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Ante la dilación en la convocatoria a la Paritaria Salarial y el malestar de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria por las condiciones de trabajo en virtualidad, exigimos inmediata respuesta a ambos temas. El 15 de Septiembre se reunirá el Congreso Extraordinario de nuestra Federación.
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Contrario a lo que había asegurado en la Conferencia del Bienestar del 9 de julio el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, respecto a que no habría actividad escolar (incluyendo la capacitación y los consejos técnicos escolares) sino hasta que hubiera semáforo verde, el lunes pasado se reanudaron virtualmente las actividades docentes con un taller intensivo de capacitación durante toda la semana.
Sin embargo, ante la persistencia de altos niveles de la pandemia las autoridades educativas tuvieron que rectificar. En su reunión del pasado martes el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) determinó la posposición de la fase intensiva del consejo técnico.
Posteriormente, el secretario de Educación anunció que el lunes tres de agosto se darán a conocer, en la conferencia matutina de López Obrador, los pormenores del regreso a clases, dejando claro que las mismas iniciarán a distancia.
Mientras tanto, entre los nuevos planes de la SEP para cuando se reanuden las actividades presenciales está lo anunciado hace unos días por Moctezuma Barragán, durante la XLIX reunión ordinaria virtual del CONAEDU, en cuanto a que “el enfoque pedagógico que pervivirá hacia el futuro será un modelo híbrido, en donde esté presente tanto la educación a distancia como la educación presencial” (Boletín No. 196-SEP).
Si algo sacó a la luz la pandemia en el terreno educativo son las profundas carencias que viven nuestros alumnos y sus familias, como la falta de acceso a internet, a una computadora o incluso a una televisión, por mencionar algunas directamente relacionadas con la educación a distancia y sus límites.
Dicha situación, como es sabido, se profundizó con la crisis sanitaria y económica, con millones de familias enfrentando despidos, rebajas salariales, bajas ventas y en general reducción de sus ingresos.
En ese marco, complementado con el miedo frente al coronavirus, los contagios —muchas veces sin posibilidad de acceso al sistema público de salud— y muertes de seres queridos, la continuidad del ciclo escolar durante la cuarentena provocó importantes niveles de estrés en alumnos, docentes y familias, mientras que significó la exclusión y el rezago de millones de niñas, niños y adolescentes, incluyendo a quienes requieren educación especial, expresando de conjunto nada menos que insensibilidad por parte de las autoridades educativas.
Para el magisterio, además, implicó la multiplicación del trabajo que conlleva la educación a distancia, que se sumó al trabajo doméstico que recae principalmente sobre las mujeres. Sin olvidar la falta de respeto a los horarios laborales y el hostigamiento por parte de los directivos. Todo ello también impuesto, pero de manera exacerbada, a las maestras y maestros de educación privada, junto a muchas otras afectaciones como reducciones salariales y despidos.
Ahora la SEP habla de “aprendizajes que nos deja la pandemia”, pero lo cierto es que, maquillando la experiencia ¬—incluso dando datos falsos en su momento— del “Aprende en Casa” y demás actividades que se desarrollaron durante la cuarentena, e ignorando las innumerables denuncias y críticas que se le hicieron, así justifica su decisión de la educación a distancia como algo que llegó para quedarse.
De ese modo, mientras que los indicadores económicos pronostican que las cosas se van a poner peor, lo que aumentará las restricciones para el acceso de los alumnos a la tecnología, se impone una modalidad que ya se demostró estresante y excluyente, negando directamente el derecho a la educación de amplios sectores.
A río revuelto, modelo híbrido
Desde que Esteban Moctezuma formaba parte del gabinete del gobierno electo, es decir, desde antes de que López Obrador asumiera el poder, el hoy secretario de Educación ya hablaba en entrevistas, como la que le hizo Adela Micha en julio de 2018, de un modelo escalonado en el que los alumnos no fueran de lunes a viernes a la escuela: un grupo iría el lunes, el maestro les dejaría ese día a los alumnos una investigación, que desarrollarían fuera de la escuela el martes para entregar el miércoles; un nuevo grupo iría el martes, desarrollaría su investigación el miércoles y la entregaría el jueves. Con ello, decía Moctezuma, “puedes duplicar la capacidad, con la misma infraestructura y con los mismo maestros”.
El modelo se planteaba entonces como una de las vías para acabar con la falta de cobertura en educación superior, mientras que se concebía paralelamente el fortalecimiento de la educación a distancia para ese nivel.
Evidentemente, ambas perspectivas estaban en la línea de evitar la construcción de nuevas universidades públicas hasta alcanzar la cobertura total. Las grandes deficiencias en el programa de las cien Universidades del Bienestar Benito Juárez, lo confirman.
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Por lo pronto, se tiene previsto que el regreso a clase presenciales sea escalonado, es decir, que más o menos la mitad del grupo vaya lunes y miércoles, la otra mitad martes y jueves y el viernes se atienda a los alumnos con rezago. Los días que no asistan a las escuela, los alumnos desarrollarán actividades a distancia.
Al parecer, en la vorágine de la contingencia sanitaria el ex presidente de Fundación Azteca, con toda su lógica de eficiencia empresarial, vio un “área de oportunidad”, tanto para trasladar el modelo escalonado a la educación básica como para fusionarlo con la educación a distancia. El resultado sería el modelo híbrido.
