Políticas Públicas

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México: Oaxaca apuesta por el Software Libre

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San Raymundo Jalpan, Oaxaca.-

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la XLIII Legislatura, propuso la iniciativa de Ley de Fomento a la Creación, Desarrollo, Utilización y Difusión del Software Libre y Código Abierto del Estado de Oaxaca, para promover y garantizar que la entidad sea parte de la revolución tecnológica.

La propuesta tiene como objetivo primordial, la promoción de la cultura de la utilización del software libre y código abierto, así como el desarrollo de nuevas tecnologías que permita ser una plataforma del impulso económico de Oaxaca.

Con esta iniciativa, se crea el Laboratorio de Software libre, que llevará por siglas LABSOL, siendo la instancia dependiente del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, y que deberá promover y garantizar que en Oaxaca se desarrolle software libre para ser utilizado sin costo alguno.

En este sentido, Molina Espinoza explicó que las y los oaxaqueños contarán con las posibilidades de ejecutar, copiar, estudiar, distribuir y mejorar los programas para que sean más eficientes en las tareas que realizamos.

“Este esquema de apertura o libertad de acceso a esta tecnología es una herramienta poderosa para el desarrollo social, una forma de coadyuvar a su aplicación en la vida cotidiana”.

El legislador agregó que la implementación de esta Ley representa un ahorro sustancial en los costos de los programas, porque en se contará con un organismo que ayudará a cualquier oaxaqueño en la instalación, mantenimiento, adecuación y mejora de los productos tecnológicos.

Con esta iniciativa, garantizamos a los oaxaqueños los derechos humanos de última generación, al acceso a las tecnologías y a su implementación en la vida cotidiana, además de colocar a Oaxaca a la vanguardia del acceso tecnológico de países como Alemania, Brasil, Cuba, España, Francia, entre otros, que han diseñado estrategias para la utilización total del software libre en sus diversos niveles de gobierno finalizó.

Fuente: http://www.tvbus.tv/web/2017/02/21/propone-irineo-molina-ley-utilizacion-del-software-libre/

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España: Siete comunidades aplazan las oposiciones de docentes por el bloqueo de los Presupuestos

Noticias

Europa/España/25 Febrero 2017/Fuente: El país

Andalucía, País Vasco y Cataluña sí convocan en 2017 y otras cinco regiones aguardan la negociación del Gobierno para tomar una decisión contra reloj

Es un jarro de agua fría para miles de aspirantes que llevan años preparándose para ser profesor o maestro en los colegios e institutos españoles. Siete comunidades autónomas han decidido aplazar un año la convocatoria de oposiciones docentes por el bloqueo en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Otras cuatro (Andalucía, País Vasco, Cataluña y Baleares, aunque esta última solo con plazas que había reservado en 2016) siguen adelante y el resto aguardan a que se desbloquee la situación que se podría solventar por una vía alternativa. Los sindicatos estiman que hay más de 50.000 plazas en juego en 2017. El Gobierno habla de 150.000 previstas para toda la legislatura.

La clave para fijar el número de plazas está en la tasa de reposición. Es el porcentaje de vacantes de funcionarios públicos que se cubren de aquellos que se marchan (por jubilación o enfermedad, principalmente). El Gobierno fija esa tasa -que en 2016 fue del 100%- dentro de los presupuestos. Pero no solo. Se puede hacer también mediante Real Decreto Ley, como ya han solicitado algunas comunidades al Gobierno para intentar ponerlas en marcha cuanto antes. Ocurrió a finales de 2011.

El PP aprobó entonces un real decreto de medidas urgentes en el que establecía precisamente una tasa de reposición del 10%. El número de profesores que trabajan en precario, los interinos, es del 20%, según datos del Ministerio de Educación. Preguntado a este respecto, un portavoz del Ministerio de Educación señala que aprobar esa medida “corresponde a Hacienda”. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado este viernes que «si hubiera Presupuestos Generales del Estado sería mucho más sencillo». El de Hacienda, Cristóbal Montoro ha reiterado que hasta que no haya presupuestos no se va a tomar ninguna decisión. Fijar una tasa de reposición mediante real decreto desbloquearía también el resto de oposiciones pendientes, como las de jueces y fiscales.

