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Con impulso del peronismo, la Educación Emocional está a un paso de ser ley en la Provincia de Buenos Aires

La Legislatura bonaerense dio media sanción a un proyecto que incorpora la educación emocional como contenido obligatorio desde el nivel inicial —a partir de los 45 días— hasta la secundaria. La iniciativa, impulsada por la diputada Luciana Padulo, del Frente de Todos, tuvo el apoyo de todos los bloques, a excepción de la izquierda que la rechazó. En esta nota analizamos qué propone la educación emocional, la mirada de pedagogos que sostienen que tiene un enfoque neoliberal y por qué plantea una respuesta individual a un problema de raíz social.

Por: María Díaz ReckDocente y congresal de Suteba La Plata/ María Eugenia MaureguiDocente – Agrupación Marrón

Mientras la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) ha sido objeto de cuestionamientos y depende en gran medida del compromiso docente frente a la falta de recursos estatales, la “Educación emocional” avanza en las agendas escolares, promovida por espacios de distinto signo político. En Misiones, Jujuy, Corrientes, en Chaco (cuando Capitanich -peronista- aún era el gobernador) y recientemente en la ciudad de Buenos Aires, se promulgaron leyes de educación emocional. A los problemas educativos y sociales, los gobiernos responden con prácticas socio emocionales adaptativas.

El proyecto presentado por la legisladora bonaerense Padulo modifica artículos centrales de la Ley Provincial de Educación N° 13.688 para integrar recursos pedagógicos que apunten al “autoconocimiento, la autorregulación emocional, habilidades sociales y la empatía”, como se plantea en el artículo 27 ( inciso h) del proyecto. La comunidad educativa no ha sido consultada ni tenida en cuenta para esta reforma que implica la modificación de los diseños curriculares, nuevas tareas en la labor docente y un enfoque adaptativo que algunos pedagogos vienen cuestionando por su ética neoliberal.

El debate sobre la educación emocional no es nuevo. En los últimos años, distintas fundaciones y actores del ámbito educativo impulsaron la incorporación de la llamada “educación emocional” como herramienta para enfrentar el malestar juvenil. Es importante detenernos a analizar qué hay detrás de esta pretendida “ innovación pedagógica”, que tiende a individualizar problemas que son esencialmente sociales.

Como plantea el dictamen presentado por la diputada del Frente de Izquierda Unidad, Laura Cano, la educación emocional patologiza el malestar social, despolitiza el sufrimiento juvenil y sugiere que es el individuo quien “falla”, sin considerar el peso del contexto económico, cultural y material en el que viven niños y adolescentes. El avance global de programas de educación emocional y neurociencias en la escuela responde a una visión adaptativa y normalizadora que busca regular o controlar emociones consideradas negativas, como la ira o la frustración, promoviendo conductas dóciles y funcionales al sistema productivo.

“Lo que se dieron cuenta las grandes empresas es que tienen que tener a sus CEOs y colaboradores desarrollados desde chicos, para evitar problemas en el futuro”, declaró Lucas Malaisi, egresado de la UCA y director de la fundación Educación Emocional.

Este enfoque coloca el foco casi exclusivamente en las personas. Sus propuestas despolitizan los conflictos sociales y se presentan desligadas del contexto económico, cultural y político en el que viven niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, tienden a invisibilizar las contradicciones de clase, género y raza que atraviesan a las sociedades contemporáneas, especialmente en el marco del capitalismo y el patriarcado.

Como se plantea en esta nota, se priorizan competencias como resiliencia, autoconfianza, trabajo en equipo y manejo del estrés porque son funcionales a la productividad capitalista y a la naturalización y aceptación de condiciones precarias de trabajo y en consecuencia, de vida.

Como señala Abramowski al describir el ethos terapéutico contemporáneo, “la narrativa terapéutica se nutre de una promesa: la de la felicidad”, cuestionando que se tipifican y categorizan las emociones en buenas y malas. Esta perspectiva individualiza el proceso educativo y reduce el aprendizaje a una experiencia puramente personal, debilitando la construcción colectiva del conocimiento, fundamental para una pedagogía crítica y transformadora. Y citando las investigaciones de Val Gillies respecto de los programas de educación emocional en el Reino Unido, va a afirmar que en su estudio, la pedagoga encuentra que las complejas emociones que viven los estudiantes (ansiedad, miedo, preocupación, tristeza) son desoídas y aplastadas por el ideal de calma y control emocional proclamado por el SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning). Si bien el programa plantea “compartir” las emociones en el aula, las actividades pautadas limitan y encauzan qué sentimientos y pensamientos se pueden expresar, así como los modos apropiados de hacerlo, reproduciendo modelos y valores de las clases privilegiadas.

