En marzo de 1911, durante la lucha de las trabajadoras de una fábrica textil en Cotton (New York), murieron 146 personas a causa de un incendio y entre las victimas hubo 129 trabajadoras, muchas de ellas menores de edad, teniendo tan solo 14 años. Trabajaban en condiciones deplorables y no pudieron huir del incendio porque los jefes de la fábrica tenían las puertas cerradas para impedir que salieran. Hubo quien murió abrasada, y al estar encerradas otras fallecieron al saltar al vacío desde el octavo piso en el que se encontraban al intentar huir del fuego.
Aunque parezca una mentira o una exageración, la realidad es que siniestros laborales de este tipo han continuado produciéndose hasta la actualidad. Escasa difusión tuvo el incendio en una fábrica textil de Bangladesh en noviembre de 2012, que causó 120 muertos1/. Entonces se volvió a poner de manifiesto que las condiciones de trabajo infrahumanas, la inexistencia de medidas de seguridad. En aquella fábrica las salidas de emergencia se encontraban cerradas y los trabajadores recibieron la orden de seguir trabajando cuando comenzó el incendio2/. Al año siguiente, el 24 de abril de 2013 también en Bangladesh se derrumbó edificio en pésimo estado y con grietas que funcionaba como fábrica textil, en donde los trabajadores eran explotados brutalmente. Hubo 1.134 muertos y 2.437 heridos, muchos de ellos de gravedad sufriendo amputaciones. Años después la líder sindical Jolly Talukder insiste en que “no fue un accidente, fue un asesinato a plena luz del día”3/.
El mundo del trabajo continúa enfrentándose a graves problemas en todo el mundo: precariedad, siniestralidad laboral, intensificación de la explotación, etc. Siguen reproduciéndose todo tipo de abusos e injusticias dramáticas, con muertes incluidas. En enero murieron 9 mineros en un accidente laboral en China, y las cifras oficiales indican que en 2020 murieron 573 mineros en distintos pozos de todo el país4/. El pasado 8 de febrero murieron electrocutados 28 trabajadores, en su mayoría mujeres, en Tánger en una fábrica textil clandestina5/. La tragedia puso de manifiesto la existencia de auténticos infiernos laborales en numerosos talleres clandestinos en Marruecos con pésimas condiciones de trabajo. Por otro lado, un reportaje del periódico The Guardian ha revelado las deplorables condiciones de trabajo en las obras para albergar el mundial de futbol de 2022 en Qatar. La publicación indica que han muerto más 6.500 trabajadores en accidentes laborales en dichas obras. Se señalan las caídas en altura o asfixia como algunas de las causas.
Otro informe de Human Rights Watch6/realizado entre enero de 2019 y mayo de 2020 ha denunciado los numerosos abusos empresariales que se cometen contra los trabajadores migrantes (de países como Uganda, Filipinas, Bangladesh, Nepal, India o Kenia) en Qatar en labores relacionadas con la preparación de los mundiales. Concretamente denuncian incumplimientos de normas laborales y retrasos en el pago de salarios. En el informe expone el caso de un trabajador de Kenia, que pidió un préstamo a un interés del 30% para pagar a un agente de contratación la cifra de 1.173 dólares a cambio de que le consiguiera un trabajo de 329 dólares en Qatar con jornada de 8 horas. Pero pasaron meses sin que le ofrecieran el trabajo prometido, y finalmente empezó trabajando 14 horas diarias por 228 dólares de salario. El trabajador denunciaba que otros de sus compañeros eran también estafados y explotados de esta manera. En este sentido es habitual que el trabajador llegue a Qatar ya endeudado, antes de trabajar y cobrar. En el informe se relata el caso de una trabajadora filipina que hacia turnos de 12 horas, estando recluida en el alojamiento de la empresa, con el pasaporte retirado y teniendo prohibido salir salvo para trabajar. Pese a que su contrato estipulaba 494 horas por 8 horas de jornada, trabajaba 12 horas al día por 357 dólares sin compensar las horas extra. Además, los trabajadores y trabajadoras relataban que el primer salario era retenido en concepto engañoso de “depósito de seguridad”. Human Rights Watch hablo con 93 trabajadores y todos relataban algún tipo de abuso empresarial en forma de largas jornadas, malas condiciones de trabajo, impagos, retenciones de salario, pagos inferiores a lo estipulado en contrato, horas extras no pagadas, practicas de contratación engañosa, estafas, etc.
Amnistía Internacional ha pedido a la FIFA que intervenga para exigir a Qatar que ponga fin a los abusos laborales contra los trabajadores. En su web han publicado un informe titulado “Los migrantes construyen un moderno estadio para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar sufren abusos y explotación… mientras la FIFA obtiene enormes beneficios”7/. Han detallado ocho formas de explotación contra los trabajadores. La primera de ellas “elevadas comisiones de contratación” y ponen el ejemplo de un trabajador de Bangladesh que pidió un préstamo de 4.000 dólares para pagar a un agente de contratación. La segunda es las “terribles condiciones de vida” a causa del hacinamiento y falta de higiene. La tercera consisten en “mentiras sobre el salario”, en donde incluyen el testimonio de un jardinero, quien expone que “El gerente sólo dijo: ‘Me da igual lo que te hayan dicho en Bangladesh. Cobrarás este sueldo y nada más. Si sigues protestando les diré que cancelen tu visado y te manden de vuelta a casa”. La cuarta forma de explotación denunciada por Amnistía Internacional es el “retraso en el pago de salarios”, recogiendo el testimonio de un obrero nepalí en el estadio de Jalifa, que explica “Mi familia se ha quedado sin techo y a dos de mis hijos pequeños los han sacado de la escuela […] Cada día estoy en tensión, no consigo conciliar el sueño. Es una tortura para mí”. La quinta es la de “No poder abandonar el estadio ni el campamento”. La sexta se ilustra con que “no podemos salir del país ni de cambiar de trabajo”. La séptima es la de “ser amenazados”, recogiendo un testimonio de un trabajador denunciado que fue “Fui a la oficina de la empresa, le dije al gerente que quería irme a mi casa [en mi país] porque siempre recibía la paga con retraso. Me dijo a gritos: ‘Sigue trabajando o no te irás nunca’”. La octava y última forma de explotación denunciada es el “trabajo forzoso”.
Además, Amnistía Internacional también ofrece datos espantosos sobre millones de dólares que están ganando empresas y subcontratistas concretos en Qatar. Se evidencia por tanto que los entornos laborales lamentables, insanos y deplorables no son fenómenos exclusivos del siglo XIX, sino que también existen en el año 2021.