No se han dado mayores detalles del modelo híbrido, pero ya se dejó claro que permanecerá aún después de que pase la pandemia.
De esa manera, cuando pase la necesidad de preservar la “sana distancia”, a medida que se avance en la liquidación de los turnos vespertinos para la imposición de escuelas de jornada ampliada y tiempo completo, y conforme aumente la población en edad escolar, las aulas volverán a llenarse nuevamente hasta el hacinamiento, a menos que opere una paulatina sustitución de la modalidad presencial por la modalidad a distancia. En cualquier caso, el objetivo de no construir nuevas escuelas quedaría cumplido.
El hecho es que van más de cuatro meses desde que se suspendieron las clases por la pandemia, tiempo valioso que pudo haber sido aprovechado para construir escuelas. Sin embargo, a pesar de las expectativas despertadas en amplios sectores de jóvenes, mujeres y trabajadores, las prioridades de la 4T están en otros lados, como lo muestra el contrato firmado por la SEP con Seguros Azteca, por 969 millones de pesos, para asegurar los planteles, mientras que el gobierno federal sigue destinando recursos millonarios al financiamiento de la Guardia Nacional y la militarización del país, a los megaproyectos (rechazados por las comunidades locales) o al pago puntual de la deuda externa, todo sin aumentarles ni un peso en impuestos a los grandes empresarios.
Como resultado, el modelo híbrido sumará, para alumnas y alumnos, las consecuencias de la educación a distancia (exclusión, rezago, estrés) a las complejidades de la modalidad presencial.
Al mismo tiempo, para maestras y maestros significa un duro golpe a nuestras condiciones laborales y una violación a nuestros derechos.
Si ya de por sí nuestra profesión se caracteriza por el trabajo fuera de horario (planeación, evaluación, atención a padres, cursos de capacitación, etc.) y por lo tanto no remunerado, lo cual constituye un elemento de precarización laboral, con el modelo híbrido se nos impondrá la extensión de la jornada, el trabajo en casa con nuestros propios recursos y la multiplicación sin precedentes de la carga laboral, violándose nuestro derecho a que se respete el horario y a trabajar en un lugar establecido, además de que se nos obligará a desempeñarnos en algo para lo que no fuimos contratados.
Ningún funcionario ha hablado hasta ahora de un aumento salarial que acompañe el modelo híbrido, pero las migajas que puedan llegar a tirarnos serán la zanahoria para buscar someternos a este modelo esclavizante.
En todo esto, la dirigencia charra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación viene jugado un papel canalla, promoviendo la idea de que tener trabajo en tiempos de pandemia es un privilegio, cuando en realidad es un derecho negado para millones.
Junto a ello, más allá de que solicita dotar de equipos de cómputo a estudiantes y profesores y generar las nuevas condiciones de trabajo que implica la modalidad híbrida, al mismo tiempo pide “reconocer y valorar la disposición de los maestros para prolongar la jornada laboral y permitir la invasión de su espacio y tiempo familiar” (Comunicado 31-2020 del SNTE), como si a algún maestro o maestra le hubieran preguntado.
Por el contrario, en el taller intensivo de capacitación “Horizontes: colaboración y autonomía para aprender mejor”, los directivos de escuela tomaron la tarea de hacer ideología para que las maestras y maestros aceptemos con la mejor actitud y con empatía las nuevas condiciones impuestas, para después ponernos a resolver cómo hacerle en medio de las carencias, sin más recursos que un cuadernillo digital.
Tanto en lo educativo como en lo laboral, el signo del modelo híbrido es el de la precarización, con lo que se suma la comunidad educativa a pagar los costos de la crisis, junto al resto del pueblo trabajador.
Por supuesto, detrás de todo ello están los intereses de las grandes corporaciones dedicadas a la tecnología educativa, como Google y Microsoft, beneficiadas por la SEP en medio de la pandemia con la entrega de datos —y el uso comercial que puedan hacer de ellos— de los trabajadores de la educación y alumnos, mientras que ganan terreno para incidir en las políticas educativas públicas, cuestiones desarrolladas por Mauro Jarquín en su artículo “Implicaciones de un modelo híbrido en educación” (La Jornada, 26/07/20).
Ya son muchos los maestros y maestras que han hecho una experiencia en lo que va del actual gobierno, pero sabemos que muchos aun guardan esperanzas aunque ven que las cosas no van por donde quisieran. El gobierno lo sabe y por eso necesita un bombardeo ideológico, que no deja de chocarse con la realidad, además de utilizar la represión a través de sus autoridades para que nada se le vaya de las manos.
A pesar del discurso gubernamental sobre la revalorización del magisterio, lo que prevalece en la 4T como práctica cotidiana es que las decisiones se toman desde arriba y se imponen sin siquiera consultar la opinión de las y los trabajadores de la educación.
Frente a este nuevo ataque a la educación pública y al magisterio, es fundamental superar el miedo, confiar en nuestras fuerzas y empezar a organizarnos como trabajadoras y trabajadores de la educación, junto a las madres y padres de familia, para frenarlo y para luchar por demandas como la construcción de más escuelas, la restitución de los turnos vespertinos, infraestructura y equipamiento escolar dignos, plantillas docentes y de personal de apoyo completas, contratación de médicos, psicólogas y orientadoras educativas, ingreso automático al servicio para los egresados normalistas, basificación universal, respeto a los derechos laborales, horas no lectivas dentro del horario escolar, aumento salarial, acceso universal a internet; por que el 100% de alumnas y alumnos tengan garantizado el derecho a la educación al reanudarse las clases, y que el Estado garantice todos los servicios e insumos necesarios para un regreso seguro a clases presenciales cuando las condiciones realmente lo permitan.
