Por: María de los Ángeles Mena
A nadie le escapa que estamos atravesando un momento histórico de retrocesos en materia de derechos conquistados. Y hablamos no sólo de los derechos de la ciudadanía en general sino particularmente de los trabajadores, y de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Sólo por mencionar un ejemplo y de gravísimas consecuencias para el colectivo docente y para el conjunto de la población, la negación de la paritaria nacional como herramienta para discutir y acordar política educativa, además de un piso que garantice la justicia salarial en todas las jurisdicciones del país, poniendo en jaque la organización del sistema educativo nacional sobre bases democráticas y participativas.
El desconocimiento de los trabajadores de la educación como sujetos de derechos implica un retroceso que, además de ubicarlos en un lugar vulnerable socialmente, genera desentendimiento por parte del Estado de las responsabilidades que le competen; en particular en la garantía de seguridad para quienes llevan adelante el trabajo docente, en medio de situaciones sociales cada vez más difíciles.
Los docentes se han constituido históricamente en sujetos claves para el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Han garantizado derechos básicos en todas las épocas, incluso aquellos que exceden a la tarea pedagógica. La cercanía cotidiana con la población infantojuvenil los ubica en un lugar que les posibilita no sólo hacerles conocer sus derechos, garantizados en los tratados internacionales a los que adherimos constitucionalmente, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sino también acompañar su ejercicio y en esos procesos reconocer cuando los mismos se ven vulnerados.
En la labor que se lleva adelante en las aulas los docentes son los primeros, muchas veces, en escuchar relatos que ponen en evidencia el incumplimiento de las garantías de derechos por parte del Estado o de los adultos responsables de niñxs y adolescentes. A veces son los mismos adultos quienes recurren a la institución escolar buscando resolver o atender problemas que sobrepasan las posibilidades de actuación del colectivo docente. Aun así los mismos se encuentran ahí y el aula, como la escuela, son espacios donde el abrazo y la contención alivian, en parte, los padecimientos sociales de quienes las habitan. Tarea quijotesca en tiempos en que lo que se torna hegemónico es la fragmentación del lazo social, la competencia, la construcción de la otredad en términos dicotómicos e irreconciliables, dificultando un reconocimiento de la pluralidad de voces y miradas necesarias como base para el diálogo social.
Estos climas epocales obturan procesos de encuentro, de por sí sinuosos, que permitan ambientes propicios para el trabajo con el conocimiento y la pluralidad de saberes, y que pueden potenciarse en el espacio escolar. Los docentes son muchas veces responsabilizados por todo lo que en la escuela acontece, sin poder comprender que esos emergentes expresan la historia social colectiva de la que la escuela es también parte.
Esa trama social en que la escuela se inscribe, se constituye en pieza clave de las condiciones laborales docentes. Pretender que la docencia por sí sola enfrente situaciones que se han constituido estructurales como el narcotráfico es de una irresponsabilidad política más que preocupante. La infancia y adolescencia atrapadas en circuitos delictivos de ese tenor no es responsabilidad exclusiva de la docencia. Asistimos cotidianamente a las instituciones educativas sabiendo que nuestrxs alumnxs cuando traspasan la puerta lo hacen con la historia singular inscripta en lo social desde los lugares menos apropiados para aprender. Cada día llegan a las aulas portando, no sólo una mochila con útiles (cuando los tienen) sino con los dolores propios de hogares que hacen lo que pueden, y con realidades sociales donde el narcomenudeo es parte del circuito económico que se entrelaza con la trata de personas, la violencia patriarcal expresada en abusos de todo tipo, desde el sexual infantil hasta el femicidio.
Condiciones laborales
Un crimen en el barrio o en la puerta de una escuela da por tierra con el trabajo laborioso de meses y años por sostener a las instituciones educativas como lugares de inclusión social y garantía de derechos, fundamentalmente de los derechos a enseñar y aprender. Cada vez más escuchamos a compañerxs docentes relatar las condiciones de deterioro social en que tratan de defender la importancia del oficio docente. Las batallas diarias para acercar a niñxs y jóvenes al aula, y la lucha por conseguir que sus almnxs aprendan y se les garantice el derecho a la educación. En este sentido resultan preocupantes, por un lado, la idea de que las instituciones educativas tal como están son obsoletas y, al mismo tiempo, discursos que apelan al retorno de la figura magisterial ligada a la tarea materna. Una nostalgia peligrosa que ubica el reconocimiento de la tarea docente en tanto trabajador de la educación como un obstáculo para que la maestra «aloje» a lxs niñxs y adolescentes cuando su familia no ha podido hacerlo, «como lo hacían antes cuando se comprendían como la segunda mamá».
La tarea pedagógica sólo es posible cuando está mediada por el afecto, cuando tanto lxs niñxs son reconocidos como sujetxs, queridxs y respetadxs, como cuando lxs docentes se sienten de la misma manera no sólo en relación a sus alumnxs sino en relación a sus compañerxs y autoridades. Pero la escuela no es una isla, en ella se reproducen relaciones sociales de desigualdad tanto como se las trata de revertir. También allí se expresan modos relacionales y vinculares que la trascienden, y con esto no estamos repitiendo la conocida idea de que «lo que no se aprende en casa en la escuela no se puede». sino expresando que hay relaciones sociales que determinan, en parte, los modos vinculares tanto fuera como dentro de la escuela, y que afectan de la misma manera a docentes y familias. Es clave fortalecer esta «alianza» entre adultos que permita ir tejiendo redes de contención y trabajo con las nuevas generaciones: «Bienvenirlos»; así como permitirnos entre los adultos generar espacios de diálogo que legitimen nuestras prácticas pedagógicas en sentido amplio, de modo tal que niñxs y jóvenes encuentren sentido al habitar diferentes espacios educativos. Sólo es posible cuando el Estado lleva adelante políticas basadas en realidades concretas, generadas desde el respeto a lxs trabajadorxs que portan un conocimiento valioso y único de los lugares dónde desarrollan sus tareas.
La confrontación entre padres y docentes es una trampa mortal para el desarrollo de cualquier actividad pedagógica. Deslegitimar a unxs y a otrxs solo conlleva un mayor sufrimiento subjetivo tanto para lxs adultxs como para niñxs y jóvenes. Una tarea indispensable en este sentido es desmontar aquellos enfoques del «problema social» que ubican a padres y/o docentes como responsables de los que ocurre con niñxs y jóvenes cuando hay una organización social que sólo considera a lxs sujetxs sociales como clientes y/o consumidores.
Es imperioso que el Estado reconozca y escuche los padecimientos que atraviesan a diario las vidas de niñas, niños y adolescentes y sus docentes y genere políticas que enfrenten lo que muchas veces quienes hacen la escuela cotidianamente realizan en soledad. Los que asumen la responsabilidad de gobierno tienen el deber de planificar acciones articuladas entre los distintos estamentos y áreas del Estado, potenciando las posibilidades de transformación que los sujetos sociales portan y las y los trabajadores de la educación toman como desafío cada día que traspasan la puerta de la escuela.
Fuente: https://www.lacapital.com.ar/educacion/el-oficio-educar-contextos-vulnerables-n1566222.html
Describimos algunas de las políticas que los países han probado para abordar esta segregación, ayer, en el 
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