La noticia de hoy es que la Organización Mundial de la Salud ha constituido una nueva «Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible» con el objetivo de «replantear las prioridades políticas a la luz de las pandemias»; para sorpresa de muchos sectores a su cargo fue nombrado «Profesor Mario Monti, presidente de la Universidad Bocconi y ex Primer Ministro italiano y ex Comisario Europeo. La Comisión estará integrada por ex Jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos especialistas en ciencias de la vida y economistas, directores de instituciones de salud y bienestar social y dirigentes de la comunidad empresarial y las instituciones financieras». Pedimos a Vittorio Agnoletto, miembro de Medicina Democrática, militante por el derecho a la salud, ensayista y periodista de Pressenza, algunos comentarios sobre este tema.
Tu primera impresión en caliente…
El nombramiento de esta comisión, que debería analizar lo que sucedió durante la emergencia del Covid en la región europea y propondría soluciones y cambios, es una contradicción en sí misma porque los miembros de esa comisión, empezando por su presidente, el profesor Monti, son personas que en la gran mayoría de los casos han tenido responsabilidades gubernamentales, ya sea como Ministros de Salud o como Primeros Ministros, en los últimos veinte años en Europa y, especialmente, los años a partir de 2008 han sido los años del liberalismo descontrolado en la atención de la salud, la transformación de la salud en una mercancía y el triunfo de la introducción de estructuras privadas en los Servicios Nacionales de Salud.
Uno de los mayores problemas de la respuesta a las emergencias del Covid ha sido precisamente el recorte de camas, el recorte de hospitales, la destrucción de la medicina territorial, la gran cantidad de espacio que se ha dado al privado que se ha involucrado poco y de manera secundaria en la emergencia del Covid; quienes lo han logrado son en la mayoría de los casos los miembros de ese comité; por lo tanto, no tiene sentido confiar la solución a quienes contribuyeron en gran medida a crear ese problema.
¿Queremos recordar lo que el gobierno Monti hizo con la salud en Italia?
Los datos que hay son datos globales, por lo que no están desglosados por año. Pero basta decir que había 530 mil camas en el Servicio Nacional de Salud a principios de los años 80, pasando de 230 mil en 2012 hasta 210 mil en 2018; y esto se debe principalmente al cierre de pequeños hospitales y en todo caso de instalaciones públicas parcialmente sustituidas por el desarrollo de instalaciones privadas; para ser precisos, en los 530 mil debemos considerar que había todavía 65000 camas de psiquiatría que fueron cerradas a raíz de la ley Basaglia.
¿Cuáles son según tú y Medicina Democrática las prioridades de la Sanidad también, pero no sólo, en la función anti Covid?
En primer lugar, hay que cambiar radicalmente las prioridades del gasto en salud. Mientras tanto, es necesario aumentar la financiación general de la atención de la salud. Estamos por debajo del umbral del 6,3% del PIB, que es el umbral mínimo según la OMS para las respuestas a las necesidades de salud primaria de la población, y estamos en el límite inferior del PIB. Segundo: tras aumentar el gasto sanitario global, es necesario reasignar los recursos a los distintos sectores de la medicina, dando prioridad a la medicina preventiva, la medicina territorial y la vigilancia sanitaria. Tercero: es necesario aumentar y dar estabilidad al personal sanitario y asegurar que los Niveles Esenciales de Atención (Livelli Essenziali di Assistenza, LEA) puedan ser utilizados siempre por todos los ciudadanos, en cualquier parte de Italia y que sea la estructura pública la que garantice la posibilidad de que todo el mundo se beneficie de los LEA.
Si es cierto, como estoy convencido que, en un futuro próximo, independientemente de lo que suceda en el otoño con el Covid, seguiremos enfrentándonos a nuevas epidemias, nuevas enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de un ser humano a otro según un comportamiento preciso, es evidente que tendremos que enfocarnos en:
Un sistema de vigilancia sanitaria capaz de hacer sonar la alarma lo antes posible cuando llega un nuevo agente infeccioso para que los centros de salud puedan intervenir de manera preventiva.
Activar una red sanitaria territorial mediante el fortalecimiento de los médicos generales, los llamados médicos de familia, las clínicas territoriales, los servicios de prevención y los de medicina laboral son todos los servicios que se han reducido, recortado y dejado sólo de forma nominal en el territorio, muchos de ellos sin personal o casi completamente dotados de personal. Entonces lo que necesita ser fortalecido es este primer nivel de medicina. Incluso con un cambio cultural, hay que empezar a considerar la medicina no sólo como algo que cura sino también como algo que evita que la gente se enferme y esto es fundamental ante los riesgos de enfermedades infecciosas.
Por eso insisto en que la emergencia del Covid da un mensaje muy fuerte a todo el sistema de salud y la necesidad de cambiar su organización, sus prioridades y sus paradigmas.
Todo esto es exactamente lo contrario de lo que han hecho los gobiernos de Europa en las últimas décadas: han avanzado cada vez más en la integración del sector privado en los servicios de salud pública a través de mecanismos de acreditación o convención, han construido cada vez más servicios de salud hospitalarios, haciendo que todo gire en torno a los hospitales, han vaciado cada vez más la medicina territorial.
Traducido del italiano por Estefany Zaldumbide
Fuente e imagen: https://www.pressenza.com/es/2020/08/agnoletto-confian-la-solucion-al-responsable-del-problema/
«No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder.»
