Los salarios de los maestros están entre los más bajos, incluso comparándolos con profesiones que requieren el mismo nivel de formación.
La vocación docente es, hoy más que nunca, realmente una vocación. Es que los trabajadores con formación terciaria o superior dedicados a actividades de enseñanza tienen un ingreso promedio de $49.488 mensuales. Teniendo en cuenta que el sector es claramente dominado por trabajadoras que se desempeñan como maestras o profesoras, si estas son cabeza de familia lo que sucede es que no llegan a cubrir con su sueldo la canasta básica actual.
Este nivel de sueldo ubica a los docentes en el puesto 15 en un ranking de 18 actividades, por encima de tareas como la explotación de minas y canteras, actividades administrativas y servicios de apoyo, y tareas domésticas.
Estos datos surgen del informe Enseñar, a pesar de todo, del Observatorio de Argentinos por la Educación. El estudio analiza los ingresos de los trabajadores dedicados a la enseñanza, comparándolos con los de otras actividades, a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para 2020 y el primer trimestre de 2021.
«Un salario competitivo es una de las herramientas clave para atraer y retener a los mejores candidatos a la profesión docente», plantea el documento. En varias actividades relevadas en la EPH, el ingreso promedio supera en más del 50% al ingreso promedio de los docentes: es el caso de los trabajadores dedicados a actividades financieras, suministro de electricidad y gas, actividades inmobiliarias, administración pública y defensa, entre otras.
«La valoración que le damos a la educación es la valoración del trabajo docente. Con estudios terciarios, conviene trabajar en un banco o en una inmobiliaria. La carrera docente en la Argentina tiene reglas de hace 60 años, está atrasada y ni siquiera permite un salario acorde al nivel de formación. Afortunadamente, la mayoría de los docentes enseña a pesar de todo. Es con ellos que la dirigencia política podrá cambiar la educación, el día en que asuma esa voluntad y la educación deje de ser solo un slogan de campaña», afirma Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
Si comparamos sueldos, esta es la situación a la que nos enfrentamos:
Un desarrollador junior puede superar los $100.000 de ingresos.
Un empleado de comercio de la categoría maestranza tiene un salario básico de $65.674.
Un community manager, que puede incluso trabajar freelance para otros destinos y ganar en dólares, en la Argentina ronda los $80.000 mensuales.
Un docente no alcanza los $50.000
Buscar motivación
En este contexto, es válido preguntarse entonces por qué alguien sigue eligiendo ser docente.
Para esto María Cristina Gómez, directora de la Red de Educadores Innovadores, tiene una respuesta: «Porque el aula tiene una magia indescriptible. Cuando uno ve en los ojos de un chico esa chispa de que entendió, y suelta una expresión de alegría, eso no tiene precio. Y también porque en esos minutos somos poderosos: podemos cambiarle la vida a un chico, solo con una mirada, con una palabra que le demuestre que puede ir más allá. Rebeldía, infinita curiosidad y ganas de romper la matrix: eso me define como docente».
«Después de 27 años de docente y de trabajar en distintos ámbitos educativos, me sigo levantando todos los días agradecido de haber elegido esta hermosa profesión, de poder llevarla adelante y de seguir aprendiendo. Me siento partícipe de la construcción de un futuro mejor, siempre teniendo como objetivo brindar a los estudiantes conocimientos, valores, hábitos y habilidades que les permitan descubrir su vocación, desarrollarse y ser parte como personas activas en una sociedad civilizada», afirma Martín Salvetti, subsecretario de Educación de Lomas de Zamora.
El compromiso con el aprendizaje, el deseo de transformar las vidas de sus estudiantes, la voluntad de innovar y de seguir aprendiendo son elementos que se repiten en los testimonios de los docentes consultados. Para ellas y ellos, educar es una pasión y, a la vez, una forma de construir un futuro mejor para todos.
