brasil, 85,9% en Chile, 77,9% en Colombia y 88,6% en Perú.

Pero a pesar de los generosos recursos de la minería, la agricultura, el sector forestal o la pesca, y los importantes ingresos por sus exportaciones, persisten inequidades sociales. «La alta dependencia de la explotación y comercialización de recursos primarios y la desigualdad son dos tendencias históricas en América Latina”, dice a DW Hans-Jürgen Burchardt, politólogo de la Universidad de Kassel y director del Centro de Estudios Latinoamericanos, CALAS.

«Sospechamos que hay un vínculo muy estrecho entre ambos, porque desde el momento en que se vive de los recursos naturales, no se necesita realmente valorar la mano de obra, como sí ocurre en sociedades desarrolladas”, agrega.

«El extractivismo va de la mano de la desigualdad”, coincide la bióloga chilena Cristina Dorador. «No sólo es un tema económico de distribución de riquezas, sino que al haber poca regulación ambiental, los territorios se van degradando, causando graves problemas a la salud y la calidad de vida de las personas”, dice a DW.

Cristina Dorador participará en la elaboración de una nueva constitución para Chile, lo que podría marcar un hito en la regulación de los procesos extractivos en la región.Cristina Dorador participará en la elaboración de una nueva constitución para Chile, lo que podría marcar un hito en la regulación de los procesos extractivos en la región.

Para revisar este tema, las universidades de Kassel y Marburg, en Alemania, acaban de lanzar el proyecto de investigación colaborativa «Extractivismo de Recursos Naturales en América Latina y el Magreb” – Extractivism.de, que es financiado por el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania (BMBF).

Su objetivo es estudiar estas regiones, ejemplo de modelos de desarrollo basados en la explotación y exportación de materias primas. La iniciativa, liderada por Burchardt y con una duración de tres años, comenzará oficialmente en septiembre. El foco no es estudiar sobre, sino en colaboración con países y regiones fuera de Europa, por lo que considera la convocatoria de 12 becarios.

Del petróleo al litio

Algunos hablan de «la maldición de los recursos naturales”. La dependencia extrema de éstos puede desembocar en profundas crisis. El modelo extractivista no involucra solo un sistema económico, sino que tiene repercusiones en la política y la sociedad.

«El caso extremo de opción por el extractivismo como modelo de desarrollo es el caso venezolano”, sostiene el politólogo Edgardo Lander. En su ensayo «Crisis Civilizatoria”, editado por CALAS, postula que durante el gobierno bolivariano «se produjo una sistemática profundización de la dependencia del petróleo y de la lógica rentista y su correspondiente devastación socio-ambiental”.

En Chile, «estudios han demostrado que la extracción de litio por más de dos décadas en el salar de Atacama ha generando pérdida de vegetación, suelos más secos y de mayor temperatura. Las comunidades locales han denunciado que tiene menor acceso al agua”, indica Dorador, investigadora de la Universidad de Antofagasta recién electa para la convención que redactará una nueva constitución.

«Se le ha dado preferencia a la obtención de ingresos monetarios a corto plazo, aunque ello implique una masiva devastación socio-ambiental de carácter irreversible”, corrobora Lander en su ensayo.

Yacimiento de litio en el desierto de Atacama, Chile.Yacimiento de litio en el desierto de Atacama, Chile.

Formación de mano de obra para mayor valor agregado

«En Alemania y la mayor parte de Europa el valor agregado se crea a través de la mano de obra y del saber. Eso significa que se tiene que formar y cuidar esa masa de trabajadores, darle más educación y asegurarle su sistema social”, subraya Burchardt.

En América Latina, en tanto, «más del 50% de las personas económicamente activas trabaja en el mercado informal, con muy malas condiciones, trabajo precario, protección social muy baja o ninguna. Si económicamente el país no necesita esa mano de obra, tampoco tiene la necesidad o voluntad de mejorar sus condiciones. Mientras tenga recursos naturales, no lo necesita”, observa el investigador de la Universidad de Kassel y agrega: «un colega nuestro decía que América Latina siempre ha sido demasiado rica como para esforzarse por formar una mano de obra más calificada”.

No hay incentivo y, además, tiene una demanda asegurada de recursos naturales. Pero, entre otras objeciones, el modelo depende de compradores externos y es altamente vulnerable a fluctuaciones de precios y vaivenes del mercado. El creciente interés por el cobre, el litio y el cobalto para la electromovilidad podría implicar la caída en las exportaciones de países petroleros, como Venezuela y Ecuador.

Hans-Jürgen Burchardt lidera el proyecto Extractivismo, de las universidades de Kassel y Marburg. Hans-Jürgen Burchardt lidera el proyecto Extractivismo, de las universidades de Kassel y Marburg.

«La política económica en base a la extracción ha impedido que países latinoamericanos puedan desarrollar sus propios conocimientos, ciencia y tecnología. Exportamos las materias primas y a la vez las tenemos que comprar elaboradas. Incluso las soluciones tecnológicas se compran hechas en Europa”, alerta Dorador.

¿Es posible un cambio de la matriz productiva? En opinión de Burchardt es posible y recomendable, también ante el cambio climático y consiguientes sequías y falta de agua. «La región podría ganar mucho al promover la formación de mano de obra más calificada, formalizar el trabajo, mejorar el conocimiento y, como se ve en países industrializados exitosos, también aumentar la protección social y de salud”, dice.

El modelo extractivista se sostiene también en la otra cara de la moneda, la de los países industrializados, que compran y consumen el 80% de esos recursos. «Esto sólo se puede resolver con un trabajo conjunto. Tenemos que comprometernos tanto en el norte como entre países de América Latina”, apunta el politólogo alemán.

El litio, el mineral del futuro

Las exigencias van más allá de hacer una industria más sustentable, estima Dorador: «El actual nivel de consumo es insostenible, puede dañar la naturaleza de manera irreversible. No es posible pensar en una transición energética con estos niveles de extracción en nuestros países. El modelo de dependencia de materias primas es muy incongruente en el contexto grave de crisis climática en que nos encontramos, y a la larga las consecuencias serán globales”.

El esfuerzo de cambio necesita aliados. Por lo pronto-, desde la academia, el proyecto Extractivism.de pretende hacerse estas preguntas y aportar al debate y la investigación desde Alemania y con Latinoamérica.

Fuente: https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-latina-extractivista-es-posible-cambiar-el-modelo/a-57990860

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Los ricos no pagan: una opción de la política económica actual. Dossier

Por: Nicholas Shaxson/ Robert Kuttner/ Roberto Zanini

Demasiado ricos como para pagar: cero impuestos para los multimillonarios norteamericanos

Roberto Zanini

En 2011, el hombre más rico del mundo no pagó un solo dólar en impuestos federales: con una fortuna de 18.000 millones de dólares, Jeff Bezos reclamó una desgravación de 4.000 dólares por sus hijos. Y la consiguió. En 2018, el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, pagó cero dólares en impuestos federales. Y entre 2014 y 2018, el decano mundial de los financieros, Warren Buffett, pagó en impuestos federales el 0,98% de los 24.000 milones que acumulaba.