Hay comunidades que no han convocado ni una sola plaza de profesor en los últimos cinco años y que esperaban empezar a recuperarlas en 2017. “No podemos ser un arma política, los políticos tienen que arreglar esta situación”, ha reclamado este viernes en una rueda de prensa Mario Gutiérrez, representante del sindicato CSIF. “Las comunidades autónomas chantajean al Gobierno con el empleo y el Gobierno les chantajea con los presupuestos”, ha lamentado Gutiérrez, que recuerda que las oposiciones para maestros y profesores “no aumentan el gasto del estado porque el convenio de trabajo de los profesores interinos [funcionarios sin plaza] les da retribuciones iguales a los fijos”.

Siete comunidades aplazan las oposiciones de docentes por el bloqueo de los Presupuestos

El Ministerio de Educación, según diversas comunidades, ya ha avisado a las regiones de que, si convocan oposiciones sin que la tasa de reposición esté fijada, el Gobierno las podría impugnar como ya ocurrió en Andalucía en 2012. La Junta de Andalucía convocará este año oposiciones para docentes “sí o sí”, según confirmó la presidenta, Susana Díaz, en el Parlamento autonómico. La oferta de empleo público se eleva a 2.486 plazas. La Administración autonómica esgrime que tiene competencias plenas en Educación, que se trata de un servicio esencial y que la convocatoria no afecta ni a las limitaciones de plazas impuestas por el Gobierno central ni al cumplimiento del déficit.

El Tribunal Constitucional, tras un recurso del Gobierno central, suspendió en septiembre de 2012 las oposiciones para 2.389 profesores en Andalucía, a las que se inscribieron 33.154 personas. Los magistrados justificaron su decisión en las restricciones para la reposición de funcionarios docentes, “la difícil reparación de las situaciones jurídicas que pudieran consolidarse” y en “la necesidad de preservar la contención del gasto público en el actual contexto económico y financiero de reducción del déficit”.

Además de Andalucía, Cataluña prevé aprobar unas 2.000 plazas para finales de año y País Vasco ha publicado ya el proceso en su boletín con otras 740. Baleares, por su parte, ofertará seguro 250 plazas que tenía previstas desde 2016 y podría llegar a doblar hasta 500 si se soluciona el asunto de la tasa de reposición.

En el extremo opuesto están las que ya han anunciado que no convocarán este año. Son siete regiones: Castilla La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Aragón, La Rioja y Navarra y este viernes por la tarde se ha sumado también Murcia, según los datos recabados por este periódico. A ellas se suma Comunidad Valenciana, que ya había fijado previamente su convocatoria en 2018 sin que esté relacionado con este asunto.

Y quedan otras cinco más en compás de espera pendientes de las negociaciones del Congreso de los Diputados y que sopesan, además, si es buena idea convocar en sus regiones cuando no lo han hecho las del entorno, lo que puede provocar un efecto llamada. Son Madrid, Cantabria, Canarias, Asturias y Galicia.

Los plazos son muy apretados porque lo habitual es convocar para junio y que los nuevos funcionarios se incorporen a las aulas en septiembre. En Canarias se han puesto como límite el 1 de marzo para decidir si convocan o no este año. Madrid también está pendiente. La Xunta de Galicia, en manos del PP, prometió hace apenas semanas sacar a concurso en 2017 unas 3.000 plazas de empleo público, un millar de ellas en Educación. El Ejecutivo gallego ha anunciado que acatará la orden recibida del Gobierno central para dejar en suspenso las convocatorias hasta que Mariano Rajoy no logre apoyos políticos para sacar adelante en el Congreso los presupuestos. Y sostienen que si las cuentas públicas no se aprueban antes de mediados de abril no dará tiempo a celebrar las oposiciones para que los nuevos profesores ocupen sus plazas en el curso 2017-2018. El presidente Feijóo sostiene, como viene manteniendo hasta ahora el Gobierno central, que es “imprescindible” aprobar los presupuestos para que se puedan convocar plazas. A finales de 2011, sin embargo, no fue así.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2017/02/24/actualidad/1487939995_104924.html

 

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Colombia: Mineducación rinde cuentas sobre su gestión, pero evita entrar en polémicas

Noticias

América del sur/Colombia/25 febrero 2017/Fuente: Semana 

La cartera educativa y el SENA realizaron un balance sobre sus programas en el Foro Colombia Educada: Logros y Retos. Sin embargo, quedó en la incógnita la controversia por norma que equipara a universitarios con técnicos.

Los más altos representantes del gobierno en materia educativa se dieron cita en el ‘Foro Colombia Educada: Logros y Retos’, convocado por la Fundación Buen Gobierno, para presentar una rendición de cuentas de lo que la administración de Juan Manuel Santos ha hecho en el sector en estos casi ocho años. Entre los asistentes y ponentes estuvieron la ministra de Educación, Yaneth Giha; el director general del Sena, Alfonso Prada, y el director ejecutivo de la Fundación, Martín Santos, quien, además, presidió el evento.

