Políticas Públicas

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Amnistía Internacional critica la falta de acogida de refugiados y las devoluciones en caliente de España

Noticias

España/23 febrero 2017/Fuente: La Informacion

  • Según el informe de Amnistía Internacional, España está a la cola de la UE en cuanto a acogida de refugiados.
  • Además, denuncian que España utiliza el delito de ‘enaltecimiento de terrorismo’ para limitar la libertad de expresión y que no investiga “eficazmente” denuncias de tortura.

España se encuentra “a la cola” de la UE en la reubicación de personas refugiadas que huyen de conflictos armados o de graves violaciones de derechos humanos, mientras utiliza el delito de ‘enaltecimiento de terrorismo’ para limitar la libertad de expresión, no investiga “eficazmente” denuncias de tortura y otros malos tratos ni permite que se indague sobre crímenes contra el derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Éste es el resumen que Amnistía Internacional (AI) hace de España en su último informe anual, hecho público este miércoles y en el que repasa la situación de los derechos humanos en 159 países durante el año pasado y aporta algunos datos globales: 36 de ellos violaron el derecho internacional devolviendo a personas refugiadas a Estados donde corrían peligro, en al menos 23 se cometieron crímenes de guerra y en 22 se mataron a defensores de los derechos humanos.

El informe indica que los políticos que se valen de una “retórica tóxica y deshumanizadora” basada en el “nosotros contra ellos” están creando un mundo más dividido y peligroso sometido a una “política de demonización” que se elabora en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, y que no se recuerda desde que el nazismo triunfó en la década de 1930.

 ESPAÑA, A LA COLA DE LA UE

España no se quedó en 2016 al margen de ese menoscabo de los derechos humanos porque la acogida de personas que huyen de conflictos o de graves violaciones de derechos humanos sigue siendo insuficiente.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, apunta que el país llegó el año pasado a un 4% en su compromiso ante la UE de reubicación de personas refugiadas, por lo que “España se encuentra a la cola de Europa”.

“Si tenemos en cuenta el tercer trimestre del año pasado (el más consolidado), España sólo registró 6.500 solicitudes de asilo en comparación con 237.400 de Alemania, 34.600 de Italia, 20.000 de Francia o 9.200 del Reino Unido, lo que supone un 0,9% de las solicitudes de Europa. A pesar de no recibir prácticamente a casi nadie, el sistema de asilo en España no se ha reformado”, añade.

FRONTERAS “SELLADAS”

Por otro lado, el informe indica que en 2016 se siguieron produciendo expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla, donde las fronteras están “prácticamente selladas” para migrantes y solicitantes de asilo, especialmente de origen subsahariano. Beltrán recalca que “la situación en estos momentos todavía es preocupante” porque los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) están “sobrecargados” de personas y no hay garantías de protección para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género, personas del colectivo LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).

Además, ante los intentos de entrada y la llegada de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a las costas españolas, Amnistía Internacional denuncia la persistencia de expulsiones “en caliente” por parte de las autoridades españolas, así como la desprotección de las personas que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, aquellas procedentes de países en conflicto, con graves inestabilidades políticas, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como Siria, Irak, Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Mali, entre otros.

DISCRIMINACIÓN

En los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas como los gitanos. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc.

Además, la discriminación por motivos de religión o de creencias afecta a la población inmigrante en España en ámbitos de la vida como la educación y el empleo, pudiendo llegar a tener un impacto negativo en sus vidas a causa del aislamiento, la exclusión y la estigmatización a la que pueden llegar a ser sometidos. Las mujeres, además, pueden sufrir esta misma discriminación simplemente por llevar determinadas prendas, tal y como sucede en países como Bélgica y Francia, donde hay leyes que prohíben el velo integral en espacios públicos. También en España, algunas autoridades locales han introducido prohibiciones que se aplican en edificios e instalaciones municipales. En algunos colegios españoles también se ha llegado a prohibir el uso del pañuelo u otras prendas de vestir tradicionales y religiosas.

Los estereotipos y los prejuicios contra prácticas religiosas o culturales musulmanas también han ocasionado restricciones en el establecimiento de lugares de culto islámicos. Este tipo de discriminaciones se ven a menudo alimentadas por opiniones negativas procedentes de algunos partidos políticos y algunos sectores de los medios de comunicación, que obvian su responsabilidad de no reforzar ideas que puedan fomentar la intolerancia y la discriminación. Esta situación es denunciada en el informe Elección y prejuicio: discriminación de personas musulmanas en Europa, que recoge casos individuales de discriminación en países como Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Suiza.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por otra parte, Beltrán denuncia “la ambigüedad y la laxitud” de la reforma del Código Penal para definir el delito de ‘enaltecimiento de terrorismo’, que sirve para “limitar desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión”, como ocurrió con los titiriteros encarcelados por sacar un cartel en el que se leía ‘Gora Alka-ETA’ durante una representación de marionetas en Madrid (causa archivada el pasado mes de enero) o la condena a un año de César Strawberry, cantante de Def con Dos.