Si miramos la situación laboral en España, nos encontramos que en 2020 pese al parón económico a causa de la pandemia y el aumento del teletrabajo, los accidentes laborales mortales aumentaron un 2%, pese a que los registrado in itinere se han reducido un 26,1%. El año pasado 780 trabajadores murieron a causa de un accidente laboral. Hablamos de la cifra más alta desde 2009, año en el que murieron 831 trabajadores. Los siniestros mortales durante la jornada han aumentado un 9,8%. Tanto que se habla de los autónomos, reduciendo el problema exclusivamente a la fiscalidad, vemos que en 2020 se produjeron 30.398 accidentes laborales entre este colectivo aumentaron los accidentes laborales de trabajadores autónomos en un 31%8/. En 2021 también encontramos malas noticias: solo en enero han muerto 48 trabajadores. El pasado 25 de enero murieron ahogados tres trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Badajoz9/. El pasado mes de febrero moría un trabajador de Deliveroo en un accidente laboral en Madrid10/. El 16 de marzo murieron dos albañiles en las obras de la Torre de Zaragoza. En general, hablamos de una situación alarmante, con datos espantosos y a su vez escasamente conocidos, por lo que queda mucho trabajo por hacer a nivel de concienciación social. La escasa sensibilidad de esta lacra evidencia de nuevo la imperiosa necesidad y prioridad de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Hoy sigue siendo necesario luchar colectivamente por trabajos decentes, estables y de calidad en un entorno laboral seguro y saludable.
Raúl Navas es delegado sindical de CGT.
Notas
1/“Al menos 120 muertos en el incendio de una fábrica textil en Bangladesh”. El País, 25/11/2012.
2/“La tragedia en Bangladesh destapa los talleres de la miseria”. El Mundo, 26/04/2013
3/Olazabal, V “Cinco años del derrumbe del Rana Plaza: logros y cuentas pendientes en la industria textil de Bangladesh”. El Mundo, 24/04/2018.
4/Vidal Liy, M “Hallados muertos nueve de los mineros aún atrapados en China”. El País, 25/01/2021.
5/Peregil, F “Mueren electrocutados al menos 28 obreros de un taller textil clandestino en Tánger a causa de las lluvias”. El País, 08/02/2021.
Desigualdad en salud: la mayor epidemia del siglo XXI
Cualquier transformación social tiene su origen en otra manera de mirar y entender la realidad. Hoy en día, la pobreza, la exclusión social y las desigualdades sociales son inmensas, escandalosas, mucho mayores de lo que observamos a simple vista, de lo que queremos ver o incluso de lo que podemos imaginar. Para ver esa otra realidad necesitamos buena información y mucha reflexión, y eso es difícil. Solo con capacidad crítica, tiempo y esfuerzo se aprende a mirar mejor y entender lo oculto, lo invisible. En un tiempo de inmoralidad y barbarie donde el pragmatismo todo lo invade, la codicia es omnipresente, se idolatra al dinero, se manipula la información, se falsea la historia y donde casi todo se maquilla, es preciso preservar el sentido del horror y de la realidad. Es preciso comprometerse con el derecho a la protección y promoción de la salud que deben tener todos los habitantes del planeta. No caben excusas, nos va en ello nuestra salud. El objetivo de este artículo es presentar algunas de las principales claves, a menudo invisibles, que caracterizan a la peor epidemia de nuestro siglo: la desigualdad en salud.
La desigualdad en salud, la peor epidemia
En las ventanas del alma, que son los ojos, se expresa lo más íntimo del ser humano. Cuando nuestra mirada es capaz de percibir las condiciones de vida y trabajo, los rostros de dolor, el sufrimiento y la lucha de las personas y de los pueblos, mirar es comprender. Pero además, necesitamos cuantificar la magnitud de lo que estamos viendo y las cifras reflejan dramas colectivos: hoy en día una niña recién nacida en Suecia puede vivir 43 años más que una niña nacida en Sierra Leona. Pero esa muerte desigual no se produce solo entre Suecia y Sierra Leona, sino entre un puñado de países ricos y Malí, Haití, Mozambique, Uganda, Nepal, Bangladesh… La desigualdad se produce, sobre todo, entre los países ricos, «sobredesarrollados[1]», y las más de 2.000 millones de personas que viven en los países más pobres del planeta. En los países «en desarrollo», que mejor habría que llamar «países arrollados por el desarrollo ajeno[2]», aproximadamente el 40% de los infantes de dos años tienen una estatura menor de la que les corresponde y las tasas de mortalidad materna son, en promedio, 30 veces las de los países ricos. El riesgo de que una mujer sueca muera durante el embarazo o el parto es de uno entre 17.400, mientras que el de una afganesa es de uno entre ocho. En Uganda, 200 de cada 1.000 niños nacidos en los hogares más pobres morirán antes de su quinto cumpleaños mientras que en los países ricos solo morirán siete de cada 1.000. También en los adultos hay claras desigualdades: la probabilidad de morir entre los 15 y 60 años es más de diez veces superior en Lesoto, al sur de África, que en Suecia. En Australia los varones indígenas viven unos 17 años menos como promedio que aquellos de origen no indígena[3].
El impacto que hechos como estos tienen sobre la salud pública del planeta es gigantesco. Si todo el planeta consiguiera alcanzar el nivel de mortalidad infantil que hoy tiene Islandia (el más bajo del mundo en 2002), cada año podría evitarse la muerte de más de 11 millones de niños. Tres datos sirven de referencia para valorar la importancia de este hecho: en el año 2002 murieron más de un millón y medio de personas de tuberculosis, más de un millón de malaria y casi tres millones de sida. Si cada civilización crea sus propias enfermedades y sus propias epidemias, la enfermedad más importante de nuestra época, su epidemia más devastadora, no es la tuberculosis, la malaria, o el sida, sino la desigualdad de la salud.
Países relativamente ricos como Rusia, Hungría y otros países del este de Europa tienen una esperanza de vida 10 años menor que la de países como Suecia o Japón[4]. Entre los países menos desarrollados, Costa Rica y Cuba tienen 10 años más de esperanza de vida que Perú, 20 años más que Haití y 30 años más que Angola[5]. Estas cifras promedio de cada país esconden a su vez enormes desigualdades internas. En un mismo país hay regiones o barrios donde viven personas con niveles de riqueza y riesgos de tipo social, ambiental o personal para la salud muy distintos según cual sean su clase social, género o etnia. Y los países ricos no están en absoluto exentos de desigualdad. Las áreas más pobres de la ciudad escocesa de Glasgow tienen una esperanza de vida 28 años menor que las zonas más ricas de esta ciudad[6]. Un hombre, con estudios universitarios, con un trabajo estable como profesional, que tiene apoyo familiar y social, y que vive en un barrio acomodado, no solo tiene mayores recursos sino también una probabilidad mucho mayor de tener un mejor nivel de salud que una mujer emigrante, negra, sin estudios, desempleada, sin apoyo social ni familiar, y que vive en un barrio marginado de la misma ciudad. En general, la desigualdad afecta sobre todo a los grupos más explotados, oprimidos o excluidos de la sociedad que además, suelen vivir en los barrios más pobres y marginados sufriendo un proceso de desigualdad múltiple. Entre los grupos sociales más afectados destacan los trabajadores y trabajadoras más pobres, las clases sociales más explotadas, las mujeres pobres desempleadas que viven solas con sus hijos, los desempleados sin recursos, o los inmigrantes ilegales más pobres a quienes se les niega el trabajo, o las personas sin techo o en situación de grave marginación social.
Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra, el país que produce un tercio de la riqueza mundial, es también uno de los 27 países más adelantados en ampliar las desigualdades. Cerca de una de cada diez familias es pobre, uno de cada cinco habitantes es analfabeto funcional y los servicios de salud de gran parte de la población están hechos añicos: casi 44 millones de personas (8,5 millones de niños), el 15% de la población del país, no tienen seguro médico. Algunos condados del estado de Dakota del Sur tienen, en promedio, 12 años menos de esperanza de vida en los hombres y 17 en las mujeres que en Minneapolis o Utah[7]. Si las tasas de mortalidad de la población de raza negra durante la década de los noventa hubieran sido iguales a las de raza blanca se hubieran evitado cerca de 900.000 muertes. En el barrio de Harlem, en el norte de Manhattan (Nueva York), viven alrededor de 115.000 personas, un 40% de las cuales son pobres, y la mayoría son negros. La peor salud de los habitantes de Harlem ha sido estudiada desde hace tiempo. Hace más de una década dos médicos del Harlem Hospital señalaron que las tasas de mortalidad de los jóvenes de Harlem sextuplicaban a las del promedio de los jóvenes de Estados Unidos y mostraron que es menos probable que los negros de Harlem llegaran a los 65 años que los habitantes de un país tan pobre como Bangladesh[8]. Es revelador constatar que ser pobre y vivir en una zona rica puede ser más dañino para la salud que ser aún más pobre pero vivir en una zona pobre. Aunque menos visibles que la pobreza medida en valor absoluto, las desigualdades sociales dañan profundamente nuestra salud.
La desigualdad en salud tiene varias caras
Desde muy antiguo sabemos que la pobreza afecta a nuestra vida y a nuestra salud. Los pobres enferman en mayor proporción y mueren antes que quienes son más ricos. No obstante, en otros casos no tan extremos, las cosas no parecen tan evidentes. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la salud de quienes solo son «un poco» pobres?, ¿cuál es la salud de los ciudadanos que poseen un nivel de riqueza y bienestar material medio en comparación con quienes poseen el nivel más elevado? Para contestar a esas preguntas no basta el sentido común. Comprender las relaciones existentes entre la desigualdad social y la desigualdad en la salud es algo mucho más complejo que el simple hecho de constatar la enorme diferencia en la riqueza o la muerte existente entre los individuos y grupos que están en los extremos de la escala social, o entre las naciones o áreas geográficas muy ricas o muy pobres. Tres décadas de abundante investigación científica han permitido sacar a la luz cinco elementos clave de la desigualdad en la salud: las desigualdades son enormes, graduales, crecientes, adaptativas e históricas.
La salud de quienes están mejor socioeconómicamente y quienes viven en las áreas más privilegiadas de los países o las ciudades es mucho mejor que la de la población más desfavorecida. De hecho, las diferencias en la probabilidad de morir entre las clases sociales extremas son tan grandes que superan en magnitud a las producidas por el tabaquismo, el factor de riesgo para la salud más estudiado durante la segunda mitad del siglo XX[9]. En Gran Bretaña, un número muy amplio de estudios ha mostrado las desigualdades entre clases sociales. Por ejemplo, los profesionales y directivos tienen casi diez años más de esperanza de vida al nacer que los trabajadores manuales[10]. Si las clases sociales británicas más pobres tuvieran las mismas tasas de mortalidad de las más ricas cada año podrían evitarse 42.000 muertes en el grupo de población de 16 a 74 años[11].
Las desigualdades se extienden a lo largo de toda la escala social. A medida que descendemos en la escala social, en el nivel de riqueza o en la educación, la salud de las personas también empeora progresivamente. Las implicaciones sociales y políticas de este descubrimiento son muy importantes. En realidad, a mayores ventajas socioeconómicas, mayor esperanza de vida y mayores niveles de salud. En Estados Unidos, un estudio que analizó 300.000 hombres de raza blanca según su nivel de ingresos familiar, mostró un gradiente en el nivel de mortalidad en 11 de 12 categorías estudiadas: a menor renta, mayor mortalidad[12]. El mismo gradiente se ha apreciado también en la apreciación de nuestra propia salud (estado de salud autopercibido), la obesidad, el nivel de colesterol y de glucosa en sangre, o en la exposición a factores de estrés existentes en el medio laboral como la realización de un trabajo poco variado o tener un bajo control en el lugar de trabajo[13]. Así pues, personas sin grandes necesidades materiales o personales y sin especiales riesgos para la salud mueren antes y enferman más que aquellas que están situadas inmediatamente por encima en la escala social. Aunque la investigación científica no ha logrado aclarar aún con detalle sus causas últimas, hay acuerdo en una cosa: existe algo intrínseco en la jerarquía y en la desigualdad social que daña la salud[14].
Si todo el planeta alcanzase el nivel de mortalidad infantil que hoy tiene Islandia (el más bajo del mundo en 2002), cada año podría evitarse la muerte de más de 11 millones de niños
Aunque durante el siglo XX las tasas de mortalidad de los países (especialmente la de los ricos) se redujeron notablemente, las desigualdades en mortalidad por clase social entre los países y entre las clases sociales han aumentado[15]. Por ejemplo, al comparar hombres de mediana edad de las clases manual y no manual en Finlandia, el riesgo de morir creció desde 1,6 (60% mayor) en 1980-84 hasta casi 2 (el doble) en 1990-94. La sociedad cambia, las enfermedades varían y los servicios sanitarios mejoran, pero el gradiente en diferencias de salud injustas y evitables persiste o aumenta[16].
Los grupos sociales más privilegiados se benefician antes y en mayor proporción de las acciones e intervenciones sociales y sanitarias dirigidas a mejorar la salud. Ya sea en el uso de los servicios de planificación familiar, en las pruebas de detección precoz del cáncer de mama o en el uso de los servicios sanitarios. Es más, con frecuencia funciona la llamada «ley inversa de atención sanitaria». Es decir, el uso y calidad de la asistencia sanitaria varía en sentido inverso a las necesidades de la población[17]. A mayores necesidades, menor y peor atención. Un ejemplo de esa ley es la exportación del tabaquismo desde los países ricos hacia los países más pobres y el trasvase de esa adicción hacia los estratos más bajos en la escala social. Las agresivas campañas de las empresas tabacaleras, aunque con frecuencia sutiles, con su promoción en los países pobres, y la defensa de la «libertad individual» en los países ricos, han ayudado a descubrir y mantener el hábito de fumar a los más de 1.100 millones de fumadores del planeta. Mientras que en los últimos 40 años el consumo de tabaco se ha reducido a la mitad en los países ricos, en los países pobres, con China a la cabeza, el consumo se ha duplicado. Hoy el 80% de fumadores vive en los países pobres.
