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El panismo y los problemas educativos de Querétaro

Por:

El estado de Querétaro se ha destacado por su escasa inversión pública en educación inicial (niñas y niños entre los 0 y los 3 años de edad).

¿Cuáles son los principales problemas de la educación en Querétaro? ¿Cuáles han sido los procesos y los resultados de la educación pública en lo que va de la gestión del gobierno estatal (2015-2021), luego de cinco años y medio en que el panismo ejerce del poder ejecutivo, así como la mayoría en el congreso local?

El contexto político

Este año 2021 habrá cambio de gobierno (poder ejecutivo estatal) en Querétaro. También se darán relevos en las 18 presidencias municipales de la entidad; lo mismo sucederá con la integración de la legislatura local (25 escaños). Junto con las elecciones constitucionales (federales) intermedias. Este año es, sin duda, un tiempo de intensa actividad política en el territorio queretano.

Debido a que esta semana se iniciaron abiertamente las campañas políticas para dar a conocer las propuestas de las y los candidatos a los diferentes puestos de elección, conviene realizar un breve balance acerca de la situación que prevalece en el sector educativo estatal.

Retomo una parte del análisis que di a conocer a finales de 2020 (1). Según lo registrado en un documento oficial, el Programa Sectorial de Educación, Querétaro 2016-2021, el gobierno estatal se propuso “…como objetivo estratégico sectorial, garantizar una educación integral centrada en el mejoramiento de la calidad, la pertinencia y el acceso con equidad, mediante la articulación de los diferentes niveles, modalidades y servicios educativos, culturales y deportivos, con la participación de los diferentes sectores”. (2)

De las seis estrategias enunciadas en ese documento, derivadas del objetivo sectorial antes descrito, cuatro de ellas estaban dirigidas explícitamente hacia la Educación Básica en el estado (las estrategias 1, 3, 4 y 5): “1. Aseguramiento de la formación integral de calidad en educación básica, que equilibre la formación en valores y el desarrollo de competencias para la vida, con la participación de los padres de familia y en general de la sociedad… 3. Mejoramiento de las condiciones de infraestructura en los centros educativos, culturales y deportivos. 4. Ampliación de la cobertura mediante la diversificación de las oportunidades de acceso e inclusión a la educación, la cultura y el deporte para todos los sectores de la población y regiones del Estado, como parte de la formación integral de los queretanos. 5. Fortalecimiento de las acciones para disminuir el abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal en todos los niveles educativos”.

Calidad

Con respecto a la primera estrategia, pregunto: ¿Se ha logrado la llamada “formación integral de calidad”? ¿Cuáles son las evidencias en el avance o retroceso de esa llamada “formación integral de calidad” en la Educación Básica en Querétaro? ¿Cuáles son los indicadores de la prueba ENLACE o de la prueba PLANEA como para evaluar las políticas públicas educativas estatales, en términos de los avances en la enseñanza y en el logro de los aprendizajes escolares? ¿Hay algún instrumento de evaluación de los aprendizajes escolares, alternativo a la prueba PLANEA (que coordinó hasta 2018 el INEE) por parte del estado de Querétaro? (3)

Infraestructura

Acerca de la tercera estrategia antes mencionada, sería interesante que las autoridades educativas estatales, hoy encabezadas por Carlos Arredondo, respondieran a las siguientes preguntas: ¿El gobierno del estado de Querétaro (específicamente la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, USEBEQ), cuenta con una valoración sobre el “mejoramiento de las condiciones de infraestructura en los centros educativos, culturales y deportivos” durante los últimos 5 años y medio? ¿Cómo se ha evaluado el avance en ese rubro? ¿Qué dicen las maestras y los maestros de Querétaro con respecto a las condiciones materiales de trabajo en sus centros educativos de básica (Preescolar, Primaria y Secundaria)? ¿Cuál es la opinión de las y los estudiantes y sus familias al respecto?

Recientemente el candidato del PAN, el empresario Mauricio Kuri, afirmó en una de sus cuentas en redes sociales digitales, que:

“La infraestructura educativa del país se encuentra en pésimas condiciones. Al contrario, el gobierno de Querétaro ha dignificado 1200 escuelas de todos los niveles, con tecnología e instalaciones de primera. Seguiremos equipando planteles, ofreciendo becas y acceso a internet.”

Recupero un comentario expresado por una maestra acerca de lo dicho por el candidato Kuri:

“Sr. Kuri. Lo invito a platicar con directores de escuelas públicas del estado de Querétaro. Las cosas no están bien como usted supone: escuelas olvidadas, saqueadas, vandalizadas, sin personal de apoyo, y un largo etc.”

Al respecto, cabe mencionar que en Querétaro hay, según el informe estadístico 2019-2020, 3 mil 089 escuelas públicas en total, de las cuales 1202 son de Educación Preescolar, 1288 de Primaria, 415 Secundarias, 130 escuelas de educación media superior y 21 de educación superior. ¿Cuáles son esas 1200 escuelas dignificadas o con “instalaciones de primera”?

