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Mactumactzá: la brecha digital se castiga con cárcel

Por: Abel Barrera Hernández 

De los 480 estudiantes normalistas de Mactumactzá, 90 por ciento son indígenas. La mayoría pertenece al pueblo tzeltal, que convive con jóvenes de los pueblos tzotzil, tojolabal, zoque, chol y mam. Es la riqueza lingüística y cultural parte de la fortaleza de esta normal rural. Pese a sus raíces ancestrales, la educación que reciben es para reproducir la desigualdad social, al ser receptores de un modelo educativo centrado en el individuo y la servidumbre. En la normal han aprendido a luchar desde las aulas para no perder su identidad y mantener el sentido de justicia social que dio origen a este modelo educativo. Muchos jóvenes provienen de comunidades indígenas recónditas, donde no hay fluido eléctrico, ni caminos rurales. Hay normalistas que caminan más de 10 horas para llegar a San Cristóbal de las Casas. Es una osadía ingresar a la normal porque implica superar la brecha lingüística y enfrentar la discriminación de los ladinos, así como la hostilidad y racismo de los patrones y de la clase política vetusta.

El nexo con las comunidades indígenas forma parte de ese “espíritu público”, que intentó imprimir José Vasconcelos a las normales rurales, infundiendo en los estudiantes el sentido de sacrificio de la educación, como cualquier labor misionera. Es decir, educar para entregarse a una causa mayor. La pedagogía para la acción en las normales rurales fue concebida por Moisés Sáenz, bajo la influencia de John Dewey, en un modelo de “aprender haciendo”. Enfatiza el sentido práctico de la escuela que debe estar íntimamente ligada al entorno de los estudiantes. Esta metodología fue apropiada por las normales rurales, al transformarse en espacio abierto en constante interacción con las comunidades indígenas y campesinas. Para el ex subsecretario de Educación “la escuela rural libre de tradiciones y con un campo amplio de urgentes necesidades donde laborar, es la institución que más contribuirá a transformar México”. Este compromiso social de los estudiantes normalistas adquirió vigor con el autogobierno ejercido desde la base estudiantil, logro defendido con su sangre para mantener su autonomía y forjar el acero como futuros maestros rurales.

El normalismo rural hizo realidad el derecho a la educación para los hijos de indígenas y campesinos. La escuela-internado púbico y gratuito para mujeres y hombres, bajo un modelo formativo en que se combinan estudio y trabajo, es una conquista histórica que las nuevas generaciones de normalistas han preservado ante la privatización de la educación, promovida por los gobiernos caciquiles y neoliberales. El contexto en que surgen las normales rurales las hermanó con las demandas y luchas sociales de los indígenas. Este nexo entre escuela y comunidad definió el perfil educativo y el compromiso social de los normalistas cuya matriz cultural se cimienta en las comunidades indígenas. La combatividad de los estudiantes es producto de esta tradición organizativa, anclada en la conciencia social y política que adquieren desde que ingresan a la normal.

La vida en las normales implica una rigurosa disciplina en el estudio y en el trabajo, también formas de organización colectiva orientadas a cumplir con las tareas cotidianas para el correcto funcionamiento de su casa-escuela. Hay una observancia rigurosa de la actividad académica y del trabajo colectivo, así como de las tareas para emprender acciones orientadas a difundir sus demandas. Esta lucha tenaz ha propiciado reacciones irascibles de los gobernantes en turno.

Históricamente, las normales rurales son las instituciones que más ataques han sufrido, con la perversa intención de desaparecerlas. Por tratarse de actores incómodos de extracción indígena, se las criminaliza. Gobiernos caciquiles, como los de Guerrero, Chiapas e Hidalgo, además de emprender una campaña de odio, para justificar la represión, han usado la fuerza para someter y acallar sus demandas legítimas. Cárcel, gases lacrimógenos, balas de goma y armas de fuego se han usado contra los normalistas, que en todo momento abanderan el cumplimiento de su pliego petitorio, demandas básicas relacionadas con el aumento de la matrícula, aplicación de exámenes de manera presencial, apoyo económico para prácticas escolares, así como aumento del presupuesto para el comedor estudiantil, mejoramiento de la infraestructura del internado y los salones de clase. Esas demandas han desencadenado represión desproporcionada, por la que varios jóvenes han perdido la vida o la libertad.