Los recursos para eso y otras necesidades sociales como la salud podrían provenir, por ejemplo, de establecer impuestos a las fortunas de los grandes empresarios, del no pago de la deuda externa y de redirigir el presupuesto que hoy se destina a la Guardia Nacional, a la militarización del país y a los megaproyectos.
Hay que imponerles a nuestros representantes sindicales que convoquen a asambleas para discutir, escuela por escuela, las medidas que debemos tomar para garantizar la defensa de nuestros derechos, así como un regreso totalmente seguro a las aulas.
En la “Posición de la CNTE ante el regreso a clases”, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se pronuncia contra la imposición del modelo híbrido. Así mismo, en su conferencia de prensa del 30 de julio, la dirigencia sostuvo que no hay condiciones para regresar a clases en ninguna modalidad. Sin embargo, su estrategia sigue estando basada centralmente en la negociación con el gobierno, y no en la organización y la movilización de todo el magisterio nacional.
Desde la agrupación Nuestra Clase llamamos a la dirigencia de la CNTE, referente histórico de lucha del magisterio democrático, a romper con la pasividad y a ponerse al frente de la lucha por demandas como las que planteamos aquí, convocando a todas las maestras y maestros del país a deliberar democráticamente sobre los problemas que nos aquejan e impulsando la unidad y la organización de nuestras filas.
Esa lucha, además, no tenemos por qué darla solos. En el documento de la Coordinadora se señala que “La unidad del magisterio aglutinado en la CNTE y nuestros hermanos de clase, en una instancia nacional de organización de los trabajadores, es una condición impostergable para conquistar nuestras demandas reivindicativas e históricas”.
Frente a las consecuencias de la crisis sanitaria y económica, decenas de organizaciones de trabajadores, sindicales y de izquierda hemos empezado a poner en pie el Movimiento Nacional contra la Precarización y los Despidos. Invitamos fraternalmente a las compañeras y compañeros de la CNTE y al conjunto de las trabajadoras y trabajadores de la educación del país a conocer e impulsar juntos este Movimiento.
Fuente de la reseña: https://www.laizquierdadiario.mx/Modelo-hibrido-un-salto-en-la-exclusion-educativa-y-la-precarizacion-laboral
América/México/13/05/2020/Autor: Sally Palomino/ Fuente: elpais.com/
Las tres horas que Cristina Gallegos está metida en el transporte público para ir y volver de su casa al trabajo es el único tiempo libre que tiene en el día. Vive en Valle de Chalco, un municipio del Estado de México, y trabaja en el Paseo de la Reforma en la capital del país. Durante su jornada laboral, de ocho horas, limpia entre seis y ocho apartamentos en un edificio que renta a viajeros. Al regresar a su vivienda continúa limpiando. Sin pago y sin descanso. No se queja, dice que a las mujeres que son madres les toca cuidar de su familia, pero reconoce, a manera de desahogo, que está cansada. Ahora más. Desde que la pandemia por el coronavirus obligó a suspender las clases presenciales en las escuelas, además de limpiar, lavar, planchar y cocinar, debe hacer de profesora de su hijo de seis años. Llega del trabajo, se quita los zapatos y empieza otra jornada. “Apenas me doy un respiro antes de hacer de comer, ver qué tareas tiene el niño, revisar si lo hizo bien, explicarle y responder el whatsapp a la maestra, que hasta en la noche escribe. Las mamás no tenemos descanso”, repite Gallegos, de 42 años, en un tono de resignación.
El cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en las mujeres. En promedio invierten 39 horas semanales en este trabajo no remunerado. Es el triple de horas en comparación a los hombres, según cifras del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres). “Estamos observando que las desigualdades de género que preexisten a una crisis sanitaria como esta se profundizan en el momento de una emergencia”, apunta Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México. No solo es que ahora tengan más carga en sus casas, también es que al cerrar la puerta la violencia las acecha. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador niega que las agresiones hayan aumentado en los días de confinamiento, la realidad demuestra lo contrario. La Red Nacional de Refugios señala que las peticiones de asilo para estos hogares que ofrecen protección aumentaron en las primeras semanas de aislamiento en un 30%, y solo en marzo, los ingresos a estos lugares crecieron un 12%. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que, entre enero y marzo, la línea de emergencias recibió 67.000 denuncias relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, 57.900 por violencia de pareja y 170.000 por violencia familiar. El hogar no siempre es un lugar seguro. Durante estos primeros meses además se registraron 244 feminicidios.
“La manera en que la crisis sanitaria afecta a las niñas y a las mujeres es distinta con respecto a cómo afecta a los hombres. La violencia se está exacerbando, el impacto económico es peor. Están enfrentando mayor vulnerabilidad. En México, casi un 60% de mujeres trabaja en el mercado informal. Eso hace que millones hoy puedan estar en la pobreza y sin acceso a servicios de salud”, dice Sanz Luque. No solo es la sobrecarga de trabajo dentro de las casas y la violencia, también es la precarización laboral.
