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IE:Los resultados del informe PISA resaltan presiones sobre los sistemas educativos

IE / 29-12-2019

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) que se ha publicado recientemente ha propiciado una reflexión entre los sindicatos de la educación sobre los sistemas escolares y el futuro de la educación.

En Alemania, el Reino Unido (RU), España y Australia, los sindicatos de la educación han recalcado sus principales conclusiones a partir del informe PISA publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 3 de diciembre. El informe PISA evalúa la capacidad de los estudiantes de 15 años para utilizar sus competencias y habilidades en lectura, matemáticas y ciencia. 

 

RU: un trabajo bien hecho en circunstancias complicadas 

La National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers (NASUWT), una afiliada de la IE en el Reino Unido, señaló que “los altos niveles de calidad de la enseñanza y el aprendizaje solo se garantizan con la presencia de docentes muy motivados y comprometidos con condiciones de trabajo que les permitan centrarse en la enseñanza en el aula. Los resultados del informe PISA de este año indican que los docentes están haciendo una gran labor, pero a menudo en circunstancias complicadas”. El sindicato advirtió sobre el uso que se hace de los resultados de PISA para clasificar a los países o las jurisdicciones. 

El sindicato añadió que, en lo que respecta al bienestar, los estudiantes del Reino Unido parecen tener menos “probabilidades de decir que están satisfechos con sus vidas que casi en cualquier otro país”. El sindicato manifestó su preocupación por que “el miedo al fracaso y la enorme presión que ejerce sobre niños y jóvenes la naturaleza de responsabilidad y alto riesgo de los exámenes en las escuelas del Reino Unido pueden ser un factor importante de esta conclusión”. 

 

EE. UU.: los sistemas escolares funcionan 

En los Estados Unidos de América, la American Federation of Teachers (AFT) relacionó el aumento del activismo de los docentes que exigen una mayor inversión pública y un descenso en los exámenes de alto riesgo con “un repunte en los resultados de PISA en los EE. UU.”. El Presidente de la AFT, Randi Weingarten, declaró: “Cuando intentas atender las necesidades pedagógicas y socioemocionales de los estudiantes, y escuchar a docentes, padres y madres —en lugar de penalizarlos por las puntuaciones de los exámenes—, puedes empezar a mover la aguja”. 

“Aun así, debemos ser cautos de las clasificaciones de la OCDE que comparan manzanas con naranjas y enfrentan a las naciones entre sí. En lugar de clasificar a los países con contextos educativos muy diferentes, deberíamos centrarnos en la investigación subyacente que indica que los sistemas escolares funcionan cuando los docentes están bien preparados y bien respaldados, y cuando a los estudiantes no solo se les presentan normas, sino que se les ofrecen herramientas para cumplirlas”. 

 

Alemania: se necesita una mayor inversión en las escuelas desfavorecidas 

En Alemania, el sindicato de educación Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) manifestó su preocupación por la falta de apoyo facilitado a las “escuelas en situaciones difíciles”. Dada la fuerte correlación demostrada por PISA entre el logro académico y la situación social y económica del alumnado, la afiliada alemana de la IE pidió más inversiones en las escuelas de los vecindarios más desfavorecidos socialmente. Un descenso en la calidad de la educación también podría atribuirse a la escasez de docentes, señalaron desde el sindicato, que insta a realizar un esfuerzo nacional para atraer y retener a nuevo personal calificado. 

El GEW también destacó el bienestar de estudiantes y docentes, y advirtió frente al uso de los sistemas educativos chino y coreano como ejemplos basados únicamente en sus buenos resultados. 

 

España: las medidas de austeridad han afectado a la calidad 

En relación con España, el sindicato de la educación FECCOO ha achacado el bajo desempeño de los estudiantes españoles directamente a la reforma educativa conservadora de la Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). El sindicato ha pedido revisar la LOMCE y crear un nuevo marco donde el aprendizaje eficaz sea una prioridad y se eviten la segregación y la discriminación. Las medidas de austeridad y la menor inversión en infraestructuras y personal habían pasado factura a la calidad general del sistema educativo, señalaron desde el sindicato, que instó al gobierno socialdemócrata recién elegido la concepción de una nueva propuesta para solucionar la situación. 

 

Australia: un sistema con diferencias entre «los que tienen y los que no tienen» 

El Australian Education Union (AEU) también lamentó la repercusión de las medidas de austeridad y los recortes en la educación en su país. Dijo que el informe PISA ha puesto de relieve la falta de equidad en la financiación del Gobierno federal destinada a las escuelas públicas. El Presidente del AEU, Correna Haythorpe, señaló que el informe PISA no presentaba ninguna sorpresa para los docentes que trabajaban en contextos desfavorecidos. “Las carencias de recursos son evidentes en la arquitectura de financiación escolar del Gobierno de Morrison, y esto tiene un gran efecto a nivel de la escuela en lo que se refiere a dotación de personal y a programas de aprendizaje”, dijo Haythorpe. “La política de desigualdad en la financiación escolar del Gobierno de Morrison está engañando a una generación de estudiantes australianos mediante la creación de un sistema con diferencias entre ‘los que tienen y los que no tienen’”. 

Según el informe, la brecha entre los que tienen el mejor rendimiento y los que tienen el peor rendimiento en las escuelas australianas fue mucho mayor que el promedio de la OCDE. “Nuestros docentes realizan una labor superlativa en la enseñanza de todos los estudiantes, pero el informe PISA indica que persiste una diferencia en el desempeño de los estudiantes de situaciones socioeconómicas más altas en comparación con aquellos de situaciones socioeconómicas más bajas”, declaró Haythorpe. “Los recursos didácticos adicionales que estarían disponibles si se garantizara que todas las escuelas se financian con el 100 % del punto de referencia de la norma de recursos de escolarización (SRS, por sus siglas en inglés) son fundamentales para estrechar estas diferencias en el desempeño”. 

 

El enlace original de la noticia es: https://ei-ie.org/spa/detail/16574/los-resultados-del-informe-pisa-resaltan-presiones-sobre-los-sistemas-educativos

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Colombia:La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – FECODE, RECHAZA la aprobación de la Reforma Tributaria de Iván Duque. Proyecto de Ley 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado.

FECODE / 28-12-2019

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – FECODE, RECHAZA la aprobación de la Reforma Tributaria de Iván Duque. Proyecto de Ley 278 de 2019 Cámara, 227 de 2019 Senado. Por las siguientes razones:

1. Es una reforma tributaria, no una ley de crecimiento económico. Cambiando el título del proyecto no se modifica su esencia, ya que el articulado no es más que una modificación al sistema tributario colombiano.

