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SEP: Transformación curricular, consensos y disensos

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

En política y en otros ámbitos de la vida pública, no se entrega nada a cambio de nada… siempre hay intercambios, destaca Juan Carlos Miranda Arroyo en su columna.

Durante el periodo en que se llevó a cabo la más reciente reforma al texto constitucional y leyes secundarias en materia educativa (modificaciones al artículo tercero, así como abrogación y creación de nuevas leyes, entre 2018 y 2019), me referí a ese fenómeno político, que impulsó el cambio moderado en esa ocasión, como los “nuevos consensos”.

Eso lo afirmo y argumento en mi libro “La crisis del Reformismo Educativo en México” (UPN, Unidad Querétaro, 2021), en el sentido de que la iniciativa enviada por el presidente López Obrador (diciembre, 2018) no podía ser aprobada –tal cual- sólo por los grupos parlamentarios del partido Morena y aliados políticos, sino que se requería de una concertación o acuerdo básico con los partidos de oposición (PRI, PAN, MC y PRD), para que ésta avanzara, luego de difíciles y complejas negociaciones.

Así, el espíritu o la esencia de algunos principios de la reforma educativa de 2013 (como el concepto de “máximo logro de aprendizajes”), quedaron cuidadosamente conservados en el texto y alto rango constitucional. Por eso hablo más de continuismo que de ruptura durante esa coyuntura (2018-2024), en términos de las líneas principales de las políticas públicas educativas aplicadas en México.

En efecto, eso sucedió no sin un costo político para el gobierno de la Cuarta Transformación, porque ello implicó y significó, tras el intenso proceso de negociaciones, que los votos no se entregarían de manera gratuita, cosa que requería la mayoría simple de Morena y aliados en las cámaras (Poder Legislativo), para convertirse en mayoría calificada (criterio establecido legalmente para modificar el contenido de la constitución política).

Como se sabe, en política (tanto en politics como en policy) y en otros ámbitos de la vida pública, no se entrega nada a cambio de nada; en esos contextos, por lo general, hay intercambios, es decir, hay una relación de ganancias y pérdidas.

Aparte de la crítica que externé, en esa coyuntura de 2018-2019, acerca de la falla cometida por el gobierno actual al modificar, primero, el marco legal y después el marco educativo-curricular (diseño y discusión del proyecto educativo nacional y colocación de iniciativas de modificaciones educativas específicas), es importante señalar que, al igual que sucedió con el sexenio anterior (2012-2018), el gobierno de López Obrador inició en forma tardía la “transformación curricular”. (Prefiero llamarle así, en vez de hablar de “reforma curricular”, por las mismas razones que expongo en mi libro: el agotamiento de los términos, y la pérdida de legitimidad y credibilidad que ha padecido el reformismo educativo).

Reflejos retardados

Aunque el sexenio de Peña Nieto inició en 2012, no fue sino hasta 2016 que se inició la discusión del “nuevo Modelo Educativo”, cuyo documento final fue publicado hasta 2017, un año antes de concluir la administración federal; y aunque el sexenio actual comenzó en 2018, no fue sino hasta este 2022 que se abrió la discusión pública sobre el nuevo “Marco Curricular y propuesta de plan de estudios para la educación básica”, en el marco de una retórica y ambigua concepción de “Nueva Escuela Mexicana”.

El problema de origen que carga sobre su espalda, desde que se concibió, esta iniciativa de “transformación curricular” (2021-2022) por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es el hecho de que inició como una propuesta de cambios al contenido y formato de algunos libros de texto gratuitos para la educación primaria.

Ese fue un error grave porque, para decirlo en palabras llanas, fue como concentrarse y dar toda la importancia, primero, a la silla sin considerar al caballo. Y dentro de esa misma metáfora, además, las autoridades educativas federales no fueron capaces de preguntarse, antes ¿Para dónde va ese caballo?

Hoy, más que los libros de texto (que son sólo auxiliares didácticos), lo que conviene preguntarse, sin metáforas de por medio, es: ¿Cuál es la finalidad de la transformación curricular? ¿Qué tipo de educación pública se requiere y para qué tipo de sociedad? ¿Qué concepción se tiene, en la propuesta curricular, sobre los sujetos que aprenden y de quienes enseñan? ¿Cómo enseñar y cómo aprender, y para qué o hacia dónde se orientan esos procesos, en lo institucional e individual? ¿A qué tipo de escuela pública aspiramos y cómo lograr esa transformación en medio de profundas contradicciones sociales? ¿Cómo alcanzar el enorme reto de desarrollar aprendizajes situados que garanticen el derecho a la educación?

Lo que hoy prevalece, sin embargo, luego de que la SEP dio a conocer la versión “mayo, 2022″ del nuevo Marco Curricular, son los disensos más que los consensos sociales. A ello hay que agregar, en términos de un análisis estructural y fenomenológico del problema, los factores de tiempo y atribuciones legales.

Acerca del tiempo, la prisa parece constituir un factor negativo y de presión para las autoridades educativas federales. Al respecto, recomiendo el apunte crítico (argumentado) que nos ofreció esta semana el profesor Rogelio Alonso (ver: “Sin tiempo que perder: la elaboración de libros de texto”, Profelandia, 13 de julio, 2022).

En relación con las atribuciones legales y la búsqueda de legitimidad social, el nudo no será fácil de destrabar. Tal como lo dice con razón Catalina Inclán, los proyectos curriculares (como las llamadas reformas educativas) son objetos arbitrarios, es decir, son iniciativas preparadas por los gobiernos (y objetivadas en documentos normativos), que se encuentran en el radio de las facultades legales y exclusivas del poder público federal.

Así, la búsqueda de consensos sociales (y académicos), sobre todo de las comunidades educativas, es un valor agregado que las/los estrategas de los gobiernos recomiendan, para logar que las iniciativas reformistas o transformadoras cuenten con las cuotas de aceptación requeridas o políticamente calculadas, ello independientemente de la legitimidad y legalidad con que cuente un gobierno democráticamente electo.

Pero, tanto en el ejercicio del poder como en la puesta en operación de las políticas públicas, no es lo mismo tomar decisiones por consenso que contar con una mayoría; esto al margen de que el problema identificado, en fondo y forma, pueda ser metodológicamente consistente.

“El consenso se diferencia de una mayoría porque, cuando una mayoría se pone de acuerdo, también hay una minoría que disiente; en cambio, en el consenso no hay disenso. Una decisión por consenso, no obstante, no implica un consentimiento activo de cada uno de los involucrados, sino más bien una aceptación en el sentido de no-negación”

(WP)

Pero no todos los consensos sociales son neutros, también hay otras variantes. Noam Chomsky se ha referido al consentimiento manufacturado, que es uno de los sesgos cognitivos del falso consenso y que se da, sin embargo, en sociedades democráticas, en las cuales existe de facto y encubiertamente un control sobre la opinión pública.

En la coyuntura actual, en que está sobre la mesa una eventual transformación curricular (en la educación básica y media superior) ¿Serán prioritarios, para los gobernantes de la 4T, los caminos del consenso, de la aceptación de una mayoría (con disensos) o simplemente la imposición del modelo educativo y pedagógico, mediante los instrumentos que establece la ley general de educación para tal efecto?

Fuente de la información e imagen: https://www.sdpnoticias.com

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Resultados de la encuesta abierta sobre la percepción de la Educación venezolana

Gracias por aceptar la invitación a participar en esta consulta.

En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que rendirá la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, en enero de 2022, un conjunto de organizaciones no gubernamentales avanzamos en un Informe Alternativo que permita contrastar y profundizar datos e información. En el marco de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE), la Red Global Glocal por la Calidad Educativa, el Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación” (CII-OVE) y el movimiento magisterial de base, estamos realizando consultas con distintos actores y organizaciones venezolanas, con el objeto de puntualizar las situaciones referidas al Derecho Humano a la Educación en el periodo 2017-2021, para poder elaborar y aportar recomendaciones para el corto y mediano plazo. El informe final será presentado de manera independiente ante las instancias correspondientes de la ONU.

