Políticas Educativas

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No distraigan ni confundan a la población con un hipotético regreso a clases

Fidel Ibarra López

Dr. Fidel Ibarra López

Si algo ha distinguido el discurso institucional en lo referente al regreso a la clase presencial, es la irresponsabilidad y la contradicción. El gobernador de Jalisco señala que están próximos a presentar un protocolo con el cual podrían regresar a la clase presencial en esa entidad federativa; el Secretario de Educación Pública, afirma por su parte que la única manera de regresar al aula es con el Semáforo en Verde. Y días después señala que Campeche y Chiapas, podrían ser los primeros estados que puedan estar en esa condición por ser las entidades que estarían en condiciones de situarse en Semáforo en Verde. Y el encargado de la estrategia para enfrentar la pandemia del Covid, por parte del gobierno Federal, señala en dos declaraciones distintas, que se viene un escenario muy complejo para nuestro país con la entrada del otoño por la situación de un segundo rebrote -debido al factor climático- y que los hospitales van a estar llenos (sinembargo.mx.; 23 de septiembre del 2020). Y, por ende, recomienda que no se regrese a la clase presencial, ni siquiera en una condición de Semáforo en Verde, sino hasta que se tengan niveles mínimos de contagios (El Debate, 25 de septiembre del 2020). ¿Y cuándo podría ocurrir esa condición? Y esto lo afirmamos nosotros, hasta que haya una vacuna. No hay otra posibilidad. Luego pues, bajo este contexto, ¿por qué se persiste en seguir alimentando el discurso institucional con un supuesto regreso a las aulas?

Los esfuerzos institucionales por explorar posibles protocolos para retornar a las clases presenciales, lo que genera es una distracción de los problemas centrales que se tienen en este momento. Uno de esos problemas es coyuntural y el otro es de planeación y preparación. El primero tiene que ver con la responsabilidad de sostener la cobertura educativa en el actual ciclo escolar, así como los aprendizajes de los alumnos. Y el segundo, con la preparación para enfrentar un escenario donde se tenga que mantener un modelo de educación a la distancia a través del uso de las tecnologías.

Veamos cada uno de estos problemas: En primer lugar, el modelo de educación a distancia que se está implementando en el sistema de educación pública, ¿está garantizando las clases a todos los alumnos de educación básica -incluyendo a los alumnos que se ubican en las zonas de mayor marginación social-? Si no es así, ¿qué acciones están haciendo las autoridades federales para que esa condición tenga lugar? ¿Y de qué forma están tributando las autoridades estatales a ese propósito? En segundo lugar, en lo referente a los aprendizajes de los alumnos, ¿en qué medida se están garantizando con el modelo de educación a distancia? Y si esta condición no está teniendo lugar de forma adecuada, ¿de qué manera se está enfrentando este problema? Lo anterior demanda (toda) la atención de las autoridades educativas. Y, en cierta forma, exige (también) que no se distraiga la atención de los otros actores involucrados en el proceso; esto es, de los directores de escuela, docentes, alumnos y, sobre todo, de los padres de familia. El ciclo escolar va a terminar de la misma forma como inició; esto es, a la distancia. Y es de suma importante que, en términos de aprendizaje, no resulte un ciclo escolar perdido para los alumnos. Y eso es responsabilidad de todos los actores participantes en el proceso educativo.

En tercer lugar, se tiene un problema de mayor calado. Y con ello me refiero a lo siguiente: si nos remitimos al discurso de las autoridades en la materia, en el escenario más halagüeño se tendrá una vacuna en el segundo semestre del 2021. Si eso es así, es muy posible que se inicie el próximo ciclo escolar de la misma forma como terminará el actual (a la distancia). Y, además, porque en México se tiene un problema estructural: no hay infraestructura suficiente para refrigerar los millones de vacunas que se requieren para aplicar una vacuna a toda la población de este país (Milenio, 15 de marzo del 2020). Por lo cual, la universalización de la vacuna no va a tener lugar, por más que lo afirme el presidente. No hay infraestructura para eso. Lo anterior significa que, aun con la invención de una vacuna, no se podrán eliminar los contagios de tajo, porque no toda la población va a poder acceder al medicamento.

¿Qué significa lo anterior? En el plano educativo, esta condición obligaría a iniciar el ciclo escolar 2021-2022 nuevamente bajo un modelo de educación a distancia. Sin embargo, sería inadecuado iniciarlo bajo las mismas condiciones con las que se operó en el presente ciclo escolar (clases por televisión). Sobre todo, en lo referente al acceso a las tecnologías. Y aquí radica el punto central del problema: ¿se está preparando el gobierno federal y los gobiernos locales para reducir la insultante brecha digital que se tiene en el país? Lo anterior ha sido una demanda en la región desde hace más de una década por parte de organismos como la CEPAL; pero la irrupción de la pandemia sitúa el problema (ahora) en una condición de urgencia. ¿Lo están entendiendo así las autoridades de gobierno?