2. El proyecto tiene un impacto negativo en los ingresos para la Nación por más de $9.4 billones, principalmente, producto de la reducción del impuesto de renta del 32 al 30% para personas jurídicas.

3. El escaso recaudo del proyecto se soporta en un impuesto regresivo, como el IVA Plurifásico para gaseosas y cervezas con el que se espera recaudar más de $2.1 billones.

4. Es una reforma inequitativa, ineficaz y regresiva. Colombia es el cuarto país más desigual del mundo; el coeficiente de Gini antes de impuestos es de 0.57 y después de impuestos de 0.55; el proyecto no es más que una disminución de la carga tributaria y generación de exenciones a quienes tiene capacidad de pago.

5. La redistribución de ingresos que plantea el proyecto no corresponde a las necesidades de los colombianos. Mientras se reducen impuestos a los más ricos, el gasto fiscal, entendido como lo que se deja de percibir, tendrá que ser asumido por todos a través de una reducción en subsidios, inversión y gasto social en general, así que quienes más necesitan del Estado, son quienes pagarán la carga de esta medida.

6. La devolución del IVA, es una medida para acallar la movilización social. Se ha demostrado que los problemas socioeconómicos de los colombianos menos favorecidos, no se resuelven con el continuismo de políticas asistencialistas. Los problemas estructurales no se resuelven con medidas ineficientes.

7. Los tres días sin IVA, representan una cortina de humo. Dicha medida beneficiará a las familias que tengan capacidad de ahorro y puedan esperar determinado tiempo para acceder al beneficio; además, excluye a los colombianos que no cuenten con medios financieros para realizar las compras, ya que el pago se debe hacer en entidades comerciales y electrónicamente, lo cual, de paso le servirá a los grandes empresarios, quienes dinamizarán sus ingresos, mientras que el comercio informal, del cual dependen millones de colombianos no tiene ningún beneficio.

8. La reducción gradual de la cotización a salud de los pensionados con un salario mínimo, es lo único bueno de esta reforma. Sin embargo, no corresponde al compromiso del Estado Colombiano con todos los pensionados, por tanto, quienes quedan por fuera de este tope seguirán en espera del cumplimiento integral.

9. Se introducen mecanismos para fomentar el emprendimiento de la economía naranja y del sector agropecuario, que son excluyentes y rivales, ya que solo beneficiarán a grandes empresarios, acentuando las condiciones adversas de competencia que enfrenta millones de campesinos y emprendedores.

10. Mediante la figura de las “Megainversiones” se pretende dar una tarifa especial en el impuesto de renta del 27% para grandes empresarios por medio de contrato de estabilidad tributaria con una duración de 5 años, si realiza inversiones de capital de 30.000.000 UVT y genera escasos 300 empleos directos.

11. La experiencia internacional más reciente (Reforma Fiscal en Estados Unidos del Presidente Donald Trump) y en la que el Gobierno del Presidente Iván Duque fundamentó la presentación de este proyecto, es decir, la reducción de carga impositiva a las grandes empresas y grandes contribuyentes, no garantiza la creación de empleos. Para el caso de Estados Unidos, una investigación de Just Capital encuentra que, “(…) desde que se aprobaron los recortes de impuestos, las 1,000 compañías públicas más grandes en realidad han reducido el empleo, en general. Han anunciado la eliminación de casi 140.000 empleos, que es casi el doble de los 73.000 empleos que dicen haber creado en ese tiempo (…)”

12. Lejos de generar crecimiento económico con estas medidas, que en su mayoría están, hoy se encuentran vigentes dada la decisión de la Corte Constitucional de la ley 1943 de 2018. Las cifras reflejan un panorama desalentador: tasa de desempleo del 9.8%, aumentando la informalidad hasta llegar al 48%, aunado al fenómeno migratorio más importante de los últimos años; un crecimiento del PIB de 3.3% sobresaliente si se compara con el resto de economías de América Latina, pero, lo que se esconde en esta cifra, es que esta dinámica es por el exagerado crecimiento del sector financiero 8.2% que no genera valor agregado al aparato productivo del país, mientras que, la industria y la agricultura crecen apenas un 0.4% y 2.6% respectivamente.

En definitiva, menos ingresos tributarios para la Nación, conduce a la imposibilidad de una Reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones, que incremente real y progresivamente los recursos para Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico y Resguardos Indígenas, lo cual, agudizará las condiciones en estos sectores sociales.

 

 

Enlace original de la nota: https://www.fecode.edu.co/index.php/fecode-rechaza-la-aprobacion-de-la-reforma-tributaria-de-ivan-duque.html

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We Must Overcome Our Atomization to Beat Back Neoliberal Fascism

 

The recent impeachment hearings in the United States made clear that President Donald Trump abused his office and committed a crime against the Constitution. Not only did he attempt to pressure the Ukrainian government into investigating his presidential political rival Joe Biden and his son Hunter Biden in exchange for military aid, Trump also used the power of his administration to pressure loyal followers, such as Rudy Giuliani (his personal lawyer) to claim that Ukraine, not Russia, had intervened in the 2016 election – a position completely debunked by every US government intelligence agency.

In addition, Trump once again displayed his disregard for the law and the separation of powers by refusing to cooperate with the House impeachment inquiry, claiming that the evidence pointing to his use of power to secure political favors from the Ukrainian government was fake news and amounted to nothing more than a witch hunt. Moreover, he escalated his contempt for the proceedings by conducting a smear campaign against investigators leading the hearings by calling them “human scum.” And he threatened Marie L. Yovanovitch, the former ambassador to Ukraine, who criticized Trump’s policies with Ukraine, and derided media outlets that critically covered the event.

At the same time, Trump made clear his disdain for any viable notion of justice by pardoning three American servicemen accused of war crimes. There is more at stake here than simply a president’s abuse of office for political gain and his authoritarian embrace of unaccountable power and a shameful disregard for the law. Trump has launched a direct attack on the ideological, institutional and ethical foundations central to the functioning of a democracy.