A continuación los resultados de la consulta:

Consulta abierta a organizaciones sociales, gremios y sindicatos

De las instancias y actores socioeducativos participativos, relevantes, consultados para este Examen Periódico Universal, se puntualiza lo siguiente:

En cuanto a la formación docente, de los 100 encuestados y encuestados, el 68% expresaron que, se encuentra desactualizada. Le atribuyen esta situación a la poca posibilidad de cubrir estudios de post-grados ante los bajos salarios mensuales que reciben, a la desinversión en ciencia y tecnología en las instituciones escolares y universitarias, el tener menor tiempo disponible dada la crisis económica nacional, que obliga a realizar dos o tres trabajos diferentes en día.

Los y las consultadas(os) consideran que ante la migración que se vive en Venezuela, existe un importante abandono de los puestos de trabajo por profesionales de la educación, lo que repercute negativamente en la atención profesionalizada a las y los estudiantes, desmejorando considerablemente su formación. No existen cifras oficiales pero en el sondeo de más de un mil (1.000) escuelas estudiadas encontramos que en cada una de ellas, por lo menos un(a) docente se ha retirado por razones de migración.

Otro elemento resaltante es despedagogización docente, al cual, el 67% de las y los educadores consultados, señalaron que se requiere una formación profesional, inicial y continua, que revalore la mirada pedagógica.

El 64% de los y las consultadas manifestaron que, ante la pandemia de la COVID-19 y, la forma cómo se ha introducido la tecnología en las instituciones educativas (aún con las enormes brechas tecnológicas existentes), ello requiere una reconfiguración curricular adaptada a las nuevas necesidades del hecho educativo.

Señala el 68% de los y las consultadas(os) que se requiere repensar el pensamiento crítico en el actual contexto de aceleración de la innovación científica y tecnológica global y, ello pasa por actualizar tecnológicamente a las escuelas, liceos y universidades.

En relación a la percepción de las y los estudiantes, se incorporaron 74 voces, de las cuales el 63,5%  expresan que, estudian en instituciones públicas (escuelas, liceos y universidades); pertenecen a familias en situación de pobreza. Si bien, se les otorga el bono denominado 100% Escolaridad a través de la plataforma Patria, este se corresponde a Bs. 3.500.000 por estudiante (un poco más de 1 dólar norteamericano), considerándolo insuficiente.

Los y las estudiantes consultados(as) señalan que, si no se actualiza pedagógicamente a los y las docentes en las nuevas dinámicas educativas mediadas por la tecnología, puede generar una nueva problemática educativa, como el retraso en conocimiento.

De igual manera, el porcentaje indicado muestran preocupación por el desmejoramiento de las infraestructuras, la falta de dotación en los laboratorios para hacer ciencia y tecnología conlleva a comprar insumos de altos costos para avanzar en carreras que ameriten prácticas correspondientes.

Señalan que, tanto la carencia, de condiciones mínimas de bioseguridad (agua, insumos de limpieza) y la precariedad o inexistencia del transporte escolar y/o universitario, unido a la deficiencia y mal estado de los transportes público urbanos que les permita trasladarse sin cao a las instituciones educativas en caso de volver a la presencialidad, sin correr riesgos de contagio ante la COVID-19, crea una situación de incertidumbre que puede generar abandono escolar.

En relación a los problemas centrales que han afectado el Derecho Humano a la Educación en Venezuela durante el periodo 2017-2021,  los  gremios y sindicatos docentes consultados,  en un 87,5% expresaron su rechazo a las políticas económicas y sociales implementadas por el Estado en el Memorándum Circular 2792 del 11 de octubre del año 2018, emanada por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, con la que han quedado congeladas las negociaciones y convenciones colectivas de todos los sectores laborales en la administración pública. Igual, rechazan la situación del bloque y sanciones económicas.

Los sindicatos docentes consultados, consideran que el deterioro del salario del personal docente, administrativo y obrero de la educación, ha constituido un factor que impulsa a la migración para buscar fuera de las fronteras nacionales un salario que permita cubrir las necesidades básicas

Añaden los gremios y sindicatos de docentes, administrativos y obreros que la migración forzada por razones económicas ha traído como consecuencia renuncia a los puestos de trabajos, abandono de las escuelas por parte de los estudiantes, aumento del trabajo infantil y juvenil para sortear la condición de pobreza.

Por otra parte, agregan que se ha incrementado el número de reclamos y manifestaciones en la calle ante la violación constante y sostenida de las conquistas gremiales logradas incluso durante el gobierno de Hugo Chávez, ejemplo de ello, la vulneración del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual indica que, un salario, para ser considerado suficiente, debe permitir una vida con dignidad y la cobertura de las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

Fuente:

En la elaboración de este Informe se contó con los aportes de las siguientes  instituciones, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, venezolana: Foro Venezolano por el Derecho a la Educación, Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación”, Red Global Glocal por la Calidad Educativa, Comunidad Vida Cristiana, Araña Feminista, Cecodap, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, Federación Nacional de Profesionales de la Docencia. Colegio de Profesores de Venezuela, Actores socioeducativos nacionales.

Formularios de encuestas aplicadas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXYHfRg9qB5sgIcx6AyWrwoqnQdA_FcAGF0dBGpU17zxAfbA/closedform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGCgWVk5ywNXxOo64fgQRRBh_GnuokTTmKc_cbliFaRcv83w/closedform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfClnNN-rZFDmUL5cLSoabY6EjkzzALNzLLnyapW7auYtPRnQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0/closedform

https://forms.gle/eDB4Dtv2wZNj4bR68/closedform

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La Fractura Educativa

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo 

En una época de emergencia sanitaria como la que vivimos, y aun cuando “venga a la baja” la enfermedad, la docencia todavía está partida en pedazos…

Cada quien se rasca con sus propias uñas para solventar las necesidades pedagógico-didácticas

Debido a la campaña emergente de vacunación para prevenir Covid-19 y a la disminución de casos confirmados de esa enfermedad, el avance que en México se ha producido en materia de salud pública genera altas probabilidades de regresar a clases, en el formato presencial, por fortuna.

Pero el retorno a clases presenciales, sobre todo en la educación básica, habrá de llevarse a cabo de manera gradual, escalonada y con medidas sanitarias que aseguren, en lo posible, que no se registren rebrotes de la inaudita enfermedad que ha azotado al mundo (2020 y lo que va de 2021).

Se sabe, según datos preliminares, que en México la población más afectada por la condición que nos trajo la pandemia, por el hecho de haber cerrado los centros educativos, es la de las y los estudiantes de educación básica matriculados en la escuela pública. Por ello, es importante y prioritario tomar las medidas concretas y pertinentes, en materia de políticas públicas educativas, específicas, para crear condiciones adecuadas en el regreso a las clases presenciales, y dar continuidad al avance de los aprendizajes escolares de niñas, niños y jóvenes (NNyJ).

La docencia todavía está partida en pedazos

¿Cuáles son las condiciones y elementos adecuados que permitan la puesta en operación de protocolos sanitarios, por niveles-modalidades educativos, para regresar a clases? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la escuela pública ante la inminencia del retorno a la escuela presencial? ¿Cómo se organizan o se organizarán, o no, las comunidades educativas en este escenario inminente de postpandemia?

En una época de emergencia sanitaria como la que vivimos, y aun cuando “venga a la baja” la enfermedad, la docencia todavía está partida en pedazos. Hoy, como es evidente, el contacto con las y los estudiantes es remoto, irregular, distante, complicado, cuando lo hay, o nulo cuando no hay conectividad ni estudiantes. Justo por ello, me parece que el problema más grave es la cantidad de estudiantes que no regresó a las clases mediadas por tecnologías electrónicas o materiales impresos, durante el presente ciclo escolar (2020-2021).

Desde hace más de un año, estamos frente a un fenómeno social y educativo caracterizado por cambios sin precedentes en el ámbito específico de las relaciones entre la enseñanza y los aprendizajes, donde la sensación de avance (para ambos actores sociales: docentes y estudiantes), en realidad, se ha vuelto una percepción de retroceso.

