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Religión fuera de la escuela

Por: Enrique Díez

Necesitamos una escuela laica que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos.

Vaya por delante que, como católico practicante y cristiano convencido, defiendo una educación pública, inclusiva y laica, porque considero que la laicidad de las instituciones públicas es la mejor garantía para una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones. Tanto las católicas como las musulmanas, las ateas, las agnósticas o las protestantes, etc.

La actitud laica tiene dos componentes: libertad de conciencia y neutralidad del Estado en materia religiosa. Cada persona es libre de ser o no religiosa y de abrazar la religión que quiera, mientras que el Estado debe abstenerse y mantenerse al margen de estas creencias y prácticas personales. En este sentido, el laicismo busca separar esferas (el saber de la fe, la política de la religión, el estado de las iglesias), para garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen los mismos credos.

Todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia: la sociedad civil, no la escuela; que debe quedar libre de cualquier proselitismo religioso. El espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa son los lugares de culto: parroquias, mezquitas, sinagogas u otros.

Pero esta separación iglesia-estado no se resolvió adecuadamente durante la Transición. El paso de la escuela nacional-católica de la dictadura franquista a una escuela laica o aconfesional, como la que propicia la Constitución, se impidió manteniendo unos Acuerdos con el Vaticano, heredados de las postrimerías de esa dictadura franquista, que “obligan” a que se oferte la asignatura de religión en todos los colegios y facultades de formación del profesorado de todo el Estado. El PSOE perdió una oportunidad de oro para derogarlos cuando era posible y deseado por la mayor parte de la sociedad.

No obstante, actualmente, en un Estado aconfesional como el que hemos acordado en la Constitución española, con libertad de culto, se debería impulsar y fortalecer una escuela laica, como instrumento plural, defensor de los derechos humanos y libertades, inclusiva, no sexista.

Por eso, la Escuela Pública ha de ser laica para ser de todos y todas, para que en ella todas las personas nos reconozcamos, al margen de cuáles sean nuestras creencias. Creencias personales que son un asunto privado. Por eso, la religión no debe formar parte del currículo. No por motivos antirreligiosos, sino desde un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad, de su independencia y autonomía personal, para la que debe ser educado libremente.

La finalidad de la escuela no puede ser inculcar dogmas, muchos de los cuales además entran en contradicción con la razón, la ciencia y los derechos humanos, como la subordinación de la mujer o el origen mágico de la vida y el universo. Ni la escuela es lugar de exclusión y discriminación en el que niños y niñas sean separados en función de las creencias o convicciones de sus familiares, lo cual es una afrenta a la libertad de conciencia y una grave vulneración de los Derechos de la Infancia, como recoge la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña de 1959 y la Convención de 1989, que rechazan el adoctrinamiento y el proselitismo religioso. Separar al alumnado que comparte toda la jornada escolar, a la hora de las clases de religión, dificulta su convivencia y entendimiento, que es de donde nace el afecto y la solidaridad.

Pero es más grave aún si analizamos la normativa que establece el currículum de la enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria actualmente. Ésta convierte la clase de religión en catequesis, pese a que explícitamente afirme que huye de “la finalidad catequética o del adoctrinamiento”. La jerarquía católica, que es quien decide los contenidos de la materia de religión, no acepta la realidad de los nuevos modelos familiares y se empecina en su retrógrada concepción de la sexualidad humana, negando la diversidad sexual reconocida ya por la legislación, el derecho al propio cuerpo, a la libertad sexual y a la anticoncepción. La concepción y la práctica del catolicismo, en donde la mujer es subordinada, que mantiene y justifica un modelo sociedad patriarcal, no es compatible con la educación en igualdad que es un principio pedagógico básico. Hasta el teólogo Juan José Tamayo afirma que “los contenidos son en su totalidad catequéticos con tendencia al fundamentalismo; el pensamiento que se transmite es androcéntrico; el lenguaje, patriarcal; la concepción del cristianismo, mítica; el planteamiento de la fe, dogmático; la exposición, anacrónica”.

La religión católica actualmente tiene una carga horaria superior a la de contenidos tan importantes como la educación física o la educación artística. Es más, las clases de religión restan muchísimas horas lectivas a las demás asignaturas, que sí son importantes y acordadas por toda la comunidad educativa y social. Pero es que la religión católica ya se imparte en la mayor parte de las materias que se estudian a lo largo de la escolaridad. Para analizar el estilo arquitectónico de un templo, para explicar el Camino de Santiago o un cuadro de Velázquez o una partitura de Bach, para adentrarse en la literatura del siglo de oro o el origen de la lengua castellana y, sobre todo, para comprender la mayor parte de la historia de este país, se acude y se explica en clase la religión católica. Es incomprensible, por tanto, este empeño de la jerarquía católica, en exigir, además de los púlpitos los domingos en misa, una asignatura específica en todas las escuelas dedicada a catequesis.