Lo dudo. Sobre este tema en concreto, no se ha dicho ni una sola palabra. El discurso institucional se centra en el regreso a la clase presencial, no en dotarle a los alumnos de las herramientas tecnológicas para que puedan desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de las tecnologías. Ni siquiera se ha escuchado este punto en un momento en donde se está iniciando el debate en torno al presupuesto público para el próximo año. No lo he escuchado de parte del presidente López Obrador, del Secretario de Educación Pública, ni tampoco de ningún mandatario estatal.

Lo pongo en perspectiva: mientras la directora de la CEPAL, Alicia Bárcena, advierte (nuevamente) que la brecha de acceso a las tecnologías digitales puede convertirse en un nuevo rostro de la desigualdad, aquí en México el tema ni es materia de debate entre los principales actores de poder responsables de la educación pública. ¿Cuál es el debate entonces? El debate es si se regresa o no a la clase presencial.

A ese nivel estamos.

No se observa planeación a futuro, sólo un trabajo por urgencia.

En ese sentido, bien harían los gobernantes y las autoridades educativas en no distraer la atención de la población con escenarios hipotéticos que no tiene un sustento en la realidad. Y mucho menos, en darle falsas expectativas a los padres de familia. En todo caso -y esto se constituye en demanda-, deben ocuparse de lo verdaderamente importante. ¿A qué me refiero con esto? Tienen la responsabilidad histórica de que el actual ciclo escolar no se constituya en un ciclo escolar perdido -en términos de aprendizaje- para millones de niños; asimismo, tienen la responsabilidad política de enfrentar la brecha digital que se tiene en el sistema educativo mexicano.

Este problema ya no se puede seguir postergando por más tiempo. Es imperativo hacerle frente. Si no se hace, el costo va a ser brutal para millones de niños.

Así pues, no distraigan, ni confundan a la población señores, con mensajes contradictorios.

Mejor ocúpense, porque el problema es sumamente grave. Está en juego el futuro de millones de niños.

*Fuente: https://alternativaeducacion.com/p=1659&fbclid=IwAR241vGzT3xCYXcdpc0AovRkHcBDZTIh3wIbASrySwjgoA7zwVvHicBFccQ

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En nuevo Reglamento de la SEP desaparece la DGESPE y Dirección de Evaluación de Políticas

Erick Juárez Pineda

Por: Erick Juárez Pineda

 

En el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre ha desaparecido la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) y la Dirección General de Evaluación de Políticas

Por un lado, la la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) desaparece como tal y es sustituida por la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio.

Esta nueva dirección tiene como objetivo proponer a la persona Titular de la Subsecretaría de Educación Superior las políticas para el desarrollo de las instituciones y programas de educación superior destinados a la formación de los profesionales de la educación, así como impulsar su implementación

Además de establecer las normas pedagógicas, los planes y programas de estudio para la educación normal, y demás normativa para la formación de maestros de educación básica, los cuales deberán mantenerse acordes al marco de educación de excelencia contemplado en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del Sistema Educativo Nacional.

Por su parte, la Dirección General de Evaluación de Políticas Educativas se convierte en Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación.

Esta nueva dirección busca coordinar y fomentar con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las relaciones en materia educativa con otros países y órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, así como participar e intervenir, en su caso, en la formulación de programas educativos de cooperación, políticas educativas y estrategias de financiamiento en la materia.

Además, propone a la persona Titular de la Jefatura de la Oficina del Secretario, en coordinación con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, iniciativas conducentes al desarrollo de políticas y estrategias encaminadas al logro de una posición competitiva de las instituciones educativas públicas y privadas en sus diversos, tipos, niveles y modalidades.

Consulta este documento dando click aquí: Reglamento Interior de la SEP

Fuente e imagen: http://www.educacionfutura.org/en-nuevo-reglamento-de-la-sep-desaparece-la-dgespe-y-direccion-de-evaluacion-de-politicas/

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Escuelas y pedagogías con memoria

Jaume Martínez Bonafé

Por: Jaume Martínez Bonafé

  • ¿Qué nos pasa en la escuela y en las políticas educativas de la escuela para que se mantenga una ruptura epistemológica tan profunda entre los modelos rígidos de las administraciones y las investigaciones, desarrollos teóricos y potentes experiencias de renovación pedagógica?