Amnistía recoge en su informe que en 2016 hubo nuevos casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y otros de malos tratos que no se investigaron con eficacia y exhaustividad.

Por ejemplo, Ester Quintana perdió un ojo en noviembre de 2012 al recibir una pelota de goma en una manifestación y los Mossos d’Esquadra quedaron absueltos el pasado mayo al no poder demostrarse quién había disparado. Ese mismo mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó por octava vez desde 2010 que los casos de torturas y malos tratos en España no se investigaban adecuadamente.

DESIGUALDAD

Por otro lado, para Amnistía Internacional, la Constitución española no protege todos los derechos por igual. «Esto se ha hecho evidente con la crisis económica y las políticas de austeridad, utilizadas como excusa para poner las finanzas por delante de las personas, en un momento en que el Estado debería haber haberlas protegido con especial atención», señalan en el informe.

Esto ha contribuido, por ejemplo, a que seamos uno de los países más desiguales de Europa, a que se hayan iniciado en los últimos años casi 600.000 procesos de ejecución hipotecaria –dejando a muchas personas en la calle sin posibilidad de defenderse ante un juez– , a que en España haya cerca de 760.000 hogares sin ingresos, o a que se haya retirado la tarjeta sanitaria a cerca de 800.000 personas cuando el derecho a la salud está igualmente reconocido.

GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO

Por último, Amnistía asegura que en España se consolida la impunidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo porque las autoridades siguen sin investigarlos o impiden la investigación llevada a cabo por tribunales argentinos, con lo que se niega el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares.

“De 1975 hasta 2010 hubo en el mundo 45 comisiones de verdad. En España no ha habido ninguna y septiembre de 2016 se recordará porque la Fiscalía General del Estado elaboró una orden interna para bloquear cualquier investigación judicial llevada a cabo por la justicia argentina”, concluye Beltrán.

Fuente:http://www.lainformacion.com/espana/Amnistia-Internacional-Espana-derechos-humanos_0_1001900466.html

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País Vasco: Sanidad y Educación absorben más de la mitad del presupuesto del Gobierno Urkullu para 2017

Noticias

País Vasco/23 febrero 2017/Fuente: deia

El proyecto del Gobierno vasco para 2017 asciende a 11.059,7 millones de euros, un 1,2% superior al del pasado ejercicio.

Más de la mitad de los 11.059,7 millones de euros que contempla el proyecto de presupuestos del Gobierno vasco para 2017 se destina a los departamentos de Salud y Educación, que en total absorben un 56,1% de los recursos, por un valor total de 6.200 millones de euros. Ayer el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, desgranó el detalle de unas cuentas cuya cuantía aumenta un 1,2% con respecto a 2016, en 126 millones de euros, gracias a que el techo de déficit para este año pasa del 0,3% al 0,6%, lo que en dinero contante y sonante se traduce en la posibilidad de que el gasto supere a los ingresos en 200 millones más que el año pasado.

El Ejecutivo registrará mañana en el Parlamento su propuesta y, a partir de ahí, arrancará una ronda de contactos con los partidos políticos para tratar de sacar adelante el documento. Azpiazu celebró la oferta que el PP hizo el viernes al lehendakari, Iñigo Urkullu, de sentarse a negociar, aunque aseguró que no quiere cerrar “ninguna puerta” y que sondeará a todos los grupos parlamentarios en busca de acuerdos para aprobar un presupuesto orientado a la creación de empleo y a garantizar las prestaciones sociales.

Así, las cuentas dedican el 76% a gasto social. La partida más relevante es la destinada al Departamento de Salud, con 3.537 millones de euros, un 32% del total, de los que más de 2.697 millones van a parar a Osakidetza y algo más de 500 millones se dedicarán al gasto en farmacia y a las ayudas de adherencia a tratamientos. En total, la partida al área de Salud crece en 116 millones de euros con respecto a 2016. Educación, por su parte, recibe en el proyecto casi 2.663 millones de euros, un 2,1% más que el año pasado. Casi 1.000 millones irán a parar a Educación Infantil y Primaria, otros tantos a Secundaria y Formación Profesional, mientras que 317 millones de euros irán a las Universidades.