Trump Playbook

Meanwhile, in Brazil, President Jair Bolsonaro has repeatedly attacked Indigenous groups working to protect the environment from illegal loggers and from lawbreaking networks that are driving the destruction of the Amazon. In doing so he has given a green light to groups that are illegally pillaging the rainforest and threatening to kill Indigenous people, small farmers, law enforcement agents and anyone else who tries to stop them. Exhibiting a Trump-like embrace of solipsism, the spectacle of distraction, and a penchant for political absurdity, Bolsonaro has falsely accused actor Leonardo DiCaprio “of bankrolling the deliberate incineration of the Amazon rainforest” and praised Augusto Pinochet’s military coup in Chile in 1973. Unsurprisingly, Bolsonaro has also expressed his support for Brazil’s 1964-1985 military dictatorship on a number of occasions. And when faced with opposition, he draws from the Trump playbook by producing scapegoats.

Resistance to the emboldened authoritarianism of Bolsonaro’s government is growing in Brazil, however, especially with the release from prison of former president Luiz Inácio Lula da Silva. Protests are occurring daily in the streets of Brazil, though not on the scale in which they are taking place in Colombia, Bolivia, Chile and Ecuador, and in spite of accelerating state repression. The massive protests that have occurred in Bolivia, Chile, Colombia and Ecuador have been met with violent police abuse and state repression.

These events may seem unrelated, but in fact they are part of intertwined trends that are transforming the political landscape across the globe. These movements of resistance represent a reaction to the multiple abuses produced by a mix of political authoritarianism and neoliberalism marked by cruel predatory policies, a disdain for human rights, and fascist claims to ultra-nationalism and social cleansing. In Chile, Bolivia, Colombia and other Latin American countries, people are organizing against a neoliberal system that denies meaningful health care, a decent pension system, quality education, public transportation, investment in public goods, and social mobility to the underclass of people deemed as disposable. In countries such as Hong Kong, the United States and Brazil, there are growing movements for democratic rights, solidarity and economic equality. In this instance, resistance movements share the struggle for combining struggles for economic equality, social justice and minority rights.

In other words, two distinct political tremors are shaking the world: the spread of resistance to rising neo-fascism (evident in places like Brazil and the United States) on the one hand, and a new surge in massive forms of collective resistance against neoliberalism (evident in places like Chile and Colombia) on the other.

These movements, which are engaging in massive forms of collective resistance, are aiming to destroy the structures and ideological plague of neoliberal global capitalism, with its relentless attacks on public goods, unions, social provisions and the ecosystem, as well as its relentless drive to privatize everything and turn all social relations into commercial transactions.

Taken together, these two movements are confronting the interrelated and mutually compatible demons of neoliberalism and fascist politics. Moreover, both movements are predicated on the need to engage the role of the symbolic as a political site where politics can be rethought and collective strategies can emerge.

Toward a Politics and Pedagogy of Everyday Life

Pedagogy as a politics of persuasion, identity formation and resistance offers up the opportunity for such movements to speak to a vision that addresses the core values of justice, equality and solidarity while taking on economic inequality, corporate power and racial injustice. Rather than talk in abstractions about freedom, equality and justice, it is crucial for radical political movements to frame their language in relation to the everyday experiences and problems that people face. For instance, it is important for radical social movements to fashion a language that resonates politically and emotionally with peoples’ needs, values and everyday social relations while embracing the core values of equality, freedom, solidarity and justice. Leah Hunt-Hendrix points to the importance of addressing such core values in the US. She writes:

“Millions of Americans – whether they’re people of color, white, immigrants; whether they live in cities, suburbs, small towns or the country; whether they’re Republicans, Democrats, independents, voters or non-voters – living in poverty or struggling to make it from paycheck to paycheck. Millions are unemployed or underemployed, choosing between health care, heat or housing. Many more feel like they’re slipping behind and lack the economic security they once had.”

At the same time, movements in Chile, Colombia and Ecuador are mobilizing against the twin evils of neoliberalism and fascism, and are demonstrating the need to address the cultural forces shaping society. Such forces are viewed as constitutive of the very nature of politics and modes of agency that both repress progressive alternatives and make them possible. Such movements are not only addressing the educative nature of neoliberal politics, but creating the theoretical and pedagogical groundwork for giving people the tools for understanding how everyday troubles connect to wider structures of domination. This pedagogy of resistance is critical of the attack on notions of the democratic imagination, redemptive notions of the social, and the institutions and formative cultures that make such communities, public goods and modes of solidarity possible. A radical pedagogy in this instance functions to break through the fog of manufactured ignorance in order to reveal the workings and effects of oppressive and unequal relations of power. Pedagogy as a tool of resistance opens up a space of translation, critique and resistance.

Atomization Makes Us Vulnerable to Oppressive Regimes

One reason the movements in Chile, Colombia and Ecuador have gained momentum is through their successful resistance to the atomization that isolates individuals and encourages a sense of powerlessness by claiming the existing order cannot be changed. They have at times succeeded in countering this atomization by refusing what Robert Jay Lifton in a different context calls a “malignant normality.” That is, the imposition of “destructive versions of reality” and the insistence “that they are the routine and the norm.”

This is particularly crucial because atomization is one of the conditions that make oppressive regimes possible. In order to dismantle these regimes, we must also find a way to break out of the patterns of atomization that enable them.

Leo Lowenthal writing in Commentary in January 1, 1946, writes about the atomization of human beings under a state of fear that approximates a kind of updated fascist terror, one that echoes strongly with the present historical era. Hannah Arendt went further and argued that, “What prepares men for totalitarian domination in the non-totalitarian world is the fact that loneliness, once a borderline experience usually suffered in certain marginal social conditions like old age, has become an everyday experience of the ever growing masses of our century.” She elaborates her view of loneliness as the precondition for fascist terror when she writes:

“Loneliness, the common ground for terror, the essence of totalitarian government, and for ideology or logicality, the preparation of its executioners and victims, is closely connected with uprootedness and superfluousness which have been the curse of modern masses since the beginning of the industrial revolution and have become acute with the rise of imperialism at the end of the last century and the break-down of political institutions and social traditions in our own time. To be uprooted means to have no place in the world, recognized and guaranteed by others; to be superfluous means not to belong to the world at all.”

What both understand, writing in the aftermath of the ravaging destruction produced by fascism and World War II, is that democracy cannot exist without the educational, political and formative cultures and institutions that make it possible. Moreover, atomized, rootless and uninformed individuals are not only prone to the forces of depoliticization, but also to the false swindle and spirit of populist demagogues, and the discourses of hate and the demonization of others.

We live in an age of death-dealing loneliness, isolation and militarized atomization. If you believe the popular press, loneliness is reaching epidemic proportions in advanced industrial societies. The usual suspect is the Internet, which isolates people in the warm glow of the computer screen while reinforcing their own isolation and sense of loneliness. The notion of friends and likes become disembodied categories in which human beings disappear into the black hole of abstractions and empty signifiers.

