España/20 abril 2017/Fuente: El Mundo
EL MINISTRO de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, parece dispuesto a renunciar a las mínimas exigencias de calidad que contenía la Lomce, la ley de educación aprobada cuando el Gobierno del PP tenía mayoría absoluta, en aras de un mal entendido consenso que posibilite un pacto de Estado por la Educación.
La cadena de cesiones comenzó en noviembre pasado, cuando Méndez de Vigo aseguró que este año los alumnos de ESO y Bachillerato no tendrían que superar las reválidas y paralizó estas pruebas diseñadas para elevar el nivel de exigencia en las aulas hasta que se alcance el ansiado acuerdo nacional. Siguió hace apenas tres semanas, en el último monográfico educativo de la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrado en el Senado, cuando el ministro y portavoz del Gobierno ofreció a los líderes autonómicos un sistema educativo «flexible» que atienda a las diferencias territoriales, lo que se entendió como una voluntad de ceder más competencias educativas a las comunidades que se consideran perjudicadas por el Gobierno. Finalmente, según ha podido saber este periódico, en el borrador de Real Decreto que prepara el Ejecutivo se vuelve a atacar la línea de flotación de un proyecto educativo que quiso asentarse en el esfuerzo y la exigencia académica. Se trata de una nueva modificación de la Lomce que está siendo desmantelada por el Gobierno que la promulgó.
De manera insospechada, ya que en anteriores borradores no estaba contemplado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se muestra dispuesto a volver a lo que fijara la LOE, la ley aprobada en 2006 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que tantas veces fue criticado con razón por el Partido Popular. Es decir, que un alumno pueda conseguir el título de la ESO (que certifica la educación mínima y obligatoria) con dos asignaturas suspensas y una nota media inferior a un cinco sobre diez. De esta forma, podrán acceder al Bachillerato los estudiantes que no hayan logrado un nivel mínimo, lo que irá en detrimento no sólo de ellos mismos sino de todo el grupo. Sería inadmisible que el Gobierno terminara por acceder a esta petición, puesto que un pacto por la Educación no tiene valor por sí mismo si no están garantizados los dos pilares indispensables sobre los que debe asentarse un sistema educativo moderno: la calidad formativa de los alumnos, que serán los ciudadanos del futuro, y una cualificación adecuada para unos trabajadores que tendrán que enfrentarse a los exigentes retos de un mundo globalizado.
Por desgracia, la Educación en España no recibe la consideración de cuestión de Estado ni por parte del Gobierno central ni de los gobiernos autonómicos. Todos, en un acto de irresponsabilidad política de graves consecuencias, prefieren defender sus intereses electorales a los de todo el país, que reclama que se apruebe por fin una ley que garantice su continuidad durante varias generaciones y nos saque de una situación de atraso con respecto a los países de nuestro entorno. En este caso, parece que al Gobierno más que la calidad educativa lo que le preocupa es que no siga aumentando la tasa de abandono escolar, razón por la cual prefiere bajar el nivel. Pero para maquillar esas vergonzosas cifras no es necesario hipotecar el futuro de los jóvenes sino abordar de frente una cuestión en la que todos nos jugamos mucho.
Fuente: http://www.elmundo.es/opinion/2017/04/18/58f50315468aeb02188b45b0.html
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