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Uruguay: Especialistas advierten sobre “tendencia privatizadora” de la educación en la LUC

América del Sur/Uruguay/Ladiariauy

En una jornada de intercambio, académicos analizaron el anteproyecto y expusieron posibles riesgos.

La emergencia sanitaria que trajo el nuevo coronavirus hizo que se postergara el ingreso del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) al Parlamento; sin embargo, aún se discute, en diferentes ámbitos académicos, el contenido del borrador presentado a mediados de enero. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Udelar) organizó el jueves 12 una mesa redonda sobre los cambios propuestos en el proyecto vinculados a la educación. Los investigadores Pablo Martinis, Agustín Cano, Jorge Camors y Andrea Díaz expusieron sobre las consecuencias que puede traer la modificación de 55 artículos de la actual Ley General de Educación (LGE), la derogación de 15 de sus artículos y la modificación de ocho leyes de los últimos años que refieren a la educación.

Uno de los aspectos que preocupa por igual a los investigadores es la “tendencia privatizadora” que se desprende del proyecto. Según Cano “hay una serie de artículos que tienen una orientación privatizadora o tendientes a generar las condiciones institucionales para eso”. Mencionó que el ejemplo más claro es la eliminación de un fragmento del artículo 14 de la LGE que prohíbe asumir acuerdos que “directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización”.

Cano unió esta eliminación con el discurso de asunción en el Parlamento del presidente Luis Lacalle Pou, quien dijo que hay “una posibilidad inminente de que universidades del mundo vengan a complementar el sistema educativo en materia de tecnología, información y comunicación que pueden significar un fuerte apoyo para la necesaria descentralización demográfica y económica de nuestro país”. Cano puntualizó: “En los próximos meses tendremos la oportunidad de ver si la asociación entre una propuesta de modificación y esta mención en el discurso es pertinente o no”.

A su turno, Martinis agregó: “Cuando hablamos de movimientos que tienden a generar niveles de privatización en la educación, también tiene que ver con las formas de conducción de la educación pública”. El investigador señaló que no sólo se eliminan los consejos desconcentrados de la Administración Nacional de Educación Pública, sino que además se quita el requisito de tener diez años de experiencia en la educación pública para ser parte del Consejo Directivo Central.

Además, “se elimina lo público del actual Sistema Nacional de Educación Pública y se altera la forma de conducción, ya que deja de existir la comisión coordinadora actual para la instalación de una coordinadora con un lugar relevante de actores de la educación privada, la educación policial y militar, donde además la Udelar ve retaceada su participación”, detalló Martinis, y enfatizó: “Hay un punto bien claro: la supresión del adjetivo ‘público’ no es una cuestión retórica, sino que tiene profundas consecuencias”.

Defensa del principio de autoridad

El investigador Jorge Camors resaltó en su intervención el nuevo rol que tendrá el MEC si se aprueba el borrador de la LUC. “Hay una defensa del principio de autoridad cuando vemos que todo se modifica en función del MEC, que aparece como una institucionalidad, pero sigue siendo un ministerio, es decir, una secretaría de Estado del presidente de la República; hay una estructura vertical que remite a la presidencia”. Camors enfatizó: “Se recuesta toda la educación sobre un ministerio y en realidad es dejarla en los hombros de un ministro, porque puede tener muchos equipos pero está habilitado a tener una participación unipersonal. De esta forma, los docentes pierden espacio de participación y seguramente perderán entusiasmo en el desempeño de sus tareas, así como se verá afectada la valoración social que tenían. La profesionalidad se basa en la autonomía relativa, y se desdibuja si se la ubica en una cadena de mando. Se pierden las garantías de un sistema y queda todo librado a lo individual de un ministro, de un director. Habría que pensar cómo robustecer el ambiente y la cultura para facilitar la participación y los procesos educativos de todas las personas a lo largo de toda la vida”.

Formación docente

Martinis comentó los cambios en la formación en educación, que pasa a llamarse formación docente. En el anteproyecto de la LUC se conforma un Programa Nacional de Fortalecimiento de la Profesión Docente en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), al que, subrayó Martinis, “se le otorga una centralidad en los asuntos de formación docente”. El programa tiene entre sus cometidos generar un Sistema Nacional de Becas para los estudiantes de formación docente universitarios, pero al mismo tiempo en el borrador de la LUC “se elimina el carácter universitario de la formación docente, por lo que una primera interpretación es que son becas para las universidades privadas, que por el momento son las únicas que ofrecen formación docente de carácter universitario”.

La LUC prevé un procedimiento voluntario por el que cada instituto de formación docente del país podría postularse para acceder al nivel universitario. Martinis advirtió: “Podríamos tener un sistema de formación docente en que algunos de los institutos fueran universitarios y otros no, y esto supone una fragmentación del sistema e instalaría un principio de competencia entre estos institutos para lograr el carácter universitario y para captar los recursos de las becas propuestas”.

Nuevas reglas para los docentes

El anteproyecto de la LUC habilita la creación de un nuevo estatuto del personal docente, paralelo al actual. Se establece que para el desarrollo de la carrera se tomará en cuenta el compromiso con el proyecto de centro que manifieste el docente, “sin definir qué se entiende por compromiso”, puntualizó Martinis. “Las compensaciones salariales y otros beneficios a los que acceden los docentes pueden estar supeditados al cumplimiento de metas de política educativa; pero tanto en la evaluación del trabajo docente como en la continuidad y conformación de los planteles se establece que las decisiones vinculadas a esto podrían ser delegadas a los directores de los centros. Acá se puede ver una fragmentación de los sistemas en términos de logros de estas metas y de la evaluación a los docentes”.

Para el investigador “este punto es central, no porque la ley plantee esto, pero ciertamente abre las puertas para que se den los primeros pasos para la constitución de un sistema educativo fragmentado, en que diversas instituciones educativas compiten entre sí por la captación del alumnado, por la captación del financiamiento estatal, al estilo de las escuelas charter, escuelas autónomas que reciben financiamiento estatal pero operan independientemente, donde el carácter público de la institución queda definido exclusivamente por ser una institución gratuita y que en principio no pondría requisitos para el ingreso”.

Cano sintetizó: “Es de esperar que el subconjunto de cambios sobre educación en la LUC tengan tres efectos principales”: la desarticulación del sistema terciario superior público, concentrando atribuciones en el MEC y debilitando la posibilidad de elaboración de políticas y articulaciones entre los entes autónomos de la enseñanza; la quita de peso político y representatividad a la Udelar; y la apertura de mecanismos de transferencia al ámbito privado, como pueden ser las becas de formación docente, por lo que concluyó que “se visualiza un crecimiento del poder de las instituciones privadas”.

Libertad de cátedra

El borrador de la LUC sustituye el término “libertad de cátedra” por el de “autonomía técnica”, manteniendo la misma definición. Este cambio ya fue descartado por el jerarca del MEC, Pablo da Silveira, quien al asumir su cargo en el ministerio dijo que no se van a “empantanar en discusiones terminológicas”. La docente Andrea Díaz profundizó en el tema durante su intervención y se preguntó: “Siendo que hay una tradición de libertad de cátedra, es decir, la libertad de exponer un tema, tomar posicionamiento y opinar: ¿por qué el cambio de término? ¿Es reducir una posibilidad que es frondosa y se ha conquistado con mucho esfuerzo a un simple elegir el método?”.