A partir de estas dos grandes áreas, el reparto de recursos es ya más limitado, aunque hay consejerías, como Desarrollo Económico e Infraestructuras, dotadas con importantes cantidades. En este caso, la consejera Arantxa Tapia gestionará 1.042 millones de euros, un 9,4% del total y 29 millones más que en 2016, con una partida de 410 millones de euros destinada a la I+D+i, un 6% superior a la del ejercicio anterior.

Una cantidad muy similar a la de Desarrollo Económico se dedicará al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que con 999,9 millones es el cuarto más dotado. De ese dinero, 491 millones se destinarán al pago de la RGI y la prestación complementaria de vivienda, una partida que supera en 30 millones la presupuestada el año pasado, y que finalmente se elevó, más o menos, en la cantidad ahora prevista. En todo caso, la actualización está calculada en función del IPC, una medida muy cuestionada por la oposición, que quería ligarla, como se ha hecho hasta ahora, al Salario Mínimo Interprofesional que crecerá ocho puntos este año. Además, las ayudas de emergencia social crecen en cuatro millones, para alcanzar los 27 millones de euros, y otros cinco millones se dedican al fomento del empleo juvenil. En total, Empleo y Políticas Sociales cuenta con 45 millones más que en 2016.

Facilitar un hogar Por su parte, Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda cuenta con cerca de 192 millones de euros, 12,9 más, un aumento que se justifica principalmente por la obligación de la Ley de Vivienda de facilitar un hogar a toda persona que no pueda acceder al mismo en el mercado libre. Se dedicarán 10 millones de euros a la compra de vivienda por parte de Alokabide a Visesa y otros 24 millones de euros al programa Bizigune de alquiler de vivienda protegida.

Por último, a Cultura y Política Lingüística le corresponderá gestionar 241,9 millones; a Gobernanza y Autogobierno, 113, cifra muy similar a la de Lehendakaritza; Hacienda y Economía estará dotada con casi 50 millones; Trabajo y Justicia, con 210 ,y Turismo, Comercio y Consumo, con 36,2 millones de euros.

Fuente: http://www.deia.com/2017/02/22/politica/euskadi/sanidad-y-educacion-absorben-mas-de-la-mitad-del-presupuesto-de-pnv-y-pse

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Fortaleciendo capacidades de protección en Honduras

Noticias

Honduras/23 febrero 2017/Fuente: acnur

Hoy fueron presentados en Honduras un conjunto de recomendaciones resultado de los hallazgos del informe sobre tierras, vivienda y desplazamiento forzado   elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, en consulta directa con las autoridades competentes en el nivel nacional, comunidades afectadas por el desplazamiento forzado, organizaciones de sociedad civil y miembros del Grupo de Protección.

Las consultas directas a comunidades se desarrollaron en el departamento de La Paz con 32 comunidades indígenas y campesinas; en el departamento de Gracias a Dios con 7 comunidades indígenas y garífunas; en el departamento de El Progreso con líderes comunitarios de la Colonia La Alemania y con las Colonias Generación 2000, Nueva Capital y la Ulloa en Tegucigalpa.

Este informe analiza de manera detallada los marcos jurídicos existentes en el país en materia de tierra, vivienda y patrimonio con el fin de identificar herramientas existentes para la protección del patrimonio en situaciones relacionadas con el desplazamiento forzado por violencia. Así mismo, identifica vacíos de protección existentes en la protección de los derechos territoriales y presenta recomendaciones para el diseño de programas, políticas públicas, mecanismos y estrategias que permitan proteger los derechos de la población desplazada por violencia sobre sus bienes.

De acuerdo con la caracterización sobre el desplazamiento forzado en Honduras realizado por la Comisión Interinstitucional para la protección de personas desplazadas por violencia liderada por el Gobierno de Honduras entre 2004 y 2014 un total de 174.000 se desplazaron por la violencia en 20 municipios urbanos del país. 4%(6960) de ellos manifestaron el despojo, ocupación como la causa de su desplazamiento

Más de 16,000 hondureños solicitaron protección internacional en el 2015*, aproximadamente 300 casos individuales presentaron quejas/denuncias por desplazamiento forzado entre enero y noviembre de 2016 ante el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) y el ACNUR, a través de socios y de manera directa identificó y brindó asistencia a más de 500 personas.

