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La Educación: currículo normado versus currículo oculto

Por: Rafael Lucio Gil

Toda educación formal se expresa en la filosofía que la orienta y contenidos de enseñanza a través de un currículo explícito. La educación inicial, básica y media, a cargo del Ministerio de Educación, cuenta con este currículo general, que acoge los diversos niveles y modalidades educativas, derivándose en competencias, contenidos y metodologías para cada una de ellas. Este mandato constituye el referente obligado de la acción educativa práctica que el personal docente debe ejercer en los centros educativos, aportando sentido y significado a la educación.

Dicho referente curricular no es autónomo, ha de estar conectado íntimamente al modelo de desarrollo de la sociedad nicaragüense, por la cual, las políticas educativas demandarán  articularse con las políticas sociales, ambientales, de salud, etc., solo así, se podrá concretar la incidencia necesaria entre educación y desarrollo.

Este currículo concretado por dirigentes y docentes, acaba siendo interpretado, desde un plano cognitivo, emocional y ético. Entran en acción, por tanto, el currículo oculto o implícito (contenidos y valores no escritos), y el currículo nulo (lo escrito, pero que no se cumple). Al respecto, la investigación científica curricular y sus didácticas, demuestra que la incidencia en los educandos de estos dos currículos llega a ser más determinante, incluso, que la del currículo normado.

Esto explica que la influencia de la educación escolar dependerá, y mucho, de la brecha que exista entre lo prescrito por el currículo oficial y lo que realmente se hace, o no se hace, en la práctica. Podemos entender, así, la poca o ninguna efectividad que tienen en la niñez y adolescencia, las actitudes y valores que mandata el currículo oficial. Algunos ejemplos  facilitan comprender esta paradoja educativa y curricular a la que el país debería prestar mayor atención:

-Mientras el discurso curricular oficial establece aprovechar al máximo los horarios escolares, la práctica se traduce en pérdidas de cuantiosas horas-clase por razones no educativas.

-Si bien, el discurso y documentos oficiales se refieren al rescate de la educación como derecho humano, el presupuesto que la asamblea destina a la educación viene disminuyendo hasta  menos del 3% del PIB, cuando debiera crecer gradualmente hacia el 6%. La paradoja es doble, por cuanto los datos nacionales hablan, también, de un Presupuesto de la República que ha venido creciendo significativamente, mostrando que el país está creciendo más del 4%.

-Es sabido que el personal que dirige la educación desde el nivel central, delegaciones y centros educativos, deben dedicar el tiempo debido a los temas educativos, sin embargo, las preocupaciones y ocupaciones reales, en la práctica, dan prioridad a temas y tareas alejadas de la educación.

-El discurso simbólico afirma que el personal docente ha recuperado un trato justo y recibe una formación pertinente y de calidad, sin embargo, es evidente que el magisterio vive en pobreza y proletarizado, con un salario que no cubre ni la mitad de la canasta básica, con formación precaria y eventos de formación enfáticos en aspectos políticos,  que le impiden proporcionar una educación de calidad.

-La administración afirma que se está logrando una educación de calidad en competencias, sin embargo, en general prevalecen en el centro educativo formatos y metodologías que priorizan la memorización y repetición mecánica de contenidos.
-Mientras el documento curricular mandata desarrollar el pensamiento crítico, en las aulas se prioriza el pensamiento único, la repetición de slogans y consignas, prohibiéndose otras miradas en formas de pensar y valorar la problemática social, política y económica.

-Los resultados estadísticos de los indicadores educativos reclaman transparencia para ser conocidos por la sociedad, sin embargo, no son accesibles a la ciudadanía, y algunos que se divulgan suelen estar sobrevalorados.

-El currículo  aporta un legado de valores muy reconocidos (el respeto, la solidaridad, la justicia, etc), pero tanto en la sociedad como en los centros educativos, se castiga el pensamiento político divergente y penaliza la solidaridad; mientras tanto, el centro educativo enseña valores copiándolos y memorizándolos.

-Por último, el centro educativo demanda ser un “espacio letrado” (todo en él promueva cultura y conocimiento), en cambio, todos los espacios áulicos y ambientales se atiborran de propaganda de un solo partido.

Nuestra educación demanda transformaciones profundas. Coherencia entre el currículo y la práctica del centro educativo, en valores y actitudes que promueva el Estado y sus instituciones fundamentales; y el respeto a los derechos humanos de todos los actores, a su libertad de pensamiento y derecho a decidir. Todo ello debe abonar a un currículo de una ciudad o comunidad educadora. Transformar los currículos educativos, sin esta coherencia del Estado y toda la sociedad con la práctica educativa, sería un trabajo postizo.

Fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/406965-educacion-curriculo-normado-versus-curriculo-ocult/

Imagen: http://www.teinteresa.es/mundo/UNICEF-UNESCO-denuncian-adolescentes-educacion_0_1288072266.html

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Nueva Zelanda: Education to focus on ‘high-quality’ students

Oceanía/Nueva Zelanda/Octubre de 2016/Fuente: Scoop Independent News

RESUMEN: El discurso titulado, «India y Nueva Zelanda relación internacional de la educación – el crecimiento, oportunidades y desafíos», se habló sobre la reciente crisis que la industria se enfrenta a la educación, en relación con las deportaciones de estudiantes de la India y es secuela de la industria. Charles dijo que este problema, no sólo se limita a la India y otros países también se han enfrentado a problemas similares. «Creo que es importante reconocer en esta etapa también que Nueva Zelanda no está sola ante los problemas de fraude en la visa de estudiante y el comportamiento del agente deshonesto. Los Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países de todo frente a los mismos desafíos «. «Las tasas de disminución de visado de la India son evidencia de un esfuerzo significativo por Inmigración de Nueva Zelanda para gestionar los estudiantes y los agentes que presenten información falsa y engañosa en las solicitudes de visado. Inmigración de Nueva Zelanda está haciendo mucho trabajo para educar a los proveedores acerca de la selección de los estudiantes, y la necesidad de gestionar sus redes de agentes «.

Education NZ to focus on ‘high-quality’ students, to maintain high standards across New Zealand’s international education industry.

“All of us have a collective responsibility to ensure the experience of our international students is a positive one and results in positive outcomes for them and ultimately for our businesses and New Zealand society and economy. We welcome international students who come here with genuine intent and means. But New Zealand, like any sovereign country, will take steps to protect our borders and deal decisively with fraudulent or unlawful behaviour when we see it.”

This was one of the main sentiments arising out of the address of Education NZ Chair, Charles Finny, when he addressed the members of the India New Zealand Business Council on Wednesday 5 October. The event was hosted by Auckland Institute of Studies.