Estamos frente de una compleja cuestión social en la juventud de los sectores populares; de precariedad laboral, inseguridad social, deterioro moral e institucional con consecuencias sociales y políticas no previsibles.
Durante los años de experiencia docente que llevo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), me he encontrado con una diversidad de estudiantes; algunos te dejan saber que van a la universidad por las exigencias de sus padres; que preferirían hacer otras cosas como emigrar o trabajar, otros sólo le interesa socializar, hacer amigos y pasarla bien, pero, las mayorías asisten porque entienden el papel que juega la educación superior en el desarrollo de su proyecto de vida; hacer una carrera profesional, obtener un trabajo bien remunerado y formar su propia familia.
A pesar de las condiciones de pobreza, de precariedad laboral, la falta de disciplina y, los pocos hábitos de lectura, la juventud ha decidido estudiar. Desde la década del noventa, el país ha experimentado un crecimiento de la demanda de formación superior. Para 1993 la matrícula universitaria era de 108 335 estudiantes; pero ya al 2017, la tasa de matriculación se incrementó en un 60.58 %, con 562 667 estudiantes universitarios, colocando a la República Dominicana por encima del promedio latinoamericano de 50% (file:///C:/Users/pc/OneDrive/Escritorio/Educacion-superior).
La educación superior ha dejado de ser pensada como un privilegio de las élites y las clases medias y, se ha convertido en una necesidad básica de los jóvenes, en el mayor dispositivo social para acceder a un frágil y deteriorado mercado de trabajo. Sin embargo, con la globalización y las reformas neoliberales se han agravado las deficiencias y encarecido el acceso a la educación superior. Por un lado, con la llegada de la llamada sociedad global-informacional se ha estado moviendo a una educación superior que debe responder a las exigencias de los rankings y estándares académicos globales y, el uso intensivo de las tecnologías digitales. Mientras que, por el otro lado, con las “reformas educativas” se ha estado produciendo una reducción de la inversión del Estado en educación superior y, un proceso de privatización, dando lugar a un incremento de los costos de los estudios universitarios de grado y posgrado.
A pesar que la ley 139-01 de educación superior ciencia y tecnología establece que la inversión del Estado en el sector, no debería ser menor al 5% del presupuesto de gastos y, en contra de las evidencias que expresan el incremento de los deseos y necesidades de los jóvenes de estudiar, los que se ha venido produciendo en el país es, una reducción de la inversión en educación superior en relación con el presupuesto de gastos del Estado.
Según los datos del informe citado, se ha producido un aumento significativo de las universidades privadas. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) reconoce que para el 2018 en el país existían 51 centros y universidades de educación superior, con un incremento muy significativo de los costos de los estudios universitarios. El acceso a la educación superior se ha individualizado pues su financiamiento está recayendo en los jóvenes que para poder estudiar deben endeudarse y trabajar, es así que alrededor del 35% de los estudiantes universitario trabajan (file:///C:/Users/pc/OneDrive/Escritorio/Educacion-superior).
Debemos suponer que las estadísticas de desempleos, la deserción estudiantil y las deficiencias de la educación superior se han agravado de manera significativa con la crisis de la pandemia del covid-19. En el marco de esta crisis, los jóvenes de los barrios populares no solo han sido estigmatizados por las conductas tribales del teteo, la violencia y delincuencia, sino que también se han visto precarizado por el alto nivel de despido en sus trabajos, por los costos de la internet, las tecnologías digitales y, la resultante deserción de sus estudios universitarios (https://acento.com.do/opinion/las-culturas-juveniles-en-las-crisis-dominicanas).
Estamos frente de una compleja cuestión social en la juventud de los sectores populares; de precariedad laboral, inseguridad social, deterioro moral e institucional con consecuencias sociales y políticas no previsibles. Las pérdidas de los empleos y las enormes exigencias económicas y tecnológicas de la educación superior dominicana, están creando las condiciones estructurales para la frustración de los jóvenes, el suicidio, el aumento de la emigración, pero también para ser cooptado por las conductas tribales de la criminalidad, el narcotráfico, los fundamentalismos étnicos, políticos, religiosos y otros males sociales.