El desplazamiento forzado en Honduras afecta a comunidades urbanas, rurales y minorías étnicas en hechos relacionados con el control social y territorial de Maras y pandillas; la disputa por el control de rutas estratégicas para el narcotráfico; el despojo, ocupación y destrucción de viviendas y tierras así como la ausencia de solución sobre conflictos territoriales.

Un niño camina en un cementerio en San Pedro Sula donde trabaja los fines de semana limpiando las tumbas con su abuelo. El cementerio es un lugar seguro para él, lejos de la violencia de su barrio. ©ACNUR/Tito Herrera.

La ausencia de mecanismos efectivos para la protección, sumado a la desactualización de la información catastral, las dificultades presupuestales, operativas y técnicas de las entidades competentes dificultan la identificación del impacto y la puesta en marcha de mecanismos efectivos para la protección de los derechos a la vivienda, la tierra y el territorio. A esto se suma la ausencia de condiciones de seguridad en algunas zonas de alto riesgo y la dificultad en el acceso a comunidades más aisladas.

Teniendo lo anterior en cuenta, y con el fin crear políticas públicas favorables para el restablecimiento de los derechos de las personas desplazadas por la violencia se establecen, entre otras, las siguientes recomendaciones a las entidades de Gobierno, sociedad civil y comunidad internacional:

  • Sistemas de información sensibles a la relación de tierras, territorios y vivienda con violencia, violaciones a derechos humanos y desplazamiento forzado.
  • Sistemas de registro sobre tierras y viviendas de población forzada a desplazarse
  • Fortalecimiento de la agenda de desplazamiento forzado por la violencia en  las organizaciones sociales y comunitarias.
  • Fortalecimiento de redes de apoyo en clave de protección a las personas desplazadas por la violencia y sus derechos a la tenencia pacífica de viviendas, tierras y territorios.
  • Fortalecimiento de procesos comunitarios y organizativos de pueblos indígenas y afrohondureños; así como de organizaciones comunitarios en contextos urbanos.

El ACNUR presenta este informe de tierras, vivienda y desplazamiento forzado como una herramienta  para el diseño del marco legal y sus respectivas políticas públicas para la protección de los derechos de las personas desplazadas y el diseño de acciones articuladas que permitan la superación de los vacíos identificados.

En su calidad de asesor técnico el ACNUR continuará apoyado al Gobierno Nacional a través de la Comisión Interinstitucional para la protección de las personas desplazadas por la violencia –CIPPDV y demás entidades con competencia, así como con la sociedad civil y las comunidades en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección.

Fuente: http://www.acnur.org/noticias/noticia/fortaleciendo-capacidades-de-proteccion-en-honduras/

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Alemania: menores no acompañados cuestan 4.000 millones

Noticias

Alemania/23 febrero 2017/Fuente:dw.com

Entre los 61.893 inmigrantes menores no acompañados atendidos por los servicios sociales este año, se incluyen 16.664 jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad.

Los 61.893 inmigrantes menores no acompañados atendidos por los servicios sociales, cifra que incluye a 16.664 jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad, costará a Alemania este año casi 4.000 millones de euros, según datos del Ministerio de la Familia que publica hoy el diario «Welt».

La Oficina Federal Administrativa ha establecido para cada uno un coste diario de 175 euros, lo que supone 5.250 euros por persona al mes, y que incluye la custodia del menor, así como ayudas a la educación. Si el número de menores no acompañados acogidos se mantiene en el nivel actual de fecha de 9 de febrero, los costes ascenderán este año a 3.950 millones de euros.

A pesar del comparativamente elevado nivel de delincuencia en este grupo, en 2016 no se llevó a cabo la expulsión de ningún menor no acompañado, según se desprende de una respuesta del Gobierno a una interpelación de La Izquierda.

Freno a expulsiones: ¿sostenible?

El vicepresidente del grupo parlamentario de la unión conservadora, Michael Kretschmer, considera que en vista de los elevados costes, el «freno de hecho a las expulsiones de menores no acompañados» no es sostenible por más tiempo. En declaraciones al diario, el político conservador señala que «si Alemania detecta menores no acompañados originarios de Polonia o Francia, se busca a sus familias y se los devuelve a sus padres».

No obstante, critica, «si la persona no acompañada procede de Afganistán o de África, se le lleva a la oficina de asistencia de menores y se organiza con elevados costes su permanencia a largo plazo (en Alemania) a pesar de que el menor hable por teléfono cada noche con su familia». Por eso considera que las autoridades deberían intentar también, «mediante los datos de móvil, ponerse en contacto con los padres para poder expulsar al menos a unos cuantos menores no acompañados».