Fuente: https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2020/3/especialistas-advierten-sobre-tendencia-privatizadora-de-la-educacion-en-la-luc/

 

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Aminta Navarro: “En la medida en que hay más desesperanza por la educación pública, más se da la apertura para el lucro en la educación”

Por: Thais Iervolino.

 

En entrevista a la CLADE, la coordinadora del Foro Dakar Honduras llama la atención sobre la importancia de la protesta y la movilización social, como forma de demandar al Estado el derecho a la educación pública y gratuita

La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE. 

Aminta Navarro: “No hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes.

En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.

Lee la entrevista completa.

¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?

Aminta Navarro – No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial.

De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara.

Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.

¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?

Aminta Navarro – Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada.

“Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos”

Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”.

También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.

En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?

Aminta Navarro – Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos.

Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios.

Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.

Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?

Aminta Navarro – Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”.

Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.

¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?

Aminta Navarro – Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.

La definición ‘organizaciones sin fines de lucro’ varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?

Aminta Navarro – Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos.

Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.

¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?

Aminta Navarro – Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación.

Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa.

En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos.

Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.

Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?

Aminta Navarro – En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial.

“No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes”

Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.

¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?

Aminta Navarro – Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley.

La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.

¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?

Aminta Navarro –  La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas.

Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/aminta-navarro-en-la-medida-en-que-hay-mas-desesperanza-por-la-educacion-publica-mas-se-da-la-apertura-para-el-lucro-en-la-educacion/

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CLADE: Fernanda Saforcada, El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado

Por: Thais Iervolino.

En entrevista a la CLADE, investigadora habla sobre cómo América Latina y el Caribe es hoy una de las regiones del mundo con más estudiantes en universidades privadas

América Latina y el Caribe (AL&C), junto a la Asia Meridional Sur, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación superior. Más del 50% de las matrículas de AL&C están en las universidades privadas. Eso significa que la mayor parte de estudiantes en la región no tiene acceso a la educación superior pública. 

Fernanda Saforcada: El incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública. Foto: conadu.org.ar

Esta constatación está presente en “Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina”, investigación elaborada por el Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) de Argentina, en alianza con Internacional de la Educación (IE).

De autoría de Fernanda Saforcada, Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, la investigación analiza las tendencias regionales hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.

La CLADE conversó con una de las autoras, Fernanda Saforcada. Dividida en dos partes, la entrevista aborda algunos de los motivos por los que la región de América Latina enfrenta un contexto de “hiper privatización” de la educación superior. Así mismo, trae a la luz los conceptos que distinguen privatización de mercantilización, los acercamientos y alejamientos entre el proceso de privatización de la educación básica y el que afecta a la enseñanza superior y, sobre todo, la disputa de sentidos sobre la educación y cómo la privatización es política e ideológica, más allá de las cuestiones económicas.

En esta primera parte, el diálogo se enfoca en los motivos, trayectoria y concepciones del proceso de privatización y mercantilización de la educación superior en la región.

¡Buena lectura!

La investigación afirma que América Latina, junto con Asia meridional, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales razones para este escenario? 

Fernanda Saforcada – Asia Meridional Sur y América Latina y el Caribe son efectivamente las dos regiones más privatizadas, son las dos que superan el 50% de matrículas en el sector privado. Es decir, tienen más estudiantes en la educación superior privada que en la educación superior pública.

Esto toma dimensión cuando vemos números de otras regiones. En Europa, por ejemplo, solo el 13,7% de estudiantes están en el sector privado, en América del Norte solo el 28%. Ello nos da la dimensión de lo que implica pensar en más de 50% de estudiantes en el sector privado.

Las razones por las cuales se da esa hiper privatización tienen que ver con dos cuestiones comunes a nivel global. Por un lado, la educación superior se expandió muy notoriamente entre los 1990 y la actualidad. Por otro lado, hubo un decrecimiento de los recursos públicos en algunos casos, y de congelamiento de estos recursos, en otros casos.

Cuando digo que hubo una expansión de la matrícula, estoy hablando que la matrícula triplicó: alcanzó el 300%, en números globales, el incremento de las matrículas de la educación superior en América Latina.

Los motivos, en principio, son dos. Uno tiene que ver con los propios procesos sociales de crecimiento de escolaridad y distinción social o de prestigio, de búsqueda de certificaciones de mayor nivel. Es lo que han llamado inflación de títulos. Es decir, las personas buscan el título de educación superior porque esto supuestamente les hace una diferencia. La otra cuestión es que en los años 1990 hubo una expansión de la escolaridad secundaria muy notoria por el crecimiento de la matrícula y que luego se consolidó con la sanción de leyes que establecen la obligatoriedad de la escuela secundaria en la mayor parte de los países, en los primeros años de este siglo. Eso también generó un volumen mayor de jóvenes que terminan la secundaria y buscan acceder a la educación superior.

Esta presión por mayor acceso a la educación superior convivió con políticas neoliberales en los 1990, que generaron un desfinanciamiento de la educación superior pública. Claramente, la curva de financiamiento a la educación superior, si en los 1990 era decreciente, en este siglo fue creciente con muchas diferencias de un país a otro.

Sin embargo, este crecimiento de fondos no llegó a cubrir lo necesario en términos de reconstruir lo debilitado en los 1990 por falta de recursos. Tampoco alcanzó para responder al crecimiento de la demanda.

Esta tensión entre mayor demanda por educación superior y recursos insuficientes se resolvió de dos maneras. Por un lado, se incrementaron o profundizaron los procesos de selectividad en el ingreso a la universidad. Es decir, frente a la mayor demanda, lo que se hizo fue poner más barreras para el acceso.  Por el otro, la introducción o el aumento de aranceles.

En esto, Argentina fue una excepción. No generó procesos de selectividad y sostuvo la gratuidad de la universidad pública. Sin embargo, respondió a esta mayor demanda y menor cantidad de recursos con la precarización del trabajo de las y los docentes.

Otra cuestión fue lo que muchos autores llaman mercantilización de lo público. La situación de falta de recursos forzó a las universidades públicas a desarrollar modalidades de auto-financiamiento, que pueden darse a través, como dije, del incremento de aranceles a las y los estudiantes, o de la introducción de aranceles donde no había. También, a través de la venta de servicios para sectores privados, para el sector productivo, como forma de buscar otros modos de captación de recursos, dado que el Estado no llegaba a cubrir lo necesario.

“Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública”

Este es un paquete en relación a la tensión entre más demanda y menos recursos – o recursos no proporcionales a esa demanda. La otra pata es que las y los estudiantes, en la medida que no acceden al sector público o que el sector público se debilita mucho, van al sector privado.

Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública. Esta situación es concomitante al proceso de expansión de las universidades privadas de relativamente bajo costo.

En las universidades privadas de bajo costo, hay matrículas bastante más económicas que en las privadas más tradicionales. Así, concentran una gran cantidad de estudiantes que quieren ingresar a la educación superior y no logran acceder al sector público porque los procesos de selectividad son muy severos. Generalmente, para poder pasar por esos procesos, hay que acceder a algún tipo de curso pre-universitario que es pago y no lo pueden pagar. O, inclusive, porque no pueden hacerse cargo de los aranceles cobrados por la educación pública.