La educación emocional es parte del mismo enfoque por el cual se promueven departamentos de felicidad en las grandes empresas, que buscan aumentar la productividad y reducir costos, a partir de iniciativas que promueven espacios de relajación, respiración consciente y mejoren las relaciones interpersonales.

No es individual, es social: La crisis social en las infancias y juventudes

La situación de violencia, pobreza y deterioro de la salud mental que atraviesan las infancias y juventudes en la Argentina se profundiza y se expresa a diario en las escuelas y en los barrios.
Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 66,1% de los niños y adolescentes vive en situación de pobreza, cifra que trepa al 76,6% en el conurbano bonaerense, mientras que un 16% se encuentra en la indigencia. La falta de acceso a alimentos, salud, vivienda y educación configura un escenario de vulnerabilidad extrema que, advierten especialistas, tiene efectos directos sobre el bienestar psicosocial.

En paralelo, los jóvenes de sectores populares son con frecuencia objeto de discursos estigmatizantes. Referencias que los vinculan con la delincuencia o iniciativas como la baja de la edad de punibilidad —impulsadas por sectores políticos liberales— profundizan esa criminalización simbólica.

Un panorama crítico en salud mental

En este contexto, los problemas de salud mental entre niños y adolescentes se multiplican: ansiedad, depresión, baja autoestima, trastornos de atención e hiperactividad, consumo problemático de sustancias y diversas formas de sufrimiento subjetivo. El suicidio, además, se consolidó como un problema de salud pública de magnitud creciente.La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. En Argentina, las tendencias acompañan la preocupación global: estudios recientes indican que más del 70% de los adolescentes experimentó síntomas de ansiedad, soledad o insatisfacción vital, mientras que hubo un aumento del 32% en intentos de suicidio y del 85% en autolesiones entre 2022 y 2023.

Como señalamos acá la respuesta estatal viene siendo el descarte. A nivel global, el gasto público en salud mental “sigue siendo apenas el 2% del presupuesto total en salud, un porcentaje que no ha variado desde 2017”mientras que, desde su sanción en el 2010, la Ley de Salud Mental no se ha cumplido.

La comunidad educativa: Convidada de piedra en este debate

Docentes, equipos de orientación escolar y especialistas en salud mental advierten que la discusión sobre educación emocional no se está dando con la participación de la comunidad educativa y que las necesidades urgentes pasan por otro lado.

Se necesitan más psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales en todas las escuelas, presupuesto para implementar plenamente la Ley de Salud Mental y la Educación Sexual Integral (ESI), además de capacitaciones gratuitas en servicio para el personal docente.
Esta es una demanda muy sentida en la comunidad educativa, en un contexto donde se profundizan situaciones de violencia en las escuelas, como se vio en distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires.

Hoy más que nunca urge que la problemática sea abordada definiendo claramente los verdaderos responsables de esta crisis social. Si la gran mayoría de las adolescentes hoy están sumergidas en la pobreza, si su proyecto de futuro es de total incertidumbre y la respuesta que se les da, es que tienen que adaptarse a los padecimientos, difícilmente puedan liberarse de los padecimientos de la salud mental. Es imprescindible poder construir otra perspectiva, otro imaginario en el que las grandes mayorías puedan tener un futuro que merezca ser vivido.

https://www.laizquierdadiario.cl/Con-impulso-del-peronismo-la-educacion-emocional-esta-a-un-paso-de-ser-ley-en-la-Provincia-de

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La lucha contra la ley del ISSSTE 2007: radicalizar los métodos, radicalizar la política

 

Desde el 15 de mayo pasado y durante 24 días ─en algunas entidades durante poco más tiempo- la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, la facción democrática y disidente de mayor envergadura dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, impulsó acciones colectivas de muchísima importancia a lo largo y ancho de México, teniendo como epicentro el Zócalo de la capital del país con un campamento que aglomeró a miles de maestras y maestros de muchas entidades de la república.