Benjamin Franklin
«El primer día derogaremos el Obamacare. El Obamacare es un gran problema de los demócratas y nosotros vamos a resolver ese problema«
«Lo tenemos bajo control«
Donald Trump
«Sabed que vuestros pueblos os juzgarán por lo que podéis construir, no por lo que destruyáis.«
Barack Obama
Mientras el presidente Trump prepara el terreno y el clima social de cara a las próximas elecciones presidenciales y los Demócratas continúan enfrascados en sus propias dinámicas internas, intentando transformar definitivamente el mermado sistema político estadounidense en un mero juego de popularidad y engaños, la abnegada comunidad científica que a duras penas logra sobrevivir, intentando asesorar al Gobierno de Estados Unidos durante la gestión de esta crisis sanitaria motivada por el Covid-19, se empaña una vez más en repetir para todo aquel que lo quiera escuchar el alarmante mensaje de que el coronavirus se encuentra hoy mucho más extendido en el país de lo que estuvo en los meses pasados. Con cerca 1,9 millones de positivos y 25.000 muertos durante el mes de julio, casi el doble que las cifras oficiales de los últimos meses, el total de infectados en el país se sitúa en la actualidad en los 4.700.000 con un balance total de 150.000 fallecidos. Unas cifras realmente crudas que evidencian la incapacidad del Imperio estadounidense para lograr hacer frente a los efectos de la pandemia entre su propia población.
Tal y como señala la doctora Deborah Birx, coordinadora médica del equipo de la Casa Blanca, el coronavirus continua hoy expandiéndose sin control tanto por las áreas rurales como urbanas del país, todo en medio de una contracción histórica de la economía nacional durante el segundo trimestre del año, fruto de los efectos de la pandemia en el consumo y la actividad de las empresas. La situación actual de Estados Unidos puede calificarse sin temor a equivocarnos de total y absoluto descontrol, al tiempo que la propagación del virus parece imparable entre protestas sociales, un consumo desmedido y desplazamientos generalizados por todo territorio nacional sin respeto alguno por las más básicas medidas de distanciamiento social. La cifra de desocupación alcanzaba la semana del 25 de julio los 1,43 millones de estadounidenses desempleados, un incremento de cerca de 12.000 personas respecto a la semana anterior. Sin la posibilidad real de una vacuna en un lapso de tiempo cercano más allá de las especulaciones en bolsa y con un panorama empresarial y económico realmente complicado, las colas del hambre en torno a los bancos de alimentos y la amenaza de un nuevo confinamiento, parecen ubicar a la administración Trump y al propio modelo estadounidense al borde del abismo.
El sistema de seguros médicos privado en Estados Unidos ha demostrado ser costoso e ineficiente, el país que más gasta en sanidad, cerca del 17% del PIB, se encuentra actualmente atrapado e un modelo que apenas satisface al 21% de la población
La situación de crisis sistémica potenciada por los efectos del Covid-19, afecta especialmente a un país que alberga a cerca de 40 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza y con aproximadamente la mitad de los trabajadores inmersos de lleno en un mercado laboral deteriorado y de bajos ingresos, en el que solo el 40% de los estadounidenses declara poder hacer frente a un gasto imprevisto de apenas 400 dólares, sin tener por ello que recurrir a la venta de alguna propiedad o a pedir dinero prestado. Con pérdidas generalizadas y sostenidas en el tiempo durante las últimas décadas de los ingresos reales de la clase trabajadora y con un panorama inmediato de profunda recesión económica fruto de los efectos del coronavirus, la ausencia de un sistema de salud pública en los Estados Unidos dibuja la respuesta política y social a esta crisis no tanto como un asunto de derecho a la vida y a la salud garantizado por el estado, sino como una cuestión meramente mercantilista de carácter individual en su respuesta. Mientras una minoría social ve totalmente garantizado su acceso a servicios sanitarios de calidad gracias a lograr costear las elevadas cuotas que exigen las compañías aseguradoras, el conjunto de la depauperada clase obrera estadounidense se enfrenta durante esta pandemia a la espada de Damocles que los acorrala a diario entre la amenaza de un contagio casi asegurado o el desempleo y la ruina. En un país en el que la cobertura sanitaria depende de la actividad laboral, eso supone sin lugar a dudas una condena al fracaso para el proyecto vital de gran parte del proletariado estadounidense.
Desde el acceso a los tests, hasta el más mínimo ingreso hospitalario, la profunda desigualdad del sistema y los efectos del coronavirus sobre el mismo, vienen en este contexto a depauperar los ya de por sí pobres índices de salud de un Imperio militar, económico, pero quizás no social o sanitario. Actualmente la esperanza de vida de los estadounidenses se encuentra situada en los 79,2 años, ubicándose así en el puesto número 40 de mundo, claramente por detrás del conjunto de naciones desarrolladas y muy lejos de los cerca de 83 años en los que se encuentra la esperanza de vida en nuestro país. Pero hay más, analizando en detalle los datos de un estudio del Centro Nacional sobre Pobreza de Estados Unidos (NPC) podemos ver como las diferencias sociales en el país son llamativas, mientras un hombre blanco con estudios universitarios sitúa su esperanza de vida cerca de los 80 años, un afroamericano con escasa formación, apenas llegaría a los 66 años. Otros datos complementarios en este análisis del marco social estadounidense como la mortalidad infantil o la mortalidad materna, evidencian claramente la actuación disfuncional del sistema sanitario de este país sobre la salud de su población. Con cerca de 5,7 muertes por cada 1.000 nacimientos y 26,5 muertes maternas en el año 2015 por cada mil nacimientos, Estados Unidos se ve de nuevo sobrepasado en estos indicadores por el conjunto de los países ricos, llegando incluso a ser superado en el primer indicador por países como Bosnia Herzegovina y Croacia y mostrando tendencias claramente contrarias a la evolución global en el caso de la mortalidad materna.
