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Cinco reclamos de los docentes venezolanos en medio de la crisis

El reclamo de una maestra en la sede el Ministerio de Educación en Caracas se hizo viral en redes sociales porque su dinero no le alcanza para alimentarse ella y sus hijos

El reclamo de una maestra en la sede el Ministerio de Educación en Caracas se hizo viral en redes sociales porque su dinero no le alcanza para alimentarse ella y sus hijos.

Sueldos dignos

Ante la profunda crisis económica, agudizada por los estragos de la pandemia del COVID-19, los maestros y docentes en Venezuela decidieron salir a las calles para exponer y visibilizar la crítica situación del gremio, uno de los más golpeados.

Los docentes en diversas zonas del país se niegan a dar clases con menos de dos o cinco dólares al mes y sin contar con servicios básicos eficientes, indispensables para la educación a distancia planteada en tiempos de pandemia.

Mejoras en infraestructura

Los maestros venezolanos también exigen mejoras en planteles y escuelas que antes de la pandemia estaban en condiciones precarias y que con la llegada del COVID-19, y la suspensión de actividades, han quedado en el olvido.

En Cojedes, la docente Nayarit Rodríguez invitó a los maestros a protestar porque todos sus derechos han sido vulnerados por el que considera un «mal gobierno» y precisó que no solo luchan por sus salarios, sino por la infraestructura escolar que está en el suelo.
Fuente: https://elpitazo.net/gran-caracas/cinco-reclamos-de-los-docentes-que-protestaron-este-21oct/
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Venezuela: 700 docentes del municipio Colón renuncian a las escuelas

La autoridad educativa estima que 25% de los docentes no retornará a las aulas en el período escolar 2020-2021, cuya modalidad virtual no inició en el municipio Colón Zulia, porque aún atienden inscripciones.

– 700 docentes adscritos a las instituciones educativas en el municipio Colón del estado Zulia renunciaron a sus puestos de trabajo, en pleno inicio del año escolar, informó Merlenys Soto, autoridad única educativa en la jurisdicción zuliana.

La responsable del sector educativo en el municipio zuliano pormenoriza que hay 2.800 docentes en nómina distribuidos en 120 instituciones. De ese total calculan que 700 profesionales de la enseñanza no asistirán al llamado a clases que formuló el Ministerio de Educación, ni de forma virtual ni presencial.

Soto no quiso explicar las razones, pero dos docentes de la zona, que piden no revelar sus nombres, cuentan que los bajos sueldos y la falta de equipos tecnológicos desmotivan el reinicio de las actividades en las aulas. Una de las educadores expone que su sueldo es de 1 millón 300 mil bolívares. «Por esta razón, los colegas renuncian», dijo.

La autoridad única educativa en la jurisdicción zuliana revela que su despacho recibe renuncias a diario de maestros. Argumenta que la cifra puede variar para el mes de enero, cuando iniciarán las clases de manera presencial y cuando, para entonces, sinceren las matrículas.

La autoridad escolar sostiene que las clases comenzarán y esta semana solo formalizan inscripciones y limpian los planteles. De acuerdo con su monitoreo, 700 obreros se activaron en la limpieza de los centros de enseñanza y se incorporaron 150 trabajadores del área administrativa. “Estimamos que un 25% de los maestros no va a volver”, dijo.

La funcionaria recordó que en las cinco parroquias del municipio Colón hay una matrícula de 27.198 estudiantes. Remarca que de, ese total, 81 son cursantes de instituciones de la nación de educación inicial, primaria y media general, así como 20 escuelas estadales, 3 subvencionadas y 17 instituciones privadas.

Los docentes en Venezuela iniciaron una campaña en redes sociales para no cumplir con el llamado a clases promovido por el ministro de Educación de Nicolás Maduro, Aristóbulo Istúriz, principalmente porque sus sueldos no son dignos y a ello le suman las precariedades para trasladarse hasta los sitios de enseñanza y la falta de implementos tecnológicos para cumplir con la planificación de las clases en modalidad virtual.

Legna Villamizar, madre de dos estudiantes, contó a El Pitazo, este miércoles 16 de septiembre, que en sus casas tampoco cuentan con teléfonos inteligentes ni Internet para que sus hijos cumplan con lo pedido por los docentes.

“Los vine a inscribir porque así toca para que puedan ver clases pronto o llevar las tareas a las escuelas, pero con esto de la luz y que no tenemos tecnología se nos hace difícil que se cumpla con una enseñanza óptima”, dijo a las afueras de la escuela Carmelita Roldán Portillo en San Carlos de Zulia, la capital del municipio Colón.

Fuente: https://elpitazo.net/occidente/zulia-700-docentes-del-municipio-colon-renuncian-a-las-escuelas/

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Adelante critica que el Gobierno andaluz plantee recortar el presupuesto de las universidades públicas de Sevilla

Por: Tercera Información

El diputado de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla, Ismael Sánchez, afea el “tijeretazo” de Moreno Bonilla a las universidades Pablo de Olavide y de Sevilla tras conocerse que la Junta plantea reducir la financiación de las universidades andaluzas en un 10% (135 millones de euros).

Sánchez pide al consejero del ramo, Rogelio Velasco, que aclare cuánto supondrá y en qué cantidad exacta afectará la merma de 135 millones de euros prevista en Andalucía a las dos universidades sevillanas, porque “mucho nos tememos que podamos estar hablando de más de 40 millones de euros”.