Durante su conferencia, Giha hizo un recuento de los avances en las áreas de educación básica, primaria, media y superior y en programas como Ser Pilo Paga, bilingüismo, gratuidad educativa y excelencia docente, entre otros. También abordó la estrategia trazada a propósito de los nuevos escenarios de paz.

“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, es por eso que tenemos la meta de llegar a ser el país más educado en 2025. Hemos llegado al día de hoy a un nivel de cobertura del 97,4% en educación media y nuestro índice de deserción está por el 3,26%”, dijo durante su intervención.

La ministra contó que 500.000 estudiantes de colegios oficiales de todo el territorio estudian bajo la modalidad de la jornada única, y que para el 2017 se espera que el número ascienda a 1 millón de los 10 millones de estudiantes que hay en el país.

En cuanto a educación superior, Giha hizo énfasis en el incremento de la cobertura que ya alcanza el 57 %. Frente al posconflicto, espera que esas cifras de acceso también caractericen las zonas más golpeadas por la violencia. Y que la calidad de la oferta sea una realidad como ya sucede en las ciudades más importantes del país. “Vamos a superar las brechas que dividen Colombia. La idea es que no existan esas brechas que dividen lo rural de lo urbano”, puntualizó.

Por su parte, el director del Sena, Alfonso Prada, dio una conferencia sobre el papel de esta entidad como articuladora de oportunidades laborales y emprendimiento. “El Sena es la joya de la corona en la educación, así me lo dijo el presidente cuando me dijo que sería yo sería su director. Mi tarea es poder brindar pertinencia y calidad al sector educativo, relacionándolo con el laboral”, dijo.

Según cifras presentadas por Prada, el Sena cuenta con 138.430 aprendices, de los cuales 71.232 ya se encuentran empleados. En 2014, la entidad de formación para el trabajo tenía alianzas con 16.015 empresas; hoy en día cuenta con 145.000, lo que significa mayor oferta laboral para sus estudiantes.

El Snet pasó desapercibido
Durante el foro, la cartera educativa repasó todas las metas y logros alcanzados a lo largo de los dos periodos de la presidencia de Santos. Sin embargo, hubo un gran ausente en este listado de éxitos que, además, ha sido tema de polémica en las últimas semanas: el Sistema de Educación Terciaria (Snet). Esta política del gobierno pasó de agache y ni la ministra ni Alfonso Prada hicieron mención explícita al tema, aún cuando esta iniciativa representa una sinergia entre el Ministerio y el Sena.

Para eliminar la brecha entre las diferentes modalidades de formación de educación superior, el MEN, junto con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de las TIC y el Sena desarrollaron el Snet. Esta política pública, que lanzó la exministra Gina Parody, busca configurar una nueva perspectiva educativa para que los estudiantes puedan tener mayores posibilidades formativas y de movilidad entre los niveles educativos, además de compensar el bajo reconocimiento que tienen programas de formación técnica, tecnológica y de educación para el trabajo y el desarrollo humano en comparación con los universitarios.

La medida surge en un momento en el que el desempleo juvenil en el país se sitúa en el 15,3 % y el mercado está saturado con el número de egresados universitarios, de acuerdo a cifras de la cartera de Trabajo.

“El Snet quiere poner en igualdad de condiciones al sistema técnico y al universitario. La educación superior está desarticulada, porque hoy los tecnólogos y los técnicos están debajo de los profesionales, cuando no debería ser así”, indicó Padory durante la presentación de la estrategia en mayo de 2016.

Tan polémico ha sido el Snet que generó la renuncia del profesor Pedro Prieto como miembro del Consejo Nacional de Educación Superior. También ha recibido fuertes críticas de diferentes rectores de universidades de renombre, quienes no han dudado en rechazar públicamente la supuesta intención del Ministerio de aprobarlo por la vía rápida. Es decir, sin el beneplácito del Congreso de la República. Uno de los más críticos fue Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional, que en una carta abierta aseguró que “aprobar vía fast track una reforma a la educación superior deslegitimaría cualquier acuerdo, limitaría las acciones que las universidades públicas vienen implementando para atender las necesidades en educación en el escenario del pos acuerdo y despertaría dudas que podrían empañar y desvirtuar el propósito de la paz”.

