Privatización de la Educación

Desde la declaración de la Pandemia en marzo del 2020, en América Latina se han observado dos tendencias en el mundo de la educación pública que se mantienen y más aún, se profundizan.

Por un lado, con las modalidades de educación en línea o virtual, se mantiene y se profundiza la sobre carga del trabajo docente en un ámbito de mediación pedagógica virtual que se ha asumido de forma acelerada y en la mayoría de los casos, sin acuerdos o participación del magisterio en su diseño ni planificación. En segunda instancia, se profundiza la tendencia de participación del sector empresarial privado, las Instituciones Financieras Internacionales y las ONG´s transnacionales en la toma de decisiones y la gestión de la política educativa. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los grupos empresariales privados de la Red Latinoamericana para la Educación (REDUCA) no han renovado los discursos que tenían en las etapas pre-pandemia, pero aún así, los presentan como soluciones innovadoras para paliar la crisis.

Siguiendo los pasos del BID

En mayo del 2020, el BID publicó el documento “La educación en tiempos del coronavirus: Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe ante COVID-19”, que hace un repaso, desde la perspectiva del BID, sobre el estado de la educación en los países en el marco de la pandemia. Este documento coloca las prioridades en lograr que se aborde el contenido del currículo escolar y en que no se desatienda la evaluación, priorizando el acompañamiento y el monitoreo del proceso de aprendizaje (BID, 2020, p. 6).

El BID considera que lo fundamental es dar continuidad a “los servicios educativos” y que los obstáculos para finalizar el ciclo escolar no yacen en la pandemia misma, ni en las situaciones de pobreza, sino que los obstáculos están en que los sistemas educativos aún “no cuentan con mecanismos efectivos de educación a distancia acordes a las características de los hogares” (BID, 2020, p. 3) y en los que los Ministerio de Educación no tienen sistemas digitales que les permitan implementar la planificación de manera remota.

El mensaje que arroja el documento del BID es que, con plataformas digitales y contenidos curriculares digitalizados, se puede dar continuidad a los servicios educativos con el reto de las poblaciones con la conectividad limitada. Este mensaje coincide con la posición expresada por el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo, quien durante el Webinar titulado Centroamérica y los retos de la educación pos-COVID, 18-06-2020 Organizado por la OEI y el SICA, planteó que “analfabetismo digital del cuerpo docente hace imposible que las y los estudiantes terminen sus estudios”. En ese webinario participaron los Ministerios de Educación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero y el ex secretario de Educación Pública de México, Otto Granados, quien es el actual presidente del Consejo Asesor de la OEI. Es decir, incluso ante una pandemia con impactos económicos, sociales y culturales sin precedentes en la era contemporánea, la responsabilidad del contexto educativo recae sobre el personal docente y sobre los Ministerios de Educación.

Haciendo amistades en la Pandemia: UNESCO y Movistar, BID y REDUCA

El 30 de junio del 2020, los Ministerios de Educación de la región sostuvieron encuentro regional con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el sector privado organizado en REDUCA. La reunión se organizó con carácter privado y fue inaugurada por el propio Presidente de Ecuador Lenín Moreno (Ver) El encuentro tenía el objetivo de establecer estrategias efectivas a nivel nacional, regional y global y tenía como uno de los puntos de la agenda la “transformación” educativa. En el anuncio que hizo el Ministerio de Educación de Ecuador, se mencionaba que se revisarían “practicas existosos en la emergencia sanitaria”. Hasta el momento, REDUCA y el BID no han organizado la sesión abierta al público que habían anunciado.

Se debe tener en cuenta que, en los años recientes, integrantes de REDUCA como son Juntos por la Educación Paraguay, como FEPADE de El Salvador, hasta Empresarios por la Educación de Colombia o ReachingU de Uruguay han sido proveedores privados de servicios educativos para el sector público, incluyendo servicios de educación digital, formación docente y “alfabetización digital” al magisterio. No se puede descartar que a partir de esta reunión surja alguna iniciativa de cooperación técnica o de préstamos que el BID financie y que contemplen que los “servicios técnicos y tecnológicos” los provea, al menos en algún porcentaje, el empresariado privado de REDUCA.

