Políticas Públicas

Las zonas más afectadas por estas desapariciones son la frontera norte y el centro del país.

Tan solo en cuatro años, de los 57 casos registrados en 2010 se pasó a 612 para 2014, lo que representa un aumento de 974 por ciento, informó el director de la Redim, Juan Martín Pérez García, en el seminario impartido en línea Niñez desaparecida, convocado por Cimac.

La organización ha documentado que las adolescentes entre 15 y 17 años de edad son el principal perfil de ataque contemplado por las redes criminales de trata de personas: siete de cada 10 adolescentes desaparecidos son mujeres. Pérez García señaló que se tiene identificado un patrón común de edad, rasgos y zonas geográficas donde ocurren los hechos.

Las entidades donde sucede este crimen de lesa humanidad tienen una correspondencia con las regiones perpetradas por el crimen organizado y grupos criminales, de acuerdo con los datos recabados por la Redim.

En la frontera norte, Tamaulipas registró de 2006 a 2014 la desaparición de mil 629 niñas y adolescentes menores de 17 años, la entidad con mayor número de casos; le sigue Baja California con 257 casos y Coahuila con 193 desaparecidas.

El centro del país es otro de los focos rojos ubicados por la Redim. El Estado de México —que en los últimos años se ha representado como un caso paradigmático, indicó Pérez García— registró 386 casos, es la segunda entidad con mayor reporte de adolescentes desaparecidas.

En Guanajuato se contaron 263 casos, en Puebla 236, la Ciudad de México tuvo 169 desapariciones, Jalisco 139 y Michoacán 123.

NIÑOS, ADOPCIÓN ILEGAL Y VENTA

Este vínculo delictivo también ha correspondido con otro sector de la niñez: niños varones menores de cuatro años. En el mismo periodo, 2006 a 2014, mil 902 niños desaparecieron, “lo que da cuenta de que la desaparición de niños pequeños está asociada a adopción ilegal y venta de niños”, dijo Pérez García.

Aunque destacan las entidades con cientos de casos, el director de la Redim alertó que la desaparición de la juventud y niñez es una situación generalizada en todo el país. El organismo contó entre 2006 y 2014, seis mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes, de 0 a 17 años de edad, desaparecidos.

PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA

Pérez García destacó que las acciones militares emplazadas por el Estado mexicano para abatir a estos grupos criminales no han logrado garantizar la seguridad de la niñez y juventud; por el contrario, han generado un miedo generalizado en el país.

El escenario se torna complicado debido a la ineficiencia de los sistemas y procesos normativos para la búsqueda de adolescentes y niñas desaparecidas. El especialista explicó que las entidades donde han desaparecido más mujeres son las que menos Alertas AMBER (sistema de anuncios de desapariciones) se han emitido.

Además, dijo, “organizaciones civiles han exigido por años la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para las acciones preventivas para aquellos casos de víctimas de violencia y desaparición”; sin embargo, su negación trae como consecuencia que las víctimas no logren ser localizadas o terminen siendo víctimas de feminicidio en la mayoría de los casos, afirmó Pérez García.

“Estamos tratando de que a partir de que se denuncie la desaparición, sin que se interponga una denuncia penal, se inicie la búsqueda”, pues en la mayoría de las entidades se tiene que esperar 72 horas para la localización, “horas vitales para la vida de las adolescentes”, dijo el especialista.

PROTOCOLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La Redim ha manifestado al gobierno mexicano la necesidad de incluir en la nueva Ley General de Personas Desaparecidas un capítulo específico sobre la niñez y juventud desaparecida que permita generar un protocolo más eficiente de búsqueda con perspectiva de género. Para ello, dijo el especialista, se deben implementar sistemas de búsqueda inmediata y programas de acompañamiento social que contemplen las particularidades de cada caso.

La agrupación pide también crear una base de datos oficial que contenga información desagregada con el fin de reconocer la magnitud del problema, un contexto normativo que dé sustento a la ley y acompañamiento a los familiares de víctimas desaparecidas.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es la instancia encargada de atender la problemática, pero no ha logrado establecerse, debido a la falta de voluntad de otras entidades, apuntó Pérez García.

“El resultado es que hoy no tenemos prácticamente ninguna actuación, ni preventiva, ni de cambio en las normativas para que puedan esclarecerse los seis mil 700 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos”, agregó el especialista.

ANTE IMPUNIDAD, INSTANCIAS INTERNACIONALES

La desaparición de mujeres adolescentes es poco visible, sobre todo al ser “intencionalmente opacada y ocultada” por el gobierno mexicano, con el fin de no asumir su responsabilidad, no solo a escala nacional, sino con instancias internacionales, explicó Pérez García.

El representante de la Redim dijo que la mayoría de los casos se mantiene en la impunidad debido a la ausencia de las autoridades: “Es imposible que un número tan alto de personas desparezca sin que ninguna autoridad pueda percatarse de ello, tenemos que tener claro que el Estado mexicano no está respondiendo a la realidad”.

CRISIS HUMANITARIA

Esta situación, aseveró, ya ha sido señalada por diversas organizaciones internacionales como un crimen de lesa humanidad que puede ser considerado como una crisis humanitaria y de derechos humanos (DH) en el país.

Ante la falta de acciones, el camino que han considerado las organizaciones y la sociedad civil es acudir a los órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la Redim ya tuvo una audiencia en abril de 2016. Ahí destacó la importancia de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de la defensa de los DH y señaló al Estado mexicano la necesidad de generar acciones para la juventud y niñez.