Cobertura

En relación con la cuarta estrategia, relacionada con la “Ampliación de la cobertura mediante la diversificación de las oportunidades de acceso e inclusión a la educación”, conviene recordar que Querétaro se ha destacado por el incumplimiento, con creces, en la cobertura de la Educación Preescolar (específicamente en niños y niñas de 3 a 4 años). De acuerdo con datos de la estadística oficial de la SEP (2017-2018), Querétaro tenía una cobertura de alrededor del 20 por ciento en este grupo de edad. ¿Las autoridades estatales podrían decirnos cuál es el porcentaje actual, al término del sexenio, en este rubro? Y si se logró un avance ¿en qué proporción? Y si no ¿Por qué no se ha rebasado esa meta o esa cifra? Cabe señalar que la cobertura universal de la Educación Preescolar se encuentra establecida, en México, en la ley desde 2002. (4)

Exclusión, desafiliación o expulsión de estudiantes del sistema estatal

Sobre la quinta estrategia, considero que en el texto en cuestión se asoma una trasnochada concepción del “abandono escolar”. Se habla de ella como si la decisión de las y los estudiantes, implícitamente, fuera una responsabilidad o una determinación individual. Por el contrario, pienso que la exclusión, desafiliación o la expulsión del sistema educativo de las niñas, los niños o l@s jóvenes, es un proceso estructural, institucional, de características más complejas. ¿Cómo pudieron conducirse las políticas públicas educativas con este nivel anacrónico en la concepción general y específica sobre los procesos educativos? ¿Cuáles son las cifras actualizadas de la expulsión, desafiliación o exclusión social (no de “abandono”) de estudiantes de educación básica, media superior y superior en el estado luego del contexto de pandemia?

Derecho a la educación

Por otra parte, cabe señalar que en el documento referido hay sólo 10 menciones al concepto de derechos: 3 de ellas son referencias de leyes o de bibliografía, 4 se relacionan con “derechos sociales” y las demás menciones a otros, como los “derechos humanos” (en un documento de 49 páginas). Como era de suponerse (es un gobierno de origen neopanista), no aparece explícita ninguna mención a la educación como un derecho humano fundamental. No hay, por lo menos, un énfasis en esa dirección.

Privatización de la educación

Respecto al tipo de sostenimiento o financiamiento y de organización, en la educación especial, las autoridades locales informan que el 97.5% de la matrícula era atendido por instituciones públicas y sólo 2.5% por privadas; en educación básica, el 81.9% por las públicas, mientras que el 18% por las privadas. Por su parte, en la educación media superior se registraba un 73.6% de la matrícula escolar en instituciones educativas públicas y 26.4% en privadas; y en educación superior se tenía un 55.13% en instituciones públicas y 44.87 en escuelas privadas.

¿Esto significa, entre otras cosas, que para las y los jóvenes queretanos o radicados en la entidad, las posibilidades de acceder a la educación superior pública, año con año, se ven cada vez más reducidas?

Así mismo, el estado de Querétaro se ha destacado por su escasa inversión pública en educación inicial (para niñas y niños entre los 0 y los 3 años de edad). Veamos algunos datos: Según el reporte estadístico 2019-2020, el estado registró 10 escuelas públicas de educación inicial, mientras que el sector privado cuenta con 135. Adicionalmente y derivado de lo anterior, el 89 por ciento de la matrícula de educación inicial es atendida en escuelas privadas, mientras que sólo el 11 por ciento de esta población infantil es cubierta o está inscrita por la escuela pública.

La sociedad queretana y del país, requiere de información puntual acerca de los avances, o no, de las políticas públicas educativas aplicadas, en lo local y nacional. La eventual coyuntura del cambio de gobierno, en 2021, es una oportunidad propicia para enfocarnos en el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas, no como actos de control en el vacío, sino como actos democráticos, si es que aspiramos a contar con gobiernos que se apeguen a las necesidades y demandas de la ciudadanía, y que no se sirvan de ellas.

Fuente consultada y notas:

(1) Ver: “La Educación Básica en Querétaro (2015-2020)”. SDP Noticias, 14 de octubre, 2020.

(2) Programa Sectorial de Educación, Querétaro 2016-2021. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

http://coepesqro.org.mx/static/docs/REUNIONES/2017/1RA%20SESION%20ORDINARIA/10.A%20PROSEQ%202016-2021%20v20%20FINAL.pdf

(3) En el documento referido se incluyen tres definiciones acerca de la “calidad” de la educación: Preguntas: ¿Por qué insertar tres definiciones o caracterizaciones sobre la “calidad” en el ámbito educativo? ¿Dónde queda la formación académica, educativa y pedagógica, en una sociedad del conocimiento? ¿Entre estas definiciones hay relaciones jerárquicas o de inclusión? ¿No sería conveniente insertar una sola aproximación al concepto de la “calidad” educativa o de la educación para evitar confusiones, que incluya las ideas relacionadas con la equidad y el enfoque de derechos?