¿Imaginan un hospital en el que cada cambio de Gobierno o cambio en la Consejería de Sanidad, o en la Dirección General, o en la dirección del hospital, suponga partir de cero otra vez, iniciar nuevos protocolos, definir de nuevo los conceptos nucleares de cada especialidad médica? Además de estúpido y caro pondría en peligro nuestra salud.

Damos por supuesto, al entrar en el hospital, que el conocimiento acumulado, la investigación, los debates profesionales, el intercambio de publicaciones, congresos y reuniones, van haciendo crecer un saber acumulado que nos da confianza en el cuidado y la cura. También conocemos que ese saber ha ido sufriendo transformaciones, en muchos casos profundas, relacionadas con el avance de la investigación pero seguramente relacionadas también con las políticas sanitarias, presupuestos etc. Y sabemos, además, que en algunos hospitales los equipos médicos de cierta especialidad destacan por el avance en sus investigaciones con lo que llegan a ser considerados por los otros colegas unidades de referencia, a las que se tiene en cuenta y de las que se aprende.

En resumen, parece que la actividad profesional hospitalaria tiene memoria. ¡Ah! y otra cosa: imagino que si los y las profesionales cambian la conceptualización, un modo de nombrar, cambia con ello la práctica de referencia. Es decir, no cambian el lenguaje para dejar las cosas como estaban. La doctora no pide un TAC con contraste para que le entreguen la lámina de rayos X de toda la vida, con etiqueta nueva.

Pues vengo aquí con el caso de la sanidad hospitalaria para invitar a reflexionar sobre porqué en la escuela y en las políticas educativas de la escuela el comportamiento institucional es tan diferente. ¿Cuál es la memoria de la escuela? ¿Qué acumulación de saberes docentes ha venido provocando cambios sustanciales en el desarrollo del curriculum?

Sabemos que hay escuelas en las que el equipo pedagógico logró liberarse de los encorsetados códigos curriculares para ensayar, desde la cooperación y la investigación-acción, formas de enseñanza en las que el proceso de aprendizaje y no la estructura de las disciplinas es la que gobernaba el desarrollo curricular. Sabemos que hay escuelas que, frente a la lógica de la fragmentación disciplinar, trabajan con un conocimiento situado, integral, anclado en el territorio y el diálogo de saberes ¿Qué aprendimos de estas experiencias? ¿Dónde quedó inventariado ese conocimiento? ¿Qué nuevos escalones pudimos ensayar a partir de los peldaños subidos? Sabemos que el conocimiento humano es globalizador, que no se desarrollan capacidades intelectuales al margen de la resolución de problemas, que la vida cotidiana del niño y de la niña es el punto de partida si queremos posibilitar la reconstrucción crítica del conocimiento experiencial construido en ese contexto de lo cotidiano, pero esto lo sabemos desde hace mucho tiempo y son saberes de la profesión docente fundamentados en investigaciones y experiencias de autorías relevantes. ¿Hace falta citar a Dewey, a Bruner, a Freire, a Freinet, a toda la corriente de la Escuela Nueva, a Stenhouse? ¡El siglo pasado! Sin embargo, en algunos recientes debates profesionales a los que he podido asistir alguna de estas ideas se reciben no ya como novedad sino como un deseo inalcanzable.

¿Qué nos pasa en la escuela y en las políticas educativas de la escuela para que se mantenga una ruptura epistemológica tan profunda entre los modelos rígidos de las administraciones y las investigaciones, desarrollos teóricos y potentes experiencias de renovación pedagógica? ¿Y qué justifica la ignorancia o el desprecio hacia experiencias innovadoras con éxito cuando se diseñan las prescripciones curriculares? ¿Se acuerdan del ejemplo del TAC y los rayos X? Pues es como si el Conseller dice que la escuela del siglo XXI bla, bla, bla y luego financia la gratuidad del libro de texto, sin ocuparse ni preocuparse por otras experiencias alternativas que ejemplifican desde metodologías muy diversas desarrollos curriculares innovadores.