Familia, tutor o centro de acogida

La ley de extranjería alemana establece que debido a la particular obligación de garantizar la protección de un niño, antes de efectuar la expulsión de un menor no acompañado, las autoridades deben cerciorarse de que a la llegada a su país de origen será entregado a su familia, un tutor o un centro de acogida adecuado.

Las autoridades alemanas no lograron al menos en los últimos dos años realizar esta gestión, aunque en 2016 un total de 649 menores no acompañados fueron rechazados en la misma frontera o devueltos a otro país europeo donde ya se habían registrado previamente. La cifra de menores extranjeros no acompañados acogidos por los servicios sociales asciende de manera continuada, de 602 registrados en 2005, a 42.309 en 2015.

Un problema adicional es que no todos los menores extranjeros no acompañados, de los cuales el 90 % son hombres, presentan una solicitud de asilo, sobre todo jóvenes de países con pocas perspectivas de recibir el permiso de residencia, por ejemplo de la región del Magreb.

Mayores de edad

Según la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF), en 2015, alrededor de 22.300 menores no acompañados presentaron una demanda de asilo, en 2016 lo hicieron unos 36.000, de los cuales un 42 % eran afganos, según precisó el gobierno a una interpelación de los verdes.

A ello se suma el problema de que muchos menores no acompañados en realidad ya son mayores de edad: según el Ministerio de Familia, un total de 16.664 jóvenes adultos siguen bajo custodia de la oficina de menores al considerar los trabajadores y los servicios sociales que existen necesidades especiales. Además, muchos de los jóvenes que buscan refugio en Alemania ocultan su edad real, difícil de probar a falta de documentos de identificación pertinentes (efe).

Fuente:http://www.dw.com/es/alemania-menores-no-acompa%C3%B1ados-cuestan-4000-millones/a-37667323

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El Salvador: Programa de educación flexible con bajo presupuesto en 2017

Noticias

El Salvador/20 febrero 2017/Fuente: elsalvador.com

Los responsables del programa Edúcame se han visto obligados a ajustar los fondos que transfieren a las universidades y organizaciones que se encargan de brindar el servicio educativo en todo el país.

El programa de Modalidades Flexibles del Ministerio de Educación (Mined) volverá a operar este año con un presupuesto reducido y con menos población que un año atrás, de  acuerdo con lo expuesto por  las autoridades del ramo.

A mediados de enero, al consultarle a la directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos del Mined, Angélica Paniagua, cuánto le habían asignado de presupuesto para brindar servicio educativo este año, ella explicó  que   $3.8 millones, mientras el año pasado la cifra rondó los $4.7 millones.

Bajo este proyecto, que desde su aparición en 2005 ha sido más conocido como Edúcame, se atiende a población joven y adulta que por diversas razones abandonó el sistema educativo regular. Así hoy tienen oportunidad de seguir estudios en las modalidades semipresencial (sábado y domingo), acelerada (de lunes a viernes), virtual.

Paniagua aclaró que  ese presupuesto no incluye los cerca de 3 millones de dólares que Educación les transfiere a las direcciones departamentales para apoyar con  otras dos modalidades: a distancia y nocturna.

Según la funcionaria, esta situación  les obliga a  readecuar los fondos que el programa transfiere a las diez instituciones que les ayudan a brindar el servicio en todo el país, entre ellas varias universidades y organizaciones no gubernamentales.

 

Para salir adelante de cara a esa disminución también van a revisar todas las secciones que pueden brindar y coordinarán con las departamentales para que éstas, con algunos sobresueldos que tengan, les ayuden a cubrir la demanda.

Datos que fueron proporcionados a principios del año pasado por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de esa cartera de Estado, entre 2012 y 2015, el programa pasó de un presupuesto de 9 millones 155 mil 941 dólares a 5 millones 313 mil 317 dólares.

En aquel momento Gloria Evelyn Hernández, Gerente de Modalidades Flexibles, explicó que esa reducción drástica se debió a que el Mined  había invertido en otros temas una de ellas la formación de docentes y la nivelación salarial de los profesores.

El año pasado, de acuerdo con Paniagua, tuvieron 46 mil estudiantes y durante el presente esperan atender 36 mil 580.

Paniagua sostiene que este año brindarán este servicio educativo en 480 sedes, y aunque descartó que haya planes de cerrar algunas de ellas sí reconoció que han tenido que cerrar secciones debido a problemas de baja matrícula, tras lo cual reacomodaron a los alumnos restantes en otros lugar para optimizar recursos.