El 20% de las y los estudiantes que concluyeron el ciclo escolar anterior, no se han reportado durante el presente año escolar.

Las y los docentes, así como las y los directivos escolares vivimos una coyuntura de adaptaciones vertiginosas, individuales y sociales, tanto en el uso de métodos como en la profundidad y extensión de los contenidos educativos. Hay una sensación “objetiva” y “subjetiva” de frustración en el trabajo docente y de gestión educativa-escolar que se ha realizado en situación de confinamiento, sobre todo porque no existen los apoyos ni el acompañamiento profesional que requieren estas labores.

Adicionalmente y por si fuera poco, la sociedad se pregunta ¿qué tan esenciales son las actividades educativas (y la escuela como institución) frente a una cruda realidad que pone en primer término tanto a la crisis económica como la de salud pública? Apenas se recopila información sobre las dimensiones de esta fractura educativa, que ha implicado el no retorno a clases por parte de cientos de miles de estudiantes. La estadística y el registro puntual, todavía incierto y confuso, acerca de cuántos estudiantes no han regresado a las clases “a distancia” del ciclo escolar en curso, da cuenta de esta tragedia (se calcula que aproximadamente el 20 por ciento de las y los estudiantes que concluyeron el ciclo escolar anterior, no se han reportado durante el presente año escolar, en educación básica pública).

Falta de capacitación a docentes

En medio de todo, y a falta de apoyos institucionales en materia educativa, los duros procesos de adaptación social y pedagógica, por parte de las figuras educativas, siguen su marcha. La realidad indica que cada quien se rasca con sus propias uñas para solventar las necesidades pedagógico-didácticas y de recursos tecnológicos. No hay un acompañamiento institucional ni una atención en infraestructura tecnológica del tamaño de la emergencia sanitaria que se ha vivido durante más de un año. Las autoridades educativas sólo desentonan al decir: “reconocemos el trabajo de las y los maestros”.

Durante este ciclo escolar hemos observado que las acciones de capacitación y actualización (formación continua), en materia de trabajo y prácticas docentes o directivas escolares, dirigidas hacia las principales figuras educativas, son inexistentes, nulas o superfluas. Dar a conocer cómo funciona una plataforma para realizar video-conferencias, no es una capacitación seria, profesional. O dar al docente los procedimientos para crear una cuenta de correo electrónico, con el membrete de “capacitación o actualización”, es simulación.

Paradas en zona de incongruencia, sin embargo, las autoridades educativas federales y estatales señalan que hay, hoy, una revaloración social del magisterio. Que la sociedad reconoce, por fin, la importancia del trabajo docente y directivo. Pero esto sólo se da en las palabras, no en los hechos. Lejos de alabar el trabajo que han realizado las maestras y los maestros en estas condiciones adversas, la actuación de las autoridades educativas sería más congruente si se centrara en dar apoyos al magisterio en recursos didácticos y de infraestructura, y opciones “profesionalizantes” serias, de fondo, en términos de adecuaciones curriculares, de mediano y largo plazos.

La fractura educativa durante el periodo de pandemia, en México, tiene en resumen dos traumatismos: uno, en la desafiliación parcial de cientos de miles de estudiantes NNyJ del país y, dos, el abandono y las anulaciones tácitas e implícitas de las que han sido objeto las figuras educativas, es decir, las y los docentes, las y los directivos escolares y demás profesionales de la educación.

Fuente: SDPnoticias

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Venezuela: Políticas públicas educativas y constitución del sujeto político

Políticas públicas educativas y constitución del sujeto político[1]

Public educational policies and constitution of the political subject

Alixon Reyes

alixdavid79@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-9857-0930

Universidad Adventista de Chile, Chillán, Chile.

[1]Ensayo científico. Investigación postdoctoral(Postdoctorado en Políticas Públicas y Educación, Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, Venezuela).

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las implicaciones de dos modelos de elaboración e implementación de políticas públicas educativas en el proceso de constitución del sujeto político. Así, se consideran el modelo Top Down y el modelo Bottom Up, como dinámicas distintas, pero centrales en la visión de la participación ciudadana en la política pública. El referente teórico-epistémico empleado es el del papel formador del Estado en Antonio Gramsci. La conclusión más destacable de este trabajo es que, siendo la participación ciudadana el eje de pivot en el constructo de políticas públicas educativas, los procesos de subjetivación política tendientes a la autorregulación, la autonomía y la formación de una ciudadanía crítica, se presentarán como resultados primarios en ese contexto.

Palabras clave: políticas públicas educativas, participación ciudadana, sujeto político, subjetivación política, Estado.

Abstract

The objective of this work is to reflect on the implications of two models of elaboration and implementation of educational public policies in the process of constituting the political subject. Thus, the Top Down model and the Bottom Up model are considered as different but central dynamics in the vision of citizen participation in public policy. The theoretical-epistemic reference used is that of the formative role of the State in Antonio Gramsci. The most remarkable conclusion of this work is that, since citizen participation is the pivot axis in the construction of public policies in education, the processes of political subjectivation aimed at self-regulation, autonomy and the formation of critical citizenship, will be presented as primary results in that context.

Key words: educational public policies, citizen participation, political subject, political subjectivation, State.

Introducción

Quien realmente vive no puede no ser ciudadano…

Antonio Gramsci

 

En América Latina (…) la cuestión más apremiante

es la constitución de sujetos políticos.

Si el análisis de la pérdida de identidades colectivas

en nuestras sociedades es correcto,

lo que se impone como tarea primordial

es la reflexión sobre la desarticulación y la rearticulación de los sujetos.

Norbert Lechner

 

Gramsci (1967, 1984, 2010) habla del papel formador del Estado, es decir, si contextualizamos, la pregunta sería cómo puede entenderse la responsabilidad del Estado en la generación de condiciones para la formación de la población en asuntos tan sensibles como: educación, ciudadanía crítica, democracia, organización, participación política, contraloría social, entre otros. Se trata de un tema relacional complejo, dado que podríamos estar hablando de un Estado cooptado por una lógica de mercado (Van Treek y Arévalo, 2015), o de un Estado que emerge del contrato social asumido consustanciado con las necesidades y realidades de una población. Así, nos enfrentamos a dos ideas de ciudadanía. Una, que sirve a los intereses de la lógica del Estado burgués, definida por Capella (1993), como la ciudadanía de los siervos, por tanto, una ciudadanía cooptada y en consecuencia, despolitizada; o aquella otra idea de ciudadanía crítica, que emerge de un tejido de relaciones sociales transversalizadas por el ejercicio cotidiano, crítico y compartido de un proyecto colectivo que avanza en/hacia la construcción de una estructura democrática, participativa, protagónica y emancipatoria (Osorio, 2016).

Los procesos de transformación sociopolítica gestados en América Latina (en adelante AL) ya entrado el siglo XXI, impelen a comprender el papel del Estado en tal sentido, habida cuenta que se trata de un ejercicio permanente y en continua evolución.

Tras más de 40 años de posturas neoliberales, AL inició el siglo XXI delineando modelos políticos pensados en el asentamiento de bases para superar la crisis y el déficit de participación ciudadana que se tenía en el marco de lo que se denominaba y aún se reconoce como democracia representativa (Gaudichaud, Webber y Modonesi, 2019; Lizcano-Fernández, 2012). Pero, al plantear nuevos correlatos en la disputa de los escenarios simbólicos y aún de las realidades concretas en el marco de una lógica binaria como lo representa la democracia representativa versus la idea de la participación ciudadana, se está hablando de protagonismo popular, de una posibilidad para la emergencia de procesos tendientes al empoderamiento del pueblo y al tiempo que corre, de la constitución del sujeto político que va desde el contexto individual, al contexto colectivo (Martínez, 2016), dejando claro a qué tipo de ciudadanía se refiere.