(4) En Querétaro hay más de 2 mil 900 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, de las cuales un porcentaje cercano al 30 por ciento son de organización multigrado (primaria) o telesecundarias. Además, laboran alrededor de 14 mil profesores y profesoras de Educación Básica, según cifras de 2019.

Fuente e imagen: sdpnoticias

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La mentalidad privatizadora de Bolsonaro

Por: Hedelberto López Blanch 

Cuando el presidente brasileño Jair Bolsonaro se enfrenta a numerosas denuncias por crímenes contra la humanidad por su desidia en controlar la pandemia de la Covid 19 que ha provocado decenas de miles de muertos, así como por destruir la Amazonía, perseguir a los indígenas, arruinar su habitad e ignorar sus derechos, el mandatario continúa impulsando la privatización en todos los lugares del país.

Las dos últimas medidas tomadas por su administración han causado enorme malestar entre la población, partidos políticos de oposición y hasta en la comunidad internacional debido a la nefasta trascendencia que tienen contra los derechos públicos.

En medio del avance de la pandemia de coronavirus en el país, Bolsonaro lanzó una propuesta para iniciar un proceso de privatización del sistema público de salud, uno de los pilares de la Constitución de 1988.

De esa forma se ordenó el inicio de los estudios sobre alternativas de asociación privada para la construcción y operación de Unidades Básicas de Salud en los Estados, el Distrito Federal (Brasilia) y los Municipios.

El decreto abre paso para que el Sistema Único de Salud (SUS), que atiende a tres de cada cuatro brasileños, sea incluido dentro del Programa de Proyectos de Inversiones (PPI) que asiste al 75 % de la población brasileña. El otro 25 % posee seguros privados.

La mano derecha de Bolsonaro para esas ejecuciones, es el ministro de Economía, Paulo Guedes definido como un ultraliberal graduado en la escuela de Chicago que trabajó para la dictadura chilena de Augusto Pinochet, la cual pone de ejemplo a seguir en Brasil.

Hasta ahora el SUS, creado por la Constitución de 1988 tras la violenta dictadura militar brasileña (1964-1985) ha sido financiado por el Gobierno federal y ejecutado por los diferentes Estados y municipios.

El otro hecho preocupante concerniente al plan integral de privatizaciones del presidente es la apertura de licitaciones para la concesión de parques nacionales a lo largo del país.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) firmó acuerdos con seis estados, Bahía, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Río Grande do Sul y Tocantins con el objetivo de incentivar las concesiones de 26 parques naturales públicos al sector privado.

Importantes espacios de conservación silvestre, como Jalapao, Ibitipoca, Rio Doce y Dois Irmaos, podrán ser administrados por empresas privadas.

El grupo Construcap ya ganó la licitación para los Parques Nacionales, Aparados da Serra y Serra Geral los que administrará durante 30 años e invertirá más de 51 millones de dólares en subsidios e infraestructuras para explotarlos turísticamente.

La concesión transfiere los servicios de seguridad y mantenimiento al sector privado, a cambio de la explotación comercial de la zona, lo cual le permite cobrar derechos de admisión al área de reserva, tiendas de recuerdos, cafeterías, transporte interno de pasajeros en recorridos por los ríos, vuelos panorámicos en helicóptero, administración de centros de visitantes, senderos, sitios de acampada y miradores.

La secretaria del Programa de Asociaciones en Inversiones, Martha Seillier, informó que el gobierno pretende recaudar unos 70 100 millones de dólares mediante privatizaciones y alianzas público-privadas en 2021.

La lista de empresas a privatizar o dar en concesión durante este año se elevan a 115 y en el documento aparecen la Electropaulo que provee la energía a un tercio del país, y Correios, la mayor agencia postal de América latina.

Están estipuladas subastas para otorgar licencias a 24 aeropuertos, entre ellos el de Viracopos, una de las mayores terminales aéreas de cargas del país.
Se suman otras dos subastas para entregar derechos de exploración y explotación de petróleo y gas en áreas marinas.
Desde el golpe parlamentario contra Dilma Roussef en 2015, el entonces presidente interino Michel Temer, aplicó extremas medidas neoliberales que profundizaron las privatizaciones en las ramas de la energía, los hidrocarburos, el transporte, los aeropuertos, la minería y la banca, entre otros.

Bolsonaro, seguidor en supremacía de esa tendencia de capitalismo salvaje, ha elevado esas propuestas las que afectarán a todas las esferas productivas y de servicios en el gigante sudamericano.

Denominado por muchos medios de comunicación como el  “depredador ambiental”, Bolsonaro desde el inicio de su campaña electoral enfatizó que no reconocería ni un centímetro más de tierras indígenas y tras la llegada al poder impulsó la explotación económica de los recursos naturales amazónicos sin regulaciones ni burocracia.

En los primeros seis meses del 2020 el área desbrozada por talas indiscriminadas e incendios en la Amazonía es tres veces más grande que la ciudad de Nueva York y se cuadruplicó con respecto al año anterior.

En la explotación de los recursos amazónicos se han involucrado empresarios, políticos, individuos con gran capital económico y hasta compañías transnacionales.

