Políticas Públicas

El próximo 26 de mayo la ciudadanía europea elegirá a sus representantes en el Parlamento para los próximos cinco años. La coincidencia en España de estos comicios con las elecciones locales y autonómicas (territoriales en Euskadi) le está restando la importancia debida y añade un elemento más de incertidumbre sobre el resultado final que se produzca. Esta situación ha sido ya detectada por parte de la clase política –especialmente la que ya ha tenido contacto con las diversas instituciones europeas (Parlamento, Consejo y Comisión)- y ha empezado a alzar sus voces para que el electorado fije también aquí la atención necesaria, ante el temor de que disminuya drásticamente la participación en este proceso electoral.

Y no es para menos. Tanto a nivel interno como internacional estamos inmersos en procesos que ya no controlan nuestros gobiernos nacionales. Veamos algunos ejemplos. Prácticamente dos de cada tres cuestiones que afectan a la ciudadanía de cualquier país, de los 28 que componen la Unión, se dirimen en Bruselas y no en Berlín, Madrid o París. El despiadado proceso de globalización mundial que sufrimos se perfila en foros como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, donde son las multinacionales las que llevan tiempo poniendo la música y marcando el ritmo de baile. La situación de precariedad de millones de trabajadores y trabajadoras deberá estar organizada cada vez más por la unión de alianzas de organizaciones sindicales que superen los marcos nacionales. La lista puede seguir alargándose y confirmaría la sensación de que sólo una comunidad internacional de países con objetivos comunes puede ser la que solucione las “presiones”citadas.

Por eso es necesario remarcar la importancia que la votación del próximo 26 de mayo al Parlamento europeo –por cierto, el único, a diferencia del Consejo y de la Comisión, elegido por el voto directo de la ciudadanía- tiene para el inmediato futuro de 500 millones de personas. Y es que, además, en opinión de los expertos, no corren buenos tiempos para la Unión Europea, acuciada interna y externamente por problemas que nos siguen empequeñeciendo a los ojos del mundo.

En el ámbito exterior  aparecen cuestiones como la crisis climática –a la que muestran oídos sordos sus principales causantes, China y EE.UU-, la vergonzosa actitud europea en el trato a la población migrante, el escaso peso futuro de la población europea (6 %) para una humanidad que superará en el año 2030 la cifra de 8.600, (según Naciones Unidas), o la intrascendencia geoestratégica que juega este continente en plena recrudecimiento de la política de bloques entre EE.UU-China-Rusia. Es decir, minucias que ahondan en la idea de que sólo la unión de intereses será capaz de proponer soluciones garantistas con el estado del bienestar conseguido en los últimos decenios.

Si nos miramos por dentro, las y los europeos tenemos que estar preocupados/as por las consecuencias del Brexit y la salida aún incierta de si será o no pactada con el Reino Unido. Y otro asunto no de menor importancia: el deseo de frenar nuevamente el crecimiento del populismo más ultraconservador que capea a sus anchas por media Europa. Este último, por sí solo debería ser el elemento definitivo que nos inclinara a votar el próximo 26 de junio. La ultraderecha está presente en los parlamentos de 17 países de la Unión y en los gobiernos de Austria, Italia, Dinamarca, Finlandia, Eslovaquia y Polonia. En España, VOX ya ha establecido una cabeza de puente en Andalucía y en el propio Parlamento español y pocos dudan de que siga siendo una fuerza en auge. Un crecimiento de esta ideología en el conjunto europeo con una presencia decisiva en el nuevo Parlamento desencadenaría un conflicto de incalculables consecuencias en temas tan sensibles como la inmigración, el reparto territorial o la construcción de una Europa más social. Hasta la fecha, tal y como demuestra el Eurobarómetro, convertir al migrante en chivo expiatorio ha salido rentable a esta opción ultra: la inmigración ya es la máxima preocupación de las/os europeas/os.

También la Educación debería ser una razón para generar más Europa.  Y el reto es, cuando menos, complicado. Diversos estudios comparativos sobre los sistemas educativos en Europa nos hablan de la complejidad de homogeneizar políticas educativas (desde las muy centralizadas de Francia al modelo español, por ejemplo), redes (desde las mayoritarias de la Enseñanza Pública en los países nórdicos hasta el caso holandés, eminentemente concertado), o itinerarios diferenciados en Secundaria (muy tempranos, como el caso alemán, comprensivos hasta los 16 años, en España), por citar algunas diferencias notables. Otras cuestiones, no menores, como el tratamiento de los salarios del profesorado, las jornadas lectivas o la edad de inicio de la escolaridad obligatoria  siguen presentando profundas diferencias, según el país que observemos.