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/deportes/milwaukee-quiere-seguir-sonando-con-los-bucks-8964463.html
Rani Akter, una madre de cinco hijos, suele trabajar como empleada doméstica en el área de Zikatola de Dacca. Cuando estalló la pandemia de coronavirus en Bangladesh en marzo de 2020, sus empleadores le pidieron que no fuera más a sus casas por temor al contagio.
“Perdí mi trabajo en tres lugares, uno tras otro, lo que se convirtió en una pesadilla para mí. Mis empleadores ricos no me permitían entrar a sus casas porque pensaban que yo podría portar el virus invisible”, dijo Akter a IPS.
El esposo de Akter también perdió su trabajo debido al confinamiento y cierre de actividades para frenar la covid-19 y la familia atravesó tiempos difíciles.
“No teníamos dónde ir. Solíamos tener una casa en Mehendiganj, en el distrito costero de Barishal, pero la erosión de la orilla del río se engulló nuestra casa hace ocho años. Por eso nos vimos obligados a quedarnos en la ciudad “, señaló.
Akter comenzó a tocar puertas, buscando trabajo, sin éxito alguno.
“No tuvimos ayuda del gobierno ni asistencia de dinero en efectivo. Pero teníamos que sobrevivir y por eso al principio estuvimos afrontando los gastos familiares con nuestros ahorros. Y cuando se terminaron, comenzamos a pedir prestado a nuestros familiares. Ya hemos pedido 40 000 takas (471 dólares). Estamos recibiendo préstamos de 5000 a 6000 takas (de 58 a 70 dólares) al mes de vecinos y parientes para satisfacer nuestra demanda de alimentos y pagar el alquiler”, comentó Akter.
Dijo que su familia se estaba endeudando y que no sabía cuándo terminaría su sufrimiento.
Shahana Akter, de 20 años, una madre soltera que trabaja como empleada doméstica en la ciudad de Netrakona, también perdió su trabajo cuando comenzó la pandemia. Pero ella fue más afortunada que la mayoría.
“Cuando perdí mi trabajo, pensé en cómo sobreviviríamos mi hijo de cinco años y yo. No tenía ahorros. Pero tuve la suerte de conseguir un nuevo trabajo después de dos meses de confinamiento”, dijo Shahana Akter a IPS.
Millones de trabajadoras domésticas perdieron sus puestos a causa de la covid en este país del sur de Asia.
No hay datos oficiales sobre el número de trabajadores domésticos en el país. Pero según Rezaul Haque, secretario auxiliar del Ministerio de Trabajo y Empleo de Bangladesh, aproximadamente 90 por ciento son mujeres y niñas.
Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2006 estimó que Bangladesh tenía cuatro millones de trabajadores domésticos en un país con una población de 163 millones.
Si bien un estudio reciente del Sindicato Nacional de Trabajadores Domésticos (NDWWU, en inglés) mostró que hay aproximadamente de 2,2 a 2,5 millones de trabajadores domésticos, de las cuales alrededor de 60 por ciento o 1,5 millones eran trabajadores externos y 40 por ciento restante vivía en las casas de sus empleadores.
Según el secretario general de NDWWU, Murshida Akter Nahar, cuando comenzó el primer brote de coronavirus aquí en marzo de 2020, muchos empleados domésticos perdieron sus trabajos sin previo aviso y sin que se les pagara el salario que se les debía.
Se estima que alrededor de 1,2 millones de trabajadores externos, fijos o por días, perdieron sus puestos de trabajo desde marzo de 2020.