Y no hubo justicia divina que hiciera llover fuego y azufre del cielo. El miércoles pasado [9 de junio], el FBI y el Internal Revenue Service (IRS), la Hacienda norteamericana, lanzaron sendas investigaciones sobre la sensacional filtración de datos fiscales publicada por la revista digital ProPublica: 15 años de declaraciones de la renta de los 25 hombres más ricos del país, que muestran todo lo que han acumulado y lo poco o nada que han pagado.

ProPublica no es una pequeña organización benéfica dirigida por idealistas. Se trata de una publicación digital dura de pelar que ha ganado cuatro premios Pulitzer en la última década, editada desde 2007 por una entidad sin ánimo de lucro creada por Herbert and Marion Sandlers, marido y mujer de Nueva York, que vendieron el banco que poseían y crearon su innovadora redacción allá por 2007.

ProPublica no reveló su fuente, declarando tan solo que “recibió una recopilación de datos sin procesar”. Pero su prestigio, así como el meticuloso trabajo realizado con los datos durante meses, ha llevado a cualquier otro medio global de noticias a tomar los datos al pie de la letra.

La Casa Blanca declaró que la publicación de los datos fiscales era “ilegal”, mientras el resto del mundo leía los documentos con asombro. En los cuatro años de 2014 a 2018, los 25 mayores multimillonarios norteamericanos vieron incrementarse sus fortunas en 401.000 millones de dólares, y durante ese periodo pagaron 13.600 millones de dólares en impuestos federales.

¿Parece una cifra grande? Es una broma: una tasa del 3,4%. Menos de una cuarta parte de la tasa impositiva media pagada por las familias norteamericanas, que ganan en torno a 65.000 dólares al año y pagan un 14 % en impuestos. Y es todo legal. La exclusiva de las declaraciones de la renta de ProPublica llega en un momento sensible, cuando el nuevo presidente electo, Biden, está hablando de subir los impuestos a los ricos. Pero Biden quiere subir la tasa impositiva a las grandes fortunas del 37% al 39%. El problema es que los poseedores de grandes fortunas no están pagando un 37%, o un 3,7% siquiera. Están pagando solo un 3,4%…es decir, si es que pagan algo. Porque lo que hace furor entre los derrochadores de Norteamérica es no pagar nada en absoluto.

Jeff Bezos (Amazon) no pagó nada en absoluto ni en 2007 ni en 2011, y en 2021, después de bloquear la sindicación de sus empleados, Amazon está solicitando fondos públicos. Elon Musk (Tesla) no pagó nada en 2018. En cuatro años, el gran maestro de los especuladores, Warren Buffett (Berkshire Hathaway), pagó un 0,98%. George Soros no pagó nada en impuestos en 2016, 2017 y 2018.

El antiguo alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg (Bloomberg LP Group) pagó 1,30% en impuestos de los 10.000 millones que ganó en 2018. Todavía hay más datos por revelar, promete ProPublica. A finales de 2018, los 25 multimillonarios bajo la lupa valen todos juntos 1.1 billones de dólares. Su riqueza es equivalente a la del conjunto de 14,3 millones de norteamericanos corrientes.

El desmantelamiento de los sistemas fiscales “keynesianos” que tuvo lugar en los años 80 y 90, y la noción de que los mercados serían más eficientes que los estados en la redistribución de recursos, ha llevado a este extraordinario resultado. El problema es que el IRS, que tiene 80.000 empleados, sigue persiguiendo la renta y deja la riqueza sin tocar.

Pero esta riqueza es la que otorga a los superricos su renta. No se ha descubierto un solo delito entre los indignantes de datos de ProPublica, sólo el resultado de décadas de leyes fiscales favorables a la opulencia. En abril, los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman calcularon e hicieron público el hecho de que la inmensa riqueza de Norteamérica libre de impuestos se estimaba en un total de 2,7 billones de dólares. Y una vez más, tampoco hubo ni fuego ni azufre que cayeran de los cielos.

Anteriormente, el pasado abril, la revista Forbes, nada menos, analizó 55 empresas norteamericanas de envergadura que no habían pagado un solo dólar en impuestos federales el año anterior, gracias a la ley de recorte de impuestos ratificada por Donald Trump. Entre ellas se contaba la élite del país: Nike, FedEx, el gigante alimentario Archer Daniels Midlands, el gigante de la television por cable Dish Network, el gigante del “software” Salesforce, etc. Allá por 2003, cuando George W. Bush aprobó los primeros recortes de impuestos a los ricos, fue el mismo Warren Buffett — por aquel entonces con unos briosos 73 años de edad — el que se manifesto contrario a esas medidas, escribió un feroz editorial en el Washington Post contra los “impuestos vudú” y pidió que se subieran las tasas impositivas a los ricos. Il manifesto fue el único diario de Europa que reprodujo ese artículo. Pero no pasó nada. Y el viejo Warren se hartó y acabó aprovechándose de los recortes de impuestos: se lo dejará todo a causas benéficas cuando se muera, afirma.

Y aquí es donde encontramos otro problema: aparte de unos pocos politicos progresistas, los únicos que de verdad luchan por gravar fiscalmente a los ricos son otras personas ricas. Especialmente activo se muestra el grupo de los Millonarios Patrióticos, un grupo de gente enormemente opulenta fundado por Morris Pearl, antiguo ejecutivo del gigantesco fondo BlackRock (el mayor inversor privado del mundo), y la abogada de empresa Erica Payne. Pearl y Payne escribieron Tax the Rich [Impuestos a los ricos], una verdadera biblia de todos los trucos que emplean los opulentos para eludir a los recaudadores de impuestos. Por ejemplo, sacar enormes préstamos asegurados por las acciones que poseen, y gastar e invertir esos fondos (libres de impuestos), mientras se mantiene el principal a salvo; organizar campañas benéficas cuyo principal beneficiario es el organizador, o invertir en obras de arte cuyo valor aumenta o decrece basándose en criterios fantasiosos.

Los Millonarios Patrióticos — hace falta disponer de 1 millón de dólares en efectivo para poder sumarse al grupo —difunden el conocimiento del libro, organizan actos, presionan a los medios y a los politicos y ponen por doquier carteles con los rostros de Bezos o de Musk y la frase: “Tax me if you can” [“Hazme pagar impuestos, si es que puedes”]. Su propuesta estrella es la “regla Buffett”, esa misma propuesta de impuestos más elevados que había pedido el viejo megamultimillonario Warren…y que nunca se aplicó a si mismo.

Porque una cosa es innegable: los impuestos sobre la renta son fáciles, pero los impuestos a la riqueza son, en términos técnicos, una pesadilla. La Hacienda norteamericana hace mucho que tiró la toalla. Pero hay que porfiar, antes de que llegue un levantamiento popular global y obligue a los superricos a huir a las remotas islas en las que han almacenado su dinero.

il manifesto, 12 de junio de 2021

Que los “peces gordos” pagaran sus impuestos daría impulso a la democracia

Nicholas Shaxson

En junio de 2016, mientras investigaba para un artículo de la revista Vanity Fair, le pregunté a Donald Trump si recurría a paraísos fiscales para eludir impuestos. “Yo sé mucho de paraísos fiscales, pero no los utilizo”, me dijo. “Hay mayor incentivo, de muchas maneras, en dejar tu dinero en los Estados Unidos”.

Puede que sus colegas multimillonarios se rían por lo bajo, porque esto lo saben también, después de décadas de ataques de los intereses especiales al sistema fiscal norteamericano. Su meta, tal como dijo una vez Bill Archer, congresista republicano de Tejas, ha consistido en “arrancar sus raíces y tirarlas para que no puedan volver a crecer”.