Para lograr tal cosa el Estado tiene que asumir una función pedagógica si lo miramos desde los aportes del filósofo-político italiano, más aún cuando se comprende en el terreno del derecho público y constitucional. Y puede que acá vuelva la idea: ¿cuál Estado?, ¿uno cooptado?, ¿uno que emerge del contrato social blindado por la armonía entre sus diferentes constituyentes? La respuesta a estas preguntas (así como aquella que planteara Lechner (2006) en torno al origen y la constitución del Estado en AL), ha de ser determinante dado que la orientación del Estado inclinaría la balanza hacia la demarcación de procesos destinados a atender la subjetivación política, que existe, se quiera o no, ya sea, hacia una despolitización, o hacia la repolitización del sujeto y del sujeto colectivo (Capella, 1993; Lechner, 2006; Van Treek y Arévalo, 2015).

Así, vale destacar que Gramsci (1970) hablaría específicamente de la generación y concreción de procesos orgánicos de formación de las clases obreras y campesinas con la idea de contrarrestar el trabajo de domesticación e ideologización del sistema educativo burgués en relación con procesos de homogeneización cultural y despolitización. Por supuesto, el Estado actual debe entender que no se trata solo de la clase obrera y los campesinos, sino que ello también implica a los estudiantes, a los jóvenes no institucionalizados, a los privados de libertad, a las mujeres, en fin, se trata de toda la población en general. Esto implica partir, a su vez, de un elemento primordial: del hacer. De allí que el mismo Gramsci incorporase una nueva categoría y hablase de la conciencia del hacer, comentando sobre Marx y Antonio Labriola. Esa conciencia del hacer está fundamentada en un texto de Marx (1980) titulado Manuscritos: Economía y Filosofía (mejor conocido como los Manuscritos de París) que fue publicado en 1845.

Para Gramsci, la praxis tiene que ver con prácticas cotidianas de la vida [planteamientos que se encuentran en los textos más importantes e influyentes del escritor italiano: Introducción a laFilosofía de la praxis (1970), Cuadernos de la Cárcel (1981); Cartas desde la Cárcel (2010)], y en De Certeau (1997). Las prácticas cotidianas de la vida están asociadas a la experiencia vivida (De Stefani, 2006), o quizá como lo define Larrosa (2009) al pensar la categoría experiencia, esto es, eso que me pasa, que te pasa, que nos pasa; diría Hermoso (2016), que la praxis implica un encuentro nutritivo entre la realidad que hay que cambiar y la teoría que va emergiendo en el fragor de la transformación.

Así las cosas, el presente trabajo tiene como propósito reflexionar sobre las implicaciones de dos modelos de elaboración e implementación de políticas públicas en el proceso de la constitución del sujeto político, lo que se traduce en una ciudadanía crítica, como estadio de mayor consolidación de la política pública y del papel formador del Estado, sin demeritar, por supuesto, las evidencias métricas como indicador de logro para el éxito de la política pública. No obstante, no es este último el centro de atención en este ensayo.

Este trabajo analiza dos modelos de elaboración e implementación de políticas públicas como son el modelo Top Down y el modelo Bottom Up. Para ello se ha adoptado la propuesta de Gramsci tributante al papel formador del Estado en el marco de la ciudadanía como proyecto colectivo enmarcado en un Estado de derecho (Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, 2004). Así, se vincula la propuesta de Gramsci con la lógica de las conformaciones de ciudadanía crítica y la subjetividad política desde las políticas públicas en educación.

Desarrollo

Ahora bien, dado que hablamos, entre otras cosas, de educación, tenemos que, si esta ha de tener vinculación e impacto en todo lo que hacemos, entonces es vital que se genere una conciencia del hacer, tal y como sostiene Gramsci. Esto, a su vez, enciende las alarmas en tanto pudiera hacer pensar que la teoría de la actividad[1] es la que impera para explicar el fenómeno. Pero, queremos advertir que no es precisamente a la teoría de la actividad a la que nos referimos cuando de educación hablamos, sino a la conciencia del hacer, que, en Marx (1980), se vincula con otras categorías como conciencia de clase, falsa conciencia, ideología, entre otros. No se plantea un enfoque de la educación como actividad, porque se está asociando mucho más con la experiencia vital y con un sistema de relaciones. Así las cosas, la constitución de un sujeto político es lo que se desprende del planteamiento gramsciano al hablar del papel formador del Estado y de la conciencia del hacer.

¿A qué nos referimos al hablar del sujeto político?, pues, más allá de la declaración de muerte del sujeto político (Mouffe, 1999), e incluso de la proclamación del fin de la historia (Fukuyama, 1992), y de eventos[2] que en ALpodrían convocar a reconsiderar tales profecías necrofílicas, es básico comprender que el ser humano no puede ser abstraído del ethos común, de la polis.Homo sum, humani nihil a me alienum puto(‘Soy un hombre, nada humano me es ajeno’), habría dicho Publio Terencio[3].

El sujeto político tiene que ver con la idea de una ciudadanía generada en la praxis social, practicada y trasladada en lo experiencial a un colectivo en su cotidianidad. Entonces, la constitución de una subjetividad política se consolida y justifica en la necesidad de superar la enajenación humana, por la necesidad de producir una transformación social, de empoderar al sujeto en función de procesos de autorregulación y concienciación, del reposicionamiento de la política como práctica y como proyecto colectivo, y finalmente, en la necesidad de concretar la participación democrática, abierta y protagónica de la población (Sánchez-Pilonieta, et al, 2009). Así, el sujeto político es aquel consciente de lo colectivo que se vierte en un marco de horizonte y proyecto social, en acciones comprometidas con propósitos comunes empoderándose y desarrollando prácticas reflexivas que emergen del contexto social explícito. La participación protagónica va mucho más allá de la expresión de la voluntad popular en coyunturas como los procesos electorales (siendo esta última la constante en el concepto de la democracia representativa), y asciende a la inserción orgánica de la población organizada en la médula de la estructura social con activación para la emergencia de cambios estructurales (Reyes, 2017).

Pero, ¿cómo puede el Estado ejercer su papel formador con la proyección de la constitución del sujeto político desde el contexto de las políticas públicas? Aunque la respuesta vendría a ser provisoria, creemos que esto puede generarse a través de modelos y diseños de políticas públicas que hagan de la participación ciudadana su leitmotiv y que inician desde las relaciones cotidianas en el contexto escolar (consejos de padres y representantes, circuitos educativos, distritos educativos, etc.) hasta llegar a la enunciación y diseño de políticas públicas, legislación, entre otros. Si estamos hablando de la correlación entre políticas públicas y la constitución del sujeto político, es básico traer a colación nuestro planteamiento a desarrollo: pensar en la generación de condiciones para que el pueblo sea formado, implica que, este mismo, además de ser consultado en temas de interés público, sea necesariamente incluido en instancias de participación, debate, construcción, gestión, evaluación y evolución de la política pública (Reyes, 2017).

La participación nominal (“como si”), no es suficiente, sino que debe darse un paso más decisorio y formar al pueblo para que sea este, en conjunto con todas las fuerzas vivas del Estado (de la que es un pleno constituyente) quien genere y concrete los esfuerzos necesarios para el desarrollo de los planes de Estado. No se trata de construir política pública para el pueblo, sino de hacerlo con el pueblo, junto al pueblo (opcit). De lo que se trata, en un contexto gramsciano, es de la formación popular y de la generación de conciencia en el hacer. Según Castillo-Retamal et al. (2020), “la participación ciudadana en la gestión de las PP[4]no es un enfoque nuevo en el campo de la ciencia política, pero ha tomado mayor relevancia en las últimas décadas a raíz de la crisis de representatividad de los sistemas políticos formales” (p. 483).

Si bien es cierto la participación ciudadana en el contexto de la política pública no es un enfoque nuevo, no es menos cierto que esa participación, implica una imbricación mucho más orgánica que la mera representatividad. Esto tiene implicaciones a nivel de la subjetivación política puesto que implica un proceso de empoderamiento y ejercicio democrático importante.Un liderazgo que apunte al verdadero desarrollo común, atiende las premisas de la formación de todos, para todos, con todos y entre todos. Ya lo planteaba Freire (1970) al considerar la relación de los opresores y los oprimidos. Un líder que pretende el desarrollo común, no jefatura, sino que impulsa; no dirige, sino que orienta; no impone, sino que dialoga. Y, en ese sentido, el pueblo tiene que ser actor principal y protagónico en las decisiones que le atañen y le impactan.