The speech titled, «India-New Zealand international education relationship – growth, opportunities and challenges», spoke about the recent crisis that the education industry is facing, with regard to the Indian student deportations and it’s aftermath in the industry.

Charles said that this problem, is not only confined to India and other countries have also faced similar issues. “I think it’s important to acknowledge at this stage too that New Zealand is not alone in facing issues of student visa fraud and dishonest agent behaviour. The United States, Canada, Australia and other countries all face the same challenges.”

“The visa decline rates from India are evidence of a significant effort by Immigration NZ to manage students and agents who submit false and misleading information in visa applications. Immigration New Zealand is doing a lot of work to educate providers about student selection, and the need to manage their agent networks.”

According to Mr. Finny, The New Zealand government agencies earlier are working closely together on these issues, to ensure all international students are treated fairly and are well cared for – that they feel welcome, are safe and well, enjoy a high-quality education and are valued for their contribution to New Zealand. This joint-agency work on international student wellbeing has focused in recent months on Auckland where the majority of international students are located. It has involved a wide range of community meetings and student focus groups to ensure student needs and concerns are being heard and addressed.

He said, “We must maintain high standards across our international education industry. Equally, we are determined not to let the actions of a small number of individuals damage the reputation of an entire community, nor devalue the contribution that students from India and elsewhere, and our education providers, make to New Zealand.”

Highlighting that the situation is not that grim, he said, “Most providers are doing a very good job for their students. Satisfaction rates among students surveyed by the International Student Barometer in 2014 and 2015 ranged from 88% to 94% as being satisfied or very satisfied with their overall experience at their New Zealand institution.”

Charles laid emphasis that the education providers must ensure that they work with high quality agents and there have been a number of directives and guidelines to work on that. He also emphasised that the govt. agencies will work more strongly to ensure the compliance is met with.

“Tough sanctions are now available to deal with providers who fail to manage their agents, including the removal of the right to enrol international students. Enforcing the Code is the responsibility of NZQA who are working closely with Immigration New Zealand to ensure providers proactively comply with the Code.”

INZBC took the initiative to invite the chair of Education NZ, to interact directly with the PTEs and university education providers, most of whom are the members of INZBC.

Mr. Finny applauded INZBC for taking this initiative. He commented, “INZBC has a crucial role to play in helping to bridge the gap that may exist through differing cultural contexts, where, for example, some international students aren’t aware that their rights in New Zealand are protected. I’d like to applaud the contribution of INZBC members who acknowledge the opportunities that a New Zealand education can offer Indian students in terms of skills and knowledge transfer.”

The education providers had a lengthy Q&A with Charles where they debated some of the ways in which the government is working out the solutions.

The most PTEs said that they are being pressurised and held accountable for the applications, for which they have no control. Most applications and their information is being held between the student, the agent and immigration NZ. So their argument being that if the PTE’s are not privy to those conversations, then how can the government hold them accountable.

Charles noted the suggestions and promised that he would take the industry concerns to the right people.

Mr. Wenceslaus Anthony, head of government relations, INZBC also informed the members of a list of answers that have come from Immigration NZ on the recent visa issue.

While immigration New Zealand maintains that the onus of providing the right information is on the students themselves, they did highlight that India is an important market for the country.

Quoted from one of the answers: “The Indian market is an extremely important one to New Zealand with more than 20,000 Indian nationals approved student visas in the last financial year – second only to China. The Indian market is an extremely important one to New Zealand and Indian students make a valuable and valued contribution to our economy, our communities and our diverse student body. All interested parties need to work together to ensure that only genuine students who can comfortably afford international study apply to come to New Zealand.”

Fuente: http://www.scoop.co.nz/stories/ED1610/S00028/education-nz-to-focus-on-high-quality-students.htm

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Panamá: Conep rechaza que se regule costo educativo

Centroamérica/Panamá/Fuente: Panamá América

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) siente que se han vulnerado los principios de la libre empresa y de la seguridad jurídica debido a la creación de leyes y normas que buscan regular el costo de la educación privada.

Mediante un comunicado, el gremio empresarial sostuvo que los miembros ven con profunda preocupación la difícil situación que está confrontando la educación particular.

«Por ello hacemos un llamado al Gobierno Nacional, y en especial al Órgano Legislativo, por la presentación de diversas iniciativas legislativas que, lejos de beneficiar la educación del país, le crean un atraso y deterioro», dice el escrito.

Señalaron, además, que «nos hacemos participes del clamor por la afectación que está sintiendo este sector educativo privado, toda vez que estas acciones de incomprensión repercutirán en el cierre de colegios particulares que no tienen ningún tipo de subsidios, acciones estas que violentan la libre empresa».

Claves

Indican que la educación privada aporta significativamente al país para que haya una educación nacional de calidad y de excelencia para los niños y jóvenes, ya que son atendidos 152 mil alumnos, lo que alivia al Estado de una pesada carga.

Fuente: http://www.panamaamerica.com.pa/economia/conep-rechaza-que-se-regule-costo-educativo-1046421

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Venezuela: Instalado en Aragua Congreso de la Patria Capítulo Universidades

América del Sur/Venezuela/Fuente: Noticias 24

La primera mesa de trabajo en Aragua del Congreso de la Patria, Capítulo Universidades, se realizó en la sede de la Universidad Simón Rodríguez, en el sector Caña de Azúcar del municipio Mario Briceño Iragorry (MBI).

Pedro Merentes, presidente de la Unidad Territorial Aragua del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, informó que participaron diferentes actores de las casas de estudios universitarios que hacen vida en la entidad, así como también representantes de la Zona Educativa, la Organización Bolivariana de Estudiantes y centros estudiantes.

Refirió que trabajaron en esta oportunidad sobre temas académicos y el compromiso de la juventud y los movimientos sociales que hacen vida en los recintos universitarios junto al poder popular, así como el rol de las universidades frente a la guerra económica.

Asimismo, explicó que en total serán tres encuentros como este, correspondiendo el día jueves en Barbacoas, municipio Urdaneta; y el viernes en La Victoria, municipio Ribas. Las conclusiones de estos debates serán llevadas a una plenaria nacional que realizará en noviembre en Caracas, con el presidente Nicolás Maduro.

Fuente: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/324647/instalado-en-aragua-congreso-de-la-patria-capitulo-universidades/

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Bélgica: La ONCE pide en Bruselas homogeneizar políticas de inclusión en la UE

Europa/Bélgica/Octubre de 2016/Fuente: La Vanguardia

La vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, dijo hoy que la Unión Europea (UE) debe avanzar en la unificación y homogeneización de políticas de inclusión social para «mejorar la accesibilidad» de las personas con discapacidad y situarlas «al mismo nivel» en todos los países.