Shahana Akter, de 20 años, una madre a cargo sola de su hijo, era empleada doméstica en la ciudad de Netrakona, en Bangladesh. Perdió su trabajo cuando comenzó la pandemia, pero en su caso pudo encontrar otro puesto en el servicio doméstico más tarde. Foto: Rafiqul Islam/ IPS
“Y muchos empleados domésticos fueron expulsados de los hogares de sus empleadores, por lo que tuvieron que sufrir una vida miserable durante el cierre (de actividades) del año pasado. No tenían refugio donde ir ni comida para alimentarse en Dacca. Por eso muchos de ellos se vieron obligados a salir de la ciudad”, dijo Nahar a IPS.
Una vez que se redujeron los contagios, muchos trabajadores domésticos regresaron a la ciudad con la esperanza de ser contratados nuevamente por sus antiguos empleadores. Pero la mayoría no recuperó sus trabajos.
Nahar dijo que los empleados domésticos que habían podido encontrar empleo perdieron sus trabajos cuando la situación del coronavirus comenzó a deteriorarse otra vez en marzo de este año. “Pero no recibieron suficiente apoyo del gobierno”, explicó.
Dijo que muchos empleados domésticos comenzaron a pedir limosna, lo que trajo como consecuencia un rápido aumento de mendigos en las calles de la ciudad.
Mahmuda Begum, de 40 años, vive en una pequeña casa alquilada en la zona de Zikatola de la capital y había trabajado en esa misma área como empleada doméstica. Cuando comenzó la pandemia, perdió su trabajo de la noche a la mañana.
“Perdí mi única opción de sustento debido a la covid. Gasté todos los ahorros que tenía. Ahora no tengo dinero para pagar el alquiler de la casa (el equivalente a 58 dólares mensuales) ni para comprar alimentos y otros bienes básicos. Por eso no tuve otra opción que pedir dinero prestado a un interés alto”, dijo Begum a IPS.
Begum, viuda y madre de dos hijos, dijo que no pagó el alquiler durante cuatro meses y que su familia a menudo tiene que morir de hambre por falta de comida. “No podemos comer tres veces al día”, agregó.
El trabajo doméstico, un sector sin regulación
Los organismos de derechos humanos han estado exigiendo la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que desde su entrada en vigor en 2013 garantiza a quienes trabajan en el servicio doméstico los derechos laborales de cualquier otro empleado formal, así como la implementación de la Política de Protección y Bienestar de los Empleados Domésticos.
En 2015 el gobierno de Bangladesh adoptó esa política de protección para garantizar los derechos de los trabajadores en el servicio doméstico, y ese mismo año debió comenzar un proceso de registro.
“Pero el gobierno aún debe implementar esa política. También estamos exigiendo que las autoridades gubernamentales incluyan el tema del trabajo doméstico en la Ley Laboral que va a ser reformada”, señaló Nahar.
El coordinador de la Red de Derechos de Empleados Domésticos, sostuvo: “Al inicio del confinamiento impuesto en Bangladesh, los trabajadores domésticos enfrentaron mucho sufrimiento. Alrededor del 30 por ciento de ellos, que perdieron el trabajo, se vieron obligados a regresar a sus aldeas y los que estaban en la ciudad no tenían trabajo. La mayoría de ellos no obtuvo ningún apoyo del gobierno”.
Dijo que muchos se encontraban ahora en una situación difícil porque no podían pagar el alquiler y estaban atrapados en deudas. Agregó que esto también provocó un rápido aumento de las disputas familiares.
Hossain, otro dirigente sindical, dijo que en la actualidad es imposible garantizar los derechos de los trabajadores domésticos y sugirió incorporarlos en un marco legal para determinar sus derechos.
Haque, por su parte, dijo que el gobierno distribuyó asistencia en efectivo y alivio entre los desempleados mediante listas especiales. Pero aclaró que no existía un plan de protección social específico para los empleados domésticos, ya que trabajaban en el sector informal.
Haque consideró que si se aprobaba la Ley de Política de Protección y Bienestar de los Trabajadores Domésticos, se podrían determinar los derechos de este tipo de trabajadores.
“Continúan las conversaciones con las partes interesadas en formular una ley que garantice los derechos de los trabajadores domésticos”, indicó Haque.