De acuerdo con sus palabras para que una sede tenga abierta una sección en la modalidad a distancia y semipresencial debe contar con 25 estudiantes, y para la nocturna 15.

“Siempre buscamos que los estudiantes no queden desprotegidos… Si en algunos casos la sección ya no sigue funcionando estamos ofreciendo la posibilidad de la prueba de suficiencia… para que los jóvenes puedan seguir (estudiando)”, citó.

 Para el servicio educativo flexible el Mined cuenta con 2,950 docentes que fungen como tutores y según indicó; la cifra es similar a un año atrás.

Según detalles provistos por la funcionaria el programa cuenta con 480 sedes. En la zona central, que abarca La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador, es donde tienen mayor número, con 208; en la zona Oriental tienen 107, y en la Occidental 104.

Concretan cierre de secciones

Este año la sede que funciona en el Centro Escolar Caserío La Mora, de Suchitoto, Cuscatlán, cerró una sección de bachillerato a distancia.

 Manuel Molina, uno de los tutores que labora allí, explicó que Cidep, la organización que administra esa sede, les notificó que este año sólo iba a funcionar el segundo año de bachillerato a pesar de que había muchachos que viven en la localidad que estaban interesados en inscribirse en el primer año.

Molina, quien también es miembro del Movimiento Magisterial Revolucionario de El Salvador, cuestionó que el ministerio  deje en el limbo a estos estudiantes y añadió que el cierre de secciones del servicio educativo de modalidades flexibles   también se experimentó a principios de año en otras sedes.

“Lamentablemente nos hemos dado cuenta, al hacer un sondeo a nivel nacional, que no es solo en (el Centro Escolar) la Mora, Suchitoto está ocurriendo esta situación, sino que es una decisión de un recorte presupuestario que se les hizo a las implementadoras a finales del año anterior, que fue de un 10 %,   y  este 2017 han arrancado con un recorte del 20%”, manifestó. El educador expresó que personas  que trabajan con las implementadoras le comentaron que, debido a la reducción de presupuesto que ha experimentado el programa, les han quitado más de 109 cupos, lo cual implica cerrar secciones y despedir tutores.

De acuerdo con las palabras de Molina si bien no se descarta que en algunas sedes baje la demanda y no se alcance a inscribir el número de alumnos que les establecen, constitucionalmente no se puede dejar a ninguno de los jóvenes y adultos sin el servicio.

Una de las afectadas por el cierre de la sección en la escuela del caserío La Mora fue Consuelo Elizabeth Rivera, una madre soltera que este año esperaba estudiar el primer año de bachillerato allí con miras a graduarse y en un futuro cercano  poder asistir a una institución de Educación superior para cursar la carrera de gastronomía.

La joven, quien trabaja de oficios domésticos en su comunidad, explicó que esta situación le complicó sus planes de trabajar durante la semana, cuidar al niño y estudiar los fines de semana y le obligará a buscar un cupo  en algún centro educativo de Suchitoto, pero esto le implica movilizarse más lejos de su comunidad y más gasto en alimentación.

 Fuente: http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/programa-educacion-flexible-con-bajo-presupuesto-2017-141489
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1 de cada 5 adolescentes en México ha sido madre o está embarazada

Noticias

América del norte/ México/18  febrero  2017/Fuente:  el clarín

En México, una de cada cinco mujeres de entre 15 y 19 años ha sido madre o ha vivido la etapa el embarazo, reveló la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM), elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cuya finalidad es estimar indicadores clave, comparables internacionalmente, en temas de: salud, educación, bienestar, desarrollo infantil temprano, protección infantil, funcionamiento y discapacidad.

El documento muestra que la cifra se acrecienta en el grupo de mujeres, del mismo rango de edad, que no ha acudido a la escuela o sólo cuenta con educación primaria, a dos de cada cinco, es decir 40%.

En zonas urbanas, también

Si bien el estudio muestra que el embarazo adolescente es más frecuente en las zonas rurales, también indicó que las cifras se han incrementado bastante en las zonas urbanas. Reflejo de esto es que la Ciudad de México y el Estado de México, donde se concentran los mayores espacios urbanos, son las zonas con mayores índices de embarazo adolescente en el país.

Jóvenes no usan anticonceptivos

Sobre el uso de métodos anticonceptivos, la encuesta arrojó que 60% de las adolescentes sexualmente activas no utilizan ningún método anticonceptivo. De las que sí lo usan, 22% recurre a un método anticonceptivo reversible de larga duración —dispositivo intrauterino, 17%; e implante, 6%—; 6% utilizan métodos hormonales —4%, inyecciones y 2%, pastillas—; y alrededor de 10% usan condones masculinos.