“Hemos conocido casos de mujeres que valientemente habían tomado la decisión de separarse de sus parejas porque eran víctimas de violencia y habían logrado buscar alojamiento, pero producto de las medidas que se han tomado y de no tener estabilidad ni sustento económico han tenido que regresar. La violencia no se rompe solo con salir de un lugar, también necesita garantías económicas”, reflexiona la vocera de ONU Mujeres en México, desde donde también llaman la atención sobre la urgencia de proteger a quienes están en la atención primaria de la crisis desde el ámbito sanitario. Las mujeres ocupan el 79% del personal de enfermería y ejercer su profesión les ha costado intimidaciones y agresiones. A final de abril, la Secretaría de Gobierno de México registraba 47 acciones violentas hacia el personal médico, el 70% tuvo como blanco a las mujeres.
“Tenemos que reconocer el impacto específico de esta crisis en las mujeres y a la hora de poner en marcha un plan de recuperación deben estar en el centro. La manera en que la pandemia ha sacudido a nuestras sociedades y ha puesto al desnudo lo que se necesita cambiar es justo una oportunidad hacia la igualdad de género, el cambio que más necesitamos”, dice Sanz Luque. Aunque el coronavirus es más letal en los hombres, las mujeres sufren más durante el confinamiento y en México son golpeadas desde varios frentes.
La Red Nacional de Refugios pide atención
La primera semana de mayo, algunos de los 69 espacios de atención y protección que hacen parte de la Red Nacional de Refugios (RNR) estaban hasta al 100% de su capacidad. Los que todavía tenían lugar rozaban el 80%. La alerta de que puedan aumentar en los próximos días las solicitudes para entrar en estos lugares, obligó a la RNR a enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador exigiendo atención y exponiendo las preocupaciones frente a la dificultad para garantizar la protección a las mujeres violentadas.
“No se cuenta con recursos extraordinarios para que los Refugios hagan frente a la contingencia sanitaria, como lo son las Casas de Emergencia, que permitirían mitigar la propagación del coronavirus dentro de los Refugios, así como las Casas de Transición para aquellas mujeres que al finalizar su proceso no cuentan con opciones de vivienda, y ahora menos ante el impacto económico que la covid-19 representa para las mujeres”, señalan en la carta. Aseguran que las medidas de austeridad publicadas el 23 de abril podrían tener implicaciones en los programas orientados a garantizar los derechos humanos de las mujeres, sobre todo los destinados a la atención y prevención de las violencias.
Desde la ONU se unen al llamado de la RNR y piden reforzar el financiamiento de refugios de acogida para mujeres que enfrentan alto riesgo de violencia. Además de que se facilite el acceso a la justicia a través de mecanismos virtuales y alternativos.
Fuente e imagen: https://elpais.com/internacional/2020-05-11/la-pandemia-golpea-a-las-mujeres-mexicanas-desde-varios-frentes.html
América/Argentina/13/05/2020/Autor y fuente: anred.org
Trabajadores del programa Envión denuncian la precarización laboral en medio del aislamiento obligatorio debido al virus COVID 19. “Llevamos 22 meses sin aumento de sueldo por parte del Gobierno de la Provincia. En la mayoría de los municipios las modalidades de contratación violan las leyes laborales, funcionamos en sedes que se caen a pedazos, que ponen en riesgo nuestra salud y la de los pibes que las transitan, y en muchos municipios, nos encontramos expuestos al clientelismo que mezcla la política pública con los intereses particulares de diferentes grupos partidarios”. Por ANRed.
Trabajadores de la programa Envión, programa socioeducativo provincial destinado específicamente a miles de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, denuncian las condiciones de precarización laboral en la cual desempeñan sus tareas.
“Llevamos 22 meses sin aumento de sueldo por parte del Gobierno de la Provincia. En la mayoría de los municipios las modalidades de contratación violan las leyes laborales, funcionamos en sedes que se caen a pedazos, que ponen en riesgo nuestra salud y la de los pibes que las transitan, y en muchos municipios, nos encontramos expuestos al clientelismo que mezcla la política pública con los intereses particulares de diferentes grupos partidarios” expresaron mediante un comunicado el Colectivo de Trabajadorxs Envión.
La situación de crisis sanitaria debido al virus COVID 19 expone las dificultades en el acceso a los derechos de los sectores mas perjudicados. Tanto los trabajadores, como los beneficierios del programa Envión se encuentran en una situación preocupante. “La pandemia mundial nos encuentra, como a tantos compañeros, trabajando en los barrios, acompañando sin recursos las urgencias de los pibes y sus familias, gestionando solicitudes de paliativos a una crisis coyuntural que se instala sobre una pauperización estructural. El parate de la economía informal profundiza las carencias en los barrios, tanto de participantes jóvenes como de trabajadores del programa. Ante eso, la solidaridad entre vecinos y organizaciones es nuestra propuesta” agregaron.
Asimismo los trabajadores denuncian que el valor de los salarios ha quedado desactualizado ya que hace 22 meses que no reciben un aumento. “La última promesa de aumento que oímos, hacía referencia a una vaga mejora para el mes de marzo. Pero, como sabemos, marzo trajo para todos los laburantes la orden de guardarnos en casa, y para este colectivo en particular, la necesidad de pausar las acciones ya programadas para ponernos a listar las respuestas que el Estado debería darnos para poder llevar esta cuarentena de un modo menos angustiante. Los participantes y tutores con quienes trabajamos necesitan como mínimo la duplicación de las becas, al día de hoy $800 ó $400 si perciben AUH y $1900 respectivamente y la regularización de los pagos”.