Los trabajadores migrantes, entre los más vulnerables del mundo, siguen en aumento y pasaron de 164 a 169 millones entre 2017 y 2019, informó este miércoles 30 la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se trata de una tendencia creciente porque esos trabajadores eran 150 millones en 2013, aunque el informe entregado por la OIT en esta ciudad suiza reconoce que la pandemia covid-19 debió ralentizar el flujo desde comienzos de 2020, debido a los cierres de fronteras y confinamientos forzados por la crisis de salud.
Ya constituyen cinco por ciento de la fuerza de trabajo mundial, y “la pandemia ha revelado la precariedad de su situación”, observó Manuela Tomei, directora de Condiciones de Trabajo e Igualdad en la OIT.
“Los trabajadores migrantes, con frecuencia, son los primeros en ser despedidos, tienen dificultades para acceder al tratamiento y muchas veces están excluidos de las respuestas políticas nacionales a la covid-19”, afirmó Tomei.
La gran mayoría de los trabajadores migrantes, 86,5 por ciento, está constituida por adultos, entre 25 y 64 años, pero crece, ya 10 por ciento, la proporción de los más jóvenes, entre 15 y 24 años.
Las mayores concentraciones están en los países ricos, con 24,2 por ciento en Europa septentrional, meridional y occidental; 22,1 por ciento en América del Norte, y 14,3 por ciento en los Estados árabes.
“Los trabajadores migrantes, con frecuencia, son los primeros en ser despedidos, tienen dificultades para acceder al tratamiento y muchas veces están excluidos de las respuestas políticas nacionales a la covid-19”: Manuela Tomei.
Le siguen Europa oriental (ocho por ciento), África subsahariana (7,4 por ciento), Asia sudoriental y el Pacífico (7,2), Asia central y occidental (5,6), Asia meridional (4,2), América Latina y el Caribe (3,5) y Asia oriental (2,5 por ciento), según las cifras de la OIT al cierre de 2019.
La mayoría de los trabajadores migrantes, 99 millones, son hombres, y 70 millones son mujeres.
En calidad de trabajadoras migrantes, las mujeres enfrentan más obstáculos socioeconómicos y tienen mayores probabilidades de migrar como miembros de la familia acompañantes por razones distintas a la de buscar trabajo, indicó el reporte.
Esas trabajadoras “pueden experimentar discriminación de género en el empleo y es posible que no tengan contactos con personas afines, lo cual dificulta el equilibrio entre la vida profesional y familiar en un país extranjero”, se agregó.
Muchos trabajadores migrantes ocupan empleos temporales, informales o no protegidos, lo cual los expone a un riesgo mayor de inseguridad, despidos y el deterioro de las condiciones de trabajo.
La crisis de la covid “ha agravado estas vulnerabilidades, sobre todo para las trabajadoras migrantes, ya que están sobrerrepresentadas en empleos mal remunerados y poco calificados, y tienen un acceso limitado a la protección social y menores oportunidades de acceso a los servicios de apoyo”, sostiene la OIT.
Del total de trabajadores migrantes internacionales, 66,2 por ciento se encuentra en el sector de los servicios, 26,7 por ciento en la industria y 7,1 por ciento en la agricultura. Son 41 por ciento de la fuerza laboral en los Estados árabes.
El informe insistió en que los trabajadores migrantes internacionales “aportan contribuciones vitales a sus países, sociedades y economías de destino y ejercen oficios esenciales en sectores críticos como la asistencia sanitaria, el transporte, los servicios, la agricultura y el procesamiento de alimentos”.
Sin embargo, con la pandemia parte de esos trabajadores “han perdido su trabajo y han sido obligados a volver a sus países de origen”, admitió Tomei.
Al ofrecer las cifras sobre trabajadores migrantes, Rafael Diez de Medina, director de Estadística de la OIT, confió en que “estas estadísticas pueden ayudar a los países a responder a los cambios en la oferta y demanda de empleo, estimular la innovación, el desarrollo sostenible y la transferencia y actualización de las competencias”.