Many blame the internet for this development, but the rootlessness and loneliness on display in many internet-facilitated interactions actually predate the internet. In neoliberal societies, even before the invention of the internet, dependence, compassion, mutuality, care for the other and sociality were already undermined by a market-driven ethic in which self-interest becomes the organizing principle of one’s life, and a survival-of-the-fittest mode of competition breeds a culture that promotes an indifference to the plight of others, a disdain for the less fortunate, and a widespread culture of cruelty aimed at those considered poor, “disposable” and excess.

Isolated individuals do not make up a healthy democratic society. A more theoretical language produced by Marx talked about alienation as a separation from the fruits of one’s labour, and while that is certainly more true than ever, the separation and isolation now is more extensive and governs the entirety of social life in a consumer-based society run by the demands of commerce and the financialization of everything. Isolation, privatization and the cold logic of instrumental rationality have created a new kind of social formation and social order in which it becomes difficult to form communal bonds, deep connections, a sense of intimacy and long-term commitments.

Neoliberalism has created a society where pain and suffering are viewed as entertainment, warfare a permanent state of existence and militarism as the most powerful force shaping masculinity. Politics has taken an exit from ethics, and thus the issue of social costs is divorced from any form of intervention in the world. This is the ideological metrics of political zombies and the currency of neoliberal fascism. The key word here is atomization, and it is a curse imposed by both neoliberal and authoritarian societies while also posing a dire threat to any viable form of democracy.

Toward a Politics of Investment

As we are witnessing in Chile, Ecuador, Hong Kong and Brazil, the heart of any type of politics wishing to challenge this flight into authoritarianism is not merely the recognition of economic structures of domination, but something more profound – which points to the construction of particular identities, values, social relations, or more broadly, agency itself. Central to such a recognition is the fact that politics cannot exist without people investing something of themselves in the discourses, images and representations that come at them daily.

Rather than suffering alone, lured into the frenzy of hateful emotion, individuals need to be able to identify – see themselves and their daily lives– within progressive critiques of existing forms of domination and how they might address such issues not individually, but collectively. This is a particularly difficult challenge today because the scourge of atomization is reinforced daily not only by a coordinated neoliberal assault against any viable notion of the social, but also by an authoritarian and finance-based culture that couples a rigid notion of privatization with a flight from any sense of social and moral responsibility. Moreover, under the dynamics of a fascist political machine, power is concentrated in the hands of a small financial elite that promote divisiveness and hatred through appeals to white nationalism, a deep contempt for liberalism, a propensity for violence and a suppression of dissent.

The atomization of individuals in fascist and neoliberal societies finds its counterpart in the often fatal political fragmentation that is often seen on the left with its proliferation of different groups articulating and addressing often single-issue forms of oppression, whether they are rooted in some version of identity politics or specific instances of domination such as issues associated with climate change. This is not to suggest such struggles are not important politically. On the contrary, what is crucial and equally important is the strategic imperative to unite them around a politics of solidarity that can get them to work together through narratives that, as Nancy Fraser and Houssam Hamade argue, unite struggles for emancipation and social equality.

Feminist scholar Zillah Eisenstein captures insightfully and with great lyrical power the necessity for coalition building as part of a politics of solidarity. She writes:

“Coalitions are part of building solidarity with and between the differences. They are demanded by the complexity of our presences. We must move with and beyond the categories that push us apart like center and margin; we must move beyond binaries that separate and divide, and instead find a way toward connectedness that denies unity, or oneness, and instead images solidarity and its tensions. This is a moment for cross-movement and intersecting actions that will create new alliances that we might not know or imagine yet. This means supporting autonomous actions that become cross movement through the intersections that exist within each.”

A politics of solidarity could incorporate calls for health care, higher wages, decent pensions, access to quality education, a clean environment, and social goods that improve the dignity and quality of life for everyone. What is needed in this case is a politics that awakens new modes of identification, desire and self-reflection. Stuart Hall was right when he argued in the journal Cultural Studies that, “There’s no politics without identification. People have to invest something of themselves, something that they recognize is of them or speaks to their condition, and without that moment of recognition… Politics also has a drift, so politics will go on, but you won’t have a political movement without that moment of identification.”

The cultural apparatuses controlled by the 1 percent are the most powerful educational forces in many authoritarian societies, and they have been transformed into disimagination machines – apparatuses of misrecognition, ignorance and cruelty. Collective agency is now atomized, devoid of any viable embrace of the social. Too many people on the left and progressives have defaulted on this enormous responsibility for recognizing the educative nature for politics and for challenging this form of domination, working to change consciousness, and make education central to politics itself. Democracies are only as strong as the people who inhabit society. Put differently, the relationship between culture and politics becomes clear in the understanding that democracy’s survival depends on a set of habits, dispositions and sensibilities of a formative culture that sustains them.

Authoritarians Use Miseducation to Maintain Power

Trump plays to and manipulates the media because he understands how politics and theater merge in an environment in which the spectacle becomes the only politics left. He does not want to change consciousness, but to freeze it within a flood of shocks, sensations and simplisms that demand no thinking while erasing memory, thoughtfulness and critical dialogue.

For authoritarians like Trump and Bolsonaro, miseducation is the key to maintaining power. In addition, they use the media, schools and other cultural institutions to kill the social imagination, collapse the distinction between the truth and falsehoods, and abolish the line between civic literacy and lies. Education in the broadest sense has become a powerful weapon not merely of propaganda, but a tool of power in the shaping of desires, identities and one’s view of the future. The central political issue here is not about the emergence of an existing reign of civic illiteracy, but about the crisis of agency, the forces that produce it, and the failure of progressives and the left to take such a crisis seriously by working hard to address the symbolic and pedagogical dimensions of struggle – all of which is necessary in order to get people to be able to translate private troubles into wider social issues. The latter may be the biggest political and educational challenge facing those who believe that the current political challenge is not between simply Trump and progressives who rail against the financial elite and big corporations, but over those who believe in democracy and those who do not.