Imaginen una escuela y un gobierno de la escuela en el que los posibles cambios y mejoras se corresponden con un modelo de educación pública discutido públicamente. Una escuela y un gobierno que saben que su propuesta cultural para definir el marco curricular no es neutra y la saben defender en la esfera pública (no es lo mismo un ministro de Ëducación del Opus que un ministro o una ministra ilustrada defensora de la laicidad). Pero esa escuela y ese gobierno respetan que el desarrollo de lo definido en el marco curricular está en manos de un profesorado investigador, formado y preparado para tomar en sus manos el proyecto de innovación y mejora, sabiendo que hay memoria, investigación sobre la memoria y un potente banco de experiencias de innovación inventariadas, en las que poder apoyar las suyas. Imaginen.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/24/escuelas-y-pedagogias-con-memoria/

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La entelequia educativa

Mauro Jarquin

Un camión de la policía estatal embiste a estudiantes de la escuela normal rural Francisco de Quiroga en Michoacán, durante una protesta para solicitar apoyos del gobierno con el fin de realizar actividades culturales; como resultado, varios estudiantes heridos, uno de ellos en condición grave. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se propone un recorte de más del 90% del presupuesto destinado a las escuelas normales, formadoras de docentes.

Se presenta también una Iniciativa de la Ley General de Educación Superior, en la cual se consideran elementos que abren la puerta a la exclusión educativa y docentes del Estado de México y Veracruz viajan a la Ciudad de México para exigir la resolución a distintas demandas pendientes. Todo esto prácticamente en la misma semana. Al parecer, el panorama educativo nacional no ha cambiado mucho a dos años de gobierno de la 4T,    salvo por la legitimidad de la cual goza el gobierno federal en amplios sectores del magisterio.

Más allá de las vicisitudes multinivel (federal, estatal, municipal) y partidista que desarrolla toda política, y el recurrente asedio directo a las instituciones formadoras de docentes por parte de autoridades estatales -entre las cuales el gobernador Silvano Aureoles ocupa un lugar importantísimo- lo cierto es que ha terminado por aclararse algo que muchos no esperaban y otras voces se han negado a aceptar: la continuidad del neoliberalismo en rubros importantes de la política educativa nacional, el cual, declarado en algún momento muerto, sigue vivito y coleando. Muestra de ello es el recorte presupuestal a programas docentes y escolares, la proliferación de alianzas público-privadas con grandes consorcios empresariales para la provisión del servicio educativo público, la creación de mercados educativos con el pretexto de la imperativa digitalización en tiempos de pandemia y post pandemia y el continuo golpeteo a la profesión docente, por la vía del des-financiamiento federal o de la represión física a nivel estatal.

Los elementos mencionados son herencia directa del neoliberalismo en educación, entendido este tanto en clave de política económica (ampliación de espacios de inversión al capital, contención del gasto público en servicios sociales) como de políticas de gestión de las poblaciones y colectivos (generación de lógicas disciplinarias y subjetivaciones específicas) solo que ahora recubierto de una retórica de cambio y primacía de los intereses populares.  Algo que no resulta precisamente novedoso en el contexto latinoamericano si tomamos en cuenta la experiencia en años recientes de Ecuador y Brasil, por ejemplo.

Si partirnos de la máxima cristiana por sus frutos los conoceréis, podemos afirmar con seguridad que la gran transformación educativa de la 4T es realmente una entelequia; es decir, una cosa irreal que habita en la imaginación de la burocracia educativa, de algunos cuadros del lopezobradorismo y del propio Presidente. Dicha idea ha generado cierto arraigo en distintos sectores de la población mexicana, lo cual responde parcialmente a que para la opinión pública ha resultado cuando menos nebuloso el proceso de diseño y ejecución de la política educativa en el sexenio en curso, con todo y el desfase entre el discurso público con el cual se han justificado las decisiones oficiales, los elementos clave plasmados en los documentos rectores de política educativa y los hechos concretos de su actuación.

Basta dar un vistazo tanto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como al Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en los cuales se hacen afirmaciones como: “el proyecto educativo de la presente administración garantizará el respeto a los derechos del magisterio, el fortalecimiento de las escuelas normales publicas, la creación de un sistema de promoción vertical y horizontal justo, y el reconocimiento del esfuerzo que realiza el personal docente en el aula” o “ningún joven que desee cursas estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior” para comprender el desarrollo de una grandes expectativas que siguen vigentes en el el magisterio y las comunidades educativas.

En el Plan se afirma que durante el periodo neoliberal “se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior”, que “los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos” y que “se emprendió una ofensiva brutal en contra de las normales rurales”. Ante ello, afirma, el gobierno federal se comprometió a “mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa”.

Por su parte, el Programa matiza la retórica de ruptura total al recordar el compromiso adquirido por el Estado mexicano respecto a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, enfocado a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje”, lo cual plantea una continuidad tácita en ciertos rubros de política pública. Aún así, el documento afirma un cambio profundo en el proyecto educativo a través del desarrollo de seis objetivos prioritarios: a) educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral; b) educación de excelencia; c) revalorizar a las maestras y los maestros; d) entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje; e) derecho a la cultura física y f) fortalecer la rectoría del Estado en la educación. Todos articulados en 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales.