Por el momento, ante la incertidumbre de qué va a pasar con el Snet, una vocera del MEN aseguró a Semana Educación que la consolidación de un sistema como este se tiene que dar, pero no por “fast track”, así exista una necesidad de cerrar brechas humanas en las zonas del conflicto de manera inmediata. “Se necesita un consenso entre los diferentes actores involucrados para que haya un acuerdo”, señaló la misma fuente y añadió que, mientras se resuelva esta polémica, se está buscando un componente que articule un lenguaje entre el sector productivo y el educativo para que haya pertinencia en la educación. Esto se hará a través del mejoramiento del Marco Nacional de Cualificaciones que ordena el Plan de Desarrollo. El primero que se presentará será el de las TIC, una guía para saber qué tipo de talento humano están buscando las empresas en este sector.

La única mención que hizo Giha sobre el Snet en el Foro es que el gobierno trabajará en las rutas educativas para que técnicos y tecnólogos puedan seguir formándose. “Esa parte se tiene que seguir hablando con las universidades para que haya una verdadera oferta educativa pertinente”, concluyó.

El problema de La Guajira
En cuanto a la reciente intervención del gobierno en el departamento de La Guajira, que ha presentado serias falencias en el manejo de los recursos por culpa de la corrupción, Yaneth Giha señaló varios temas preocupantes relacionados con la mala calidad de la prestación del servicio educativo: todavía hay 15 mil niños que no están matriculados en ningún colegio; se presentan inconsistencias en los informes financieros y los gastos administrativos superan lo aprobado.

Por todo ello, el Ministerio de Educación (MEN) será el que asuma el manejo directo de la educación en el departamento que hasta hoy estaba en manos de la Secretaría departamental y las de Riohacha, Uribia y Maicao. La medida hace parte del paquete de intervención a la administración del departamento que se dispuso este martes, luego de la reunión del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) para analizar las situaciones excepcionales que se vienen presentando en esa zona del país. Además de la educación, el gobierno nacional asumirá también el manejo de la salud y agua potable.

Con la intervención, los 513.000 millones de pesos que se transfieren desde Bogotá a la educación de La Guajira serán manejados directamente por el MEN. La ministra dijo durante el foro que la medida busca garantizar el servicio a 217.000 niños y jóvenes del departamento, pues hoy se encuentra en riesgo.

A su vez, el informe del Conpes da cuenta de contrataciones sin el lleno de los requisitos legales e irregularidades en el reconocimiento de horas extras de maestros. Tampoco hay registros de entrega de dotaciones a docentes e instituciones educativas en varios años, y se contemplan pérdidas de recursos de la Nación de los que no existe reporte ni información.

En alimentación escolar, durante el segundo semestre de 2016, en 12 de los 15 municipios del departamento no se ejecutó el dinero destinado para la prestación del servicio. En el caso de Riohacha, ya hay un proceso de investigación por parte del a Fiscalía. Es por eso que el MEN también asumirá todo lo referente al manejo de los recursos de la alimentación escolar.

Según explicó Giha, la intervención durará tres años, lapso que podrá acortarse si el departamento logra las metas del Plan de Desempeño de manera anticipada.

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El mundo al revés

Carolina Vásquez Araya.

Por: Carolina Vásquez Araya

El sufrimiento de los migrantes trae de golpe la sombra fascista.

Largas filas de seres humanos a punto de congelarse en los campos europeos dejan en clara evidencia el pasmoso retroceso en el respeto y la preeminencia de los derechos humanos a nivel mundial, así como la anulación práctica y visible de todo tratado internacional firmado con el propósito de colocarlos en el primer lugar de las prioridades de los Estados. Mujeres, hombres y niños desplazados de sus países de origen por guerras provocadas y financiadas con el único objetivo de apoderarse de sus riquezas, es el más inmoral de los escenarios.

Pero de acuerdo con los cánones del libre mercado, esa estrategia de dominación se traduce como liderazgo, política económica, uso inteligente de los recursos disponibles, aunque sus legítimos propietarios den la vida por protegerlos. Es lo que sucede en los países en vías de desarrollo con sus riquezas minerales, hídricas y vegetales, algo que probablemente muchos de ellos no quisieran haber tenido para evitar el peligro de ser invadidos por las naciones más poderosas.

Pero no son solamente las caravanas humanas presentes en las fronteras europeas, también nuestro continente sufre de esa migración indetenible hacia el norte, con miles de personas cuyo futuro está centrado en alcanzar el sueño americano. Ese sueño muchas veces frustrado en el camino por obra y gracia del crimen organizado y la extenuante travesía por uno de los desiertos más hostiles del planeta.