Unas 12 millones de hectáreas de tierras públicas, un área del tamaño de Guatemala y El Salvador juntos, han sido ocupadas ilegalmente por esos propietarios privados que desalojan sin contemplación a los nativos de esas zonas.

La arbitraria política de Bolsonaro le ha traído graves consecuencias al pueblo brasileño que deberá aprender y sacar lecciones sobre esta nefasta administración.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Fuente e imagen: https://rebelion.org/la-mentalidad-privatizadora-de-bolsonaro/

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Colombia: La propuesta sobre Fecode contenida en el referendo uribista

América del sur/Colombia/Noviembre 2020/semana.com

El Centro Democrático dijo que su iniciativa busca que haya educación de calidad. Los docentes manifestaron su posición.

El Centro Democrático presentó los argumentos en su propuesta de referendo, específicamente en el capítulo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). “El Estado deberá garantizar la gratuidad en la educación para todos los colombianos, quienes según el nivel de ingresos podrán elegir si desean estudiar en una institución pública, privada, mixta o solidaria. Para ello, el Estado deberá ser el mayor financiador de la educación, subsidiando hasta en un 100% la enseñanza, incluso en instituciones privadas para aquellos estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables del país”.

De acuerdo con la colectividad, “uno de los grandes problemas que tiene el país es que un amplio sector de la población no tiene acceso a la educación, debido a la falta de recursos. Por eso, la gratuidad debe tener una focalización socioeconómica que identifique a aquellos estudiantes de los estratos más bajos, para que accedan a la financiación necesaria que les permita entrar a instituciones educativas de la mejor calidad”.

El partido del uribismo fue especialmente crítico al señalar que Fecode no debe adoctrinar sino enseñar. “En este primer borrador de referendo no se está discutiendo si la formación debe ser pública o privada, lo que se busca es garantizar que haya educación, no adoctrinamiento. El monopolio oficial a través de Fecode ha sustituido la ciencia y la libertad de enseñanza, por el adoctrinamiento político a nueve millones de estudiantes en el país”.

En Vicky en SEMANA, el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, dijo que ellos no adoctrinan a los alumnos y sí terminan estigmatizados. El presidente de Fecode consideró que el debate no es movilizar a los estudiantes a colegios privados o la virtualidad de clases en el marco del coronavirus. El asunto radica, insistió, en mejorar políticas de conectividad y mejorar las condiciones para que los estudiantes de colegios públicos puedan recibir información adecuada en sus centros educativos. “Aquí el tema de los bonos viene en una política de privatización de la educación pública, un derecho constitucional que tiene la clase más vulnerable”, dijo Alarcón al indicar que no comparte la tesis de que se contemple un modelo de educación político privada.

Los bonos a los que refirió Alarcón fueron mencionados en su momento por la congresista Paloma Valencia, del Centro Democrático. La senadora Paloma Valencia habló con Vicky en SEMANA de la propuesta que lanzó de darles un bono a estudiantes de colegios públicos en caso tal de que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) decida no regresar a las aulas. “Si Fecode no quiere volver a clases, el Gobierno debe ofrecer de manera inmediata un bono escolar para que los padres puedan llevar a sus hijos a colegios privados”, fue el mensaje que la congresista publicó en Twitter con su iniciativa.

Hasta ahora, integrantes de esa colectividad e integrantes de Fecode han chocado porque, por un lado, los educadores se resisten al regreso a clases presenciales. Y, por el otro, por el supuesto adoctrinamiento a los estudiantes con las filiaciones políticas de los docentes del sector público. A juicio de Fecode, hay colegios públicos que no cuentan con los elementos de bioseguridad y por tanto la salud y la vida de la comunidad educativa está en riesgo.

A su modo de ver, lo que requiere es inversión por parte del Gobierno y por eso le han hecho saber al Ministerio de Educación. Sin embargo, dijo Paloma Valencia, si bien es cierto algunos requerimientos son razonables, también es cierto que atender todas las demás de Fecode implicaría mucho tiempo y por ello es necesario buscarles una solución a los estudiantes de instituciones públicas.

Alarcón señaló que hay intenciones de privatizar la educación, mientras la congresista del Centro Democrático lo negó. “Los docentes son evaluados al ingreso, en periodo de prueba, en ejercicio mientras demuestra lo que hace y al final de año. Todos los días se evalúan a lo maestros. Tenemos más de 100.000 maestros, doctores y ganan 1′400.000 pesos. Aquí hay mucha tela por cortar”.

“No queremos privatizar la educación, no. La educación pública hay que fortalecerla y que el ciudadano escoja si quiere educación pública o privada. Uno no tiene que quedar obligado por su nivel económico”, aseguró. Fecode, por su parte, aseguró que los bonos buscan favorecer personas. “Haría una pregunta suelta y es a cúanto equivalen esos bonos. Hay que fortalecer la educación pública”. El debate sigue abierto.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/la-propuesta-sobre-fecode-contenida-en-el-referendo-uribista/202007/

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Gobierno español vende educación a Google

Fuentes: elsaltodiario.com

El pasado día 29 la Ministra de Educación Isabel Celaá, publicó un tweet donde reivindicaba la cooperación pública privada en la provisión de servicios educativos. En otras palabras, el gobierno de España por medio de su cargo responsable para educación declaraba que confiaba en corporaciones criminales para garantizar el cumplimiento de ese derecho fundamental que es la educación.

