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España: El Congreso vota en contra de que la comunidad educativa debata la ley Celaá

Europa/España/18-10-2020/Autor(a) y Fuente: www.elcomercio.es

Las comparecencias que habían sido solicitadas por PP, Ciudadanos y Vox no han salido adelante por 20 votos en contra y 16 a favor.

La Comisión de Educación del Congreso ha votado en contra este jueves, con los votos, entre otros, de PSOE y Unidas Podemos, de que la comunidad educativa participe en el trámite parlamentario actual de la reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá.

Las comparecencias que habían sido solicitadas por PP, Ciudadanos y Vox no han salido adelante por 20 votos en contra y 16 a favor.

Se ha ratificado así el acuerdo sobre comparecencias tomado el pasado día 6 y que provocó que PP, Ciudadanos y Vox acusaran a los partidos que gobiernan en coalición de vetar a la comunidad educativa.

Luz Martínez (PSOE) ha reconocido que hay «urgencia» en tramitar la Lomloe porque desde 2013 se quiere derogar la Lomce y para ello están de acuerdo la mayoría de los grupos parlamentarios. Joan Mena (Unidas Podemos) ha dicho que no hay que caer en el interés de la derecha de «dilatar» el trámite parlamentario para la nueva ley educativa.

«Nocturnidad y alevosía»

Por el contrario, Sandra Moneo (PP) ha recordado que con la Lomce hubo 50 comparecientes de la comunidad educativa y ha recalcado que no se puede decir ahora que ya es tarde para llamarles por estar en el debate de las enmiendas parciales, pues ya en junio ella pidió que acudieran representantes de la educación. Ha achacado «nocturnidad» a esta votación, pues se ha celebrado pasadas las 21 horas.

Marta Martín (Ciudadanos) ha calificado de «veto» y «atropello brutal» el negar que acuda al Congreso la comunidad educativa y ha anunciado que acudirá «donde haga falta» para denunciarlo.

Georgina Trías (Vox) ha dicho al PSOE y a Unidas Podemos que «quedan retratados» con esta votación.

La reforma educativa del Gobierno, tras superar las enmiendas totales de PP, Ciudadanos y Vox, debe enfrentarse ahora a las enmiendas parciales (más de mil) que han presentado los distintos grupos parlamentarios.

La próxima semana se abrirá la Ponencia o grupo de trabajo para examinar y votar las enmiendas dentro de la Comisión de Educación, y el texto que salga con las modificaciones oportunas se pasará al Congreso para su votación.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/congreso-vota-comunidad-20201016080135-ntrc.html

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Reforma educativa

Por: El País.

Dos meses después de su constitución, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), que entierra los aspectos más polémicos de la LOMCE, de la etapa del PP y conocida como ley Wert. El texto es idéntico al que ya refrendó el Consejo de Ministros hace un año, de modo que no será necesario el examen de los órganos consultivos, y recupera buena parte de las premisas de la LOE, nacida en 2006 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Al igual que entonces, el PP ya ha anunciado su oposición, frustrando así la posibilidad de un consenso y reabriendo las disputas ideológicas en torno al sistema educativo.

La octava ley de la democracia enmienda las líneas más controvertidas de la norma anterior: sustituye las reválidas por evaluaciones de diagnóstico; corrige la división de los alumnos en itinerarios según su capacidad académica; permite en casos excepcionales obtener el título de bachillerato con una asignatura suspendida; establece mecanismos para mejorar la formación del profesorado; avanza en la universalización de la enseñanza de cero a tres años, y declara obligatoria la asignatura sobre valores cívicos y éticos, mientras que la nota de Religión deja de computar para acceder a la universidad o a las becas. La escuela concertada se presenta como uno de los principales focos de controversia, así como la subvención a los centros que segregan a los alumnos por sexo.

Al margen de los cambios concretos del articulado, la ley aspira a preservar una educación de calidad para garantizar la equidad y la inclusión, y sienta las bases para impedir la segmentación del alumnado por razones socioeconómicas. Sus impulsores, con la ministra Isabel Celaá a la cabeza, confían en combatir las elevadas tasas de abandono escolar y hacer de la enseñanza uno de los principales motores del “ascensor social”.