Por otro lado, en la medida en que las universidades públicas aparecen debilitadas de alguna manera, hay estudiantes que van a las universidades privadas de élite o tradicionales porque piensan que allí van a recibir una mejor formación.

Esta situación produce el fenómeno de la privatización enmarcado en un contexto de hegemonía neoliberal. Estos impulsos se dieron muy fuertemente en los 1990, en un contexto neoliberal en el cual, además, había políticas públicas educativas científicas y culturales que construyeron simbólicamente el imaginario de que lo privado era mejor.

En el contexto de los gobiernos post-neoliberales, si bien es cierto que hubo políticas activas de fortalecimiento de lo público, no lograron frenar la tendencia al crecimiento absoluto y relativo del sector privado. Entonces, en los países con gobiernos populares, progresistas, hubo un gran fortalecimiento de lo público y políticas fuertes de expansión y de fortalecimiento de lo público, pero el sector privado también siguió creciendo.


El estudio analiza la privatización y la mercantilización de la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los conceptos de mercantilización y privatización? 

Fernanda Saforcada – En términos generalescuando hablamos de los procesos de privatización de los servicios públicos, hablamos de cómo empresas públicas pasan a ser gestionadas y usufructuadas por el sector privado. Es decir, se habla de pasar a manos particulares o a la esfera privada, instituciones del sector público.

En el caso educativo, es diferente. Si bien eso se observa en algunos casos, no es lo más común. Las formas más comunes de privatización han sido, por un lado, el crecimiento de lo privado porque el Estado se achica en su oferta de educación pública y eso genera el terreno para el crecimiento del sector privado, tanto en cantidad de instituciones como en cantidad de estudiantes. A veces, inclusive se impulsan políticas que estimulan de alguna manera la expansión del sector privado.

Cuando hablamos de privatización, hay que mirar quién financia y quién ofrece la educación. En los formatos tradicionales privados, quien financiaba era la família, y quien ofrecía educación era una institución privada o particular. A partir de los 1990, esa unidad se rompe y lo que aparecieron son formas de privatización que combinan el financiamiento público con la gestión privada, o el financiamiento particular con gestión pública.

A eso también agregamos el currículo y su privatización, la cual se da cuando, por ejemplo, se contrata una empresa para definir un diseño curricular. Puede ser que la escuela sea pública, financiada con fondos públicos, pero en este caso quien define los contenidos que se enseñan es una institución privada.

“Hablamos de privatización en la expansión del sector privado, en que hay más graduadas/os en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización cuando la universidad pública tiene que gestionarse y funcionar como si fuera una empresa. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes”

Cuando hablamos de mercantilización, hablamos sobre cómo ciertos aspectos, dimensiones, procesos y procedimientos del ámbito público empiezan a funcionar con lógicas mercantiles. Un ejemplo muy claro es cuando se introduce la modalidad de competencia dentro del sector público para distribuir fondos públicos, pero con una lógica que es poner a competir las instituciones entre sí. Eso es introducir una modalidad del mercado para regular un aspecto de lo público.

En el caso de las universidades, hablamos de privatización para referir a la expansión del sector privado: hay más instituciones privadas, más estudiantes en instituciones privadas y más personas graduadas en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización para referirnos a cómo cuestiones de lo público funcionan con lógicas del mercado, como por ejemplo, la situación de que las universidades públicas venden servicios y se gestionan o funcionan como si fueran empresas. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes.

“Garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común”

Cuando pensamos el derecho a la educación como un derecho individual, formal, jurídico, que puede ejercerse o no, puede ser que se tramite a través de la educación privada. Ahora, si pensamos que el derecho a la educación es un derecho social, que debe ser garantizado al conjunto del colectivo social, y que debe ser definido en términos del bien común, la única forma de responder a ese derecho es a través de la educación pública y del sentido de lo público. El sentido de lo público, no como espacio abierto a cualquiera, como una plaza o un café, sino en la manera en la que históricamente se configuró el sentido de lo público en la educación, que es de pensar lo público como el bien común.

En ese sentido, garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común.


¿Hay algún país de la región que se destaca en términos de privatización universitaria en la región? ¿Por qué?

Fernanda Saforcada – Hay algunos países que claramente se destacan. Chile, por supuesto, pues tiene el 85% de las matrículas universitarias en el sector privado. Brasil es uno de los que tiene índices más altos también, con el 73% de las matrículas universitarias en el sector privado. En seguida, vienen: Perú con 72%, y Puerto Rico y El Salvador, con 70%. Estos cinco países son los que tienen una situación de mayor profundización de la privatización.

Tenemos muy instalada la idea de que lo justo es cuando las cosas son equivalentes, entonces pareciera que es justo hablar de un 50% de las matrículas en el sector privado, y el otro 50% en el sector público. Pero, cuando hablamos de educación y derechos, eso no es lo justo.

En términos de garantía de derechos, igualdad, justicia social y de construcción del bien común, uno esperaría que la gran mayoría de estudiantes e instituciones estuviera en el sector público. Como decía, hay cinco países en nuestra región que tienen el 70% o más de sus estudiantes en el sector universitario privado, y esa situación es la más extrema de la privatización. Pero tenemos también países en los que el 40% de estudiantes, o más, están en el sector privado, lo que también es muy preocupante.

A su vez, en Cuba, el 100% de las instituciones universitarias son públicas. Le sigue Uruguay, donde el 86% de las instituciones pertenece al sector público.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/fernanda-saforcada-el-55-de-la-educacion-superior-en-america-latina-pertenece-al-sector-privado/

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Uruguay: El gobierno electo choca con los sindicatos de la educación

Redacción: El País

A falta de dos semanas para el cambio de mando, empezaron las discrepancias entre el gobierno electo y los sindicatos de la educación.

El gobierno electo aún no asumió su mandato y ya empezó a tener cortocircuitos con los sindicatos de la educación. Esta vez el desencadenante del conflicto no es presupuestal, la causal de dos tercios de los paros y ocupaciones del último quinquenio, sino el anteproyecto de ley de urgente consideración.

Uno de cada siete artículos del anteproyecto en cuestión está vinculado a la enseñanza, y eso causó malestar en los sindicatos del sector. Tanto es así que la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo votó “por mayoría” un paro para el segundo jueves de marzo, y la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) inició una ronda de conversaciones con todos los partidos políticos.

Fue en esa gira de consultas que las autoridades de la FUM -el sindicato de maestros que nuclea a más del 84% de los docentes de Primaria de todo el país- se reunieron ayer con el ministro de Educación designado por el nuevo gobierno, Pablo da Silveira. Tras el encuentro, la integrante del secretariado ejecutivo de la Federación, Gabriela Arbeleche, dijo que se llevaba “malas noticias” porque no se alcanzó ningún acuerdo.

“La gobernanza (de la educación) es uno de los temas que también se discutieron, (porque) entendemos que el cambiar a direcciones ‘unipersonales’ no mejora la gestión. Los aprendizajes de los niños no pasan porque haya tres personas o una persona en el gobierno del Consejo de Educación Inicial y Primaria”, explicó la dirigente sindical.

