La Jornada
Al cumplirse 15 años del “fallido desalojo” ordenado por el entonces gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz contra integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), cientos de maestros salieron este lunes a las calles de esta ciudad para demandar justicia por los “crímenes” de lesa humanidad.
“Ulises asesino, la cuenta esta pendiente”, fue una de las consignas coreadas por los integrantes del magisterio oaxaqueño.
En 2006, luego de mantener un plantón por más de un mes y medio en el centro histórico de la capital del estado, Ruiz Ortiz envió policías estatales a desalojar a los mentores.
El “fallido desalojo” dio origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que agrupó a diversas organizaciones sociales y sindicatos formando un frente con el gobierno de Ulises Ruiz. El conflicto social duró al menos seis meses, periodo en el que el magisterio y Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos documentaron la muerte de al menos 26 civiles, a consecuencia de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, “orquestadas desde el gobierno estatal”.
Los manifestantes insistieron en la culpabilidad del ex mandatario oaxaqueño y su demanda de que sea castigado por dichos actos ilícitos.
Este lunes, los maestros partieron de la Fuente de las 8 Regiones, al norte de la ciudad de Oaxaca, hacia el zócalo.
En la convocatoria se solicitó la participación de dos profesores por delegación sindical y uno por centro de trabajo, a fin de que no hubiera aglomeraciones.
“Un conflicto donde no hubo vencedores”
Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22, dijo que Ulises Ruiz y sus colaboradores deben pagar por los crímenes cometidos durante el conflicto social, en el que, aseguró, no hubo vencedores.
Los docentes recordaron que parte de los responsables de los crímenes de lesa humanidad también fueron los ex presiden-tes Vicente Fox y Felipe Calderón, debido a que la Federación res-paldó las acciones del gobierno oaxaqueño con el envío de policías federales. López Hernández subrayó que el movimiento magisterial está más vivo que nunca, y tiene su máximo órgano de decisión a través de la asamblea estatal, misma que ha dado forma a la lucha para dar atención a las preocupaciones y demandas de los profesores.
En este sentido, descartó que se puedan reiniciar clases presenciales en Oaxaca en los próximos seis meses, pues es necesario que las administraciones estatal y federal atiendan las necesidades básicas de cada escuela, como agua potable, sanitarios, jabón, y demás aditamentos necesarios para proteger del Covid-19 a los niños, maestros y padres de familia.
Agregó que la sección 22 ya comenzó acercamientos con la Secretaría de Educación Pública y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que se trace una ruta del regreso a las aulas, sin embargo han estado de acuerdo en que es importante que padres de familia y autoridades comunitarias tomen parte en esta decisión.
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