En Mactumactzá, desde 2003, cuando Pablo Salazar Mendiguchía destruyó los dormitorios, el comedor y salones de clase para cerrar la escuela, los estudiantes mostraron su casta al resistir la ola represiva y reagruparse con las demás normales rurales. Rentaron algunas casas en la colonia Plan de Ayala para defender su escuela. Con movilizaciones y un trabajo muy intenso entre los estudiantes, recuperaron el comedor, algunos dormitorios y canchas de basquetbol. Con trabajo voluntario y cooperaciones reconstruyeron sus dormitorios. Pese a ello siguen en la precariedad y hacinados, al dormir más de seis personas en cuartos de tres por tres metros, adaptando literas de tres camas. Reciben 74 pesos diarios, para alimentos por estudiante. Tienen que sobrevivir con frijoles, huevos y sopas, y con el riesgo de que algún edificio se colapse.

Las carencias económicas que desde niños padecieron se multiplican ahora en la normal. Experimentan el odio racial de la población ladina y el golpeteo permanente del gobierno morenista de Rutilio Escandón. La postura inflexible de aplicar el examen de admisión de manera virtual, propició el desalojo violento de los estudiantes que protestaban en la caseta de cobro de la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Detuvieron a 74 mujeres que fueron recluidas en el penal de El Amate, y 19 varones que fueron vinculados a proceso, junto con dos indígenas desplazados de la comunidad de Chenalhó, que están en el Cereso 14 de Cintalapa.

La exigencia normalista de que las autoridades apliquen un examen presencial en un cuadernillo y lápiz, en lugar de aplicarlo en línea por la inoperancia de la conectividad en comunidades indígenas, profundizó la animadversión de Escandón, quien envió granaderos, para reprimirlos. El Ejecutivo está muy lejos de entender la historia de las normales rurales y su mística cimentada en el servicio a las comunidades. Ha tirado por la borda el papel que desempeñan los maestros indígenas en sus comunidades. Es una lucha sorda contra la desigualdad social y ahora, en plena pandemia, contra la desigualdad digital.

Fuente: www.jornada.com

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Cómo Se Adoctrina A Los Jóvenes Para Que Obedezcan: Noam Chomsky

 Artículo del filósofo, lingüista y activista político Noam Chomsky , publicado el 1 de diciembre de 2014 

Por: Noam Chomsky

La educación pública está siendo atacada en todo el mundo y, en respuesta, recientemente se han llevado a cabo protestas estudiantiles en Gran Bretaña, Canadá, Chile, Taiwán y otros lugares.
California también es un campo de batalla. Los Angeles Times informa sobre otro capítulo de la campaña para destruir lo que había sido el mejor sistema de educación superior pública del mundo: «Los funcionarios de la Universidad Estatal de California anunciaron planes para congelar las inscripciones en la mayoría de los campus».
Se está llevando a cabo una eliminación de fondos similar en todo el país. «En la mayoría de los estados», informa The New York Times, «ahora son los pagos de matrícula, no las asignaciones estatales, los que cubren la mayor parte del presupuesto», de modo que «la era de las universidades públicas asequibles de cuatro años, fuertemente subvencionadas por el estado, puede haber terminado «.
“Ha habido un cambio de la creencia de que nosotros, como nación, nos beneficiamos de la educación superior, a la creencia de que son las personas que reciben la educación las que se benefician principalmente y, por lo tanto, deben pagar la factura”, concluye Ronald G. Ehrenberg, fideicomisario de el sistema de la Universidad Estatal de Nueva York y director del Instituto de Investigación de Educación Superior de Cornell.
La educación pública masiva es uno de los grandes logros de la sociedad estadounidense. Ha tenido muchas dimensiones. Uno de los objetivos era preparar a los agricultores independientes para la vida como trabajadores asalariados que tolerarían lo que consideraban una virtual esclavitud.
El elemento coercitivo no pasó sin previo aviso. Ralph Waldo Emerson observó que los líderes políticos piden educación popular porque temen que «este país se esté llenando de miles y millones de votantes y hay que educarlos para mantenerlos alejados de nuestras gargantas». Pero educados de la manera correcta: limite sus perspectivas y comprensión, desaliente el pensamiento libre e independiente y capacítelos para la obediencia.
La “vil máxima” y su implementación han provocado regularmente resistencia, que a su vez evoca los mismos temores entre la élite. Hace cuarenta años existía una profunda preocupación porque la población se estaba liberando de la apatía y la obediencia.
Desde entonces, se han tomado muchas medidas para restaurar la disciplina. Una es la cruzada por la privatización: poner el control en manos fiables.
Otro son los fuertes aumentos en la matrícula, casi un 600 por ciento desde 1980. Estos producen un sistema de educación superior con «mucha más estratificación económica que en cualquier otro país», según Jane Wellman, exdirectora del Proyecto Delta Cost, que monitorea estos asuntos. Los aumentos de la matrícula hacen que los estudiantes se endeuden a largo plazo y, por lo tanto, se subordinen al poder privado.
Las justificaciones se ofrecen por motivos económicos, pero son singularmente poco convincentes. En países de ricos a pobres, incluido México vecino, la matrícula sigue siendo gratuita o nominal. Eso también fue cierto en los propios Estados Unidos cuando era un país mucho más pobre después de la Segunda Guerra Mundial y un gran número de estudiantes pudieron ingresar a la universidad bajo el proyecto de ley GI, un factor de crecimiento económico excepcionalmente alto, incluso dejando de lado la importancia de mejorar la vida.
Otro dispositivo es la corporativización de las universidades. Eso ha llevado a un aumento dramático en los niveles de administración, a menudo profesionales en lugar de extraídos de la facultad como antes; ya la imposición de una cultura empresarial de «eficiencia», una noción ideológica, no solo económica.
Un ejemplo es la decisión de las universidades estatales de eliminar los programas de enfermería, ingeniería e informática, porque son costosos y resultan ser las profesiones donde hay escasez de mano de obra, como informa The New York Times. La decisión daña a la sociedad pero se ajusta a la ideología empresarial de la ganancia a corto plazo sin tener en cuenta las consecuencias humanas, de acuerdo con la vil máxima.
Algunos de los efectos más insidiosos se encuentran en la enseñanza y el seguimiento. El ideal de educación de la Ilustración fue capturado en la imagen de la educación como un hilo que los estudiantes siguen a su manera, desarrollando su creatividad e independencia mental.
La alternativa, que debe ser rechazada, es la imagen de verter agua en un recipiente, y uno muy goteante, como todos sabemos por experiencia. Este último enfoque incluye la enseñanza para probar y otros mecanismos que destruyen el interés de los estudiantes y buscan encajarlos en un molde, fácilmente controlables.
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Fuente e imagen: https://www.bloghemia.com