Actualmente cerca de 27,5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, lo que significa que cerca del 8,5% de la población carece de cualquier tipo de asistencia sanitaria de calidad
En medio de una situación de clara crisis sanitaria global, los cuidados hospitalarios, los medicamentos o las operaciones, suponen un gasto difícilmente asumible para millones de estadounidenses. Mientras las empresas mejor situadas suelen correr con los gastos del seguro médico de sus empleados, muchas otras no lo hacen o simplemente suelen ofrecer coberturas muy limitadas. Esta vinculación entre vida laboral y cobertura sanitaria, explicaría perfectamente la profunda brecha en el acceso a los cuidados sanitarios entre las diferentes clases sociales en Estados Unidos y su reflejo en los indicadores generales del país. Una sola noche de hospitalización en EE. UU. puede elevar una factura médica a cerca de 5.220 dólares, frente a los 424 que costaría en España, mientras que el precio de una operación de apéndice variaría entre los 16.000 dólares que pagaría un estadounidense a los apenas 2.000 que podría costar en el caso de un hospital español. No se trata únicamente de la inversión individual en servicios médicos tal y como señalan repetidamente muchos economistas liberales, sino del propio concepto de la sanidad, entendida esta como un bien común o como un lucrativo negocio. España se encuentra entre los países que menor porcentaje de la renta dedica a su sistema público de salud, unos 1.500 euros al año pero cápita, frente a los cerca de 9.000 dólares al año que dedica cada estadounidense, pero mientras el gasto sanitario del país norteamericano no cesa de aumentar y su atención es claramente deficiente para una mayoría social, el sistema público español se encuentra, pese a las continuas oleadas recientes de austeridad impuestas por el modelo neoliberal, entre los más eficientes y mejor valorados del mundo.
Cerca del 57% de los habitantes de Estados Unidos aseguran haberse llevado en algún momento de su vida una sorpresa con una factura médica que aparentemente cubría su compañía de seguros y quizás precisamente debido a eso, los estadounidenses acuden aproximadamente la mitad que los españoles al médico, una media de 4,1 visitas al año. Facturas de 126.000 dólares por un ingreso hospitalario de 4 días tras un accidente de moto, 47.000 dólares por servicios varios como laboratorio, anestesista, fisioterapia, rehabilitación, 60.000 dólares en servicios médicos esenciales como un escáner o una radiografía tras un accidente de coche, 11.000 dólares tras el traslado al hospital en ambulancia y una estancia de penas dos días o directamente 407.000 dólares por una estancia hospitalaria de algo más de dos meses. Analizar este contexto social en medio de un aumento significativo de casos de Covid-19 -una enfermedad que en muchos casos requiere intensos y prolongados cuidados hospitalarios- y con una crisis económica acuciante que afecta progresivamente a sectores más amplios de la población, supone hablar de un marco sanitario en el que el virus y una economía depredadora se unen mano a mano para poner en riesgo la vida de millones de personas, ante el nulo papel de un estado ciertamente inexistente que únicamente observa como las compañías de seguros negocian sus propias tarifas con médicos y hospitales, incluso caso por caso, para tratar al paciente como un cliente que en gran parte de los casos rematará teniendo que asumir una parte importante del coste de sus tratamientos, incluso cuando creía tener una cobertura sanitaria suficiente. Este es el caso de Malcol Bird: en 2016 un hospital en Connecticut le reclamó algo más de 600 dólares por haberle puesto una venda a su hija de un año tras haber sufrido un corte en el dedo mientras le cortaban las uñas. Cerca de 7 dólares por lavar la herida y una tirita y 622 dólares por el servicio médico y el uso de las instalaciones del hospital.
Estas elevadas cifras en las facturas médicas no son casos aislados en un sistema sanitario que funciona en su foro interno como un gran sistema especulativo al rededor de la salud de los pacientes o directamente jugando con la salud de los mismos: 1.000 dólares por una resonancia magnética, 300 dólares por una mamografía, 300.000 por una fractura de cráneo con hemorragia cerebral o 9.000 por un traslado en helicóptero. Una consulta medica en Estados Unidos ronda los 100 dólares en un médico de cabecera, 300 en un especialista y 700 dólares si además de la misma necesitamos un análisis de sangre. Estados Unidos es en esencia el país ideal para terminar arruinado por el costo de las facturas médicas.
Sin embargo el gobierno estadounidense no se muestra en absoluto capaz de garantizar la calidad de su sistema de salud pese al alto costo del mismo. No deberíamos olvidar que tras el cáncer y las enfermedades cardíacas, la tercera causa de muerte el país se debe precisamente a los errores médicos. Cerca de 250 mil personas al año mueren en Estados Unidos debido a esta causa, superando con creces los fallecimientos debidos a accidentes o infartos. Pero incluso con estas alarmantes cifras, la mala praxis o directamente la negligencia médica, no siempre conllevan automáticamente la suspensión del ejercicio profesional de sus responsables, sino que en gran parte de los casos los mismos son únicamente sometidos a largos procesos disciplinarios durante los cuales los médicos afectados por la investigación podrán seguir ejerciendo su profesión a la espera de que los Consejos Médicos de los estados en los que ejercen resuelvan las demandas. Miles de médicos estadounidenses ejercen su profesión pese a estar sometidos a investigaciones por abuso de drogas, acoso sexual, negligencias graves o incluso a cometer errores letales. Por estrambótico que parezca, la figura del Dr. Nick Riviera de Los Simpson, es un reflejo de una situación real de una parte del sistema sanitario estadounidense. En el caso del FBI contra el doctor Farid Fata, se demostró que al menos 553 personas habían sido falsamente diagnosticadas con cáncer y sometidas a caros y agresivos tratamientos médicos, por los que el doctor Fata llegó a presentar facturas equivalentes a 225.000.000 dólares al Medicare, el sistema de seguro de salud estatal de Estados Unidos. Largos y dolorosos procesos de quimioterapia aplicados a personas sanas, únicamente como forma de enriquecerse a costa de la salud de sus pacientes. Una estafa posible bajo el paraguas de un sistema de salud privado y depredador.
