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Nigeria: 20 Per Cent Fail Nigerian Law School Examinations

About one in five students failed the recent law school examination and will not be called to the bar, official results show.

The results show that 23. 6 per cent of students who sat for the final examination conducted by the Nigerian Law School will not make it to the Nigerian Bar Association this June.

The figure represents 720 candidates who sat for the examination held in April.

Potential candidates to the bar must sit and pass the final examination by the Nigerian Law School, to be qualified for the call to bar, scheduled to take place on June 12.

A statement from the Director General of the law school, Olanrewaju Anadeko, said 73 per cent of those who took part in the examination in April passed it.

Out of 3,056 candidates who partook in the examination this year, 2, 232 candidates passed, while 104 of them had conditional passes, apart from the 720 candidates who failed the examination, the statement said.

According to Section four of the Legal Practitioners Act, candidates must meet all other requirements to qualify for the call to bar.

Section 4 (2) of the Act implies that the 104 candidates with conditional passes, representing 3.4 per cent of the total number of candidates, cannot rely solely on their kind of result to make it to bar.

Information provided by the school states that after concluding their study at the Nigerian Law School, successful candidates are given their certificates from the council and then called to bar by the Body of Benchers, ‘subject to the provisions of the Legal Practitioners Act’.

The Council of Legal Education is the regulatory body for the Nigeria Law School, which must be attended by persons willing to study law in Nigeria.

It also determines the steps to be taken by persons who have obtained a university degree in law from a foreign institution and are willing to practice as lawyers in Nigeria.

The Nigerian law school and the Council of Legal Education were established in 1962, following the enactment of the Legal Education Act to ensure the study of the Nigerian customary law by prospective members of the bench.

Fuente: www.premiumtimesng.com/news/top-news/205139-20-per-cent-fail-nigerian-law-school-examinations.html

Foto: http://media.premiumtimesng.com/wp-content/files/2016/04/LAWYERS_759366843.jpg

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Entrevista a Justa Ezpeleta:»La implementación es un momento clave de una política educativa»

12 Junio 2016/Fuente:Ministerio de Educación/Autora:Ana Abramowsk

Justa Ezpeleta nació en la ciudad de Córdoba. Estudió pedagogía y sociología en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajó en el ámbito del planeamiento educativo. En los años setenta se exilió en México, donde reside hasta hoy. Es profesora del Departamento de Investigación Educativa (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV). En abril visitó la Argentina, invitada por el Ministerio de Educación de la Nación, para dictar un seminario sobre «Propuestas de educación rural»

A lo largo de las dos últimas décadas, Justa Ezpeleta ha desarrollado una sólida línea de investigación sobre las escuelas y los maestros. Al señalar la importancia del cotidiano escolar y de la identidad docente, produjo una mirada renovada sobre el quehacer de las instituciones educativas. En los últimos años fue contratada para evaluar varios programas educativos nacionales y regionales en México, lo que la llevó a pensar acerca de la relación entre políticas educativas y las escuelas. Las suyas no son evaluaciones que buscan determinar la «eficacia» de un programa en los términos clásicos, sino que tratan de pensar cómo se vinculan los intentos de cambio del sistema con los sujetos y las instituciones concretas. Sobre esta experiencia habla en la siguiente entrevista.

-A partir de su desempeño como evaluadora de programas educativos en el ámbito de la educación primaria, ¿nos puede contar cuáles son las características centrales de los programas que ha estudiado? 
-En general, los programas que son objeto de evaluaciones suelen apuntar a problemas del sistema educativo. Y una de las dificultades que he visto evaluando estos programas es que, con frecuencia, vienen excesivamente armados, reglamentados, tratando de responder con un modelo más o menos racional al problema que quieren enfrentar. Por diversos condicionamientos, pero también por las maneras de hacer las cosas desde la burocracia, terminan siendo modelos muy rígidos. Y además suele entrar mucho el factor del financiamiento, en función del cual hay que rendir cuentas sobre distintos niveles de gastos. Este es un componente que me parece importante incorporar. Pero una cosa es incluir el criterio, el sentido ético que esto implica; y otra cosa es burocratizarlo, formalizarlo. Porque se rigidizan los procedimientos, las formas de encarar las distintas realidades y se burocratizan muchas de las acciones que se proponen como necesarias. En los programas que he evaluado veo una cosa doble: una propuesta interesante para enfocar un problema, y un modo de implementar la propuesta que suele traer serios inconvenientes para la realización.