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España: Coordinadora General de Pensionistas de Madrid convoca manifestación el próximo 22 de mayo, desde la Puerta del Sol al Congreso de los diputados

La Coordinadora General de Pensionistas de Madrid convoca el próximo sábado día 22 de Mayo las 12 h una manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones cuyo recorrido será de la Puerta del Sol al Congreso de los diputados.

Basándose en la recomendación decimosexta del Pacto de Toledo se esta negociando a espaldas de los pensionistas LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES por medio de la implantación casi obligatoria y complementaria, como 2º pilar del Sistema Público, los PLANES PRIVADOS DE EMPRESA que romperán la caja única de la Seguridad Social y debilitarán las pensiones públicas como las conocemos ahora. El acuerdo político ya está hecho. Ahora se está negociando el pacto social con la patronal, CEOE y CEPYME, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y el Ministerio de Seguridad Social.

El desarrollo de dichos Planes Privados de Empresa, en la propuesta de reforma que plantea el Sr Escrivá, pretende detraer dinero público, mediante el aumento de las desgravaciones fiscales y mediante las aportaciones a los mismos de las distintas administraciones creando un fondo que estaría gestionado por una entidad privada. Es evidente que se pretende, a través de esos Planes Privados de Empresa, desarrollar los sistemas de capitalización que nos llevan a la Mochila Austriaca.

Recientemente el 30 de Abril se ha enviado a Bruselas la propuesta de reforma de pensiones donde se pretende generalizar dichos PPE, aumentar el periodo de computo para el calculo de la pensión y penalizar la jubilación anticipada mediante nuevos coeficientes reductores ante esta degradación continua de las pensiones y los servicios públicos:

CONVOCAMOS A LA SOCIEDAD A manifestarse, con las debidas medidas de seguridad, el sábado 22 de mayo a las 12H, de SOL AL CONGRESO. Diremos NO a que trabajemos hasta los 67 o 70 años mientras el 50% de nuestra juventud está en el paro o ha tenido que emigrar. NO a aumentar los años de cotización para tener derecho al 100% de la pensión y el cálculo de su cuantía. NO al factor de sostenibilidad para reducir las pensiones en función de la esperanza de vida. NO al factor de equidad generacional que pretende sustituirlo. Exigimos la subida de las pensiones mínimas, los 1084 € según CSU. Exigimos acabar con la vergonzosa brecha de género en el mundo laboral y de pensiones que deja al 50% de la población, mujeres, sumidas en la exclusión social. Exigimos poner fin a los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas, dado que suponen un ataque a los derechos históricos de los trabajadores. Exigimos la derogación de las reformas laborales y de pensiones del trienio negro del 2010 al 2013, que han supuesto la pérdida de derechos sociales y económicos de la mayoría de la población.

Coordinadora General de Pensionistas de Madrid

APOYAN ESTA MANIFESTACIÓN CGT ( pensionistas), Confederación General del Trabajo, CO.BAS (Sindicato Comisiones de Base), ASC (Alternativa Sindical de Clase), Sindicato de Estudiantes, CSU/PJ, Solidaridad Obrera, Sindicato SI.L:VI.A, Bloque Combativo, PAH (Plataforma Afectados Hipoteca), Coordinadora 25S.PAH de Fuenlabrada. Plataforma Sindical de la EMT.