La historia nos ayuda a entender que la aparición de la desigualdad en salud no es fija ni inevitable. La esperanza de vida al nacer ha aumentado durante el siglo XX debido sobre todo a un rápido descenso de las tasas de mortalidad materno-infantil, la infancia y la primera etapa de la edad adulta. Los principales determinantes de esa mejora hay que buscarlos en el desarrollo económico, la mejora en las condiciones de vida, y la puesta en práctica de medidas de salud pública.
La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud
A principios del 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CSDH), con el propósito de recoger y resumir la información científica disponible sobre cómo factores sociales como las relaciones de empleo, la globalización, los servicios sanitarios, la exclusión social, el género, el ambiente urbano, o el desarrollo infantil generan desigualdades de salud en el mundo entero y generar recomendaciones políticas para su reducción.
Dirigida por el epidemiólogo británico de origen australiano Michael Marmot, la comisión se constituyó a partir de científicos, políticos, expertos y miembros de la sociedad civil. Junto a un amplio grupo de comisionados del mundo de la política y la ciencia, entre los que se incluye el expresidente de Chile Ricardo Lagos, el senador italiano Giovanni Berlinguer y el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, en el proceso de generación de información, jugaron un papel muy importante las redes de conocimiento o grupos de investigación que realizaron el trabajo de resumir el conocimiento científico disponible (como las relaciones de empleo y trabajo, la globalización, los servicios sanitarios, la exclusión social, el género, el ambiente urbano, o el desarrollo infantil). En agosto de 2008 se publicó el informe «Reducir la Desigualdad en una generación: equidad en salud a través de la acción sobre los determinantes sociales de la salud», donde se reflejan las principales conclusiones y recomendaciones políticas de la comisión.
En el informe se documenta ampliamente el hecho de que la desigualdad en salud es la principal «enfermedad» que asola nuestro planeta y también muestra con claridad cómo los países más ricos tampoco están libres de la desigualdad en salud. Además, destaca también el hecho de que las causas fundamentales de la desigualdad en salud no se encuentran en factores biológicos o genéticos, los «estilos de vida», los servicios de salud o, incluso, en la riqueza general del país.
Hay muy pocas enfermedades «puramente» genéticas y estas afectan a un porcentaje de población muy pequeño. La predisposición genética casi nunca produce efectos inevitables. Además, los factores biológicos interactúan constantemente con el ambiente y una desventaja inicial genética puede ser habitualmente compensada mediante un cambio social.
Las conductas relacionadas con la salud o los mal llamados «estilos de vida» no provienen de elecciones puramente personales y «libres»
Las conductas relacionadas con la salud o los mal llamados «estilos de vida» no provienen de elecciones puramente personales y «libres». Tres cuartas partes de la humanidad (unos 4.500 millones de seres humanos) no disponen de la opción de elegir libremente factores fundamentales para la salud como seguir una alimentación adecuada, vivir en un ambiente saludable o tener un trabajo gratificante que no sea nocivo para la salud. Así pues, la salud no la elige quien quiere sino quien puede.
Aunque importantes, tampoco los servicios sanitarios constituyen el factor fundamental que genera desigualdades en salud. Se ha podido documentar, por ejemplo que, desde mediados del siglo XIX la mortalidad en Inglaterra y Gales disminuyó debido, sobre todo, al control de enfermedades infecciosas mediante intervenciones sanitarias y personales como la mejora de la nutrición, el control higiénico del agua y los alimentos, y la limitación en el crecimiento de la población debido a los cambios en las prácticas reproductivas[18][19]. Ello ocurrió décadas antes de que existieran tratamientos médicos o vacunas efectivas.
Los múltiples estudios científicos recogidos por la Comisión muestran como, en comparación con las personas que tienen más riqueza, educación y poder, las personas de las clases sociales más pobres y explotadas son quienes tienen a la vez los peores perfiles de exposición a factores biológicos, conductuales, y servicios de salud que, finalmente, se manifiestan en un peor estado de salud. Entre los factores sociales la Comisión destaca las malas condiciones de empleo con una mayor precariedad laboral, el no poseer una vivienda digna y bien acondicionada, el no disponer de agua limpia, la falta de protección y servicios sociales, o el no tener los recursos económicos, educativos y las oportunidades necesarias para llevar una vida saludable como tienen las personas en mejor situación económica, cultural o política. La combinación «tóxica» de factores sociales daña la salud de las personas en peor situación social y empeora también otros factores de riesgo que a su vez dañan la biología, generan enfermedad y aumentan el riesgo de fallecer. Así pues, el origen de la desigualdad en salud deriva del conjunto de determinantes sociales, económicos y políticos que anteceden a la generación de causas como las citadas entre y dentro de los países. Es lo que la Comisión ha denominado, las «causas de las causas» de la enfermedad y la desigualdad. Es decir, de la desigual distribución en el poder económico y social existente entre y dentro de los países que condiciona las políticas sociales y económicas que a su vez influye en la salud de las personas.
La Comisión y la publicación de los distintos trabajos que se han realizado suponen un importante paso para la salud pública global, comparable a los primeros documentos de la OMS sobre los efectos nocivos del tabaco o la conferencia de Alma Ata sobre salud primaria. El informe de la Comisión representa una oportunidad única para lograr que muchos millones de personas conozcan por vez primera este tema y que salgan a la luz tres puntos esenciales: que existe un fenómeno de salud pública muy importante llamado «desigualdad en salud»; que este se produce fundamentalmente por causas económicas y políticas; y que podemos actuar políticamente para cambiar esa realidad. No obstante, el informe no cubre temas de tanta importancia como adentrarse en los problemas del capitalismo neoliberal, la desigualdad de clase como motor del crecimiento capitalista, el papel del imperialismo, o las alternativas socialistas en América Latina, entre otras ausencias notables.
La combinación «tóxica» de factores sociales daña la salud de las personas en peor situación social y empeora también otros factores de riesgo que a su vez dañan la biología
La Comisión plantea oportunidades estratégicas para generar una agenda local y global que ayude a formular, planificar y poner en marcha políticas y programas sobre los principales determinantes sociales relacionados con la salud a corto, medio y largo plazo. Hay que aumentar la igualdad social con un reparto más equitativo de la riqueza y una redistribución más igualitaria del poder internacional. Las intervenciones tienen que ver con la mejora de las condiciones de empleo y trabajo, la situación de los inmigrantes, las condiciones que afectan al desarrollo infantil, las desigualdades de género, o los problemas de vivienda y exclusión social, entre otros. También se requiere disponer de políticas fiscales que redistribuyan la riqueza de forma mucho más igualitaria, de políticas sociales que disminuyan drásticamente el desempleo, la precariedad laboral y la exclusión social y, también, políticas que incrementen el acceso y calidad de la educación, la vivienda, y los servicios sanitarios entre quienes más lo necesitan. Sin embargo, dado que las desigualdades de la salud persisten incluso en aquellas sociedades que poseen la menor desigualdad de renta, la mejor educación pública, y el más elevado nivel de salud pública y de servicios sanitarios, todo hace a pensar que sin transformar la estructura económica y política a nivel nacional e internacional, es decir las desigualdades de poder y de recursos económicos que atenazan al planeta, no parece que sea posible reducir las desigualdades en salud.