La movilización inició con una serie de demandas: abrogación de la ley del ISSSTE de 2007; abrogación de la reforma educativa – laboral de EPN-AMLO; aumento de salarios; democracia sindical. Las mismas demandas de hace algunos años.  Sin embargo, como suele suceder en los movimientos, la dinámica de la confrontación fue modificando la jerarquía de las demandas y, sobre todo, el impacto en la población y en los mismos contingentes en lucha.

El meollo del asunto en cuanto a la Ley ISSSTE es el siguiente: tras la imposición de la nueva Ley en el sexenio de Felipe Calderón, se conformaron las llamadas “cuentas individuales”, modelo bajo el cual la pensión depende de los recursos que ahorra el trabajador o trabajadora, y esta se agota al acabarse dichos recursos; el monto de la pensión está determinado por el saldo que se acumule en la cuenta del Ahorro para el Fondo de Retiro (AFORE), y es muy baja en relación con el salario que se tenía en activo; l@s trabajadores jubila@s no reciben aguinaldos; las y los pensionados deben pagar por su cuenta un seguro médico de beneficiarios; además, de acuerdo a la Ley en cuestión, las edades de jubilación han ido aumentando desde 2010, llegando actualmente casi a los 60 años, y, por lo mencionado anteriormente, obligando a muchas y muchos trabajadores a mantenerse laborando hasta edades muy avanzadas, pues las pensiones raquíticas que ofrece el régimen de cuentas individuales no permiten tener una vida digna en la vejez, uno de los momentos más delicados de la existencia humana.

Dicho régimen de pensiones y jubilaciones sustituyó al de solidaridad intergeneracional que, básicamente, planteaba un modelo en el que las y los trabajadores en activo (la generación actual) financiaban una parte de las pensiones de las personas jubiladas (generaciones anteriores) junto al Estado (para el caso del ISSSTE, a estas contribuciones se les sumaba el de las empresas, en el caso del IMSS, cuya Ley fue reformada de forma regresiva en 1997). Es decir, las cotizaciones a la Seguridad Social que aportaban los trabajadores se utilizaban para pagar las pensiones de los jubilados, con lo que se creaba algo así como un “foco de solidaridad” entre generaciones.

Ese desplazamiento que fue de un modelo de solidaridad colectiva e intergeneracional por uno que individualiza a las pensiones representa el núcleo neoliberal del actual régimen de jubilaciones y pensiones que fue impuesto tanto en el caso de la Ley IMSS (1997) como en la del ISSSTE (2007); por ello el señalamiento de que luchar por la abrogación de ambas leyes es luchar contra dos de los pilares del neoliberalismo en México. Como todas las medidas neoliberales que se implementaron en México durante los últimos 40 años, ambas reformas fueron golpes muy fuertes a la clase trabajadora. Son de los agravios más graves que se le han hecho.

Para el caso de la del ISSSTE 2007, esta reforma vino acompañada del inicio de la última etapa de militarización del país, cuando Felipe Calderón declara la “guerra contra el narco” y saca a las Fuerzas Armadas supuestamente para realizar labores de seguridad pública con el presunto objetivo de “recuperar los espacios que han sido secuestrados por los narcotraficantes y otras organizaciones delictivas, y así garantizar a la sociedad un entorno seguro que les dé tranquilidad”. Dicha política, en los hechos, comenzó a ser implementada desde finales de 2006, aunque su formalización acaece hasta 2008, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del DECRETO por el que se aprueba el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 (https://acortar.link/zFFeox).

Hoy sabemos sin lugar a duda que la “guerra contra el narco” de Calderón fue una completa farsa. Tan es así que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos. De lo que se habla muy poco es de los objetivos ocultos de la militarización de México, entre los cuales ha estado el de inhibir la organización y la movilización de la clase trabajadora, sectores populares y comunidades indígenas a través de la paramilitarización de la violencia a lo largo y ancho del territorio nacional.