“Hace pocos días el Gobierno central ha incrementado en 179 millones de euros las becas universitarias mientras el andaluz agrava la situación de infrafinanciación de los campus universitarios, algo que sin duda, va a tener consecuencias directas en la calidad de la educación superior en Andalucía”, ha afirmado el parlamentario.

El representante de Adelante ha señalado que “PP, Cs y Vox hieren de muerte a las universidades públicas de Andalucía en general y de Sevilla en particular” y abocan al profesorado a “más precariedad laboral” y a un aumento de la ratio en las aulas universitarias.

Según Sánchez, este recorte “pone en riesgo la planificación presente y futura de programas de I+D+I en las universidades sevillanas y dispara la desigualdad entre campus”. Para el diputado, con este “tijeretazo” el Gobierno andaluz sigue su rumbo, “en el que las universidades públicas son totalmente prescindibles porque el Gobierno de las derechas y la ultraderecha quiere que Andalucía sólo está preocupado por “la apertura de las playas y un desarrollo basado en el turismo y no en la ciencia”

Además, el parlamentario de Adelante Andalucía ha saludado que, por el contrario, “el Gobierno central marque la diferencia”, ya que ha aumentado en 179 millones de euros las becas para garantizar el acceso a la universidad, mientras que el Gobierno andaluz recorta el presupuesto de estas en 135 millones de euros.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/05/25/adelante-critica-que-el-gobierno-andaluz-plantee-recortar-el-presupuesto-de-las-universidades-publicas-de-sevilla

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Qué la pandemia no agrave los sufrimientos populares

Por Julio C. Gambina

Antes de la pandemia por el coronavirus la situación de la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, las/os regularizadas/os o las/os que no lo están, las/os activas/os y pasivas/os, era grave, en términos de ingresos y acceso a derechos. Es una característica de este tiempo del capitalismo y la ofensiva capitalista, neoliberal, construida desde la salida de la crisis de los setenta del siglo pasado, que se manifiesta en caída de los salarios e ingresos populares, flexibilización y precariedad laboral, con empobrecimiento ampliado de los de abajo. La tendencia, más allá de algunos intentos por contener los regresivos efectos sociales, en el país y en el mundo, confirma un retroceso en las condiciones de vida de la mayoría social por casi medio siglo, y con impacto negativo sobre la naturaleza, afectada por el extractivismo exacerbado y el saqueo de los bienes comunes.

Esa “normalidad” no nos satisfacía y no queremos a ella volver, sin embargo, la presencia del virus corona y agrava los efectos regresivos sobre la población empobrecida, incluso, afectando a sectores de ingresos medios y altos, que claman contra ciertas medidas preventivas de aislamiento. El tema es el cierre parcial, bastante extendido, de esferas de la producción y la circulación de bienes y servicios, con su impacto limitante en el acceso a la satisfacción de necesidades elementales. Volver a la normalidad es el reclamo que se instala en cierto “sentido común”. Nos parece interesante discutir el tema relativo a que “normalidad” es aquella a la que se pretende volver. Por ejemplo, en aras de la “normalidad” se negocian salarios a la baja para mantener empresas, afectando desde el 30 al 70% de los ingresos salariales previos a la pandemia. Es sin duda un ajuste, tal y como ocurre con el ascenso de los precios, especialmente de los alimentos, medicamentos y otros bienes y servicios que integran la canasta básica. Para el caso argentino, más allá del congelamiento de tarifas y combustibles, entre otras disposiciones para evitar subas de precios, la última medición del INDEC explicita una nueva escalada de una inflación que venía en retroceso desde diciembre 3,7%; enero 2,3%; febrero 2% y que escala en marzo con el 3,3%[1], incorporando nuevas incertidumbres sobre el futuro cercano.

La política pública asistencial en materia de alimentos y de ingresos monetarios intenta morigerar los efectos dramáticos sobre una mayoría empobrecida, que no puede resolver en la emergencia la reproducción de una cotidianeidad de subsistencia. Un tema adicional son los problemas logísticos del abastecimiento que no llega a todos los territorios, e incluso, se agrava con la evidencia de compras amañadas y sobreprecios. Por ello, no debe sorprender que ante las insatisfechas necesidades emerge la protesta e incluso la movilización pese al aislamiento, caso visible ante cesantías; pero también la solidaridad vía ollas populares, comedores en las barriadas y formas de asistencia comunitaria auto gestionada. La demanda por “resolver” estimula perspectivas críticas de desobediencia o movilización. En algunos casos, esta perspectiva es utilizada por el discurso de los sectores hegemónicos que inducen un fin apresurado de las medidas de prevención que involucran a la cuarentena. Es fuerte la presión empresaria para terminar con el aislamiento, que actúa sobre la realidad de necesidades insatisfechas en buena parte de la población empobrecida.