Un comentario del artista Juan Manuel Díaz Puerta durante una interesante conversación hacía énfasis en lo absurdo de pretender dividir a los continentes por colores: negros en África, “cafecitos” en América Latina, blancos en las potencias occidentales, como si aquel fuera el contexto ideal para regresar al supuesto ideal de la pureza racial, un concepto siempre presente pero reeditado por fuerzas políticas de corte fascista que empiezan a invadir las posiciones más relevantes. Es el mundo al revés. Es el regreso del nacionalsocialismo con toda la fuerza de su política represiva y estratificadora.

Las migraciones han existido desde el surgimiento de la Humanidad, millones de años atrás. El ser humano, al igual que todas las especies animales, busca los recursos de supervivencia y, para ello, se establece pero también emigra cuando no encuentra lo necesario en su lugar de origen. Es parte de la naturaleza, por eso una interpretación extrema de las leyes del capitalismo nunca podrá eliminar ese derecho ancestral.

La crueldad de las políticas anti inmigrantes –en Europa como en Estados Unidos- castiga con toda su fuerza a una población eminentemente pacífica. La inmensa mayoría de migrantes son mujeres, ancianos y niños, las primeras víctimas de la violencia de las guerras. Esas conflagraciones los han arrojado a una tierra de nadie, sin esperanza alguna de encontrar al fin un sitio para vivir en paz. Los migrantes son, ni más ni menos, el saldo humano de operaciones bélicas planificadas y perpetradas por los países más poderosos con el fin de extender su dominio y apoderarse de toda la riqueza de las naciones más débiles. Para ello cuentan con la complicidad de gobernantes locales, venales y corruptos, capaces de entregar su patria a la voracidad de las grandes corporaciones y los gobiernos que las cobijan.

La migración humana dio origen a la diversidad cultural y en ella reside la esencia misma de la evolución humana. Detener ese flujo para buscar la pureza étnica como el objetivo último o para protegerse de una amenaza terrorista provocada, al fin de cuentas, por esas mismas políticas racistas, resulta la más absurda de las ironías.

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/el-mundo-al-reves/

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Amnistía Internacional critica la falta de acogida de refugiados y las devoluciones en caliente de España

Noticias

España/23 febrero 2017/Fuente: La Informacion

  • Según el informe de Amnistía Internacional, España está a la cola de la UE en cuanto a acogida de refugiados.
  • Además, denuncian que España utiliza el delito de ‘enaltecimiento de terrorismo’ para limitar la libertad de expresión y que no investiga “eficazmente” denuncias de tortura.

España se encuentra “a la cola” de la UE en la reubicación de personas refugiadas que huyen de conflictos armados o de graves violaciones de derechos humanos, mientras utiliza el delito de ‘enaltecimiento de terrorismo’ para limitar la libertad de expresión, no investiga “eficazmente” denuncias de tortura y otros malos tratos ni permite que se indague sobre crímenes contra el derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Éste es el resumen que Amnistía Internacional (AI) hace de España en su último informe anual, hecho público este miércoles y en el que repasa la situación de los derechos humanos en 159 países durante el año pasado y aporta algunos datos globales: 36 de ellos violaron el derecho internacional devolviendo a personas refugiadas a Estados donde corrían peligro, en al menos 23 se cometieron crímenes de guerra y en 22 se mataron a defensores de los derechos humanos.

El informe indica que los políticos que se valen de una “retórica tóxica y deshumanizadora” basada en el “nosotros contra ellos” están creando un mundo más dividido y peligroso sometido a una “política de demonización” que se elabora en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, y que no se recuerda desde que el nazismo triunfó en la década de 1930.

 ESPAÑA, A LA COLA DE LA UE

España no se quedó en 2016 al margen de ese menoscabo de los derechos humanos porque la acogida de personas que huyen de conflictos o de graves violaciones de derechos humanos sigue siendo insuficiente.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, apunta que el país llegó el año pasado a un 4% en su compromiso ante la UE de reubicación de personas refugiadas, por lo que “España se encuentra a la cola de Europa”.

“Si tenemos en cuenta el tercer trimestre del año pasado (el más consolidado), España sólo registró 6.500 solicitudes de asilo en comparación con 237.400 de Alemania, 34.600 de Italia, 20.000 de Francia o 9.200 del Reino Unido, lo que supone un 0,9% de las solicitudes de Europa. A pesar de no recibir prácticamente a casi nadie, el sistema de asilo en España no se ha reformado”, añade.