Asimismo explicaron “a esto hay que restarle lo que cada trabajador abona de monotributo. El mínimo es casi $2000, el pago de Ingresos Brutos, y los profesionales el pago de sus respectivas matriculas. Nuestros ingresos de bolsillo, en gran parte de los municipios, no llegan siquiera al salario mínimo establecido por ley”.
Finalizaron “nuestro trabajo es garantizar el ejercicio de los derechos de los jóvenes, entonces si nuestros derechos laborales son vulnerados, se vulneran los derechos de los jóvenes. Esto es un llamado a la solidaridad y a la difusión para instalar urgente al Programa Envión y al reclamo de sus trabajadorxs organizados y en lucha en la agenda pública de los estados provincial y municipales”.
Fuente e imagen: https://www.anred.org/2020/05/04/la-precarizacion-laboral-no-hace-cuarentena/
Por: María Elena Polack.
Cumplir «a pleno» la Enseñanza Sexual Integral (ESI), aprobada en 2006 por el Congreso, repensar la jornada escolar y hacer un mapeo para conocer a fondo la situación en las provincias, reglamentar la educación intercultural bilingüe y el capítulo de enseñanza cooperativa y social comprendido en la ley nacional de educación 26.206, lograr que el Consejo Federal de Educación funcione como un espacio de discusión y pueda diseñar políticas educativas, desarrollar formas de participación de los estudiantes, evitar la precarización laboral docente. No es el programa educativo de campaña del Frente de Todos, pero podría tomárselo como la columna vertebral de la intención de ese espacio liderado por Alberto Fernández, luego de un encuentro de pedagogos, funcionarios de educación de 15 provincias y referentes gremiales que debatieron ayer en 10 mesas los aspectos más destacados una eventual presidencia del kirchnerismo.
La presentación de las conclusiones de 10 grupos de trabajo estuvo a cargo de Adriana Puiggrós, ex directora general de Escuelas bonaerense en la gobernación de Felipe Sola; Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Cterea); Flavia Tariggi, investigadora y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento; los rectores Adrián Cannelloto (Universidad Nacional Pedagógica) y Nicolás Trotta (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo), y Luis Scasso, director adjunto de la oficina regional Buenos Aires de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
«Se mueren las pibas. No puede haber una cuestión de conciencia. La ESI no puede esperar. Hay que educar para una vida más feliz y más saludable. Lo tenemos que discutir respetuosamente», planteó Alesso y despertó el aplauso más fuerte de los asistentes al auditorio de la UMET, en Sarmiento 2037 de esta ciudad. Entre presentes y adherentes al encuentro, figuraron los responsables de educación de La Pampa, María Cristina Garello; María Cecilia Velázquez (Santa Cruz), Mariela Nassif (Santiago del Estero), Juan Pablo Litchmajer (Tucumán), Marcela Mosqueda (Chaco), Paulina Calderón (San Luis), Alberto Zorrilla (Formosa), Daniel Gutiérrez (Catamarca), Cristina Storioni (Neuquén), Juan Luna (La Rioja), Ivonne Aquino (Misiones), Marta Irazábal de Landó (Entre Ríos), Diego Romero (Tierra del Fuego) y Felipe de los Ríos (San Juan).
La dirigente gremial docente fue la que tuvo definiciones políticas más fuertes. «Tenemos la obligación de mejorar la educación y nos hemos hartado del debate berreta del macrismo», dijo Alesso y arreciaron los aplausos. Aunque no hizo referencia a las razones por las cuales, por ejemplo, en gobernaciones conducidas por el kirchnerismo como Santa Cruz, las huelgas docentes de los últimos años han sido récords de cantidad de días sin clases en las aulas de gestión pública, anticipó que vendrá «una nueva etapa en la educación argentina». Y advirtió: «Los trabajadores hemos sufrido mucho en estos cuatro años de macrismo». Y, sin datos precisos, habló no solo de las condiciones salariales de los docentes, sino también de los problemas de infraestructura. «Hay paredes electrocutadas (sic)», sostuvo y planteó que deben darse «condiciones dignas para enseñar y para aprender.
No solo habló de educación. «Debemos darnos como ciudadanos y docentes una primera discusión sobre cómo caemos repetidamente en el pasado y nos hundimos. Hay que construir una institucionalidad para que cada cuatro años no tengamos que pagar endeudamientos externos», dijo Alesso, que señaló que «los mejores pedagogos de la Argentina están identificados en este espacio de pensamiento».
Adriana Puiggrós trató de sintetizar en varios puntos todos los temas de debate de las mesas de discusión para dar un cierre al encuentro. «Hay un clamor para tener un país federal. No diseñado por los unitarios», señaló al pedir la «plena vigencia de las leyes» vinculadas con el sistema educativo, entre las que se encuentran, por ejemplo, la de Enseñanza Sexual Integral, que ha sido cuestionada por varias provincias por cuestiones de conciencia religiosa.
En cambio, ninguno de los expertos planteó iniciativas pendientes de aprobación como la ley de obligatoriedad de la sala de 3 años, que en 2017 tuvo el voto unánime de la Cámara de Diputados y nunca fue analizada para su aprobación definitiva en el Senado. Ni tampoco sobre cómo lograr el objetivo de los 190 días de clase acordado por el Consejo Federal de Educación hace casi una década. Las huelgas docentes, los feriados nacionales, provinciales o municipales básicamente les restan tanta cantidad de días de aula a los estudiantes argentinos que ni siquiera se logran cumplir las 180 jornadas previstas antes de la ley nacional de educación.