Google no es una empresa mas. Es una corporación criminal de manual. Es decir, una compañía que ha causado un inmenso daño social, que ha afectado a cientos de millones de usuarias en todo el mundo, razón por la cual ha sido sancionada con multas billonarias tanto por la Unión Europea como en los Estados Unidos. De manera mas específica, esta compañía está siendo investigada por sus prácticas delictivas con su plataforma educativa (la misma que reivindica la ministra). Según los tribunales estadounidenses, la compañía ha violado los derechos de privacidad de familias y alumnado. Creando una audiencia presa, que tendría que ceder datos íntimos de menores, a fin de poder acceder a una prestación educativa.

El gobierno de España es por lo tanto cómplice de un doble crimen. En primer lugar ha aceptado cooperar libremente con una corporación delictiva, compañía que por otro lado se niega a pagar los impuestos que le corresponden usando a Donald Trump como ariete contra la llamada “Tasa Google”. Esta compañía no solo estaría actuando con el beneplácito de las instituciones públicas, sino con el dinero de los impuestos que entre todos pagamos. El gobierno de España, ha destinado 220.9 millones de Euros, financiados en parte por fondos Europeos para “dotar de conectividad a Internet de banda ancha ultrarrápida y redes internas de comunicaciones a 320 sedes educativas de primaria, secundaria y educación especial, servicios de los que se beneficiarán 118.939 alumnos de la comunidad insular”. Es decir, el gobierno financia el Internet para “conectar escuelas” pero sin embargo ha dejado que sean las corporaciones privadas las proporcionen, gestionen y monetizen el software necesario para que las escuelas se conecten.

Las comunidades autónomas son también cómplices de estos actos, que consisten en financiar y promover que una corporación multinacional acceda a los datos de cientos de miles de menores a través de la educación. Por mencionar un ejemplo, la Comunidad Foral de Navarra, lleva años cooperando con Google, financiando sus dispositivos Chrome, y promoviendo el uso de sus plataformas en sus centros educativos a todos los niveles.

Ahora que todo el mundo habla de soberanía tecnológica y transformación digital bueno es recordar un par de cosas. La primera es que La educación pública no puede depender de plataformas corporativas para poder desarrollar sus mas elementales funciones. ¿De verdad pensamos que es inteligente delegar la gestión de nuestra infraestructura educativa básica a una corporación criminal extranjera perseguida en su propio país por sus crímenes? Del mismo modo va en contra de los principios fundamentales de los fondos europeos, y de la propia lógica de la soberanía tecnológica, financiar y promover el uso de plataformas corporativas extranjeras cuyo único fin es obtener beneficios para sus accionistas. Por último cabe decir que una ministra que se dice socialista, poco favor le hace a lo público vanagloriándose de la privatización de la enseñanza de la mano de reconocidos criminales corporativos.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/polirika/ministra-vende-educacion-a-google

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Cómo el neoliberalismo está en ‘default’ en América Latina (y qué hace para no desaparecer)

Por: Alfredo Serrano Mancilla

«COMO OTRAS VECES EN LA HISTORIA: EL CAPITALISMO CEDE LO SUFICIENTE PARA NO PERDER SU DOMINIO»

Lo peor de un momento presente es cuando ni siquiera podemos imaginar el futuro. Esto es, justamente, lo que le está ocurriendo al neoliberalismo. Vive un presente extremadamente complicado, que se agrava aún más por la incapacidad que tiene de dibujar nuevos horizontes hacia adelante.

Luego de medio siglo de existencia, el neoliberalismo se enfrenta a una gran crisis de ideas. Su manual quedó obsoleto.

La decadencia siempre es un proceso lento y, en muchas ocasiones, también inaceptable para quien lo padece. El neoliberalismo vive sus meses más complejos en América Latina.

La pandemia del Covid-19 ha puesto al descubierto muchas de sus debilidades, que hasta ahora habían sido «tapadas» con grandes campañas de comunicación con alta dosis de posverdad (por no decir de mentiras). Véase, por ejemplo, lo que pasó en el año 2008: la última gran crisis neoliberal en lo económico fue reescrita como un problema de burbuja inmobiliaria, y responsabilizaron de todos los males a los ciudadanos, por un exceso de endeudamiento.

Sin embargo, esta vez, ante la actual Gran Recesión que vivimos en el mundo, es prácticamente imposible que puedan nuevamente echarnos la culpa de todo, a pesar de que lo intenten. En este momento hay un gran consenso de que la culpa no reside en la gente, sino que el problema real está en un modelo económico y social muy poco preparado para afrontar adversidades.

