El retiro de ayuda estatal a los padres de familia para la educación de sus hijos, no solo ha repercutido en los gastos que tienen que desembolsar, sino que las alternativas tampoco parecen funcionar.
El bono escolar, las mochilas, útiles escolares y computadoras portátiles eran parte de los materiales y ayuda que se les entregaba a los estudiantes.
Mientras, el actual Gobierno decidió no continuar con estos aportes, y en su lugar optó por dar un subsidio para sacar a los jóvenes de las pandillas, a través de su programa insignia de seguridad, Barrios Seguros, que por el momento no ha dado los resultados esperados, lo que es confirmado por los hechos de sangre de los últimos meses en que han estado involucrados los menores.
La dirigente magisterial Yadira Pino consideró que este gobierno es caracterizado por la improvisación y por hacer las cosas sin debida planificación.
«Quita algunas cosas, como programas o incentivos, y supuestamente lo pasa a otros programas. Eso se llama improvisación», aseguró.
Pino apela a que haya una política pública para el tema educativo en cuanto al presupuesto.
Agregó que se debe destinar una política pública sobre el tema de seguridad, que responda a lo que tenemos y se puedan solucionar los problemas, poco a poco.
Para esta dirigente, uno de los mayores defectos del Gobierno es que están tratando de ver cómo quitan de un lado y ponen en otro; no se está cumpliendo con la responsabilidad del Estado que es brindarle seguridad a la población y tampoco se está sacando realmente a la juventud de la delincuencia, que afecta tanto al joven como a la sociedad.
«Aquí no se está viendo el tema educativo y de seguridad como corresponde con la prioridad y la planificación, con un presupuesto destinado para resolver los problemas y suplir las necesidades que hay en ambos sectores», dijo.
La dirigente calificó como un duro golpe para el bolsillo de las familias el retiro de los beneficios en materia de educación.
«Quitaron los subsidios para educación, pero no cumplieron con el presupuesto para la educación», alegó Pino.
Por su parte, el abogado Carlos Herrera Morán consideró que el Gobierno ha fracasado en materia de seguridad pública, porque no hay estrategia bien organizada para los ciudadanos.
«El crimen y la delincuencia siguen haciendo de las suyas, hasta el extremo de que los panameños sentimos que el país ha sido secuestrado por el delito, sobre todo, en los niveles de la juventud», expresó.
Herrera Morán recomienda que hay que hacerse un replanteamiento de la política de Barrios Seguros para ver dónde están las falencias y las deficiencias de ese programa.
«Los últimos acontecimientos demuestran que estamos en una sociedad violenta, que la Policía ha sido incapaz de detener ese incremento», detalló.
Sobre los subsidios, el jurista pidió que sean revisados, ya que a largo plazo traerá la bancarrota al Estado.
«Hay que hacerle entender a la gente que la única manera de generar riquezas es a través del trabajo y la educación».
Sin embargo, Herrera Morán cree que hay que ayudar a los lugares o barrios vulnerables, pero que no es partidario de entregar subsidio de una manera irresponsable.
Ociosidad del joven
Herrera Morán también cree necesario reprimir a su mínima expresión la ociosidad de los jóvenes, la cual genera delito.
«Hay que tener al joven ocupado en deportes, actividades culturales, musicales y darle más educación. Pasan más tiempo en las calles que en la escuela, es un asunto que hay que atender con urgencia», es su opinión.
Para el abogado, estos son temas en que el Gobierno debe jugar un papel importante y lo está descuidando.
Para el sociólogo Olmedo García hay una contracción del gasto de la política de inversión en la educación, según los informes de estadísticas que señalan que aumentó la cifra de jóvenes en edad reproductiva que ni estudian ni trabajan.
«Hay una contracción de los subsidios directos e indirectos. Hemos disminuido la educación en el nivel primario», acotó.
Según cifras, de cada 10 niños que entran a la escuela, 6 no terminan a los 12 años, la educación completa.
Al dejar la escuela, aparecen estos espacios que tienen que ver con actividades ilícitas, lo cual está impactando el problema de delincuencia juvenil, señaló García, quien explicó que se dio un aumento en la tasa de desempleo juvenil que alcanza el 23%.
El sociólogo añade que si esas políticas no van acompañadas con la sostenibilidad, el programa Barrios Seguros va a fracasar, porque no se le puede tener un subsidio directo a los que cometan un tipo de infracción o de conducta irregular.
«El Estado tiene que redireccionar el gasto de las políticas públicas. No se puede financiar un programa porque no tiene una tasa de retorno efectivo», advirtió.
Con su análisis, Olmedo García, quien es docente de la Universidad de Panamá, llegó a la conclusión de que los resultados del programa Barrios Seguros, en contexto con la realidad, ha sido un total fracaso en el periodo en que se ha implementado.
Se requiere, en primer término, de ciudadanía. De organización social, padres/madres de familia que recuerden que la Declaración de los Derechos Humanos les reconoce como primeros educadores. Que asuman ese papel, formando tejido social. El primer grupo que requiere su presencia es el Consejo de Participación Escolar. Así, podrán estar al pendiente de que los recursos asignados a la escuela se gasten bien, además de apoyar y acompañar la labor de docentes y directivos de la comunidad escolar.
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