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El panismo y los problemas educativos de Querétaro

Por:

El estado de Querétaro se ha destacado por su escasa inversión pública en educación inicial (niñas y niños entre los 0 y los 3 años de edad).

¿Cuáles son los principales problemas de la educación en Querétaro? ¿Cuáles han sido los procesos y los resultados de la educación pública en lo que va de la gestión del gobierno estatal (2015-2021), luego de cinco años y medio en que el panismo ejerce del poder ejecutivo, así como la mayoría en el congreso local?

El contexto político

Este año 2021 habrá cambio de gobierno (poder ejecutivo estatal) en Querétaro. También se darán relevos en las 18 presidencias municipales de la entidad; lo mismo sucederá con la integración de la legislatura local (25 escaños). Junto con las elecciones constitucionales (federales) intermedias. Este año es, sin duda, un tiempo de intensa actividad política en el territorio queretano.

Debido a que esta semana se iniciaron abiertamente las campañas políticas para dar a conocer las propuestas de las y los candidatos a los diferentes puestos de elección, conviene realizar un breve balance acerca de la situación que prevalece en el sector educativo estatal.

Retomo una parte del análisis que di a conocer a finales de 2020 (1). Según lo registrado en un documento oficial, el Programa Sectorial de Educación, Querétaro 2016-2021, el gobierno estatal se propuso “…como objetivo estratégico sectorial, garantizar una educación integral centrada en el mejoramiento de la calidad, la pertinencia y el acceso con equidad, mediante la articulación de los diferentes niveles, modalidades y servicios educativos, culturales y deportivos, con la participación de los diferentes sectores”. (2)

De las seis estrategias enunciadas en ese documento, derivadas del objetivo sectorial antes descrito, cuatro de ellas estaban dirigidas explícitamente hacia la Educación Básica en el estado (las estrategias 1, 3, 4 y 5): “1. Aseguramiento de la formación integral de calidad en educación básica, que equilibre la formación en valores y el desarrollo de competencias para la vida, con la participación de los padres de familia y en general de la sociedad… 3. Mejoramiento de las condiciones de infraestructura en los centros educativos, culturales y deportivos. 4. Ampliación de la cobertura mediante la diversificación de las oportunidades de acceso e inclusión a la educación, la cultura y el deporte para todos los sectores de la población y regiones del Estado, como parte de la formación integral de los queretanos. 5. Fortalecimiento de las acciones para disminuir el abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal en todos los niveles educativos”.

Calidad

Con respecto a la primera estrategia, pregunto: ¿Se ha logrado la llamada “formación integral de calidad”? ¿Cuáles son las evidencias en el avance o retroceso de esa llamada “formación integral de calidad” en la Educación Básica en Querétaro? ¿Cuáles son los indicadores de la prueba ENLACE o de la prueba PLANEA como para evaluar las políticas públicas educativas estatales, en términos de los avances en la enseñanza y en el logro de los aprendizajes escolares? ¿Hay algún instrumento de evaluación de los aprendizajes escolares, alternativo a la prueba PLANEA (que coordinó hasta 2018 el INEE) por parte del estado de Querétaro? (3)

Infraestructura

Acerca de la tercera estrategia antes mencionada, sería interesante que las autoridades educativas estatales, hoy encabezadas por Carlos Arredondo, respondieran a las siguientes preguntas: ¿El gobierno del estado de Querétaro (específicamente la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, USEBEQ), cuenta con una valoración sobre el “mejoramiento de las condiciones de infraestructura en los centros educativos, culturales y deportivos” durante los últimos 5 años y medio? ¿Cómo se ha evaluado el avance en ese rubro? ¿Qué dicen las maestras y los maestros de Querétaro con respecto a las condiciones materiales de trabajo en sus centros educativos de básica (Preescolar, Primaria y Secundaria)? ¿Cuál es la opinión de las y los estudiantes y sus familias al respecto?

Recientemente el candidato del PAN, el empresario Mauricio Kuri, afirmó en una de sus cuentas en redes sociales digitales, que:

“La infraestructura educativa del país se encuentra en pésimas condiciones. Al contrario, el gobierno de Querétaro ha dignificado 1200 escuelas de todos los niveles, con tecnología e instalaciones de primera. Seguiremos equipando planteles, ofreciendo becas y acceso a internet.”

Recupero un comentario expresado por una maestra acerca de lo dicho por el candidato Kuri:

“Sr. Kuri. Lo invito a platicar con directores de escuelas públicas del estado de Querétaro. Las cosas no están bien como usted supone: escuelas olvidadas, saqueadas, vandalizadas, sin personal de apoyo, y un largo etc.”