The threat to the planet and humankind is so urgent that there is no space in between from which to refuse to challenge these predatory political movements. The machinery of social and political death unleashed by the avatars of greed, disposability and exploitation parades its horrors like a badge of honor, all the while escaping into the global networks of finance and social irresponsibility, while preaching a feral nativism and developing a politics of entrenched walls and borders. Against these new political formations – as is evident in resistance movements in Puerto Rico, Ecuador, IraqLebanon and Hong Kong – movements for resistance have developed that are global, mobilized by millions, and call not to win justice through often rigged and corrupt elections, but to shut down the militarized institutions, cultures and ideologies of racism, exploitation and death through direct action. When thousands take to the streets, the punishing state loses the only weapon it has left: sheer repression. If these authoritarian states imprisoned and killed millions, such actions would attract even more resistance. Susan Buck-Morss, the author of Revolution Today, is right in writing:

“In order to challenge the illegality of law itself, the force that is needed has nothing to do with firearms. It is the overwhelming, globally democratic force of numbers across every line of difference. The way to prevent an ‘end to democracy’ is to make democracy the means.”

Any viable strategy for change needs a politics that informs the masses and immobilizes the ruling elite. Also needed is a politics that shuts down the flow of capital, the production of misery and the institutions that make it possible.

This suggests a politics that must unite workers, educators and others across the boundaries of race, class and a range of other oppositional movements. The biggest challenge to create such a unified movement speaks not only to a crisis of politics, but agency itself. Such a politics is only possible if it is accompanied by rigorous forms of self-reflection and self-determination as well as a rejection (as Theodor Adorno once put it) of the educational ideal of hardness and toxic masculinity that informs and shapes current right-wing populist movements. Paul Valery’s insistence that “inhumanity has a great future” can only survive if people accept the alleged universal presupposition that power is only about domination and that nothing can change.

As Byung-Chul Han argues in What is Power?, power exceeds the domination of the will, and its affirmation and use are never far from both a critique of oppressive power relations and a full-fledged resistance to them. Rather than only acting so as to repress freedom, power also constitutes itself through the production of freedom. If there is to be a successful challenge to the rise of neoliberal fascism across the globe, the root causes of the current political and economic threats to humankind must be uncovered by recognizing the “societal play of forces that operate beneath the surface of political forms.” In part, this means being historically aware of what forces are at work in a number of countries that signal the rise of new forms of authoritarianism and modes of fascist politics. While no historical moment provides the perfect mirror to the current crisis, our current situation offers up warnings about how the horrors of the past can crystallize into new forms.

Without Hope, There Is No Possibility For Resistance

Central to such a task is recognizing that the globe faces a crisis not only of politics, but also of memory, history, agency and hope. Without hope, there is no possibility for resistance, dissent and struggle. Agency is the condition of struggle, and hope is the condition of agency. Hope expands the space of the possible and becomes a way of recognizing and naming the incomplete nature of the present. It is worth noting that the US is suffering from a crisis of agency brought on in part by a crisis of civic literacy, education and the heavy hand of relegating millions to an ethic of sheer survival. As civic institutions collapse under the ideological and economic weight of global neoliberalism, a unique blend of fascist politics – with its hyper nationalism, call for racial purity, religious extremism and market fundamentalism – operates in what appears to be an ideological ecosystem of ignorance, power and alleged common sense, not to mention the allure of hatred, bigotry and racism.

One consequence is that the inability to relate to and identify with the suffering of others has reached crisis proportions in the current historical moment. This is a politics that celebrates brutality, aggression and sadism, and can be seen in the exercise of state terrorism in Brazil against ecological activists trying to save the Amazon rainforest, and in the United States in the separation and incarceration of undocumented immigrants and their children. In this plague of human cruelty and misery, what must be addressed is an understanding of the forces at work in the updated fusion of fascism and neoliberalism that now dominates a number of countries. At the very least, this is a politics in which political zombies masquerade as patriots, all the while promoting forms of racial and economic fundamentalism and social cleansing.

In the current historical moment, fascism in its neoliberal forms has moved to the center of power in a number of countries, such as Brazil and the United States, and it represents a unique political formation that is haunting the globe. If it is to be challenged, we must rethink how dominant politics resonates with the simplified discourses of populism and easily accommodates the call for strongmen to take over the reins of governance. To do so we must critically analyze the educational conditions that allow individuals to surrender their sense of agency, modes of identification and dreams to the ideological and political forces of neoliberal fascism.

At the heart of this issue is the question of how education can enable forms of self-formation that enable people to resist fascist and neoliberal mentalities, which are inevitably present within cacophonous democratic political modes of governance. To resist these mentalities, we must expose the ideological and economic workings of power and collectively embrace the need to engage in direct action in order to shut down the machineries of death. People in Chile, Puerto Rico, Hong Kong, Ecuador, and Iraq, among other countries, are rising up against the corruption and brutal austerity measures produced by neoliberalism and in doing so they are producing a fierce critique of capitalism and constructing a new understanding of politics and mass resistance. These protests are occurring at a crucial time when the forces of militarism, state violence and disposability are on the march. Under such circumstance, it is crucial to remember – as Marx once stated – that history is open and is made by human beings. It is in precisely that warning and hope that democracy will either perish or thrive. •

This article first published on the TruthDig.com website.

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Chile: Tres de cada 10 planteles de educación superior cerraron el 2018 con pérdidas

La tercera 

Superintendencia del ramo identificó las instituciones con más riesgo para focalizar en ellas las acciones de fiscalización. De las 48 casas de estudios con gratuidad solo siete registran cifras negativas. Las privadas lideran el listado de ganancias.

Más de $ 218 mil millones en excedentes registraron en 2018 las instituciones de educación superior del país, un aumento de $ 41 mil millones (23%) respecto del año anterior, según cifras oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc).

Pero el panorama hoy no es el mismo para todas las casas de estudios, porque de las 140 instituciones que entregaron información al Estado, 39 registraron cifras negativas. Es decir, tres de cada 10 planteles tuvieron pérdidas.

El caso más extremo es el de la Universidad de los Andes, que cerró el año con casi $ 11 mil millones en pérdidas. Pero el director de Finanzas, Álvaro Beltrán, dice que eso se explica por la inversión que realizaron hace unos años para construir su clínica universitaria.

“Este déficit está totalmente financiado, por lo que no tiene efectos directos en el resto de la actividad universitaria y es el resultado lógico de un proyecto de la envergadura como es la Clínica Universidad de los Andes”, agrega.

En el listado de los planteles con déficit le siguen el Instituto Profesional La Araucana, que está en proceso de cierre, y la Universidad de Las Américas. En esta última institución explican que los $ 5 mil millones en rojo son un arrastre de la pérdida de la acreditación que sufrieron en 2013, lo que derivó en que la admisión de estudiantes cayera en un 40%.

Sin embargo, afirman que hoy la situación patrimonial es sólida y que han realizado inversiones en la docencia de pregrado, en investigación y en infraestructura.