-¿En dónde radican los inconvenientes a la hora de implementar esas políticas educativas? 
-Creo que la implementación es un momento clave de cualquier política de cambio, y en particular de la política educativa. Y hay una tendencia a darle poca imimportancia. Por implementación entiendo las formas a construir para acilitar que las cosas se hagan. Lo que he estado viendo es que, normalmente, estos programas insisten mucho en los aspectos referidos a aquello que se quiere lograr, al «deber ser», y se atiende mucho menos al cómo hacerlo. Cuando se quieren implementar programas en los que están implicados cambios de planes de estudio, etcétera -que son en realidad cambios de concepción relativos a cómo los maestros piensan- , me parece que existe casi siempre la tentación de responder a eso con las estructuras habituales para bajar prescripciones a los maestros.

-¿Cómo se hace para no quedarse en la mera prescripción y poder pasar al momento del acompañamiento? 
-Por ejemplo, estoy pensando con qué equipos técnicos se realiza el acompañamiento de estos procesos. Tanto en la Argentina como en México, existen regiones donde hay equipos técnicos y regiones donde no los hay, o donde los equipos técnicos no disponen de la capacidad profesional necesaria para sustentar el proceso que se quiere motorizar en los maestros. Entonces, el problema de disponer de equipos técnicos, o de su capacidad técnico-pedagógica, es un eslabón muy decisorio en la posibilidad de acompañar el proceso de los maestros.

También creo que desde las estructuras clásicas de los Ministerios de Educación se pensaba poco en acompañar, se pensaba más bien en bajar línea, en orientar hacia dónde caminar. Lo cual no me parece mal, pero no debe ser lo exclusivo de una propuesta de cambio. Desde las estructuras que motorizan estos programas se encuentra con frecuentemente la creencia implícita de que solo insistiendo en el nuevo discurso se va a lograr que el cambio empiece a tener algún espacio.

En los últimos años, por ejemplo, en muchos países de América Latina, se ha insistido muchísimo con la autonomía del maestro, de la escuela, con la capacidad de tomar decisiones, etcétera, dentro de estructuras escolares donde los maestros y las maestras o los directores no tienen muchas posibilidades de tomar decisiones. Y no las tienen por la estructuración de sus trabajos, de los controles, y por la estructuración de la propia administración. Entonces me parece que ahí hace falta buscar un equilibrio entre el punto de partida, las metas que se proponen y, sobre todo, el acompañamiento para caminar hacia las nuevas metas a partir de lo que somos y de lo que tenemos. Todo esto entra dentro de lo que yo llamo las políticas de implementación que, insisto, es un momento de la política, tan importante como el momento de la formulación de la nueva política, y que pienso que ha sido objeto de poca atención.

-Usted ha hablado de propuestas de cambio. ¿Cuál es la concepción de cambio social y educativo subyacente a los programas que ha evaluado? ¿Cómo piensa usted el cambio educativo? 
-En los programas que he evaluado me parece que hay un notable desfase de tiempos en el control de los procesos de reaprendizaje que hay que hacer en las escuelas para que estas puedan funcionar de otro modo. Que los maestros deban reaprender y, para ello, desaprender prácticas y concepciones en las que se han formado -en una institución que no cuestionaba estas formas de hacer sino que más bien las orientaba-, es un proceso que necesita mucho tiempo y, a la vez, mucho acompañamiento. También necesita generación de condiciones para que empiecen a rearticularse diferentes modos del hacer cotidiano.