La norma iniciará su tramitación parlamentaria en el Congreso sin tener garantizada la mayoría absoluta necesaria (176 votos). Los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, suman 155, por lo que habrán de afrontar un intenso trabajo para atraer apoyos. Ni el PP ni Ciudadanos parecen dispuestos al acuerdo, reincidiendo una vez más en su estrategia de utilizar el sistema educativo como moneda de cambio en la batalla partidista. Con este empecinamiento se perderá otra ocasión para alumbrar un pacto estable y duradero.

Cambiar el marco normativo en cada legislatura no contribuye a dar estabilidad a uno de los pilares básicos del Estado. La sociedad necesita una educación inclusiva, encaminada a reequilibrar las desigualdades de origen para que no frustre expectativas, y dotada con financiación suficiente para alcanzar los objetivos.

Fuente del artículo: https://elpais.com/elpais/2020/03/04/opinion/1583338522_610307.html

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La apuesta real por la pública ¿para cuándo?

Por: Enrique Javier Díaz Gutiérrez.

 

En el denominado “programa común progresista”, que Pedro Sánchez ha presentado como “oferta de acción de Gobierno”, en su punto 76, y como primer punto del apartado de educación, se compromete a “aprobar una Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años”.

Palabras y promesas, que lleva repitiendo desde hace tiempo, pero que no ha cumplido en su anterior legislatura, teniendo oportunidad y posibilidades para ello, aunque no voluntad política. Porque realmente no ha derogado la LOMCE, tal como se había comprometido ya en 2013, y firmado por escrito con el resto de grupos parlamentarios de la oposición, asegurando que sería una de las primeras medidas si llegaba al gobierno: «Los grupos parlamentarios firmantes acuerdan que en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la LOMCE”. Solo ha escenificado una propuesta de modificación superficial de algunos aspectos (Ley Celaá), la mayoría como declaraciones de buena voluntad, encomendadas además (la mayor parte) a las comunidades autónomas, pero que, ¡oh casualidad!, tras largas vacilaciones y postergaciones, la convocatoria de elecciones generales impidió que llegara a prosperar en el Congreso de los Diputados.

No solo no ha derogado la LOMCE, incumpliendo una vez más sus promesas y compromisos firmados, sino que asegura en este “programa común” que va a blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo. La primera pregunta que se nos viene inmediatamente a la cabeza es: cómo lo va a hacer, si en el segundo punto de su “programa” sólo se compromete a “situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025”.

Cúan largo me lo fiáis, amigo Sancho”, que diría Cervantes, en boca del Quijote, o tantos escritores del siglo de oro, para referirse a que las promesas o proyectos a largo plazo suelen olvidarse con facilidad, e incumplirse posteriormente argumentando las cambiantes circunstancias del futuro. Y, en esto, el PSOE parece que tiene larga experiencia en sus programas (desde la OTAN a la LOMCE).

Si Sánchez no asegura hasta el 2025 llegar al 5% de inversión educativa, lo que está haciendo realmente es no comprometerse él, sino comprometer “supuestamente” al próximo gobierno. No su gobierno, que es para el que presenta el programa, sino el siguiente, que puede ser otro gobierno completamente distinto. Esto se llama “tener una cara de cemento armado” o “tomar a la ciudadanía por imbéciles”.

Lo cual supone, en primer lugar, que no va a revertir los recortes en educación, que aplicaron tanto PP como PSOE (segunda parte de la legislatura de Zapatero), a educación en estos años (9.000 millones de euros). Además, implica que, por muchas declaraciones y promesas que haga, si no va a haber aumento de la financiación real en esta legislatura, la bajada de ratios en las aulas no será posible y el alumnado en la pública seguirá estando masificado; que la atención a la diversidad y la inclusión seguirá posponiéndose sine día con el reiterado argumento de que no hay recursos; que la renovación y mejora de los edificios e instalaciones escolares públicas seguirá languideciendo y retrasándose; que no se podrán hacer desdobles, que se reducirán los refuerzos, que seguirá la política cicatera en becas, que se mantendrá la interinidad y precariedad del profesorado, etc.