“Este plan considera llegar a una situación de equilibrio en 2020 y el resultado proyectado del ejercicio 2019 muestra un avance en esta dirección”, dicen. También destacan la recuperación de la acreditación.

Vigilancia del riesgo

Otros planteles que presentan pérdidas son la U. Gabriela Mistral y la Universidad Ucinf, que está en proceso de cierre y siendo “absorbida” por la primera.

La tarea de vigilancia y alerta le corresponde al superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, quien, cuenta, se ha dedicado a definir, junto a la Contraloría, las normas contables que aplicarán a todas las casas de estudio para supervisar sus finanzas.

Paralelamente, agrega Avilés, desarrollaron un modelo de supervisión que les permite “priorizar nuestras acciones fiscalizadoras en aquellas instituciones que se encuentran en situaciones más riesgosas”.

“Luego de aplicar el modelo, hemos identificado los casos de mayor riesgo, concentrando ahí diversas acciones de fiscalización, siempre con el objeto de conocer el real estado financiero de manera actualizada en cada caso y así poder aplicar las medidas que correspondan”, señala.

Avilés plantea que se debe revisar el estado de las instituciones caso a caso, pero reconoce que “hemos sido testigos en los últimos años de situaciones de gestiones deficientes en lo administrativo y financiero que, en los casos más graves, han provocado lamentables daños a sus comunidades educativas”. Por ello, valora la creación de la institución que dirige y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Acreditación.

Efectos de la gratuidad

Este año, varias universidades plantearon que la gratuidad en la educación superior les generaba brechas financieras, pues el Estado no pagaría el valor real de las carreras. Pero eso parece no reflejarse en los resultados.

De las 48 instituciones con gratuidad, siete registraron pérdidas, entre ellas, cuatro universidades estatales. La Universidad Arturo Prat lidera el listado en rojo. En tanto, planteles como Duoc UC, Inacap, U. de Concepción y U. Autónoma encabezan el grupo con más excedentes.

Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional de la UC, cree que finalmente el estado financiero de las universidades “depende mucho más de las decisiones que se toman al interior de ellas que de los efectos de las políticas públicas, considerando incluso la gratuidad”.

Lo mismo cree Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, quien dice que llama la atención que las universidades con gratuidad, en especial las estatales, pidan más recursos, siendo que estas últimas “reciben 19 veces más que las privadas por distintos fondos que se entregan a la institución, sin considerar becas, gratuidad u otros beneficios estudiantiles”.

El investigador de Nodo XXI, José Miguel Sanhueza, advierte que se debe hacer una diferencia entre los planteles con gratuidad, porque esta política “ha sido perjudicial en términos financieros para algunas universidades estatales y para el segmento tradicional de la educación superior, pero beneficiosa para las instituciones privadas que se incorporaron a esta política”.

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Con las PISA al horno: Evaluación social de las políticas educativas

Alternativa Docente / 09-12-2019

El 2 de diciembre, el ministro Finocchiaro difundió datos de las pruebas PISA del 2018. Según esta evaluación estandarizada, Argentina ocuparía el puesto 63 en Lectura, el 71 en Matemática y el 65 en Ciencias sobre 77 países que aceptan participar, sobre un total de 195 en el mundo (ver Informe PISA 2018). Es decir, solo uno de cada cuatro países acuerda con realizar estas pruebas trianuales, que iniciaron en el 2000. Y de esos, 10 son latinoamericanos. El ranking lo encabeza China en las tres disciplinas.

En nuestro país habrían participado 458 escuelas y 14.546 estudiantes de 15 años que cursaran el 7° año o más, en septiembre de 2018. Según Educación, el país pagó a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) $12 millones para que le autoricen hacer esta prueba a nivel nacional. Sin contar lo que debieron pagar cuatro distritos que pidieron ser evaluados aparte: Capital, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán.

Según la data de las PISA 2018 (por sus siglas en inglés, Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), nuestro país habría vuelto a tener un pobre desempeño en el ranking trienal; al caer 9 puntos en matemáticas respecto de 2012 (nota más baja desde 2006); mejorar en lectura, con 5 puntos más que en 2012 y bajar en ciencias, con 2 puntos menos. En evaluaciones anteriores Argentina había ocupado el lugar 57 (entre 65) en Matemática; el 58 en Lectura y el 56 en Ciencias.

¿Por qué el gobierno macrista y los medios interesados lo comparan con el 2012 y no con la de 2015? Porque ese año hubo un escándalo internacional, ya que las PISA 2015 habrían mostrado una mejora. Pero entonces el nuevo gobierno de Macri hizo gestiones para que se cambiaran esos datos, argumentando que en Capital -donde gobierna el PRO hace años-, la mejora era leve y, según la lógica PRO-mercado de Cambiemos y su ministro Bullrich, no era posible que la educación hubiera mejorado en el país en 2015…

Una escandalosa arbitrariedad política e intromisión de la cúpula PRO, basada en la disputa con el saliente gobierno K, que llevó a que la OCDE anulara la prueba 2015. Bochorno mundial. Y otro indicador de que a estas evaluaciones las rige el gran capital y sus datos se “acomodan” según quién pague o gobierne.

 

¡Qué negocio el de las PISA…!

 

Las pruebas PISA son un negocio. Para la OCDE como organismo imperialista que las impulsa y para la empresa Pearson, gigante trasnacional británico de la enseñanza, que las prepara. La obsesión por evaluar expresa un nuevo y suculento nicho de mercado.

Que las PISA son cuestionables lo tiene que reconocer Axel Rivas (integra CIPPEC y es director de la Escuela de Educación de la privada Universidad de San Andrés). Es que el big data PISA tiene toda la relatividad y crítica que este profesor-investigador señala en una nota periodística [1].

Rivas demuestra que las PISA tienen serios problemas de comparación intertemporal para los países de América Latina. Que hubo cambios metodológicos no explicados como corresponde y la edición 2018 agudizó esos problemas. En criollo: PISA no hace las mismas preguntas en todos los países y tampoco tienen el mismo nivel de dificultad.

Escandalete global, regado con millones de dólares. Es que el big data educativo resulta una novedosa fórmula empresaria para desarrollar apps, vender datos de estudiantes y hacer muchísimo dinero.

Al cuestionar su validez, Rivas sostiene: “los problemas de la prueba son tan graves que ya no sabemos realmente qué se puede comparar a lo largo del tiempo. No sabemos cómo cada país prepara a las escuelas de la muestra PISA”.