Pero, una Unión que pretende cohesionar 28 sociedades distintas debería pensar en la Educación como un agente activo que encontrase motivos comunes que la avalaran. La idea no es nueva. Ya el Consejo Europeo de 2009 estableció cuatro objetivos estratégicos en esta línea: hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad; mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación; promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa; e incrementar la creatividad y la innovación en todos los niveles educativos.

Diez años después no se ha avanzado demasiado en una política educativa común, terreno incomprensiblemente privativo de los respectivos gobiernos nacionales. Así, se hace difícil defender la importancia que cuestiones como las que he señalado  al principio suponen para la ciudadanía europea. La falta de concreción en el ámbito educativo priva de una mayor cohesión popular, que no se identifica especialmente con los riesgos ya señalados. Por eso aprovecho la oportunidad para lanzar una idea de trabajo –no nueva, aunque apenas desarrollada, hasta ahora-. Un proyecto que involucre a los distintos estados y sirva para generar una mayor conciencia transnacional: la Educación para la Ciudadanía Europea.

Como argumentaron M. Puig Gutiérrez, S. Domene Martos y J. A. Morales Lozano (Educación para la ciudadanía: referentes europeos. Ediciones Universidad Salamanca, 2010) “educar para la ciudadanía es una necesidad actual (y no tanto un oportunismo político), que cobra sentido desde la concepción del aprendizaje como proceso que se desarrolla a lo largo de la vida y que nos permite hacer frente a la realidad de cada momento y contexto; y desde una política común de reconocimiento de la ciudadanía europea y la educación como estrategia esencial de la misma”.

Brindar a los ciudadanos la oportunidad de interactuar y participar en la construcción de una Europa cada vez más cercana, unida y enriquecida por su diversidad cultural; forjar una identidad europea, basada en valores, historia y cultura comunes y reconocidos, o mejorar la comprensión mutua entre los ciudadanos europeos en el respeto y la apreciación de la diversidad cultural, deben ser objetivos generales de tal materia que debería atravesar los distintos currículos nacionales educativos.

Crear una cultura común transnacional supondrá indagar más en los colectivos invisibilizados, marginalizados (la mujer, las clases populares), que hable de episodios de paz sobre los de guerra (tres veces más citados los bélicos en los libros de texto de Ciencias Sociales de 4º de ESO, según un estudio de 2017), que fomente la pluralidad étnica como valor y oportunidad de diversidad educativa.

En esta tarea de expansión del carácter común europeo no puede estar sola la Escuela; ésta debe sentirse acompañada por la Enseñanza no formal, la que percibimos a través de los medios sociales, la familia y las propias instituciones no educativas.

De la mejora de esta realidad común se beneficiaría, sin duda la Europa social, esa a la que le preocupa el fin de mes, la que necesita complementar seguros nacionales de paro, la que espera acuerdos de salarios mínimos, redistribución fiscal y una negociación colectiva transnacional, tal y como apunta Josep Borrell (Por un relanzamiento europeo, El País, 9/05).

Este año se cumplen 60 desde que la firma de los Tratados de Roma hiciese surgir la idea de un proyecto europeo común. Es un buen momento para que una apuesta decidida de apoyo y fomento de la educación y la cultura permita mejorar el sentimiento de pertenencia a una comunidad europea, de momento más virtual que real, más económica que social. Algún intento por parte de las instituciones ya se ha dado en este sentido. Resta que se aplique con intención y confianza en los países miembros.

La mitología griega nos recuerda que la belleza de Europa obligó al dios Zeus a raptarla y llevársela lejos de sus dominios. No aclara si fue feliz con su nueva situación, más allá de los tres hijos que engendró, aunque el uso de la fuerza y el engaño no llevan a concebir demasiada esperanza. Ahora, en 2019, puede ser que Europa se encuentre ante un secuestro más sutil, pero no menos efectivo por parte de los Zeus actuales si no mostramos el próxima 26 de mayo fortaleza y confianza en nuestras propias fuerzas.

Un reciente documento editado por CCOO (“Tú decide. Propuestas al Parlamento europeo”) señala con certeza las características que debe tener ese nuevo espacio que deseamos construir: la Europa social, democrática, solidaria e igualitaria, feminista, del trabajo decente, de las personas y no sólo de los mercados, que camine hacia una transición justa. Una Europa así no se construye sola, sino con la colaboración de cuantas personas la deseen. Lo que significa tomarnos en serio estas elecciones. También exigir a todos los políticos que piensen -¡una vez más!- en clave de Educación.  Todas, todos, saldremos beneficiadas/os.