El neoliberalismo se olvida de la economía real en pos de una entronización de la financiarización y, por otro lado, sigue defendiendo la ausencia del Estado a pesar que la ciudadanía latinoamericana demanda todo lo contrario

Todos los mitos neoliberales saltaron por los aires en el justo momento en el que la gente necesita afrontar una situación dramática. El neoliberalismo no logra acertar con ninguna de sus respuestas habituales. Por un lado, se olvida de la economía real en pos de una entronización de la financiarización y, por otro lado, sigue defendiendo la ausencia del Estado a pesar que la ciudadanía latinoamericana demanda todo lo contrario. Según datos de las encuestas CELAG en el último trimestre, en Argentina el 90% está a favor de un Estado mucho más presente y activo; este valor es del 70% en Chile, 60% en México y 75% en Bolivia.

Los sentidos comunes en la región cabalgan por una dirección completamente opuesta a lo que defiende el libreto neoliberal. El impuesto a las grandes fortunas cuenta con gran apoyo en muchos países de América Latina (76% en Argentina, 73% en Chile, 67% en México, 64% en Bolivia y 75% en Ecuador); y lo mismo ocurre con una renta mínima, garantizar públicamente la salud y la educación como derechos, frenar las privatizaciones, suspender y renegociar el pago de deuda, etc. Además, en la mayoría de los países en la región, la banca, los grandes medios y el Poder Judicial cuentan con una imagen muy negativa.

Esta enajenación de los políticos neoliberales (y sus respectivas usinas) en relación a lo que piensa la gente se traduce en muchas de las fotografías que estamos viendo en la región en los últimos tiempos. Piñera sin saber qué hacer ante una mayoría que ya comenzó el proceso constituyente para cambiar Chile. Lenín Moreno acaba su mandato en Ecuador sin apenas aprobación (11%) por la implementación del proyecto neoliberal. Áñez sigue empobreciendo a Bolivia y, de cara a la próxima cita electoral, goza de muy poco apoyo (11%).

En Colombia, el uribismo está en sus horas más bajas con su máximo exponente con orden de detención y sin capacidad para afrontar la pandemia. Macri, ahora de vacaciones en Europa, jamás pudo construir hegemonía neoliberal en Argentina y dejó una economía hecha pedazos.

Bolsonaro, con casi 100 mil muertes por Covid a sus espaldas y con una gran dificultad para garantizar gobernabilidad y estabilidad política, económica y social. Y en este panorama, de crisis neoliberal, también debemos considerar lo que ocurre en Perú, donde se cerró el Congreso el año pasado –y tiene con todos sus expresidentes condenados por corrupción– y Paraguay, donde el presidente Abdo evitó el juicio político in extremis, luego de haber vendido energía a Brasil a «precio regalado».

El neoliberalismo cuenta con un gran poder estructural que, seguramente, estará dispuesto a camuflarse tras ideas progresistas. De ahí que el FMI tenga un tono más conciliador en materia de deuda externa; o el Banco Mundial defendiendo los programas de rentas mínimas; o los multimillonarios abogando por más impuestos

El neoliberalismo está en default, pero se niega a desaparecer. Procura reciclarse y oxigenarse. Dicho de otro modo: está renegociando su futuro, pero con una gran dificultad para generar horizontes que convenzan y entusiasmen. Sin embargo, sería un grave error subestimarlo ni darlo por muerto, porque cuenta con un gran poder estructural que, seguramente, estará dispuesto a camuflarse tras ideas progresistas.

El mejor ejemplo es el FMI, que sin haber cambiado su composición «empresarial» tiene ahora un tono más conciliador en materia de deuda externa; o el Banco Mundial defendiendo los programas de rentas mínimas; o los multimillonarios abogando por más impuestos. Son muestras inequívocas que hay un intento de apropiarse de las ideas progresistas, impropias del neoliberalismo. Seguramente para hacerlas suyas y reformularlas, matizarlas, resignificarlas… Esto ya ocurrió muchas veces en la Historia: cuando el capitalismo estuvo en problemas, cedió lo suficiente para no perder su dominio.

Estamos en un tiempo político de disputa en la región, en el que neoliberalismo está en default pero intenta escapar de su propia quiebra. El resultado de este dilema dependerá tanto de la capacidad que tenga la matriz neoliberal para reinventarse, pero fundamentalmente de cómo el progresismo avance, implemente soluciones certeras y cotidianas a la ciudadanía, y genere horizontes acordes a los nuevos tiempos.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Cubano y punto.

Fuente e Imagen: https://insurgenciamagisterial.com/como-el-neoliberalismo-esta-en-default-en-america-latina-y-que-hace-para-no-desaparecer/

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“Yo pienso así porque soy capitalista”

Por: Javier F. Ferrero

 

Un escrito sobre la ceguera que produce un sistema económico creado para que una minoría pueda dominar económicamente (y de cualquier otra forma que se les ocurra) a una mayoría.