Sumemos a todo ello que, el acuerdo con el Vaticano, heredado del franquismo, impone que en la Escuela Pública haya “profesores y profesoras de religión” pagados por el Estado (es decir, con los impuestos de todos y todas) pero nombrados a dedo por los obispos, que los seleccionan en función de sus creencias, de su fe, sin haber pasado, como todos los demás docentes, por una oposición en igualdad, mérito y capacidad. Más de quince mil de estos verdaderos “delegados diocesanos” figuran como personal laboral (debido a la ley educativa LOE aprobada por el PSOE) en los centros escolares de titularidad pública. Además, los obispos pueden despedirles sin tener que explicar el cese (cosa que suelen hacer en función de avatares de la vida privada de esas personas). De hecho, mientras en las demás asignaturas fomentamos el respeto a todas las personas al margen de su estado civil, la jerarquía católica despide a profesoras de religión porque se divorcian.

En definitiva, la Escuela debe ser lugar para educar en conocimientos científicos universales, en valores cívicos, no para el proselitismo o el adoctrinamiento. La Escuela debe ser neutral en el respeto a la pluralidad de opciones morales e ideológicas. La religión, que es una creencia entre otras muchas, debe difundirse en el ámbito privado de la familia y los lugares de culto.

Por eso debemos negarnos a que con el dinero público se financie ningún tipo de adoctrinamiento religioso. El art. 27.3 de nuestra Constitución recoge el derecho de las familias a que sus hijas e hijos «reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Pero no a que ésta formación sea impartida en los centros educativos, y menos financiada por el Estado. Las familias que quieran que sus hijas e hijos reciban formación de religiosa son muy libres de hacerlo, pero evidentemente al margen del sistema educativo.

No podemos seguir anclados en un nacional catolicismo rancio y obsoleto. Ni seguir educando con dogmas y creencias del siglo XIX a una ciudadanía del siglo XXI. Hasta un país como Irlanda, marcado por una secular tradición católica, va a sacar la religión del horario escolar. Necesitamos una escuela laica que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos. Queremos una escuela donde se sientan cómodos tanto las personas no creyentes, como las creyentes. La escuela un lugar para razonar y no para creer. Debemos abandonar ya la época de la superstición y avanzar definitivamente hacia la racionalidad y la ciencia. Por justicia, por convivencia en igualdad y por respeto a los derechos humanos.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/09/29/religion-fuera-de-la-escuela/

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Uruguay conmemoró el Día de la Educación Pública en el marco del 140 aniversario de la reforma vareliana

Uruguay/02 octubre 2017/Fuente: La Red 21

Este viernes 29 de septiembre se realizó en el Palacio Legislativo el acto central de conmemoración del Día de la Educación Pública, en el marco del 140 aniversario de la reforma vareliana.

Convocó a la actividad el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP), integrado por: el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (UDELAR), y la Presidencia de la Cámara de Representantes.

En dicho marco, el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía, destacó tres factores principales de la educación pública que se refieren al acceso gratuito para todos los ciudadanos por igual, la laicidad en el más amplio sentido de la palabra y la importancia que la educación tiene en la formación de democracia.

Construcción del país

La directora Nacional de Educación, Rosita Inés Ángelo, afirmó que la educación pública ha sido y es un espacio clave en la construcción del país y, por ende, absolutamente necesaria en el fortalecimiento de la democracia.

Recordó que José Pedro Varela fue “profundamente discutido en su época” y que debió luchar por “la obligatoriedad, por la igualdad de oportunidades, por la laicidad, todos temas más que conflictivos  en aquellos años”.

A su turno, el diputado Enzo Malán dijo que hace 140 años no había democracia ni Palacio Legislativo y, sin embargo, desde entonces se han ido logrando acuerdos, lo que lo llevó a presentar la iniciativa que también hoy se celebra y que busca, a partir de la valoración de la reforma vareliana, proyectar a la educación pública en el Uruguay de hoy.

Asistieron al acto la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, el rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian; el presidente del CODICEN, Wilson Netto, y autoridades de Primaria, Secundaria, UTU y UTEC.

Fuente: http://www.lr21.com.uy/cultura/1346608-dia-educacion-publica-reforma-vareliana

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País Vasco: El reto de “seguir transformando la educación”

País Vasco/02 octubre 2017/Fuente: Noticias de Álava

Las ikastolas abren el curso con el pacto educativo como uno de los objetivos.