«Hay mucho camino por andar en cuanto a unificar y homogeneizar las políticas y en tomar ejemplo de aquellos países que han avanzado más que otros», afirmó a Efe Sanz tras recibir, en nombre de la organización, el premio Ciudadano Europeo 2016 de manos del presidente de la Eurocámara, Martin Schulz.

Sanz dijo que, en el caso de España, «el nivel de inclusión que hay en materia educativa no lo hay en otros países».

«Creo que hemos avanzado mucho en los últimos años, hemos dado un empujón muy importante en la accesibilidad de las ciudades, en materia educativa, en materia laboral, pero creo que tenemos que seguir avanzando mucho más. Si nos quedamos donde estamos vamos a retroceder», subrayó.

La vicepresidenta de la ONCE, una organización que aglutina a 72.000 personas con ceguera o deficiencia visual, consideró «perfectamente posible» que en el futuro el braille esté reconocido como lenguaje en las instituciones europeas.

«Creo que es perfectamente posible que todos partamos de una misma meta, algo que ahora no es así. La igualdad de acceso a oportunidades no es igual para todos, pero si tuviéramos los apoyos necesarios llegaríamos igualmente al final de la carrera», dijo.

Para Sanz, una manera de «visibilizar» a las personas con discapacidad es «la presencia en instituciones y gobiernos».

«Sería importante que hubiera personas con discapacidad en sitios donde fueran visibles, en la Comisión Europea, en el Gobierno… Ese ejemplo visible hace que las personas se paren a pensar en la importancia de las cosas», afirmó.

En su opinión, «si alguien ve a un político leyendo en braille porque lo necesita, se parará a pensar que ese es su medio de acceso a la información y que si no lo tiene su información será, en el mejor de los casos, parcial».

Sanz explicó que la ONCE lleva «más de 80 años trabajando en materia de discapacidad», por lo que el reconocimiento «no es éxito de un día», aunque destacó que en los últimos años la organización ha trabajado en proyectos en América Latina, en iniciativas educativas en campos saharauis y en materia de sensibilización en España».

«Nosotros estamos interesados igual que el resto de la sociedad en que todo avance y mejore, pero en una convivencia real», concluyó.

Un total de 50 personas y organizaciones de 26 países de la UE han recibido este galardón, que el Parlamento Europeo (PE) concede desde 2008 a proyectos e iniciativas que contribuyan a la cooperación europea y la promoción de valores comunes.

En España, también han sido distinguidas la organización Proactiva Open Arms y la asociación guipuzcoana de autismo Gautena.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/vida/20161012/41952517874/la-once-pide-en-bruselas-homogeneizar-politicas-de-inclusion-en-la-ue.html

Imagen: http://www.conocimiento.gob.ec/personas-con-discapacidad-visual-deben-tener-acceso-a-textos-impresos/

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Un crecimiento educativo sostenible

Por: Mariano Fernández Enguita

El momento que vivimos, en la Gran Recesión a la que no se ve un claro final y tras varios años de recortes presupuestarios, contribuye a concentrar el debate público en una obsesión simplificadora por los recursos o, más exactamente, con el gasto público. Este es, indudablemente, parte del problema o de la falta de soluciones. Su medida más convencional, el gasto público en educación como porcentaje del producto interior bruto del país, estaba en 2011 (último año con datos comparables de Eurostat) para España en el 4.82, por debajo del 5.25 de la Unión Europea de los 28 y del 5.15 de la zona euro. Si se acumula el gasto público y privado, como hace la OCDE para el mismo año, el porcentaje sobre el PIB en España alcanzaría el 5.5, por debajo del 6.1 de la OCDE y el 5.8 de la UE21 (por encima, sin embargo, del 5.1 de Alemania y Japón y el 4.6 de Italia).

Pero el gasto total no solo depende de cuánto se gasta por alumno sino también del número de estos, y por tanto de la tasa de natalidad, baja en España, y la estructura demográfica, comparativamente envejecida. Un indicador que tiene en cuenta esto es el gasto por alumno como porcentaje del PIB per cápita, que en 2011 era en España del 27.5%, frente al 26.9 en la UE28 (Eurostat), quedando el país algo mejor que la media. Este indicador acumula gasto público y privado, por lo que el paso de la desventaja a la ventaja se explica también por el esfuerzo de las familias, no del Estado. La relación gasto público/privado es 4.7/0.8 en España, más favorable que en la OCDE, 4.8/1.5, pero menos que en la UE21, 5.3/0.5, por la especificidad del modelo de bienestar europeo.

Es importante tener en cuenta esta diversidad de indicadores, y otros que no cabe tratar aquí, frente a la simplificación de la relación gasto público/PIB. Si se trata de ver lo que la institución logra con los recursos que recibe, por ejemplo, importa muy poco que estos sean de origen público, privado o celestial, pues el dinero es fungible, non olet. Si se quiere evaluar el trato económico que se da a los titulares del derecho, los alumnos, hay que tener en cuenta su número, por lo que tampoco basta la relación gasto/PIB. No obstante, este indicador, el más popular, sirve en parte para valorar tanto el esfuerzo público (en particular el esfuerzo presupuestario) en general como las políticas de gobierno en particular, sobre todo a través de su evolución.

La recesión ha hecho, según la OCDE, que entre 2010 y 2012 el gasto educativo total descienda en más de un tercio de los países miembros, pero España es, además, uno de los cinco únicos en que lo ha hecho un 5% o más (con base 2008=100 lo habría hecho de 105 en 2009 a 100 en 2011; con base 2009=100, a 96 en 2011). Medido por su relación con el PIB y según cifras del MECD, el gasto público en educación habría descendido del 4.99% en 2009 al 4.31% en 2014 (si bien es cierto que el elevado indicador de 2009 se debe más a la caída del PIB que al aumento del gasto).

A primera vista, que el descenso del PIB se traduzca en un descenso de los ingresos, y por tanto del gasto público, incluido el educativo, no puede sorprender a nadie. Pero gastar en educación no es como hacerlo, por ejemplo, en cultura o en nuevas infraestructuras. En principio el gasto educativo depende de la estructura de la población, y la escolarización es un trayecto continuado y regular, por lo cual debería poder ser un gasto estable; si un país tiene ya déficits que cubrir, como en el caso español el bajo nivel de retención tras la escolaridad obligatoria (el elevado abandono prematuro), debería tal vez aumentar; en términos prácticos es incluso algo contracíclico, pues la menor o peor oferta de empleo anima a los jóvenes a seguir estudiando (o los desanima a dejar de hacerlo). Lo que es más, toda gran crisis económica se termina resolviendo, en buena parte, con una intensificación de la innovación, lo que Schumpeter llamaba destrucción creativa, es decir, la desaparición de viejos empleos y la aparición de otros nuevos, que entrañará nuevas y seguramente mayores necesidades de cualificación del trabajo. Dicho de otro modo, la crisis no es el momento de reducir sino de aumentar la inversión educativa; sin duda es más difícil, pero los individuos, grupos o países que lo hagan saldrán con ventaja en la próxima fase, y viceversa.