Entonces pienso que, cuando se lanza un programa y se espera que al año no solo el proceso esté en marcha sino que además haya resultados reflejados en aprendizajes de los estudiantes, se trata de un despropósito o de un desconocimiento serio de lo que son los procesos escolares. Sabemos que se pueden implementar muy buenas capacitaciones teóricas para los maestros, pero también sabemos que esto no significa que al día siguiente el maestro va a cambiar sus formas de hacer habituales, sedimentadas, probadas en años de práctica. La propuesta de cambio escolar que le exige al maestro revisar las relaciones con sus colegas, cuando por ejemplo le piden trabajo colectivo, es un replanteo profundo de relaciones profesionales y sociales al interior de la escuela. Entonces, construir otras formas de diálogos profesionales entre los maestros supone una cierta manera de instalar el problema de modo que la gente le encuentre sentido. A veces precisa también, rever las reglas de poder que están sosteniendo las formas de relación vigentes. Este es un asunto un tanto complejo porque, que logremos que haya un colectivo de maestros discutiendo cada quince días alguna cosa sobre el proyecto escolar, no necesariamente se va a ver reflejado, al cabo de uno o dos años escolares, en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

El cambio en la escuela es un proceso que afecta las prácticas de las personas, que son prácticas sociales en el marco de instituciones, que afecta a las prácticas de gobierno sobre la escuela. Es decir, que afecta a aspectos sustantivos de la propia organización de esa institución. Por lo tanto, hay que esperar que esos parámetros se rearticulen con cierta lentitud. Si se tiene presente que esta rearticulación es lenta, quizás se puedan acompañar mejor esos procesos, en lugar de estar exigiendo metas que son excesivas para el corto plazo. Porque en la medida en que se está poniendo como expectativa que estas metas pueden lograrse en poco tiempo, en realidad se está alimentando el descreimiento de la gente acerca de la posibilidad que tiene esa meta de realizarse. Los reformadores suelen estar imbuidos de un sentido de la urgencia un tanto exagerado, y me parece que si se enfoca el asunto desde la perspectiva de los procesos de implementación se pueden aprender muchas cosas que dicen las propias realidades que se están queriendo cambiar.

-Con relación a ese descreimiento de los actores, ¿qué les diría a los directores y docentes de las escuelas que reciben los programas? ¿Cuál es la mejor manera de apropiarse de ellos, de hacer que sean parte de la trama que sostiene la vida institucional? 
-Les podría decir que seleccionen lo que les hace sentido en función de la realidad que tienen. A veces la realidad suele servir como pretexto para decir «esto no funciona». Pero pensemos en la gente que con compromiso sabe que tiene una realidad difícil pero responde a la altura de sus obligaciones profesionales. Yo creo que cuando las estructuras sobrepasan la capacidad de hacer de una escuela, necesariamente hay que seleccionar y trabajar a partir de lo que allí interesa. No todas las escuelas presentan la misma base como punto de partida, o la misma jerarquización de problemas. Entonces me parece que tiene mucho sentido el criterio de quien conduce la escuela para seleccionar, motorizar, incorporar elementos que los programas no prevén, suprimir elementos que los programas prevén pero que en su ambiente de trabajo no son viables. Tener conciencia del lugar donde se está parado y valorar los elementos que aportan y los que condicionan. Hay cosas que es imposible prever desde el nivel Nación o desde el nivel provincia y que un director tiene claras en función de lo que le plantea su medio inmediato. Me parece que sería importante que los directivos aprendieran a pelear o construir sus espacios de decisión dándoles la relevancia que tienen a los componentes locales que ellos están manejando.

-¿Y qué les diría a los Ministerios de Educación? 
-Como decía antes, creo que no se trata solo de insistir en el nuevo discurso sino de saber quién es tu interlocutor y desde qué situación concreta está partiendo. Es fundamental saber cómo se encuentran los maestros, actores principales y decisivos, y cómo se encuentran las estructuras de la organización escolar y de la administración educativa para posibilitar que esto que se está proponiendo como dirección pedagógica sea posible.