Las ikastolas de Euskadi celebraron ayer su acto de inicio del curso escolar en el teatro Arriola de Elorrio donde su presidente, Koldo Tellitu, situó como retos para este curso “seguir transformando la educación y conseguir un pacto educativo”. Junto a representantes de las ikastolas, ha asistido a la cita la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte; la directora de Euskara de la Diputación de Bizkaia, Ana de Castro, y la alcaldesa de Elorrio, Idoia Burugua, informó Ikastolen Elkartea.

En su intervención, Tellitu resumió los pasos que se están dando para la transformación educativa. En este sentido, destacó la implementación del nuevo modelo pedagógico basado en el currículum vasco, en las competencias y en la pedagogía de la integración. En cuanto a la política educativa, citó la reunión mantenida el pasado lunes por los agentes educativos con la Consejería de Educación, y celebró que se diera comienzo a los pasos para lograr un pacto educativo. Además, subrayó, por una parte, el compromiso adquirido por parte del Gobierno Vasco con los agentes educativos, y, por otra, la presentación de un cronograma. En cuanto a los grupos de trabajo, repitió que las ikastolas echan en falta uno sobre el modelo del sistema educativo.

Indicó también que las ikastolas han elaborado un documento sobre esta cuestión, pero que no lo usarán como una línea roja. “Tomaremos parte de un modo activo en este proceso, iremos con una actitud abierta, sin poner condiciones ni hacer exigencias previas, ya que el proceso no ha hecho nada más que comenzar”, añadió. Este proceso tiene que acabar, según las ikastolas, con la elaboración una nueva ley de educación. “La ley que reclamamos es una ley que dé cabida a todos los centros del sistema educativo, partiendo del Servicio Público de Educación, y avance hacia un modelo público compartido”, dijo, al tiempo que destacó que esa ley debe valer para “crear un sistema propio de educación en Euskal Herria”.

Durante la celebración del acto de apertura de curso, Ikastolen Elkartea homenajeó a 27 ikastolas que han cumplido 50 años en estos últimos cuatro cursos. Se les reconoció la labor llevada a cabo durante este medio siglo y su compromiso con la sociedad, con el euskara, la cultura vasca, con una educación transformadora y con todos los alumnos.

Fuente: http://www.noticiasdealava.com/2017/10/01/sociedad/el-reto-de-seguir-transformando-la-educacion

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Políticas –no ministros– de educación

Perú / 1 de octubre de 2017 / Autor: Rafael Roncagliolo / Fuente: La República

Ojalá que superada la deleznable campaña contra los dos últimos ministros de educación pueda, ahora sí, recuperarse un debate público sobre la naturaleza, política y alcances de la educación peruana, y retomarse una polémica sustantiva que tiene larga data.

En materia de educación hay, entre varios otros, dos dilemas centrales y complementarios que no pueden dejarse de lado: uno atañe a la función social de la escuela y el otro a su lógica financiera.

La escuela puede entenderse, y se entiende en la mayor parte del mundo, como un mecanismo de movilización y democratización de la sociedad. El caso paradigmático es el de la República de Corea, donde un esfuerzo intenso y sostenido en el largo plazo ha llevado al país a promedios de ingreso per cápita y medianas de ingreso insospechables décadas atrás. Esta concepción, por supuesto, supera la idea según la cual la educación es ante todo un buen negocio, limitado a los alumnos cuyas familias pueden financiar sus elevados costos. Un detalle muy importante para entender la educación coreana consiste precisamente en la escasa diferencia de calidad existente entre la escuela privada y la pública. El estado coreano es un Estado volcado a la educación. Emulados por su ejemplo nos propusimos, en el Acuerdo Nacional, llevar la inversión peruana en educación a un modestísimo 6 % del Producto Bruto Nacional.

El segundo, y complementario, dilema, corresponde a la alternativa entre entender la educación como un mecanismo de acceso y movilización sociales o, por el contrario, como una manera de incrementar y / o perpetuar las diferencias. Parafraseando a Pierre Bourdieu, la educación sirve, desde esta última y tradicional perspectiva para asegurar el capital cultural, la legitimidad y la distinción de los que están arriba frente a los que están abajo. Cuando alguien pregunta “¿En qué colegio estudiaste?” está preguntando por el origen social de la familia, sus habilidades culturales, sus antecedentes económicos y, en el Perú, hasta raciales.