Si alguien se da una vuelta por la hemeroteca y revisa el material periodístico de inicios de 2007 ─cuando Benjamín González Roaro, Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Yunes Linares, Manlio Flavio Beltrones, Samuel Aguilar y otros impresentables estaban preparando la presentación de la nociva reforma ISSSTE- se encontrará con que la discusión en los medios de comunicación estaba centrada casi en su totalidad en la violencia que emanó del Operativo Conjunto Michoacán, que rápidamente se expandiría a todos los rincones del país. Dentro de los pocos que hablaban de la entonces próxima reforma a la Ley del ISSSTE destacaba el investigador Gustavo Leal Fernández.

La propuesta y aprobación de la reforma en cuestión, así como de la implementación de la nueva fase en la militarización de México, con sus efectos mediáticos y sociales, no fue casual. Fue un instrumento de la gobernanza neoliberal.

Y la cuestión viene a colación a propósito de la criminalización de la que fue objeto la CNTE a nivel mediático, tanto por medios de la oposición de derecha como los pro-morenistas, durante los 24 días de protestas que llevaron a cabo en la capital del país, particularmente con la toma del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (23 de mayo), la manifestación en la Secretaría de Gobernación (4 de junio) y la toma de las oficinas centrales del SNTE (5 de junio), donde fueron implementados métodos de lucha clásicos de la clase trabajadora: bloqueos, pintas, y en el caso de las últimas dos fechas mencionadas, se presentaron algunas expresiones más radicales.

Pero ambos polos mediáticos mencionados solo se dedicaron a denostar el radicalismo de los métodos, sin tomar en cuenta las causas subyacentes: no solo era la falta de solución a la abrogación de la Ley ISSSTE 2007, sino también hartos agravios de los que han sido objeto muchas comunidades de Guerrero y Oaxaca ─los estados de las secciones XIV y XXII, respectivamente, principales impulsoras de las acciones radicales- y que tienen que ver con la violencia del paramilitarismo y la desaparición forzada ─en donde se incluye, entre muchos casos, el de los 43 normalistas de Ayotzinapa-, ambas efectos de la militarización en el país.

La historia muestra claramente que ninguna batalla política decisiva se gana sin la radicalización de los métodos de lucha. La falacia obradorista/morenista de que ellos llegaron al poder “sin romper un vidrio” es eso, una falacia, pues dicho movimiento se montó en otras luchas que sí tuvieron que romper vidrios e incluso pagar con vidas de activistas y militantes. Ejemplos claros de ello son tanto Ayotzinapa como la propia lucha magisterial que impulsó la CNTE contra la reforma educativa peñanietista. En ambas se montó el obradorismo de forma oportunista, a ambas luchas traicionó.

Y la cuestión ahí está en que la radicalidad de los métodos debe ir acompañada de la radicalidad política. En los dos casos anteriores lamentablemente se confió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que el magisterio coreaba “ya cayó ya cayó, la reforma ya cayó”, creyendo que de la reforma educativa peñanietista no quedaría ni una coma.

AMLO dejó dicha reforma prácticamente intacta, pero la perspectiva política moderada de la disidencia magisterial en aquel entonces no permitió ver la cruda realidad de la traición obradorista que se estaba gestando.

Tras este primer round por la abrogación de la Ley ISSSTE 2007 que han significado los días de lucha magisterial a partir del 15 de mayo ─a la que se han incorporado importantes organizaciones de otros sectores, como Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud- el gobierno de Sheinbaum ha estado moviendo sus piezas para confundir al magisterio y evitar que se radicalice en este momento de reagrupamiento táctico.

Esa función cumple Marx Arriaga, Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, al haber asistido el 17 de junio a Baja California a impartir una conferencia sobre la Nueva Escuela Mexicana supuestamente desde el paradigma crítico de la resistencia y la dignidad magisterial en la ruta de protesta contra la Ley del ISSSTE del 2007. Es necesario que la CNTE en todos los estados donde reorganiza sus fuerzas, mantenga clara la independencia política que se refrendó en la lucha de 24 días, independencia tanto de la derecha como de la 4T y personajes como Arriaga.

En esta ocasión la moderación política no puede triunfar. La radicalización de los métodos de lucha debe ir acompañada de la radicalización política. Eso se logrará en la medida en que se clarifique la naturaleza neoliberal de los regímenes de jubilaciones y pensiones y se elabore también una propuesta alterna que le sea impuesta al gobierno de Claudia Sheinbaum a través de la acumulación de fuerza política incorporando a más sectores de trabajadores no solo del Estado, sino también a aquellos a quienes afecta la ley del IMSS de 1997.