El preocupante desfase entre retórica y acción resulta cada vez más claro. Es curioso ver cómo a escasos dos meses de la publicación del Programa, sus contenidos parecen ya quedar inoperantes. Como muestra, dos cuestiones:

La acción puntual 1.6.4, perteneciente a la Estrategia Prioritaria 1.6, respecto a la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior consiste en: “promover la revisión de los mecanismos de selección y admisión de estudiantes para la inclusión de grupos sociales desfavorecidos en las oportunidades de acceso al sistema, respetando, en su caso, la autonomía de las universidades. No obstante, en la Iniciativa de Ley General de Educación Superior se mantiene una política de exclusión educativa fundada en los “requisitos” de las instituciones de educación superior, lo cual permite pensar que “estamos frente a una inaudita cesión de una función del Estado (garantizar la educación) a lo que decidan establecer las autoridades de las instituciones públicas y también las de las privadas” (https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/opinion/016a2pol). ¿Hasta qué punto dicha sesión fue producto de un acuerdo cupular entre burocracias universitarias y élites empresariales del CCE y la COPARMEX? Aún no lo sabemos.

Por otro lado, la acción puntual 4.1.4, de la Estrategia Prioritaria 4.1 respecto a asegurar las condiciones de infraestructura física educativa, considera: “fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros”. Algo prácticamente impensable tras las proyecciones de gasto destinadas a las necesidades de las escuelas normales así como programas de formación docente.

En un contexto de confusión respecto a la práctica concreta de la política educativa lopezobradorista, el presupuesto y la unidireccionalidad de la toma de decisiones han resultado clarificadores. Y es que es importante preguntarnos que, sin fortalecimiento a la profesión docente, sin acciones afirmativas del Estado por extender la educación superior a un número cada vez mayor de jóvenes (más allá del proyecto de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García), sin inversión considerable en educación de primera infancia, sin un criterio novedoso para evaluar el sistema educativo nacional (dada la primacía acrítica por la prueba PISA, establecida también en el Programa), sin una participación real de las distintas expresiones magisteriales en las discusiones sobre el desarrollo de su trabajo, etc.,  resulta muy complicado aceptar la narrativa de la transformación.

Es verdad que la reforma constitucional de la 4T desvinculó la evaluación docente de su permanencia en el empleo, y con ello puso fin a la terapia de choque a la cual había sido sometido el sistema educativo nacional. Sin embargo, dado el apoyo electoral brindado por el magisterio en la campaña electoral de López Obrador, así como su entrega constante en el trabajo en el aula, ya sea física, virtual o inexistente, tal medida debería ser el inicio de un sistemático cambio educativo de largo aliento, y no un dispositivo de control sobre la crítica y la movilización. Alguien podrá decir que de poco sirve señalar las inconsistencias de la política educativa en curso. Sin embargo, vale la pena reconocer que la educación es esencialmente, un campo en disputa. Una disputa que se construye con las luchas cotidianas y que en términos concretos, no está definida a priori. Y ante el contexto de un gobierno que pese a ciertas definiciones aún se construye, resulta fundamental identificar las los claroscuros, para llamar a caminar en un sentido distinto.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-entelequia-educativa/

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¡SOLIDARIDAD CON LA HUELGA GENERAL DEL URUGUAY!

Noticias

La Central Única de Trabajadores y Trabajadoras del Uruguay, el PIT-CNT, está convocando a un paro de 24 horas para el próximo 17 de septiembre. Esta convocatoria procura expresar el malestar sobre los anuncios de reducción de partidas vinculadas a temas laborales en el marco de los debates de la Ley de Presupuesto del año 2021. Por otra parte, la propuesta salarial que ha hecho el Ejecutivo está muy por debajo de las demandas de los y las trabajadoras(es) del sector público. Este paro también procura denunciar la precarización laboral de la población en general en el marco de la pandemia del COVID-19.

EL PIT-CNT exige que el gobierno de ese país priorice la educación, salud, vivienda y el empleo digno en el presupuesto del año 2021, evitando que sean los más pobres y débiles quienes paguen el precio del ajuste.

Expresamos nuestra solidaridad activa y militante con la conducción del PIT-CNT y con la lucha de los y las trabajadoras(es) uruguayos(as).