Hay un dato muy interesante para la actual discusión peruana sobre la evaluación magisterial. Se trata de una referencia que utiliza Andrés Oppenheimer (cuya perspectiva general es por supuesto, más que controversial) en un artículo reciente en el que se refiere a las calificaciones de los profesores coreanos. “Solo aquellos que están en el 5 por ciento de los graduados universitarios con los mejores promedios pueden aspirar a ser maestros en Corea del Sur. En América Latina, los sindicatos consideran a los maestros “trabajadores de la educación”, en lugar de profesionales”.

Nuestro desafío consiste en considerar a los maestros como trabajadores, por supuesto, pero también (como ocurría tiempo atrás, cuando ser llamado profesor era un símbolo de status) como élite de los trabajadores más destacados. Devolver a los maestros esta dignidad implica, por supuesto y entre otras cosas, mejorar de manera progresiva y constante sus niveles salariales.

Fuente del Artículo:

http://larepublica.pe/politica/1101833-politicas-no-ministros-de-educaciOn

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Brasil: Mujeres inmigrantes contra el cierre del horario integral en las escuelas municipales

Brasil / 1 de octubre de 2017 / Autor: Andrea Carabantes y Jobana Moya / Fuente: Pressenza

La administración actual del Ayuntamiento de São Paulo parece no tener ningún contacto con lo que sucede con las mujeres inmigrantes, ni con las mujeres en general. Parece como si las familias debiéramos estar agradecidas de tener 6 horas al hijo en la escuela, cuando necesitamos 8, o a veces más horas. La educación pública es un derecho UNIVERSAL garantizado por la constitución brasileña y no un beneficio. La escuela pública debe suplir las carencias de su población, debe ser intercultural y plural.

Las mujeres inmigrantes alzamos nuestra voz de protesta contra los cambios que la actual gestión quiere implementar, son medidas como éstas las que van quitando los espacios para las mujeres en el mercado de trabajo, de forma injusta. La renta de las mujeres trabajadoras es muy importante en el sustento de sus familias y en el caso de las mujeres inmigrantes es imprescindible para la supervivencia.

Se habla mucho a través de los medios de las condiciones análogas a la esclavitud en la que muchas mujeres inmigrantes trabajan, sin embargo, ¿qué opciones tienen las mujeres que no cuentan con vacante en una guardería o escuela que proporcione horario integral para sus hijos? En estos casos no tienen como trabajar en el mercado formal, lo que también promueve que el nivel de pobreza de esta mujer y de su familia aumente junto con la vulnerabilidad y la desprotección.

Es importante la formulación e implementación de políticas públicas, que de hecho, impidan ese tipo de medidas y que resuelvan el déficit de plazas en las guarderías y en las escuelas que proporcionan horario integral, de manera de garantizar la promoción de la autonomía económica de las mujeres.

Rescatamos una directriz para la política de la autonomía económica, trabajo y desarrollo de la 5ª Conferencia Municipal de Políticas para las Mujeres de la ciudad de São Paulo, que dice: “Ampliación de oferta de equipamientos públicos y de políticas que favorezcan el aumento de tiempo disponible de las mujeres promoviendo su autonomía, incluso para su inserción en el mercado de trabajo.”

Por tanto, unimos nuestras voces de protesta a las voces de nuestras compañeras brasileñas para luchar contra el cierre del horario integral en las escuelas, y por la construcción e implementación de más CEIs, EMEIs y EMEFs que ofrezcan horario integral como opción.

Puede apoyar firmando la petición creada por madres de las escuelas afectadas:

La educación infantil es un derecho. ¡No acabe con la Enseñanza Integral en SP!

Fuente de la Noticia:

Mujeres inmigrantes contra el cierre del horario integral en las escuelas municipales

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Chile: Autonomía en la infancia y los nuevos paradigmas para la Educación Parvularia

América del Sur/Chile/ 30 de septiembre de 2017/ Fuente: radio.uchile.cl/

Este año el Ministerio de Educación presento las nuevas Bases Curriculares para la Educación Parvularia, las cuáles generaran cambios para los más de 360 mil niños matriculados este sistema. Para los expertos, es fundamental avanzar en un cambio de paradigma que permita a los educadores acompañar el desarrollo de las personas y no dirigirlo.

En el marco del Seminario Internacional: “Cuidados de la primera infancia. Desafíos pedagógicos y profesionales”, desarrollado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, expertos de distintas áreas destacaron la necesidad de un cambio de paradigma en la educación inicial focalizado en un desarrollo integral del ser humano.