Al respecto, cabe mencionar que en Querétaro hay, según el informe estadístico 2019-2020, 3 mil 089 escuelas públicas en total, de las cuales 1202 son de Educación Preescolar, 1288 de Primaria, 415 Secundarias, 130 escuelas de educación media superior y 21 de educación superior. ¿Cuáles son esas 1200 escuelas dignificadas o con “instalaciones de primera”?

Cobertura

En relación con la cuarta estrategia, relacionada con la “Ampliación de la cobertura mediante la diversificación de las oportunidades de acceso e inclusión a la educación”, conviene recordar que Querétaro se ha destacado por el incumplimiento, con creces, en la cobertura de la Educación Preescolar (específicamente en niños y niñas de 3 a 4 años). De acuerdo con datos de la estadística oficial de la SEP (2017-2018), Querétaro tenía una cobertura de alrededor del 20 por ciento en este grupo de edad. ¿Las autoridades estatales podrían decirnos cuál es el porcentaje actual, al término del sexenio, en este rubro? Y si se logró un avance ¿en qué proporción? Y si no ¿Por qué no se ha rebasado esa meta o esa cifra? Cabe señalar que la cobertura universal de la Educación Preescolar se encuentra establecida, en México, en la ley desde 2002. (4)

Exclusión, desafiliación o expulsión de estudiantes del sistema estatal

Sobre la quinta estrategia, considero que en el texto en cuestión se asoma una trasnochada concepción del “abandono escolar”. Se habla de ella como si la decisión de las y los estudiantes, implícitamente, fuera una responsabilidad o una determinación individual. Por el contrario, pienso que la exclusión, desafiliación o la expulsión del sistema educativo de las niñas, los niños o l@s jóvenes, es un proceso estructural, institucional, de características más complejas. ¿Cómo pudieron conducirse las políticas públicas educativas con este nivel anacrónico en la concepción general y específica sobre los procesos educativos? ¿Cuáles son las cifras actualizadas de la expulsión, desafiliación o exclusión social (no de “abandono”) de estudiantes de educación básica, media superior y superior en el estado luego del contexto de pandemia?

Derecho a la educación

Por otra parte, cabe señalar que en el documento referido hay sólo 10 menciones al concepto de derechos: 3 de ellas son referencias de leyes o de bibliografía, 4 se relacionan con “derechos sociales” y las demás menciones a otros, como los “derechos humanos” (en un documento de 49 páginas). Como era de suponerse (es un gobierno de origen neopanista), no aparece explícita ninguna mención a la educación como un derecho humano fundamental. No hay, por lo menos, un énfasis en esa dirección.

Privatización de la educación

Respecto al tipo de sostenimiento o financiamiento y de organización, en la educación especial, las autoridades locales informan que el 97.5% de la matrícula era atendido por instituciones públicas y sólo 2.5% por privadas; en educación básica, el 81.9% por las públicas, mientras que el 18% por las privadas. Por su parte, en la educación media superior se registraba un 73.6% de la matrícula escolar en instituciones educativas públicas y 26.4% en privadas; y en educación superior se tenía un 55.13% en instituciones públicas y 44.87 en escuelas privadas.

¿Esto significa, entre otras cosas, que para las y los jóvenes queretanos o radicados en la entidad, las posibilidades de acceder a la educación superior pública, año con año, se ven cada vez más reducidas?

Así mismo, el estado de Querétaro se ha destacado por su escasa inversión pública en educación inicial (para niñas y niños entre los 0 y los 3 años de edad). Veamos algunos datos: Según el reporte estadístico 2019-2020, el estado registró 10 escuelas públicas de educación inicial, mientras que el sector privado cuenta con 135. Adicionalmente y derivado de lo anterior, el 89 por ciento de la matrícula de educación inicial es atendida en escuelas privadas, mientras que sólo el 11 por ciento de esta población infantil es cubierta o está inscrita por la escuela pública.

La sociedad queretana y del país, requiere de información puntual acerca de los avances, o no, de las políticas públicas educativas aplicadas, en lo local y nacional. La eventual coyuntura del cambio de gobierno, en 2021, es una oportunidad propicia para enfocarnos en el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas, no como actos de control en el vacío, sino como actos democráticos, si es que aspiramos a contar con gobiernos que se apeguen a las necesidades y demandas de la ciudadanía, y que no se sirvan de ellas.

Fuente consultada y notas:

(1) Ver: “La Educación Básica en Querétaro (2015-2020)”. SDP Noticias, 14 de octubre, 2020.