*Psicólogo y Maestro en Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Candidato a doctor por la UPN Ajusco.

** Dr. En Economía, profesor e investigador en la UPN Ajusco.

Fuente de la información:  https://insurgenciamagisterial.com

Fotografía: Norberto Soto Sánchez

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Trump y el cierre del Departamento de Educación, ¿giro al homeschooling?

Por: Horacio Sánchez de Loria* y Roberto Dante Flores**

En EE.UU ya son más de 3 millones, desde preescolar hasta los 12 años, los niños educados en sus propios hogares, lejos de las escuelas. Trump desmantela el sistema educativo y lo acusa de difundir la cultura woke. Cerró escuelas, prohibió palabras y peligra la instrucción de pobres y discapacitados.

El 19 de marzo, rodeado de estudiantes, Donald Trump dispuso el desmantelamiento del Departamento de Educación, equivalente a un ministerio según la configuración administrativa establecida por el presidente Jimmy Carter en 1979.

No es una medida aislada, sino que forma parte de la batalla cultural emprendida en forma virulenta, que en este caso beneficia al homeschooling, enseñanza en la casa. Desde sus orígenes en los Estados Unidos las familias educaban a sus hijos en sus propias casas.

Resulta significativo que Massachusetts, un tradicional Estado, fuera el primero en aprobar una ley de educación obligatoria (1789). Esa fue la cuna de la educación estadounidense y aún sigue siendo un faro de cultura con sus prestigiosas universidades: Harvard, MIT, etc. Pero definitivamente se estableció el sistema moderno de educación en el año 1852, a instancias del abogado y educador Horace Mann. Un argentino, Domingo Faustino Sarmiento, admirado por ese programa educativo visitó Boston, y años después contrató a sus maestras para enseñar en Argentina.

Luego de Massachusetts, otros Estados comenzaron a hacer obligatoria la asistencia a las escuelas e incluso prohibieron la educación en casa. Pero a mediados del siglo XX volvió el interés por el homeschooling, impulsado por el cuestionamiento social a la educación pública y el auge de las ideas de desescolarización. Posteriormente–en el contexto de las protestas de los estudiantes contra su participación en la guerra de Vietnam– John Holt, y otros educadores, promovieron por todo el país la enseñanza sin escuela.

Para la década de 1980 los Estados comenzaron a legalizar el homeschooling, reconociendo las diversas razones por las que los padres optan por esta vía educativa. El número de familias que educan a sus hijos en casa aumentó paulatinamente, alcanzando 3,1 millones de niños desde preescolar a los 12 años. Representan el 6 % del sistema educativo estadounidense y se ha extendido a otros países, incluso Argentina (National Home Education Research Institute, 2025).

La profesora de Harvard Elizabeth Bartholet señala que la mayoría de esas familias (según estimaciones, hasta el 90%) se rigen por creencias religiosas que buscan alejar a sus hijos de la cultura dominante. Y algunos de los padres son «ideólogos religiosos extremistas» que cuestionan la ciencia y promueven la sumisión femenina y la supremacía blanca (Harvard Magazine, 2020).

Ahora Trump argumenta que la oficina federal de Educación es innecesaria en un país donde los Estados regulan en gran medida la materia. Pero lo más importante: subraya que ha sido un cauce para expandir la cultura woke.

Es cierto que la financiación federal representa una porción relativamente pequeña –alrededor del 10%– de los presupuestos de las escuelas de gestión estatal. Sin embargo, hay Estados como Mississippi o Alaska, que dependen de este dinero para financiar más del 20% de los costos de los distritos escolares.

La pregunta ahora es: la secretaria de Educación Linda McMahon, ¿dejará de proveer dinero para ayudar a estudiantes pobres y discapacitados? Además, ¿que pasará con los préstamos estudiantiles?

Es cierto que la medida requeriría de una ley del Congreso, pero sabemos que las normas legales han perdido eficacia en el país del Norte, lo que augura una decadencia mayúscula. Varias de las casi 150 órdenes ejecutivas (decretos) que ha firmado Trump en pocos meses de gobierno violan disposiciones constitucionales que han sido denunciadas, pero a él poco le importa.