En segundo lugar, cómo se va a blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo, si no hay incremento sustancial e inmediato de la financiación a la educación pública. Los países de la OCDE que tienen una buena educación, sí que han blindado la educación pública con un presupuesto de más del 7% del PIB, y la media de la OCDE es del 6,5%. Por el contrario, en España, lo que sí está creciendo es la escuela concertada y aumentando sus ingresos y la financiación que se le otorga por parte de los poderes públicos, con el dinero de todos y todas. Aunque las consecuencias de ello son reiteradamente denunciadas (crece la desigualdad educativa, crea colegios gueto, destroza la cohesión social, segrega a minorías y migrantes y por clase social e incluso por sexo, etc.), parece que el PSOE no tiene voluntad política real de iniciar un proceso de reversión y supresión definitiva de esta anomalía española en el panorama europeo.

Pero lo más preocupante, de este primer punto, es la expresión que ahora el PSOE utiliza de forma constante y sistemática: “la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo”. Lo cual da por supuesto que ha asumido los conciertos educativos como algo inevitable e irremediable en la política educativa española. Y que van a legislar en este sentido. Si en los años 70 se promovieron como “complemento” a una red pública que no podía cubrir todas las necesidades educativas, ahora su incremento únicamente se justifica por razones de apuesta ideológica neoliberal (actualmente se estén concertando unidades en zonas donde hay unidades públicas que se cierran).

Si Sánchez y el PSOE realmente quisieran blindar la educación pública eso supondría tener voluntad política para establecer una moratoria inmediata de los conciertos educativos, y su progresiva supresión (como proponen partidos políticossindicatos, movimientos sociales y de renovación pedagógica) y destinar toda la financiación pública a la escuela pública.

Por eso sorprende aún más su enésima promesa incumplida sólo en este primer punto. Porque si asegura, en este primer punto de su “programa común”[1], que “incorporará los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años”, recordarle a Pedro Sánchez, que estos acuerdos están recogidos, desde hace tres años (y firmados por su grupo político también), en el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación.

Y poco coinciden con sus “declaraciones de intenciones”: solo los referidos a este primer punto manifiestan la clara voluntad de la comunidad educativa progresista de este país de que haya una “oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice que todo alumno y alumna disponga de una plaza asegurada en el sistema público, de titularidad y gestión pública”, la “supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados; una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, ni un solo concierto más para la educación privada y supresión inmediata de financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad”.

Quizá otro día analizaremos el resto de los puntos, que parecen más bien promesas electorales o declaraciones de intenciones, más que un programa de compromisos concretos respaldados presupuestariamente, y que no apuestan por una educación laica, como es obligatorio por la Constitución en un Estado aconfesional; que olvidan la supresión de las reválidas o la reducción de la interinidad del profesorado, etc., etc. Pero eso será otro día, porque parece que su lista de promesas incumplidas va para largo.

Fuente del artículo: https://www.tercerainformacion.es/opinion/2019/09/08/la-apuesta-real-por-la-publica-para-cuando

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España: La ministra Celaá anuncia cambios en la LOMCE a corto plazo

Europa/España/12 Julio 2018/Fuente: El diario la Educación

El Ministerio pretende cambios en relación a la democracia de los centros, sobre los itinerarios de la ley, la eliminación de las reválidas o del carácter de la religión.

El compromiso del PSOE, así como el de toda la oposición, en su momento, era la derogación de la LOMCE desde el primer momento en el que la mayoría parlamentaria así lo permitiese. No ha sido posible. Y es una de la grandes decepciones en muchas de las organizaciones sociales de la educación de la izquierda.

La posibilidad de este cambio legislativo, con los equilibrios parlamentarios actuales y con el tiempo que queda de legislatura se hace imposible. Esta es una de las razones por las que hoy la ministra Isabel Celaá ha querido dejar clara la intención de su Departamente de hacer lo posible para que ciertos aspectos de la actual ley tengan poca repercusión, o ninguna.

Cambios legislativos

Algunos de estos cambios legislativos tienen que ver con bases ideológicas clásicas del PSOE. La democracia dentro de los centros educativos, los itinerarios tempranos o las reválidas son algunos de ellos. Y aquí están algunos de los cambios más significativos anunciados por la ministra.