Por las organizaciones que forman parte del I Congreso mundial de Educación 2020 en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo:

 

Luis Bonilla-Molina (OIREPOD), Claudia Baigorria (CONADU-H, Argentina), Pedro Hernández (Sección 9 de la CNTE, México), David Lobâo (SINASEFE, Brasil), Eduardo González (MUD, Chile), Mercedes Martínez (FMPR, Puerto Rico), Fernando Abrego (ASOPROF, Panamá), Isabel Vargas (UNE, Ecuador), Yesid González (ADE-La Roja, Colombia), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Mari Luz González (STES, España),Luis Bueno (CNSUESIC, México), Luis Tiscornia (CONADU-H), José Cambra (Docente Universitario, Panamá), Marc Casanova (USTEC, España), Luis Edgardo Salazar (FECODE, Colombia), Vladimir Laura (CONMERB, Bolivia), Fernando Lázaro (CEIP-H, Argentina), Julieta Kusnir (EEUU), Nelva Reyes (CGTP, Panamá), Luis Bueno (CNSUESIC, México), José Cambra (ASOPROF, Panamá), Luz Palomino (CII-OVE), Ángel Rodríguez (APPU, Puerto Rico), Carolina Jiménez (UN, Colombia), Daniel Libreros  (CADTM, Colombia), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por la Defensa del derecho a la Educación), Edgar Isch (Académico, Ecuador), Fernando Gómez (Rosario, Argentina), Hugo Aboites (Académico, México), Laura García Tuñón (ENDYEP, Argentina), Luis Sánchez (AEVE, Panamá), Marta Alfonzo (Primera Vice presidenta de FECODE, Colombia), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz, Colombia), Mauro Jarquín (Investigador, México), Rosa Cañadel (Cataluña, España), Sandra Lario (Colectivos de Educadores populares del Sur, Argentina), Rosemary Hernández (FOVEDE, Venezuela), Lev Velásquez (profesor, equipo de la CNTE, Sección XVIII, México), Estela Gramajo (Intergremial de Formación Docente, Uruguay), Jorge Adaro (Ademys, Argentina), Mariano Isla (Asociación de Pedagogos de Cuba), Vicent Mauri  (Intersindical de Valencia, España), Leopoldo Muñera (MANPUP, Colombia), Andrés Felipe Mora (MANPUP, Colombia), Daniel Jorge (FERC CGT, Francia), Ezequiel Alfieri (Educador popular, Argentina), Teresa Garduño Rubio  (Pedagoga y Educadora Popular, México), Angela Zambrano (Profesora universitaria, Ecuador), Lourdes Velásquez de Urbáez (Sociedad Venezolana de Educación Comparada),  César Valdovinos (CINPECER, México), Miguel Ángel Hernández (SITIEMS, México), Raúl Gil (Uruguay), Eric Toussaint (Comité Mundial por la Abolición de las Deudas Externas, Bélgica), Tim Anderson (Profesor Universitario, Australia),  Luis Hernández Navarro (periodista, México), Orlando García (ASOMOGRERP, Panamá), Allen Cordero (Profesor Universitario, Costa Rica), Antonio Elías (Profesor e Investigador, Uruguay), Aníbal Navarrete  (Regional Bio Bio, Colegio de Profesores de Chile), Elizabeth Búrigo (profesora universitaria, Brasil), Diego Parra (Coalición Chilena por el derecho a la educación), Pavel Escobar (CNTE, Chiapas, México), Trino Barrante (SINDEU, Costa Rica),  Alfonzo Insuasti (Grupo Kavilando, Colombia), Paúl Vásquez Escobar (Ecuador)… más firmas en depósito

 

 

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¡PAREMOS EL BAÑO DE SANGRE EN COLOMBIA!

Noticias

El magisterio colombiano vive una hora especialmente dramática producto de la violencia institucionalizada y generalizada contra el movimiento social. En lo que va de transcurrido el año 2020 han sido asesinados 218 activistas sociales en 55 masacres. Esta violencia la encabezan grupos armados vinculados al narcotráfico y el paramilitarismo, quienes actúan con la protección de las FFAA y en complicidad con sectores del Estado.

Esta situación se ha hecho insoportable para la población.  Por ello, ante el vil asesinato del abogado Javier Ordóñez Bermúdez, las protestas que iniciaron el 9 de septiembre por la madrugada, se generalizaron por toda la ciudad de Bogotá. En otras ciudades como Medellín el hartazgo de la población se hizo sentir en las calles. La iracundia ciudadana se mostró con la quema de más de 50 casillas policiales en la capital de Colombia. La brutal respuesta gubernamental produjo en solo dos días el saldo de 13 muertos por las balas de las fuerzas policiales.