Por eso se necesitan medidas de política económica que vayan más allá de la emergencia y la subsistencia para empezar un camino de transformación en la producción y circulación de bienes y servicios. Una orientación hacia una nueva “normalidad”, diferenciada de la lógica de orden económico en que estábamos antes de la COVID19. Un punto de partida proviene de la cuarentena comunitaria, de esa parte de la población que no puede por condiciones objetivas cumplir con el aislamiento obligatorio. A estos sectores y espacios territoriales debe llegar asistencia financiera, material adecuado, incluso medidas y medios de seguridad sanitaria, formación y asistencia técnico profesional suficiente, que permita encaminar la producción material para el autoabastecimiento y la generación de producción social al entorno cercano, incluso más allá. Esa será la base de un plan más amplio que organice la producción y circulación de bienes y servicios hacia otra “normalidad” del orden económico social. Un plan que articule el saber popular con el profesional y que hoy recorre experiencias autogestionarias en todo el país.

¿De dónde saldrían los recursos?

La propia situación mundial está orientado el debate hacia inusitadas medidas, que en otro tiempo podían parecer imposibles. Los propios organismos internacionales están llamando la atención para flexibilizar restricciones fiscales o monetarios de los países ante la COVID19. Se demandan urgentes disposiciones relativas a la recomposición de la capacidad de atención de la salud pública y a una orientación estatal de la inversión en desarrollo científico y tecnológico relativo a la sanidad y a la emergencia. Más que achicar el déficit, las propuestas se orientan a relajar la contención del gasto público.

Es la caída de la producción mundial la que impone flexibilizar las restricciones a la emisión, que era y es norma sagrada entre los cultores de la corriente principal del pensamiento económico. Esta flexibilización de la política económica se verifica en los principales países del capitalismo mundial. Solo EEUU aprobó un paquete inicial de 8 billones de dólares más flexibilizaciones crediticias y subsidios. En el mismo sentido y en proporción relativa avanzaron Europa, Japón e incluso China. Se trata de una flexibilización relativa a contramano de una verdad sostenida por la ortodoxia monetarista, impuesta por la realidad del impacto económico y social de la situación de crisis.

No solo emisión, sino impuestos extraordinarios a los sectores más acomodados. La difusión de estudios sobre la desigualdad extendió el consenso para aplicar una tributación que achique la brecha de ingresos y riqueza. En Argentina empezó el debate, estando aún pendiente el alcance de los sujetos de la imposición y el monto a tributar, el que debe calibrarse en función de las necesidades de la emergencia y el plan de transformación productiva requerido y antes mencionado. Es obvio que los presuntos sujetos del impuesto despliegan una campaña crítica, intentando legitimar su papel de esenciales a la hora de definir el proceso productivo, invirtiendo la lógica teórica de que el capital es producto del trabajo humano.

La propuesta realizada a los tenedores de bonos de la deuda pública externa de legislación extranjera en estos días, habilita la discusión del uso de los recursos públicos, especialmente por los tres años de gracia en pagos de capital e intereses que promueve. Esta propuesta, como el re-perfilamiento de la deuda en divisas de legislación nacional, suspendiendo los pagos por este año abre un debate sobre el tema de la deuda. No es menor liberar recursos en la coyuntura, pero es evidente que no alcanza postergar un año los vencimientos de legislación nacional o tres años los de legislación extranjera. El problema subsiste, aun cuando se posterga un desenlace de inevitable default. Hay quienes sostienen que lo importante es el hecho de la suspensión temporaria, pero también habilita imaginarios que chocarán con la realidad de una impagable hipoteca sobre la economía y la sociedad en su conjunto.

Los anuncios del gobierno sobre unos 66.500 millones de dólares en manos de privados, un 20% del total de la deuda, acompañados por el arco diverso del oficialismo y gran parte de la oposición, especialmente los gobiernos provinciales, manifiesta la voluntad de pagar la deuda pública, aunque ahora aparece la novedad de quitas de intereses (62%) y capitales (5,4%) con tres años de gracia. Argentina ofrece canjear a tenedores privados de bonos, 21 títulos con vencimientos que llegan hasta el 2117. El canje será por 10 nuevos títulos, 5 nominados en dólares y otros 5 en euros, con tasas de interés en ascenso desde 0,5% para los primeros vencimientos en 2023, y una suba progresiva que llega a tasas del 4,875%. La propuesta supone pagos del capital en cuotas anuales desde el 2026 al 2047. Todo con tres años de gracia, 2020, 2021 y 2022. La propuesta está abierta por 20 días y resulta incierto el final de la negociación. No queda claro el qué y el cómo de la acumulación económica desde ahora hasta el 2023 para generar las condiciones de pagos en ese año y luego con intereses crecientes desde el 2025, los que se acompañaran de desembolsos de capital desde el 2026 y sucesivamente hasta el 2047.

Una verdadera hipoteca. Por eso, la suspensión de pagos que se demanda ante la situación mundial y local resultaría más efectivo, claro que supone un nivel de confrontación más decidido con la lógica de poder especulativo local y global. Argentina no puede pagar afirman desde el gobierno e incluso el FMI, por lo cual, los escasos recursos de reservas internacionales deben ser aplicados a la emergencia y a la transformación productiva que sugerimos. No alcanza con años de gracia sin modificar el marco de la organización económica de la sociedad.

En realidad, la voluntad de pago se expresó desde el comienzo de la nueva gestión con las negociaciones abiertas con el FMI, lo que supone el reconocimiento de lo actuado en la gestión previa, del mismo modo que se estableció un cronograma de ofertas de negociación a creedores privados. Por eso el aval parlamentario para disponer más de 4.500 millones de dólares de las reservas internacionales dispuesto para cancelación de deuda en la “Ley de solidaridad” aprobada en diciembre pasado. Fue la primera medida para sustentar las emergencias ante el cambio de gobierno.