Al hacer referencia a las deficiencias del sistema educativo, que se han verificado tanto en evaluaciones internacionales como nacionales que se han desarrollado en la última década, no se confirmó si tendrán continuidad como ya se las conoce. Fue Nicolás Trotta quien hizo alguna mera mención al respecto. «Pensar la calidad no se vincula con las pruebas estandarizadas que se buscan imponer. Todos se llenan la boca hablando de mejorar la educación, para eso hace falta dinero y un nuevo contrato social».
«Lo que hagamos hoy se vincula con la Argentina que vamos a ver construida en 20 a 30 años. Nos debe llenar de dolor haber dejado un 27 por ciento de pobreza», admitió Trotta al referirse a las cifras del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y recordar el actual guarismo de 35,4 y anticipar que «hay que romper la mediocridad de hoy».
Trotta también hizo referencia a la relación de tensión que hubo entre el gobierno de Mauricio Macri y los docentes. «Se dedicó a enfrentar [a los gremios] evitando el debate de fondo de qué modelo queremos para el país». Consideró que «hay que federalizar la educación para romper las asimetrías del desarrollo», aunque admitió que «no se puede resolver todo en el corto plazo».
A su turno, Flavia Terigi denunció que «el Ministerio de Educación ha perdido una gran porción de cuadros técnicos» y fue aplaudida al sentenciar: «Estamos finalizando una etapa de banalización de los problemas educativos». Puso como buen ejemplo la reforma del nivel secundario que encara Río Negro al destacar que el Ministerio de Educación provincial promovió «la figura de profesor por cargo que implicó un 30% de aumento del presupuesto» en ese rubro.
Aunque no brindó detalles, incluyó la necesidad de «discutir el espinoso tema de la calidad de la educación y del tema salarial» y cuestionó la existencia del servicio cívico voluntario impuesto recientemente por el gobierno macrista.
«[El Gobierno] deja una suerte de principio de cambio cultural que habrá que revisar, como la innovación como ocurrencia individual o el emprendedurismo», señaló Terigi al pronosticar que «el Ministerio Nacional de Educación debiera fortalecer políticas sobre todo en las provincias que tienen mayores deficiencias educativas. Las normas que ya existen son potentes desde el punto de vista del reconocimiento».
Adrián Cannellotto destacó que en las mesas de trabajo hayan participado tanto la Unipe, de gestión estatal, como la UMET, privada y cuestionó los intentos de tomar modelos educativos exitosos en otros países para aplicarlos en la Argentina. «Copiar no es la solución, está demostrado. La educación tendrá que repensar la federalización que le pega de lleno a la educación», indicó al añadir que en la actualidad «se conjuga una enorme deuda externa y una enorme deuda interna social y que hay que acercar la idea de un pacto social para pensar los temas que son relevantes para el futuro».
En su condición de funcionario de un organismo internacional, Francisco Scasso hizo un repaso sobre los indicadores educativos de América Latina, admitió que «hacer rankings no tiene mucho sentido» y deslizó su opinión de que se ha hecho «poco para educar en contexto de calle». A su criterio, «hay que recuperar la integralidad de la política pública como primer desafío y la educación, como segundo desafío».
Redacción: La Nación
Cumplir «a pleno» la Enseñanza Sexual Integral (ESI), aprobada en 2006 por el Congreso, repensar la jornada escolar y hacer un mapeo para conocer a fondo la situación en las provincias, reglamentar la educación intercultural bilingüe y el capítulo de enseñanza cooperativa y social comprendido en la ley nacional de educación 26.206, lograr que el Consejo Federal de Educación funcione como un espacio de discusión y pueda diseñar políticas educativas, desarrollar formas de participación de los estudiantes, evitar la precarización laboral docente. No es el programa educativo de campaña del Frente de Todos, pero podría tomárselo como la columna vertebral de la intención de ese espacio liderado por Alberto Fernández, luego de un encuentro de pedagogos, funcionarios de educación de 15 provincias y referentes gremiales que debatieron ayer en 10 mesas los aspectos más destacados una eventual presidencia del kirchnerismo.
«Se mueren las pibas. No puede haber una cuestión de conciencia. La ESI no puede esperar. Hay que educar para una vida más feliz y más saludable. Lo tenemos que discutir respetuosamente», planteó Alesso y despertó el aplauso más fuerte de los asistentes al auditorio de la UMET, en Sarmiento 2037 de esta ciudad. Entre presentes y adherentes al encuentro, figuraron los responsables de educación de La Pampa, María Cristina Garello; María Cecilia Velázquez (Santa Cruz), Mariela Nassif (Santiago del Estero), Juan Pablo Litchmajer (Tucumán), Marcela Mosqueda (Chaco), Paulina Calderón (San Luis), Alberto Zorrilla (Formosa), Daniel Gutiérrez (Catamarca), Cristina Storioni (Neuquén), Juan Luna (La Rioja), Ivonne Aquino (Misiones), Marta Irazábal de Landó (Entre Ríos), Diego Romero (Tierra del Fuego) y Felipe de los Ríos (San Juan).