Desde el movimiento mundial de trabajadoras y trabajadores de la educación exigimos el cese inmediato de la violencia y la salvaguarda de las y los dirigentes sociales de Colombia. Una expresión dramática de la situación de violencia estructural que ocurre en ese país, es la declaración hecha a través del tiempo por parte de los paramilitares colombianos, de “objetivos militares” sobre buena parte de la dirigencia de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). Ante ello, el Estado colombiano no toma medidas efectivas de protección.

Esta situación sostenida y recurrente de violencia contra el magisterio colombiano se constituye en un ataque al derecho a la educación.  Por ello solicitamos que cese la violencia y se proteja la vida y actividades del movimiento social de ese país

 

Por las organizaciones que forman parte del I Congreso Mundial de Educación 2020: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo:

 

Luis Bonilla-Molina (OIREPOD), Claudia Baigorria (CONADU-H, Argentina), Pedro Hernández (Sección 9 de la CNTE, México), David Lobâo (SINASEFE, Brasil), Eduardo González (MUD, Chile), Mercedes Martínez (FMPR, Puerto Rico), Fernando Abrego (ASOPROF, Panamá), Isabel Vargas (UNE, Ecuador), Yesid González (ADE-La Roja, Colombia), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Luis Bueno (CNSUESIC, México), Luis Tiscornia (CONADU-H), José Cambra (Docente Universitario, Panamá), Marc Casanova(USTEC, España), Luis Edgardo Salazar (FECODE, Colombia), Vladimir Laura (CONMERB, Bolivia), Fernando Lázaro (CEIP-H, Argentina), Julieta Kusnir (EEUU), Nelva Reyes (CGTP, Panamá), Luis Bueno (CNSUESIC, México), José Cambra (ASOPROF, Panamá), Luz Palomino (CII-OVE), Marta Alfonzo (Primera Vice presidenta de FECODE, Colombia), Ángel Rodríguez (APPU, Puerto Rico), Mari Luz González (STES, España), Carolina Jiménez (UN, Colombia), Daniel Libreros  (CADTM, Colombia), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por la Defensa del derecho a la Educación), Edgar Isch (Académico, Ecuador), Fernando Gómez (Rosario, Argentina), Hugo Aboites (Académico, México), Laura García Tuñón (ENDYEP, Argentina), Luis Sánchez (AEVE, Panamá), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz, Colombia), Mauro Jarquín (Investigador, México), Rosa Cañadel (Cataluña, España), Sandra Lario (Colectivos de Educadores populares del Sur, Argentina), Rosemary Hernández (FOVEDE, Venezuela), Lev Velásquez (profesor, equipo de la CNTE, Sección XVIII, México), Estela Gramajo (Intergremial de Formación Docente, Uruguay), Jorge Adaro (Ademys, Argentina), Mariano Isla (Asociación de Pedagogos de Cuba), Vicent Mauri  (Intersindical de Valencia, España), Leopoldo Muñera (MANPUP, Colombia), Andrés Felipe Mora (MANPUP, Colombia), Daniel Jorge (FERC CGT, Francia), Ezequiel Alfieri (Educador popular, Argentina), Teresa Garduño Rubio  (Pedagoga y Educadora Popular, México), Angela Zambrano (Profesora universitaria, Ecuador), Lourdes Velásquez de Urbáez (Sociedad Venezolana de Educación Comparada),  César Valdovinos (CINPECER, México), Miguel Ángel Hernández (SITIEMS, México), Raúl Gil (Uruguay), Eric Toussaint (Comité Mundial por la Abolición de las Deudas Externas, Bélgica), Tim Anderson (Profesor Universitario, Australia),  Luis Hernández Navarro (periodista, México), Orlando García (ASOMOGRERP, Panamá), Allen Cordero (Profesor Universitario, Costa Rica), Antonio Elías (Profesor e Investigador, Uruguay), Aníbal Navarrete  (Regional Bio Bio, Colegio de Profesores de Chile), Elizabeth Búrigo (profesora universitaria, Brasil), Diego Parra (Coalición Chilena por el derecho a la educación), Pavel Escobar (CNTE, Chiapas, México), Trino Barrante (SINDEU, Costa Rica),  Alfonzo Insuasti (Grupo Kavilando, Colombia), Paúl Vásquez Escobar (Ecuador).

 

 

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¡ALTO A LA REPRESIÓN A ESTUDIANTES DE TIRIPETIO, MICHOACÁN, MÉXICO!