La semana pasada, la entidad de periodismo de investigación ProPublica hizo públicas nuevas y escandalosas pruebas de lo fácil que les resulta a los multimillonarios de los EE.UU. eludir el pago de impuestos. Recurriendo a historiales de declaraciones de la renta, informaba de que Jeff Bezos, de Amazon, el editor Michael Bloomberg, el “saqueador empresarial” Carl Icahn, el fundador de Tesla, Elon Musk, y el inversor financiero George Soros pagaron todos cero dólares en impuestos federales en algunos años. Entre 2014 y 2018, los 25 norteamericanos más ricos, muchos de ellos monopolistas, vieron cómo su riqueza aumentaba en más de 400.000 mil millones de dólares, mientras pagaban impuestos por valor del 3,4% de eso. Entretanto, los asalariados medios cuarentones de los EE.UU. veían cómo su riqueza aumentaba en 65.000 dólares…y pagaban 62.000 en impuestos.

¿Cómo hacen los multimillonarios para librarse?

Una respuestas serían las las lagunas legales. Los asesores fiscales de Trump recurrieron a los abundantes agujeros de las leyes inmobiliarias y a ardides como poner cabras en un campo de golf de Nueva Jersey para poder cumplir los requisitos de desgravación aplicables a terrenos de granjas. Otro truco consiste en tomar un activo cuidadosamente preparado cuyo valor actual es casi nulo, moverlo a una cuenta de jubilación libre de impuestos justo por debajo del límite de aportación a la cuenta – como meterlo “por el ojo de una aguja”, en palabras del propietario de la South Dakota Trust Company, Pierce McDowell – y luego pulsar un interruptor financiero y ver cómo explota su valor, libre de impuestos, una vez se encuentra a salvo en la cuenta.

Hay muchas otras. Pero la laguna de verdad grande es esta. Los simples mortales pagan impuestos sobre su salario. Los multimillonarios evitan los sórdidos salarios o incluso la renta. Por el contrario, son poseedores de activos que incrementan su valor, y esa alza, esas “ganancias no realizadas”, eluden los impuestos. Esos 25 norteamericanos más ricos poseían 1,1 billones de dólares de riqueza en 2018 – el equivalente de la riqueza de 14,3 millones de norteamericanos medios – pero pagaron solamente 1,900 millones de impuestos federales personales. Los 14,3 millones de “humildes gentes” pagaron 143.000 millones de dólares, o sea, 75 veces más.

En Gran Bretaña, la situación es semejante. Los multimillonarios poseen activos, en lugar de conseguir ingresos, y generalmente no pagan impuestos cuando esos activos incrementan su valor.

Tenemos muchas otras lagunas. Aquí, los multimillonarios británicos pueden superar a sus colegas norteamericanos de varias maneras. La más rara es a buen seguro la arcaica regla del “non-dom” [“no domiciliado”], herencia del imperio, por la que los opulentos residentes del Reino Unido que pueden sostener que su “domicilio” se encuentra en otra parte pagan sólo los impuestos propios de sus ingresos “derivados” dentro del Reino unido o que se traen al país (de modo que procuran con buen cuidado asegurarse de que cualquier ingreso permanezca fuera).

La mayor especialidad británica es, por supuesto, los paraísos fiscales. Protegemos y nutrimos algunos de los mayores del mundo, de las Islas Caimán o las Islas Vírgenes británicas a Jersey. Los norteamericanos también recurren a paraísos fiscales, pero figuran de modo bastante más ingente en las estrategias de elusión de impuestos de los multimillonarios británicos, a menudo en una zona gris legal (la principal estrategia de paraíso fiscal de Trump, según descubrí en mi investigación, consistió en estacionar múltiples empresas en Delaware, un estado norteamericano que alardea de su enorme discreción y otras características de baja fiscalidad).

¿Qué se puede hacer? No hay santo remedio, pero unos cuantos brochazos, con las exenciones adecuadas para la “gente común”, serían tremendamente populares y económicamente exitosos.

En primer lugar, abolir la norma del “non-dom”, como señal de que vamos en serio.

A continuación, reafirmar el impuesto de sociedades, la mayor parte del cual pagan en última instancia gente más opulenta. Rishi Sunak [actual ministro de Hacienda del gobierno británico] reconoció hace poco que los recortes de George Osborne a la tasa del impuesto de sociedades del 28% al 19% no habían conseguido atraer inversiones. Los recortes tampoco habían logrado producir crecimiento, tal como explica Tom Bergin en su nuevo libro, Free Lunch Thinking. Sunak está ahora impulsando al alza los tipos del impuesto de sociedades hasta un 25%; elevemos esto todavía más. Entretanto, los líderes del G7 acaban de acordar medidas entre las que se cuentan un tipo de impuesto de sociedades de al menos un 15% para afrontar los paraísos fiscales. El acuerdo del G7 se enfrenta a muchas trabas, deja poco a los países libres, pero supone un comienzo decente. Complementemos esto ampliando el impuesto a las transacciones financieras de eficacia probada. En esto hay un nuevo esfuerzo en marcha.

Los impuestos a la riqueza, exitosamente aplicados durante años en todo el mundo, son también esenciales. Si alguien posee 1.000 millones de dólares en activos (en acciones, monedas de oro, castillos o lo que sea), un simple impuesto anual a la riqueza del 1,5 % (digamos) devenga 15 millones de libras esterlinas anuales. La comisión sobre el Impuesto a la Riqueza estima que un impuesto de un 1 % podría recaudar más de 50.000 millones de libras anuales: el volumen de la financiación sanitaria extra para la Covid del año pasado. Añádase a la lista el impuesto sobre el valor de la tierra, otro tipo de impuesto a la riqueza.

Igualemos los tipos impositivos. Si graváramos las rentas de la riqueza con el mismo tipo que las rentas del trabajo, podríamos recaudar hasta 120.000, millones de libras, cerca del doble de lo que conseguimos del impuesto de sociedades. Conforme ganemos coraje, tendremos que proponernos gravar fiscalmente todas esas ganancias no realizadas, de manera que, si aumenta la riqueza de un multimillonario, pague anualmente impuestos en relación ello, sea que venda (o “realice”) o no los activos. Varios influyentes demócratas de los EE.UU. están hoy presionando precisamente en favor de esto.

En el Reino Unido, como en los EE.UU., la autoridad fiscal ha sido objeto de ataques. Los niveles de dotación de personal del HMRC [Her Majesty´s Revenue & Customs], la Hacienda pública británica, han descendido de 105.000 personas en 2005 a cerca de 60.000 hoy en día. Las estimaciones de la “brecha fiscal” de impuestos no recaudados varían entre 35.000 millones de libras y, más creíblemente, unos 90.000 millones de libras al año. Los recaudadores de impuestos compensan muchas veces su salario. Reinvirtamos en el HMRC, y centrémonos especialmente en gravar fiscalmente a los opulentos y a las multinacionales.

Por último, por supuesto, hay que ir en serio contra nuestro chanchullo de paraísos fiscales infestados de delitos. Con ello no sólo se apuntalaría nuestro sistema fiscal, nuestra economía y nuestra democracia, sino que podría ser ahora mismo nuestro mayor regalo al mundo, cuando la humanidad lucha por superar la pandemia.