Sostenemos un financiamiento planificado que incluya emisión monetaria, utilización de las reservas internacionales, suspensión total de pagos de la deuda junto a una auditoria con participación popular, y una reforma tributaria a grandes fortunas para sustentar la emergencia y un plan de transformación económica. Una transformación del régimen y legislación financiero será también necesaria, con un conjunto de medidas relativas a la modificación sustancial del sistema de producción y circulación. Son definiciones que requieren de una acumulación de poder político que hoy necesita ser programa de una perspectiva de construcción de poder político para frenar las amenazas de mayor ajuste sobre la mayoría de la sociedad, pero, sobre todo, para pensar en el escenario futuro post pandemia. ¿Cómo queda la sociedad superada la emergencia en curso por el COVID19? ¿A qué orden económico social aspiramos? ¿Cuál normalidad motiva nuestra reflexión relativa al presente y al futuro? Son interrogantes que circulan más allá de la inmediatez por atender las urgencias de la reproducción de la cotidianeidad.

Buenos Aires, 19 de abril de 2020

[1] INDEC. Índice de precios al consumidor (IPC), marzo 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_20405E6A626E.pdf (consultado el 18/04/2020)

El Autor escribe para OVE

Imagen: Jackie_Chance en Pixabay

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Coronavirus, catástrofe para migrantes

Por: La Jornada

Está demostrado que los desastres naturales, inevitables en sí mismos, se convierten en catástrofes sociales debido a las grandes desigualdades sociales y al desmantelamiento de la capacidad de respuesta del Estado, ambos fenómenos resultado directo de la lógica con que opera el sistema económico vigente. Así, fenómenos como sismos, huracanes, inundaciones o sequías, tienen efectos particularmente devastadores sobre los sectores de la población que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, y no es distinto lo que ocurre durante la crisis sanitaria causada por la enfermedad Covid-19.

En este sentido, la pandemia en curso se ha vuelto catastrófica para uno de los grupos de mayor vulnerabilidad: el de los migrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos. Como es sabido, los entre 10 y 12 millones de personas que viven en territorio estadunidense –sin los papeles necesarios para acreditar su residencia legal– han experimentado unas condiciones tan difíciles como paradójicas, pues, al mismo tiempo que pagan impuestos y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, sufren abusos laborales sistemáticos, se ven impedidas de usar servicios de salud, obligadas a llevar existencias semiclandestinas por temor a la deportación, y se encuentran expuestas a padecer todo tipo de arbitrariedades por parte de agencias gubernamentales. Todos estos males que se han exacerbado de manera tan deliberada como inhumana desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca hace poco más de tres años.

En este contexto tan adverso, los migrantes sufren los estragos de la pandemia en, al menos, cuatro maneras específicas. En primer lugar, como ya se dijo, porque su estatus les impide acceder a los servicios médicos por la doble vía de la falta de cobertura y del miedo a ser detectados y arrestados al solicitar asistencia. Segundo, porque los alrededor de 40 mil migrantes que se encuentran en los centros de detención del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) están expuestos al contagio debido a las condiciones de hacinamiento imperantes en dichas instalaciones, muchas de las cuales carecen de la infraestructura mínima para detectar de manera oportuna los casos probables y para tratar a los pacientes. A mediados de la semana pasada ya había 32 casos confirmados entre los internos, y 11 entre el personal que labora en las prisiones.

Además, la administración de Trump ha usado la emergencia como pretexto para acelerar su política de deportaciones masivas, las cuales ya se realizaban en flagrante violación al derecho internacional, y que hoy tienen lugar ignorando también cualquier protocolo sanitario para la contención de la pandemia. Sólo entre el 21 de marzo y el 9 de abril, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadunidense deportó de manera sumaria a más de 10 mil personas que ingresaron a su territorio, sin tomar medida alguna de prevención epidemiológica. Para colmo, los trabajadores indocumentados enfrentan una aguda precariedad laboral que los convierte en las primeras víctimas de la ola de despidos causada por la parálisis económica que es efecto indeseable, pero ineludible, de las medidas de aislamiento para frenar la propagación del coronavirus SARS-Cov-2.

En tanto, resulta casi impensable un gesto de empatía por parte del gobierno de Trump para aliviar la situación de los migrantes en esta coyuntura, entonces cabe llamar a que las autoridades mexicanas se movilicen para defender los derechos de los paisanos que, debe recordarse, conforman casi la mitad de la población estadunidense indocumentada, así como para recibir en las mejores condiciones posibles a quienes son retornados de manera forzosa a este lado de la frontera.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/11/opinion/002a1edi

Imagen: https://www.shutterstock.com/image-photo/silhouette-refugees-people-luggage-walking-row-734188318?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fimages%2Fsearch%2Fmigraci%25C3%25B3n%2520de%2520personas%2F

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Entrevista a Joan Elias: “La universidad pública necesita más dinero y más autonomía, el modelo actual nos encorseta”

Entrevista/Autor: Victor Saura/eldiariodelaeducacion.com

Dividir universidad e investigación en dos ministerios “no tiene ni pies ni cabeza”, afirma el rector de la UB, Joan Elias. Con todo, a ambos ministros les pone deberes: a Ciencia, que recupere los presupuestos precrisis. Y a Universidades, que emprenda una nueva reforma como la que representó la LRU de 1983.