Fuente de la entrevista:http://www.me.gov.ar/monitor/nro13/entrevista.htm

Fuente de la imagen: http://www.me.gov.ar/monitor/nro13/images/entrevista1.jpg

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Rwanda: Religious Leaders Urged On Sex Education

10 JUNE 2016/ 

ResumenLos líderes religiosos y representantes de las escuelas han sido llamados a reforzar los esfuerzos en la enseñanza de la sexualidad integral entre los jóvenes. El llamado fue hecho por el Ministro de Estado para la educación primaria y secundaria, Olivier Rwamukwaya, ayer, en una reunión sobre el papel de las organizaciones basadas en la fe en la promoción de la educación sexual integral en Ruanda. La reunión, en Kigali, se produce después de la educación sexual integral se incluyó en el nuevo plan de estudios basado en competencias como parte de los esfuerzos para ayudar en la detención de los embarazos no deseados y la propagación de enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes estudiantes

Religious leaders and representatives of schools have been called upon to beef up efforts in teaching of comprehensive sexuality among young people.

The call was made by the Minister of State for Primary and Secondary Education, Olivier Rwamukwaya, yesterday, at a meeting on the role of faith-based organisations in the promotion of comprehensive sexuality education in Rwanda.

The meeting, in Kigali, comes after comprehensive sexuality education was included in the new competency-based curriculum as part of efforts to help in stopping unwanted pregnancies and the spread of sexually transmitted diseases among young learners.

It was noted that most young people, especially teenager,s lack adequate knowledge to help them make safe and responsible choices about their sexual and reproductive health.

«Young people nowadays lack adequate information to enable them make a smooth transition from childhood to adolescence and then adulthood. This leaves the majority of them potentially vulnerable to abuse, exploitation, unwanted pregnancies and HIV/AIDS and this might lead to dropping out of school in one way or another,» Rwamukwaya said.

Fuente: http://allafrica.com/stories/201606100131.html

Imagen tomada de: http://www.newtimes.co.rw/files/photos/1465515638Participants–follow-proceedings-during-the-meeting-yesterday-at-Lemigo-Hotel.jpg

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España: Declaración de Ilegitimidad de la propuesta de pacto educativo de Marina

Fuente: porotrapoliticaeducativa.org / 10 de junio de 2016

Fotografía: ©2014 Lita Cabellut. ©Photography by Eddy Wenting and Studio Tromp (works)

Comisión Permanente de lasOrganizaciones y Colectivos que han elaborado el Documento de Bases para una Nueva Ley Educativa 

El Foro de Sevilla, junto con losparticipantes en la elaboración de un documento de bases para una nueva ley educativa en nuestro país, ve ilegítima la hoja de ruta del Pacto educativo del profesor Marina. La paralización de la LOMCE y la reversión de los recortes son una urgencia para nuestro sistema educativo, demandada recientemente por la Plataforma para la escuela pública y por partidos y colectivos sociales, y aprobada por un parlamento con un gobierno en funciones, que hizo caso omiso en poner en funcionamiento lo que exigía la democracia elegida por los españoles y respaldada por toda la comunidad escolar. Es una urgencia para que nuestro sistema educativo no siga creciendo en privatización y en desigualdad y expulsando al alumnado más vulnerable de las aulas.

Una sola persona no puede arrogarse la representación de la sociedad civil para elaborar un libro blanco, que no tiene legitimidad porque no representa a un colectivo, movimiento ciudadano, grupo de profesionales o sector de la comunidad educativa o de la sociedad.

José Antonio Marina, que tuvo el encargo del gobierno del PP para realizar el denominado “Libro blanco de la profesión docente” vuelve ahora, por su cuenta, a proponer una ‘Hoja de ruta para un pacto educativo’, invitando a que la firmen los principales partidos políticos. Ya desde muchos colectivos de educación se le respondió cuando, según afirma, por encargo de una universidad privada (es director de la Cátedra Nebrija-Santander de Inteligencia Ejecutiva y de la Educación), convocó a los partidos para ofrecerles su voluntad de redactar ese pacto educativo. En esta ocasión plantea una ‘Hoja de ruta’ con unas determinadas condiciones que expone en el documento a firmar:

  • El partido que gobierne tras las elecciones se compromete, con la ayuda de la oposición, a mantener la LOMCE en vigor mientras no dispongamos de una nueva ley de educación.
  • La escuela pública puede desarrollarse, como indica la Constitución, a través de una doble red: pública y concertada.
  • Los partidos firmantes reconocen que el “éxito educativo” es más amplio que el “éxito escolar”.
  • El sistema educativo debe ayudar a desarrollar al máximo las competencias de todos los alumnos, fomentar una educación cívica y ética, y prepararles para la inserción en el mundo laboral.