¿Qué educación debe ser gratuita? En España ya lo es la obligatoria, pero incluso ahí las familias afrontan una serie de gastos necesarios (libros y materiales escolares) relevantes, sobre todo para las de menos recursos. Una política ambiciosa debería asegurar la gratuidad total de la enseñanza obligatoria, asumiendo esos gastos anejos, y extenderla al siguiente nivel en que ya se aspira a la saturación, es decir, a la Secundaria superior (Bachillerato y CFGM, hoy fuertemente subvencionados pero no gratuitos, aparte de sus propios gastos anexos), toda vez que se ha asumido el objetivo europeo de que la culmine el 85% de la población, ya elevado en numerosos países al 90%.

¿Y la Educación Infantil? Hoy es de oferta obligatoria, por tanto gratuita, la de segundo ciclo en los centros públicos, pero, en la perspectiva de un sistema público unificado, formado por centros estatales y concertados, debería ser también acogida en los conciertos. En cuanto al primer ciclo, aunque se ha hecho una propaganda que creo exagerada, con débil base empírica, sobre los efectos de la escolarización temprana en el logro escolar posterior e incluso en la trayectoria económica adulta, no cabe duda de que cumple una función social para todas las familias, que beneficia en particular a las madres, ni de que sí puede ser decisiva para la infancia socialmente más desfavorecida. El coste de asumir la gratuidad, no obstante, sería elevado, por lo que requeriría un acuerdo, asimismo, sobre cómo, dónde y de quién obtener los recursos fiscales (o sobre qué otros gastos reducir).

Cuestión distinta es la educación superior. A pesar de ser el segmento en el que los recortes (la elevación de tasas y la reducción de becas) ha producido un malestar más visible, sencillamente por su capacidad de movilización, aquí se trata de una (amplia) minoría de la población financiada con los recursos de todos, por lo que la simple gratuidad sería regresiva y cabría pensar en mecanismos blandos y condicionales de financiación individual, que eviten dejar en la cuneta a nadie sin recursos familiares pero que entrañen el compromiso de devolver a la sociedad el trato de favor recibido.

Un gasto educativo de este orden de magnitud requiere un amplio acuerdo político, que comprometa a la totalidad o a una amplia mayoría del arco parlamentario, y un mecanismo de sostenibilidad, que bien podría inspirarse en el modelo del fondo de reserva que ya existe para las pensiones.

La otra cara de un modelo sostenible es la productividad del sistema. El esfuerzo social por financiar la educación debe tener como contrapartida un esfuerzo profesional por hacer un uso más eficaz y más eficiente de los recursos encomendados. La economía de la información y la sociedad del conocimiento requieren una ciudadanía mejor educada y más cualificada, pero esto no puede basarse en el simple engorde de la escuela de siempre. Desde que existen series homogéneas del IPC (índice de precios al consumo), enero de 1993 (base=100) hasta los últimos datos de julio de 2016, el IPC general ha aumentado un 79,5%, pero el de la enseñanza lo ha hecho casi el doble, un 174%, muy por encima de la Medicina (el servicio más homologable, 46,7%), la vivienda (la burbuja, 108,3%) o la alimentación (lo más básico, 81,5%), y solo por detrás del alcohol y las bebidas alcohólicas (con fines disuasorios, 250,6%). En lo que va de esta década lo ha hecho más que cualquier otro capítulo. Existe poco acuerdo sobre cómo medir la productividad de la educación (y una fuerte oposición a que sea medida), pero siempre que se ha hecho ha resultado una tendencia claramente decreciente o, en el mejor de los casos, plana.

Lo primero que hace falta es abandonar los dogmas sobre las ratios, que deberán ser reducidas no por doquier sino solo allí donde resulte demostrablemente beneficioso; no de manera indiscriminada, como si fuera un derecho de los profesores, sino donde produzca una clara mejora para el alumno, que es el único titular de derechos a este respecto, el derecho a una educación de calidad atendiendo a la diversidad y a las necesidades especiales.

Lo segundo es prolongar la vida útil del profesorado, enterrando de una vez por todas cualquier pretensión de jubilación anticipada como la que se generalizó en las dos décadas anteriores, un injustificable privilegio gremial (abandonar el trabajo a los 60 años, incluso con los mismos ingresos) con un elevado e insostenible coste económico y de pérdida de experiencia para el sistema escolar público. Cuestión distinta es que las funciones de un docente puedan conocer modificaciones, estatutarias o voluntarias, con la edad, la antigüedad o la evolución de su salud.

La tercera es fomentar la innovación tecnológica y organizativa para elevar la productividad, desde la mera sustitución de recursos analógicos por recursos digitales (por ejemplo, los libros), pasando por la reorganización de espacios, tiempos y actividades (por ejemplo, vía la fusión de grupos sin reducción de docentes), hasta un desplazamiento parcial, también dentro del espacio y bajo la tutela de la escuela, del propio aprendizaje escolar hacia la instrucción por los pares y uso de hardware y software didácticos interactivos, algo que el nuevo entorno digital bien permite.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/2016/09/25/5-crecimiento-educativo-sostenible/
Imagen: http://educacionsociedaduclm.blogspot.com/2015/04/el-coste-de-la-educacion-mas-inversion.html

 

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Sobre las políticas para el fomento de la investigacion científica y tecnológica

Por: Roberto López Sánchez[i]

Las siguientes reflexiones buscan aportar al debate sobre la transformación universitaria en Venezuela. Partimos de nuestra condición de docentes de una universidad autónoma como LUZ. Luego de casi 18 años de revolución, las universidades autónomas venezolanas continúan con los mismos problemas, los mismos vicios y los mismos retos que se planteaban en 1998. Probablemente agravados, por su prolongación en el tiempo y la ausencia de iniciativas transformadoras hacia las mismas. La carencia casi total de voluntades de cambio ha prevalecido no sólo en sus autoridades rectorales y decanales, sino también en la dirigencia bolivariana que desperdició 15 años de mayoría parlamentaria sin debatir ni aprobar una nueva ley de universidades.