Gracias por aceptar la invitación a participar en esta consulta.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que rendirá la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, en enero de 2022, un conjunto de organizaciones no gubernamentales avanzamos en un Informe Alternativo que permita contrastar y profundizar datos e información. En el marco de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE), la Red Global Glocal por la Calidad Educativa, el Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación” (CII-OVE) y el movimiento magisterial de base, estamos realizando consultas con distintos actores y organizaciones venezolanas, con el objeto de puntualizar las situaciones referidas al Derecho Humano a la Educación en el periodo 2017-2021, para poder elaborar y aportar recomendaciones para el corto y mediano plazo. El informe final será presentado de manera independiente ante las instancias correspondientes de la ONU.
A continuación los resultados de la consulta:
Consulta abierta a organizaciones sociales, gremios y sindicatos
De las instancias y actores socioeducativos participativos, relevantes, consultados para este Examen Periódico Universal, se puntualiza lo siguiente:
En cuanto a la formación docente, de los 100 encuestados y encuestados, el 68% expresaron que, se encuentra desactualizada. Le atribuyen esta situación a la poca posibilidad de cubrir estudios de post-grados ante los bajos salarios mensuales que reciben, a la desinversión en ciencia y tecnología en las instituciones escolares y universitarias, el tener menor tiempo disponible dada la crisis económica nacional, que obliga a realizar dos o tres trabajos diferentes en día.
Los y las consultadas(os) consideran que ante la migración que se vive en Venezuela, existe un importante abandono de los puestos de trabajo por profesionales de la educación, lo que repercute negativamente en la atención profesionalizada a las y los estudiantes, desmejorando considerablemente su formación. No existen cifras oficiales pero en el sondeo de más de un mil (1.000) escuelas estudiadas encontramos que en cada una de ellas, por lo menos un(a) docente se ha retirado por razones de migración.
Otro elemento resaltante es despedagogización docente, al cual, el 67% de las y los educadores consultados, señalaron que se requiere una formación profesional, inicial y continua, que revalore la mirada pedagógica.
El 64% de los y las consultadas manifestaron que, ante la pandemia de la COVID-19 y, la forma cómo se ha introducido la tecnología en las instituciones educativas (aún con las enormes brechas tecnológicas existentes), ello requiere una reconfiguración curricular adaptada a las nuevas necesidades del hecho educativo.
Señala el 68% de los y las consultadas(os) que se requiere repensar el pensamiento crítico en el actual contexto de aceleración de la innovación científica y tecnológica global y, ello pasa por actualizar tecnológicamente a las escuelas, liceos y universidades.
En relación a la percepción de las y los estudiantes, se incorporaron 74 voces, de las cuales el 63,5% expresan que, estudian en instituciones públicas (escuelas, liceos y universidades); pertenecen a familias en situación de pobreza. Si bien, se les otorga el bono denominado 100% Escolaridad a través de la plataforma Patria, este se corresponde a Bs. 3.500.000 por estudiante (un poco más de 1 dólar norteamericano), considerándolo insuficiente.
Los y las estudiantes consultados(as) señalan que, si no se actualiza pedagógicamente a los y las docentes en las nuevas dinámicas educativas mediadas por la tecnología, puede generar una nueva problemática educativa, como el retraso en conocimiento.
De igual manera, el porcentaje indicado muestran preocupación por el desmejoramiento de las infraestructuras, la falta de dotación en los laboratorios para hacer ciencia y tecnología conlleva a comprar insumos de altos costos para avanzar en carreras que ameriten prácticas correspondientes.
Señalan que, tanto la carencia, de condiciones mínimas de bioseguridad (agua, insumos de limpieza) y la precariedad o inexistencia del transporte escolar y/o universitario, unido a la deficiencia y mal estado de los transportes público urbanos que les permita trasladarse sin cao a las instituciones educativas en caso de volver a la presencialidad, sin correr riesgos de contagio ante la COVID-19, crea una situación de incertidumbre que puede generar abandono escolar.