En los últimos meses, Joan Elias (Barcelona, 1956), catedrático de Matemáticas y rector de la Universitat de Barcelona desde 2016, ha alzado la voz para alertar sobre el deterioro de la universidad pública. Le tocaba hacerlo no solo como rector de la primera universidad catalana, sino sobre todo como presidente de la ACUP (Asociación Catalana de Universidades Públicas), cargo rotatorio en el que acaba de ser relevado por la rectora de la Universidad Rovira i Virgili, María José Figueras.

Elias reconoce que a comienzos de curso, con el resto de rectores, se plantearon convocar una concentración en la calle si se confirmaba que en los nuevos presupuestos de la Generalitat el incremento de la dotación para universidades resultaba pírrico. Es una idea que está ahora aparcada, pero no descartada, explica. En lugar de eso, el 8 de octubre hicieron un acto entre académico y reivindicativo en el Paraninfo de la UB con los ocho rectores de las universidades públicas catalanas como protagonistas. Un acto que tuvo un amplio eco mediático. Desde entonces queríamos sentarnos con él y finalmente hace unos días lo hemos logrado.

Después de todas las movilizaciones que tuvieron lugar en el primer trimestre del curso, parece que les han escuchado…

Hicimos aquel acto público en el Paraninfo que fue tan masivo porque había una razón clara de falta de financiación, sabíamos que se estaba empezando la discusión de presupuestos y sabíamos que la cosa no mejoraba. Después de aquel acto fuimos a ver al vicepresidente y confirmamos que el incremento que ellos proponían se agotaba con el tema de los atrasos salariales y la rebaja de tasas, y después de esto ya quedaba muy poco de incremento real. Esto fue antes del 14 de octubre, que es cuando se publica la sentencia del Procés, que lo paraliza todo, pero nosotros hemos continuado trabajando con los grupos parlamentarios, explicándoles cómo estamos.

En aquel momento se hablaba de 100 millones más, en el acuerdo de presupuestos entre el Gobierno y los Comuns esta cifra se eleva a 140, además de una partida de 57,4 millones para compensar la rebaja de tasas. ¿Cómo lo valoran?

Las sensaciones son buenas, pero esto va por semanas. Lo que se ha anunciado no es 100% seguro. Cuando lo sea haremos una valoración.

Lo que es seguro es que habrá una rebaja de tasas del 30%, como pedía la ILP Universidades.

Sí, pero lo que nadie pide, y esto se lo explicamos al vicepresidente, es que la rebaja de tasas sea de golpe. Ni la ILP Universidades, ni los sindicatos de estudiantes, nadie pide que sea el próximo año; comprenden la situación financiera de las universidades y por tanto entienden que, por ejemplo, se pueda hacer una rebaja del 10% durante tres años.

Se supone que es para favorecer la equidad.

Y por eso tiene que hacerse bien. Desde mi punto de vista, sería razonable que no fuera generalizada, sino que tuviera en cuenta el nivel socioeconómico de la familia. De acuerdo que aquellos que tienen un alto poder adquisitivo pagan más impuestos, pero teniendo en cuenta el sistema que tenemos, y el país que tenemos, que no es un país rico, creo que esta rebaja de tasas se tiene que modular.

Además de la financiación de la universidad, el otro gran tema es la situación de precariedad laboral de un gran número de profesores asociados, o falsos asociados.

No tenemos falsos asociados. Lo que tenemos son asociados cuya situación no es correcta. Durante la crisis, las universidades no podían contratar a nadie, y esto provocó que tuvieran que hacerse muchos inventos, sencillamente porque nuestro objetivo social es asegurar la docencia. Todo el mundo hizo lo que pudo y, entre otras cosas, en algunas facultades, ante la imposibilidad de dotar plazas de profesores titulares, agregados, catedráticos e incluso lectores, se suplió con asociados. Hay asociados que tenían fuera una actividad profesional muy potente cuando entraron en la universidad, pero que después la perdieron. Y también los hay que tuvieron que usar plazas de asociados porque no había becas doctorales. O eran insignificantes. Hablo de la época de la crisis dura. Pero esto ahora se está normalizando. De hecho, el movimiento de asociados está parado, ¿por qué motivo? Porque estamos sacando muchas plazas de lectores. Aquellos asociados que son doctores y se han acreditado salen como lectores. En el caso de la UB, la previsión es que en 2020 saquemos una media de 2,5 plazas de lectores por departamento.

¿Y esto no incrementará el gasto en nóminas?

No, porque también se está jubilando mucha gente, obligatoria o voluntariamente. Y como son nóminas muy potentes, porque son personas con muchos años de antigüedad y de investigación, eso genera esta capacidad de contratación. El capítulo 1 del presupuesto no se puede tocar. No se puede incrementar y no lo incrementamos, entre otras razones porque estamos bajo la lupa del Departamento de Economía. O sea que estamos incorporando a gente joven, y lo estamos haciendo a una velocidad alta, pero mucho me temo que no será bastante alta para tapar el agujero que se creó en su momento. Y como que hay este agujero, en algún momento lo sufriremos.

Perdone, pero no acabo de entender a qué agujero se refiere.