Según sus palabras, se harán los cambios necesarios (como ya dijera Alejandro Tiana en su toma de posesión como secretario de Estado) para eliminar los itinerarios creados por la LOMCE y que separan al alumnado a partir de los 13 años.

A esto se suma que también se eliminarán las reválidas de la LOMCE, pero no se sabe muy bien cuándo ni cómo. Eso sí, Isabel Celaá señaló que se recuperarán las evaluaciones de diagnóstivco ya creadas en la anterior legislatura del PSOE. Evaluaciones que serían en en 4º de primaria y 2º de secundaria obligatoria con la intención de que la administración conozca la situación de los estudiantes y, sobre todo, para que los centros educativos puedan poner en marcha programas de mejora que puedan solucionar los posibles problemas de resultados.

Otro de los puntos fuertes en relación a los cambios dentro de la LOMCE tiene que ver con poner freno a la escuela concertada, o mejor dicho, al concierto en función de la “demanda social”, un “eufemismo” en palabras de la ministra, que ha servido en algunos territorios para hacer de la escuela pública un subsistema subsidiario.
El objetivo es que la escuela concertada tenga el carácter de llegar allí donde la pública no puede, es decir, ser apoyo a la escolarización.

“La educación pública es la respuesta, aseguró Isabel Celaá, correlativa de la administración para garantizar el derecho a la educación y la cohesión social y el desarrollo cultural”.

Otro de los cambios legislativos, más allá de la LOMCE, tiene que ver con el decreto 14/2012 que supuso el de los recortes más importantes que se dieron en educación, en relación a las ratios de alumno-docente, las horas lectivas de cada docente, la cobertura de bajas, etc.

La ministra Celaá ha asegurado que derogará este decreto. Entre otros objetivos está lla vuelta a las 18 horas lectivas semanales (recordar que la jornada de trabajo docente es de 37,5 horas), así como volver a los 10 días de baja para ser cubiertas.

Formación profesional

Este será uno de los ejes por el que apueste el nuevo gobierno. Así lo ha querido dejar claro la ministra. De ahí, ha asegurado, que la FP esté por primera vez en el nombre del Ministerio.

Una formación que quiere que tenga una mayor relación entre la del sistema educativo y la enfocada al empleo. Por ello ha hablado del diálogo ya abierto con el Ministerio de Trabajo. La idea es consegir mejorar las tasas de la FP de Grado Medio, muy lejos en relación a otros países europeos. Más si se tiene en cuenta el nivel de paro juvenil.

Frente a otras modalidades, como la FP Dual en la que el PP puso tanto acento y que supone el 0,4% de toda la formación profesional, la ministra ha insistido en que el problema, realmente, está en el aumento del Grado Medio. Celaá ha asegurado, además, de que es urgente en frente a la posibilidad de que en los próximos meses u años el sistema productivo acabe volviendo a absorver a parte de los y las jóvenes del sistema educativo para llevarlos a trabajar.

De hecho aseguró que pretenden entablar conversaciones con los empresarios y los sindicatos para hacertodo lo posible para que el mercado de trabajo no vuelva a llevarse por delante a muchos jóvenes atraídos por trabajos no cualificados pero que les garantizan un cierto nivel de ingresos.

Además de esto se plantea la creación, también, de más pasarelas entre estudios para facilitar que el alumnado o no se vaya o pueda volver. También con una mayor apuesta por el reconocimiento de los conocimientos adquiridos enel trabajo.

La religión

Esta, de nuevo, vuelve a la primera línea de las reformas. La ministra de Educación ha asegurado que hará lo posible para sacarla de los centros educativos. De hecho, a anunciado que no contará para la nota, como hasta ahora, y, además, no habrá una asignatura espejo, también como indicaba la LOCME.

El objetivo será una asignatura de valores cívicos y democráticos comunies y para todo el alumnado. Una materia “centrada en los derechos humanos, dijo, y virtudes cívico-democráticas” como se indica, afirmó, en la Declaración de París de marzo de 2015.