Si el pueblo solo es consultado, no deja de ser (la consulta) un mecanismo político de control, una forma política de control. Pero si el pueblo dialoga participando, si la gente construye, entonces podrá desarrollar capacidades que le permitirán autoreferenciarse, autogestionar, así se convierte en un actor principal, deja de ser pensado como recipiendario tradicional y como simple beneficiario del Estado o de algún otro sector, y se evidencia lo que planteara Foucault (1982), un proceso de formación de sí, formación de ciudadanía. Lo que se busca es generar un proceso de formación popular que conduzca a la emancipación, al empoderamiento real. A eso se le conoce como ese proceso de constitución del sujeto político, y ya no de tutelaje, subordinación o dependencia. Es, en palabras de Martínez (2016), el paso de constitución del sujeto político individual, al sujeto político colectivo.

Ahora bien, ¿cómo encarnar en el tejido ciudadano y en el ejercicio político, el involucramiento para que esta simbiosis sea un hecho concreto? En primer lugar, debe generarse un vínculo entre lo que es el empoderamiento popular con el papel formador del Estado, según Gramsci (1967, 1970, 1984).

Maquiavelo (1999)[5], propone el uso del poder como mecanismo de regulación, reproducción y control. Así, pasamos por Bacon (1988), quien supone el conocimiento como expresión de poder en las sociedades contemporáneas.En tal sentido, nuestro interés pasa por considerar el planteamiento gramsciano en torno al papel formador del Estado en el ámbito de las políticas públicas, pero de un Estado basado en el pensamiento de Simón Rodríguez, quien rescata la idea de la revolución francesa y del pensamiento de Rousseau con el contrato social, y que luego destaca Luis Beltrán Prieto Figueroa (Prieto, 2006; Rodríguez, 1990). Así las cosas,el Estado se constituye a partir de la articulación de cinco elementos imprescindibles, a saber, pueblo, territorio, leyes, gobierno, instituciones. Es decir, en ese escenario hablamos de Estado en los términos de un contrato social que asumen todos los actores fundamentales. En consecuencia, vale destacar a las políticas públicas como expresión y construcción colectiva, incluso para el ejercicio de la formación. Esto es, si las políticas públicas nacen en el contexto de las necesidades sociales, es desde allí desde donde deben emerger. Notemos entonces, que, la participación ciudadana es angular en la generación de políticas públicas (López, 2013), más no desdela participación nominal, sino desde la participación protagónica, porque eso es lo que permite el ejercicio formativo, la toma de conciencia, la adquisición de habilidades técnico-políticas, poder contralor para regular, para evaluar, reconducir, en suma, para incidir (Reyes, 2017).

En torno al tema de la participación ciudadana en el contexto de construcción y diseño de políticas públicas educativas, Luna (2009), afirma que:

  • Los movimientos ciudadanos tienen la capacidad de incidir tanto en el Estado cuanto en la Sociedad;
  • La ciudadanía dotada de agenda y mediante estrategias de incidencia tiene capacidad efectiva de posicionar tesis y políticas;
  • La acción de incidencia de la ciudadanía ha contado con la adhesión y apoyo de los medios de comunicación;
  • La ciudadanía ayuda a la construcción y sostenimiento de políticas públicas…
  • La independencia del movimiento ciudadano, de los gobiernos y de los partidos políticos, es un elemento clave…
  • Papel relevante de la persistencia y de profesionalización del núcleo central del movimiento…
  • La acción ciudadana no puede ni debe reemplazar las responsabilidades del Estado (p. 53).

El ámbito técnico de las políticas públicas reconoce dos de los modelos más empleados en dicho contexto, esto es, el modelo Top Down, que implica una construcción vertical y consiste en la generación de políticas públicas por parte de la alta gerencia política conductora de las instituciones gubernamentales bajando hasta los niveles técnicos. Esto es, tiene que ver con una administración centralizada que impone sus decisiones a las administraciones locales, a las comunidades, etc. (Ramírez, 2011). Algunos otros sostienen que la verdadera esencia de este enfoque responde a una direccionalidad ‘arriba-abajo’, esto es, partiendo de la decisoria política hasta llegar a la decisoria técnica (Binder, 2008), con lo que se restringe de alguna forma la participación de quienes serían beneficiarios en todo caso. De acuerdo con Diez, Gutiérrez y Pazzi (2013), las políticas públicas orientadas bajo el enfoque Top Down, se plantean:

Concebidas e instrumentadas “desde arriba”: esto se debe a que son diseñadas por técnicos y burócratas en oficinas ministeriales, en base (sic) planteos teóricos e información secundaria, pero sin un involucramiento real con las problemáticas propias del terreno en el cual han de ser ejecutadas (p. 201).

El modelo Top Down conduce procesos de subjetivación política que, podrían ser proclives a estandarización de procesos, homogenización de programas focales, desafección de la ciudadanía en torno al desarrollo de planes y programas en función de temas tan centrales en los sistemas democráticos como el empoderamiento, la autorregulación, la organización popular, la movilización social, entre otros. Además, si bien es cierto que técnicamente se muestra blindado, dado el nivel académico-técnico de las distintas comisiones involucradas, no es menos cierto que su verticalidad, implica el trato con la ciudadanía a nivel de otorgante-recipiendario, y muy a pesar del alto nivel técnico de sus operantes, este tipo de verticalidad produce desconocimiento de las realidades sociales. Un ejemplo de ello: el ahora ex ministro de salud chileno, Jaime Mañalich, sostuvo frente a cámaras de televisión (siendo aún ministro) lo que sigue: “Hay un sector de Santiago, donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta… del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Esa es la verdad” (T13, sec. 1/1; p. 6).

Una relación vertical siempre es desigual, y esto es importante en términos de la configuración y la subjetivación política (Echandía,Díaz y Vommaro, 2014), dado que se entiende a la población, esto es, los ciudadanos en organización, como constituyente del Estado, del que, el gobierno de turno, es un constituyente, ni más ni mejor que algún otro de los constituyentes del Estado.

Las relaciones desiguales en los Estados nacionales vienen siendo fruto de una lógica en la que el mismo Estado ha sido minimizado por factores de poder que controlan otros poderes en el mismo Estado, esto es, una cooptación del mercado a los poderes del Estado y la subordinación de este último a los intereses de quien termina detentando el poder real y que se hace concreto a través de las instituciones del mismo Estado (Acuña, 2007). Acá emergen conceptos del Estado ausente, del Estado mínimo (Oszlak, 2003). Cuando este tipo de relaciones verticales determinan los contextos de elaboración e implementación de las políticas públicas, termina concretándose lo que, Dos Santos (2002), Dussel (1973), y Marini (1991), denominan la teoría de la dependencia. Esto se problematiza cuando hablamos de políticas públicas sociales, y más aún, educativas, en tanto tienen que ver con el sistema formal de educación en un país, pero también con mecanismos y dispositivos de difusión masiva como son los medios de comunicación.

Movimientos sociales se han pronunciado de forma contundente, no quieren seguir siendo objetos de la política pública, quieren ser sujetos de la política pública (Cubides, 2014). Allí, la reforma de Córdoba, el mayo francés. Un caso reciente se evidenciaen Chile. Mucho se habla de octubre de 2019 como que si los levantamientos de la fecha se produjeron por el aumento de 30 pesos chilenos en el precio del pasaje en el metro de Santiago. Sin justificar la violencia de parte de cierto grupo de manifestantes y de una parte de las fuerzas de seguridad del Estado, se evidencia que la sociedad chilena opina diferente. 83,6% de la población encuestada por la Consultora ActivaResearch, manifestó estar de acuerdo con las manifestaciones sociales (ActivaResearch, 2019), y los encuestados esgrimen que las razones de esas movilizaciones están más asociadasa temas como: sueldos precarios de los trabajadores, costo de servicios básicos, sistema de pensiones, desigualdad económica en Chile, y no precisamente con el aumento de 30 pesos. Y es que, a pesar de que el presiente Sebastián Piñera hubiese dicho que Chile era un oasis en AL (La Tercera, 2019), ya el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD, 2017), venía alertando sobre los niveles de desigualdad en la sociedad chilena. Muchos dicen que no se veía venir lo que sucedió, al igual que opinan como el ex ministro Mañalich, pero los hechos están ahí, al igual que las evidencias, en un país que, si bien es cierto regresó a la democracia después de la dictadura de Pinochet, sigue siendo mediatizado por una constitución generada en connivencia por la dictadura militar y un sector del mercado(Pinol, 2015; Vergara, 2007).