En su momento, no entró gente joven de lector. Y esto quiere decir que cuando llegue el momento que tengamos que empezar a coger gente para ser agregado o titular, en algunas áreas no tendremos suficientes candidatos. Esto es un flujo: salen unos y tienen que entrar otros; pero si esto se rompe, llega el momento en que no tienes a suficientes candidatos con méritos para sustituir a los que salen.

Los docentes precarios denunciaban que trabajan full time cobrando 400 o 500 euros al mes. ¿Esto, por lo tanto, se está acabando?

No están full time. Tienen contratos de obra y servicio para hacer unas horas de docencia, y vigilamos que hagan lo que tienen que hacer y no otras cosas. Evidentemente que puede haber abusos, como pasa en cualquier empresa, pero cuando nos enteramos de algún abuso actuamos. Ha bajado la presión porque estamos sacando muchas plazas; piense que ha habido más de uno que ha pasado de asociado a fijo, directamente, o incluso a catedrático. Porque son gente que estaba ahí, que no pudo acceder a ninguna plaza fija porque no las había, y estamos intentando que toda la gente pueda entrar.

Pep Vilalta dice en su libro que en Cataluña tenemos un gran sistema universitario que está en un momento muy delicado. ¿En relación con el resto de universidades españolas, este riesgo es mayor o menor?

El riesgo financiero se puede arreglar de un día para otro si el ministro o el consejero de turno sacan el talonario. Pero el problema es el personal. Esto no se improvisa. Formar a un senior en la universidad son diez años. Una persona consolidada lo está entre los 35 y 40 años. Si esto lo pierdes, es muy difícil rehacerlo. Un gran investigador no se improvisa, un gran equipo no se improvisa. Este es el riesgo fundamental, deshacer todo aquel esfuerzo que se hizo en los años ochenta y noventa, y que es la razón por la cual tenemos una gran universidad. Si esto lo perdemos, no sé si podremos reconstruirlo.

Es decir, que todavía no hemos acabado de ver las consecuencias de lo que pasó durante los años de la crisis.

Estamos muy bien en los indicadores internacionales –la Universidad de Barcelona es la mejor de España y del espacio iberoamericano–, pero a la vez lo que estamos viendo, tanto en la universidad catalana como en la española, es que nuestro crecimiento es más lento; es decir, que los otros crecen mucho más rápidamente y nosotros nos estamos frenando.

¿Qué deberes le pone al nuevo ministro… o a los dos ministros: el nuevo y el que continúa?

Lo ha dicho el ministro Castells, que no estaba de acuerdo. En la CRUE [Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas] también lo hemos dicho. Luchamos para conseguir un ministerio de investigación y universidades… y ahora va, y nos lo dejan en dos. Es un error. La docencia y la investigación no se pueden separar en la universidad. Más del 70% de la investigación en España se hace en las universidades. Por lo tanto, separarlas en dos ministerios no tiene pies ni cabeza. Estamos convencidos. Es un error.

¿Y los deberes?

En relación a Ciencia, es evidente. Tenemos que recuperar los presupuestos que teníamos hace unos años dedicados a investigación, porque estamos perdiendo posiciones respecto a los objetivos que dice la Unión Europea, y nos tendríamos que situar en la media de la UE. Y, en cuanto a Universidades, también está claro. El modelo actual de universidades ha sido muy útil, la LRU [Ley de reforma universitaria, de 1983] supuso la ruptura con la universidad franquista y fue muy buena, estamos donde estamos gracias a aquella reforma en profundidad. Pero ahora nos hace falta otra reforma. Otro pacto social sobre qué modelo de universidad pública quiere la sociedad española. El modelo que tenemos ahora es un corsé. Nos impide salir adelante, hacer otro salto de calidad, y estamos en disposición de hacerlo.

¿Por qué motivo es un corsé?

Nos falta autonomía. La gobernanza me preocupa poco, porque es cuestión de que el rector quiera mandar. El problema fundamental es la captación de profesorado, esto está demasiado encorsetado. ¿Por qué tenemos tan pocos profesores o profesoras extranjeros? Y, de hecho, muchos de los que tenemos lo son porque el marido o la mujer son españoles, y ya viven aquí. Es decir, la universidad española sería un polo de atracción si no fuera por las barreras que lo impiden. En la UB, por ejemplo, hemos demostrado que sabemos hacer bien las cosas, y por eso en los rankings estamos donde estamos. Si nos dejaran hacer, y con algo más de presupuesto, nos situaríamos entre las 100 primeras del mundo.

Por lo tanto, más flexibilidad en la contratación.

Totalmente. Yo eliminaría las acreditaciones, esto ya se lo he pedido al ministerio. Solo dejaría una, quizás: la de hacer funcionarios. Pero también pongo en duda que los profesores universitarios tengan que ser funcionarios. No hace falta. Como en otros casos de profesionales que son funcionarios y tampoco hace falta. Esto es algo del siglo XIX. Pero claro, como los profesores tienen que ser funcionarios, entonces entramos en la Ley de Función Pública, y eso lo complica todo. Si nos fijamos en el modelo anglosajón, es otra historia. O en el caso de los nórdicos, que cuando tienen que contratar a un catedrático convocan un concurso internacional, se presenta quien quiere, hacen un proceso de selección y eligen. Y se ha acabado. Pero, claro, aquel catedrático o aquel departamento después será evaluado por su rendimiento. Si eliges mal, tu rendimiento en investigación bajará y a la larga lo pagarás.