El 40% de las personas que están muriéndose debido a una enfermedad terminal en Estados Unidos, aseguran tener serias preocupaciones acerca de las facturas médicas y sobre como sus familias podrán hacer frente a las mismas
En la otra cara de la moneda, una enfermedad como la diabetis, fácilmente controlable y tratada con cambios en el estilo de vida y una buena dieta, supone a día de hoy una amenaza sanitaria creciente en un país en el que al menos el 72% de los adultos admite no consumir las suficientes frutas o vegetales y opta directamente por la comida rápida, llegando a consumirla incluso cuatro veces por semana, en muchas ocasiones debido a lo accesible de su precio frente a otras alternativas más saludables. Solo en California entre 2011 y 2017, los médicos llegaron a realizar más de 82.000 amputaciones diabéticas. Un procedimiento drástico e irreversible que ejemplifica claramente las consecuencias de ser pobre y carecer de seguro médico en Estados Unidos. Atendiendo a un estudio de 2015, los pacientes que sufren diabetes en comunidades que se sitúan en el nivel más bajo de la base de ingresos, tuvieron casi un 39% más de probabilidades de sufrir amputaciones severas en comparación con los que viven en comunidades de mayores ingresos. Las personas de raza negra o latinas tienen en la actualidad más del doble de probabilidades que los blancos de sufrir amputaciones relacionadas con la diabetes, lo que en muchos casos supone una incapacidad directa para continuar de manera efectiva en un mercado laboral cada vez más deteriorado.
La cosa es simple: sin trabajo, no hay seguro. Actualmente cerca de 27,5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, lo que significa que cerca del 8,5% de la población carece de cualquier tipo de asistencia sanitaria de calidad. Si triunfase el llamado «Trumpcare», la propuesta republicana para derogar y sustituir el Obamacare, esta cifra se elevaría en 14 millones de estadounidenses sin cobertura médica en el país durante el próximo año y cerca de 24 millones de cara al 2026. En una sola década, el número de habitantes sin cobertura médica podría llegar a situarse en Estados Unidos en 52 millones de personas. En contraprestación, la administración Trump podría reducir el déficit federal en cerca de 337.000 millones de dólares, una suculenta mordida económica con total seguridad destinada a los peces gordos de Wall Street y a una lluvia de fuego y destrucción sobre algún país soberano en forma de jugosos beneficios para la industria del armamento.
Debemos apuntar llegados a este punto que para los ciudadanos más depauperados de Estados Unidos existe un programa destinado a asistirlos con los gastos derivados de su atención médica, llamado Medicaid. Actualmente se encuentran inscritos en este programa unos 75 millones de personas, que ven como mediante servicios puntuales se cubren sus necesidades sanitarias. Pero el Medicaid únicamente se dirige a reducir los costes sanitarios, no a propiciar una atención gratuita. No es extraño por tanto encontrarse a familias que directamente recurren al crowfunding como la alternativa más directa de cara a intentar evitar la ruina que puede suponer una enfermedad en los Estados Unidos. La caridad individual como sustituto del papel que debería jugar el estado a la hora de aportarnos la atención médica que necesitamos. La más mínima visita a un hospital puede llegar a suponer una factura de cientos de dólares para aquellos que se encuentran sin cobertura sanitaria. Pese a que la ley de Estados Unidos exige que las personas que tienen una emergencia médica puedan obtener la atención que necesitan, independientemente de su capacidad de pago, la acuciante crisis económica y la seguridad de que las facturas médicas terminarán por llamar a la puerta de los pacientes, hace que el 57% de los trabajadores estadounidenses acudan a trabajar mientras están enfermos y que cerca del 33% lo haga de forma habitual. Una situación social que si bien supone una auténtica locura en condiciones normales, apunta directamente al desastre más absoluto en medio de la crisis sanitaria derivada del coronavirus.
La situación de crisis sistémica potenciada por los efectos del Covid-19, afecta especialmente a un país que alberga a cerca de 40 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza
Cerca de 45.000 personas mueren cada año en Estados Unidos debido a la falta de una correcta atención médica y el riesgo de morir aumenta en torno a un 40% entre quienes carecen de un seguro de salud. No se trata de una decisión individual o de un riesgo que corran personas irresponsables, se trata directamente de pobreza y de su efecto sobre la salud de las personas. Los gastos médicos suponen una de las principales causas de pobreza entre los estadounidenses y provocan que cada año miles de ciudadanos tengan que declararse en banca rota. Incluso entre quienes tienen un seguro médico, cerca de 500.000 personas deben declararse insolventes cada año debido a deudas relacionadas con sus enfermedades. Una deuda médica total de cerca de 81.000 millones de dólares que afecta a uno de cada seis estadounidenses. Una situación social límite que no hace sino empeorar con los años, si entre el año 2000 y 2006 la inflación en el país subió un 3,5% y los salarios de los estadounidenses aumentaron en un 3,8%, las primas de los seguros médicos lo hicieron a su vez en un 87%.
El simple hecho de adquirir un medicamento puede llegar a costar para un estadounidense miles de dólares mensuales pese a contar con un seguro, mientras un tratamiento con insulina cuesta entre 5 y 10 euros en España y es cubierto por la Seguridad Social, en Estados Unidos su precio se puede disparar a los 200-300 euros al mes con un seguro médico y hasta los 800-1200 euros para aquellas personas que carecen del mismo. Esto convierte el acceso a medicamentos básicos en un problema de primer orden de salud pública. En el caso del cáncer, el 42% de los estadounidenses que padecen esta enfermedad se dejan en facturas médicas durante los dos primeros años de tratamiento los ahorros de toda su vida. De nuevo un personaje de ficción como Walter White de Breaking Bad, retrata bajo toda la locura de su trama la realidad asfixiante de miles de ciudadanos en Estados Unidos. No en vano, un cáncer de vejiga puede llegar a suponer cerca de 21.000 dólares, frente a los más de 100.000 de tratamientos relativos a las últimas etapas de los tipos de cáncer más complicados.