Hay un segundo modelo de elaboración e implementación de política pública reconocido como Bottom Up, que implica una dinámica de construcción ‘abajo-arriba’, partiendo de las necesidades reales de las comunidades en cuestión con el acompañamiento de técnicos y especialistas en las áreas o dimensiones a atender, aunado a la construcción colectiva en acción conjunta con los niveles políticos respectivos (Fernández, 1996). En Diez, Gutiérrez y Pazzi (2013) se plantea que,desde esta perspectiva, las políticas públicas “presentan una perspectiva ‘desde abajo’; ya que incorporan en todo el proceso a los actores del territorio, de tal forma que los mismos se transforman en sujetos creadores de la política pública y simultáneamente en objeto de la misma” (p. 201). Este ejercicio en el que se genera una participación ciudadana crítica en todas las instancias de la política pública, partiendo de procesos diagnósticos, elaboración, gestión ejecutiva, contraloría y evaluación para la evolución y el rediseño, genera adherencias a proyectos comunes (Castillo-Retamal et al., 2020). Este segundo modelo está permeado por una lógica de construcción colectiva que permite la participación ciudadana, el aprender haciendo, la conciencia reflexiva y crítica de los procesos, el empoderamiento, la emergencia de procesos de subjetivación política y el papel del Estado en la formación popular. El proceso de enajenación sociocultural y político que vivimos en los países latinoamericanos partiendo desde la década de los 60’s, ha dado como una verdad absoluta el hecho de que el pueblo no sea reconocido como constituyente del Estado, sino como un ente ex, o sea, fuera de… Así, al parecer, el Estado es una cosa y el pueblo, otra. Y en eso juega mucho la difuminación de fronteras conceptuales entre gobierno y Estado, y más aún cuando en AL, ambas cosas terminan fusionándose de forma lamentable en lo real concreto.

Entonces, para quien escribe, es sugerible que se implementen políticas públicas en educación que tengan que ver con la orientación Bottom Up, y que tributen a esos procesos de subjetivación política, de formación y organización popular, de desconcentración del poder y democratización del mismo, de formación de una conciencia crítica que tienda hacia la autorregulación, entre otros procesos. Finalmente, este tipo de diseños tiene a favor el desarrollo de saldos orgánicos asociados a procesos autonómicos de creación, proposición, ejecución, gestión y contraloría, a la organización popular, a la movilización.

Conclusiones

Las políticas públicas educativas son un campo de subjetivación política dado que, en el caso de una construcción colectiva, participativa y democrática en todas sus instancias, genera adherencia a un proyecto común como lo es la educación, más aún cuando la participación ciudadana implica una forma de generar comunicación, gobernabilidad y gestión del poder. De igual manera, el diseño de políticas públicas que no contemplan la participación ciudadana, más allá de la visión del beneficiario, también es generadora de procesos de subjetivación política, solo que esta vez, asociados a la despolitización.

La ciudadanía puede ser cooptada por una lógica que reproduzca un sistema de relaciones desiguales, y de ser así, la direccionalidad en la construcción de política pública remitirá a un proceso de despolitización de la sociedad, propio de la separación de clases y la profundización de brechas sociales. Por el contrario, la participación ciudadana en construcciones con un modelo emergente (Bottom Up), genera condiciones para el ejercicio de una ciudadanía crítica en tanto es proclive a la democratización de instancias de poder, genera condiciones para un reordenamiento de las estructuras sociales a fin de concretar horizontalidad y trabajo colaborativo.

La constitución del sujeto político es posible desde el campo de las políticas públicas educativas cuando la ciudadanía es involucrada desde los procesos diagnósticos, desde la conformación de equipos de trabajo, desde la misma enunciación de las políticas, y pasa a desarrollarse un proceso tal y como lo ha descrito Gramsci con respecto al papel formador del Estado, considerando además la lógica de Simón Rodríguez, Luis Beltrán Prieto Figueroa, esto es, como un núcleo, como un todo imbricado y articulado entre los diferentes entes de la sociedad.

Un liderazgo real, auténtico, tributará a la participación ciudadana en todos los espacios posibles, no desde la jefatura, sino desde el tejido armónico que es capaz de generar y producir desde el convencimiento y el testimonio. Y, eso, en educación, está haciendo mucha falta.

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[1] Teoría de la Actividad. Proveniente de la escuela de AlekseiLeontiev, Lev Vygostki, VladymirDavydov, basa su planteamiento en la idea de la actividad como catalizadora de la mediación cultural.

[2] Una reconstitución del Estado como figura ante el prelado del mercado en las décadas de los 70’s a los inicios del siglo XXI, sumado ello al progresismo latinoamericano devenido a partir del año 2000 en adelante y en pugna aún tras un resurgimiento de sectores pro-mercado.

[3] Poeta y comediante romano entre siglos II y III d.C.

 

[4]PP: políticas públicas.

[5]El Príncipe. Originalmente publicado en 1532.

 

Autor: Alixon Reyes

Fuente de la Información: http://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/1674/pdf

 

 

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Educación Pública en México: Continuidad de la Tecnocracia

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

¿Hay continuidad, sin ruptura, del Proyecto Educativo tecnocrático en México? Todo parece indicar que sí; en efecto, se observa continuidad, no ruptura; éstos son algunos de los argumentos y evidencias:

 

I

Debido a que el Proyecto Educativo tecnocrático fue instaurado desde el sexenio 1989-1994, a través del “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica” (1992), y mediante el proceso “Modernizador” de la Educación Pública durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, podemos afirmar, con evidencia, que este proyecto abarca un periodo de ejecución de más de 30 años. En realidad, los contenidos, el lenguaje, las estrategias y las prioridades establecidas en las políticas públicas educativas desde entonces, se han mantenido y fortalecido a lo largo de los cuatro sexenios siguientes (Zedillo, Fox, Calderón y Peña).

El documento “Hacia un nuevo Modelo Educativo”, que la SEP dio a conocer en el marco del Programa para la Modernización Educativa (PME, 1989-1994), es el referente más destacado de la introducción del proyecto tecnocrático en la educación (también conocido como gerencialismo) en la escuela pública. El PME y el llamado “nuevo Modelo Educativo 1989-1994” formaron parte de esa serie de políticas públicas orientadas hacia la “modernización”; concepto fundamental en el discurso político del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Cuando en alguna ocasión afirmé en este mismo espacio que el actual Modelo Educativo 2017 (del sexenio de Peña Nieto) no es tan “nuevo”, no significaba que los planteamientos anteriores habían sido innovadores o que hubieran reunido la más alta consistencia interna, desde el punto de vista educativo y pedagógico. Más bien lo que traté de señalar es que los elementos principales del discurso actual son los mismos que se habían expresado desde hace más de 30 años, como sucede con los términos de “Calidad y Excelencia” de la Educación. Así, el esquema “modernizador” fue diseñado para ir más allá de una coyuntura política, pues tenía una intencionalidad clara, explícita y de más largo plazo: favorecer o impulsar a las economías locales, a través de mecanismos de liberación del comercio internacional. La educación pública en México quedó abierta, de este modo, a la globalización de las economías.