Y otros aspectos, que desde su única reflexión formula, obviando el trabajo de análisis y debate públicos y de construcción colectiva, que buena parte de la comunidad educativa ha venido realizando durante los últimos años con redes, organizaciones políticas y sindicales y movimientos y entidades sociales.

Un pacto educativo no surge de un conocimiento experto particular, ni de una sola concepción de ideas que ya han sido rechazadas por la mayoría de la comunidad educativa. Tampoco puede partir de una serie de obligaciones previas que benefician a una determinada forma de pensar y actuar en educación. José Antonio Marina se entromete en caminos que desconoce y se pierde en los senderos del protagonismo más interesado. Parece considerarse el adalid educativo del país sin contar con la ciudadanía, sus movilizaciones, la lucha frente a la LOMCE, las ‘Mareas’ organizadas, su experiencia y conocimiento, sus declaraciones, textos y acuerdos alcanzados.

La educación como ‘bien común’ procede y se agota en la sociedad civil, es ella la que debe marcar el territorio en donde el derecho a la educación se debe definir. Los gobiernos son los gestores y garantes de ese derecho, ningún sujeto aislado, ninguna organización o institución privada puede marcar, por su cuenta y riesgo, las reglas de juego ni la ruta de un pacto que pretenda la estabilidad en el enunciado de ese derecho. Nuestra sociedad es lo suficientemente madura como para definir las reglas y las rutas que demanda a sus representantes. Por favor, no más autoproclamados “salvadores”.

Este proceso no nos parece propio de una sociedad democrática. No concebimos que sea un centro privado y elitista como la Universidad Elio Antonio de Nebrija quien se arrogue la facultad de encargar a una persona (y su equipo, vinculado además en su mayoría a centros privados) la elaboración de un “Libro Blanco sobre el Pacto Educativo” o una “Hoja de ruta para un pacto educativo”. Entendemos que la comunidad educativa y la ciudadanía en general deben ser protagonistas directos en la elaboración de esta Ley y no limitarse a hacerlo a través de un “buzón de sugerencias” como mecanismo de seudoparticipación similar a lo realizado con la LOMCE.

Los colectivos y organizaciones enumeradas en este escrito coinciden en que es necesario un acuerdo educativo, pero desde y con la comunidad educativa. Por eso ha puesto a disposición de los partidos políticos y la sociedad civil un texto (https://porotrapoliticaeducativa.org/) ya consensuado por buena parte de la comunidad educativa. Pero con la sustancial diferencia de que, en este caso, esta propuesta de “acuerdo” ha partido de la sociedad civil. El contenido ha sido elaborado, debatido y consensuado con las respectivas asambleas de colectivos sociales, sindicatos de estudiantes, asociaciones de padres y madres, organizaciones sindicales y partidos políticos. No desde un “laboratorio de ideas” vinculado a un modelo claramente neoliberal de educación y a los intereses de corporaciones privadas. (Acceso a este texto en pdf)
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COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES sociales, sindicales y políticas que han contribuido a la elaboración del “Documento de bases para una nueva Ley de Educación” y debatido en el “Encuentro social de debate por una nueva Ley Educativa”.
Colectivos Sociales 
( ↑subir )
Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Junta de Portavoces de educación infantil, Proyecto Romay Stop Ley Wert/La educación que nos une, incluye: %Attac. España (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Europa Laica, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES (Investigación y Renovación Escolar), Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública, Plataforma Crida de las Illes Balears (formada por madres, padres, estudiantes y profesorado).
Sindicatos de Estudiantes ( ↑subir )
Sindicato de estudiantesFederación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino.
Asociaciones de Madres y Padres ( ↑subir )
Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).
Organizaciones Sindicales ( ↑subir )
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras , Confederación Stes-intersindical y CGT Madrid
Partidos Políticos ( ↑subir )
Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana
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FMI: La inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe

Fuente FMI / 10 de junio de 2016

Por Izabela Karpowicz, Troy Matheson y Svetlana Vtyurina

(Versiones en English, Português)

La infraestructura es fundamental para el desarrollo y la prosperidad de un país: facilita la actividad económica al fomentar la productividad, la competitividad y el comercio interno y transfronterizo de un país. Pero en América Latina y el Caribe, el nivel y la calidad de la infraestructura son inadecuados, y se ha determinado que son uno de los principales obstáculos para el desarrollo, a pesar de que la red de infraestructura de la región ha experimentado algunas mejoras en la última década.

En nuestro informe regional más reciente se examina el estado de la infraestructura en América Latina y el Caribe y se señalan aspectos clave de las redes de infraestructura en los que podrían introducirse mejoras.

¿Cuál es la situación en la región?

El crecimiento económico y la inversión en infraestructura se refuerzan mutuamente. Por un lado, el crecimiento ayuda a generar los recursos necesarios para financiar la inversión en infraestructura e impulsa la demanda de mejores servicios de infraestructura, mientras que por el otro lado, las mejoras infraestructurales incentivan la actividad económica y estimulan el potencial productivo de un país a lo largo del tiempo. No sorprende entonces que exista una relación positiva entre la calidad de la infraestructura y los niveles de ingreso en los diferentes países (véase el gráfico 1). Pero como se observa en el gráfico, las calificaciones de muchos países de América Latina y el Caribe en materia de calidad de la infraestructura son más bajas de lo que cabría esperar dado su nivel de desarrollo (medido en función del ingreso per cápita relativo). De hecho, la infraestructura de los países de América Latina y el Caribe es de menor calidad que la de países de otras regiones con niveles de ingreso semejantes. Esta brecha es más notoria cuando se la compara con las economías avanzadas.

SPA REO Infrastructure Chart 1

Nuestro estudio asimismo revela que muchos países de la región tienen redes de infraestructura muy deficientes en comparación con las de sus rivales exportadores (véase el cuadro 2). En la actual coyuntura de débil demanda externa, la pérdida de competitividad atribuible a la calidad de la infraestructura física ha significado un lastre considerable para el crecimiento. Esto pone de manifiesto la necesidad de realizar esfuerzos más concertados para mejorar la calidad de la infraestructura en la región.

SPA REO Infrasctructure Chart 2

Mejorar las instituciones

Los gobiernos cumplen una función importante a la hora de promover la inversión en infraestructura. Pero la gestión de la inversión pública en infraestructura puede presentar desafíos. Los economistas en general coinciden en que hay varios factores que inciden en el nivel, la composición y el impacto de la inversión en infraestructura en la economía, como por ejemplo los mecanismos jurídicos, institucionales y de procedimiento de gestión de la inversión pública. Por esta razón, el FMI ha formulado un marco para evaluar en términos amplios la gestión de la inversión pública. Esta herramienta de evaluación tiene en cuenta las prácticas y los marcos sobre los que se asienta todo el proceso de inversión, y ayuda a identificar ámbitos en los que podrían efectuarse mejoras.

En el caso de América Latina y el Caribe, el marco muestra que en general en la región existen instituciones nacionales y sectoriales de planificación (véase el gráfico 3). Pero en todos los otros aspectos del proceso de inversión pública se observan atributos clave que podrían ser mejorados, sobre todo si se los compara con los de los de las economías avanzadas. Algo que llama la atención es que los resultados de la región son mejores que los de otros mercados emergentes en lo que se refiere a la transparencia en la evaluación, ejecución y gestión de los proyectos. Pero los resultados de la región dejan mucho que desear en términos de disponibilidad de financiamiento y el uso de marcos presupuestarios plurianuales. También es necesario proteger mejor la inversión en infraestructura y mantener el capital en infraestructura existente a lo largo del ciclo económico para preservar de mejor manera la calidad de la infraestructura. Pero aun así, hay algunos países de la región que se destacan por sus resultados relativamente buenos en estas dimensiones (por ejemplo, México por la disponibilidad de financiamiento y Colombia por su proceso presupuestario plurianual).