FRONTERAS “SELLADAS”

Por otro lado, el informe indica que en 2016 se siguieron produciendo expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla, donde las fronteras están “prácticamente selladas” para migrantes y solicitantes de asilo, especialmente de origen subsahariano. Beltrán recalca que “la situación en estos momentos todavía es preocupante” porque los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) están “sobrecargados” de personas y no hay garantías de protección para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género, personas del colectivo LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).

Además, ante los intentos de entrada y la llegada de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a las costas españolas, Amnistía Internacional denuncia la persistencia de expulsiones “en caliente” por parte de las autoridades españolas, así como la desprotección de las personas que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, aquellas procedentes de países en conflicto, con graves inestabilidades políticas, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como Siria, Irak, Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Mali, entre otros.

DISCRIMINACIÓN

En los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas como los gitanos. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc.

Además, la discriminación por motivos de religión o de creencias afecta a la población inmigrante en España en ámbitos de la vida como la educación y el empleo, pudiendo llegar a tener un impacto negativo en sus vidas a causa del aislamiento, la exclusión y la estigmatización a la que pueden llegar a ser sometidos. Las mujeres, además, pueden sufrir esta misma discriminación simplemente por llevar determinadas prendas, tal y como sucede en países como Bélgica y Francia, donde hay leyes que prohíben el velo integral en espacios públicos. También en España, algunas autoridades locales han introducido prohibiciones que se aplican en edificios e instalaciones municipales. En algunos colegios españoles también se ha llegado a prohibir el uso del pañuelo u otras prendas de vestir tradicionales y religiosas.

Los estereotipos y los prejuicios contra prácticas religiosas o culturales musulmanas también han ocasionado restricciones en el establecimiento de lugares de culto islámicos. Este tipo de discriminaciones se ven a menudo alimentadas por opiniones negativas procedentes de algunos partidos políticos y algunos sectores de los medios de comunicación, que obvian su responsabilidad de no reforzar ideas que puedan fomentar la intolerancia y la discriminación. Esta situación es denunciada en el informe Elección y prejuicio: discriminación de personas musulmanas en Europa, que recoge casos individuales de discriminación en países como Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Suiza.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por otra parte, Beltrán denuncia “la ambigüedad y la laxitud” de la reforma del Código Penal para definir el delito de ‘enaltecimiento de terrorismo’, que sirve para “limitar desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión”, como ocurrió con los titiriteros encarcelados por sacar un cartel en el que se leía ‘Gora Alka-ETA’ durante una representación de marionetas en Madrid (causa archivada el pasado mes de enero) o la condena a un año de César Strawberry, cantante de Def con Dos.

Amnistía recoge en su informe que en 2016 hubo nuevos casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y otros de malos tratos que no se investigaron con eficacia y exhaustividad.

Por ejemplo, Ester Quintana perdió un ojo en noviembre de 2012 al recibir una pelota de goma en una manifestación y los Mossos d’Esquadra quedaron absueltos el pasado mayo al no poder demostrarse quién había disparado. Ese mismo mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó por octava vez desde 2010 que los casos de torturas y malos tratos en España no se investigaban adecuadamente.

DESIGUALDAD

Por otro lado, para Amnistía Internacional, la Constitución española no protege todos los derechos por igual. «Esto se ha hecho evidente con la crisis económica y las políticas de austeridad, utilizadas como excusa para poner las finanzas por delante de las personas, en un momento en que el Estado debería haber haberlas protegido con especial atención», señalan en el informe.

Esto ha contribuido, por ejemplo, a que seamos uno de los países más desiguales de Europa, a que se hayan iniciado en los últimos años casi 600.000 procesos de ejecución hipotecaria –dejando a muchas personas en la calle sin posibilidad de defenderse ante un juez– , a que en España haya cerca de 760.000 hogares sin ingresos, o a que se haya retirado la tarjeta sanitaria a cerca de 800.000 personas cuando el derecho a la salud está igualmente reconocido.

GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO

Por último, Amnistía asegura que en España se consolida la impunidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo porque las autoridades siguen sin investigarlos o impiden la investigación llevada a cabo por tribunales argentinos, con lo que se niega el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares.

“De 1975 hasta 2010 hubo en el mundo 45 comisiones de verdad. En España no ha habido ninguna y septiembre de 2016 se recordará porque la Fiscalía General del Estado elaboró una orden interna para bloquear cualquier investigación judicial llevada a cabo por la justicia argentina”, concluye Beltrán.