En particular y en ese mismo contexto, el discurso de la “Modernización Educativa” se ciñó al proyecto de lograr la “Calidad” como instrumento para reposicionar a México en el nuevo panorama mundial, que estaría marcado por las tendencias contrarias al proteccionismo económico, es decir, para apoyar la “liberación de las economías internacionales”. En una participación en Los Pinos, citada en el documento que hoy comento (“Hacia un nuevo Modelo Educativo”), Carlos Salinas de Gortari dijo lo siguiente: “En México actuamos convencidos que una educación de calidad es el medio estratégico para asegurar al país un lugar seguro y destacado en la nueva configuración mundial” (13 de diciembre, 1990). Después de 29 años, ¿México se encuentra en un lugar “seguro y destacado” en el nuevo orden “neoliberal”?

 

Desde entonces no ha habido una ruptura de ese paradigma, después de cuatro sexenios. Incluso, (y aquí propongo una hipótesis de trabajo), a ese periodo (1988-2018) se le podría interpretar como el tiempo de auge del discurso y de las políticas “Tecnocráticas y gerencialistas en la Educación Pública en México”, que sería un periodo equivalente al “neoliberalismo económico”, pero en el ámbito de la educación. La pregunta que surge es: ¿El gobierno de la 4T tendrá la capacidad y la voluntad política de girar completamente esa tendencia? ¿Estará en condiciones de provocar una ruptura paradigmática o simplemente dará continuidad al proyecto del “gerencialismo educativo”? Pues al parecer y según indican los acontecimientos, habrá “continuidad”.

Por lo que se observa en la arena parlamentaria, y los guiños que da Esteban Moctezuma y su equipo de colaboradores en la actual coyuntura, ante los medios, es un hecho que la “Continuidad”, va.

 

II

Es cierto que han trascurrido 30 años, desde que inició el sexenio de Salinas y 27 años desde que, en mayo de 1992, el presidente de la República llamó a elevar la “Calidad” de la Educación Pública (Básica) en México, a través de un instrumento de políticas públicas diseñado para el sector: el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Tiempo suficiente para enraizar una manera de hacer políticas educativas y para permear un discurso tecnocrático entre los diversos actores educativos.

Durante este periodo, la institución educativa llamada “escuela”, como unidad orgánica del “sistema”, ha sido convertida en una agencia administrativa, dispuesta para el control corporativo, (disfuncional, en términos de aprendizajes escolares), y total o casi totalmente desconectada de su esencia: la preparación o formación integral de los futuros ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, con un enfoque de derechos. Y si vamos más allá, la “tecnocracia” (que no “meritocracia”), impuso una noción de “escuela” en la cual se hacía implícito el significado de su existencia, que sería, sobre todo, impulsar un esquema de formación o de desarrollo de capacidades (Competencias) a favor de los educandos “para satisfacer tanto las necesidades locales como globales”.

El documento “Hacia un nuevo Modelo…” (1989-1991) resumía así sus intenciones: “El nuevo modelo educativo concluye con la exigencia de configurar perfiles de desempeño que respondan a las necesidades básicas de aprendizaje, para posteriormente traducir estos perfiles en contenidos de planes y programas de estudio de la educación básica. Los perfiles a su vez son parámetros de evaluación de la eficacia formativa de preescolar, primaria y secundaria.” Así comenzaron a expresarse los primeros discursos ya no tanto centrados en la “planificación”, sino en la “evaluación de la educación”.

Esa era la lógica de los tecnócratas y administradores de empresas en su discurso dominante y hegemónico sobre la manera de pensar la escuela pública. ¿De dónde salieron las nociones de análisis «FODA» (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que usan hoy los directivos de la escuela pública? ¿Qué raíz teórica y metodológica tiene la redacción de nociones como «¿Misión», «Visión» y «Políticas de Calidad» en la escuela? ¿Cómo surgieron los conceptos de «eficiencia», «eficacia» o “mejora continua” en el ámbito educativo, del que se apropiaron (por inducción) tanto maestros como directivos escolares?

 

Dispositivos conceptuales tecnocráticos como “Excelencia” Educativa, y la aceptación tácita y explícita, en el texto Constitucional, de términos o frases como “Máximo logro de aprendizaje de los educandos”, dan cuenta de esta lógica tecnocrática, gerencialista, pragmática, que sólo ha significado, con sobre cargas acríticas, reducir los conceptos educativos y pedagógicos a expresiones técnicas, mensurables, instrumentales. Los elementos de su discurso son elocuentes y congruentes con esa ideología: Los directivos escolares convertidos, en los hechos, en “gerentes”, y los docentes transformados en “técnicos”, en “recursos humanos” entrenados o “evaluados como idóneos” (en lo individual) para aplicar y desarrollar las competencias y los aprendizajes esperados en el aula.

El primer paso de la continuidad del proyecto tecnocrático educativo, durante el inicio del gobierno de la 4T, si no sucede otra cosa, será el decreto de modificaciones al texto Constitucional (sobre todo del Articulo 3o.), que se aprobará en estos días en la Cámara de Diputados federal.

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/03/26/educacion-publica-en-mexico-continuidad-de-la-tecnocracia

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Entrevista Ángel Gallegos Cárdenas: La mejora de conectividad debe ir acompañada de estrategias que ayuden a comprender su uso

Por Brechacera.com

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y particularmente el acceso a banda ancha, conforman una herramienta importante en el sector educación. Sin embargo, es necesario que las autoridades de América Latina trabajen sobre los usos que docentes y estudiantes puedan darle a estas herramientas para así potenciar su digitalización. Miguel Ángel Gallegos Cárdenas, quien Director del Programa de Alfabetización Digital de REDEM

Esta es la discusión central de la segunda parte de la entrevista que Brecha Cero realizó a  Miguel Ángel Gallegos Cárdenas, quien Director del Programa de Alfabetización Digital de la Red Educativa Mundial (REDEM). Gallegos es licenciado en Administración, Maestro en Desarrollo y Planeación de la Educación y actualmente estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana, además de ser un especialista en el análisis de tecnologías en educación.

La REDEM es una organización internacional cuyo objetivo es elevar el nivel educativo de estudiantes y docentes por medio de herramientas como Internet y las TIC.  En esta plataforma se debaten y ponen en común diferentes proyectos a nivel regional para retroalimentarse de esas experiencias.

Brecha Cero: ¿Qué estrategias deben tomar los distintos gobiernos de América Latina para potenciar el uso de las TIC en la Educación?

Miguel Gallegos: Sin duda, que aprender de los especialistas y hacerles caso sería una buena alternativa. En cada nación hay siempre universidades, centros de estudio, o instituciones de educación superior donde se abordan de manera especializada las formas en que se hace uso de las TIC. Personalmente sugiero que los gobiernos escuchen la voz de la academia, de los profesores, incluso de los estudiantes, antes de poner en marcha cualquier programa en tecnología educativa.

Muchas veces las políticas públicas vienen de arriba abajo y eso no contribuye a una buena implementación y por consecuencia trae malos resultados.

El manejo de recursos es un tema delicado, desde mi perspectiva muchos gobiernos se preocupan por invertir recursos en programas de tecnología educativa que muchas de las veces no son los más indicados para sus comunidades escolares o para las pretensiones que se tienen.

Los gobiernos deben ser muy claros en lo que quieren, mejorar el desempeño de sus estudiantes para que se incorporen a la sociedad mejor preparados, o solo pretenden incorporar TIC durante sus gobiernos para presumir que están abatiendo la brecha digital. Es fuerte, pero eso es lo cierto.

En ocasiones los recursos que se invierten ya no se recuperan, por ello sugiero planear profundamente, siguiendo los principios de la elaboración de políticas públicas. Es muy importante la planeación y lo que se pretende lograr cuando se pone en marcha algún programa.

Como decía no solo es dotar y brindar acceso a las TIC, los objetivos deben ir más allá de eso. Hoy es más importante brindar acompañamiento a los profesores, capacitación en línea y sobre todo presencial.

Considero que hoy, los gobiernos deben hacer que los docentes se sientan acompañados por sus autoridades educativas, que sepan que no están solos en este cambio cultural que la sociedad está viviendo. Los estudiantes son distintos a los de hace algunos años en que el contexto educativo era diferente. Hoy la tecnología enmarca los procesos educativos, por eso es tan importante acompañar a los docentes para que no se sientan solos en la inmensa labor que como profesor se tiene.