Mientras tanto, en el marco de esta pandemia el Proyecto PROFUTURO de la empresa de telecomunicaciones Telefónica (en algunos países Tigo- Movistar) se ha instalado de manera definitiva en el ámbito de la educación pública. Profuturo ya desarrollaba proyectos centrados en la educación digital, elaborando contenidos educativos e invirtiendo en infraestructura digital. En Costa Rica, por ejemplo, PROFUTURO anunció la donación de USD 1000 000 (un millón de dólares) para la compra del equipo tecnológico y al desarrollo profesional y acompañamiento cercano de docentes para la” innovación educativa” En el mes de marzo del 2020, la UNESCO anunció del Convenio firmado con la fundación PRO FUTURO para que la Fundación ponga a disposición sus más de 160 cursos digitales de educación en línea.

UNESCO considera esto como un gran aporte, pues la Fundación proveerá materiales ya digitalizados a docentes, estudiantes y a sus familias. Este Convenio se da en el marco de la Coalición Global de la Educación para la Respuesta al COVID. En esta Coalición participan ONG´s y transnacionales de la tecnología como Microsoft, Google y Facebook, UNICEF, Khan Adacemy y PRO FUTURO. La propia UNESCO convoca a las corporaciones privadas, que lucran con negocios digitales y que no aceptan ningún tipo de regulación, y les cede el espacio para “resolver” la propuesta educativa digital y para pensar el futuro de la educación. La UNESCO abre la puerta para que los currículos educativos se orienten por estos contenidos digitales globales elaborados por la Fundación de una transnacional de telecomunicaciones, confirmando una mirada poco pedagógica y favorable al comercio educativo.

También la OCDE

Otro actor internacional que tiene influencia directa en las políticas educativas antes y durante la pandemia es la OCDE. El 29 de mayo de 2020, el Centro de Desarrollo de la OCDE publica el documento “COVID-19 y países en Desarrollo: políticas y alianzas para responder, re iniciar y reconstruir mejor. Política de los miembros del Consejo del Centro de Desarrollo de la OCDE” (OCDE, 2020). Como medidas para responder a la crisis económica y de empleo que se ha generado a causa de la pandemia, la OCDE plantea reforzar las habilidades para el empleo en los países en desarrollo y re organizar las cadenas productivas, adaptándolas a las economías digitales, así como promover los sistemas de educación centrados en soluciones tecnológicas (OCDE, 2020, traducción propia). De nuevo, estas propuestas no son soluciones nuevas, son planteamientos que la OCDE ha mantenido como parte de sus lineamientos para los países e América Latina que han solicitado ingreso a esta estructura global.

En miras a liderar la agenda post pandemia, la OCDE ya ha programado un foro global de toma de decisiones para el próximo mes de noviembre del 2020. El Foro “Gobiernos After Shock” se propone discutir cuál es el giro que darán las economías del mundo luego del paso de la pandemia (Ver). Sin estructuras regionales que le hagan contrapeso a estos organismos, es predecible que los gobiernos conservadores que se han tomado la región, no se preocupen por plantear otros futuros distintos ni por construir soluciones más cercanas y más justas para las realidades de nuestros países.

Las y los docentes, la pandemia y los actores financieros

Como se dijo en las primeras líneas de este artículo, la sobre carga de trabajo docente se ha profundizado durante la pandemia, y está acompañada de narrativas que atacan al sector público y a las y los trabajadores de la educación acusándoles de los supuestos “atrasos digitales”. Mientras tanto, el Ministerio de Educación de El Salvador anunció que hizo un convenio con Google para utilizar su plataforma.