The Guardian, 16 de junio de 2021

Summers y Rubin, hipócritas del año

Robert Kuttner

La semana pasada, nada menos que cinco antiguos secretarios del Tesoro norteamericano, republicanos y demócratas, publicaron un artículo de opinión conjunto en The New York Times, jaleando el esfuerzo del presidente Biden por recaudar más ingresos tomando medidas enérgicas contra los que engañan al fisco, aumentando los recursos del Internal Revenue Service (IRS), la Hacienda pública norteamericana.

El artículo, escrito por Tim Geithner, Jack Lew, Hank Paulson, Bob Rubin y Larry Summers, llevaba por título «Nosotros dirigimos [en su día] el Departamento del Tesoro. Así hay que acabar con la evasión fiscal». El artículo señalaba que se estima que el gobierno pierde unos 600.000 millones de dólares al año en impuestos evadidos ilegalmente que podrían ser recaudados gracias a una Hacienda reforzada.

Estupendo argumento. Leyendo el artículo, nunca se adivinaría que estos canallas presidieron el vaciamiento de Hacienda y de su personal ejecutivo mientras tenían poder para hacer lo contrario.

Larry Summers es célebre por escribir artículos que implican que sus opiniones mientras estaba en el poder eran lo contrario de lo que fueron en realidad, pero aquí Summers ha vuelto a caer todavía más bajo de lo que suele ser su caso. Es algo propio de incautos, porque las cifras están en los archivos públicos.

Con Obama, cuando Summers era responsable máximo de la política económica, se recortó cerca de un 20% del presupuesto de Hacienda y su personal de inspección se redujo en un tercio, a 9.500 auditores, la cifra más exigua desde 1953, cuando la economía era mucho más pequeña y el código tributario mucho más sencillo.

El New York Times informó recientemente de que el sector de capital riesgo, ferozmente defendido por Rubin y Summers, no paga en lo esencial impuestos porque es demasiado complejo para Hacienda. El capital riesgo no existía en 1953.

Antes de que Trump la recortara todavía más, Hacienda llevó a cabo 675.000 auditorias menos en 2017 que en 2010, una caída del 42 %. Durante ese mismo periodo de la presidencia de Obama, las investigaciones de la gente que no llegó a rellenar su declaración cayeron de 2,3 millones a sólo 360,000. (estas estadísticas provienen de un trabajo de investigación de ProPublica, que vale la pena leer en su totalidad).

Supuestamente, fue el Congreso en manos de los republicanos, con su especial animosidad contra Hacienda, el que obligó a los demócratas a esto. Pero esa coartada no vale de nada, porque el presidente tiene que dar su visto bueno al presupuesto y su influencia no es poca cosa en las negociaciones. La misma tendencia a la baja se registró con Clinton.

Evidentemente, proteger a Hacienda era algo con muy baja prioridad para Clinton, Obama y sus secretarios del Tesoro. Era la desregulación lo que les hacía levantarse por las mañanas.

Ya desde que Eisenhower avisó en su discurso de despedida de la influencia del complejo militar-industrial, los antiguos líderes experimentan ocasionalmente conversiones en su lecho de muerte y abrazan medidas políticas que eran lo contrario de lo que perseguían cuando estaban en su cargo.

No nos hace falta que estos tipos se suban al tren de Hacienda, que ya ha salido de la estación. La conversión de Rubin, Summers y demás a la causa de la ejecución de las medidas de Hacienda ni siquiera llega a la altura del “más vale tarde que nunca”. Es de una total hipocresía, y perfectamente característica.

The American Prospect, 15 de junio de 2021

periodista de investigación británico especializado en paraísos fiscales y delincuencia financiera, es miembro de la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network). Colaborador de medios como Financial Times, The Economist, Vanity Fair, International Affairs, Foreign Affairs, The American Interest, Africa Confidential, African Energy, Reuters y la BBC, entre muchos otros, es autor de varios libros de gran difusión, alguno de los cuales se ha traducido al español, como “Las islas del tesoro” (Fondo de Cultura Económica, 2014).
cofundador y codirector de la revista The American Prospect, es profesor de la Heller School de la Universidad Brandeis. Columnista de The Huffington Post, The Boston Globe y la edición internacional del New York Times, su último libro es «Debtor´s Prison: The Politics of Austerity Versus Possibility».
jefe de redacción del diario italiano il manifesto, está especializado en información del conjunto de las Américas.

Fuente:Varias

Traducción:Lucas Antón

https://www.sinpermiso.info/textos/los-ricos-no-pagan-una-opcion-de-la-politica-economica-actual-dossier
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Libro(PDF): La fobia al Estado en América Latina: Reflexiones teórico-políticas sobre la dependencia y el desarrollo

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

Los procesos políticos latinoamericanos del siglo XXI colocaron en el centro del debate teórico de la región tanto la cuestión del Estado como el problema del desarrollo. Al mismo tiempo, esas discusiones se produjeron en un contexto global signado por el predominio del paradigma neoliberal. Por lo tanto, en América Latina la centralidad estatal fue puesta permanentemente en jaque por la irradiación del horizonte ideológico neoliberal que Michel Foucault en su libro El nacimiento de la biopolítica denominó la fobia al Estado.

Este libro indaga las discusiones teórico-políticas acerca de la relación entre Estado, dependencia y desarrollo en América Latina. Para ello, acude a dos contextos diferentes en los cuales tuvieron lugar esos debates: los años sesenta y setenta (marcados por las producciones desarrollistas y dependentistas) y los primeros quince años del siglo XX (atravesados por las controversias acerca del «neodesarrollismo» y el «buen vivir»). A partir del análisis crítico de esas discusiones este trabajo se propone presentar un conjunto de lecciones teórico-políticas sobre los procesos latinoamericanos del siglo XXI.

Autora: Andrés Tzeiman

Editorial/Edición: CLACSO. Instituto de Investigaciones Gino Germani.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-950-29-1898-3

Idioma: Español

Descarga: La fobia al Estado en América Latina: Reflexiones teórico-políticas sobre la dependencia y el desarrollo

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2338&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1507

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El problema de los salarios en Venezuela

Por: Jorge Forero

Venezuela experimenta una crisis económica con profundas y muy complejas repercusiones sociales, cuyas expresiones más notables son: depresión de la producción nacional, la cual registró una reducción del 52,3% entre 2013 y 2018 según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV)[1]; caída de las tasas de inversión productiva; la contracción del comercio exterior (con un descenso vertiginoso de los ingresos por exportaciones) y las distorsiones del mercado nacional; inestabilidad sistémica dada por severos y muy lesivos fenómenos de megadevaluación e hiperinflación; tendencia hacia la destrucción de fuerzas productivas, que implica una descapitalización neta de su capacidad agroindustrial instalada, así como la pauperización de la fuerza de trabajo como factor de reproducción de valor.

Por supuesto, los elementos esbozados, afectan y socavan de manera estructural a la formación económico-social venezolana como totalidad orgánica: tanto en los referidos indicadores macroeconómicos, y en su situación financiera de ahorro, liquidez y crédito; como en  sus potencialidades de crear valor a través de sus fuerzas productivas y sus capacidades de infraestructura-transporte para la producción y distribución de bienes y servicios.