El 59,7% de los estadounidenses obtiene directamente el acceso a su seguro médico por la empresa en la que trabaja, un 27% por ciento a través de programas del gobierno como Medicaid –destinados a gente con bajos ingresos– y Medicare –para mayores de 65 años– y solo un 9,1% lo hacen a través de seguros contratados de forma individual. Pero todos ellos, sin excepción, se ven inmersos en un bazar sanitario en el que las 10 compañías más importantes controlan el 70% de todo el mercado de los seguros sanitarios en Estados Unidos. Un sistema enormemente rentable para estas compañías cuyos beneficios superan ampliamente los 10.000 millones de dólares. Quizás por ello, sus directores se encuentran entre los profesionales estadounidenses mejor pagados con un promedio de 12 millones de dólares al año. Las compañías basan sus beneficios en la pura lógica mercantil y por ello estos directores funcionan como ejecutivos de una empresa y no como médicos, sus tareas principales se basan en seleccionar a pacientes con mayores necesidades médicas, especialmente los crónicos, eliminar a las personas que requieren cuidados costosos y reducir en la medida de lo posible la cobertura sanitaria prestada, aumentando los copagos. No en vano, el 40% de las personas que están muriéndose debido a una enfermedad terminal en Estados Unidos, aseguran tener serias preocupaciones acerca de las facturas médicas y sobre como sus familias podrán hacer frente a las mismas. Todo ello a pesar de que la mayoría tiene un seguro médico. Pero esto no es todo, tu edad, tu estado de salud y tu profesión, pueden suponer factores decisivos para que se te niegue un seguro de salud en Estados Unidos. Un modelo sanitario que en la práctica ya aplica una especie de eugenesia ligth a pacientes con antecedentes de cáncer, obesos, hipertensos o simplemente a fumadores o personas que practican deportes de alto riesgo.
La situación actual de Estados Unidos puede calificarse sin temor a equivocarnos de total y absoluto descontrol
El sistema de seguros médicos privado en Estados Unidos ha demostrado ser costoso e ineficiente, el país que más gasta en sanidad, cerca del 17% del PIB, se encuentra actualmente atrapado e un modelo que apenas satisface al 21% de la población. La supervivencia de un modelo demencial e ineficiente, solo resulta por tanto posible atendiendo al enorme peso que las compañías de seguros médicos tienen en la economía y en la vida política del país. El poder político y mediático de los grupos de presión relacionados con estas compañías es inmenso y se refleja fielmente en sus enormes aportaciones a las campañas electorales de las diferentes figuras con capacidad de decisión en el Congreso de Estados Unidos. Unos fondos que hasta ahora se dirigían de forma más o menos equitativa tanto a figuras demócratas como republicanas y que a día de hoy, tras el intento de la administración Obama por remodelar ligeramente el sistema sanitario estadounidense, parecen decantarse firmemente por las posturas más extremas y fundamentalistas de la ultraderecha del país. Medios como FOX News funcionan a su vez como un engranaje necesario para lograr trasladar satisfactoriamente el mensaje de estas grandes compañías de seguros a los estadounidenses, boicoteando con ello cualquier intento de Reforma Sanitaria mediante campañas de intoxicación informativa.
En medio de una de las mayores tragedias sanitarias de Estados Unidos debido a los desastrosos efectos Covid-19 sobre la población y a las puertas de la posible conjunción de esta crisis sanitaria con una profunda recesión económica que amenaza directamente a cerca de 28 millones de estadounidenses con ser desalojados de sus casas, el sistema sanitario de Estados Unidos parece profundizar en la decadencia de un país cuya clase trabajadora se encamina a la ruina y la realidad de unos índices sanitarios más propios de países del tercer mundo que de una potencia imperial. Todo, mientras su presidente, Donald Trump, se atreve a catalogar la situación en del país y su propia gestión de la pandemia de «adecuada». En un país con millones de personas sin acceso a servicios sanitarios y con grandes porcentajes de población decidiendo no acudir al médico por temor a ser deportados o a quedarse sin trabajo, el cambio de rumbo de un presidente y una militancia republicana adscrita a las teorías conspirativas, parece ser el golpe de timón definitivo para que un el coronavirus termine cobrándose la vida de millones de estadounidenses. De todos modos, pese al dolor personal y a la tragedia para la nación, para el sistema de salud del país y para las grandes firmas de seguros médicos, tan solo se tratará de negocios.
Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/las-invasiones-barbaras/
El Doctor Medardo Ávila Vázquez fue despedido de la clínica privada Caraffa, en la ciudad de Córdoba. Llevaba 18 años trabajando como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría. El motivo fue haber comprado un medicamento llamado Deltisona para el tratamiento de un niño con leucemia. “Esto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de caridad” fue la respuesta recibida por uno de los hijos de los dueños fundadores de la clínica. Luego de una discusión, el pasado lunes 8 de junio, el médico fue despedido.
El episodio, además de disparar el debate sobre la privatización de la salud y la respuesta cruel ante situaciones tan delicadas, también muestra la problemática de los pueblos fumigados y el uso de agrotóxicos.
Medardo Ávila Vázquez es un importante médico pediatra, neonatólogo y también conocido por expresar públicamente las responsabilidades políticas del modelo agroexportador que año a año contamina campos, cursos de agua y hasta escuelas y zonas urbanas con pesticidas como el glifosato.
También se desempeña como perito en una causa judicial que investiga el nivel de contaminación del agua en Pergamino que se instruye en el juzgado federal de San Nicolás y tiene procesados a tres productores agrícolas e imputados a dos ex funcionarios municipales. “Es una falta de respeto para la población de Pergamino y para todos. El agua no puede tener venenos. ¿Cómo le va a dar a sus vecinos, como responsable de la salud de su población, agua con veneno, por más que sea poquito?”, expresó en una radio dirigiéndose al Intendente Javier Martínez.
