El remedio y la enfermedad

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Como en muchas otras escuelas del país, una primaria urbana céntrica de la capital de Colima realizó un diagnóstico de su alumnado al inicio del ciclo escolar. Con este ejercicio se detectó, entre otras situaciones, retrasos considerables en los procesos de alfabetización entre estudiantes de primero a tercer grados. A partir de ello, se diseñó una estrategia remedial para acelerar el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura.

La estrategia consistió en brindar a los niños actividades de alfabetización según los niveles en los que se situaban. En los primeros meses, estudiantes de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Colima, que prestaban su servicio social constitucional, fueron asignadas como auxiliares en los grupos escolares para, con el apoyo de los docentes titulares, atender a los niños diagnosticados con carencias en alfabetización, a través de actividades semanales específicas de la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita (PALE), de Margarita Gómez Palacio.

Posteriormente, para ampliar los beneficios de la estrategia, se decidió que los niños asistieran diariamente, por una hora, a un taller para realizar las actividades de acceso a la lectoescritura, donde además de las estudiantes auxiliares, se contó con la orientación del personal de la USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular) del plantel.  A la fecha de publicación de este escrito, prácticamente se había erradicado de la escuela los niveles conceptuales presilábico y silábico del proceso de adquisición de la lengua escrita.

Lo narrado hasta aquí da muestra de algunos de los efectos que, a partir de la promoción automática del alumnado en los últimos ciclos escolares, se han manifestado y cómo han sido atendidos desde los esfuerzos y las posibilidades de cada plantel. A partir de lo contado, surgen dudas también: ¿Qué habrá pasado con las escuelas que no cuentan con las condiciones de personal y organización como la referida? ¿Cuáles habrán sido sus posibilidades para atender el rezago generalizado que ha conllevado la promoción automática? ¿Cuál ha sido el papel de la autoridad educativa central?

Recientemente ha provocado gran revuelo en la opinión pública el hecho de que, por tercer año consecutivo, no habrá reprobados en las escuelas mexicanas. Debería quedar claro que, con o sin reprobación, el golpe está dado: el déficit en los aprendizajes (indudablemente agudizado con la pandemia) perdurará varios años. Pareciera entonces que hay confusión en la polémica en torno a la promoción automática. El debate debería centrarse no en enaltecer los supuestos beneficios de la reprobación (muy cuestionada por especialistas en evaluación), sino en preguntar qué se ha hecho para acompañar la promoción automática. Y de esta pregunta, parece, la autoridad educativa sale mal librada.

Desde luego que es deseable que la escuela se haga cargo de su propio destino y generar, como en el ejemplo abordado, soluciones para sus propios problemas.  Sin embargo, Santos Guerra (2002) desaconseja la autonomía escolar “si provoca el sálvese quien pueda” (p. 95). En ese sentido, sin minimizar las responsabilidades de cada centro escolar, queda en entredicho el papel de la autoridad central ante el fenómeno de la promoción automática y las acciones de acompañamiento que ameritaría. Sin caer en peticiones utópicas, vale la pena preguntarse: ¿por qué no promover, a escala nacional, una cruzada de futuros maestros, como los de la escuela referida, para auxiliar en las acciones remediales en los contextos más adversos? ¿Por qué no focalizar y asegurar la atención en problemas generales como lectura y razonamiento matemático? ¿Por qué no generar un currículo condensado emergente? Da la impresión que la autoridad se centró en la arista administrativa del problema y pronto encontró la solución: que todos pasen.

Podremos haber celebrado en el mediano y largo plazo que, ante los estragos de la pandemia, en nuestro sistema educativo se contuvo la extraedad grave, la reprobación o el abandono escolar, pero ¿a cambio de qué? ¿de un déficit profundo e irreversible en los aprendizajes? Urge entonces atacar los efectos secundarios que una promoción automática, más administrativa que pedagógica, sin una estrategia complementaria por parte de la autoridad central, pueda conllevar. Ojalá no se haga tarde para evitar que sea peor el remedio que la enfermedad.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS
Santos Guerra, M. (2002). La escuela que aprende. Madrid: Morata.

Fuente de la información e imagen: http://proferogelio.blogspot.com

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Asistencia voluntaria, promoción automática y efectos secundarios.

 Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Un padre de familia llegó a una escuela primaria urbana en el centro de la ciudad para solicitar inscribir a su hijo. Al ser atendido por el director del plantel y ser cuestionado sobre el grado solicitado, el padre del menor titubeó. Dijo un grado, luego otro, hasta terminar por confundirse y ser incapaz de dar una respuesta certera. La situación anterior quizá pueda relacionarse, entre otros factores, con dos medidas que se han implementado en los últimos ciclos escolares, con motivo de la emergencia sanitaria: la asistencia voluntaria y la promoción automática. Quizá desde las oficinas no se perciba, pero desde las escuelas se observa que ha acrecentado el desentendimiento de las obligaciones escolares de algunos padres de familia.

Por disposición del acuerdo 23/08/21, si bien se reanudó el servicio presencial en los planteles, el ciclo escolar 2021-2022 se desarrolló dando la posibilidad a los padres de familia de, voluntariamente, optar por no llevar a sus hijos a la escuela. Además, todo parece indicar que, por tercer ciclo escolar consecutivo, los estudiantes de educación básica serán promovidos automáticamente. No se puede negar que, en su momento, la asistencia voluntaria y la promoción automática tuvieron justificación, pero vale la pena reflexionar sobre las repercusiones de estas dos medidas dada su aplicación tan prolongada.

Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, expresó en diciembre del año pasado que habían regresado a las escuelas, de manera presencial, 24,063,286 alumnos en 196,524 escuelas de todo el país. Si se toman como referencia la matrícula oficial de educación básica del ciclo anterior (35,588,589 alumnos), una tercera parte del alumnado continuó, en el mejor de los casos, estudiando desde casa, si no es que algunos truncaron su trayecto escolar. Es imposible saber cuántos de éstos se encontraban voluntariamente en su hogar.

La asistencia voluntaria fue determinante para disminuir las tensiones al reabrir los planteles escolares, siendo una medida implementada no sólo en México sino en diversas regiones del mundo para promover un regreso gradual. Sin embargo, valdría la pena analizar las repercusiones de su aplicación tan extensa. ¿Por qué no reanudar la obligatoriedad del envío de los hijos a la escuela cuando las autoridades de salud han señalado una y otra vez que ésta no representa un espacio de riesgo sanitario o cuando se ha dicho ya que el COVID-19 llegó para quedarse?

Las autoridades educativas han caído en una contradicción al intentar recuperar la matrícula escolar: exigen a directivos y docentes acciones para revertir el abandono escolar, incluso mediante visitas domiciliarias, mientras sigue siendo voluntario estar o no en la escuela. Sin soslayar los estragos económicos y sociales que la pandemia ha dejado y que indudablemente han menguado las posibilidades de ir a estudiar, parecería lógico suponer que el primer paso para recuperar al alumnado es reanudar la obligatoriedad presencial. Lejos estamos de que los porcentajes de asistencia escolar, como en lineamientos de evaluación anteriores, sean considerados como requisito mínimo para la acreditación de un grado.

Por otra parte, la promoción automática evitó que se agudizaran problemas como la repetición escolar o la extraedad grave. Sin embargo, es necesario revisar si tal media ha contado con estrategias efectivas para que, en cambio, se pueda hablar de una promoción acompañada. El periodo de regularización de tres meses al inicio del ciclo escolar, propuesto por la autoridad educativa federal, fue insuficiente. Pareciera que se minimizó el impacto de la pandemia en los aprendizajes, pues la secretaria de Educación aseguraba que era posible realizar actividades remediales a la par del desarrollo de los programas escolares de cada grado. Queda la incógnita si la práctica pedagógica en las aulas realmente privilegió los aprendizajes fundamentales y si hubiera resultado útil la generación de un currículum mínimo para efectos de regularización.

No se intenta decir que la reprobación sea el remedio para los problemas de aprendizaje, pues varios especialistas advierten sobre lo inadecuado de esta acción. Tampoco se sugiere, por más ingenuo que parezca, que la asistencia diaria borraría el impacto de la pandemia en las condiciones del alumnado para aprender. En su momento, sobre todo cuando la enseñanza remota era generalizada, ambas medidas resultaban necesarias. Sin embargo, a la fecha, hay elementos para señalar que dejaron de tener pertinencia en los últimos meses. Es importante que la continuidad de ambas disposiciones dependa de la perspectiva de quien puede distinguir con mayor claridad sus efectos reales: el docente de grupo.

 

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Fuente de la información e imagen: http://proferogelio.blogspot.com

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