Carolina Grellet, académica de la Universidad de Chile y especialista en psicomotricidad infantil, explicó en el programa Semáforo de nuestra emisora que en los primeros tres años suceden procesos fundantes para un sujeto. Es por ello, que dijo que se debe hablar de un ser humano completo y no dividido en mente y cuerpo, como suele ocurrir actualmente en las instituciones educativas.

En ese sentido, la especialista puntualizó en la psicomotricidad infantil, argumentando que desde allí lo que se construye es una persona integral, lo que implica un respeto por el ritmo de desarrollo que pueda tener un niño. La académica también reparó en la importancia de la interdisciplinaridad y necesidad de que un adulto no intervenga con la intención de apurar procesos en la infancia.

“Lo importante es que entre todos los profesionales compartan la visión de un niño integral, es decir, que entre todos ellos no haya una intervención por apurar las posturas, en el caso del desarrollo psicomotor. Se trata de enfocar el desarrollo de lo global a lo particular y lo que está sucediendo en esta cultura es totalmente lo contrario”, afirmó.

Patricia Lacerna, profesora en Educación Diferenciada, licenciada en psicomotricidad educativa y especialista en desarrollo infantil temprano de la Universidad de Cuyo (Argentina), enfatizó en que en los primeros tres años se puede tanto potenciar como obstaculizar las habilidades que desarrolla un niño.

La profesora comentó en el programa Semáforo la importancia que tiene  la formación de profesionales con nuevas perspectivas educativas, que incluyan un paradigma “más alejado del tecnicismo y más cercano a la construcción de prácticas creativas y reflexivas”.

“Los niños se hoy no pueden ser abordados con este tecnicismo que fragmenta tanto la mirada del niño como su forma de pensar. Las docentes formadas bajo este paradigma van a tener mejores posibilidades de generar sus propias prácticas creativas, acompañando el desarrollo del niño”, sostuvo.

Las nuevas Bases para la Educación Parvularia 

En abril de este año el Ministerio de Educación (Mineduc) presentó las nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia, las cuales fueron rechazadas por el Consejo Nacional de Educación dos meses después, con el objetivo de que fueran reformuladas.

Danilo Olivares, investigador de políticas educativas en Educación 2020 y especialista en Educación Parvularia, sostuvo que las nuevas bases han ido avanzando hacia procesos de mayor autonomía para los niños, donde los agentes educativos se encargan de guiar el aprendizaje, pero no de imponerlo. “La idea es que sea el párvulo quien se interiorice en su propio proceso. Efectivamente las bases curriculares que se están discutiendo en estos momentos certifican esta autonomía”.

Olivares dijo que desde la organización han hecho un diagnóstico al sistema actual de educación parvularia, que actualmente cuentan con más de 360 mil niños matriculados, donde una de las principales críticas apuntan a su rigidez, tanto por sus jornadas como por sus horarios.

En esa línea, se refirió a la propuesta que han desarrollado desde Educación 2020, donde apuesta por un modelo que flexibiliza la atención para los niños, niñas y sus familias, mediante la creación de Centros de Aprendizaje que poseen horarios adaptables.

Para el especialista es fundamental que la educación parvularia no se escolarice, principalmente en niveles de transición como el pre kinder y el kínder, donde los estudiantes ya están respondiendo pruebas estandarizadas en algunos colegios del país

Fuente: http://radio.uchile.cl/2017/09/30/autonomia-en-la-infancia-y-los-nuevos-paradigmas-para-la-educacion-parvulari

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Cómo destruir la educación en nombre del derecho a la educación

América del Sur/Uruguay/30 de septiembre de 2017/ Fuente: brecha.com.uy  Autor: Julio Moreira (*).

El 1 de junio de 2014, tras imponerse en las elecciones internas del Frente Amplio, Tabaré Vázquez anunció una serie de objetivos que orientarían su accionar si ganaba las elecciones de octubre de ese año. Entre ellos se encontraban algunos para el área de la educación: todos los jóvenes de hasta 17 años serían incluidos en el sistema educativo, y se alcanzaría un 100 por ciento de promoción en el ciclo básico y un 75 por ciento de egreso global en la enseñanza media.

En principio, determinar las metas del sistema educativo público como si se tratase de una empresa de servicios que busca aumentar su número de socios desplaza otras posibilidades, como la ilustración de niños y jóvenes a través de los conocimientos fundantes de nuestra cultura, sin los cuales no es posible sostener la responsabilidad democrática, la solidaridad, el respeto por la naturaleza, la sensibilidad artística, el cuidado de la salud, la capacidad de análisis, el sentido crítico y la autonomía.