Sin embargo, la crisis presenta expresiones especialmente dramáticas para la clase trabajadora (la proporción mayoritaria de la población), la cual enfrenta un proceso de precarización sistemática de sus medios y condiciones de vida, ante la caída estrepitosa del valor real de sus salarios[2] y la pérdida de derechos laborales (de beneficios previstos en contratos colectivos, prestaciones y seguridad social, entre otros), con lo cual, se ha condenado a la pobreza a la mayoría de la población venezolana, expuesta en los últimos años a un retroceso significativo en sus posibilidades de satisfacción de necesidades fundamentales.

Para dar cuenta de la abrupta caída de los salarios en Venezuela, basta con señalar que de acuerdo con la cotización oficial de monedas extranjeras publicadas diariamente por el BCV, para el 5 de agosto de 2020 el salario mínimo legal en Venezuela apenas supera los 1,5 dólares americanos, una cifra impresentable para un gobierno que se autodenomina socialista y obrero.

En primer término, porque esto significa una involución significativa respecto a las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2012), cuyo valor salarial aumentó desde los 149 hasta los 251 dólares americanos; en segundo término porque incluso resultan vergonzosos al compararlos con los salarios mínimos legales decretados en el marco de  gobiernos neoliberales de finales del siglo XX. por ejemplo el segundo gobierno de Rafael Caldera (1993-1998), transitó desde los 104 hasta los 149 dólares entre 1993 y 1998; y en tercer término, porque la oferta electoral fundamental de Nicolás Maduro para la campaña electoral de 2018 (momento en que se registraba un salario de 6,78 dólares americanos), fue precisamente la recuperación económica, y con ello, el aumento de los salarios (cifras del Banco Mundial).

Más aún, si se estiman dos variables que permiten apreciar la lógica distributiva de la política económica: por una parte, el porcentaje del salario mínimo legal en relación con el PIB per cápita nacional, el cual según datos del precitado Banco Mundial, presentó un descenso desde el 30,6% en 2012, hasta el 2,8% en 2018; y por otra parte, la relación dada entre los salarios y el pago de deuda, que en el caso venezolano ha adquirido proporciones escandalosas, con pagos por concepto de servicio de deuda y amortización de intereses superiores a los 70.000 millones de dólares americanos entre 2013 y 2017[3], justamente en el periodo de pauperización de los salarios reales de la clase trabajadora venezolana.

Ante esta realidad de devastación económica nacional y de precarización sistemática de los medios y las condiciones de vida de la clase trabajadora venezolana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha responsabilizado de tan dramáticos estragos, en un primer momento, a una guerra económica en contra de la economía nacional, y en un segundo momento, a las medidas coercitivas unilaterales (entre las que sobresalen sanciones económicas y financieras) impuestas por el gobierno estadounidense, las cuales se han acentuado en los últimos años, hasta el punto de golpear a la industria petrolera nacional, la fuente fundamental de ingresos del país.

Ciertamente, es innegable que dichas sanciones lesionan de manera grave a las potencialidades de producción de bienes y servicios, y especialmente a las posibilidades de recuperación económica de la nación. En gran medida, porque además de proscribir agencias económicas fundamentales del poder estatal venezolano (como PDVSA y el BCV), y de restringir severamente la inversión internacional e incluso las transacciones de comercio exterior, ha escalado hasta la confiscación, usufructo y saqueo de recursos y activos (propiedad de todos los venezolanos) localizados en el exterior[4].

No obstante, es desleal la posición del gobierno venezolano, reducida a victimizarse y evadir responsabilidades ante la depresión económica más extensa de la historia republicana, sobre todo porque en los hechos, y en muchas ocasiones incluso en el discurso, el gobierno luce impotente e indolente ante la crisis (con un apagón de publicación de estadísticas oficiales de por medio), y primordialmente ante la superexplotación que supone tener el salario más bajo del mundo, con  terribles consecuencias para la población, tales como la caída de la demanda de bienes y servicios, el aumento de la informalidad y la pobreza (por ingresos, por necesidades básicas insatisfechas y la pobreza extrema), el retorno de enfermedades “superadas” y la tortura que significa padecer enfermedades crónicas o terminales;  el avance de la malnutrición infantil y la deserción escolar; y la tragedia sicológica-social-emocional que ha representado el éxodo migratorio por motivos económicos para las familias venezolanas, el cual según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), superó los 4 millones de migrantes venezolanos entre 2015 y 2019.

De acuerdo con la tesis del gobierno, para que se produzca un cambio de la situación económica nacional, es preciso esperar que cese la denominada guerra económica, que el gobierno estadounidense desista de sus sanciones económicas contra el país, que la burguesía nacional-transnacional se sensibilice, y por arte de magia, permita la construcción del socialismo bolivariano y la felicidad social bajo el liderazgo y amparo protector del gobierno (sic.).

En esa misma corriente, se inscriben pronunciamientos de altos voceros del gobierno como el ministro de Trabajo, y de algunos defensores de la política económica, tales como el diputado constituyente Jesús Faría y dirigentes de sindicatos alineados con el gobierno, los cuales postulan que es idealista pedir salarios dignos para los trabajadores venezolanos (a propósito de un debate de este último con Pasqualina Curcio divulgado ampliamente), porque las sanciones y la guerra económica hacen que esa demanda sea imposible e insostenible.

Al respecto, debemos decir que esas medidas de dignificación de los salarios resultan inviables únicamente en las condiciones actuales de la economía política venezolana[5], es decir en las condiciones actuales de sus procesos metabólicos de acumulación-distribución y de sus lógicas de reproducción ampliada de capital, en las cuales se privilegia el mundo del capital por sobre el mundo del trabajo, en favor de intereses corporativos de la heterogénea burguesía nacional, y de facciones del capital transnacional integradas a los referidos procesos de acumulación de capital en Venezuela.

Precisamente esa economía política asumida religiosamente por el gobierno de Nicolás Maduro, es la que determina que la riqueza producida socialmente por los trabajadores del país (por más mermada que esté), sea consignada para cancelar una deuda ilegítima mientras se sacrifica la salud, la educación y la alimentación del pueblo; para que se haya producido una fuga de capitales astronómica al amparo de un régimen de complicidad e impunidad, o en el mejor de los casos, de silencio oficial; para que se hayan realizado reformas tributarias que profundizan el carácter antiobrero y antipopular del sistema de recaudación de impuestos nacional (con exenciones obscenas para los grandes capitales que ya no necesitan recurrir a la elusión o evasión porque prácticamente les han liberado de responsabilidad fiscales[6], mientras se imponen tributos regresivos como el I.V.A., y el pago de impuestos sobre la renta a la pauperizada clase asalariada[7]); y no menos grave, para que se proscriba y se criminalice la lucha sindical en Venezuela, con situaciones de persecución política, represión y judicialización penal de líderes de las causas de los trabajadores y trabajadoras.

Por tanto, aunque resulte cierto que la realidad económica del país es compleja y no hay condiciones para instaurar un régimen de salarios equiparable a los que se asignaron durante los gobiernos de Hugo Chávez, no es un disparate  exigir que esa situación cambie. La plataforma LUCHAS defiende un programa auténticamente socialista, pero es un hecho matemáticamente comprobable, que con un conjunto de reformas no maximalistas (sino más bien de signo liberal- socialdemócrata), es totalmente factible cambiar la economía política descrita. Para empezar sería necesaria una reforma fiscal, que permita la creación de un sistema tributario equiparable a los existentes en cualquier país latinoamericano (Britto García y Curcio dejan explícita esa realidad), con el cual se contaría con la base material para la recuperación económica a través de planes de inversión y de crédito con fines productivos, y sería sostenible mejorar significativamente los salarios de la clase trabajadora venezolana.