Ávila Vázquez, además, fue coordinador del 1º Encuentro Nacional de Médicxs de Pueblos Fumigados, realizado en 2010 en la UNC donde participaron más de 160 profesionales de la salud de las provincias de Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires, Neuquén, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Entre Ríos, Misiones y Catamarca; como así también de seis universidades nacionales. El encuentro fue importante como espacio que para generar análisis y reflexión académica y científica sobre el estado sanitario de los pueblos afectados por los agrotóxicos, así como “escuchar y contener a los miembros de los equipos de salud que vienen denunciando y enfrentando este problema”.
En 2015 participó del Primer debate sobre Agroquímicos en el Senado Nacional donde dio testimonio de su compromiso con la salud de los pueblos, detallando una investigación que realizaron conjuntamente desde la Universidad Nacional de Córdoba y de La Plata sobre el impacto medioambiental en el pueblo Monte Maíz, ubicado al sureste de la Provincia de Córdoba.
Desde la Coordinadora Por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, califican como un atropello el despido del doctor Medardo Ávila Vázquez, y se solidarizan a través de un comunicado donde le agradecen “profundamente su enorme compromiso y valentía cuando levantó su voz clara para denunciar los efectos devastadores del modelo agroindustrial sobre la salud de embarazadas, bebés y niños y niñas”.
A continuación compartimos la carta escrita donde Medardo relata lo ocurrido
Me despidieron tratando a un niño fumigado con leucemia
Hasta ahora y desde hace 18 años me desempeñaba como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría de una clínica privada de la ciudad de Córdoba (Clínica Caraffa), el pasado jueves 4 de junio me llaman desde la obra social de los empleados de la Provincia (APROSS) para que recibamos un niño de 2 años con supuesta bronquiolitis.
T.F. vive en Villa de María de Rio Seco, este es un pueblo del norte cordobés donde se extendieron los cultivos de soja y maíz a base de agrotóxicos y los niveles de contaminación son altísimos y también las protestas de los vecinos que tratan de que dejen de fumigarlos. El padre de T.F. murió en un accidente de tránsito, ahora vive con su madre, tíos y el abuelo. Su abuelo lo llevó ese día al centro de salud municipal porque está muy flaquito y hace 3 semanas que tiene fiebre. Desde el centro de salud lo mandaron directamente a Córdoba (a 300 km), con la ropa puesta, sin plata y en plena cuarentena. En realidad tenía una LEUCEMIA, al llegar volaba de fiebre y estaba sumamente debilitado y asustado llorando sin parar aterrado y dolorido. Solo acompañado de su abuelo paterno (un trabajador de la leña de los montes que destruye el agronegocio), porque su madre esta internada en Deán Funes teniendo otro bebe… El niñito lloraba llamando a su madre, quien no va a venir y quizás por mucho tiempo más aún. Al pobre niño le tuvimos que hacer todo tipo de intervenciones, incluso punción de medula ósea. Su estado era muy delicado, con una anemia severísima, lo trasfundimos y logramos compensarlo un poco. Al día siguiente, el viernes 5, teníamos confirmado el diagnostico de leucemia linfocítica aguda de células B.
El panorama se empezaba a esclarecer ya que es fuertísimo el vínculo entre exposición a agrotóxicos en la madre y leucemia en los hijos, incluso en revisiones de “medicina basada en la evidencia” como el metanálisis que ilustra esta crónica. En este estudio de Wigle et al. revisando 14 estudios publicados la conclusión es que la madres expuestas a agrotóxicos tiene dos veces y media más posibilidades de que sus hijos desarrollen una leucemia comparado con el riesgo norma de las madres no expuestas a estos venenos. Algo que se verifica claramente en nuestro paciente T.F. Y también verifica la injusticia ambiental y social de este caso, familia pobrísima que solo recibe las consecuencias sanitarias del agronegocio que destruye el ambiente y enferma a los vecinos.
A la tarde de ese viernes nuestra onco-hematóloga nos pide que empecemos con las altas dosis de Deltisona B (metilprednisona). No teníamos en gotas y la farmacia de la Clínica me informa que recién el lunes podría conseguir…. Deltisona B gotas hay en todas las farmacias y sale $470. Le aviso al Director médico que no teníamos la deltisona, pero que los pediatras la podríamos comprar en la farmacia del lado y arreglamos el lunes, todo OK. El sábado concurro nuevamente a ver los pacientitos y compro en la farmacia unos autitos de juguete, una segunda Deltisona B porque por las altas dosis que necesitaba el niño solo alcanzaban para día y medio y en el almacén comestibles y bebidas para el padre.
Bueno, el lunes 08 el niño estaba mucho mejor, las enfermeras le habían traído ropa y juguetes para él, nosotros ropa al padre, las chicas de laboratorio le compraron comida, agua y golosinas. Esa mañana, como a las 09:00 fallece Débora una niña de 6 años con un cuadro neurológico metabólico progresivo incurable que cuidábamos desde hace más de un mes, su estado era terminal y fue algo muy triste y doloroso para la familia y para todos nosotros. Mientras estábamos acompañando a la familia en ese momento tan desgarrador y humano, justo en ese momento me llama el joven y neoliberal abogado que junto con otra joven contadora, hijos de los dueños fundadores están manejando la clínica desde hace muchos meses. Bueno, me llama este gerente para reprocharme y retarme muy enojado por haber comprado la Deltisona supuestamente sin autorización, vociferarme diciéndome que esto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de CARIDAD!, situación que emotivamente me sobrepaso harto de meses de bullyng y falta de respeto y lo reputie como la situación, por lo menos, se lo merecía.
Conclusión, al medio día me llama para despedirme… y que arregle con su padre los términos de mi indemnización después de 18 años.