Pero, de acuerdo a los anuncios de Vázquez, la educación pública tiene, en este momento, un fin difícil de compatibilizar con los antedichos: la universalización de la cobertura, la retención y la promoción. Sin dudas es compartible la meta de que todos los jóvenes de Uruguay se integren al sistema educativo. Pero no debería cumplirse a cualquier costo, al menos para los que creemos en los principios antes expuestos.

El camino elegido para dar cumplimiento a las promesas electorales tiene, a mi entender, dos grandes problemas. Uno, se centra en un cambio sustantivo en las formas de acreditar la culminación de ciclos. Los planes de estudio son multiplicados con el objetivo de ofrecer opciones flexibles que faciliten la promoción. Así, los que dispongan de las condiciones materiales para afrontar una educación integral podrán hacerlo; para ello existen los planes de estudio más exigentes. Los que no, pueden optar por alguna de las formas alternativas y académicamente pobres de acreditar la culminación de ciclos educativos.

El otro problema –y es lo central de este artículo– es que, avanzada la reforma, el gobierno debe invertir en infraestructura, pues la cantidad de centros es insuficiente para mejorar la cobertura y la retención. En la actualidad hay más de 2.300 escuelas para 250 mil niños, y apenas 297 liceos y 127 escuelas técnicas para 300 mil jóvenes.1 A esta insuficiencia de locales en la educación media se le suman las promesas de universalizar la cobertura de los y las niñas de 3 años, y de expandir el tiempo completo en primaria común.

Sucede que la opción gubernamental para ampliar la infraestructura educativa trasciende ampliamente los asuntos de la infraestructura como rubro: poner en funcionamiento más de 180 centros educativos mediante la modalidad de participación público-privada (Ppp).

PPP: UNA PÉSIMA OPCIÓN. La Ppp no es sólo una forma de encomendar a un privado la construcción de un edificio, sino que además supone que ese edificio sea administrado por hasta 35 años por el privado, que asume la responsabilidad de repararlo, amueblarlo, limpiarlo y protegerlo, además de tener el derecho a usarlo con fines propios.

En el marco del plan quinquenal de infraestructura 2015-2020 del gobierno nacional, la Anep ha realizado ya dos llamados a licitación pública internacional para el diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento de centros educativos públicos, bajo el régimen de Ppp, por un plazo de 22 años.

El primer llamado se realizó el 24 de noviembre de 2016 y comprendió 15 centros Caif (Inau) y 44 jardines para educación inicial (Anep). El segundo llamado se realizó el 20 de abril de 2017; comprendió 23 escuelas, diez polideportivos y nueve polos tecnológicos (Anep). A la fecha están previstos dos nuevos llamados: el tercero incluirá 25 Caif y ocho escuelas; el cuarto sumará 51 liceos (Anep).

Son muchas las razones por las que la Ppp es una pésima opción para la educación pública. Algunas son de índole económica, entre ellas: se profundiza la política de otorgar exoneraciones tributarias y beneficios fiscales al gran capital, se reduce el potencial de generación de empleo que los nuevos centros podrían tener en el sector de la construcción, el costo de los edificios es más alto que con una licitación tradicional, se dejan en manos de privados terrenos que son públicos, la Anep puede tener que indemnizar al privado en caso de paros y huelgas, el Estado debe pagar cifras millonarias al privado en caso de terminar anticipadamente el contrato, etcétera. En esta instancia me centraré en las razones de índole educativa.