Fuente:http://www.lainformacion.com/espana/Amnistia-Internacional-Espana-derechos-humanos_0_1001900466.html

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País Vasco: Sanidad y Educación absorben más de la mitad del presupuesto del Gobierno Urkullu para 2017

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País Vasco/23 febrero 2017/Fuente: deia

El proyecto del Gobierno vasco para 2017 asciende a 11.059,7 millones de euros, un 1,2% superior al del pasado ejercicio.

Más de la mitad de los 11.059,7 millones de euros que contempla el proyecto de presupuestos del Gobierno vasco para 2017 se destina a los departamentos de Salud y Educación, que en total absorben un 56,1% de los recursos, por un valor total de 6.200 millones de euros. Ayer el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, desgranó el detalle de unas cuentas cuya cuantía aumenta un 1,2% con respecto a 2016, en 126 millones de euros, gracias a que el techo de déficit para este año pasa del 0,3% al 0,6%, lo que en dinero contante y sonante se traduce en la posibilidad de que el gasto supere a los ingresos en 200 millones más que el año pasado.

El Ejecutivo registrará mañana en el Parlamento su propuesta y, a partir de ahí, arrancará una ronda de contactos con los partidos políticos para tratar de sacar adelante el documento. Azpiazu celebró la oferta que el PP hizo el viernes al lehendakari, Iñigo Urkullu, de sentarse a negociar, aunque aseguró que no quiere cerrar “ninguna puerta” y que sondeará a todos los grupos parlamentarios en busca de acuerdos para aprobar un presupuesto orientado a la creación de empleo y a garantizar las prestaciones sociales.

Así, las cuentas dedican el 76% a gasto social. La partida más relevante es la destinada al Departamento de Salud, con 3.537 millones de euros, un 32% del total, de los que más de 2.697 millones van a parar a Osakidetza y algo más de 500 millones se dedicarán al gasto en farmacia y a las ayudas de adherencia a tratamientos. En total, la partida al área de Salud crece en 116 millones de euros con respecto a 2016. Educación, por su parte, recibe en el proyecto casi 2.663 millones de euros, un 2,1% más que el año pasado. Casi 1.000 millones irán a parar a Educación Infantil y Primaria, otros tantos a Secundaria y Formación Profesional, mientras que 317 millones de euros irán a las Universidades.

A partir de estas dos grandes áreas, el reparto de recursos es ya más limitado, aunque hay consejerías, como Desarrollo Económico e Infraestructuras, dotadas con importantes cantidades. En este caso, la consejera Arantxa Tapia gestionará 1.042 millones de euros, un 9,4% del total y 29 millones más que en 2016, con una partida de 410 millones de euros destinada a la I+D+i, un 6% superior a la del ejercicio anterior.

Una cantidad muy similar a la de Desarrollo Económico se dedicará al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que con 999,9 millones es el cuarto más dotado. De ese dinero, 491 millones se destinarán al pago de la RGI y la prestación complementaria de vivienda, una partida que supera en 30 millones la presupuestada el año pasado, y que finalmente se elevó, más o menos, en la cantidad ahora prevista. En todo caso, la actualización está calculada en función del IPC, una medida muy cuestionada por la oposición, que quería ligarla, como se ha hecho hasta ahora, al Salario Mínimo Interprofesional que crecerá ocho puntos este año. Además, las ayudas de emergencia social crecen en cuatro millones, para alcanzar los 27 millones de euros, y otros cinco millones se dedican al fomento del empleo juvenil. En total, Empleo y Políticas Sociales cuenta con 45 millones más que en 2016.

Facilitar un hogar Por su parte, Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda cuenta con cerca de 192 millones de euros, 12,9 más, un aumento que se justifica principalmente por la obligación de la Ley de Vivienda de facilitar un hogar a toda persona que no pueda acceder al mismo en el mercado libre. Se dedicarán 10 millones de euros a la compra de vivienda por parte de Alokabide a Visesa y otros 24 millones de euros al programa Bizigune de alquiler de vivienda protegida.

Por último, a Cultura y Política Lingüística le corresponderá gestionar 241,9 millones; a Gobernanza y Autogobierno, 113, cifra muy similar a la de Lehendakaritza; Hacienda y Economía estará dotada con casi 50 millones; Trabajo y Justicia, con 210 ,y Turismo, Comercio y Consumo, con 36,2 millones de euros.

Fuente: http://www.deia.com/2017/02/22/politica/euskadi/sanidad-y-educacion-absorben-mas-de-la-mitad-del-presupuesto-de-pnv-y-pse

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Fortaleciendo capacidades de protección en Honduras

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Honduras/23 febrero 2017/Fuente: acnur

Hoy fueron presentados en Honduras un conjunto de recomendaciones resultado de los hallazgos del informe sobre tierras, vivienda y desplazamiento forzado   elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, en consulta directa con las autoridades competentes en el nivel nacional, comunidades afectadas por el desplazamiento forzado, organizaciones de sociedad civil y miembros del Grupo de Protección.