Noticias

Ocho estudiantes normalistas de Michoacán, México fueron encarcelados desde el mes de junio del 2020 al protestar por el recorte a la matrícula de las escuelas formadoras de docentes y veintitrés más fueron aprendidos el 10 de septiembre del mismo año mientras se trasladaban a un encuentro estudiantil de solidaridad en el estado de Tlaxcala. Ese mismo día, realizando una protesta pacífica para exigir libertad de sus compañeros, fueron embestidos de manera frontal por un camión de la policía Michoacana donde gobierna Silvano Aureoles, dejando varios heridos y hospitalizados por el atropellamiento.

La criminalización de los futuros docentes se inscribe en el marco de un proyecto presupuestal que reduciría 95% los recursos económicos destinados a las escuelas normales mexicanas, que son una oportunidad de estudio para los más pobres.

 

¡Libertad a los 8 estudiantes normalistas que siguen presos!

¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales del intento de homicidio!

¡Mayor presupuesto para las normales públicas de México!

 

Por las organizaciones que forman parte del I Congreso mundial de Educación 2020 en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo:

 

Luis Bonilla-Molina (OIREPOD), Claudia Baigorria (CONADU-H, Argentina), Pedro Hernández (Sección 9 de la CNTE, México), David Lobâo (SINASEFE, Brasil), Eduardo González (MUD, Chile), Mercedes Martínez (FMPR, Puerto Rico), Fernando Abrego (ASOPROF, Panamá), Isabel Vargas (UNE, Ecuador), Yesid González (ADE-La Roja, Colombia), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Luis Bueno (CNSUESIC, México), Luis Tiscornia (CONADU-H), José Cambra (Docente Universitario, Panamá), Marc Casanova(USTEC, España), Luis Edgardo Salazar (FECODE, Colombia), Vladimir Laura (CONMERB, Bolivia), Fernando Lázaro (CEIP-H, Argentina), Julieta Kusnir (EEUU), Nelva Reyes (CGTP, Panamá), Luis Bueno (CNSUESIC, México), José Cambra (ASOPROF, Panamá), Luz Palomino (CII-OVE), Marta Alfonzo ( Primera Vicepresidenta de FECODE, Colombia), Ángel Rodríguez (APPU, Puerto Rico), Carolina Jiménez (UN, Colombia), Daniel Libreros  (CADTM, Colombia), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por la Defensa del derecho a la Educación), Edgar Isch(Académico, Ecuador), Fernando Gómez (Rosario, Argentina), Hugo Aboites (Académico, México), Laura García Tuñón (ENDYEP, Argentina), Luis Sánchez (AEVE, Panamá), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz, Colombia), Mauro Jarquín (Investigador, México), Rosa Cañadel (Cataluña, España), Marí Luz González (STES, España), Sandra Lario (Colectivos de Educadores populares del Sur, Argentina), Rosemary Hernández (FOVEDE, Venezuela), Lev Velásquez (profesor, equipo de la CNTE, Sección XVIII, México), Estela Gramajo (Intergremial de Formación Docente, Uruguay), Jorge Adaro (Ademys, Argentina), Mariano Isla (Asociación de Pedagogos de Cuba), Vicent Mauri  (Intersindical de Valencia, España), Leopoldo Muñera (MANPUP, Colombia), Andrés Felipe Mora (MANPUP, Colombia), Daniel Jorge (FERC CGT, Francia), Ezequiel Alfieri (Educador popular, Argentina), Teresa Garduño Rubio  (Pedagoga y Educadora Popular, México), Angela Zambrano (Profesora universitaria, Ecuador), Lourdes Velásquez de Urbáez (Sociedad Venezolana de Educación Comparada),  César Valdovinos (CINPECER, México), Miguel Ángel Hernández (SITIEMS, México), Raúl Gil (Uruguay), Eric Toussaint (Comité Mundial por la Abolición de las Deudas Externas, Bélgica), Tim Anderson (Profesor Universitario, Australia),  Luis Hernández Navarro (periodista, México), Orlando García (ASOMOGRERP, Panamá), Allen Cordero(Profesor Universitario, Costa Rica), Antonio Elías (Profesor e Investigador, Uruguay), Aníbal Navarrete  (Regional Bio Bio, Colegio de Profesores de Chile), Elizabeth Búrigo (profesora universitaria, Brasil), Diego Parra (Coalición Chilena por el derecho a la educación), Pavel Escobar (CNTE, Chiapas, México), Trino Barrante (SINDEU, Costa Rica),  Alfonzo Insuasti (Grupo Kavilando, Colombia), Paúl Vásquez Escobar (Ecuador).

 

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