  1. La Ppp incidirá en la definición de las políticas educativas. Preguntado acerca de si la Ppp supone privatizar la educación, el presidente de la Anep, Wilson Netto, respondió: “Las expresiones respecto a privatizar desde el punto de vista pedagógico la dirección educativa están totalmente fuera de lo que establecen las normas, y del espíritu y la vocación con los cuales se trabaja”.2 Pero la respuesta de Netto es falsa porque, de manera colateral, se da al privado la posibilidad de incidir sobre las propuestas educativas. La mayoría de las escuelas y liceos que buscan crearse a través de la Ppp son de tiempo extendido o completo. En función de ello, se fijan por contrato, a 22 años, los días y horarios de trabajo de la Anep en los centros. ¿Qué sucede si mañana deciden modificarse estas políticas, generándose la necesidad de disponer de los locales en días y horarios diferentes a los acordados? Nada obliga al privado a acceder: puede bloquear una política educativa. Y si aprueba un cambio será a costa de más dinero.
  2. La Ppp incidirá sobre el uso que docentes y estudiantes hagan de sus centros educativos. La vida de los centros educativos trasciende las actividades previstas por la administración. De hecho, muchas actividades se desarrollan fuera del horario de clases: emergentes educativos, actividades de integración, salidas didácticas, paseos, convocatoria a padres, actividades de formación, organización y realización de eventos solidarios, proyecciones cinematográficas, bailes, ceremonias de egreso, muestras artísticas, etcétera. Dado que la Anep fijará por contrato con un privado los días y horarios de trabajo, existirán fuertes limitaciones a cualquiera de las actividades antedichas. Así se restringe toda iniciativa extracurricular de la comunidad educativa.
  3. Se promueve una lógica de competitividad. La gran mayoría de las escuelas y los liceos del país llevan décadas denunciando la de-satención presupuestal de sus necesidades, especialmente la falta de cargos docentes y de gestión y servicios, y los problemas de infraestructura. En medio de esa realidad se pretende crear una minoría de centros educativos con rubros para mantenimiento, equipamiento, limpieza y seguridad. ¿A qué centro querrán los padres enviar a sus hijos? ¿Al que tiene goteras y en el que nadie cuida el ingreso, o al que es nuevo, limpio y seguro? ¿Qué niños y jóvenes son los que tendrán más posibilidades de acceder a los nuevos centros: los que disponen de un entorno adulto que los acompaña, o los que provienen de un contexto social adverso? ¿Qué niños y jóvenes quedarán en los liceos que carecen de las condiciones mínimas necesarias por omisión presupuestal?
  4. Los criterios lucrativos de la empresa prevalecerán sobre los criterios pedagógicos. En el contrato a celebrar entre la administración pública y el privado se dejará en manos de este último la dirección, logística y organización del personal, insumos, equipos y todo otro ítem necesario para el diseño, la construcción y la operación de los centros educativos. Y si bien se establecen ciertos parámetros básicos para la aceptabilidad de los servicios, ¿qué sucede si una comunidad evalúa que, aunque se ajusten a los parámetros acordados con la Anep, los servicios son inadecuados? Nada impide, por ejemplo, que se exponga a los estudiantes al contacto con funcionarios no preparados para el trato con niños o jóvenes, funcionarios que, además, pueden rotar cada poco tiempo. En estas y otras posibles situaciones se despoja de su inherente función educativa a las tareas no docentes que se realizan en un centro educativo.
  5. Los formatos constructivos no serán negociados con las comunidades. Desde hace algunos años el trabajo sindical en el área de la infraestructura permitió, al amparo de ciertas leyes, la instalación de ámbitos en los que se presenta a la comunidad el diseño de la obra a ejecutarse, para que aquélla pueda modificarlo a partir de su conocimiento de las necesidades locales y de valoraciones pedagógicas. De esta forma fue posible corregir a tiempo la insuficiencia de aulas proyectadas para el número de grupos existentes, la no previsión de bibliotecas y laboratorios, o la ausencia de baños en toda una planta. Sin embargo, las obras por Ppp tienen un formato predeterminado en los pliegos, que no fue negociado, y que sólo puede modificarse encareciendo los costos de la obra (si la empresa adjudicataria acepta, pues no tiene obligación de hacerlo). De esta forma se retrocede en materia de acuerdos, se desconoce el convenio 155 de la Oit (que dispone la obligatoriedad de negociar las condiciones de salud e higiene con los trabajadores) y se limita la negociación colectiva entre la Anep y los sindicatos de la educación.
  6. Las instalaciones pueden ser usadas por el privado con fines no educativos. A pesar de que los centros se construyen en terrenos públicos, están privatizados en su uso. De hecho, el canon que la administración pública paga al privado es por concepto de “pago por disponibilidad”. Si cumple los “servicios” acordados, la empresa puede desarrollar actividades propias, fuera del horario de clases o en coincidencia con éste, y, de esa manera, generar ganancias adicionales. Si las asociaciones privadas y las ONG ingresan ya a los centros de educación pública con diferentes propuestas, imaginemos qué sucederá en edificios directamente administrados por privados. De esta forma se da ingreso a una lógica innegablemente mercantilizadora de los edificios educativos.
  7. Se pierden cargos públicos en escuelas y liceos. En los centros educativos que queden comprendidos bajo el régimen de Ppp, los servicios de mantenimiento, equipamiento, limpieza y seguridad serán brindados por un privado. Eso significa que, al menos por dos décadas, el Estado renuncia a generar cargos públicos para esas funciones. Parece claro que la Ppp implica un recorte del Estado y, consecuentemente, un cercenamiento a la actividad sindical en el área de la educación pública (se limitan los ingresos). En el mismo sentido, la modalidad Ppp materializa una reforma del Estado en materia laboral, pues se violenta el mecanismo de concursos públicos como herramienta para contratar funcionarios. Y se limita el derecho laboral que existe en la administración pública de pedir traslado a otra dependencia: hay establecimientos en los que no habrá vacantes, en principio, por 20 años. Cierro este punto con una pregunta: ¿cuál será el destino de los funcionarios de limpieza y portería que se desempeñan en centros educativos cuyos edificios pasarán al régimen de Ppp?
  8. Se estimula la pauperización salarial de los funcionarios de servicios del área educativa. Lamentablemente, miles de trabajadores uruguayos perciben el salario mínimo, por lo que están sometidos a una lógica de súper explotación a través de extensas jornadas laborales. Entre ellos se encuentran los trabajadores de los servicios. Con la modalidad Ppp se abren por 20 años las puertas de escuelas y liceos a empresas privadas de limpieza y seguridad. Se trata de una definición que se traducirá en una depresión salarial y una pauperización de las condiciones laborales de los funcionarios de servicios. Deplorable sea cual fuere la rama de actividad donde suceda algo así. Pero particularmente en el área de la educación, pues las condiciones de trabajo de los adultos en escuelas y liceos son parte sustancial de los procesos de formación de las futuras generaciones.
  9. Se desvían cada vez mayores porcentajes del presupuesto educativo a manos privadas. Con una asignación presupuestal de aproximadamente 4,5 por ciento del Pbi a la educación (3 por ciento para Anep, 1 por ciento para la Udelar y 0,5 por ciento para actividades educativas ejecutadas en otros incisos) no han podido ser atendidas muchas de las necesidades que tienen los centros educativos. ¿Por qué sucede esto, si en los últimos 12 años (especialmente de 2005 a 2010) ha habido un incremento del presupuesto de la educación? Porque tal incremento se explica en parte por su orientación a organismos y políticas externos a la Anep y la Udelar: el Latu y el Plan Ceibal, el Mides y los Caif, el Inau y los centros adolescentes, etcétera. Y, al examinar el destino final de los recursos, constatamos que son desviados al área privada: Plan Ceibal –Negroponte, Caif–, Ong, Anep y sus tercerizaciones, etcétera. La modalidad Ppp refuerza ese camino de privatización del presupuesto educativo que ha recorrido el progresismo. De esta forma es probable que en unos años se alcance el 6 por ciento del Pbi para la educación, pero al precio de desviar gran parte a empresarios que lucran con la educación.
  10. Se profundiza el proceso de mercantilización de la educación pública. El instrumento Ppp busca maquillar el déficit fiscal, garantizando el lucro empresarial. Se instala así el predominio de una lógica “eficientista” en el sector público, y en un sector tan sensible como la educación. Con la Ppp, el cumplimiento de una obligación pública (lógica del bien común) pasa a depender de intereses económicos privados (lógica del lucro).