(2) Programa Sectorial de Educación, Querétaro 2016-2021. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

http://coepesqro.org.mx/static/docs/REUNIONES/2017/1RA%20SESION%20ORDINARIA/10.A%20PROSEQ%202016-2021%20v20%20FINAL.pdf

(3) En el documento referido se incluyen tres definiciones acerca de la “calidad” de la educación: Preguntas: ¿Por qué insertar tres definiciones o caracterizaciones sobre la “calidad” en el ámbito educativo? ¿Dónde queda la formación académica, educativa y pedagógica, en una sociedad del conocimiento? ¿Entre estas definiciones hay relaciones jerárquicas o de inclusión? ¿No sería conveniente insertar una sola aproximación al concepto de la “calidad” educativa o de la educación para evitar confusiones, que incluya las ideas relacionadas con la equidad y el enfoque de derechos?

(4) En Querétaro hay más de 2 mil 900 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, de las cuales un porcentaje cercano al 30 por ciento son de organización multigrado (primaria) o telesecundarias. Además, laboran alrededor de 14 mil profesores y profesoras de Educación Básica, según cifras de 2019.

Fuente e imagen: sdpnoticias

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La mentalidad privatizadora de Bolsonaro

Por: Hedelberto López Blanch 

Cuando el presidente brasileño Jair Bolsonaro se enfrenta a numerosas denuncias por crímenes contra la humanidad por su desidia en controlar la pandemia de la Covid 19 que ha provocado decenas de miles de muertos, así como por destruir la Amazonía, perseguir a los indígenas, arruinar su habitad e ignorar sus derechos, el mandatario continúa impulsando la privatización en todos los lugares del país.

Las dos últimas medidas tomadas por su administración han causado enorme malestar entre la población, partidos políticos de oposición y hasta en la comunidad internacional debido a la nefasta trascendencia que tienen contra los derechos públicos.

En medio del avance de la pandemia de coronavirus en el país, Bolsonaro lanzó una propuesta para iniciar un proceso de privatización del sistema público de salud, uno de los pilares de la Constitución de 1988.

De esa forma se ordenó el inicio de los estudios sobre alternativas de asociación privada para la construcción y operación de Unidades Básicas de Salud en los Estados, el Distrito Federal (Brasilia) y los Municipios.

El decreto abre paso para que el Sistema Único de Salud (SUS), que atiende a tres de cada cuatro brasileños, sea incluido dentro del Programa de Proyectos de Inversiones (PPI) que asiste al 75 % de la población brasileña. El otro 25 % posee seguros privados.

La mano derecha de Bolsonaro para esas ejecuciones, es el ministro de Economía, Paulo Guedes definido como un ultraliberal graduado en la escuela de Chicago que trabajó para la dictadura chilena de Augusto Pinochet, la cual pone de ejemplo a seguir en Brasil.

Hasta ahora el SUS, creado por la Constitución de 1988 tras la violenta dictadura militar brasileña (1964-1985) ha sido financiado por el Gobierno federal y ejecutado por los diferentes Estados y municipios.

El otro hecho preocupante concerniente al plan integral de privatizaciones del presidente es la apertura de licitaciones para la concesión de parques nacionales a lo largo del país.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) firmó acuerdos con seis estados, Bahía, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Río Grande do Sul y Tocantins con el objetivo de incentivar las concesiones de 26 parques naturales públicos al sector privado.

Importantes espacios de conservación silvestre, como Jalapao, Ibitipoca, Rio Doce y Dois Irmaos, podrán ser administrados por empresas privadas.

El grupo Construcap ya ganó la licitación para los Parques Nacionales, Aparados da Serra y Serra Geral los que administrará durante 30 años e invertirá más de 51 millones de dólares en subsidios e infraestructuras para explotarlos turísticamente.

La concesión transfiere los servicios de seguridad y mantenimiento al sector privado, a cambio de la explotación comercial de la zona, lo cual le permite cobrar derechos de admisión al área de reserva, tiendas de recuerdos, cafeterías, transporte interno de pasajeros en recorridos por los ríos, vuelos panorámicos en helicóptero, administración de centros de visitantes, senderos, sitios de acampada y miradores.

La secretaria del Programa de Asociaciones en Inversiones, Martha Seillier, informó que el gobierno pretende recaudar unos 70 100 millones de dólares mediante privatizaciones y alianzas público-privadas en 2021.

La lista de empresas a privatizar o dar en concesión durante este año se elevan a 115 y en el documento aparecen la Electropaulo que provee la energía a un tercio del país, y Correios, la mayor agencia postal de América latina.