Al mismo tiempo, en países como Costa Rica donde no hay organizaciones sindicales en el sector privado, las y los docentes de escuelas privadas han sufrido recortes salariales de hasta un 30%. En Honduras, República Dominicana y el Perú, el negocio de las escuelas privadas de bajo costo se ha visto confrontado con la presión económica pues las familias han descontinuado el pago. En México la Unión Nacional de Padres de Familia anunció que al menos 100 000 (CIEN MIL) estudiantes deberán salir de centros educativos privados y matricularse en centros educativos públicos y en Perú la Dirección de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación, informó que ya ha recibido solicitud de matrícula de 82 000 (OCHENTA Y DOS MIL) estudiantes expulsados de centros privados por falta de pago.

Es importante recordar que tanto la cooperación internacional como el BID han apostado por las escuelas privadas de bajo costo. Incluso, el BID es el principal aliado del Grupo Financiero Privado INTERCORP, principal inversionista en el impulso a las escuelas privadas de bajo costo en el Perú y en México.

Para contener esta tendencia de debilitamiento del sector privado, y principalmente de un negocio en el que el BID ha invertido, el documento ”La educación en tiempos del coronavirus: Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe ante COVID-19” del BID, tiene como solución la mismas tácticas que se impusieron desde los noventas y que consisten en pasar fondos públicos al sector privado y “establecer un programa de subsidio o financiamiento de la demanda para mantener, en la medida de lo posible, la matrícula actual en el sector privado” (BID, 2020, p. 26). Para atender el impacto de la crisis en el plazo más inmediato, muchos países se están comprometiendo aún más con préstamos con el BID, el Banco Mundial y con el FMI.

El BID tendrá nuevas elecciones para elegir su Presidencia en el mes de septiembre de 2020. El candidato con más votos es Mauricio Claver Corane, un político de signo ultraderecha y neocolonialista. De ser electo, es de esperar que la línea del BID de un giro aún más a la derecha. Esto puede impactar tanto en los contenidos y los enfoques de los nuevos proyectos en educación, como en la búsqueda de créditos en otros actores a quienes el BID les había ganado terreno en la región y que pueden instalarse nuevamente con mayor fuerza, como son el Banco Mundial o el FMI.

Estos actores tienen de nuevo la puerta abierta en la región, con gobiernos conservadores encabezando muchos de los países. En el mes de abril, habiendo transcurrido apenas un mes del anuncio de la pandemia, los gobiernos de Uruguay y Perú ya anunciaban recortes en los salarios del sector público. Esta misma tesis la sostiene el Banco Mundial que, en un artículo del 6 de abril de 2020, ponía sobre la mesa que los trabajadores públicos constituyen un grupo privilegiado, puesto que tienen protecciones laborales y salarios hasta 20% mayor a los del sector privado”. Ese mismo artículo adelantaba que a raíz de la pandemia, muchos países “tendrán que hacer reformas importantes en el sector público para poder gestionar mejor la próxima crisis”, reformas que no pueden omitir al sector de la educación, que representa un 30% del sector público.

Al mismo tiempo, el Banco recomendaba que el sector de la educación, buscara formas de “recompensar el tiempo perdido que para esto buscara “un mayor apoyo y una mayor gestión para hacerlo con eficacia”, lo cual anuncia nuevas medidas de endeudamiento condicionado para nuestros países. La respuesta a la pandemia y al manejo de la política educativa durante la emergencia sanitaria, es una respuesta eminentemente política e ideológica. Las tendencias con mirada empresarial y comercializadora que se observan no han surgido durante la pandemia, sino que han encontrado en esta un nicho para consolidarse, ante Estados que se des responsabilizan de garantizar los derechos, entre ellos, el derecho a la educación pública.

Fuentes

BM (2020) Deberían reducirse los salaries del sector pública para dar respuesta al Cooronavirus? Tomado de https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects

BID (2020) La educación en tiempos del coronavirus. Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe frente al COVID. Tomado de https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion…

OCDE (2020) COVID-19 and developing countries: Policies and partnerships to respond, reset and rebuild better. Policy Statement by the Members of the Governing Board of the OECD Development Centre Tomado de https://www.oecd.org/coronavirus/en/

UNESCO (2020) Coalición Global por la Educación en respuesta al COVID Tomado de https://en.unesco.org/news/unesco-rallies-international-organizations-ci…