Señaló Celaá que espera que esta materia quede fuera de toda polémica por sus contenidos a estas alturas, “y menos cuando lleva años funcionando en Europa”. Clara referencia a la polémica organizada cuando el propio PSOE en el Gobierno aprobó la LOE y con ella la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Otros temas que han llegado al congreso es el necesario aumento de la financiación del sistema educativo, con el compromiso, en el tiempo, de llegar al 5% del PIB.

También la escuela segregada y de las conversaciones que se quieren mantener con estos centros para que abracen la escuela coeducativa, habida cuenta de que la legislación ampara a estos centros y el Constitucional la defienden.

Sobre toda la intervención de la ministra sobrevoló la apuesta por el diálogo. Un diálogo al que el gobierno está obligado para conseguir gobernar el año que le queda por delante, para conseguir llevar a término algunas de las propuestas que lanzó la ministra en el Congreso.

Un diálogo que el Ministerio quiere retomar, también, por vía de la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/07/11/la-ministra-celaa-anuncia-cambios-en-la-lomce-a-corto-plazo/

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España: Exigen el fin de los Acuerdos con la Santa Sede que amparan la confesionalidad universitaria

Por: UNI Laica/04-07-2018

Desde UNI Laica exigimos la inmediata anulación (derogación o denuncia) de los Acuerdos con la Santa Sede que obligan a la enseñanza religiosa universitaria, y de toda la normativa derivada en el mismo sentido.

La llegada al gobierno del PSOE, con Pedro Sánchez como presidente, ha hecho renacer las expectativas sobre la derogación de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, si bien hay quienes prefieren hablar de “revisión”. ¿Cómo afecta esta cuestión a la Universidad?

La Universidad pública española sigue exhibiendo una confesionalidad católica que se manifiesta mediante la existencia de capillas y símbolos religiosos, convocatorias y realización de ceremonias litúrgicas, participación de autoridades académicas en misas u ofrendas a entes sobrenaturales, etc.

Pero lo más grave es que todas las universidades públicas españolas, bien obligadas por los Acuerdos con la Santa Sede, bien utilizándolos como coartada, ofrecen cursos de adoctrinamiento religioso.

Estremece observar que tanto el Grado en Maestro en Educación Infantil como el Grado en Maestro en Educación Primaria incluyen necesariamente la oferta de extensos módulos de enseñanza confesional católica. Las universidades españolas organizan esos módulos, además, para que cumplan el requisito académico que la Iglesia católica exige a los maestros para impartir clases de religión en los centros escolares, es decir, la “Declaración Eclesiástica de Competencia Académica” (DECA). En otras palabras, la universidad pública española prepara adoctrinadores religiosos infantiles, con lo que es cómplice de una intolerable agresión a la libertad de conciencia y al buen desarrollo intelectual y moral de la infancia y la juventud.

Para hacerlo, las universidades se remiten explícitamente a dos Resoluciones de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por las que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros del 14 de diciembre de 2007, en el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Infantil y de Maestro en Educación Primaria. Esas Resoluciones dicen en sus Anexos 4.2: “los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil/Primaria, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo cuarto del Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales”.

Ese nefasto artículo obliga a “La enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”, si bien se concede, con magnanimidad, que “tendrá carácter voluntario para los alumnos”.

A menudo, a las autoridades universitarias esta instrucción religiosa, hoy ofrecida en los grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria, no solo no les escandaliza, sino que debe parecerles insuficiente, ya que ofrecen graciosamente (es decir, no obligadas por los Acuerdos con la Santa Sede) cursos específicos “propios”, adicionales, de 600 horas, para la obtención de la misma DECA. Todo ello es una aberración intelectual, pues la instrucción confesional se opone frontalmente a la exigencia de rigor científico de la universidad. Pero, además, es una perversión ética, al apartarse de la neutralidad en materia de convicciones exigible a la más alta instancia académica. Por último, se trata de una vileza antidemocrática, pues las enseñanzas confesionales en los centros universitarios públicos se oponen a la aconfesionalidad del Estado exigida por la Constitución.

La extrema gravedad de todo lo anterior se refuerza, en algunas universidades públicas, con la adscripción de centros de magisterio de la Iglesia católica y con la creación de cátedras de teología católica que no existían desde el siglo XIX (es decir, que ni con Franco se tuvo esa osadía).