No es el único crítico. Numerosos sociólogos y especialistas en educación, a nivel internacional y en Argentina, señalan la inutilidad de PISA como programa de evaluación, al carecer de valor para mejorar la educación en las aulas, y la organización y funcionamiento de las escuelas.

En 2014, un total de 83 expertos internacionales, en su mayoría estadounidenses y británicos, presentaron una dura crítica en una carta enviada al director de PISA, el alemán Schleicher. “Los gobiernos, los ministros de educación y los directores de periódicos esperan con ansiedad los resultados de PISA, que son citados como fuente autorizada en muchas declaraciones políticas. Y estos han empezado a tener influencia en las prácticas educativas de muchos países”, se lamentaban. “Los gobiernos reajustan sus sistemas educativos con la esperanza de mejorar en los ranking”, agregan.

Incluso en el año 2011 la compañía Pearson [2] que las elabora, fue multada en Nueva York con U$S 7.5 millones porque un fiscal comprobó que usaba la información de las pruebas para sus propios negocios. Muchas familias se habían quejado, preguntando por qué una empresa privada, con afán de lucro tenía tanta influencia en el sistema educativo público.

Es inaceptable entonces la pretensión de la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los gobiernos, Iglesia y empresarios de apelar a PISA para “llevar las políticas educativas en una dirección determinada”. Lejos está Pearson de “ayudar a las personas a progresar en sus vidas a través del aprendizaje” como sostiene en sus objetivos. Al contrario, con las PISA y la contrarreforma educativa que ordenan, la multinacional Pearson sigue avanzando en el control y gestión de la educación en Argentina y el mundo.

Pearson está entre los cuatro mayores grupos editoriales del planeta. Se considera una empresa líder en educación, con más de 24.000 trabajadores en 70 países. En el año 2015 facturó más de U$S 5.655 millones. Y en 2016 facturó U$S 5.918 millones. Pearson tiene el 47% de las acciones de la editorial Penguin Random House; de Longman, del Financial Times y el 50% de The Economist. Es dueña de la National Evaluation Series, la más importante empresa norteamericana que elabora exámenes.

Y aspira a tener el monopolio en pruebas estandarizadas para medir la “eficacia” del sistema educativo. Para eso acelera su penetración en aprendizajes por medios digitales, en servicios educativos y mercados emergentes. Al controlar los mercados de evaluación, elaborar guías de estudio, plataformas digitales y la producción de libros de texto, busca ser quien defina qué se considera una “educación de calidad”, y vela porque sus productos y servicio aseguren lograrla.

 

Caradurismo educativo PRO, al palo

 

Como los resultados no parecen los esperados para el PRO, el hombre del OPUS Dei y ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, se acomoda: “No soy amigo de los números fríos alejados del contexto”, dijo. Y pidió tener en cuenta los “distintos umbrales” de los países y la condición de sus estudiantes. Porque “no es lo mismo un país como Argentina, con el tejido social dañado, débil económicamente, que un país que tiene dos PBI ahorrados”. ¡Chocolate…!

 

No podía ser más caradura Finocchiaro. Ahora dice que no le gustan los números fríos… Aunque paga millones para que lo dejen tomar estas pruebas. Y “advierte” que no sería lo mismo según el nivel socioeconómico de alumnes, escuelas, familias, países. Para Finocchiaro, su secretaria de Evaluación Educativa, Elena Duro y otros en Educación, sería preferible no focalizar en comparar con el resto de los países ya que se trata de sistemas educativos diferentes.

“Nuestro tejido social está muy dañado y no se puede evaluar correctamente alejados del contexto”, concluyen sin sonrojarse al ser los responsables, junto al FMI de haber deteriorado al el tejido social. Es decir, de llevar a la pobreza a más del 50% de pibes y casi al 40% de nuestro pueblo en 4 años.

Todo esto lo venimos señalando hace años desde Alternativa Docente, junto a las conducciones Multicolor. Y lo dijimos cuando a las PISA, que cuestiona la Celeste de CTERA, las tomaba cada vez el gobierno de los Kirchner, sin ningún empacho. El negocio cerró más adelante con Gabriel Sánchez Zinny, quien era el representante de Pearson para la región y socio del ministro Estaban Bullrich en varias empresas off shore.

Sánchez Zinny, propietario de 8 empresas orientadas a educación como las plataformas Kuepa y Edunexo, dedicadas a la enseñanza online; como Formar Foundation INC QFuturo LLC entre otras; y con vínculos societarios con consultoras y lobistas norteamericanas como Dutko Wordlwide o Blue Star Strtegies, fue promovido por Vidal como ministro de Educación bonaerense. Uno de los mayores sistemas educativos de Latinoamérica, abriendo así la puerta al ingreso de estas empresas, de fundaciones y ONG en la educación provincial.

 

Nuestra propuesta: Evaluación Social de las Políticas Educativas

 

La docencia es evaluada cada día y anualmente, de acuerdo a los mecanismos fijados por el Estatuto Docente. Lo mismo el alumnado. Pero los gobiernos insisten en evaluar a estudiantes, y por esa vía a docentes, porque entienden que ahí estaría la base de la crisis educativa. Así lo hicieron Macri y los gobernadores del PJ que aprobaron por unanimidad los operativos Aprender y Enseñar en el Consejo Federal de Educación. Y el instituto nacional de Evaluación.

Años antes lo hicieron con las Pruebas ONE durante el gobierno de los Kirchner, aplicando también las PISA, más allá de su discurso anti neoliberal. El problema no es en sí la evaluación, sino qué evaluamos y a quiénes. Y lo que nunca se evalúa son las políticas educativas y los gobiernos que las diseñan.

En la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo avanzó en numerosos ataques a la educación estatal, como imponer un Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa con estructura externa al sistema, digitada por el Ejecutivo y con injerencia de sectores privados, que tiende a profundizar la fragmentación y la desigualdad. Luego lo harán en el país, con el aval unánime de los gobernadores provinciales del PJ y otros.

En su momento, con Alejandro Bodart como legislador porteño por el MST, junto a dirigentes y educadores de Ademys, presentamos un proyecto de ley para la “Evaluación Social de las Políticas Educativas” que entendemos sienta las bases para una evaluación transformadora.

Proyecto que tiene por objeto “establecer el sistema de evaluación social de las políticas aplicadas por el Ministerio de Educación en la enseñanza estatal” (Art. 1°). Es decir, en cuanto al qué evaluamos y a quiénes, proponemos evaluar las políticas educativas y los gobiernos que las aplican. Porque es allí -y no en alumnos y docentes-, donde está la raíz del déficit de la educación pública.