Otras medidas medulares un poco más avanzadas para recuperar la economía de Venezuela, están relacionadas con la suspensión indefinida de pagos, auditoria y renogociación de la deuda nacional (en los casos de que se compruebe la legitimidad de la misma); un estudio riguroso de las elusiones y evasiones de impuestos de los grandes capitales durante la última década para exigir la compensación correspondiente y si fuera el caso realizar las extinciones de dominio que ameriten  las personas jurídicas que se nieguen a sufragar sus compromisos con el fisco nacional; la identificación de capitales fugados hacia la banca internacional para presionar su repatriación, y en caso de no producirse la misma, para llevar a cabo las confiscaciones de activos en la jurisdicción nacional que resulten pertinentes; y por último una campaña internacional para exigir el retorno y las indemnizaciones que sean necesarias para la hacienda nacional, de los recursos y activos expropiados en el marco de la crisis política nacional dada por la autoproclamación de un gobierno títere de los intereses estadounidenses, que ha actuado como un medio para el saqueo de la riqueza nacional.

Por supuesto, para que estas medidas sean viables, se requiere de un golpe de timón en la economía política del gobierno, algo absolutamente improbable en la gestión de Nicolás Maduro, a la luz de las evidencias.

Vale señalar, tampoco son suficientes las medidas monetaristas que propone Pasqualina Curcio, pues está demostrado en el caso venezolano, que la mera emisión de dinero es impotente para la elevación de la relación oferta y demanda, porque en la sociedad capitalista (que es en la que vivimos) la producción agroindustrial -la producción de valor- no responde a estímulos inorgánicos como la mano invisible del mercado, sino a las tasas de inversión y de ganancia respectivamente.

Tampoco son ciertas las tesis neoliberales, como las formuladas por sectores de derecha política, e incluso por el informe Encovi de la UCAB (publicada el 7 de julio de 2020), el cual plantea que la salida a la crisis económica venezolana está determinada por un cambio de gobierno, porque tal hecho significaría nuevas condiciones de confianza para la inversión nacional e internacional en el país. Afirmación divorciada de la realidad económica global, signada por una caída tendencial de las tasas de inversión y de ganancia (fenómeno previsto por Marx hace más de 150 años). No es un dato menor, que la inversión productiva y las tasas de beneficio han experimentado descensos notables, incluso en las economías centrales del sistema, entre las que por supuesto se destaca la estadounidense (muy a pesar de las presiones de la administración Trump para sus propias burguesías, a través del fallido American First).

En definitiva, la recuperación económica de Venezuela y la dignificación progresiva de los salarios de la clase trabajadora venezolana, tienden a resultar factibles incluso en las condiciones actuales de devastación económica. No es con magia, con alquimia o con manos invisibles, sino con ciencia y trabajo vivo del pueblo venezolano como se pueden dar los primeros pasos para superar los estragos de esta devastadora depresión económica.

Por supuesto, un acuerdo político nacional facilitaría las cosas. Porque la crisis institucional, dada por la yuxtaposición de una forma de gobernar a través de un Estado de excepción permanente por parte de Nicolás Maduro, con amenazas y agresiones internacionales al pueblo venezolano amparadas en un gobierno autoproclamado y sin poder real en territorio venezolano, es un obstáculo inmenso para la economía del país. Pero también es importante señalar, que si ese acuerdo se reduce a las cúpulas que se han disputado el país durante las últimas décadas, puede ser probable retomar la senda del crecimiento, pero es una quimera aspirar un régimen de democracia auténtica y justicia social.

Ante ese escenario, la plataforma LUCHAS se suma a los llamados y exhortaciones de otras organizaciones de izquierda revolucionaria, y de otros factores de la política nacional que están promoviendo un diálogo amplio y democrático para la búsqueda de un Acuerdo Nacional para la recuperación económica del país, donde los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela (como factor esencial de los procesos de producción de valor y como proporción mayoritaria de la población) debemos participar y ser protagonistas, tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En nuestro caso, entendemos que el problema de los salarios en Venezuela, es esencial para la definición del tipo de sociedad por la cual luchamos, por tal motivo, fieles a nuestros principios y convicciones, seguiremos  en la defensa irreductible del mundo del trabajo, frente a los intereses del mundo del capital.

Notas

[1]     Las cifras más actualizadas en torno a este indicador, fueron divulgadas por un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual este organismo multilateral estima una caída del 70% el PIB en Venezuela entre los años 2013-2019.

[2]     Para el 5 de agosto de 2020, de acuerdo con cifras oficiales cotización de monedas extranjeras publicadas diariamente por el BCV, el salario mínimo legal en Venezuela apenas supera los 1,5 dólares americanos.

[3]     Pago acompañado de una declaración de  cumplimiento de “todas las obligaciones”, y el compromiso de sufragar hasta el último centavo de la deuda” https://telesurtb.net/news/Presidente-de-Venezuela-Hemos-pagado-nuestra-deuda-externa-hasta-el-ultimo-centavo-20171102-0067.html

[4]     Casos paradigmáticos: CITGO, Monómeros de Venezuela y las reservas de oro literalmente robadas a la nación por parte del Reino Unido, los cuales pretenden legitimarse con un gobierno autoproclamado que actúa como un títere de Washington.

[5]     Cabe subrayar que muchos de los problemas esenciales de la economía política venezolana fueron heredados de la denominada Cuarta República y de la propia gestión de gobierno del Presidente Hugo Chávez, tales como la ausencia de un proceso de acumulación originaria; la carencia de una industrialización con un estilo tecnológico nacional, la exacerbada dependencia de la industria petrolera; el endeudamiento y la fuga de capitales; la evasión y la elusión tributaria; y una economía que no produce valor; por mencionar los más sobresalientes.  Sin embargo, estos se han exacerbado hasta niveles insostenibles durante los últimos ochos años.

[6]     Y además los intereses nacionales están supeditados a los designios de jurisdicciones extranjeras.

[7]     Ver: “Quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos en Venezuela” de Luis Britto García. En: https://m.aporrea.org/ddhh/a13450.html

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Esa irresistible compulsión por mentir

Por: Atilio A. Boron

 

Ya nos parecía extraño que Mario Vargas Llosa permaneciera en silencio ante las calamidades de la pandemia. Sobre todo las sufridas en sus dos países, el de origen, Perú, y el de su adopción, España. Allí se refugió después de haber sido repudiado por sus compatriotas  hace hoy exactamente treinta años –un 10 de Junio de 1990- tras su humillante derrota a manos de Alberto Fujimori en la elección presidencial de ese año. Como era previsible aprovechó la ocasión de esta plaga para dar a conocer otra de sus tantas mentiras que parecen verdades -arte maligno del cual es un refinadísimo cultor- para alabar al gobierno de su amigo Luis Lacalle Pou que, según el escritor,  decidió combatir al Covid-19 apelando a “la responsabilidad de los ciudadanos” y declarando  “que nadie que quisiera salir a la calle o seguir trabajando sería impedido de hacerlo, multado o detenido, y que no habría subida de impuestos, porque la empresa privada jugaría un papel central en la recuperación económica del país luego de la catástrofe.”