Están estipuladas subastas para otorgar licencias a 24 aeropuertos, entre ellos el de Viracopos, una de las mayores terminales aéreas de cargas del país.
Se suman otras dos subastas para entregar derechos de exploración y explotación de petróleo y gas en áreas marinas.
Desde el golpe parlamentario contra Dilma Roussef en 2015, el entonces presidente interino Michel Temer, aplicó extremas medidas neoliberales que profundizaron las privatizaciones en las ramas de la energía, los hidrocarburos, el transporte, los aeropuertos, la minería y la banca, entre otros.

Bolsonaro, seguidor en supremacía de esa tendencia de capitalismo salvaje, ha elevado esas propuestas las que afectarán a todas las esferas productivas y de servicios en el gigante sudamericano.

Denominado por muchos medios de comunicación como el  “depredador ambiental”, Bolsonaro desde el inicio de su campaña electoral enfatizó que no reconocería ni un centímetro más de tierras indígenas y tras la llegada al poder impulsó la explotación económica de los recursos naturales amazónicos sin regulaciones ni burocracia.

En los primeros seis meses del 2020 el área desbrozada por talas indiscriminadas e incendios en la Amazonía es tres veces más grande que la ciudad de Nueva York y se cuadruplicó con respecto al año anterior.

En la explotación de los recursos amazónicos se han involucrado empresarios, políticos, individuos con gran capital económico y hasta compañías transnacionales.

Unas 12 millones de hectáreas de tierras públicas, un área del tamaño de Guatemala y El Salvador juntos, han sido ocupadas ilegalmente por esos propietarios privados que desalojan sin contemplación a los nativos de esas zonas.

La arbitraria política de Bolsonaro le ha traído graves consecuencias al pueblo brasileño que deberá aprender y sacar lecciones sobre esta nefasta administración.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Fuente e imagen: https://rebelion.org/la-mentalidad-privatizadora-de-bolsonaro/

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Colombia: La propuesta sobre Fecode contenida en el referendo uribista

América del sur/Colombia/Noviembre 2020/semana.com

El Centro Democrático dijo que su iniciativa busca que haya educación de calidad. Los docentes manifestaron su posición.

El Centro Democrático presentó los argumentos en su propuesta de referendo, específicamente en el capítulo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). “El Estado deberá garantizar la gratuidad en la educación para todos los colombianos, quienes según el nivel de ingresos podrán elegir si desean estudiar en una institución pública, privada, mixta o solidaria. Para ello, el Estado deberá ser el mayor financiador de la educación, subsidiando hasta en un 100% la enseñanza, incluso en instituciones privadas para aquellos estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables del país”.

De acuerdo con la colectividad, “uno de los grandes problemas que tiene el país es que un amplio sector de la población no tiene acceso a la educación, debido a la falta de recursos. Por eso, la gratuidad debe tener una focalización socioeconómica que identifique a aquellos estudiantes de los estratos más bajos, para que accedan a la financiación necesaria que les permita entrar a instituciones educativas de la mejor calidad”.

El partido del uribismo fue especialmente crítico al señalar que Fecode no debe adoctrinar sino enseñar. “En este primer borrador de referendo no se está discutiendo si la formación debe ser pública o privada, lo que se busca es garantizar que haya educación, no adoctrinamiento. El monopolio oficial a través de Fecode ha sustituido la ciencia y la libertad de enseñanza, por el adoctrinamiento político a nueve millones de estudiantes en el país”.

En Vicky en SEMANA, el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, dijo que ellos no adoctrinan a los alumnos y sí terminan estigmatizados. El presidente de Fecode consideró que el debate no es movilizar a los estudiantes a colegios privados o la virtualidad de clases en el marco del coronavirus. El asunto radica, insistió, en mejorar políticas de conectividad y mejorar las condiciones para que los estudiantes de colegios públicos puedan recibir información adecuada en sus centros educativos. “Aquí el tema de los bonos viene en una política de privatización de la educación pública, un derecho constitucional que tiene la clase más vulnerable”, dijo Alarcón al indicar que no comparte la tesis de que se contemple un modelo de educación político privada.

Los bonos a los que refirió Alarcón fueron mencionados en su momento por la congresista Paloma Valencia, del Centro Democrático. La senadora Paloma Valencia habló con Vicky en SEMANA de la propuesta que lanzó de darles un bono a estudiantes de colegios públicos en caso tal de que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) decida no regresar a las aulas. “Si Fecode no quiere volver a clases, el Gobierno debe ofrecer de manera inmediata un bono escolar para que los padres puedan llevar a sus hijos a colegios privados”, fue el mensaje que la congresista publicó en Twitter con su iniciativa.

Hasta ahora, integrantes de esa colectividad e integrantes de Fecode han chocado porque, por un lado, los educadores se resisten al regreso a clases presenciales. Y, por el otro, por el supuesto adoctrinamiento a los estudiantes con las filiaciones políticas de los docentes del sector público. A juicio de Fecode, hay colegios públicos que no cuentan con los elementos de bioseguridad y por tanto la salud y la vida de la comunidad educativa está en riesgo.