¿Los nórdicos tienen más controles de calidad que nuestra universidad?

No, nosotros tenemos muchos más controles que ellos. Tenemos de todo tipo, pero no tengo tan claro que sean los más eficaces para mejorar. Por lo tanto, ahora se tiene que hacer un cambio para desregular esta estructura que nos impide que entre gente de fuera. Y de las titulaciones ya no digo nada.

Si quiere decir algo, adelante…

Mi pregunta es: ¿por qué un titulado de matemáticas de nuestra universidad –hablo de matemáticas porque es lo que conozco–, tiene que ser igual que en la Complutense de Madrid? Hay algunas titulaciones que sí, como Medicina, que tienen un control especial en el ámbito europeo, y esto es razonable. Pero ¿por qué motivo un químico de la UB tiene que ser muy parecido a un químico de la Autónoma? No tiene ni pies ni cabeza. Yo defiendo la autonomía de las universidades. Obviamente, tiene que haber una evaluación, porque es dinero público y si no se está usando bien, a la calle. Pero creo que tendrían que dar la oportunidad a las universidades, sobre todo a aquellas que hemos demostrado estar en un nivel muy bueno en el ámbito internacional, lo que por tanto quiere decir que tan mal no lo hacemos. Esto se le he dicho al president Torra: “Hemos demostrado que lo sabemos hacer, dadnos los medios y la autonomía para subir aún más arriba”. Pero necesitamos esto: más dinero y más autonomía.

¿En la evaluación sobre la calidad de una universidad pesa mucho más la investigación que la docencia, verdad?

Una universidad sin investigación no es universidad, y una universidad solo con investigación, tampoco. Es decir, nosotros tenemos que hacer docencia e investigación a altísimo nivel. Si no, seríamos una escuela o un centro de investigación, y no somos ni una cosa ni la otra. Somos una universidad. Nuestra docencia es de calidad si estamos en la línea de poder comunicar las últimas noticias en cualquier disciplina. Es decir, lo que estos días está hablando el doctor Massagué seguramente será explicado en poco tiempo en nuestros másteres o cursos de doctorado.

En la universidad no hay ningún conflicto entre una cosa y la otra, el único conflicto es que el día tiene 24 horas. Una docencia de altísima calidad viene alimentada también por la investigación de gran nivel. El investigador de altísimo nivel tiene que hacer docencia, porque tiene que transmitir lo que sabe. Y un profesor no puede ser bueno si no está al día de lo que se cuece a nivel internacional. Esto no quiere decir necesariamente que lo expliques, sobre todo si estás haciendo un curso de primero, aunque yo siempre digo que los profesores de primero tienen que ser los mejores, puesto que son los que tienen una visión estratégica de la disciplina.

Investigador y docente parecen dos perfiles muy diferentes. Al primero te lo imaginas metido en su mundo y sus análisis, y al segundo con una gran capacidad didáctica y divulgadora…

No, no es así. Paul Dirac, premio Nobel de Física que descubrió la antipartícula del electrón, el positrón, daba clases de física de primero. Tenía que ser un lujo. O le pongo el caso de otro Nobel, Richard Feynman, considerado uno de los físicos más importantes del siglo XXI; ves videos suyos y te das cuenta de que era un gran comunicador. También le podría hablar de grandes matemáticos que han sido grandes comunicadores. Gente que hace el esfuerzo de explicarse. En mi área, que es el álgebra computacional, mi experiencia es que los científicos son grandes comunicadores. Porque al científico le gusta explicar lo que hace.

Hablemos un poco de la función social de la universidad. Hace unos meses la ACUP participó en el lanzamiento de la Agenda de Innovación Social, con un diagnóstico muy pesimista en cuanto a la cohesión social y el papel de la educación.

El diagnóstico es terrible. Pero los trabajos que se han hecho desde el Pacto Nacional por la Sociedad del Conocimiento demuestran claramente que el problema no es de las universidades. La universidad es equitativa, puesto que una vez has llegado, tu extracción socioeconómica prácticamente no tiene ninguna influencia con tu resultado académico. El problema no es lo que nos llega, sino es lo que no nos llega. Lo que no es equitativo es aquello previo a la universidad. Es decir, el nivel socioeconómico es lo que hace que muchos chicos y chicas no lleguen a la universidad, pero cuando llegan no hay ningún sesgo en los resultados, o es muy poco significativo. Las cifras son clarísimas.

¿Esto quiere decir que cada vez llegan menos alumnos que son hijos de familias pobres?
Vamos mejorando, pero poco. Es aquello de “dime la parada de metro más cercana a tu casa y te diré tu esperanza de vida, probabilidades de fracaso escolar… y, también, qué posibilidades tienes de llegar a la universidad”. Y no digo que la universidad sea totalmente equitativa, porque también tenemos problemas, pero el problema gordo está antes.

¿La selectividad influye en este sesgo?

No, la selectividad es simplemente ordenar a la gente. La aprueba casi todo el mundo.

Pero después hay unas notas de corte.