Finalmente, menciono en torno a esta pregunta que los gobiernos deben voltear a mirar sus modelos educativos. Estos son una normatividad muy trascendental, de hecho, el modelo educativo es lo que permite que se haga uso o no de las TIC en las escuelas. Por ello, hay que voltear a los modelos y preguntarse qué pretenden sus políticas educativas y sobre todo cómo están siendo implementados sus modelos pedagógicos, máxime si son convenientes para sus comunidades escolares.

Brecha Cero: ¿Qué mercados considera más avanzados en la región en lo que respecta a la incorporación de las TIC en el sector?

Miguel Gallegos: Según el último informe global sobre tecnologías de la información 2015, presentado en el Foro Económico Mundial (FEM) se puede identificar que en América Latina las cosas no están bien, se ve una brecha enorme entre los países del primer mundo y nosotros.

Entre los menos rezagados en América encontramos a Chile, Puerto Rico, Uruguay, Costa Rica y Panamá, estando por encima de Colombia, Brasil, Trinidad y Tobago, México, Perú y Argentina, lo que también marca una brecha entre los países latinos.

Desde mi perspectiva, coincido con estos datos, pues el primer bloque de países según el banco mundial, mantienen una buena economía, lo que se ve reflejado en un mejor uso de las TIC, entendido esto como una eficiente banda ancha, un uso cada vez más demandante de los diferentes sectores de la población y sobre todo la incorporación de las TIC en la agenda oficial de los gobiernos.

Creo que valdría la pena hacer un estudio más profundo de esto, considerando los tamaños de población de cada país, el estado socioeconómico y político, el nivel educativo, considerar las pruebas estandarizadas de los organismos internacionales entre otras variables para poder hacer un comparativo más preciso e identificar las diferencias entre los países de la región. Sin duda, aprender de los que van a la delantera.

Brecha Cero: ¿Qué aportes considera necesarios desde el sector privado para potenciar la adopción de las TIC en el sistema educativo?

Miguel Gallegos: Es una pregunta muy interesante, no es sencilla de responder, ya que están en juego decisiones gubernamentales, políticas públicas, contextos políticos y sociales de cada país, y sobre todo las decisiones de hacer o no inversión en los sistemas educativos.

Con la globalización económica las áreas de oportunidad que tiene el sector privado son muy grandes, pero en el ámbito educativo las posibilidades son un tanto limitadas, ya que las Constituciones Políticas de los países latinoamericanos impiden en la mayoría de los casos que el sector privado invierta de manera directa en la educación pública.

Considero que sería bueno algún tipo de alianzas entre los gobiernos y el sector privado, con el fin de unir esfuerzos y hacer sinergia para generar programas de actualización y capacitación digital a docentes y estudiantes de todos los niveles, además de generar un mejor acceso a dispositivos móviles para uso educativo, finalmente sería muy bueno incrementar el ancho de banda en los países latinoamericanos. Pero incrementarlo como eh venido diciendo para mejorar los usos. No basta tener rapidez en la conectividad si los usos siguen siendo solo de diversión y comunicación.

Brecha Cero: ¿Cuál es la importancia de la banda ancha móvil en la implementación de las TIC dentro de la educación?

Miguel Gallegos: Sin duda que la banda ancha juega un papel muy importante a la hora de revisar las economías de las naciones. Diversos estudios indican incrementos porcentuales significativos cuando la banda ancha incrementa. Eso es muy bueno.

Aunque los sectores que más se ven favorecidos son los de manufactura, servicios, gobierno, transporte y salud, principalmente. Educación queda un tanto rezagada, no se ven diferencias. Si las economías se ven favorecidas al mejorar la banda ancha, seguramente podría haber grandes incrementos en los sistemas educativos a la hora de usar las TIC, siempre y cuando se considere que la banda ancha también es otro factor en los sistemas educativos.

De diversos factores están llenos los sistemas educativos y para un correcto funcionamiento y resultados de lo que con ellos se pretenda, todos los elementos deben trabajar armónica y acertadamente para lograr los objetivos planeados.

El acceso a dispositivos móviles, con una banda ancha cada vez más potente creo que no traería beneficios cuando de educación se trata. Digo ello, no por ser pesimista, sino porque estoy consciente de que los usos que se vienen dando a estos dispositivos, no son usos educativos. Por ello, a la par de incrementar la banda ancha móvil, considero que se deben generar programas de concientización de la tecnología, de uso educativo y de cultura digital para que tengan sentido en la educación, incrementar la banda ancha, pero de buenos usos de la tecnología en la educación.

Por otro lado, se dice que el objetivo de mejorar la banda ancha utilizada en los sistemas educativos contribuiría con la intención de extender la educación a todos los rincones de cada nación. Sin embargo, parece que ello no ha sido suficiente. Resta mucho por hacer en ambos casos en los países de Latinoamérica, tanto mejorar la banda ancha, como contribuir a la cobertura y extensión de las matrículas escolares y en todos los niveles educativos.

A mayor flujo de información, mayor inmediatez en las operaciones, transacciones, descargas y en todos los procesos digitales, algo muy bueno. No tengo la menor duda que mejorar la conectividad puede ayudar a muchas cosas en todos los sectores de la sociedad, pero antes que ello, debemos ayudar a las personas –sobre todo si son estudiantes o profesores– a estar conscientes de los usos que den a esa conectividad.

Fuente de la entrevista: https://edition.cnn.com/2018/09/28/us/holocaust-taught-oregon-trnd/index.html

 

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Uruguay: CAF sugiere acciones para bajar abandono estudiantil

América del Sur/Uruguay/20.08.18/Fuente: www.elpais.com.uy.

Se presenta hoy un informe con nueve recomendaciones.

El abandono escolar y liceal no es solo un problema de Uruguay, sino que atraviesa a buena parte de los países de América Latina. Un informe de la CAF —banco de desarrollo de América Latina— y de la ONG Results for Development (R4D), que será presentado en Montevideo, expone una serie de recomendaciones para reducir los c

Para frenar los índices de abandono escolar en la educación secundaria, el informe propone nueve recomendaciones, que deben implementarse teniendo en cuenta la perspectiva de género, basadas en la calidad de los entornos de aprendizaje, enfoques inclusivos y participativos, datos y focalización, coordinación e inversión en capacidad escolar.

Recolectar datos veraces sobre estudiantes y programas, involucrar más a los padres y a las familias, mejorar la calidad de los docentes e incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas educativas, son algunas de las recomendaciones que el informe Políticas para mejorar la permanencia y culminación de la educación media en América Latina y el Caribe, elaborado por ambas instituciones.

Experiencias.

La publicación, basada en el análisis de cuatro iniciativas escolares en México y Chile, destaca que actualmente solo el 59% de los estudiantes latinoamericanos completan la educación secundaria —siendo las mujeres quienes registran mayores índices de culminación de estudios—, una tasa muy inferior a la esperada considerando que la educación secundaria es obligatoria para la mayoría de los países de la región.

Aunque la desvinculación de la educación secundaria varía significativamente entre países, el informe sugiere que condiciona el crecimiento económico y contribuye a la propagación de la economía informal, que actualmente emplea a prácticamente la mitad de los trabajadores latinoamericanos.

Además, las personas que se desvinculan tempranamente de la escuela tienden a pasar más tiempo desempleadas y a tener menos herramientas para abordar los desafíos que surgen durante y después de su educación.

«En los últimos 20 años América Latina ha logrado importantes avances en cuanto al acceso a la educación secundaria, tanto entre hombres como en mujeres. De todas formas, los altos niveles de abandono de la escuela secundaria suponen un freno para el desarrollo socioeconómico de la región, y exigen soluciones coordinadas para lograr que más estudiantes puedan terminar sus estudios y contribuir desde sus futuros empleos a aumentar la productividad y la competitividad de América Latina», explica Julián Suárez, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de CAF.

 

Fuente de la noticia: https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/caf-sugiere-acciones-bajar-abandono-estudiantil.html

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