Sorprendido aunque sentía que este final no estaba muy lejos. En todos estos años trabaje como empleado en negro (como casi todos los médicos en dependencia privada de esta provincia) bajo mi responsabilidad estuvo el cuidado de más de 12.000 niños y 1800 recién nacidos y por suerte y dedicación tuvimos una excelente sobrevida y alta satisfacción de las familias, claro que también cometimos muchos errores, a algunos no pudimos ayudar a sobrevivir otros no supimos tal vez, pero no dejamos nunca de aprender de ellos. También forme varias camadas de residentes de los que me siento absolutamente orgulloso. En toda esta época, si bien la clínica era un negocio para los dueños, para nosotros era un lugar más para cuidar y ayudar a niñes enfermos y nos manejamos con amplio criterio hospitario, seguramente que esta condición se lograba porque la sociedad de los propietarios de la clínica eran en un 80% médicos que también trabajaban allí mismo. Esta situación desapareció, hoy la maneja un exclusivo criterio empresarial y este quedo expuesto en la patética situación de mi despido.
Y en medio de la pandemia, esta situación parece ser la gota que colmó el neoliberal vaso de los empresarios, seguramente les dolía que siempre apoye los reclamos por los derechos de los residentes, que siempre reclamamos por nuestro sueldo retrasado y los insumos y medidas de protección adecuadas, seguramente les molestaba de sobremanera que era público mi rechazo a la Declaración Jurada individual de que no tenemos Covid… y que si hay contagios es culpa del médico y deslinda de responsabilidad a las empresas y ministerios. Y que en todo mi sector de la clínica no pudieron hacérselo firmar a ningún médico. En esta época donde se mezcla en la trituradora los intereses de la “economía”, los derechos de los trabajadores de la salud y la salud como valor social, en esta trituradora, aprovecharon y me despidieron.
Están supuestamente prohibidos los despidos, pero si Techint lo hace con 1400 operarios, porque Clínica Caraffa no lo va a hacer conmigo, parece ser la realidad.
No me arrepiento de nada, volvería a hacer lo mismo, volvería a proteger como pueda a ese niñito fumigado y enfermo de muerte, volveríamos a comprarle su remedio y sus juguetes y volvería a decirle al patrón que no me lo diga por teléfono, que venga a decírmelo aquí en la cara que te voy a cagar a trompadas.
Fue un enorme placer para mí haber trabajado con todos los compañeros de esa Clínica, siempre todos tratando de dar una buena atención de salud. Los médicos de todos los servicios, las excelentes enfermera/os, las administrativas, camilleros, personal de limpieza, de la cocina, de mantenimiento, de diagnóstico. Gracias amigos y compañeros, nosotros cada uno de nosotros sabemos todo lo que ponemos, cuanta pasión, cuanta compasión, cuanto dolor, para tratar de ayudar al enfermo, al doliente, al desvalido, porque esa es nuestra función en esta vida. Les agradezco poder haber trabajado con ustedes, muchas gracias a todos. Y si, se aprovechan de nuestra nobleza, pero algún día tendremos que levantarnos para defender nuestra dignidad.-
Dr. Medardo Avila Vazquez
Médico Pediatra y Neonatologo MP. 16696
Fuente e imagen: https://www.anred.org/2020/06/19/cordoba-despiden-a-medico-que-estaba-tratando-a-un-nino-fumigado-con-leucemia/
Ya nos parecía extraño que Mario Vargas Llosa permaneciera en silencio ante las calamidades de la pandemia. Sobre todo las sufridas en sus dos países, el de origen, Perú, y el de su adopción, España. Allí se refugió después de haber sido repudiado por sus compatriotas hace hoy exactamente treinta años –un 10 de Junio de 1990- tras su humillante derrota a manos de Alberto Fujimori en la elección presidencial de ese año. Como era previsible aprovechó la ocasión de esta plaga para dar a conocer otra de sus tantas mentiras que parecen verdades -arte maligno del cual es un refinadísimo cultor- para alabar al gobierno de su amigo Luis Lacalle Pou que, según el escritor, decidió combatir al Covid-19 apelando a “la responsabilidad de los ciudadanos” y declarando “que nadie que quisiera salir a la calle o seguir trabajando sería impedido de hacerlo, multado o detenido, y que no habría subida de impuestos, porque la empresa privada jugaría un papel central en la recuperación económica del país luego de la catástrofe.”
Quien lea estas líneas comprobará que su indudable talento como escritor es tan grande como su ignorancia en materia de economía y estadística. También que su resentimiento contra la izquierda exacerba este defecto y lo induce a extraer conclusiones que se desmoronan como un castillo de naipes ante la más suave brisa. Aplaude el hecho de que en Uruguay sólo se registren 23 muertos a causa del coronavirus, pero insólitamente le atribuye ese mérito a un presidente que asumió pocos días antes del estallido de la pandemia. Su obcecación lo mueve a desconocer que antes de la presidencia de su amigo Lacalle Pou hubo quince años de gobierno del Frente Amplio (al que descalifica por sus “equivocaciones notables en política económica” aunque reconoce que se respetó “la libertad de expresión y las elecciones libres”) durante los cuales la salud pública fue una de las prioridades de la gestión del médico Tabaré Vázquez, durante diez años, así como durante el interregno de José “Pepe” Mujica. Fue esto: la fuerte presencia del estado en el terreno de la sanidad y no las palabras huecas e insulsas de Lacalle Pou lo que protegió al pueblo uruguayo de la pandemia.
A contrapelo de las políticas de la izquierda en Uruguay, en sus patrias de nacimiento y adopción el desastre producido por las ideas que Vargas Llosa publicita con tanto fervor es estremecedor. Con 5.738 muertos el Perú figura en el 21º lugar en la lista de 215 estados y territorios compilados por la Organización Mundial de la Salud. España ocupa el 6º lugar en el ranking gracias a las 27.136 víctimas del Covid-19 condenadas por las “políticas de austeridad” de los sucesivos gobiernos neoliberales que asolaron a ese país. Otros gobiernos admirados por el escritor: el de Ecuador con sus 3.690 muertos se coloca en el puesto número 17 mientras que el 19º está reservado para el Brasil de Jair Bolsonaro con un saldo luctuoso de 38.701 muertos.