La reducción de la desigualdad en salud debería constituir una prioridad en la agenda política de cualquier gobierno y administración pública. Para lograrlo habrá que cambiar drásticamente muchas de las prioridades políticas y económicas actuales e, inevitablemente, hacer frente a los poderosos intereses que hoy generan la desigualdad social.
La red de condiciones de empleo y trabajo
Entre los factores más importantes que conforman la posición social se deben considerar las condiciones de trabajo y empleo. El trabajo es el medio de subsistencia de las personas. Las personas trabajan dentro o fuera de sus casas, con o sin contrato laboral y en condiciones saludables o peligrosas. Los factores relacionados con las condiciones de trabajo, es decir las tareas y funciones que los trabajadores realizan en un determinado puesto de trabajo o bien los aspectos materiales del trabajo, las condiciones físicas, químicas, biológicas y ergonómicas y los factores psicosociales, han recibido una gran atención y se reconocen como determinantes sociales de la salud y de las desigualdades en salud. Sin embargo, no se puede decir lo mismo en el caso de las condiciones de empleo. Esto ocurre principalmente por la confusión entre los conceptos de trabajo y empleo. Para distinguir bien estos dos conceptos, se puede pensar en el siguiente ejemplo: dos personas pueden realizar el mismo trabajo en la misma empresa, compartir las mismas condiciones de trabajo, pero no obstante, trabajar bajo distintas condiciones de empleo. El primer trabajador puede ser un empleado directo y permanente de la empresa, mientras que el segundo es un trabajador temporal contratado por un empleador externo. En este caso, existen tres diferencias potenciales en cuanto a las condiciones de empleo. Primero, el primer trabajador tiene un contrato permanente mientras que el segundo tiene un contrato temporal o ningún tipo de contrato. Segundo, el primer trabajador puede estar cubierto por el sistema de la seguridad social, con derecho a baja laboral, subsidio de desempleo y cotización para la jubilación, mientras que el segundo recibe una cobertura parcial o nula. Finalmente, el primer trabajador puede formar parte de un sindicato, mientras que el segundo no tiene ninguna opción de ser representado o participar activamente en él.
Para tratar estos temas, a petición de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, se creó la red de conocimiento en condiciones de empleo (EMCONET), con el objetivo de ayudar a desarrollar modelos y medidas para esclarecer cómo diferentes condiciones de empleo y trabajo afectan a la salud de los trabajadores. En el informe, que se encuentra disponible en Internet y que en breve será publicado y actualizado en un libro, se ofrece una descripción global y el análisis de las condiciones de empleo y las desigualdades en salud. Además, se identifican políticas e intervenciones a nivel comunitario, efectivas para reducir las desigualdades en salud.
El primer resultado de EMCONET se resume en un glosario donde se definen una serie de términos que ayudan a entender las diferentes condiciones de empleo y ejes de desigualdad. Como se comentó anteriormente, las condiciones de empleo, se entienden como aquellas condiciones o circunstancias en que la persona se ve envuelta en su trabajo u ocupación y normalmente tiene que ver con el acuerdo o la relación entre empleado y empleador. En este sentido se consideran las siguientes condiciones de empleo: empleo estándar, permanente o a tiempo completo, desempleo, empleo precario, empleo informal, trabajo infantil, y esclavitud. Se define también el término de empleo justo que engloba una perspectiva de salud pública en la que las relaciones justas de empleo son un prerrequisito para reducir pobreza, mejorar la salud y reducir las desigualdades en salud. Este implica libertad de coerción, seguridad del trabajo, salario justo, protección del trabajo y beneficios sociales, respeto y dignidad en el trabajo, participación en el trabajo, enriquecimiento y falta de alienación. Estos términos se analizan a través de lo que se denomina ejes de desigualdad, que permiten hacer visible la desigualdad en cada una de las condiciones de empleo consideradas. Se consideran ejes de desigualdad el género, la edad, la etnia, el estado migratorio, la clase social y la localización geográfica.
Los niños trabajadores de la Costa de Marfil, los desarmadores de barcos en el sur de Asia o las maquiladoras de centro América, los pescadores del lago Tanzania, son algunos ejemplos de la situación de precariedad en la viven y trabajan millones de personas en el mundo. Y las cifras que se derivan son realmente alarmantes. Por ejemplo, que, en la actualidad, 190 millones de personas en el mundo (alrededor del 30% en los países en desarrollo y de 4 a 12% en los países desarrollados) están desempleados y que las mujeres, los jóvenes, los de menor educación y los trabajadores manuales son los más probables a ser desempleados. Por otro lado, alrededor de 550 millones de personas trabajan en situación de precariedad. La precariedad se manifiesta en cifras extremadamente altas en los países subsaharianos, por ejemplo, Sierra Leona, Liberia o Uganda presentan más del 80% de trabajadores en situación de precariedad. Por otro lado, se estima que el 25% de la población trabaja en situación de informalidad. La economía informal en países pobres afecta al 50-75% de los trabajadores, excluyendo aquellos que están empleados en la agricultura. Una cifra que tampoco puede pasar desapercibida es que 218 millones de niños en el mundo trabajan y 126 se ven envueltos en trabajos de riesgo. Alrededor de 2,5 millones se encuentran en países desarrollados, mientras que en países en vías de desarrollo el porcentaje de niños trabajadores oscila entre el 4% y el 67%. Igualmente alarmantes son los datos relacionados con distintas formas de trabajo esclavo o forzado que persisten en la actualidad: entre 12-28 millones de personas en el mundo trabajan en condiciones de esclavitud (alrededor de un 20% se relaciona con el tráfico de personas). Las mujeres y niñas son las víctimas más frecuentes del trabajo esclavo (56%) y de la explotación sexual (98%).
Estas cifras reclaman acciones inmediatas para mejorar la vida de millones de personas. EMCONET recoge en su libro algunos ejemplos de intervenciones para mejorar las condiciones de empleo y reducir las desigualdades en salud, principalmente a nivel político. Se describen también algunas alternativas, como la creación de cooperativas en Venezuela, Argentina y Brasil. En este sentido es importante destacar la participación de los movimientos sociales.
A modo de conclusión
La desigualdad social daña nuestra salud en forma desigual. Hemos visto cómo la desigualdad en salud es el resultado de la acumulación de efectos producidos por las condiciones políticas, económicas y sociales que afectan a la población.
