Líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), disidente del sindicalismo oficialista magisterial, presentaron un pliego con nueve puntos a la delegación gubernamental, encabezada por el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio.
Los tres ejes de la propuesta del magisterio en el estado con predominio de la población indígena de Oaxaca, son: «abordar planteamientos para construir soluciones; regresar tranquilidad a las regiones afectadas, y disposición del magisterio a trabajar con el Gobierno».
En el histórico Palacio de Cobián, que ha sido durante más de un siglo sede del aparato político interior que gobierna el país latinoamericano, los maestros ingresaron con el puño en alto y gritando consignas en contra de la implementación de la reforma educativa.
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La reforma fue aprobada por el voto plural y casi unánime del Congreso en 2013, al comienzo del mandato presidencial de Enrique Peña (2012-2018), en el marco del llamado Pacto por México, firmado por todos los partidos políticos.
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El Gobierno mexicano ha advertido que el diálogo es únicamente de contenido político, para aliviar la tensión social en las calles; y excluye los temas educativos relacionados con la reforma, por lo tanto no asiste el secretario de Educación, Aurelio Nuño, considerado como el delfín del presidente Enrique Peña en los comicios presidenciales de 2018.
Para el Gobierno, el foco del diálogo es el conflicto por la violencia desatada en las protestas en Oaxaca, donde el domingo resultaron muertos diez civiles y un centenar de heridos en el desalojo de un bloqueo de una carretera federal en el pueblo de Nochixtlán.
La delegación del magisterio rebelde la integran 32 representantes de la CNTE en todo el país, que tiene sus principales enclaves en los estados indígenas del sur.
La CNTE aglutina en Oaxaca a unos 100.000 maestros, de los alrededor de 1,5 millones de educadores del país, el sindicato más grande América Latina.
Nueve demandas
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Las nueve demandas magisteriales comienzan con tres puntos: en primer lugar, el «respeto a la estabilidad laboral de los maestros de Oaxaca» —debido a que algunos han sido despedidos—; segundo, la «liberación de los líderes detenidos y la detención de los procesos penales en su contra»; y en tercero, «el pago inmediato de salarios retenidos» a los maestros que no han asistido a las escuelas por participar en protestas.
Las siguientes demandas son: en cuarto lugar, «garantizar plazas de magisterio a los egresados de la Escuela Normal de maestros Oaxaca»; en quinto, que el Gobierno «cumpla con la emisión de acuerdos para regularizar los servicios educativos»; y en sexto, el «pago inmediato a jubilados y pensionados».
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Las últimas tres de las nueve demandas son, séptima, «las solución a la problemática de todos los niveles educativos»; octava, «resolución inmediata a todos los problemas planteados por los maestros, las organizaciones sociales y pueblos en resistencia que defienden sus recursos naturales en Oaxaca»; y novena, «no modificar las condiciones de trabajo de los docentes».
El objetivo del encuentro es «la construcción de soluciones que permitan regresar la tranquilidad a las regiones del país afectadas por sus movilizaciones en fechas recientes», dijo el Gobierno federal en un comunicado.
El Congreso vigila
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La Comisión Permanente del Congreso que sesiona en periodos de receso legislativo, creó una comisión legislativa para «dar seguimiento y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos violentos registrados en Oaxaca».
Mientras tanto, el suministro de alimentos ha sido interrumpido en 1.800 tiendas de Oaxaca, por las protestas y bloqueos de carreteras que han afectado a 1,5 millones de personas, dijo el secretario de Desarrollo Social del Gobierno federal, Antonio Meade.
La reforma aprobada en 2013, casi por unanimidad, en el marco de una plataforma pluralista para las reformas estructurales impulsada por el presidente Peña, bautizada Pacto por México, tiene el apoyo de alrededor de un 50 por ciento de la población, según encuestas.
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La nueva ley educativa impone el concurso obligatorio para optar a plazas del magisterio, evaluación periódica de maestros y pone fin a la venta y herencia de plazas docentes, un mecanismo corrupto creado por el viejo sistema corporativo en el siglo XX.
En México, según estudios previos a la reforma, el 93 por ciento del presupuesto educativo se destina a salarios, incluyendo «maestros fantasma»; apenas un 36 por ciento de los alumnos termina la educación media superior; un 60 por ciento de las escuelas no tiene internet y un 10 por ciento tampoco un pizarrón.
Al aplicar la reforma, el Gobierno ha dado de baja a unos 15.000 maestros, muchos de zonas indígenas, por no presentarse al examen obligatorio para estandarizar el desempeño, y a otros 4.000 por participar en paros laborales de protesta, sobre todo en el sur del país.
Fuente: http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160623/1061082714/mexico-oaxaca-magisterio-demandas.html
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Publicado en semanas pasadas, el reporte realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica también planteó que “debe ser objeto de esta evaluación el diseño institucional para la puesta en marcha de la reforma en materia educativa actualmente en marcha”.
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