La pregunta ampliada a un rango de edad de mujeres de entre 15 y 49 años con una pareja estable, casada o en unión libre, permitió observar que 67% de ellas utilizaba al momento del estudio algún método anticonceptivo. De la gama de posibilidades disponibles, 33% optó por la esterilización; 13% por el dispositivo intrauterino; 6% por el condón; entre 3 y 4% métodos hormonales (píldoras, implantes e inyecciones), y menos de 2% a métodos como la abstinencia periódica o el coito interrumpido.

La educación, fundamental

De acuerdo con el estudio, llevado a cabo en 2015, la educación formal es un factor que influye en la decisión de utilizar o no un método anticonceptivo, pues el porcentaje de mujeres casadas o en unión que usa algún método anticonceptivo asciende de 60% en las que no tienen educación, a 66% entre las mujeres con educación primaria, y a 71% entre las mujeres con educación superior.

En el caso de la población en general, la ENIM 2015 detectó que el uso de implantes hormonales es mucho más común entre las mujeres casadas con educación superior (12%) mientras que el uso de este método entre mujeres con menor educación varía entre 2 y 4%, dependiendo de la escolaridad alcanzada. En el caso de las inyecciones hormonales, la prevalencia entre las mujeres con educación superior es menor a 2%, mientras que para las mujeres con menor educación, la prevalencia oscila entre 4 y 5%.

Otras cifras reveladoras

En cuanto al no uso de métodos anticonceptivos entre mujeres casadas o en unión libre, la cifra es de 33% y se eleva a 40% entre mujeres con bajos niveles de educación, que viven en los hogares más pobres, así como en hogares indígenas. También se observó que la mitad (49%) de las adolescentes casadas o en unión no usan ningún método anticonceptivo.

Sobre el concepto de necesidad no satisfecha de anticoncepción, aplicable a las mujeres fértiles que están casadas o en unión y no están usando ningún método anticonceptivo, pero desean posponer el siguiente parto o que no desean tener más hijos(as), reveló que 13% de las mujeres casadas o unidas en edad reproductiva tienen necesidades no satisfechas de anticoncepción, 5% para espaciar y 8% para limitar los nacimientos.

La cifra se modificó en el caso de las adolescentes casadas o en unión ya que reportaron prevalencias dos veces mayores de necesidad no satisfecha (28%)

Fuente:http://www.clarin.com/entremujeres-mexico/genero/adolescentes-mexico-madre-embarazada_0_SJB-AVmtg.html

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Todo bien

Graziella Pogolotti

Por: Graziella Pogolotti

Según dicen, no soy fácil. Tengo malas pulgas que se alteran ocasionalmente en el curso de las modestísimas tareas de dirección asumidas por sentido del deber. En verdad, nunca me han resultado gratas. Un análisis autocrítico me induce a reconocer, entre los factores que desencadenan una cólera similar al erizamiento del lomo de Electra, mi mascota, está la complacencia acomodaticia de quienes, a la hora de despachar asuntos de trabajo afirman, con amplia sonrisa a lo Pangloss, el célebre personaje de Voltaire: «Todo bien». Mientras tanto, como en una canción francesa muy conocida décadas atrás, el incendio ha devorado los graneros, los ladrones se hicieron de las joyas de la familia y las lluvias produjeron el derrumbe del techo de la vivienda.

Sin llegar a tan dramáticos extremos, el Feliciano «todo bien» es expresión de conformismo autocomplaciente y, lo más grave desde el punto de vista ético, consiste en mantener al dirigente satisfecho, marginado de los problemas reales, ignorante de las graves fisuras enmascaradas tras el maquillaje de la pintura fresca. Es conducta que revela uno de los aspectos más corrosivos de una mentalidad burocrática atrincherada en la rutina y la preservación de algún privilegio mezquino. Las consecuencias de tales comportamientos, agravadas por la tendencia a multiplicarse como un marabú infecundo, siquiera para producir carbón vegetal, son económicas y políticas. Favorecen el despilfarro y bordean la frontera del delito. Contribuyen también a la pérdida de confianza en la capacidad de las instituciones públicas para ofrecer respuestas adecuadas a las demandas del momento. Factor de primera importancia  en una etapa histórica requerida de poder de convocatoria para aunar esfuerzos en la superación de deficiencias, comprometer a la participación ciudadana en la búsqueda efectiva de soluciones concretas en la acción y en el ejercicio de la crítica oportuna y certera.