Un determinante fundamental de la equidad de la salud es tener mayor justicia. Y para ello hace falta aumentar la igualdad social con un reparto equitativo de la riqueza y una redistribución igualitaria de los beneficios que favorezca a quienes menos tienen. No es posible reducir las desigualdades en salud sin transformar la organización, la estructura socio-política y las desigualdades de poder que atenazan al planeta.
La actual globalización capitalista ha ensanchado las desigualdades sociales y de salud hasta extremos jamás conocidos en la historia. Hoy en día, se estima que entre un 10% y un 20% de la población mundial vive con un nivel material muy elevado y un gasto de recursos excesivo, para lo cual deben a la vez explotarse y protegerse de quienes no tienen o tienen muy poco. Un poder tan desigual beneficia o daña muy desigualmente la salud de las gentes de modo que el bienestar y la salud de unos pocos se alimenta del sufrimiento y la mala salud de la mayoría. Detrás de la actual globalización neoliberal lo que está en juego es la salud y el bienestar de las personas.
En el siglo XXI, es preciso un compromiso real, personal y colectivo, con el derecho a la prevención de la enfermedad, y a la protección y promoción de la salud que deben tener todos los habitantes del planeta. Ello requerirá hacer frente a intereses muy poderosos, cambiar de forma drástica las prioridades sociales y económicas e incluso cambiar los sistemas políticos y económicos actuales. Nos vale en ello la salud de todos.
4. Martin Bobak, Michael Marmot, «East-West mortality divide and its potential explanations: proposed research agenda», BMJ, 312, 1996, pp. 421-425.
5. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, Banco Mundial, Madrid, 1993.
6. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano, Ediciones Mundi-Prensa, Barcelona, 2000.
7. Cristopher J. L. Murray, Catherine M. Michaud, Matthew T. McKenna, James S. Marks, U.S. Patterns of Mortality by County and Race: 1965-1994, U.S. Burden of Disease and Injury Monograph Series, Harvard School of Public Health and Centers for Disease Control and Prevention, Cambridge and Atlanta, 1998.
8. Colin McCord, Harold P. Freeman, «Excess Mortality in Harlem», New Engl J Med, 1990, 322, pp. 173-177.
9. Marcia Angell. «Privilege and health – What is the connection?», N Engl J Med, 1993, 329, 2, pp.126-127.
10. Lin Hattersley, «Trends in life expectancy by social class: an update», World Health Stat Q, 1999, 2, pp.17-24.
11. Íbidem.
12. George Davey Smith, James D. Neaton, Deborah Wentworth, Rose Stamler, Jeremiah Stamler, «Socioeconomic differentials in mortality risk among men screened for the Multiple Risk Factor Intervention Trial. I. White men», Am J Public Health, 1996, 86, pp. 486-496.
13. Michael Marmot, George Davey Smith, Stephen Stansfeld S, et al., «Health inequalities among British Civil Servants: The Whitehall II study», Lancet, 1991, 337, 1387-1393.
14. Robert G. Evans, Morris L. Barer, Theodore R. Marmor (coord.), Why are some people healthy and others not?, Aldine De Gruyer, New York, 1994.
15. Michael Marmot, Martin Bobak, George Davey Smith. «Explanations for Social Inequalities in Health», en Benjamin C. Amick III, Sol Levine, Alvin R. Tarlov, Diana Chapman (coord.): Society & Health, Oxford University Press, New York, 1995.
16. Zosia Kmietowicz, «Gap between classes in life expectancy is widening», BMJ, 2003, 327, p. 68.
17. Julian Tudor Hart, «The Inverse Care Law», Lancet, 1971, i, pp. 405-412.
18. Thomas McKeown, R. G. Record, R. D. Turner, «An interpretation of the decline in mortality in England and Wales during the twentieth century», Population Studies, 1975, 29, pp. 391-422.
19. René Dubos, El espejismo de la salud, Fondo de Cultura Económica, México, 1959 (Traducción de José Ramón Pérez).
Profesores de asignatura y adjuntos de las facultades de Ciencias, Economía y Ciencias Políticas de la UNAM exigieron el pago inmediato de sus sueldos, pendientes desde el semestre 2020-2, cuando inició la pandemia de coronavirus.
Los profesores también denunciaron las irregularidades en su contratación y los retrasos en las firmas, y exigieron el pago inmediato y reintegración en su totalidad de las prestaciones y adeudos de sueldos, así como la basificación de todos los docentes de asignatura y ayudantes.
“Somos como el 80 por ciento de los profesores que no tienen base y esto hace que se juegue con nuestra fuente laboral”, dijo el profesor adjunto de la Facultad de Ciencias, José Abarca.
De acuerdo con las autoridades universitarias, el problema es extraordinario y de carácter administrativo, sin embargo, los profesores y los estudiantes que los apoyan denuncian que la precariedad laboral ha persistido desde antes de que iniciara la pandemia y que se agravó con la crisis sanitaria.
Los profesores de asignatura son contratados cada semestre con un salario de entre 413 y 471 pesos la hora, por lo que la mayoría tiene un sueldo de 6 mil a 10 mil pesos mensuales. Por su parte, los ayudantes o profesores adjuntos son contratados por 314 o 349 pesos la hora.
Según Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, con el contexto de pandemia y el cierre de las escuelas, hubo en la región la demanda más rápida y amplia ya vista de tecnologías para la enseñanza a distancia y también para la comunicación entre estudiantes y docentes, lo que ha generado una profundización de las desigualdades educativas y sociales, con el refinamiento de la estratificación entre estudiantes: con posibilidades de acceso y conectividad y acompañamiento de sus familias en casa; con posibilidades de acceso y conectividad, no de acompañamiento; con poco acceso y conectividad y sin acompañamiento; sin acceso, sin conectividad (comunidades indígenas y rurales).
“Los Estados al no estar preparados para este paso a la virtualidad generaron alianzas con grandes compañías como Zoom, Facebook, Google for Education, YouTube, entre otras. Estas organizaciones inversoras en educación se aproximan al Estado como si brindaran un servicio filantrópico. El Estado le abre las puertas y le facilita la base de datos de prácticamente todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, o sea lo primero que entregó el Estado son los datos de los profesores y profesoras, de los y las estudiantes y de las familias”, destacó Nelsy Lizarazo durante el lanzamiento de la Campaña Mil Millones de Voces por la Educación.
Otra cuestión que trajo a debate la demanda por nuevas tecnologías es el derecho a la privacidad. Fernanda Campagnucci, en su artículo “Tras la pandemia: La encrucijada de derechos digitales en la educación” analiza que, al mismo tiempo en que es necesario reafirmar el derecho y contener retrocesos acerca de la privacidad, también es necesario abogar por el rescate de la noción de datos públicos como un bien común.
“La realización de esta idea depende de una gobernanza pública de la infraestructura digital, en la que el Estado se coloque como garante de estos derechos digitales”, dice en su artículo.