No conformes con las respuestas del gobierno electo y continuando con su ronda, la FUM se reunirá hoy con el presidente y los equipos de educación del Frente Amplio, el miércoles lo harán con el colorado Julio María Sanguinetti y el último sábado de febrero se hará “una evaluación nacional”. ¿Qué se espera para entonces? Las distintas filiales elevarán sus propuestas y la idea de un paro “es una herramienta que se puede analizar”, dijo Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt e integrante de la FUM.

Quien sí ya decretó un paro fue el sindicato de profesores de liceos de Montevideo. La moción votada el sábado dice que “el gobierno entrante intenta aprobar rápidamente (esta ley) para evitar un debate real, de forma antidemocrática, y cuyo contenido es muy grave para la clase trabajadora y el pueblo”.

Sindicato docente de Montevideo. Foto: Francisco Flores

Sindicato docente de Montevideo. Foto: Francisco Flores

El paro quedó fijado para el 12 de marzo, fecha en que se ocupará un liceo para realizar la asamblea general de ADES Montevideo. Pero los días previos “puede que haya” paros parciales en otros institutos de la capital mientras los núcleos sindicales realizan sus asambleas.

El futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que este paro es “muy ideológico”. El integrante de Todos criticó: “Tienen todo el derecho a hacerlo, pero no sé si contribuye mucho a la mejora en la educación. Cuando ocurren estas situaciones, son los más débiles los que lo sienten más, porque muchas veces la madre o el padre tiene que perder el jornal cuando no tiene con quién dejar a sus gurises en la casa”.

Da Silveira complementó en el mismo sentido: “Yo les pediría que piensen en los más débiles. Un paro en la enseñanza no solo significa que los chicos se quedan sin clases, tiene efectos tremendos sobre las vidas de las familias, especialmente los más débiles: las madres solas que se tienen que ir a trabajar, las familias trabajadoras. La gente con recursos no se ve afectada por el paro de la enseñanza, los que sufren son los vulnerables. Yo les pediría a los sindicatos de la educación, que piensen en ellos”.

Pero en ADES no se quedaron en silencio: “Hay que tener sensibilidad social y pensar en los más débiles cuando se hace un proyecto de ley que quiere avanzar en la privatización de la educación… por eso peleamos y nos movilizamos”, dijo Javier Iglesias, dirigente del sindicato. Y agregó: “Nosotros, además de profesores, somos padres, tenemos hijos. Y cuando hacemos paros tenemos descuento salarial, por lo cual también se afectan nuestras familias”.

La enseñanza significó un tercio de los paros

Los primeros años de cada gobierno, esos en que se vota el presupuesto quinquenal, suelen ser de paros y ocupaciones. La última administración no fue la excepción. Tabaré Vázquez enfrentó, en 2015, un incremento de la conflictividad laboral que superó el 140%. Un tercio de esos conflictos habían sido en la educación. De hecho la enseñanza fue el sector con más paros en tres de los años del lustro, a excepción de 2016 y 2017 en que fue superado por la construcción, según el Instituto de Relaciones Laborales de UCU.

Florit y Garibaldi: el regreso a la militancia de dos históricos
Héctor Florit, consejero de Primaria. Foto: Marcelo Bonjour.

Héctor Florit (foto) y Luis Garibaldi son dos de los maestros que más tiempo han integrado el gobierno de la educación durante las administraciones del Frente Amplio. Pero con la jubilación profesional y el cambio de gobierno en la mira, ambos volverían a su viejo refugio: la militancia sindical.

Los hoy consejeros de Primaria y Formación en Educación habían sido desafiliados del sindicato en 2013, cuando la Asociación de Maestros de Montevideo decidió expulsar a todos sus socios que integraban el gobierno. Aquel episodio, que fue rechazado por el Frente Amplio, distanció a los dos dirigentes históricos de la Federación Uruguaya de Magisterio. Pero ambos están dispuestos a una reconciliación, incluso por fuera de la afiliación.

Florit ha sido uno de los colaboradores de la revista del sindicato y Garibaldi dijo estar siempre dispuesto “a militar”.

Otros dos desafiliados por Ademu habían sido la hoy directora de Primaria, Irupé Buzzetti, y el exsubsecretario de Educación, Óscar Gómez. Ambos no explicitaron si volverán.

Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/gobierno-electo-choca-sindicatos-educacion.html

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Marruecos: un Informe destaca las desigualdades causadas por una mayor privatización de la educación

Marruecos: un informe destaca las desigualdades causadas por una mayor privatización de la educación

Una nueva investigación encargada por la Internacional de la Educación advierte contra la privatización desenfrenada de las escuelas marroquíes, subrayando que lejos de mejorar los resultados de aprendizaje ha creado una sociedad de “varias velocidades”.

Con el título Privatisation of Education in Morocco – A Multi-Speed Education System and a Polarised Society (Privatización de la educación en Marruecos: un sistema educativo de varias velocidades y una sociedad polarizada), el estudio de Khadija Abdous muestra la forma en que las reformas educativas gubernamentales intentan privatizar la educación, pero sin mejorar la calidad. Presentado hoy, en Casablanca, el estudio muestra que favorecer la oferta de educación privada sobre la pública ha profundizado la desigualdad y la segregación.
Mayor privatización, resultados de aprendizaje insuficientes, creciente desigualdad  
Los resultados de aprendizaje en Marruecos son deficientes: el país ocupó el puesto 47 entre los 49 países que participaron en TIMSS (Tendencias en el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias) en 2015.
Siguiendo el consejo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Marruecos ha hecho de las escuelas privadas un elemento clave de su estrategia en materia de educación, en detrimento de las escuelas públicas.
El nuevo estudio de la Internacional de la Educación señala que el fuerte apoyo del Gobierno a la educación privada y la falta de fondos para las escuelas públicas ha dado pie a un importante aumento en el número de escuelas privadas, especialmente a nivel de la enseñanza primaria. Mientras que, en 1990, la matrícula en las escuelas privadas de enseñanza primaria representaba el 3,6% del alumnado, en 2016 esta proporción se había disparado a casi el 16%. Además, el 84% de los centros educativos de la primera infancia son privados, y el 61% de este porcentaje son escuelas coránicas tradicionales no acreditadas.
Sin embargo, como señala Abdous, el aumento en el número de escuelas privadas no tiene correlación con mejores resultados de aprendizaje para los estudiantes. Además, la proliferación de escuelas privadas ha creado un sistema en el que los ingresos de una familia es el elemento que determina en gran medida la calidad de la educación a la que sus hijos pueden acceder. Este resultado contrasta con la visión declarada del Gobierno marroquí según la cual “la educación privada es un socio de la educación pública en la generalización y realización de la equidad”.
Escuelas públicas afectadas por la insuficiencia de fondos y de calidad  
Al tiempo que el Gobierno concede prioridad a la educación privada, el estudio encontró que existen escuelas públicas que carecen de la infraestructura básica y de materiales didácticos.
El impulso del Gobierno para reducir costos dio lugar a varios programas aún vigentes a través de los cuales se alentó a los/las docentes experimentados y calificados del sector público a abandonar la profesión o a jubilarse anticipadamente. El resultado de estas medidas ha sido una gran escasez de docentes, clases combinadas y aulas superpobladas, todo lo cual socava la calidad. Como consecuencia, muchas familias marroquíes prefieren invertir en la educación privada.
Los principios de mercado en la educación desprofesionalizan la enseñanza
El estudio también destaca las consecuencias de la política gubernamental y el aumento de la privatización de la profesión docente en Marruecos. A medida que los/las docentes experimentados se retiraban de las escuelas públicas para trabajar en la educación privada, el Gobierno contrató a 70.000 docentes interinos para responder a la escasez de docentes, lo que dio lugar a una precariedad sin precedentes en la profesión.
Las malas condiciones de empleo de los/las docentes interinos provocaron repetidas huelgas y muchas horas de aprendizaje perdidas en las escuelas públicas.
Además, como señala Abdous, el Gobierno ha dado a conocer recientemente su colaboración con la organización Teach for Morocco, la cual coloca en las escuelas públicas docentes no calificados que han recibido solo unas pocas semanas de formación, socavando así la situación de la profesión.
Escuelas privadas no reguladas y rentables  
Las políticas educativas de Marruecos favorecen la educación privada: la carta nacional estableció como meta que el 20% del alumnado asistiera a escuelas privadas para 2010. Los agentes privados cuentan con el apoyo gubernamental, incluida la asistencia administrativa y financiera. Entre tanto, las regulaciones gubernamentales para las escuelas privadas son inadecuadas, en particular las relativas a las tarifas y la matrícula.
El estudio advierte que a medida que las escuelas públicas se degradan, la educación privada se está convirtiendo rápidamente en un mercado rentable con pocos controles y contrapesos para salvaguardar la calidad.
Internacional de la Educación: solo la educación pública gratuita y de calidad puede garantizar la equidad 
En sus comentarios a los resultados de la investigación, el Secretario General de la Internacional de la Educación, David Edwards, señaló: “Estamos profundamente comprometidos con la equidad y la justicia social.
Cuando estos dos principios se aplican al sector educativo, implican un acceso igualitario a una educación pública gratuita y de calidad para todos sin discriminación. Hacemos un llamado al Gobierno marroquí para que se aleje de las escuelas privadas que profundizan la desigualdad y la segregación y, en cambio, se centre en la educación pública, la única forma de lograr la equidad prometida en la educación”.
El resumen de los resultados de la investigación está disponible en inglés, árabe y francés.
El estudio completo está disponible en francés.
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En los últimos cuatro años, la campaña de Respuesta Mundial de la Internacional de la Educación ha impulsado la lucha contra la creciente privatización y comercialización de la educación con las organizaciones miembros en todas las regiones del mundo.
Fuente: https://www.ei-ie.org/spa/detail/16613/marruecos-un-informe-destaca-las-desigualdades-causadas-por-una-mayor-privatizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n
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“No hay neoliberalismo sin una violencia contra la sensibilidad” // entrevista a Diego Sztulwark.