Pero la medición del impacto de la pandemia y la eficacia de las políticas gubernamentales se muestran de modo más nítido si se controla el número de muertos por millón de habitantes. Bélgica, uno de los portaestandartes de la reacción neoliberal, registra 831muertos por millón de habitantes y el Reino Unido de su admirado Boris Johnson tiene un índicede 606/millón y un poco más abajo, en el sexto lugar, encontramos a España, con 580 muertos por millón de habitantes. Ecuador con 209, Brasil con 182 y Perú con 174 continúan en el pelotón de la vanguardia. Como se puede apreciar, todos países con gobiernos fieles a los cánones del neoliberalismo. Mucho más abajo en ese ranking necrológico está el Uruguay, con 7 muertos por millón, una performance notable, sin duda, igual a la que exhibe Japón. Pero mucho más meritorio es que esa misma cifra sea la que tiene Cuba, tan denostada por el hechicero neoliberal. Igual que Uruguay y el Japón pero sin que ninguno de estos dos países sufra la asfixia de un encarnizado bloqueo que se extiende a lo largo de sesenta años, que los maleantes que gobiernan Estados Unidos sólo atinaron a endurecerlo aún más en el medio de la pandemia.
Implacable crítico de Alberto Fernández –“lamentaremos la derrota de Macri”, dijo el escritor poco después de la victoria del candidato del Frente de Todos- y los gobiernos “populistas” de la Argentina Vargas Llosa debería saber que con sus 717 víctimas de la plaga este país exhibe una tasa de letalidad de 16 muertos por millón de habitantes, lejos, muy lejos de los valores que registran España y Perú, inclusive de Estados Unidos con sus 348 por millón. Y que en el país que gobierna su amigo Sebastián Piñera, este índice es ocho veces mayor que el de la Argentina. En efecto, en el más antiguo experimento neoliberal de América Latina y en donde la privatización de la salud ha sido llevada a sus extremos durante casi medio siglo el índice llega a 130 por millón.
Conclusión: la pandemia exige para su control una fuerte presencia del estado para proteger a la población, cosa que no se logra cuando la salud y los medicamentos son onerosas mercancías. La experiencia actual refuta los funestos delirios de los mentores intelectuales de Vargas Llosa: Popper, von Hayek, Berlin, Revel y compañía, responsables indirectos de políticas que sólo en los Estados Unidos produjeron más de 115.000 muertos. Afiebrados delirios que contrastan con los sobrios números de Cuba, Uruguay, China, Vietnam y Venezuela. Sí, la bloqueada república bolivariana que, como el Uruguay, también tuvo apenas 23 muertos por el Covid-19. Sólo que cuando se estandardiza esta medida por millón de habitantes la tasa en ese país no alcanza siquiera al 1 por millón, contra el muy plausible 7 del Uruguay. Pero todas estas cosas las calla el escritor, y no creo que sea porque desconozca algo tan elemental. Ha dado sobradas pruebas de que ignora las complejidades teóricas de la Economía Política y los fundamentos matemáticos de la Estadística. Pero cálculos tan simples como los que hemos expuesto más arriba están al alcance de cualquier persona que conozca las cuatro operaciones básicas de la aritmética. Me niego a admitir que Vargas Llosa sea incapaz de tan elemental tarea. Pero su fanatismo lo lleva, una y otra vez, a mentir para defender una causa perdida. No parece haber caído en cuenta de que aparte de las cuantiosas pérdidas humanas el Covid-19 hizo algo más: descerrajarle el tiro de gracia al neoliberalismo como fórmula de gobernanza. ¡Game over! Y si no me cree que por favor se dedique a leer los diarios de la mal llamada “comunidad financiera internacional” (en realidad una tropa de truhanes y bandidos de “cuello blanco”) que allí le explicarán con pelos y señales sus planes para el mundo que amanecerá cuando la pandemia haya sido controlada. Y en ese mundo el neoliberalismo se convirtió en una mala palabra que, si se la pronuncia, se lo hace en voz baja y mirando de reojo a los costados.
Fuente e imagen: https://atilioboron.com.ar/esa-irresistible-compulsion-por-mentir/
Manifestantes se enfrentaron este miércoles en Honduras contra policías durante una protesta contra dos decretos que los maestros y médicos aseguran son lesivos para ellos y afectan a la población en general.
El centro de Tegucigalpa se convirtió de nuevo en escenario de una batalla campal entre supuestos estudiantes del sector público que se apostaron frente a la sede del Parlamento hondureño, donde quemaron neumáticos.
Centenares de maestros, médicos y estudiantes del sector público habían expresado en diferentes marchas, que habían transitado pacíficamente, su rechazo a dos decretos relacionados con la transformación en las áreas de Salud y Educación, aprobados en abril, que el Parlamento archivó a raíz de las protestas.
Los manifestantes, muchos de ellos con el rostro cubierto, lanzaban piedras al edificio del poder Legislativo y a los policías, que respondían con bombas lacrimógenas.
A raíz del enfrentamiento, los comercios e instituciones públicas y privadas cerraron sus edificios en el centro de Tegucigalpa, donde muchas personas han sido afectadas por el gas lacrimógeno lanzado por los policías.
Más temprano el presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), Roberto Tróchez, dijo a periodistas que si hoy no logran un acuerdo con el Gobierno, convocarán a sus bases a un paro nacional.
Los maestros y los médicos exigen la derogación definitiva de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación por considerar, entre otras cosas, que incluye la privatización de la salud y la educación, y despidos masivos de personal.
A las protestas de los maestros y de médicos, que iniciaron hace dos semanas, hoy se sumaron estudiantes de educación media y del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Las manifestaciones han paralizado en gran medida las labores en escuelas y colegios públicos de las principales ciudades del país, al igual que en algunos hospitales.
Los manifestantes han advertido de que mantendrán su protesta hasta que el Parlamento hondureño derogue de manera definitiva los dos decretos.
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