Diversos usos del software libre
Falta de condiciones dignas de trabajo
a los y las docentes
Falta de contrato fijo, más de un empleador, trabajo pago por horas, inestabilidad y sobrecarga laboral, baja salarial. Estos son algunos de los retos que los y las docentes en América Latina y el Caribe ya venían enfrentando y con la pandemia se profundizaron.
Omar Orlando Pulido Chaves, investigador de la Universidad Nacional de Colombia, en su artículo “En tiempo de pandemia: precarización de la labor docente”, afirma que el acto pedagógico, la materialización del trabajo docente, se vio fuertemente impactado por la educación a distancia, pues la premura generada por la emergencia limitó el alcance de la “virtualidad”.
Añadió que, con la educación a distancia se profundizó la segmentación educativa. “En algunos casos no se tenía acceso al computador y en otros al celular o al plan de datos. En otros casos se tuvo que trabajar con guías físicas que había que hacer llegar a los estudiantes como fuera. Las condiciones materiales ofrecidas por la escuela para el trabajo de los maestros, una de las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la educación, se trasladaron al cuerpo docente: tuvo que usar sus equipos, la electricidad de sus casas, y pagar los planes de datos. A esto se agregan la desaparición de la jornada laboral, la sobrecarga, el desdibujamiento del fin de semana y del tiempo de descanso”.
Para Jesús Juárez, da la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), es fundamental que haya una “actualización sistemática, continua y permanente de los docentes no solamente en competencias digitales, sino también para adaptar las estrategias educativas a los nuevos escenarios que se han producido con la pandemia, en los diversos contextos sociales”.
Una investigación de Chicas Poderosas Ecuador revela que 4 de cada 10 mujeres que trabajan en medios en Ecuador perciben menos de 500 dólares mensuales y trabajan más de 40 horas a la semana. Concluye, además, que el acoso está presente en diferentes momentos de la carrera de las periodistas.
“Un presentador reconocido me agarró la pierna en un camerino, mientras nos maquillaban: ‘con esas piernas usted no necesita nada más para triunfar’, me dijo”, es el testimonio de una periodista ecuatoriana, cuya experiencia se recoge —de manera anónima— en el estudio Así Hacemos Periodismo. Se trata de una investigación desarrollada por la organización Chicas Poderosas Ecuador que exploró las condiciones laborales de las mujeres en los medios de comunicación en el país.
La investigación se centró en cinco temas principales: Empleo, Diversidad, Crecimiento laboral, Maternidad, Espacios seguros.
En cuanto al empleo, uno de los principales hallazgos es que los y las periodistas trabajan más de 40 horas semanales, incluso quienes tienen contratos a medio tiempo. Las personas entre 26 y 45 años son las que más tiempo dedican al ejercicio profesional. 4 de cada 10 mujeres que trabajan este número de horas a la semana percibe menos de 500 dólares al mes.
Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas Ecuador, asegura que el estudio permitió reconocer que existen muchas personas haciendo periodismo en condiciones de mucha precariedad en Ecuador.
Sobre la diversidad, en cambio, se concluye que la participación de personas de orientación sexual y origen étnico diverso es escasa tanto en los entornos laborales como en las coberturas periodísticas. “Incluso en los (medios) más nuevos y digitales, donde la presencia de personas indígenas o personas racializadas aún es casi nula”, afirma González.
Violencia sexual
El acoso y la violencia sexual que enfrentan las periodistas es una de las cosas que más llama la atención de esta investigación. “Mi exjefe me citó fuera de horario laboral y me llevó a un hotel donde quiso abusar de mí a cambio de ayuda laboral y económica”, contó otra de las periodistas citadas en el documento.
Según los resultados, por lo menos 2 de cada 10 mujeres encuestadas han sido víctimas de contacto físico no deseado en sus lugares de trabajo. “El acoso comienza con bromas que son normalizadas, y que varían de acuerdo a la edad y la posición laboral de la periodista”, concluye el informe.
Otra de las participantes de los grupos focales contó que: “Había un productor que cada vez que pasaba al lado mío comenzaba a jadear como perro y nadie decía nada”.
Asimismo, el 13% de las periodistas ha recibido más de una vez ofertas laborales o promesas a partir de un acercamiento inapropiado, provocado por un colega hombre en una posición superior. Sin embargo, muy pocas veces estas situaciones son denunciadas, ya que no existen canales o políticas claras de denuncia en los medios de comunicación. Ante ello, el 62% de las mujeres encuestadas afirmó que los medios deben contar con protocolos de actuación y cambios en la cultura organizacional en torno a la violencia y el acoso.
Falta de datos
Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas Ecuador, explica que la investigación partió con la idea de recolectar datos de situaciones que “sabíamos que existían, pero sobre las que no había datos concretos y por lo tanto evidencia para enfrentarlas”.
Obtener esta data, representa así, la “posibilidad de ejercer nuestro oficio en condiciones dignas económicamente y seguras para las mujeres y personas de las disidencias sexuales”, continúa González. Sin embargo, dice que el reto es continuar con la medición y seguir estableciendo contrastes entre los géneros. Esto, porque, aún no hay datos suficientes para hablar sobre las personas de las disidencias sexuales ejerciendo esta profesión.
La metodología
La investigación se realizó, en el inicio con una encuesta online, cuya recolección y difusión ocurrió entre el 4 de agosto al 7 de septiembre de 2020.
La encuesta fue anónima y estuvo dirigida a mujeres, personas de disidencias sexuales, y hombres mayores de 18 años, trabajadores en medios de comunicación en el país. Se obtuvo una muestra de 236 encuestas. “Sin embargo, no alcanzamos el equilibrio de participación entre géneros, por lo cual insistimos en la necesidad de continuar midiendo”, dice el sitio web de Así hacemos periodismo. Adicionalmente, se realizaron dos grupos focales y ocho entrevistas a profundidad.
Chicas Poderosas es una comunidad global que impulsa el cambio inspirando y desarrollando a las mujeres en los medios. La organización está presente en 17 países, y en Ecuador desde 2019.
Fardo. Loza en la espalda. Quintal de café que se lleva en el lomo. Tratándose de impartir cursos, la referencia es a algo pesado que se ha de soportar. No se dice carga de investigación. Al contrario, se da cuenta de ella con orgullo: desarrollo o participo en tal proyecto.
Hay 400 mil personas que laboran en las Instituciones de Educación Superior (IES) en el país. ¿Tiempos completos? 80 mil, y trabajan por horas – a destajo – 320 millares, el 80%. Es el personal académico al que se denomina de tiempo parcial o de asignatura. Llevan a cabo la mayor parte de la función docente en condiciones de precariedad laboral.
No es un grupo homogéneo: una proporción se conforma por profesionistas que, en otros espacios laborales, tienen el centro de su atención e ingresos (abogados, ingenieros o contadores, a guisa de ejemplo). Acuden a las instituciones haciéndose cargo de pocas horas de clases. Otro subconjunto, encuentra en esa actividad un complemento no menor a sus percepciones totales, o la desempeña por la flexibilidad de horario para poder atender otros trabajos, generalmente en la casa y el cuidado de los hijos y adultos mayores: por inequidad de género en la distribución de estas tareas suelen ser mujeres.