Por:  Amador Fenández-Savater

Francia, Hong Kong, Ecuador, Irak, Chile… Una nueva onda de politizaciones y revueltas expresa explícitamente el malestar global contra el neoliberalismo. El filósofo argentino Diego Sztulwark, antiguo miembro del Colectivo Situaciones, encuentra inspiración en ese “reverso de lo político” para un nuevo ensayo de pensamiento político radical: La ofensiva sensible (editorial Caja Negra). Anteriormente publicó Vida de perro, balance de medio siglo de política en Argentina, junto al periodista Horacio Verbitsky.

Revueltas, revoluciones

Dice el filósofo Alain Badiou que esta es una época de revueltas, pero ya no (¿aún no?) de revoluciones. Las revueltas gritan “no”, ponen límites al poder, desalojan dictadores o gobiernos autoritarios, pero sin un modelo social alternativo y de repuesta. En este impasse o intervalo (ya no/aún no), ¿cómo te sitúas? ¿Dónde se sitúa tu pensamiento y la escritura de este libro?

No veo otra opción que situarme precisamente en el interior de este impasse. Ni en el desaliento que hace que consumamos razonamientos interesados en profundizar la impotencia, ni en alguna clase de utopismo que, paradójicamente, no puede afirmarse sin negar aspectos importantes de la situación que describes. Ni en el prestigio del realismo pesimista, ni en el autoengaño de quienes alientan a la acción sin hacerse cargo de lo que no funciona. El filósofo argentino León Rozitchner empleaba una fórmula que a mí me sigue interesando: “cuando el pueblo no lucha, la filosofía no piensa”. Es obvio que hay luchas muy importantes y hay nuevas formas de pensar. Y también es evidente que el tamaño de los problemas que afrontamos es enorme.

Jun Fujita, comentando justamente a Badiou, dice que ese impasse tiene que ver con la “dificultad de ligar la vida otra [ya en marcha en multitud de experiencias] con el otro mundo”. Hay otras vidas, pero no otro mundo.

Hace unos años decíamos que no se trataba tanto de tomar el poder como de cambiar el mundo, lo que implicaba crear nuevas formas de vida. ¿Diremos ahora que las cosas se han invertido, que ya están entre nosotros las nuevas formas de vida pero falta inventar una traducción política? Quizás sea más justo afirmar que en el reverso de lo político se articulan malestares y capacidades de poner límites al poder y la explotación, y que es preciso dinamizar desde allí nuevas articulaciones entre capacidad de veto y pensamiento político radical.

Las revueltas recientes -en América Latina, Chile, Colombia, Ecuador, pero no solo-, ¿de qué te hablan, de qué nos hablan?

Lo que se escucha es un rechazo al estado de cosas, una suma de malestares e insatisfacciones. Miremos Chile: es clarísimo el hartazgo con los dispositivos neoliberales de gestión y explotación de la vida. Un movimiento de protesta extenso, que abarca pueblos y ciudades, que surge de colegios y universidades, que encuentra un nuevo dinamismo en las poblaciones empobrecidas y que se aúna en un rechazo a la privatización de los servicios sociales. Y aunque sea posible objetar que no está claro aún qué nuevo régimen político surge de toda esta potencia de las luchas, toda la discusión abierta en torno a la constituyente evidencia un fenómeno que recorre a todo el continente: un fuerte retraso de lo político con respecto a lo que se teje en su reverso, esto es, las capacidades plebeyas de revuelta y resistencia.

La sensibilidad como campo de batalla

¿Qué es la “ofensiva sensible”?

Esta formulación, que surgió en una conversación con una compañera, me pareció muy expresiva de un estado de cosas en el cual la sensibilidad se ha vuelto el campo de batalla en el que operan tanto las opciones individuales como las fuerzas colectivas de la economía y de la política. Tanto el rechazo como la instauración de lo que suele llamarse “subjetividad neoliberal” se juega en este nivel.

Uso el término “neoliberalismo” aclarando que su significación es plural y a veces crea confusiones. Designa al mismo tiempo al menos tres cosas diferentes: la reestructuración de las relaciones sociales capitalistas operadas a partir de la década del setenta a nivel global; un partido político que en cada coyuntura intenta profundizar un programa pro-empresarial; y unas micropolíticas y modos de gobernar la vida a partir de una coacción específica destinada a subordinar nuestras estrategias de existencia mediante dispositivos de mercado.

El libro quiere afirmar entonces dos cosas a la vez: por un lado, que no hay neoliberalismo sin una violencia contra la sensibilidad. Y por otro, que no hay lucha efectiva contra lo neoliberal por fuera de una ofensiva sensible sobre el campo social.