Para lograr la “calidad e igualdad educativa” (Art. 2º), esa evaluación social incluye que la comunidad educativa evalúe puntos como la infraestructura y mantenimiento escolar; el presupuesto y subsidios estatales al sector privado; comedores y becas; sobre el personal y una evaluación docente acorde el Estatuto; capacitación en servicio; política salarial y condiciones de trabajo.

Evaluar también los proyectos anti-educativos impuestos por el PRO y el PJ; la política curricular, planificación; la matrícula estatal/privada; los índices de promoción, repitencia, sobreedad o la formación docente. Más otras cuestiones como la Educación Sexual Integral, Centros de Estudiantes y Convivencia.

Docentes, estudiantes y familias debemos tener el papel protagónico. Terminar con la mirada “desde arriba” y poner el acento en la opinión de quienes participamos del proceso educativo y no en las concepciones y metas de los organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el BID o el FMI.

 

Nuestro aporte para la transformación educativa

 

Para concretarlo, se propone “constituir una comisión de evaluación en cada institución educativa pública estatal”, integrada por docentes, padres/madres y estudiantes, electos democráticamente (Art. 3º). Esas comisiones deben elaborar dos informes al año (Art. 4º); concretar además comisiones coordinadoras por Distrito y Área (Art. 6º) y que el Ministerio garantice la publicación de los informes y convoque a audiencia pública dos veces al año (Art. 8º).

Esa es nuestra propuesta. La ponemos en debate como aporte a una alternativa propositiva. Todo debate sobre la calidad del sistema educativo estatal y las leyes que pudieran evaluarla, debería promover la evaluación social de las políticas públicas implementadas por Estados y gobiernos y los efectos producidos; pues es a través de ellas que se constituyen las condiciones generales de la enseñanza. Para una verdadera “revolución educativa”, es decisivo el protagonismo de quienes diariamente garantizamos y construimos la educación estatal. Sumate para que podamos hacerlo juntes.

 

Francisco TorresAlternativa Docente

ANCLA, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática

MST en el Frente de Izquierda-Unidad

 

[1] Prueba PISA: con un método criticable, muestra los enormes desafíos pendientes. Buenos Aires. Clarín 03/12/2019 https://www.clarin.com/sociedad/prueba-pisa-metodo-criticable-muestra-enormes-desafios-pendientes_0_chaNbhd9.html

[2] https://www.pearson.com/en.html

 

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Un himno feminista para toda América Latina

ElPaís  09-12-2019

Un violador en tu camino se ha convertido en el himno que el movimiento feminista en Latinoamérica necesitaba para sentirse más hermanado. Un canto que pone letra a una revolución que las mujeres están viviendo en diferentes frentes en toda la región. El derecho al aborto, la lucha contra los feminicidios, contra la trata, contra las desapariciones forzadas. Latinoamérica es la región más letal del mundo para ser mujer fuera de una zona de guerra, según la ONU. En 2018, 3.529 mujeres fueron asesinadas por razones de género en Latinoamérica y el Caribe, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.

La invitación de Lastesis para que más mujeres se sumaran a su intervención se propagó por la región como un relámpago. Lima, Bogotá, El Salvador, Río de Janeiro, Managua, Santiago de Chile, Ciudad de Guatemala, La Paz. Desde Argentina a México -la última intervención se dio en la Feria del Libro de Guadalajara este viernes-, las mujeres han tomado los espacios públicos para gritar: “El violador eres tú”. Llevan los ojos vendados y con un dedo acusatorio nombran a los poderes que deberían velar por su seguridad, pero les han fallado: la policía, los jueces, el presidente.

No importa en qué país se cante Un violador en tu camino, hay casos suficientes en toda Latinoamérica que responden a estos señalamientos. Una región donde son asesinadas nueve mujeres al día. El último caso que horrorizó a México fue el feminicidio de Abril Pérez, una mujer que había denunciado a su exmarido y que no recibió protección pese a decir varias veces ante la justicia y las autoridades que temía por su vida. O los señalamientos que hizo Human Rights Watch contra los carabineros chilenos por abusos sexuales y palizas contra manifestantes, en las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera.

“No me cuida la policía, me cuidan mis amigas”, expresaban un grupo de mujeres que realizaron la intervención en Guadalajara (México), “Nunca más silencio”, gritaron las miles de mujeres que se concentraron para hacer la intervención en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. Cada país hizo modificaciones a la letra para adaptarla a su realidad. “Con esta canción hemos aprendido a que podemos dar la cara por nuestra amigas, colegas y compañeras”, cuenta la escritora mexicana Brenda Navarro. El país norteamericano tiene la tasa de feminicidios más alta de la región. Hasta noviembre de 2019, más de 2.800 mujeres murieron asesinadas en México. Solo 726 casos fueron tipificados como feminicidio, según cifras oficiales.

“Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación”, coreaba una impactante multitud frente al Estadio Nacional en Chile, el centro de tortura, muertes y desapariciones durante la dictadura de Pinochet y que fue reconvertido en un símbolo para miles de mujeres que dicen ¡basta! a la violencia de género.

Una semana después, el fenómeno de Un violador en tu camino, impulsado por las redes sociales, trasciende las fronteras como un revulsivo que pone a América Latina frente al espejo de su machismo y su misoginia.

“Las mujeres nos estamos acompañando en todo el continente, es súper sanador y muy emocionante”, opina Navarro. “Cada vez somos más, da muchos ánimos ver a tantas mujeres juntas”, contaban a este diario Andrea, Azul, Nicté y Sabi, cuatro amigas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que participaron en la intervención del Zócalo. “Nunca más vamos a estar solas”.

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Perú: Ministra de Educación designa vicepresidente de la Universidad Nacional de Moquegua

La República 09-12-2019

Teobaldo Caro Meza es el nuevo vicepresidente académico de la Comisión Organizadora de la UNAM. Reemplazará en el cargo a Pedro Rodenas Seytuque.

La titular del Ministerio de Educación (Minedu), Flor Pablo, designó a Eli Teobaldo Caro Meza como nuevo vicepresidente académico de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM).

Reemplazará en el cargo a Pedro José Rodenas Seytuque; este último dijo que se va satisfecho, sabiendo que contribuyó con la casa de estudios.

En la misma resolución, ordena a la Comisión Organizadora, que preside Washington Zeballos, que remita al Minedu el plan de trabajo para el otro año.

Esto debe hacerse dentro en un plazo máximo de 30 días. También pide que se alcance un informe sobre el estado situacional.

 

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