En relación a los problemas centrales que han afectado el Derecho Humano a la Educación en Venezuela durante el periodo 2017-2021, los gremios y sindicatos docentes consultados, en un 87,5% expresaron su rechazo a las políticas económicas y sociales implementadas por el Estado en el Memorándum Circular 2792 del 11 de octubre del año 2018, emanada por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, con la que han quedado congeladas las negociaciones y convenciones colectivas de todos los sectores laborales en la administración pública. Igual, rechazan la situación del bloque y sanciones económicas.
Los sindicatos docentes consultados, consideran que el deterioro del salario del personal docente, administrativo y obrero de la educación, ha constituido un factor que impulsa a la migración para buscar fuera de las fronteras nacionales un salario que permita cubrir las necesidades básicas
Añaden los gremios y sindicatos de docentes, administrativos y obreros que la migración forzada por razones económicas ha traído como consecuencia renuncia a los puestos de trabajos, abandono de las escuelas por parte de los estudiantes, aumento del trabajo infantil y juvenil para sortear la condición de pobreza.
Por otra parte, agregan que se ha incrementado el número de reclamos y manifestaciones en la calle ante la violación constante y sostenida de las conquistas gremiales logradas incluso durante el gobierno de Hugo Chávez, ejemplo de ello, la vulneración del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual indica que, un salario, para ser considerado suficiente, debe permitir una vida con dignidad y la cobertura de las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.
Fuente:
En la elaboración de este Informe se contó con los aportes de las siguientes instituciones, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, venezolana: Foro Venezolano por el Derecho a la Educación, Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación”, Red Global Glocal por la Calidad Educativa, Comunidad Vida Cristiana, Araña Feminista, Cecodap, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, Federación Nacional de Profesionales de la Docencia. Colegio de Profesores de Venezuela, Actores socioeducativos nacionales.
Erlys Unda tiene 16 años al servicio de la docencia. Los últimos dos lucha por ganarle la batalla a un cáncer de mama. Su sueldo como educadora está lejos de ayudarle con los gastos que genera la enfermedad, sobre todo, en un país donde todo se hace cuesta arriba debido a la inflación y donde los medicamentos que deberían entregarle en el Seguro Social llegan esporádicamente.
Los 10 de cada mes, a Erlys le agregan a su cuenta bancaria la cantidad de tres millones 330 mil bolívares por concepto de pago de nómina como docente nacional. A la siguiente quincena se le suma un millón 800 mil del pago por cesta ticket de alimentación.
Un sueldo que no alcanza, ni siquiera, para comprar dos manzanas, que rondan los cinco millones de bolívares. Escasamente usa el dinero para recargar saldo a su teléfono y poder trabajar a distancia. A pesar de todo, siempre ha estado activa en sus obligaciones académicas porque nació con la vocación a la docencia.
La historia es difícil. “El sueldo no alcanza para nada. Menos para el tratamiento. Sobrevivimos haciendo magia porque por más creativa que me ponga, haciendo rifas u otras cosas para recaudar fondos para el tratamiento, no alcanza. Tengo que comprar las medicinas porque muy poco llegan al Seguro Social”.
Una de las pastillas tiene un costo de 60 millones de bolívares, un precio que se mantiene en ascenso. Los médicos le recomendaron someterse a una histerectomía, que no puede realizarse porque tampoco cuenta con seguro HCM. Con ese sueldo es imposible pagar la operación en un centro de salud privado, tampoco en un hospital público, pues debido a la pandemia el oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño mantiene cerrado el quirófano.
Pero Erlys, quien además tiene un pequeño hijo en condición especial, no es la única docente en una situación simular: María* es maestra en nómina estadal. Su salario se hace aún más reducido para mantener a sus cuatro hijos. Debe hacer actividades extracurriculares para poder comer.