La acomodaticia visión del «todo bien», asumida como actitud natural en nuestra cotidianidad en cada una de las células que conforman el edificio social tiene consecuencias nefastas en la práctica de la vida familiar, de la escuela, la comunidad y del ámbito laboral. Oculta malignos gérmenes, fáciles de destruir en el instante de su nacimiento. De no atajarse entonces, invadirá todo el organismo, socavado por la desidia y peligrosamente vulnerable a la corrupción y al soborno. Por la puerta trasera de las pequeñas concesiones penetra el aire inficionado por la pérdida de valores, que permiten la contaminación de las ideas matrices de nuestra historia y de nuestra Revolución.

Creo firmemente que, ante la proliferación de estas tendencias, mi percepción no es desmesurada. Los riachuelos proveen agua a los grandes ríos, porque lo grande se va haciendo con la contribución de pequeños esfuerzos articulados en un propósito común. Cada uno de nosotros, desde la tarea modesta que le concierne (maestro, médico, campesino, albañil, camarero) constituye uno de los tantos riachuelos que, a través del tiempo, han alimentado y fertilizado una isla, entorno físico de la patria hasta alcanzar el destacado desempeño de una cultura y de una presencia singular en el concierto de las naciones.

El «todo bien» es refugio seguro para la chapucería y «el mata y sala». En la batalla de ideas de nuestros días, subestimar el peso y el sentido de las palabras favorece actitudes suicidas. El «todo bien» trasluce un modo de pensar y una filosofía de la vida incompatibles con el proyecto emancipador latente en el proceso histórico cubano. El ser humano y la sociedad, así lo pensaron Martí y Fidel, son perfectibles.

La confianza en el mejoramiento humano animó la lucha por la independencia y forma parte del pensamiento de los intelectuales que contribuyeron, soñando en grande, a diseñar los paradigmas fundamentales que han alentado a nuestros mejores esfuerzos.

Modelar el alma, el espíritu y los valores éticos subyace en la apuesta en favor de una educación a la que hemos dedicado tantos desvelos. Enfrentar la explotación inicua del ser humano y rescatar la infancia campesina de tanta muerte prematura inspiró a quienes entregaron sus vidas en un combate ininterrumpido. Por eso, en Santa Ifigenia reverenciamos la síntesis de tan hermosa tradición. Ahí están Mariana y Martí, los caídos en el Moncada y Fidel. Los constructores de las altísimas naves de las catedrales góticas desafiaron las leyes de la física. Para contrarrestar la fuerza expansiva de los muros y evitar el derrumbe, crearon un sistema de arbotantes, arcos que sugieren una hermosa osamenta pétrea situada al exterior de la nave. Las razones de la necesidad promovieron soluciones prácticas que, con el andar de los siglos, se asocian a la cristalización integral de una imagen de indiscutible valor estético. Para nosotros, en el campo del obrar concreto de cada día, el ejercicio de la crítica cumple función similar a la de aquellos arbotantes inventados por los artesanos del Medioevo.

El abordaje del tema ha tropezado con obstáculos de orden subjetivo y objetivo. Heredera de un batallar contra el poder colonial y neocolonial, nuestra cultura ha generado mecanismos que inducen a colocarnos a la defensiva ante el comentario crítico. Paradójicamente, no somos reacios a la imitación de modelos. Los años de implacable confrontación ideológica han llevado el debate en torno al ejercicio del criterio a formulaciones abstractas y a una manifiesta politización. Para eludir trampas paralizantes, se impone establecer normas básicas en términos de rigor y de necesarios deslindes. El ámbito del arte y la literatura tiene sus propias normas y tiene sus propios referentes teóricos. Así sucede también  cuando nos situamos en el campo de las ciencias políticas y sociales. No quiere decir con ello que debamos soslayar asuntos que conciernen en algún grado a nuestro modo de vivir y de entender la realidad. En esta ocasión, quisiera llamar la atención acerca de la urgencia de rescatar y salvaguardar la crítica social. Su debilidad lleva a la reiteración de errores y lacera el compromiso ciudadano con prácticas que favorezcan, desde las células primordiales de la sociedad, al logro de la indispensable eficiencia económica, de recuperación de la disciplina social, de la conquista de un bienestar no solo material, que procure un amable vivir cotidiano, al rescate del actuar colectivo contra lo mal hecho. Podría decir mucho más. El espacio no me alcanza. Prometo volver pronto. (Tomado de Juventud Rebelde)

Fuente: http://www.granma.cu/opinion/2017-02-12/todo-bien-12-02-2017-23-02-59

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