Es que esto depende de la oferta que podemos hacer. Los diferentes centros tienen la capacidad que tienen, y de esto depende la cifra que pueden admitir. Hay otros países en los que cada universidad hace su examen de acceso, y los candidatos tienen que ir aplicando en varios centros, pero al final siempre hay un número limitado de plazas. Aquí es un examen para todo el mundo igual, les ordenas y el primero elige. Es como aquello de la democracia y el sistema parlamentario, del que se dice que es el menos malo que hemos inventado hasta ahora. Pues esto sería el mismo, es el sistema menos malo que tenemos.

Hay elecciones en la UB a finales de año. ¿Se volverá a presentar?

Sí. Ya he expresado esta voluntad a la gente de mi equipo.

Déjeme aprovechar su condición de matemático para preguntarle por la escuela. ¿Cómo le parece que se imparten las mates en los institutos?

No soy un especialista, pero visto lo que ocurre, hay algo que no debemos estar haciendo bien. Ya sé que matemáticas es una disciplina dura (aunque a mí siempre me pareció muy fácil), con un elevado nivel de abstracción y que para los chicos y las chicas es un hueso, y les cuesta entrar. Y, por tanto, algo tenemos que hacer, porque es una disciplina preciosa. Las facultades de matemáticas tenemos contacto con los institutos, y es algo que nos preocupa a todos. No digo que lo estemos haciendo mal, sino que tenemos que reflexionar sobre ello, pero la realidad es que ningún país del mundo ha encontrado una solución.

Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2020/01/27/la-universidad-publica-necesita-mas-dinero-y-mas-autonomia-el-modelo-actual-nos-encorseta/

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Especialización y Curso Internacional en Políticas Públicas y Justicia de Género

Por: CLACSO.

 

Modalidad: virtual
Coordinación Académica:
Magdalena Valdivieso Ide [Chile]
Doctora en Ciencias Políticas, Universidad de Chile
Luz Patricia Mejía [Venezuela]
Secretaria Técnica de Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Especialización: 52 créditos, 480 horas / cátedra | Curso Internacional: 12 créditos, 120 horas / cátedra
Duración: marzo de 2017 a febrero de 2018

Organizado por la OEACLACSO y Flacso Brasil

FUNDAMENTACIÓN
Las desigualdades de género, las inequidades y las barreras que persisten para el pleno desarrollo de la autonomía de las mujeres en América Latina y el Caribe constituyen situaciones de injusticia, vulneración de derechos e impedimentos para su incorporación plena y diversa al desarrollo económico, social, cultural y político. La precariedad laboral, los problemas de acceso y derecho a la salud, la violencia de género y la baja representación política persisten y dan cuenta de las dificultades de los Estados para garantizar el reconocimiento pleno y el ejercicio de derechos, así como la calidad de vida a las mujeres.

En ese sentido, los Estados -apoyados en convenciones y acuerdos internacionales y en las demandas de los movimientos de mujeres- han priorizado la incorporación transversal del enfoque de género en las políticas públicas, con el objetivo de visibilizar y corregir las desigualdades e inequidades y de promover el cambio cultural para eliminar los estereotipos de género.

Los Estados están obligados a observar, implementar y rendir cuenta del cumplimiento de las disposiciones contenidas en los acuerdos, convenciones, tratados y resoluciones internacionales que reconocen y protegen los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres. Constituye un desafío para los Estados, para las organizaciones que trabajan por los derechos humanos y especialmente por los derechos de las mujeres y para las/los profesionales que se desempeñan en este campo elaborar, implementar, dar seguimiento y evaluar políticas públicas con pertinencia cultural y territorial, que permitan avanzar en la construcción de la igualdad y la equidad de género y cumplir con los objetivos que se ha propuesto la comunidad internacional para el pleno reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

OBJETIVOS
La Especialización y el Curso Internacional en Políticas Públicas y Justicia de Género están diseñados para ofrecer un espacio integral de formación teórico y práctico donde se analicen las situaciones de desigualdad estructural y específicas de género a partir de las disposiciones contenidas en el ordenamiento internacional de los derechos humanos de las mujeres y de estudiar su abordaje desde las políticas públicas.

Se propone específicamente:

Realizar una formación de alto nivel dirigida a desarrollar capacidades para la formulación, gestión y evaluación de políticas públicas orientadas a la erradicación de las desigualdades e inequidades de género.
Aportar elementos conceptuales y herramientas teóricas que permitan la identificación de inequidades y desigualdades de género y su abordaje en los instrumentos y convenciones referidas a derechos de las mujeres.
Promover e introducir en la práctica enfoques integrales que permitan comprender la complejidad de las situaciones de vulnerabilidad de derechos de las mujeres que reconozcan su diversidad.
Formar y capacitar para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas con énfasis en la valoración de los resultados.
Analizar las convenciones, acuerdos y resoluciones internacionales que reconocen y resguardan derechos de las mujeres y las niñas y su debida observancia y cumplimiento por los Estados.
DESTINATARIOS
La Especialización está dirigida a estudiantes de posgrado; funcionarias y funcionarios públicos y del ámbito de la justicia; integrantes del poder legislativo; miembros y gestores de Organizaciones No Gubernamentales y profesionales interesados en políticas públicas de género; activistas y militantes de organizaciones y movimientos sociales; representantes de partidos políticos.
El Curso Internacional está dirigido, además de los destinatarios ya mencionados, a estudiantes de grado.

Fuente de la reseña: https://www.clacso.org.ar/red_de_posgrados/Politicas_Publicas_y_Justicia_de_Genero.php?idioma=ing

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