Pinta uñas y vende de todo un poco para sobrevivir. Sin embargo, no deja a sus alumnos porque está comprometida en formar excelentes profesionales del mañana, aunque ahora lo haga a distancia y el Internet no colabore mucho. La última quincena de este abril, que debían cancelarla el pasado 25, no había sido abonada en su cuenta, contó la maestra.
Aumento de salario para calmar ánimos
En relación al salario de los docentes, Luis Guillermo Padrón, presidente de la junta transitoria del Sindicato Venezolano de Maestros en Carabobo (Sinvemaca), filial de la Federación Venezolana de Maestros, dijo que un docente en Carabobo gana alrededor de $1 quincenal, lo que, evidentemente, alcanza tal vez para comprar solo un paquete de harina de maíz.
A Padrón le preocupa que el Estado venezolano vaya a hacer un aumento salarial que no tiene nada que ver con la realidad solamente para calmar los ánimos. “Por eso, este sábado Día del Trabajador, estaremos en la plaza Santa Rosa para seguir con la lucha sindical y reivindicaciones salariales para los maestros”.
Según el presidente de Sinvemaca, los docentes no están de acuerdo con la nivelación de sueldos que plantea el Gobierno nacional con base el Petro, que se traduciría en un pago de unos $30, por lo que piden un ingreso de $600 mensuales, que vienen solicitando desde el pasado 2020.
*María, nombre ficticio para proteger la verdadera identidad.
Denuncian que la precariedad laboral es el detonante de numerosos daños a la salud y a la vida de miles de personas en los últimos años
CGT afirma que las condiciones laborales de la clase trabajadora han involucionado en el último año con la excusa de la pandemia de Covid-19
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado con motivo del Día Internacional de la Salud Laboral, que se conmemora cada 28 de abril, en el que apunta a las causas de la terrible situación, en cuanto a la salud en el trabajo, que padece miles de trabajadores y trabajadoras en la actualidad.
Para los anarcosindicalistas, en este día no toca celebrar absolutamente nada atendiendo a lo que ha ocurrido en los últimos meses de pandemia, donde se ha podido evidenciar la precariedad laboral, detonante de los numerosos daños a la salud y a la vida de quienes se ganan la vida en condiciones lamentables.
CGT considera que se antepuesto la economía a la vida de las personas, como se pudo comprobar en los primeros meses de la pandemia cuando muchísimos trabajadores acudían a sus puestos de trabajo sin medidas de seguridad para protegerse de la enfermedad que nos ha dejado el coronavirus. Las empresas han obligado en muchos casos a sus plantillas a trabajar aun sabiendo que estaban poniendo en riesgo sus vidas. Por desgracia, según este sindicato, esta actitud de los capitalistas unido en ocasiones a la falta de rapidez del Gobierno español a la hora de tomar decisiones y poner en marcha medidas para proteger a las personas trabajadoras, se ha traducido en muertes y contagios.
La organización anarcosindicalista recuerda que esta situación no es novedosa, sino que se arrastra desde hace muchos años. Las Reformas Laborales de PSOE y PP, indican desde CGT, solo han causado más sufrimiento a la clase trabajadora y han fomentado la precariedad laboral, el desempleo y la temporalidad, con mayor incidencia en las mujeres y en las personas jóvenes.
Desde CGT, en este 28 de abril, vuelve a reivindicar el fin de la precariedad laboral, principal causante del terrorismo patronal hacia las personas trabajadoras. CGT también recuerda la importancia de trabajar en la prevención de riesgos, para que se convierta en un conjunto de medidas reales y efectivas para proteger la salud y la seguridad de nuestra clase.
Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/denuncian-que-la-precariedad-laboral-es-el-detonante-de-numerosos-danos-a-la-salud-y-a-la-vida-de-miles-de-personas-en-los-ultimos-anos/
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
(Fuente: file:///C:/Users/pc/OneDrive/Escritorio/Educacion-superior)
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