La dirigente gremial docente fue la que tuvo definiciones políticas más fuertes. «Tenemos la obligación de mejorar la educación y nos hemos hartado del debate berreta del macrismo», dijo Alesso y arreciaron los aplausos. Aunque no hizo referencia a las razones por las cuales, por ejemplo, en gobernaciones conducidas por el kirchnerismo como Santa Cruz, las huelgas docentes de los últimos años han sido récords de cantidad de días sin clases en las aulas de gestión pública, anticipó que vendrá «una nueva etapa en la educación argentina». Y advirtió: «Los trabajadores hemos sufrido mucho en estos cuatro años de macrismo». Y, sin datos precisos, habló no solo de las condiciones salariales de los docentes, sino también de los problemas de infraestructura. «Hay paredes electrocutadas (sic)», sostuvo y planteó que deben darse «condiciones dignas para enseñar y para aprender.
No solo habló de educación. «Debemos darnos como ciudadanos y docentes una primera discusión sobre cómo caemos repetidamente en el pasado y nos hundimos. Hay que construir una institucionalidad para que cada cuatro años no tengamos que pagar endeudamientos externos», dijo Alesso, que señaló que «los mejores pedagogos de la Argentina están identificados en este espacio de pensamiento».
Adriana Puiggrós trató de sintetizar en varios puntos todos los temas de debate de las mesas de discusión para dar un cierre al encuentro. «Hay un clamor para tener un país federal. No diseñado por los unitarios», señaló al pedir la «plena vigencia de las leyes» vinculadas con el sistema educativo, entre las que se encuentran, por ejemplo, la de Enseñanza Sexual Integral, que ha sido cuestionada por varias provincias por cuestiones de conciencia religiosa.
En cambio, ninguno de los expertos planteó iniciativas pendientes de aprobación como la ley de obligatoriedad de la sala de 3 años, que en 2017 tuvo el voto unánime de la Cámara de Diputados y nunca fue analizada para su aprobación definitiva en el Senado. Ni tampoco sobre cómo lograr el objetivo de los 190 días de clase acordado por el Consejo Federal de Educación hace casi una década. Las huelgas docentes, los feriados nacionales, provinciales o municipales básicamente les restan tanta cantidad de días de aula a los estudiantes argentinos que ni siquiera se logran cumplir las 180 jornadas previstas antes de la ley nacional de educación.
Al hacer referencia a las deficiencias del sistema educativo, que se han verificado tanto en evaluaciones internacionales como nacionales que se han desarrollado en la última década, no se confirmó si tendrán continuidad como ya se las conoce. Fue Nicolás Trotta quien hizo alguna mera mención al respecto. «Pensar la calidad no se vincula con las pruebas estandarizadas que se buscan imponer. Todos se llenan la boca hablando de mejorar la educación, para eso hace falta dinero y un nuevo contrato social».
«Lo que hagamos hoy se vincula con la Argentina que vamos a ver construida en 20 a 30 años. Nos debe llenar de dolor haber dejado un 27 por ciento de pobreza», admitió Trotta al referirse a las cifras del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y recordar el actual guarismo de 35,4 y anticipar que «hay que romper la mediocridad de hoy».
Trotta también hizo referencia a la relación de tensión que hubo entre el gobierno de Mauricio Macri y los docentes. «Se dedicó a enfrentar [a los gremios] evitando el debate de fondo de qué modelo queremos para el país». Consideró que «hay que federalizar la educación para romper las asimetrías del desarrollo», aunque admitió que «no se puede resolver todo en el corto plazo».
A su turno, Flavia Terigi denunció que «el Ministerio de Educación ha perdido una gran porción de cuadros técnicos» y fue aplaudida al sentenciar: «Estamos finalizando una etapa de banalización de los problemas educativos». Puso como buen ejemplo la reforma del nivel secundario que encara Río Negro al destacar que el Ministerio de Educación provincial promovió «la figura de profesor por cargo que implicó un 30% de aumento del presupuesto» en ese rubro.
Aunque no brindó detalles, incluyó la necesidad de «discutir el espinoso tema de la calidad de la educación y del tema salarial» y cuestionó la existencia del servicio cívico voluntario impuesto recientemente por el gobierno macrista.
«[El Gobierno] deja una suerte de principio de cambio cultural que habrá que revisar, como la innovación como ocurrencia individual o el emprendedurismo», señaló Terigi al pronosticar que «el Ministerio Nacional de Educación debiera fortalecer políticas sobre todo en las provincias que tienen mayores deficiencias educativas. Las normas que ya existen son potentes desde el punto de vista del reconocimiento».
Adrián Cannellotto destacó que en las mesas de trabajo hayan participado tanto la Unipe, de gestión estatal, como la UMET, privada y cuestionó los intentos de tomar modelos educativos exitosos en otros países para aplicarlos en la Argentina. «Copiar no es la solución, está demostrado. La educación tendrá que repensar la federalización que le pega de lleno a la educación», indicó al añadir que en la actualidad «se conjuga una enorme deuda externa y una enorme deuda interna social y que hay que acercar la idea de un pacto social para pensar los temas que son relevantes para el futuro».
En su condición de funcionario de un organismo internacional, Francisco Scasso hizo un repaso sobre los indicadores educativos de América Latina, admitió que «hacer rankings no tiene mucho sentido» y deslizó su opinión de que se ha hecho «poco para educar en contexto de calle». A su criterio, «hay que recuperar la integralidad de la política pública como primer desafío y la educación, como segundo desafío».