Cuando, desde UNI Laica, nos quejamos de estos hechos a las autoridades académicas, la respuesta es que no pueden hacer otra cosa debido a los Acuerdos con la Santa Sede. Si bien esto es una mera coartada para el caso de los cursos propios, de las cátedras y de los centros adscritos, no parece serlo para las enseñanzas regladas de los grados, de modo que la autonomía universitaria española está gravemente limitada por los intereses de otro Estado, la Santa Sede (es decir, la Iglesia católica). Podemos decir que la universidad pública española se prostituye en virtud de unos Acuerdos que, recordemos, no son sino una actualización del Concordato franquista de 1953, propio del Estado nacional-católico, pero aún vigente.

Por consiguiente, desde UNI Laica exigimos la inmediata anulación (derogación o denuncia) de los Acuerdos con la Santa Sede que obligan a la enseñanza religiosa universitaria, y de toda la normativa derivada en el mismo sentido. Tras ese saneamiento democrático, urge eliminar las asignaturas confesionales de todos los planes de estudios de los Grados en Maestro en Educación Infantil y Primaria, así como suprimir el resto de enseñanzas confesionales ofrecidas por las distintas universidades públicas mediante cursos de DECA, cátedras confesionales, centros eclesiásticos adscritos, etc.

En UNI Laica también consideramos, como es obvio, aberrantes, los apartados de los Acuerdos que favorecen el adoctrinamiento religioso en la escuela, por lo que asimismo deben desaparecer. En realidad, es incompatible con una democracia la totalidad de unos Acuerdos que constriñen el Estado de derecho en beneficio de un Estado teocrático, por lo que la solución no es una mera revisión –como algunos reclaman–, sino la derogación total y definitiva.

Por descontado, lo dicho anteriormente, relativo a la presencia de religión católica en la universidad, es extensible al resto de confesiones religiosas (o, en su caso, de otras creencias o ideologías particulares), de modo que deben anularse cualesquiera acuerdos que posibiliten los correspondientes adoctrinamientos en el ámbito de la enseñanza.

Solo la universidad pública laica es una universidad democrática y digna, al servicio de la inteligencia, de la libertad de conciencia y, en definitiva, de toda la ciudadanía.

*Fuente: http://kaosenlared.net/exigen-el-fin-de-los-acuerdos-con-la-santa-sede-que-amparan-la-confesionalidad-universitaria/

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La educación privada concertada, el poder de la Iglesia

España / 11 de marzo de 2018 / Autor: Edmundo Fayanas Escuer / Fuente: Nueva Tribuna

LA EDUCACIÓN COMO NEGOCIO

El beneficio de la enseñanza privada y concertada en España ronda los 500 millones de euros anuales.

Durante la Dictadura de Franco, el sistema educativo tenía dos redes, la pública y la privada. La figura de la educación privada concertada surge como creación del Partido Socialista de Felipe González. Esta figura de centros concertados privados se diseñó como una medida temporal, hasta que la enseñanza pública realizara las inversiones necesarias para poder atender el alargamiento de dos años de la enseñanza obligatoria, al pasar de los catorce a los dieciséis años.

La realidad es que el Estado, ya sea con el PSOE, como con el PP, nunca han realizado las inversiones necesarias y una medida diseñada inicialmente como provisional, como era la educación privada concertada, se ha quedado como medida definitiva y como ariete del ataque a la enseñanza pública.

¿Cuál es la realidad actual de la educación española?

>La educación pública representa el 68% del sistema educativo.

>La educación concertada privada el 28%, del cual el 60% corresponde a centros regidos por la iglesia católica.

>La educación privada representa el 4%.

Sin embargo, asistimos a una pequeña diferencia en el campo de la Secundaria, puesto que la enseñanza pública representa el 69% y en primaria el 68%.

¿Cuál es la realidad de la educación europea?

>La escuela pública representa el 81% del total del sistema educativo.

>La escuela privada concertada el 13%.

>La escuela privada el 6% del total.

Finlandia que es un modelo de éxito según constata el informe Pisa tiene el 95% de su sistema educativo totalmente público y la enseñanza privada representa el 5%. Un caso muy significativo ha sido Suecia, que hace unos años era también un modelo de éxito educativo. Sin embargo, con la llegada de los partidos conservadores, se empezó a privatizar el sistema educativo y el resultado que actualmente obtiene Suecia muestra un claro retroceso sobre el modelo público anterior, como constata el informe PISA.