A su modo de ver, lo que requiere es inversión por parte del Gobierno y por eso le han hecho saber al Ministerio de Educación. Sin embargo, dijo Paloma Valencia, si bien es cierto algunos requerimientos son razonables, también es cierto que atender todas las demás de Fecode implicaría mucho tiempo y por ello es necesario buscarles una solución a los estudiantes de instituciones públicas.

Alarcón señaló que hay intenciones de privatizar la educación, mientras la congresista del Centro Democrático lo negó. “Los docentes son evaluados al ingreso, en periodo de prueba, en ejercicio mientras demuestra lo que hace y al final de año. Todos los días se evalúan a lo maestros. Tenemos más de 100.000 maestros, doctores y ganan 1′400.000 pesos. Aquí hay mucha tela por cortar”.

“No queremos privatizar la educación, no. La educación pública hay que fortalecerla y que el ciudadano escoja si quiere educación pública o privada. Uno no tiene que quedar obligado por su nivel económico”, aseguró. Fecode, por su parte, aseguró que los bonos buscan favorecer personas. “Haría una pregunta suelta y es a cúanto equivalen esos bonos. Hay que fortalecer la educación pública”. El debate sigue abierto.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/la-propuesta-sobre-fecode-contenida-en-el-referendo-uribista/202007/

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Gobierno español vende educación a Google

Fuentes: elsaltodiario.com

El pasado día 29 la Ministra de Educación Isabel Celaá, publicó un tweet donde reivindicaba la cooperación pública privada en la provisión de servicios educativos. En otras palabras, el gobierno de España por medio de su cargo responsable para educación declaraba que confiaba en corporaciones criminales para garantizar el cumplimiento de ese derecho fundamental que es la educación.

Google no es una empresa mas. Es una corporación criminal de manual. Es decir, una compañía que ha causado un inmenso daño social, que ha afectado a cientos de millones de usuarias en todo el mundo, razón por la cual ha sido sancionada con multas billonarias tanto por la Unión Europea como en los Estados Unidos. De manera mas específica, esta compañía está siendo investigada por sus prácticas delictivas con su plataforma educativa (la misma que reivindica la ministra). Según los tribunales estadounidenses, la compañía ha violado los derechos de privacidad de familias y alumnado. Creando una audiencia presa, que tendría que ceder datos íntimos de menores, a fin de poder acceder a una prestación educativa.

El gobierno de España es por lo tanto cómplice de un doble crimen. En primer lugar ha aceptado cooperar libremente con una corporación delictiva, compañía que por otro lado se niega a pagar los impuestos que le corresponden usando a Donald Trump como ariete contra la llamada “Tasa Google”. Esta compañía no solo estaría actuando con el beneplácito de las instituciones públicas, sino con el dinero de los impuestos que entre todos pagamos. El gobierno de España, ha destinado 220.9 millones de Euros, financiados en parte por fondos Europeos para “dotar de conectividad a Internet de banda ancha ultrarrápida y redes internas de comunicaciones a 320 sedes educativas de primaria, secundaria y educación especial, servicios de los que se beneficiarán 118.939 alumnos de la comunidad insular”. Es decir, el gobierno financia el Internet para “conectar escuelas” pero sin embargo ha dejado que sean las corporaciones privadas las proporcionen, gestionen y monetizen el software necesario para que las escuelas se conecten.

Las comunidades autónomas son también cómplices de estos actos, que consisten en financiar y promover que una corporación multinacional acceda a los datos de cientos de miles de menores a través de la educación. Por mencionar un ejemplo, la Comunidad Foral de Navarra, lleva años cooperando con Google, financiando sus dispositivos Chrome, y promoviendo el uso de sus plataformas en sus centros educativos a todos los niveles.

Ahora que todo el mundo habla de soberanía tecnológica y transformación digital bueno es recordar un par de cosas. La primera es que La educación pública no puede depender de plataformas corporativas para poder desarrollar sus mas elementales funciones. ¿De verdad pensamos que es inteligente delegar la gestión de nuestra infraestructura educativa básica a una corporación criminal extranjera perseguida en su propio país por sus crímenes? Del mismo modo va en contra de los principios fundamentales de los fondos europeos, y de la propia lógica de la soberanía tecnológica, financiar y promover el uso de plataformas corporativas extranjeras cuyo único fin es obtener beneficios para sus accionistas. Por último cabe decir que una ministra que se dice socialista, poco favor le hace a lo público vanagloriándose de la privatización de la enseñanza de la mano de reconocidos criminales corporativos.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/polirika/ministra-vende-educacion-a-google

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