SPA REO Intrastructure Chart 3

Más allá de los fondos públicos

El cierre de las brechas de infraestructura no es solo un tema de recursos públicos. Según el análisis detallado que se presenta en el informe, el sector privado ha estado desempeñando un papel cada vez más importante en el suministro de infraestructura, y la política pública puede apuntar a catalizar y apoyar la inversión privada en infraestructura. Se debe alentar la participación del sector privado, por ejemplo, mejorando los marcos regulatorios, facilitando estructuras económicamente sólidas para el cobro de derechos de uso y garantizando la protección adecuada de los contratos. Las asociaciones público-privadas también deben ser una opción si permiten lograr mejoras de eficiencia, pero es fundamental garantizar la gestión activa y el registro transparente de los riesgos a los que están expuestos los presupuestos públicos.

El desarrollo de mercados financieros profundos para bonos de infraestructura y otros mecanismos innovadores de financiamiento también puede facilitar la movilización de recursos para proyectos y al mismo tiempo moderar el riesgo cambiario. Varios países han logrado avances importantes en estos aspectos (por ejemplo, Brasil), y constituyen ejemplos útiles para la región en general.

Si la región de América Latina y el Caribe no continúa mejorando las redes de infraestructura, existe el riesgo de que las deficiencias infraestructurales menoscaben cada vez más el crecimiento y las perspectivas de desarrollo de la región. El fortalecimiento de los procesos y las prácticas de gestión de la inversión pública es importante para garantizar que el dinero de los contribuyentes sea aprovechado de forma eficaz, y la regulación inteligente puede potenciar al máximo la capacidad del sector privado para contribuir al desarrollo de la infraestructura.

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ONU Mujeres: en Colombia la capacitación lleva a mas mujeres a la política

Fuente: ONU Mujeres / 10 de junio de 2016

“Yo me presenté como candidata y gané; conseguí vencer al miedo de asumir una conducta de candidata”, explica Lucía del Socorro Basante, abogada de 60 años, y única mujer concejal del Concejo de Pasto, en el Departamento [estado] de Nariño, en la zona costera al sur-oeste de Colombia.

Lucía del Socorro Basante

Lucía del Socorro Basante en su oficina en Pasto, Nariño. Foto cortesía de la Sra. Socorro Basante

Fue elegida en las elecciones locales de octubre de 2015, tras obtener la diplomatura en Liderazgo Político con Perspectiva de Género impulsado por ONU Mujeres.

Las anteriores elecciones locales celebradas en 2011 habían puesto de manifiesto una representación muy desigual: Nariño tuvo el segundo porcentaje más bajo de candidaturas de mujeres a alcaldías en el país (18 de las 195), estuvo entre los departamentos del país con menos concejalas electas (88 de las 702) y se ubicó entre las asambleas con más baja participación femenina (1 de 13 miembros de la Asamblea).

Para revertir esta situación, ONU Mujeres con el apoyo de la Cooperación Española, puso en marcha en 2015 el proyecto “En Nariño: Más Mujeres, Más Democracia” [1], con el objetivo de fortalecer la participación político-electoral de las mujeres del departamento, especialmente en tres de sus municipios (Pasto, Ipiales y Tumaco), para aumentar su representación al interior de partidos y movimientos políticos locales y regionales en condiciones de igualdad.

“El proyecto nos permitió conocer la realidad objetiva de la participación de las mujeres en política local, a través de cifras y estadísticas; pero lo verdaderamente estratégico fue conocer la trama en la que se sustenta la realidad”, continúa la Sra. del Socorro.

Unas 150 personas —80 por ciento de ellas mujeres— mejoraron sus capacidades para la participación político-electoral en las elecciones de octubre de 2015 luego de dos meses de cursos de formación de candidatas, obteniendo al final un diplomado en Liderazgo Político con Perspectiva de Género.

“Muchas mujeres asistieron al curso de diplomatura para tener más conocimiento pero no tenían intención de ser candidatas”, explica Amanda Montenegro, diplomada. “Mira el ejemplo de nuestra concejala: que me iba a acompañar… Y decía que ella no se veía como candidata y cuando finaliza el diplomado, sorpresa para todas que se lanzó de candidata”.