Hay otro sector, cuya cantidad es necesario precisar, que encuentra en la docencia frente a grupo, mal pagada y sin considerar parte de su trabajo ni la preparación de las clases ni la revisión de trabajos o exámenes, su único espacio de empleo. Ya sea en una o varias IES, procuran acumular cursos para sacar el gasto. Son profesoras y profesores de “tiempo repleto”.
Sin embargo, tanto quienes cuentan con vínculos de tiempo completo como el personal de tiempo parcial, tienen responsabilidades en la docencia. Esa función sustantiva que, merced a la valoración dispareja con la investigación, se concibe como carga es vital en la generación de nuevos profesionales y científicos.
Su contratación deriva de la tenencia de diplomas que acreditan su saber, pero no de la capacidad de generar ambientes de aprendizaje, proceso muy diferente a “dar clases”. La capacidad docente se cree derivada de un saber certificado, no de su conjunción con habilidades profesionales para suscitar condiciones para aprender. Pueden dominar el contenido de su especialidad, pero no el dominio pedagógico del contenido programado en los cursos que se les asignan. Cualquiera puede enseñar si sabe del tema.
Se ha reflexionado mucho sobre el impacto de la pandemia en las tareas docentes, como si previo a esta calamidad no hubiera ya fallas tan graves como la ausencia de preparación para llevarlas a cabo. A mi entender, se trasladó a las plataformas virtuales lo mismo que antes se hacía. ¿Se quiere averiguar lo que ha pasado en estos meses de escolarización remota de emergencia (no de educación a distancia)?
Paradójicamente, para responder a esta pregunta es necesario reconocer que concebir a la docencia como carga, y no advertir su complejidad intelectual ni la necesidad de mejorar las condiciones en que se lleva a cabo por parte de los tiempos parciales, son previos a la pandemia. Quizá se hizo más visible su descuido. La solución no es tecnológica. Inicia con la recuperación de la importancia de esta labor, despreciada por el espejismo de la investigación como la moneda de curso legal en la estructura de prestigios e ingresos. Ser diestros en el ZOOM deja inalterable el menosprecio en que se ha sumido la docencia desde hace años. Ahí, a mi juicio, reside el problema.
ara el neoliberalismo, el mejor sindicato es el que no existe, y por décadas han intentado contener la organización de los trabajadores. Sin un referente como la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), luchando ininterrumpidamente durante 41 años de existencia, el giro neoliberal habría devastado el sistema educativo público, tal cual sucedió en países como es el caso de Chile, donde la educación privada impera sobre la escuela gratuita.
Pero las formas de privatización educativa directa son cada vez menos recurridas por los estados, lo mismo que la disolución violenta, legal o administrativa de los sindicatos o los ataques frontales contra ellos y sus liderazgos. El periodo de persecución, encarcelamientos, asesinatos, desapariciones forzadas o represión policiaca contra los maestros de la disidencia magisterial en México ha dejado de ser la política central de contención del sistema.
Para conseguir el mismo objetivo; es decir, la abrogación del sindicato y el derecho a la defensa colectiva y organizada del trabajador, el neoliberalismo se reinventa constantemente, modernizando su lenguaje, sus formas de control y el despojo laboral. A través de nociones como transparencia, meritocracia o derecho humano, se impone sin necesidad de utilizar métodos coercitivos; la introyección de la mentalidad neoliberal ha tenido mejores resultados y menos resistencias que las medidas abiertas y frontales.
Del mismo modo que las oligarquías multinacionales impusieron la noción de que el libre mercado era la mano invisible que regula y ordena toda relación social para construir el supuesto interés común; ahora lo hacen con la idea de transparencia. El mito de que la nueva diosa del capitalismo informático habita el olimpo de la virtualidad, translúcida, pura e incorruptible, sirve de narrativa para instalar un sistema de control y de sometimiento impersonal, en donde la burocracia del Estado como representación de los intereses de las clases gobernantes está siendo sustituida por la tramitología individual.
La transparencia puede ser visible en su morfología de información y datos, pero es un dogma intangible que no se presenta como hechura de la imperfección humana. La subjetividad neoliberal se oculta en el diseño, metodología, captura y manejo de los datos y no admite reclamo organizado colectivamente para hacer efectivo el derecho social al trabajo con dignidad; todo el proceso de tramitología digitalizado está pensado para la individualización o fragmentación de la organización sindical, sin otra posibilidad de interacción que no sea la soledad de la plataforma virtual.
La virtualización de la tramitología del derecho laboral evoca al mérito como empoderamiento personal; sin embargo, lo que se materializa como producto de la subjetividad neoliberal es un régimen de precariedad en el que la relación de trabajo es individual y se sujeta a las reglas patronales, unilateralmente y sin la mediación del contrato colectivo ni la defensa sindical de unas reglas de común acuerdo.
La actual reforma educativa de la cuarta transformación adoptó la morfología constitucional de estas nociones renovadas del neoliberalismo; los mecanismos de ingreso a la docencia, promoción y reconocimiento establecidos en la Ley General del Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros, así como los cambios de adscripción, están atravesados por dispositivos reglamentarios y plataformas de gestión individualizada para fraguar la obsolescencia del sindicalismo, de ahí que la CNTE no encuentre un punto de partida para aterrizar la gestión democrática del magisterio.
Paradójicamente, en la sociedad del capitalismo informático, la libertad no se combate con censura, sino con más libertad que se autocontrola, diversificando los medios aparentemente independientes del poder, sobre todo a través de las redes sociales; la tensión de las demandas populares, mucho antes de ser sofocadas por medios represivos, se contienen con un diálogo sistemático y dilatorio para mantener el conflicto en la esfera de la comunicación y la información pública, pero fuera del terreno callejero de la lucha de clases. Después de 18 reuniones de la CNTE con el gobierno federal, se va comprendiendo con mayor certeza que esta es la estrategia del Estado.
Sin la abrogación de la actual reforma educativa de la Cuarta Transformación, sin la Nueva Escuela Mexicana recuperando los proyectos educativos de la CNTE y sin un terreno firme y parejo para la democratización del SNTE; el reconocimiento político a la bilateralidad de las estructuras sindicales nacionales y seccionales del movimiento magisterial que naciera en el invierno de 1979 y que tendrá lugar en Palacio Nacional el próximo 21 de diciembre, podría ser otro episodio del Estado para continuar con la estrategia de disolución del sindicalismo y de aterrizaje de las nuevas formas de precariedad laboral; esto lo saben los militantes de la Coordinadora que han mantenido viva la resistencia, cuya paciencia se agota cada vez que los compromisos establecidos en las mesas con el Presidente de la República no encuentran eco en los gobiernos estatales ni concreción en los funcionarios del gabinete federal.
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