Este uso de la “sensibilidad” lo tomo sobre todo de dos pensadores contemporáneos: de la antropóloga Rita Segato, que logra explicar con toda claridad la relación entre neoliberalismo y patriarcado como una enorme pedagogía de la crueldad contra las mujeres, lo comunitario y contra la naturaleza misma; y de Franco Berardi, Bifo, que detecta en la innovación tecnológica una dinámica de apropiación corporativa de la inteligencia colectiva en términos de la aniquilación de todos los aspectos sensuales que permitirían ir más allá de la codificación con la que opera internet y en general de las formas digitales de cooperación.

¿Y los fenómenos recientes de “fascistización” tipo Brasil con Bolsonaro o Bolivia ahora? ¿Te parece que también tienen que ver con ese ataque sobre la sensibilidad?

Sí. Y me parece muy importante señalar la conexión entre exasperación de lo neoliberal y este tipo de neofascismo. Si lo neoliberal es inseparable de un intento de someter el deseo a la realización de las mercancías, el odio a la vida del neofascismo es la cara intolerante y militarizada de este neoliberalismo. Si en tiempos de paz los neoliberales enseñan los beneficios de vivir de acuerdo al mercado, en tiempos de crisis muestran su rostro hostil, el ataque a toda tendencia de autonomización de la vida con respecto a los mandatos de valorización capitalista.

Santiago López Petit lo ha explicado muy bien en sus libros: cada vez que el “querer vivir” entra en conflicto con el proyecto de vida organizado en el mercado, se desencadena una agresividad contra la existencia que abarca todo aquello que en la vida se presenta como síntoma: anomalía o inadecuación. La intolerancia con lo que en la vida no es productividad, no es deseo dócil a las normas y las marcas.

El odio crece con relación a todo aquello que no se adecua al mandato de los mercados. A todo lo que se presenta como anomalía. El neofascismo neoliberal, ejemplificado en Bolsonaro, es un peligro muy real. Algo que subestiman algunas personas de izquierda que no vieron con claridad la gravedad del golpe a Dilma y el encarcelamiento de Lula.

Por el contrario, una política del síntoma se abre si vamos más allá del tratamiento neoliberal del síntoma, que oscila entre el coaching y la represión. La opción de escuchar el síntoma puede conectar con el proceso de creación de formas de vida y de su politización.

En este contexto el golpe oligárquico y racista en Bolivia es particularmente grave, porque retrotrae la lucha política a los tiempos en la que los gobiernos constitucionales eran derrocados por golpes militares abiertamente represivos y “pro-occidentales”. Insisto en la importancia de contar con un lenguaje propio para caracterizar estos procesos: nuestras críticas a los gobiernos llamados progresistas no tienen punto de contacto con las razones que mueven a los golpistas. Los golpes reaccionarios deben ser repudiados y resistidos por todos los medios posibles, porque no se hacen sólo contra dirigentes, sino sobre todo contra pueblos en lucha.

Lo plebeyo: figura de lo ingobernable

Escuchar el síntoma, los malestares que recorren lo social, en lugar de gestionarlos o reprimirlos. De ahí puede surgir, si entiendo bien, una fuerza rebelde que llamas plebeya. ¿Qué es lo plebeyo?

Parece ser que en la antigüedad se llamaba plebeyos a los hijos naturales de la tierra, es decir, aquellos que carecían de apellido o de títulos públicos: esclavos libertos, migrantes. Luego, en la época de las revoluciones, el significado de “plebeyo” parece oscilar entre el proletario y el villano. Finalmente, en la historia argentina y sudamericana reciente, lo plebeyo aparece reiteradamente ligado a una gestualidad irreverente e igualitarista, incapturable por la política convencional.

Lo plebeyo no ha dejado de irrumpir bajo formas semi-insurreccionales o animando luchas colectivas, más bien como reverso de la política populista, pero también de la neoliberal. Quizás se pueda decir que lo plebeyo es aquello que en nuestras sociedades insiste como desacato, sea por sustracción o desborde, de los modos burgueses de reglar los modos de vida.

No me propuse estudiar lo plebeyo como objeto de una sociología o una política, sino a la inversa: partir de esa gestualidad incapturable como un punto de vista que permite enlazar la secuencia crítica que va de la escucha del síntoma a la creación de forma de vida atravesando micro o macro politizaciones. Más que describir lo plebeyo, me interesa lo plebeyo como perspectiva desde la cual describir la escritura de un orden. Partir del punto de vista de la crisis para leer desde ahí lo que se supone normal.

Rescatas a Maquiavelo cuando afirma que toda sociedad está dividida entre los Grandes (que gobiernan y explotan) y la plebe (que rechaza ser gobernada y explotada). Pero esa división Grandes-plebe, ¿no nos pasa hoy por el medio en el neoliberalismo? No habría exactamente entonces dos bandos, sino que la “línea del frente” nos atravesaría a cada uno.

Los últimos años no pude resistir la atracción por Maquiavelo, a partir de la tradición republicana (Spinoza) y sobre todo de la izquierdista, iniciada por Antonio Gramsci. Claude Lefort sostiene que en Maquiavelo la política es la división entre quienes desean dominar y quienes no quieren ser dominados. Esa lectura funciona muy bien con toda esta referencia sobre lo plebeyo.

Lo que me tienta es usar a Maquiavelo para leer el comportamiento de una línea divisoria que se ha vuelto tan ambigua e imprevisible. Un poco lo que escribía Paolo Virno acerca de la “ambivalencia de la multitud”, o la risa del Joker que propone el cine norteamericano actual. Esa risa que es a la vez dolor y alegría, y que es inseparable de una cierta imposibilidad de discernir lo que es real y lo que es mental. Toda esta ambivalencia pasional hace difícil distinguir de modo pleno fenómenos de sumisión y de rebelión, o anticipar estallidos. En sus clases de los años 80, Gilles Deleuze buscaba lo revolucionario en lo que llamaba “líneas de indiscernibilidad”, en la proliferación de flujos “indecidibles”.

Si es posible convocar de nuevo aquí a Maquiavelo es porque el Príncipe es ante todo un lector sintomático, un lector de síntomas. En la tradición de Freud y Marx, el síntoma anuncia una nueva manera de leer y de pensar. En la que la anomalía no debe ser apaciguada, sino desplegada. El “nuevo príncipe” -que con Gramsci deviene una figura colectiva y hoy agregaríamos, sin exclusión de género- es ante todo un lector interesado por captar el potencial cognitivo de las desobediencias (los síntomas), porque ese potencial es la materia sobre la que inventar nueva forma política.

Politizaciones impuras

En Maquiavelo, el “tumulto” es el motor de mayor vitalidad política y justicia social siempre y cuando el conflicto se inspire en el “deseo de no ser gobernados” del pueblo-plebe. Pero en la realidad que se nos muestra a los ojos las cosas a veces no están tan claras. La división social ya no se deja leer simplemente en el eje izquierda/derecha. Pienso en el 15M, en los chalecos amarillos franceses, en el movimiento brasileño de Junio de 2013, en el conflicto independentista en Catalunya… ¿Podríamos hablar de politizaciones impuras, de lo plebeyo oscuro? ¿Cómo situarse ante ello?