El proyecto también apuntó a la formación de las estructuras de partido, explica Yuri René Rosero, Secretario Nacional de uno de los principales partidos del país. “Para promover nuevos liderazgos hace falta formación, que cuesta dinero y los partidos de ámbito regional no reciben las subvenciones con las que cuentan los partidos de ámbito nacional”, explica el Sr. Rosero, que participó en calidad de dirigente en numerosas actividades.

La participación de los compañeros de partido es fundamental para incidir en el cambio social, concuerda Anaydu Arteaga, ex candidata al Concejo de Pasto. “Inclusive en el lenguaje, si ellos están entre mujeres tienen que empezar a hablar de ‘las y los’ —eso es importante. Al principio yo no lo entendía, yo decía que habían cosas mucho más importantes que nos debían indignar— más allá que no nos reconozcan con el lenguaje. Pero luego entendí que si no partimos de eso que es lo más simple, menos vamos a llegar a lo más contundente y lo más grueso”.

Elected women representatives gather for a summit of new local leaders in Nariño, held on 16-17 December 2015 in Pasto. Photo: UN Women Colombia

Las mujeres electas se reunieron para una Cumbre Nariñense de Nuevas Autoridades Locales, realizada el 16 y 17 de diciembre de 2015 en Pasto. Foto cortesía del Fondo Mixto de Cultura.

A través del país, fueron electas 5 gobernadoras (aumentando las mandatarias regionales del 9,38 por ciento en 2011 al 15,6 por ciento en 2015) así como 70 diputadas, 134 alcaldesas y 2.127 concejalas.

El proyecto también contribuyó a generar información estadística sobre la situación de las mujeres en política, identificando los factores que posibilitan y dificultan su liderazgo y representación para fomentar una mayor participación en las elecciones de 2015. Para ello se elaboraron censos y campañas de información pública y sensibilización para promover cambios de actitudes discriminatorias entre votantes y estructuras políticas.

Escucha algunas cuñas emitidas en más de 1.000 radios comerciales y en 2.800 radios comunitarias, financiadas en el marco del Proyecto: “Jugar un partido con la mitad del equipo”; “Votaría por ella?

Vea algunas de las infografías producidas:

Las Mujeres en Narino.
Violencia en el marco del conflicto armado.
Mujeres electas en Narino

“Es importante generar estrategias que permitan que en las próximas elecciones se eliminen las barreras que históricamente han impedido la plena participación política de las mujeres en Colombia”, asevera Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres en Colombia. “Los cambios no se van a dar por sí solos: es necesario establecer reglas de juego y medidas concretas que promuevan el cambio”.

Agrega que datos recogidos para la revisión de Beijing+20pusieron de manifiesto lo lento e irregular que ha sido el progreso en Colombia, ya que para llegar al 49,4% en los Concejos, si siguiéramos al ritmo que vamos, tendríamos que esperar hasta el año 2075, y para llegar al 50,3% en las Asambleas hasta el 2263.

Para acelerar aún más los esfuerzos en este ámbito y otros, en septiembre de 2015, Colombia se unió a la iniciativa “Demos el paso: Por un planeta 50-50 en 2030” de ONU Mujeres, comprometiéndose a acciones concretas para “Fortalecer los mecanismos de representación democrática y participación electoral, e incrementar la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública”.

Este proyecto es financiado a través de financiamiento básico de ONU Mujeres y del Gobierno de España.

Notas

[1] Implementado por ONU Mujeres con el apoyo de la Cooperación Española, el proyecto busca avanzar en la promoción efectiva del liderazgo y representación política de las mujeres en el Departamento de Nariño. Se articuló con la Alianza por la Transparencia y la Calidad de la Democracia “Nariño Decide”, cuya secretaria técnica está a cargo de PNUD, y se trabajó de forma articulada con entidades públicas como la Secretaria de Género e Inclusión Social de la Gobernación.

– See more at: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/6/in-colombia-training-ushers-more-women-into-politics#sthash.ibPy8thZ.dpuf

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