Entrarle al problema universitario, en términos históricos, ocurrirá en algún momento de los próximos meses o años. No perdemos esa esperanza y no nos resignamos a presenciar el lento declive de un sistema universitario que muy poco aporta a las necesidades del pueblo y del desarrollo soberano de la patria. Sobre todo, porque vemos con preocupación que en vez de impactar positivamente en las autónomas los nuevos proyectos académicos implementados en las nuevas instituciones como la UBV, lo que observamos es que los vicios tantas veces diagnosticados en nuestras principales universidades comienzan a transferirse por diferentes medios a estas nuevas experiencias académicas.

UNA NUEVA CIENCIA PARA NUEVAS UNIVERSIDADES:

El proceso de transformación de las universidades venezolanas debe considerar, entre otros elementos, la insurgencia de los nuevos paradigmas del conocimiento que han propiciado, en este mundo globalizado en que vivimos, una ruptura epistemológica con la ciencia positivista tradicional.

Hasta el presente, el enfoque predominante en los procesos de producción y difusión del conocimiento científico ha sido el de la diferenciación de dicho conocimiento en una multiplicidad de disciplinas autónomas, que tiene por fundamento la separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual propio de la sociedad capitalista, en la fragmentación y la parcelación del saber y el hacer. De esta forma se han construido una serie de “disciplinas científicas”, cada una de ellas con un objeto de estudio, unos marcos conceptuales, métodos y procedimientos específicos. Se han creado escuelas, cátedras, asignaturas, títulos, exámenes, asociaciones profesionales y parcelas de poder universitario para cada disciplina: médicos, abogados, ingenieros, sociólogos, pedagogos, etc.

El problema de esta parcelación disciplinaria del conocimiento radica en que cada una de estas disciplinas estudia por cuenta propia el mismo objeto de estudio, que es la sociedad en la cual actuamos, pero mantienen una total desconexión e ignorancia entre lo que cada una realiza, lo que constituye un obstáculo para la comprensión real y completa de los fenómenos de los que se ocupan (JurjoTorres).

La ruptura de fronteras entre las disciplinas, a consecuencia de la multiplicidad de áreas científicas, de unos modelos de sociedades más abiertos, y de la mundialización de la información, unido a la complejidad del mundo y de la cultura actual, obliga a considerar modelos de análisis más complejos, buscando desentrañar los problemas con múltiples lentes, tantos como áreas del conocimiento existan.

Se debe elaborar una lógica de la complejidad, que entienda que la sociedad es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: que presenta la paradoja de uno y múltiple (Edgard Morín). La complejidad es una palabra problema, no una palabra solución, ya que es una forma de dialogar con la realidad donde no hay respuestas simples, como en el paradigma cartesiano (Yus Ramos). Las “disciplinascientíficas” de nuestras universidades se han caracterizado por su adscripción al paradigma de la simplicidad.

El reconocimiento de los procesos complejos, desarrollando el paradigma de la interdisciplinariedad, implica una ruptura epistemológica, acompañada de profundos conflictos cognitivos (Carlos Lanz). De manera general, estamos en presencia de un cambio teórico-metodológico en la ciencia, en el proceso de producción de conocimientos. La crisis universitaria en Venezuela no hace más que confirmar los presupuestos de Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas, al afirmar que la crisis es una condición previa y necesaria para el nacimiento de nuevas teorías. Lo que ha entrado en crisis no es ésta o aquella teoría de la ciencia sino la ciencia misma. Lo que no volverá es la pretensión de hacer pasar como ‘universalmente válido’ lo que es en verdad una determinada visión del mundo, una muy parcial manera de ver las cosas. Se trata de apostar por una nueva ciencia (Rigoberto Lanz).

En las universidades venezolanas, la creación de facultades y escuelas significó la construcción de verdaderos feudos (más que feudos, conucos), al territorializar el conocimiento a base de parcelas, en las que es casi imposible entrar y participar.

El colectivo de especialistas ha delimitado de tal modo su parcela que impide el ingreso de todo aquel al que no consideren con las suficientes credenciales, o no defienda los mismos presupuestos teóricos.

De esta forma, las escuelas y facultades se han convertido en un fin en sí mismo, duplicando funciones académicas en la docencia y la investigación, sólo para satisfacer los privilegios de cada señor feudal. Las características de estos feudos y conucos son los particularismos de sus productos académicos, la rigidez de las estructuras mentales, el conservadurismo para enfrentar los cambios, los celos por las críticas y los desarrollos innovadores, el importante peso del trabajo rutinario, y la reproducción al infinito de su práctica burocrática, mediante la cooptación de nuevos profesores que reproducen los mismos vicios.

Hay que cortarle la cerca a los conucos, trascender los feudos disciplinarios y derrocar a los mandarines del saber. Esto implica la modificación de las actuales estructuras de facultades y escuelas, la creación de los programas de formación como nueva estructura y la verdadera departamentalización, transfiriendo a los Departamentos gran parte de las decisiones que hoy controlan los Consejos Universitarios y Consejos de Facultad.

De esta forma se darán pasos reales para transformar la universidad, desmontando la estructura burocrática-clientelar que la está corroyendo, construyendo una institucionalidad acorde a la globalización del conocimiento y al mismo proceso revolucionario que se desarrolla hoy en Venezuela, donde la academia impere sobre los intereses grupales, y se puedan dar las respuestas que las grandes mayorías populares nos reclaman.

UNA CIENCIA COMPROMETIDA CON LOS INTERESES POPULARES Y NACIONALES:

La influencia del positivismo en el desarrollo científico contemporáneo difundió la conocida tesis de la neutralidad de la ciencia, de la “objetividad” del análisis científico, tesis que parte de considerar que la realidad es plenamente externa y objetiva, y que nuestro aparato cognoscitivo es una especie de espejo o cámara fotográfica que la reproduce fielmente. A partir de esta premisa se supone que los científicos pueden emitir una única y “objetiva” opinión sobre cada hecho o fenómeno natural o social que es sometido a su estudio. Surge así la ciencia neutral, la que mira los toros desde la barrera.

Pero las premisas anteriores se estrellan ante una realidad mucho más compleja. Primero que todo el conocimiento científico tiene su propia historicidad, es decir, varía de acuerdo a cada época histórica. Esta variación se debe a nuevos datos y nuevas teorías que puedan surgir; pero también tiene que ver con los valores que predominan en cada sociedad.