La izquierda, siempre ha tenido claro la defensa de la enseñanza pública, salvo las continuas contradicciones del PSOE. Sin embargo, esa derecha española que declara a los cuatro vientos su liberalismo como concepción ideológica, el modelo de enseñanza privada concertada significa una contradicción total, respecto a la concepción liberal.

escuela¿Por qué?

El liberalismo puede defender dos modelos, el público y el privado, pero nunca un Estado liberal puede aceptar un engendro absurdo como es la concertada, a mitad camino entre lo público y lo privado, aceptando subvenciones del Estado en contra de sus propios principios ideológicos.

Actualmente, la enseñanza concertada es una especie de segunda red pública/privada a costa de los impuestos de los contribuyentes. Sin embargo, no todos los españoles pueden elegirlos libremente, fundamentalmente por dos motivos:

1º  Se debe superar una prueba de admisión, en el que el punto decisivo se otorga conforme a los criterios particulares de los centros concertados. En caso de ser admitidos, ni siquiera pueden exigir todo a lo que tienen derecho en lo público. Los centros concertados se niegan de forma sistemática en las comisiones de escolarización a acoger el mismo porcentaje de alumnos inmigrantes que si se hacen cargo los centros públicos.

A la mayoría de la escuela privada concertada se le acusa de seleccionar a su alumnado, algo que en el sistema público no se puede hacer y por ley tampoco lo debería hacer la concertada. Aquellos alumnos con más necesidades educativas, como pueden ser los inmigrantes o aquellos que tienen necesidades de atención diversa nunca serán admitidos.

¿Por qué no actúa la inspección educativa? ¿Por qué el PP/PSOE callan y lo admiten cuando conocen que esto se práctica?

Por si esto no fuera ya escandaloso, los colegios regentados por el OPUS DEI, no solamente no admiten inmigrantes (salvo que sean ricos). Además, segregan por género (colegios de niños y colegios de niñas), algo que la Constitución no admite y sin embargo se les sigue concertando por el apoyo del PP / PSOE les prestan.

2º Cuando un alumno presenta necesidades educativas especiales (NEE), los centros concertados invitan a firmar a los padres un documento de descargo en el cual éstos se muestran de acuerdo en que su hijo permanezca en el centro, pero no recibirá esa atención especializada que precisa.

escuela concertada2

¿Cuántos colegios privados hay en los pueblos pequeños? ¿Cuántos alumnos hay en los centros concertados con necesidades educativas especiales y que sean atendidos? ¿Cuántos colegios concertados enseñan a los inmigrantes castellano?

«El beneficio de la enseñanza privada y concertada en España ronda los 500 millones de euros anuales»

Cuando se dice que la enseñanza pública es más cara, nos están mintiendo porque la enseñanza pública nunca ha competido en las mismas condiciones que la concertada.

Hay un dato que es revelador en cuanto a la concepción que se tiene de la enseñanza en el mundo de lo privado, y es que el beneficio de la enseñanza privada y concertada en España ronda los 500 millones de euros anuales.

Está muy claro que la enseñanza concertada privada resulta muy cómoda para el poder (PP/PSOE), pero no lo es tanto cuando no cumple con las exigencias demandadas por los individuos, padres y ciudadanos. Es el liberalismo mal entendido que practican las elites españolas, que se declaran liberales en lo que les interesa y después demandan al Estado su ayuda para el propio beneficio individual.

Si miramos el informe PISA, veremos que los países donde la escuela privada concertada tiene fuerza caso de Bélgica, Inglaterra, España o Malta sus resultados están por debajo de la media. Sin embargo, países donde el sistema educativo es mayoritariamente público como Finlandia y Alemania sus resultados son muy buenos.

Si todavía tienen alguna duda de que el sistema concertado aporta muy poco al sistema educativo español, veamos los resultados de la selectividad de Madrid, que sí es una prueba objetiva. La nota de selectividad es el resultado de la media de dos notas:

>La nota obtenida en la prueba objetiva de selectividad.