Jorge Majfud es un reconocido escritor y traductor uruguayo que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos. Suelo leer sus escritos con frecuencia. En parte es porque su visión anticapitalista desde la cuna de tan contraproducente (para la mayoría) sistema social y económico es refrescante; y en parte, para que vamos a negarlo, porque nos permite usar sus escritos en Contrainformación y en Nueva Revolución y, en tiempos de estrecheces (económicas y morales) como son los actuales, es de agradecer.

Como digo, devoro sus artículos, que cuelga en su web, pero uno llamó en estos días mi atención especialmente. Solo son cuatro párrafos, pero resumen perfectamente la obcecación de la sociedad con un sistema que los engaña, ofreciéndoles caramelos en forma de «sueños» (americanos, en este caso) y que después los abandona en cuanto tiene ocasión.

Podemos verlo con los cientos de miles de muertos con los que ha tiznado Estados Unidos las portadas de medio mundo, culpando al coronavirus, sí, pero cuyos verdaderos culpables son quienes priorizan la economía por encima de los ciudadanos y ciudadanas. God money, I’ll do anything for you, que diría Trent Reznor.

El capitalismo ofrece una realización de estos valores selectiva: reduce la libertad al derecho a comprar y vender, la igualdad a un formalismo legal; desintegra la solidaridad en individualismo privatizado, y amenaza al propio planeta del que dependemos todos los humanos. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población nació sobre una base capitalista y, tristemente, subyace en ellos el «más vale malo conocido».

Podemos verlo también en los abandonados por los sistemas sanitarios, por lo que no pueden pagarse una sanidad privada henchida por los intereses políticos y las bocas bien alimentadas de sus defensores a ultranza. «No señor, usted no es capitalista«, dice Majfud en su artículo. Nadie, salvo ese 1 % que se beneficia de él, debería serlo.

Lo cierto es que solo son un par de ejemplos de los miles que a diario pueden verse (y sentirse) en nuestra adormilada sociedad, pero vamos al tema de hoy, que es el escrito del compañero Jorge:

Un atardecer de otoño de 2008 o 2009 tuve una conversación en un estacionamiento con uno de los guardianes del campus de la universidad en Pennsylvania en la que trabajaba. El señor, un hombre en sus sesenta a quien siempre aprecié y creo que él me apreciaba igual, con una seguridad que se la envidio, me dijo:

“Yo pienso así porque soy capitalista”.

Agotado por una larga jornada le dije, sin pensar que no era el momento ni el lugar:

“No, señor, usted no es capitalista. Usted es un trabajador asalariado. Usted no es capitalista, sólo tiene fe en el capitalismo, como tiene fe en Jesús; pero de la misma forma en que usted no es Jesús, tampoco es capitalista”.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/yo-pienso-asi-porque-soy-capitalista/

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España: Pura doctrina del shock en educación

Pura doctrina del shock en educación

Agustín Moreno

El término “doctrina del shock” lo utilizó Naomi Klein para referirse a la aplicación de brutales medidas económicas neoliberales con el uso de técnicas de choque. Estas recuerdan las terapias psiquiátricas del electroshock sobre los pacientes para que no puedan reaccionar y reciban de forma sumisa la sucesión de agresivas descargas. En economía buscan atacar el bien común para privatizarlo y proceder a lo que se conoce como la acumulación por desposesión. A veces se utiliza la fuerza militar de forma directa, como fue el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Otras veces, se aprovecha el impacto en la psicología social de acontecimientos catastróficos para imponer reformas antisociales. Así, tras el huracán Katrina en Nueva Orleans, se avanzó en el desmantelamiento de lo público, en un urbanismo de tabla rasa para reemplazar a los pobres por turistas y en las privatizaciones de la red de escuelas.

Aquí y ahora, estamos ante un escenario del segundo tipo: el aprovechamiento de la crisis sanitaria del coronavirus para aplicar duras medidas privatizadoras. Tendría que ser al revés, ya que si hay alguna lección clara de esta crisis es el valor esencial de lo público. Pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza la pandemia como la coartada para aplicar la doctrina del shock en educación, sanidad y suelo. Liberalizar el suelo para volver a la fracasada fórmula del ladrillo. Seguir con los recortes en sanidad, negar condiciones dignas a los MIR actualmente en huelga, o privatizar parte del Hospital del Niño Jesús y las limpiezas del Gregorio Marañón, son algunas de las medidas. Aunque la lista de deseos de Díaz Ayuso y la ultraderecha neoliberal en Madrid es crecedera.

Veamos en educación. En este campo hay dos tendencias muy enfrentadas. Una progresista que defiende el fortalecimiento de la educación pública, como única garantía del derecho a la educación y de una mayor equidad, igualdad de oportunidades y cohesión social; y otra conservadora que defiende una privatización cada vez mayor a través de la segregadora educación privada sostenida con fondos públicos (“concertada”), como negocio económico e ideológico. En este contexto se produce el debate sobre las medidas a tomar para la vuelta a las aulas tras la pandemia.