Esto último se relaciona con los intereses de clase implícitos dentro de un conjunto social determinado. De acuerdo a los intereses del grupo social que genera el conocimiento en cada época determinada, y a los valores morales de dicho grupo, la ciencia puede presentar multitud de versiones sobre un mismo aspecto analizado. Es decir, la burguesía tiene su propio concepto sobre la ciencia, y los trabajadores y sectores oprimidos por el capital debemos desarrollar igualmente una visión sobre la ciencia acorde a nuestros intereses como clase.

Ni la ciencia ni la tecnología son neutras, como formas de producción y aplicación del conocimiento científico. La ciencia tiene un carácter histórico, responde a cada época determinada y al tipo de sociedad que la desarrolla. También tiene la ciencia un carácter de clase o de grupo social, pues responde a uno u otro de los distintos y contradictorios intereses de clase que están en conflicto en una sociedad determinada. En las ideas de Marx sobre la totalidad concreta está implícita una visión del conocimiento científico más integral que la conocida división en disciplinas que introdujo el positivismo. Sobre este punto, las nuevas tendencias que promueven la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad apuntan a cuestionar la manera como hasta ahora se produce el conocimiento científico en nuestras sociedades.

La ciencia positivista también hacía desaparecer al sujeto dentro del proceso del conocimiento. Pero sucede que el análisis del “objeto” que se estudia es predeterminado por el “sujeto” que investiga. Sujeto y objeto no son dos entidades separadas, como piensan los científicos positivistas. El sujeto-investigador forma parte del objeto que se investiga, en la medida en que integra un mismo conjunto social y una misma época histórica. Además, ese objeto estudiado es delineado por el propio investigador. De esta forma, cada investigador aporta su propia versión al fenómeno estudiado, condicionado por el tiempo y el espacio en que actúa, los intereses sociales que defiende, las teorías y métodos que utiliza, y hasta por sus gustos personales.

La visión positivista de la ciencia “pura, objetiva y exacta” fue superada a lo largo del siglo XX por los avances en las ciencias físicas, particularmente por la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. El principio físico de indeterminación, y la teoría del caos, han relativizado la verdad científica a nivel de las ciencias naturales, sin que por ello se ponga en duda su carácter mismo de ciencias. Pese a ello, siguen prevaleciendo en muchas disciplinas una visión positivista ortodoxa sobre la ciencia, que no acepta la relatividad del conocimiento.

Bajo el manto de la neutralidad de la ciencia se ha ocultado una actitud que justifica implícitamente la existencia de relaciones de subordinación entre países y entre seres humanos, que son impuestas por quienes controlan los principales mecanismos de producción de conocimientos y nuevas tecnologías. La idea que se vende es que todo adelanto científico y tecnológico es bueno para la humanidad, y por tanto, debemos incorporarnos a esa vorágine desarrollista que es promovida por los centros del poder mundial globalizado. Pero las crisis ecológicas que se están gestando en diversos lugares del mundo son el alerta más contundente hacia esta interpretación simplista sobre la producción científica.

Reconocer que los conocimientos científicos no son verdades absolutas, es al mismo tiempo una forma de contribuir a democratizar dicha producción de conocimientos. Hasta ahora, la ciencia es sólo obra de “especialistas”. Pero todos los seres humanos somos capaces de producir conocimiento científico, si analizamos y sistematizamos nuestras experiencias cotidianas, y las comparamos con nuestros conocimientos acumulados del estudio o de experiencias anteriores. Esto no quiere decir que producir ciencia sea una tarea fácil. Lo que queremos recalcar es que cada uno de nosotros puede superarse y ampliar progresivamente su capacidad de análisis científico. Cuando tengamos una sociedad que no dependa de los especialistas, tendremos una sociedad mucho más democrática.

Hoy en Venezuela y toda América Latina, la ciencia debe orientarse principalmente a dar respuestas y explicaciones a los procesos de conflicto y cambio que estremecen a nuestras sociedades. Los investigadores deben cumplir la función de clarificar a la sociedad sobre los procesos económicos, políticos y socioculturales que han permitido que nuestra dependencia y subdesarrollo se prolonguen por décadas y siglos, a fin de facilitar su comprensión y profundizar en la determinación de nuevos rumbos al desarrollo nacional y latinoamericano.

La misión del investigador debe ser la de recuperar el compromiso con los intereses fundamentales de la nación y de las grandes mayorías sociales. En cierta forma, proponemos la redefinición del papel de la ciencia y de los intelectuales dentro de la sociedad. En momentos que la globalización pareciera arropar al mundo bajo el manto uniforme de la economía neoliberal, la democracia burguesa y la cultura occidental, una ciencia vista en una perspectiva latinoamericana debe servirnos para construir nuestro propio camino de desarrollo en lo económico, político y social.

La construcción del socialismo del siglo XXI, como rumbo fundamental de la República Bolivariana de Venezuela, implica necesariamente una redefinición teórica y práctica de la forma de construir y transmitir el conocimiento científico. Cuestiones como el modelo de desarrollo endógeno, la ruptura con los centros de poder mundial (con instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial), el enfrentamiento con la principal potencia imperialista, la promoción de nuevas instituciones como la CELAC, el ALBA, el Banco del Sur, las nuevas perspectivas de los procesos de integración y desarrollo económico, la democracia participativa como superadora de la democracia representativa liberal, y el objetivo de cambiar las relaciones capitalistas de producción a favor del cooperativismo y la participación de los trabajadores en el control de las empresas, son aspectos cruciales del plan de desarrollo nacional que deben ser incorporados como ejes transversales de todo el currículo de la educación superior en Venezuela.

Estas cuestiones mencionadas implican un cambio de rumbo absoluto en cuanto a lo que venía siendo el modelo de desarrollo nacional desde el gobierno de Páez en 1830 hasta Caldera en 1998. Es evidente que si este cambio de rumbo como país no se manifiesta en nuestro sistema educativo, difícilmente se podrá transitar por el camino de la construcción del socialismo del siglo XXI.