Quien lea estas líneas comprobará que su indudable talento como escritor es tan grande como su ignorancia en materia de economía y estadística. También que su resentimiento contra la izquierda exacerba este defecto y lo induce a extraer conclusiones que se desmoronan como un castillo de naipes ante la más suave brisa. Aplaude el hecho de que en Uruguay sólo se registren 23 muertos a causa del coronavirus, pero insólitamente le atribuye ese mérito a un presidente que asumió pocos días antes del estallido de la pandemia. Su obcecación lo mueve a desconocer que antes de la presidencia de su amigo Lacalle Pou hubo quince años de gobierno del Frente Amplio (al que descalifica por sus  “equivocaciones notables en política económica” aunque reconoce que se respetó “la libertad de expresión y las elecciones libres”) durante los cuales la salud pública fue una de las prioridades de la gestión del médico Tabaré Vázquez, durante diez años, así como durante el interregno de José “Pepe” Mujica. Fue esto: la fuerte presencia del estado en el terreno de la sanidad y no las palabras huecas e insulsas de Lacalle Pou lo que protegió al pueblo uruguayo de la pandemia.

A contrapelo de las políticas de la izquierda en Uruguay, en sus patrias de nacimiento y adopción el desastre producido por las ideas que Vargas Llosa publicita con tanto fervor es estremecedor. Con 5.738 muertos el Perú figura en el 21º lugar en la lista de 215 estados y territorios compilados por la Organización Mundial de la Salud.  España ocupa el 6º lugar en el ranking  gracias a las 27.136 víctimas del Covid-19 condenadas por las “políticas de austeridad” de los sucesivos gobiernos neoliberales que asolaron a ese país. Otros gobiernos admirados por el escritor: el de Ecuador con sus 3.690 muertos se coloca en el puesto número 17 mientras que el 19º está reservado para el Brasil de Jair Bolsonaro con un saldo luctuoso de 38.701 muertos.

Pero la medición del impacto de la pandemia y la eficacia de las políticas gubernamentales se muestran de modo más nítido si se controla el número de muertos por millón de habitantes. Bélgica, uno de los portaestandartes de la reacción neoliberal, registra 831muertos por millón de habitantes y el Reino Unido de su admirado Boris Johnson tiene un índicede 606/millón y un poco más abajo, en el sexto lugar, encontramos a España, con 580 muertos por millón de habitantes. Ecuador con 209, Brasil con 182 y Perú con 174 continúan en el pelotón de la vanguardia. Como se puede apreciar, todos países con gobiernos fieles a los cánones del neoliberalismo. Mucho más abajo en ese ranking necrológico está el Uruguay, con 7 muertos por millón, una performance notable, sin duda, igual a la que exhibe Japón. Pero mucho más meritorio es que esa misma cifra sea la que tiene Cuba, tan denostada por el hechicero neoliberal. Igual que Uruguay y el Japón pero sin que ninguno de estos dos países sufra la asfixia de un encarnizado bloqueo que se extiende a lo largo de sesenta años, que los maleantes que gobiernan Estados Unidos sólo atinaron a endurecerlo aún más en el medio de la pandemia.

Implacable crítico de Alberto Fernández –“lamentaremos la derrota de Macri”, dijo el escritor poco después de la victoria del candidato del Frente de Todos- y los gobiernos “populistas” de la Argentina Vargas Llosa debería saber que con sus 717 víctimas de la plaga este país exhibe una tasa de letalidad de 16 muertos por millón de habitantes, lejos, muy lejos de los valores que registran España y Perú, inclusive de Estados Unidos con sus 348 por millón.  Y que en el país que gobierna su amigo Sebastián Piñera,  este índice es ocho veces mayor que el de la Argentina. En efecto,  en el más antiguo experimento neoliberal de América Latina y en donde la privatización de la salud ha sido llevada a sus extremos durante casi medio siglo el índice llega a 130 por millón.

Conclusión: la pandemia exige para su control una fuerte presencia del estado para proteger a la población, cosa que no se logra cuando la salud y los medicamentos son onerosas mercancías. La experiencia actual refuta los funestos delirios de los mentores intelectuales de Vargas Llosa: Popper, von Hayek, Berlin, Revel y compañía, responsables indirectos de políticas que sólo en los Estados Unidos produjeron más de 115.000 muertos. Afiebrados delirios que contrastan con los sobrios números de Cuba, Uruguay, China, Vietnam y Venezuela. Sí, la bloqueada república bolivariana que, como el Uruguay, también tuvo apenas 23 muertos por el Covid-19. Sólo que cuando se estandardiza esta medida por millón de habitantes la tasa en ese país no alcanza siquiera al 1 por millón, contra el muy plausible 7 del Uruguay.  Pero todas estas cosas las calla el escritor, y no creo que sea porque desconozca algo tan elemental. Ha dado sobradas pruebas de que ignora las complejidades teóricas de la Economía Política y los fundamentos matemáticos de la Estadística. Pero cálculos tan simples como los que hemos expuesto más arriba están al alcance de cualquier persona que conozca las cuatro operaciones básicas de la aritmética. Me niego a admitir que Vargas Llosa sea incapaz de tan elemental tarea. Pero su fanatismo lo lleva, una y otra vez, a mentir para defender una causa perdida. No parece haber caído en cuenta de que aparte de las cuantiosas pérdidas humanas el Covid-19 hizo algo más: descerrajarle el tiro de gracia al neoliberalismo como fórmula de gobernanza. ¡Game over! Y si no me cree que por favor se dedique a leer los diarios de la mal llamada “comunidad financiera internacional” (en realidad una tropa de truhanes y bandidos de “cuello blanco”) que allí le explicarán con pelos y señales sus planes para el mundo que amanecerá cuando la pandemia haya sido controlada. Y en ese mundo el neoliberalismo se convirtió en una mala palabra que, si se la pronuncia, se lo hace en voz baja y mirando de reojo a los costados.

Fuente e imagen:  https://atilioboron.com.ar/esa-irresistible-compulsion-por-mentir/

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América Latina podría enfrentar una «década perdida» sin crecimiento, debido a COVID-19: FMI

América Latina podría enfrentar una «década perdida» sin crecimiento, debido a COVID-19: FMI

Hasta la fecha, alrededor de 3.000 personas han fallecido a causa del virus COVID-19 en América Latina y el Caribe. Mientras la pandemia continúa propagándose por la región, los países enfrentan la peor recesión económica desde que se comenzaron a producir estadísticas de cuentas nacionales en en los años cincuenta. El complejo entorno externo, al que se suman las muy necesarias medidas de contención de la pandemia, ha provocado un desplome de la actividad económica en toda América Latina, cuyo crecimiento se enfila hacia una contracción de 5,2 por ciento en 2020.

Dada la drástica contracción en 2020 y conforme los países adoptan políticas para contener la pandemia y apuntalar sus economías —como se destacaba en nuestro anterior blog—, cabe prever una marcada recuperación en 2021. Pero aun en este escenario de rápida recuperación, la región tiene ante sí el espectro de otra «década perdida» durante 2015–25.