La educación es un servicio público esencial que debería cuidarse al máximo en la llamada “nueva normalidad” con un doble objetivo: mejorar la calidad y la seguridad. Con este fin el Gobierno central aprobó destinar 2.000 millones de euros, porque la vuelta al colegio no puede ser con el mismo paisaje de aulas abarrotadas, escasez de recursos y profesorado. Con esta inversión no se revierten todos los recortes que realizó el Gobierno Rajoy y que llegaron a los 9.000 millones de euros. Pero dan juego para mejorar las cosas. Por ejemplo, en Asturias se ha fijado un número máximo de 20 alumnos por clase en primaria y se van a contratar 400 profesores más.

Pero la derecha sigue impertérrita y va a volcarse en las privatizaciones en educación en aquellas comunidades autónomas donde gobierna. La Comunidad de Madrid marca el modelo y el Gobierno Ayuso ha preparado para el curso 2020-21 una reducción de 14.121 plazas en la educación pública. Se pretende así derivar a este alumnado hacia la red privada-concertada, negando de hecho la llamada “libre elección de centro”, porque se obliga a las familias a llevar a sus hijos a los concertados al no haber plazas en los públicos. Estos datos se han recogido por el sindicato CCOO, tras la publicación de las plazas disponibles en el proceso de admisión de alumnado abierto para el curso próximo. Supone la reducción de 466 grupos, lo que paradójicamente lleva a aumentar las ratios en las aulas en tiempos de crisis sanitaria.

Estas cifras se han empezado a concretar estos días en los centros al recibir los cupos de profesorado para el curso 2020-21 y la reducción de grupos y de profesores es escandalosa. Ello dará como resultado la organización de grupos con más de 30 alumnos en ESO y 38 en bachillerato, la ausencia de desdobles y un aumento de las horas a parte del profesorado. A estos recortes hay que añadir el golpe a la inclusión educativa con la supresión del cupo de profesores de atención a la diversidad, compensatoria y PTSC; con ello se está perjudicando al alumnado, al que se tenía que reforzar después del confinamiento, por estar en desventaja socioeconómica y ser más vulnerable por tener necesidades educativas especiales.

Estos recortes en la pública no son algo excepcional, se producen año tras año, al tiempo que se regalan descaradamente decenas parcelas a la concertada, saltándose incluso la ley. Ello ha hecho que en la Comunidad de Madrid, gestionada por Esperanza Aguirre y otros presidentes imputados, el alumnado en la educación pública sea del 54%, frente al 67% en el resto del Estado. Es el resultado del achique del espacio de la educación pública, junto a un fuerte proceso de segregación escolar que nos hace estar a la cabeza de Europa en inequidad educativa.

Mantener la agenda de recortes no garantiza la menor seguridad frente a la covid-19. ¿Se imaginan grupos de 38 alumnos en bachillerato durante 7 horas hacinados en minúsculas aulas? Ignorar la pandemia y planificar el curso como si el virus hubiera desaparecido va a dar lugar a un previsible escenario de brotes, de estrés en el profesorado y de alarma social entre las familias. Piénsese en el estudio de la Universidad de Granada que calcula que una clase de Infantil de 20 niños se convierte en una burbuja que contacta con más de 800 personas en sólo dos días. Podemos estar abocados al cierre de muchas aulas en otoño por tamaña chapuza y a consecuencias de salud pública.

¿Qué puede salir mal? Pues todo, cuando se actúa con tanta irresponsabilidad en una situación sanitaria excepcional. En el colmo de la inconsciencia y del fanatismo para seguir agrediendo a la educación, Díaz Ayuso se ha manifestado a favor “de reducir la distancia de seguridad en los colegios”, cuando tendría que estar pensando en reforzar la prevención con la reducción de la ratio, la contratación de más profesorado y la inversión en infraestructuras. Y los ataques no acaban aquí: también ha anunciado que quieren aprobar una cuarta universidad privada contra el criterio de todo el mundo académico. Esta política anti educación pública también se repite en otras CCAA gestionadas por las derechas (Andalucía, Murcia, Galicia…)

Todo lo anterior ha hecho que se empiecen a agitar las aguas en la educación madrileña, creciendo el malestar y la preocupación. Se han realizado asambleas virtuales, una importante manifestación en defensa de los servicios públicos en Vallecas el 9 de julio frente a la Asamblea de Madrid, Asamblea Marea Verde ha convocado una manifestación para el 5 de septiembre , la Plataforma Regional por la Escuela Pública anuncia movilizaciones…

El rechazo a la política educativa de Díaz Ayuso es rotundo. Pero, más allá de la denuncia, la clave está en cómo se organiza la movilización para impedir esta nueva estocada a la educación pública. El profesorado, los sindicatos y los equipos directivos tienen mucho que decir, las familias y el alumnado también, junto a la ciudadanía madrileña y a los partidos políticos de la oposición. Quizá haya que conjurarse convocando unos Estados Generales de la Educación Pública de todas las fuerzas que la defienden para frenar esta brutal agresión. El curso no debería arrancar de esta manera tan irresponsable.

Autor: Agustín Moreno

Fuente de la Información: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/pura-doctrina-del-shock-en-educacion/

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