EL CAMBIO EDUCATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO:

La educación tradicional ha estado sometida a la crítica en las décadas recientes, parte de cuyos debates han tenido amplia difusión en el medio universitario. En Venezuela se ha adelantado todo un proceso de cambio educativo a partir de 1999, el cual ha tenido sus expresiones más resaltantes en la creación de las Escuelas Bolivarianas, en el desarrollo de las misiones educativas (Robinson, Rivas, Sucre), y en la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

De todas estas experiencias y reflexiones intentaremos resumir los aspectos que apuntan al deber ser de la nueva educación superior venezolana:

  • Superación de la concepción que ve el currículo como un modelo o diseño estandarizado, entendiéndolo ahora como Desarrollo Curricular, el cual promueve la formación general para seguir aprendiendo. “El currículo no es un problema técnico, sino que en el qué y cómo aprender, cuáles contenidos escogemos, cómo los estructuramos y presentamos, qué metodología empleamos, cuál didáctica proponemos, cómo evaluar y acreditar los saberes, todo esto descansa en una determinada concepción del mundo, de la sociedad y del desarrollo, tamizados por diversos intereses: de control y dominio, o de liberación y emancipación. Por eso resulta inaceptable la ‘neutralidad axiológica’ postulada en nombre de la ciencia y la técnica” (Carlos Lanz, 2007).
  • El proceso de formación permanente está vinculado a la investigación y la innovación para desarrollar un patrón tecnológico que responda a los indicadores de la calidad de vida y el desarrollo humano, descartando la perspectiva que valora el crecimiento de los indicadores macroeconómicos como el PIB y el ingreso per cápita.
  • Se propone un currículo bajo una concepción humanista, donde la economía, la ciencia y la tecnología estén al servicio de los seres humanos. Por más productiva que sea la tecnología, si ésta genera desempleo, depreda el ambiente y genera mayor dependencia, debe ser rechazada, revisada, desagregada y adaptada a nuestras necesidades. El lema debe ser “ciencia con conciencia”, “tecnología con pertinencia”.
  • Superar los anacronismos curriculares de nuestras universidades, que hacen que los aprendizajes no tengan pertinencia socio-cultural.
  • Promoción de valores dirigidos al cambio de las relaciones capitalistas de producción. Superar el afán de lucro y la máxima ganancia como móvil social, apuntando a la satisfacción de las necesidades colectivas. Primacía de los valores de uso sobre los valores de cambio.
  • Formación histórico-cultural con conocimiento pleno de nuestras raíces y del acervo histórico como pueblo. Respeto de la diversidad cultural.
  • Educación que promueve una revolución cultural y productiva, basada en el desarrollo endógeno sustentable y la economía popular.
  • Superación de las prácticas pedagógicas tradicionales, memorísticas y repetitivas, desarrollando métodos y estrategias didácticas no estandarizadas y produciendo recursos para el aprendizaje flexibles y contextuales. Incluye una reflexión crítica sobre los sistemas de evaluación aplicados por los docentes.
  • Desarrollo de una práctica docente vinculada con el trabajo productivo, con el entorno social y natural, con el patrimonio cultural de las comunidades, con la problemática general que confronta el país, haciendo énfasis en la pertinencia social de los aprendizajes.
  • En el plano de la investigación, se plantea construir un modo de producción de conocimientos más democrático, participativo e implicante, incorporando diversas opciones epistemológicas y superando el monismo metodológico.
  • Superar la dicotomía investigación básica e investigación aplicada, formulando líneas de investigación que permitan innovar y crear conocimientos y tecnologías propias, así como adaptar y transferir las tecnologías accesibles.
  • Articulación entre el desarrollo científico-técnico y el desarrollo independiente e integral del país, de acuerdo al plan general de la nación.
  • Otorgarle a la investigación el necesario peso curricular, vinculándola a la resolución de problemas nacionales y locales. Otorgar igualmente mayor respaldo financiero a la investigación, y el reconocimiento y fomento del trabajo investigativo entre los profesores.
  • En materia de extensión, superar las concepciones eventistas y simplemente difusoras de las actividades de docencia-investigación. Superar igualmente la concepción de la extensión como un mecanismo para obtener ingresos propios. Construir relaciones sólidas entre la universidad y la comunidad, impulsando propuestas en áreas de interés social (tales como salud, educación, vivienda, servicios públicos) en conjunto con organizaciones sociales diversas (consejos comunales, sindicatos, cooperativas, etc.).
  • Otorgarle a la extensión universitaria un mayor peso académico al que hasta ahora ha tenido curricularmente y en la misma actividad de los docentes.
  • Fortalecer la formación del estudiantado al calor del desarrollo de la ley del servicio comunitario, mediante la creación de valores en cooperativismo, solidaridad, cultura democrática, gestión participativa de los asuntos públicos, superando el individualismo, la competitividad, la intolerancia, la discriminación de género, racial y social.
  • Socialización de la investigación universitaria, vinculándola a los sectores estratégicos de la nación: petróleo, manufactura, agricultura.
  • Desarrollo de la municipalización de la educación universitaria, respaldando la experiencia de las aldeas universitarias y la aplicación de modalidades no convencionales de aprendizaje.

DIAGNÓSTICO:

  1. Existe en Venezuela una cantidad grande de investigadores en las distintas disciplinas científicas, con muy buena preparación y experiencia en el campo de la docencia-investigación. No todos están identificados con la revolución bolivariana, y los errores del proceso en los últimos años ha aumentado la cantidad de opositores en este sector académico. No obstante, muchas de las investigaciones que se ejecutan son de mucha pertinencia para las necesidades prioritarias del Plan de la Patria. Es una contradicción que hay que saber manejar, estableciendo unas condiciones mínimas de respeto hacia estos investigadores que no convalidan ideológicamente la revolución pero aportan a ella a través de su trabajo científico.
  2. También existe un espacio de investigación científica que probablemente no realiza mayores aportes a las prioridades actuales de Venezuela y del Plan de la Patria, pero el mismo puede ser reorientado con una adecuada política de fomento de la investigación hacia las áreas prioritarias de la nación.
  3. Se ha producido un considerable impacto de la crisis económica en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en Venezuela.
    1. La inflación ha convertido en irrisorios los presupuestos que cada universidad (principalmente las autónomas) destina para el financiamiento de proyectos de investigación. Con los montos actuales, apenas se puede renovar las tintas/toner de las impresoras y comprar algunas resmas de papel. No se pueden adquirir equipos de computación ni otros equipos y accesorios básicos. No se puede contratar asistentes de investigación. No se pueden adquirir libros ni revistas científicas. No se pueden comprar insumos para experimentos en laboratorios, ni equipos para esos laboratorios. No se pueden comprar vehículos necesarios para trabajos de campo, ni reparar los existentes. La tendencia en desarrollo es hacia la paralización total de los procesos investigativos, salvo los que sólo requieran consultas bibliográficas y se puedan desarrollar en baseal esfuerzo individual del investigador por cuenta propia.
    2. El MPPEUCT ha suspendido las convocatorias para financiar proyectos de investigación en las áreas prioritarias que el mismo ministerio determina. Las últimas convocatorias se realizaron en 2012.
    3. Los bajos sueldos de los profesores-investigadores de las universidades venezolanas ha motivado una fuga de cerebros considerable. La diferencia de sueldos es tan grande que un profesor en el Programa Prometeo, en Ecuador, puede ganar en un año veinte veces más que todo el dinero acumulado en prestaciones por 20 años de trabajo en universidades venezolanas. Para ganar en Venezuela lo que gana un profesor venezolano que se ha ido a Ecuador por un año, necesitaría trabajar aquí más de 60 años.
    4. La fuga de cerebros se produce principalmente en las ciencias básicas y en la ingeniería, donde se han ido profesionales con más de 20 años de experiencia en la docencia/investigación, con título de doctor y numerosas especialidades, con experiencia dirigiendo investigaciones de relevancia científica y con numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Para sustituir a los que se van serán necesarias varias décadas de formación de nuevos profesionales/investigadores, siempre y cuando se modifiquen las políticas que están generando esta crisis.
    5. La crisis afecta a la misma docencia universitaria. Puesto que la adquisición de equipos de computación es algo inalcanzable debido a los bajos sueldos profesorales y el alto costo de dichos equipos (superan el medio millón de bolívares), los docentes universitarios dependen del adecuado funcionamiento de sus equipos actuales, los cuales al dañarse o volverse obsoletos no podrán ser renovados. Los nuevos docentes que se incorporan al trabajo universitario no pueden acceder a equipos de computación y otros insumos para la investigación; están imposibilitados de mantenerse siquiera actualizados en los conocimientos de su disciplina específica. El resultado de esto tiende al desfase entre los conocimientos que poseen los docentes/investigadores y los avances que en la ciencia y la tecnología se van suscitando a escala mundial. No es posible hoy en Venezuela para los docentes/investigadores universitarios mantenerse al día en los conocimientos científicos que se generan en el resto del mundo, no contamos con insumos materiales para ello.
  4. El programa PEII no logra abordar adecuadamente esta crisis presente en la producción de ciencia y tecnología en Venezuela.
    1. Los montos de financiamiento otorgados por el PEII son irrisorios en comparación con los montos de financiamiento que otorgan universidades de otros países latinoamericanos. Con lo que otorga el PEII como “estímulo a la investigación” no se puede adelantar ningún tipo de proyecto investigativo, salvo lo ya mencionado de investigaciones bibliográficas que adelante en solitario cada investigador (con las limitaciones antes indicadas de acceso a fuentes de información por carencia de equipos y falta de suscripción a índices científicos internacionales).
    2. Las actividades que se desarrollan desde los Fundacite (por lo menos en el Zulia) son de escaso impacto en la comunidad científica regional. No conocemos proyecto alguno dirigido hacia la comunidad de investigadores regionales que se haya promovido desde Fundacite en los últimos cuatro años.
    3. Los sistemas de evaluación del PEII y los mecanismos de control son muy limitados para impedir que se produzcan situaciones de fraude académico. No existe rigurosidad en el baremo y se permite de manera excesiva la discrecionalidad de los evaluadores. El resultado es que se omiten productos de investigación por causas aparentemente ideológicas, y se aceptan “productos” que no cuentan con suficiente documentación que compruebe su existencia real, tal como lo hemos concluido de nuestra experiencia como evaluadores del PEII.
  5. No se observa en las autoridades del MPPEUCT una reflexión que aborde esta crisis presente en la producción de ciencia y tecnología en Venezuela.Importantes propuestas que hemos han realizado en los últimos años para reconducir la política hacia el sector no han encontrado eco en las autoridades gubernamentales y ni siquiera se han molestado en establecer mecanismos de comunicación que permitan tramitar nuestras inquietudes:
    1. Las denuncias referidas al contraste entre los altos presupuestos que ejecutan las universidades autónomas en vigilancia y seguridad, y los bajos presupuestos que estas mismas universidades destinan hacia la investigación científica.
    2. La exigencia de una auditoría académica y administrativa hacia estas universidades autónomas.
    3. La propuesta de constituir un Consejo Presidencial de Universidades, Ciencia y Tecnología para abordar todo lo referente a la definición de políticas de transformación hacia el sector.
    4. Las denuncias referidas a los ingresos excesivos de personal administrativo y obrero, que en LUZ determina que actualmente ese personal de apoyo duplique en número la cantidad de docentes activos en la institución (cuando la recomendación de la Unesco es de un personal de apoyo por cada tres docentes).

PROPUESTAS (para su ejecución inmediata; de las mismas surgirán las bases para elaborar colectivamente una propuesta de transformación universitaria que cuente con el aporte de la gran mayoría de revolucionarios que hacen vida en la comunidad académica nacional):

  1. Instalar el Consejo Presidencial de Universidades, Ciencia y Tecnología, con participación de representantes de los colectivos bolivarianos de cada universidad del país, además de las autoridades Árbol y otros representantes del sector universitario, para convertirlo en un centro de debate y elaboración política para la transformación universitaria.
  2. Realizar una auditoría académica y administrativa de las grandes universidades nacionales (autónomas y otras), exigiendo que cada universidad destine para investigación un monto suficiente que permita el desarrollo de investigaciones prioritarias y pertinentes.
  3. Convocar por cada región asambleas de investigadores e innovadores para diagnosticar los problemas y conocer las propuestas de solución a los mismos.
  4. Establecer programas de financiamiento de proyectos de investigación que se equiparen al de otros países latinoamericanos.
  5. Que el PEII incorpore en su programa de estímulo a la investigación la dotación de equipos de computación a los investigadores (computadores de escritorio o laptop, impresoras, reguladores de voltaje, teclado, mouse, monitor) cada cierta cantidad de años (por la obsolescencia tecnológica).
  6. Que el MPPEUCT considere la dotación de equipos de computación para todos los docentes de las universidades públicas.
  7. Colocar a profesores-investigadores en los cargos de dirección o representación en las universidades y fundacites, también en las direcciones principales centrales del MPPEUCT, absteniéndose de colocar personas por su “recomendación política” o “cercanía política” a grupos y fracciones de poder dentro del PSUV. Existen centenares de profesores-investigadores de considerable experiencia revolucionaria y comprobada capacidad académica, y no hay necesidad de recurrir a políticos profesionales (cuya trayectoria universitaria generalmente no satisface las exigencias mínimas de desempeño de un docente-investigador, y que carecen de experiencia académica y de formación política necesaria para dar las respuestas adecuadas a los problemas universitarios).

Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 26 de julio de 2016

[i] Profesor Titular de la Universidad del Zulia, Maracaibo. Venezuela. Magister en Historia de Venezuela y Doctor en Ciencias Políticas. Autor de más de 50 publicaciones científicas en temas de historia, antropología, ciencias políticas y movimientos sociales venezolanos.

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