Las consultas directas a comunidades se desarrollaron en el departamento de La Paz con 32 comunidades indígenas y campesinas; en el departamento de Gracias a Dios con 7 comunidades indígenas y garífunas; en el departamento de El Progreso con líderes comunitarios de la Colonia La Alemania y con las Colonias Generación 2000, Nueva Capital y la Ulloa en Tegucigalpa.

Este informe analiza de manera detallada los marcos jurídicos existentes en el país en materia de tierra, vivienda y patrimonio con el fin de identificar herramientas existentes para la protección del patrimonio en situaciones relacionadas con el desplazamiento forzado por violencia. Así mismo, identifica vacíos de protección existentes en la protección de los derechos territoriales y presenta recomendaciones para el diseño de programas, políticas públicas, mecanismos y estrategias que permitan proteger los derechos de la población desplazada por violencia sobre sus bienes.

De acuerdo con la caracterización sobre el desplazamiento forzado en Honduras realizado por la Comisión Interinstitucional para la protección de personas desplazadas por violencia liderada por el Gobierno de Honduras entre 2004 y 2014 un total de 174.000 se desplazaron por la violencia en 20 municipios urbanos del país. 4%(6960) de ellos manifestaron el despojo, ocupación como la causa de su desplazamiento

Más de 16,000 hondureños solicitaron protección internacional en el 2015*, aproximadamente 300 casos individuales presentaron quejas/denuncias por desplazamiento forzado entre enero y noviembre de 2016 ante el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) y el ACNUR, a través de socios y de manera directa identificó y brindó asistencia a más de 500 personas.

El desplazamiento forzado en Honduras afecta a comunidades urbanas, rurales y minorías étnicas en hechos relacionados con el control social y territorial de Maras y pandillas; la disputa por el control de rutas estratégicas para el narcotráfico; el despojo, ocupación y destrucción de viviendas y tierras así como la ausencia de solución sobre conflictos territoriales.

Un niño camina en un cementerio en San Pedro Sula donde trabaja los fines de semana limpiando las tumbas con su abuelo. El cementerio es un lugar seguro para él, lejos de la violencia de su barrio. ©ACNUR/Tito Herrera.

La ausencia de mecanismos efectivos para la protección, sumado a la desactualización de la información catastral, las dificultades presupuestales, operativas y técnicas de las entidades competentes dificultan la identificación del impacto y la puesta en marcha de mecanismos efectivos para la protección de los derechos a la vivienda, la tierra y el territorio. A esto se suma la ausencia de condiciones de seguridad en algunas zonas de alto riesgo y la dificultad en el acceso a comunidades más aisladas.

Teniendo lo anterior en cuenta, y con el fin crear políticas públicas favorables para el restablecimiento de los derechos de las personas desplazadas por la violencia se establecen, entre otras, las siguientes recomendaciones a las entidades de Gobierno, sociedad civil y comunidad internacional:

  • Sistemas de información sensibles a la relación de tierras, territorios y vivienda con violencia, violaciones a derechos humanos y desplazamiento forzado.
  • Sistemas de registro sobre tierras y viviendas de población forzada a desplazarse
  • Fortalecimiento de la agenda de desplazamiento forzado por la violencia en  las organizaciones sociales y comunitarias.
  • Fortalecimiento de redes de apoyo en clave de protección a las personas desplazadas por la violencia y sus derechos a la tenencia pacífica de viviendas, tierras y territorios.
  • Fortalecimiento de procesos comunitarios y organizativos de pueblos indígenas y afrohondureños; así como de organizaciones comunitarios en contextos urbanos.

El ACNUR presenta este informe de tierras, vivienda y desplazamiento forzado como una herramienta  para el diseño del marco legal y sus respectivas políticas públicas para la protección de los derechos de las personas desplazadas y el diseño de acciones articuladas que permitan la superación de los vacíos identificados.

En su calidad de asesor técnico el ACNUR continuará apoyado al Gobierno Nacional a través de la Comisión Interinstitucional para la protección de las personas desplazadas por la violencia –CIPPDV y demás entidades con competencia, así como con la sociedad civil y las comunidades en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección.

Fuente: http://www.acnur.org/noticias/noticia/fortaleciendo-capacidades-de-proteccion-en-honduras/

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