Quizás la lectura política sea difícil siempre, dado que el texto a leer está escrito en tinta limón. Es un texto atravesado por los enunciados “indecidibles” de los que hablaba Deleuze. ¿Qué política se hace posible en base a lo que en nosotros no quiere obedecer? Formular esta pregunta abre a una fenomenología compleja: síntoma-plebeyismo-creación de formas de vida-politizaciones. El príncipe colectivo debe aprender a leer en esa indiscernibilidad de que hablábamos. Debe extraer de esa lectura un sentido para lo anómalo. Debe extraer de allí las líneas que permitan recorrer una transformación histórica. Es su tarea: crear nueva institución.

¿Resulta útil la distinción izquierda/derecha en esta tarea? Creo que sí, a condición de ligar la izquierda con un cierto sentido del conflicto. Si retomamos la idea de Maquiavelo según la cual Roma tuvo las mejores leyes gracias a la condición tumultuosa de su pueblo, quizás podamos derivar de ahí una cierta idea de izquierda: aquella que liga la creación de forma de vida con la lucha popular y deduce de allí la mejora, el cambio de naturaleza histórica, de las leyes y las instituciones. Lo que en términos contemporáneos significa afirmar al mismo tiempo el carácter común de la propiedad y del carácter colectivo de las decisiones. En un sentido opuesto, puede observarse la conformación de “derechas tumultuosas”, como es el caso reciente del macrismo en la Argentina. La derecha también gana elecciones y se moviliza, incluso puede tomar las calles. Pero esta conflictividad reaccionaria apunta a separar y a privatizar el problema de la propiedad y del de la decisión, a reestablecer jerarquías raciales, de género y de clase. Esto es más extremo aún en Brasil o en Bolivia.

Los tumultos que producen nueva imaginación política parten de y reivindican la experiencia y el deseo de lo común, no de la reivindicación de la propiedad privada.

El Estado y la plebe

Entre los Grandes y la plebe hay una tercera figura: el Estado. ¿Qué partido va a tomar el Estado, a favor de los Grandes o del pueblo? ¿Puede el Estado establecer con el pueblo-plebe una cierta alianza? ¿Puede el Estado apoyarse en la plebe y amortiguar el poder de los Grandes? Tu posición no es “purista”, no buscas un “afuera revolucionario”, como podría ser el caso del Comité Invisible. Te preguntas por la posibilidad de esa alianza precaria Estado-plebe. Pero al mismo tiempo haces un balance muy crítico de la última experiencia kirchnerista que algunos leen precisamente como un tipo de articulación así.

Tengo la impresión de que la lengua del Estado obstaculiza la de la emancipación, sin que eso implique caer en una posición de indiferencia entre gobiernos progresistas y reaccionarios. No es fácil organizar esta discusión. Es indispensable hacer una crítica desde abajo sobre lo que fueron las experiencias de los gobiernos llamados progresistas de la región latinoamericana, que descansaron sobre un modo de acumulación de capital que no se atrevieron a cuestionar. Y al mismo tiempo esa crítica exige elaborar un discurso antagónico respecto del que utiliza la derecha reaccionaria. Ellos hablan de “corrupción”, mientras que me parece mucho más útil hablar de precariedad. Y de acumulación por desposesión.

Dicho esto, no disponemos de un “afuera” preexistente respecto de la dominación neoliberal. Sería mucho más fácil contar con un lugar incontaminado desde el cual defender una alternativa. Sí existen, en cambio, modos de estar “dentro y contra”. Modos que quizás apuntan a un “más allá”. Para pensar esta dinámica me es útil la reflexión de Deleuze y Guattari según la cual el capitalismo actúa según una lógica axiomática, resolviendo sus crisis en el espacio del mercado mundial y efectuando luego modelos de acumulación en el plano de la política nacional o regional. Esos modelos varían y funcionan de acuerdo a una oscilación entre dos polos: uno propiamente neoliberal, tiende a privilegiar el mercado exterior, y otro de tipo socialdemócrata (o populista) prioriza el mercado interno y las demandas sociales. La lógica axiomática impone a los estados una actividad de adjunción/sustracción de regulaciones según los requerimientos de la acumulación. Lo vemos en la Argentina de hoy, por ejemplo, donde la exigencia del pago de la deuda se traduce en una intensificación de las economías neoextractivas. Me parece imposible que la política pueda proyectar momentos democráticos efectivos sin apuntar a destruir este juego de oscilaciones.

¿Cómo romper esta circularidad? Esta pregunta lleva a indagar en el reverso de la política. En todas aquellas existencias que no se deducen automáticamente de la axiomática, sino que fugan de ese esquema de oscilaciones entre ambos polos. Entonces, si me interesa la posición que llamas “purista” (nombras al Comité Invisible) es porque es la única que aparece con nitidez discursiva por fuera de esta dinámica de control. Solo que hay que huir de todo lo puro porque, como decía Nietzsche, solo expresa valores sacerdotales. Los purismos esconden las propias dificultades para producir realidad de un modo alternativo. Por eso prefiero el pragmatismo de las resistencias populares. La posibilidad de combinar momentos nuevos entre quienes luchan por evitar la oscilación hacia el polo neoliberal-totalitario del capital y quienes luchan contra la axiomática como tal. Se trata de un espacio complejo, lleno de contradicciones, pero en el que quizás se puedan producir nuevas zonas comunes de acción.

Me parece que este tipo de acciones comunes se imponen cuando se comprende la imposibilidad de sostener una distancia absoluta entre forma de vida y política, o entre micro y macro política. Y vuelvo a poner de ejemplo una situación argentina actual: la reciente derogación de la ley que favorecía la utilización de contaminantes de aguas para la actividad de la megaminería en la Provincia de Mendoza. Una formidable movilización popular hizo dar marcha atrás al parlamento entero. ¿Es exagerado ver en estos episodios una comunicación con la calle chilena?

Para volver a lo que decíamos de Maquiavelo, el Príncipe colectivo solo tiene chance si se aprende la diferencia radical entre gobernar y dominar. El gobierno sin dominio va en camino de crear formas de autogobierno. Pero si, por el contrario, las luchas democráticas se desligan del problema del poder, la formación de mayorías electorales permanece impotente ante los dispositivos duros de la dominación (financieros, represivos, mediáticos). Por lo que, para volver a hablar de democracia, es necesario que la constitución de mayorías electorales logre penetrar y alterar el funcionamiento de esos dispositivos dictatoriales.

No estoy seguro de que hayamos aprendido esto aún. En una reciente entrevista a Pablo Iglesias, que ingresa como vicepresidente en el nuevo gobierno de coalición de izquierdas en España, observo poca innovación a la hora de pensar la relación entre gobierno y movimientos: el gobierno cristaliza demandas, pero no abre o reparte el poder; los movimientos funcionan como legitimación democrática, pero no como fuerza de transformación. En el libro hablas de “ampliar la decisión política a nuevos actores”. ¿Qué significaría esto? 