>La nota media obtenido en el instituto/colegio.

Llama muchísimo la atención estos resultados. Mientras que la nota de alumnado de los institutos presenta una variación de un punto entre la nota de la prueba objetiva y la nota media del instituto. Ejemplo, si un alumno tiene una media de 7 de las calificaciones del instituto, la nota de selectividad oscilará entre seis y siete.

escuela concertada

¿Qué pasa en los colegios privados concertados?

Si la media del alumno del colegio concertado privado tiene una media de siete, su resultado en la prueba de selectividad oscila en 3,5 puntos, variación muy elevada y poco comprensible ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué se ajustan bastante los resultados en los institutos entre la media del curso y la prueba objetiva de la selectividad y no en los colegios concertados? Ustedes señores lectores que son muy listos, a que saben cuál es la respuesta.

La educación nunca debe ser un negocio, ni un lugar donde imponer determinadas ideologías y doctrinas excluyentes. Por eso, se debería ir a un modelo educativo exclusivamente dual, una privada sin subvenciones, que se la pague cada uno y un potente sistema público. Se debería ir poco a poco sustituyendo la educación privada concertada, que es un modelo anómalo dentro del liberalismo y es de sentido común como diría el ínclito Mariano Rajoy su sustitución.

Fuente del Artículo:

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/educacion-privada-concertada-poder-iglesia/20180305084224149288.html

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España: El PSOE cumple su amenaza y se levanta de la mesa del pacto educativo

España/ 06 de marzo de 2018/Fuente: http://www.publico.es

Los socialistas no aceptan la propuesta de financiación realizada la semana pasada por el PP de establecer un suelo de 5.000 millones adicionales para la educación no universitaria hasta 2015 y no se han movido de su exigencia al Gobierno de invertir el 5% del PIB en el sistema educativo.

El Pacto Educativo se ha roto este martes en el Congreso después de que el grupo parlamentario socialista haya abandonado las reuniones de la Subcomisión al considerar insuficiente la propuesta financiera del PP de 5.000 millones de euros hasta 2025, partida que sólo ha sido apoyada por Ciudadanos.

«Después de un año y medio trabajando en la Subcomisión por el Pacto Educativo con absoluta lealtad», este martes «ha sido imposible llegar a ningún acuerdo con el PP, que ha negado una financiación suficiente y necesaria para bordar los retos de la educación», ha dicho la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles.

La propuesta del PSOE es un 5 % del PIB para educación, porcentaje similar al de otros países europeos, pero el Gobierno solo ofrece un 3,68 % y es «especialmente grave», según Robles.

«Aunque nuestra voluntad era seguir participando, y hacemos esa oferta de seguir participando, en la Subcomisión no lo haremos si no hay una financiación adecuada», ha añadido.

La portavoz de Educación socialista en la Cámara Baja, Luz Martínez Seijo, ha especificado que ni a la reunión de esta tarde ni a la de mañana acudirá el PSOE mientras no reciba desde el PP «una modificación» en sus propuestas financieras.

Martínez Seijo se ha referido, además de al 5 % del PIB para educación, a que se cuente con la comunidad educativa en el pacto y no solo a través del Consejo Escolar del Estado.

«Nos levantamos hasta que no haya compromiso por parte del Gobierno», ha aseverado.

La portavoz educativa ha relatado también que en la reunión de esta mañana no ha salido adelante ninguna de las propuestas de los grupos ya que «no han tenido suficiente acuerdo para salir adelante».

«No hay pacto en materia de financiación en educación y es una cuestión de tremenda gravedad», ha insistido Martínez Seijo.

La Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación lleva trabajando en el Congreso desde hace quince meses; en febrero de 2017 comenzaron las comparecencias de más de 80 expertos y desde el pasado enero, los grupos debaten a puerta cerrada un guión de quince puntos educativos.

El tema de la financiación, que ha provocado la salida de las negociaciones del PSOE, es el segundo punto, mientras que el primero versó sobre el diagnóstico de la educación, sus fines y objetivos.

Fuente de la Noticia:

http://www.publico.es/politica/pacto-educativo-psoe-cumple-amenaza-levanta-mesa-pacto-educativo.html

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