Con shocks atípicos de oferta y demanda, una crisis sanitaria y altos costos de financiamiento en toda América Latina, las medidas necesarias para mitigar los costos humanos y económicos de la crisis serán de enormes proporciones y exigirán una estrategia sin precedentes.

Los gobiernos responden a la crisis

Aunque a diferente ritmo, hasta ahora la mayoría de los países de la región han adoptado medidas sanitarias importantes para contener la propagación del virus, como las prácticas de distanciamiento social y la restricción de las actividades no esenciales. Asimismo, han incrementado el monto de recursos fiscales destinados a sanidad, lo que incluye pruebas de detección, camas, respiradores y otros equipos, lo cual es la prioridad fundamental en vista de que muchos países aún no están debidamente preparados para hacer frente a la peor etapa de la pandemia.

En el ámbito de la política económica, las medidas han variado. Los países han recurrido a transferencias directas a los hogares vulnerables (incluida la ampliación de programas existentes), flexibilización de los requisitos de acceso y expansión de los sistemas de seguro de desempleo, subsidios al empleo, desgravaciones y prórrogas tributarias temporales y garantías de crédito.

Brasil, Chile y Perú han anunciado programas de gran magnitud, y se espera que otros países adopten programas similares o refuercen las medidas existentes. Los países que gozan de mejor calidad crediticia, según los diferenciales del mercado, en general han respondido de forma más enérgica a la pandemia.

Los bancos centrales de la región han reducido las tasas de política monetaria y han tomado medidas para apoyar la liquidez y contrarrestar excesos de volatilidad en los mercados financieros internos. A fin de garantizar condiciones adecuadas de liquidez, algunos bancos centrales han incrementado el tamaño de sus operaciones de suministro de liquidez, permitiendo a veces la participación de intermediarios financieros no bancarios y el uso de títulos del sector privado de alta calificación. Varios bancos centrales (Brasil, Chile, México y Perú) también han intervenido en los mercados cambiarios y otros mercados financieros para contrarrestar excesos de volatilidad.

Además, los reguladores bancarios han adoptado una serie de medidas para facilitar el suministro continuo de crédito en un entorno incierto y recesivo. Han flexibilizado las regulaciones, por ejemplo, con reducciones de los encajes legales, de provisiones para la cartera vencida y permitiendo el uso de reservas de capital anticíclicas de forma temporal para facilitar el refinanciamiento y/o la reestructuración de préstamos existentes. Los bancos públicos en Brasil y Colombia han concedido créditos a pequeñas y medianas empresas y a empresas de sectores particularmente afectados por los confinamientos, en tanto que Brasil, Chile, Perú y otros países han brindado garantías de crédito para ayudar a las empresas afectadas a mantener y conseguir acceso al crédito.

Retos en la implementación

Dado que estamos en territorio desconocido y que las respuestas de política aún están en evolución, las autoridades están enfrentando importantes retos de implementación. Por ejemplo, es posible que los gobiernos no puedan llegar a los hogares vulnerables mediante transferencias tradicionales en lugares que carecen de sistemas amplios de asistencia social y donde predomina la informalidad. Además, es más complicado hacer llegar la asistencia a las empresas más pequeñas y las del sector informal. Dado el alto nivel de informalidad en la región, los países deberían usar todos los registros disponibles y métodos posibles para llegar a las empresas más pequeñas y los trabajadores informales.

Además, en vista de que la pandemia, la recesión y las respuestas de política necesarias provocarán considerables aumentos del déficit público y la deuda, los países tendrán que crear espacio fiscal reduciendo el gasto no prioritario y mejorando la eficiencia del gasto.

Los países tendrán que cerciorarse de que las políticas adoptadas en respuesta a la crisis no sean percibidas como permanentes para que no se perpetuen y generen distorsiones, en especial la asistencia focalizada a ciertos sectores. Varios países que tienen reglas fiscales sobre los déficits admisibles o sobre la cantidad de gasto que pueden efectuar sus gobiernos han invocado, razonablemente, cláusulas de escape para permitir aumentos excepcionales del gasto público y los déficits (Brasil, Chile, Perú, entre otros), pero las autoridades deben comunicar una senda clara para retornar al cumplimiento de estas reglas en el mediano plazo.

A fin de proporcionar los ingresos adicionales tan necesarios para ayudar a financiar todas estas iniciativas, podría ser apropiado incrementar la tributación de los productos petroleros en un momento en que los precios mundiales están en niveles más bajos, siempre que no suban los precios internos que pagan los consumidores finales. Además, la tensión entre lo que es necesario y lo que es posible también puede variar en función de las medidas de política. Los países capaces de asumir un compromiso creíble con una política fiscal sostenible introduciendo cambios en sus marcos tributarios, de gasto y fiscales que garanticen correcciones una vez que la economía vuelva a su cauce, podrán generar un importante espacio fiscal en el presente para hacer frente a la crisis.

Medidas de política monetaria

Existe margen para recortar más las tasas de política monetaria y apoyar más la liquidez. Las fuertes brechas del producto y las tasas más bajas por períodos más prolongados en las economías avanzadas hacen pensar que algunos bancos centrales de la región podrían recortar más las tasas, pero las salidas de capital pueden restringir las distensiones adicionales de la política.

Los bancos comerciales pueden mostrarse renuentes a prestar a sectores riesgosos durante una recesión profunda, de modo que el riesgo de crédito podría mitigarse con préstamos directos o garantías explícitas proporcionadas por el gobierno a través de bancos de fomento o instrumentos creados específicamente para cumplir este objetivo.

Algunos países han recurrido a un uso prudente y temporal de la flexibilidad regulatoria para facilitar el refinanciamiento, como por ejemplo al ofrecer a los deudores cierto margen antes de clasificar préstamos como vencidos y al postergar las costosas provisiones respectivas .

Cómo puede ayudar el FMI

Varios países de la región no podrán acceder a suficientes recursos para cubrir las ingentes necesidades financiamiento externo. Hasta ahora, de aproximadamente 100 países que han solicitado financiamiento de emergencia del FMI, 16 son de América Latina y el Caribe. Además, otros países de América Latina y el Caribe han solicitado nuevos programas o la ampliación de programas existentes, como Honduras.

Ante esta crisis sin precedentes, el FMI está activamente comprometido a ayudar a los países miembros a cubrir esta brecha mediante varios instrumentos. Esto incluye usar su balance de USD 1 billón, acelerar la aprobación de servicios de préstamo, incrementar los límites de los servicios existentes y proporcionar alivio de la deuda a los países miembros más pobres y vulnerables afectados por la pandemia en el marco de la revisión del Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes . Además de los instrumentos de emergencia, el FMI está preparado para desplegar mecanismos más tradicionales (como el Servicio de Crédito Stand-by y el Servicio Ampliado del FMI), así como sus líneas de crédito contingentes (como las líneas de crédito flexible y las líneas de crédito precautorio).

Como ha señalado nuestra Directora Gerente, Kristalina Georgieva, salvar vidas y proteger los medios de vida son dos tareas que van de la mano. No es posible hacer lo uno sin lo otro. En el FMI estamos trabajando tanto para garantizar una respuesta sólida a la crisis sanitaria como para proteger la solidez de las economías.

Fuente de la Información: https://es.weforum.org/agenda/2020/04/america-latina-podria-enfrentar-una-decada-perdida-sin-crecimiento-debido-a-covid-19/

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