En su libro El huracán rojo, el profesor Alejandro Horowicz reconstruye cómo la teoría y la práctica del doble poder permitió conectar, tanto en Francia como en Rusia, democracia y revolución. Esa conexión está determinada por sujetos colectivos en estado de experimentación de nuevos planos de igualdad. ¿Qué surgirá de lo que ocurre estos días en Chile en torno a la demanda de asamblea constituyente? Si algo hemos aprendido es que existe una correlación directa entre modo de acumulación por desposesión y restricción de los espacios de decisión política. Un gobierno que se quiere progresista o popular, pienso, debe honrar el compromiso de abrir espacios de transformación estratégica con todos aquellos que resisten al modo de acumulación (mega-minería, monocultivo, destrucción del medio ambiente, explotación vía endeudamiento, precarización de las condiciones de vida). Ampliar el sistema de toma de decisiones hasta abarcar actores sociales en disputa con el modo de acumulación es el único camino que imagino para modificar, en un proceso real, la realidad neoliberal en que vivimos. Es el sentido último de la idea de “ofensiva sensible”: aprender de los movimientos sociales que, como las Madres de Plaza de mayo, los piqueteros de 2001 o los feminismos populares han contribuido a resensibilizar el campo social.

Fuente e imagen: http://lobosuelto.com/neoliberalismoysensibilidad-savatersztulwark/

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CLADE: Nueva reforma educativa en México y la institucionalización del poder corporativo

Por: CLADE.

En este relato, Mauro Jarquín, investigador de temas relacionados a la política educativa, aborda la ley y las políticas mexicanas, analizando en qué medida ellas favorecen el lucro y la privatización en la educación

Mauro Jarquín: “Lo que se ha fortalecido en esta nueva reforma educativa es la privatización endógena“. Foto: Divulgación/Mauro Jarquín

Se ha completado un año de gestión de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, país que nunca había sido gobernado por un partido públicamente declarado de izquierda. Una de sus primeras acciones en el gobierno fue la promulgación de una reforma educativa, que también completó un año de vigencia.

La reforma, según especialistas y líderes del campo educativo del país, se presentó como un cambio a la reforma anterior, de 2013, impulsada por el ex-presidente Enrique Peña Nieto.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) conversó con el especialista e investigador mexicano Mauro Jarquín para saber más sobre la reforma, y si realmente significó una ruptura con la política educativa anterior. Además, se indagó si la reforma favorece u obstaculiza la privatización y el lucro en la educación nacional.

Tesista de Ciencia Política, ex-consejero estudiantil en la FCPyS y colaborador de medios electrónicos como Insurgencia Magisterial y Otras Voces en Educación, Mauro Jarquín investiga temas relacionados a la política educativa, la organización política del empresariado y la historia económica de América Latina.

En este relato, que resulta de la conversación, Mauro Jarquín analiza cómo la educación mexicana, aún con la reforma, está lejos de ser pensada como un derecho, ya que el Secretario de Educación actual ha sido presidente de una de las más grandes fundaciones privadas de educación. “Lucro y educación siguen siendo un norte para la política educativa mexicana”, destacó.

“Lo que plantea ahora el gobierno no es únicamente generar una política fiscal que incentive un consumo de educación privada, sino dar directamente recursos a aquellas personas que están en las escuelas privadas”, añadió. Lee el relato completo:

El lucro y la reforma educativa en México

Estamos en este momento cruzando un proceso de reformas educativas que se inició formalmente desde diciembre de 2018. En relación a la privatización y al lucro en la educación, pasamos de una política que era una especie de terapia de choque, la reforma de 2013, a una más bien gradual porque los elementos que eran los más evidentes sobre la posibilidad de lucro en la educación, más allá de la provisión privada directa, fueron quitados.

“Lo que se ha fortalecido en esta nueva reforma educativa es la privatización endógena”

Por ejemplo, en el artículo 2073 de la Constitución, no se habla en subvenciones del gobierno directamente a proveedores privados del servicio educativo, lo que sí se menciona tanto en el artículo constitucional como en la ley general de educación, es la posibilidad de que los proveedores privados colaboren en los procesos de gobierno, en los procesos educativos públicos.

Lo que se ha fortalecido en esta nueva reforma educativa es la privatización endógena porque se recuperan mecanismos de administración y gerenciales en la educación pública. Lo que es más evidente es el lineamiento para la generación de una especie de gobernanza corporativa en la educación. Es una privatización de la política educativa.

Esa privatización de la política educativa se encuentra en la Ley General de Educación en los artículos que son relativos al fomento y a la provisión de la educación inicial. La educación inicial en México actualmente es provista en un 39.3% por la iniciativa privada, y la reforma constitucional que se publicó oficialmente el 15 de mayo pasado establece que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial.


Garantizar ≠ proveer

Sin embargo, para la jerga jurídica mexicana, garantizar no es necesariamente lo mismo que proveer. Entonces, el Estado puede garantizar el acceso de los niños y las niñas a la educación inicial, por ejemplo, a través del fomento a la provisión de servicios por parte del sector privado.

Eso más bien es una interpretación porque no está en la ley. Lo que está en la ley es que el Estado fomentará la cultura de la educación inicial con apoyo de privados, sociedad civil y organismos internacionales, en el artículo 38.

En el artículo 39, se menciona que la autoridad determinará principios rectores de la educación inicial con la colaboración de privados y organizaciones de la sociedad civil. Lo importante aquí es que, en el proceso político de la reforma, este artículo relativo a la educación inicial fue una exigencia, particularmente, del grupo de empresarios “Mexicanos Primero”. Forma parte de la agenda regional que ha sido impulsada por Interamerican Dialogue desde algunos años, y que busca impulsar agendas para la educación inicial en los 14 países donde se encuentran las organizaciones que ingran la Reduca. Sin embargo, no hay explícitamente en la Ley General de Educación un artículo que habla sobre subvenciones, por ejemplo, o sobre financiamiento educativo a la demanda.


Calidad x excelencia

La reforma educativa se expresa particularmente en el artículo 3º de la Constitución. Manuel López Obrador llegó al gobierno con un gran apoyo del magisterio mexicano en general, independientemente de su filiación sindical, pues afirmó durante toda su campaña electoral que eliminaría la reforma educativa de Peña Nieto.

La reforma educativa anterior establecía una educación de carácter gerencial, políticas de autonomía para las escuelas, fomentaba alianzas público-privadas y cambios en el sistema de gobernanza. Se solía decir que era una especie de choque con relación a la tradición educativa mexicana.

“En la reforma actual, sustituyeron toda la noción de calidad – como concepto rector del artículo constitucional – por excelencia, de modo que el fundamento de toda la reforma es que la educación mexicana entiende excelencia como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje en los educandos, para el fomento del pensamiento crítico y el vínculo entre la escuela y la comunidad”

Lo que hizo el presidente actual fue enfocarse particularmente en el tema de las políticas de rendición de cuentas en Educación con respecto al magisterio y la constitución de un esquema de carrera docente menos meritocrático, un poco menos estandarizado.

Sin embargo, quedaron elementos que apuntan a que el sentido educativo responde mucho al interés del mundo corporativo. Por ejemplo, el artículo rector de la reforma educativa de 2013, el concepto rector de calidad en la educación y la definición de calidad educativa, era el máximo logro de aprendizajes de los educandos.

En la reforma actual, sustituyeron toda la noción de calidad – como concepto rector del artículo constitucional – por excelencia, de modo que el fundamento de toda la reforma es que la educación mexicana entiende excelencia como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje en los educandos para el fomento del pensamiento crítico y el vínculo entre la escuela y la comunidad. Sin embargo, cuando vemos las políticas de evaluación que se están planteando realmente es una especie de continuidad.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/nueva-reforma-educativa-en-mexico-lucro-y-privatizacion/

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