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/esi-jornada-extendida-federalizacion-educativa-propuestas-del-nid2295631
Por: Jorge Colina Idesa.
Es común escuchar las preocupaciones por la falta de trabajo para los jóvenes. No son injustificadas. La tasa de desempleo urbana entre jóvenes con entre 15 y 24 años asciende al 27% de los que se deciden entrar el mercado laboral, cuando dicha tasa entre los que tienen edades centrales, 25 a 55 años, es de apenas 8%. Pero este no es un fenómeno argentino. En el mundo, los jóvenes sufren mayores tasas de desempleo.
Lo que sí es un problema puramente argentino es la falta de un sistema de transición de la escuela al trabajo. Esto es, el conjunto de instituciones educativas y laborales que condicionan el tránsito de los jóvenes al empleo. Específicamente, son las modalidades y contenidos educativos, la institucionalidad para que las escuelas se conecten con las empresas y las regulaciones que rigen las prácticas laborales y las primeras experiencias en el empleo. La carencia es tan grave en Argentina que los dirigentes del sistema educativo y de las políticas laborales siquiera tienen conocimiento o conciencia de que debe existir un sistema para la transición de la educación al trabajo.
Para dar un ejemplo de la importancia que tiene contar con este tipo de sistema sirve observa los países de la Unión Europea (futuros socios comerciales de Argentina). Allí se identifican dos estilos muy diferenciados. En los países de tradición germánica –como Alemania, Austria, Suiza– la educación secundaria contempla explícitamente modalidades que preparan a los jóvenes para su entrada al mercado de trabajo. Estas modalidades conviven con las académicas cuya orientación es la prosecución de estudios universitarios. En cambio, un esquema alternativo es la de los países de tradición latina –como Francia, Bélgica o España– donde el foco está de manera casi excluyente en la preparación de los jóvenes para continuar con los estudios universitarios.
¿Cómo les va con la tasa de desempleo juvenil? En Alemania, Austria y Suiza la tasa de desempleo de los adultos es del 4% mientras que la tasa de desempleo juvenil es de 8% haciendo una relación de 2. En Francia, Bélgica y España la tasa de desempleo de los adultos es de 10% mientras que la juvenil es de 27% haciendo una relación de 2,7. Es importante comparar la relación entre desempleo adulto y juvenil de cada país, y no la tasa de desempleo juvenil entre países, porque parte del alto desempleo juvenil en algunos países se debe a una escasez de empleo general. De eso surge con claridad que en los países de tradición germánica los jóvenes sufren relativamente menos las dificultades para entrar al empleo que los países de tradición latina.
Esto es producto de que en los países germánicos hay una histórica y robusta relación del sistema educativo en sus niveles medio y superior con las empresas. Los jóvenes de la escuela secundaria, que no van a proseguir estudios superiores, son preparados y hacen prácticas en empresas para emplearse terminada la secundaria. Los que siguen estudios superiores también interrelacionan con empresas cuando avanzan sea en sus tecnicaturas superiores y en sus carreras de grado. En los países de tradición latina, en cambio, se tiende a pensar que hasta incluso la universidad es un claustro de pensamiento filosófico con objetivos mucho más integradores y superadores que el mero fin de lucro empresario. Ninguna de las dos posiciones está bien o mal. Simplemente que el camino que cada país elige va determinando su destino.
Argentina tiene la visión de los países de tradición latina. La prueba está en que, tan frecuente como la preocupación por la alta tasa de desempleo juvenil, es escuchar argumento del tipo “las escuelas no están para formar gente para las empresas” o “las pasantías son una forma de precarización laboral”.
Por esta razón, en Argentina los contenidos de las escuelas secundarias para dar empleabilidad, a pesar de que la mayoría de los jóvenes no irán a la universidad, son marginales, hechos con esfuerzos individuales, de manera pecaminosa y motivadas más por cuestiones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que como estrategia de formación de los recursos humanos. Los resultados son contundentes: sólo el 40% de los jóvenes termina la secundaria en tiempo y forma y el 10% adicional la termina con retraso. Esto implica que la mitad de los jóvenes no termina la secundaria y tampoco tiene formación para el trabajo.
Las instituciones laborales, a su vez, se encargan de potenciar el divorcio de la educación con las empresas. Si bien se contempla el contrato de pasantía, los requerimientos administrativos son muy restrictivos y burocráticos. Esto lleva a que las pocas instituciones educativas y empresas que se atreven a usarlos asignan más esfuerzo al papeleo que a la formación del alumno. Pero lo más grave es que es un contrato de alto riesgo. Si algo del papeleo se entiende incumplido, la pasantía pasa a ser considerada como relación de dependencia no registrada. Esto implica severas sanciones para la empresa. No aprovechar las pasantías para formar jóvenes en el empleo tiene consecuencias con posterioridad: apenas 18% de los pocos jóvenes ocupados son como asalariado registrado en una empresa. El resto se ocupa en la informalidad.
Argentina necesita construir un sistema moderno de transición de la escuela al trabajo. Esto requiere una profunda revisión de la política educativa y laboral sacándose de encima el tan atávico como equivocado prejuicio de que las escuelas no están para formar gente para las empresas y que las pasantías son una forma de precarización laboral.
Fuente del artículo: https://www.eleconomista.com.ar/2019-08-argentina-necesita-un-sistema-de-transicion-de-educacion-al-trabajo/
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