 

LA INCLUSIÓN GENERA EXCLUSIÓN. En nombre del derecho a la educación, y a cuenta de transformar el sistema educativo para que sea “inclusivo y de excelencia”, el gobierno que preside Tabaré Vázquez, valiéndose del Codicen de la Anep, está promoviendo la creación de diferentes estructuras educativas paralelas a las del Estado, depositando en ellas una tarea a la que está obligado constitucionalmente.

De esta forma, cualquiera puede educar: un magnate dedicado a la tecnología informática, un banco, una iglesia, un centro comercial, una fundación, una Ong, un empresario que elude el fisco mediante cuentas off shore, o un grupo de vecinos que gestionan un comedor. Ahora se sumarán las Ppp, en su mayoría empresas dedicadas a la construcción que, gracias al Estado uruguayo, consiguen un préstamo barato con líneas del Banco Mundial o los fondos de las Afap, y una renta elevada y segura por al menos 21 años (y hasta 35 años). Ellas gestionarán centros educativos de los niveles inicial, primario y secundario.

Se continúa profundizando así un proceso de dependencia de las instituciones educativas respecto de las demandas y los requerimientos del mercado. Los currículos han perdido centralidad y su lugar lo ocupa la acreditación formal. Y el presupuesto público se desvía al sector privado. En definitiva, en nombre del derecho a la educación se está provocando una profunda degradación de la educación pública.

*    Profesor de filosofía. Integrante del comité ejecutivo de Fenapes.

  1. http://www.ceip.edu.uy/datos-estadisticos-depto-estadistica
  2. http://www.enperspectiva.net/enperspectiva-net/entrevista-central-jueves-15-de-setiembre-wilson-netto-2/?fullpage
Fuente reseña: http://brecha.com.uy/destruir-la-educacion-nombre-del-derecho-la-educacion/
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