Ha cerrado decenas de bibliotecas, recortado subsidios a las universidades acusadas de permitir las protestas en favor de los palestinos o fomentar el wokismo. Utilizó el escándalo del watergate al Servicio de Impuestos Internos, Internal Revenue Service, como arma política contra sus adversarios. También prohibió alrededor de 200 palabras en la comunicación gubernamental, amén del apoyo a la censura sobre miles de libros, entre ellos 1984, de George Orwelll, o The Handmaid Tale, de Margaret Atwood.

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB, al tiempo que recuerda que son los padres los principales educadores de sus hijos y deberían tener libertad para elegir la más adecuada, advierte sobre el peligro que corren los niños pobres y discapacitados de todas las escuelas del país con estas medidas.Evidentemente, todas ellas no tienen como horizonte el bien común, y fomentan aún más el individualismo, en una sociedad modelada por ese flagelo social.

* Miembro de la Academia Nacional de la Historia
** Historiador, Universidad de Buenos Aires

https://www.perfil.com/noticias/opinion/trump-y-el-cierre-del-departamento-de-educacion-giro-al-homeschooling.phtml

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¿Reformar el capitalismo o salir de él?

Pensamiento crítico: pensamiento que busca la esperanza en un mundo donde parece que ya no existe. Pensamiento crítico: pensamiento que abre lo cerrado, que sacude lo fijo. El pensamiento crítico es el intento de entender la tormenta y algo más. Es entender que en el centro de la tormenta hay algo que nos da esperanza.

La tormenta viene, o más bien ya está aquí. Ya está aquí y es muy probable que se vaya intensificando. Tenemos un nombre para esta tormenta que ya está aquí: Ayotzinapa. Ayotzinapa como horror, y también como símbolo de tantos otros horrores. Ayotzinapa como expresión concentrada de la cuarta guerra mundial.

¿De dónde viene la tormenta? No de los políticos –son ejecutores de la tormenta nada más. No del imperialismo, no es producto de los Estados, ni de los Estados más poderosos. La tormenta surge de la forma en la cual la sociedad está organizada. Es expresión de la desesperación, de la fragilidad, de la debilidad de una forma de organización social que ya pasó su fecha de caducidad, es expresión de la crisis del capital.

El capital es de por sí una agresión constante. Es una agresión que nos dice todos los días «tienes que moldear lo que haces de cierta forma, la única actividad que tiene validez en esta sociedad es la actividad que aporta a la expansión de la ganancia del capital».

La agresión que es el capital tiene una dinámica. Para sobrevivir tiene que subordinar nuestra actividad cada día más intensamente a la lógica de la ganancia: «hoy tienes que trabajar más rápidamente que ayer, hoy tienes que agacharte más que ayer».

Con eso ya podemos ver la debilidad del capital. Depende de nosotros, de que queramos y podamos aceptar lo que nos impone. Si decimos «perdón, pero hoy voy a cultivar mi milpa», u «hoy voy a jugar con mis hijos», u «hoy me voy a dedicar a algo que tenga sentido para mí», o simplemente «no, nos vamos a agachar», entonces el capital no puede sacar la ganancia que requiere, la tasa de ganancia cae, el capital está en crisis. En otras palabras, nosotros somos la crisis del capital, nuestra falta de subordinación, nuestra dignidad, nuestra humanidad. Nosotros somos la crisis del capital y orgullosos de serlo, estamos orgullosos de ser la crisis del sistema que nos está matando.

El capital se desespera en esta situación. Busca todos los métodos posibles para imponer la subordinación que requiere: el autoritarismo, la violencia, la reforma laboral, la reforma educativa. También introduce un juego, una ficción: si no podemos sacar la ganancia que requerimos, vamos a fingir que existe, vamos a crear una representación monetaria para un valor que no se ha producido, vamos a expandir la deuda para sobrevivir y tratar de usarla al mismo tiempo para imponer la disciplina que se requiere. Pero esta ficción aumenta la inestabilidad del capital y además no logra imponer la disciplina necesaria. Los peligros para el capital de esta expansión ficticia se vuelven claros con el colapso de 2008, y con eso se hace más evidente que la única salida para el capital es a través del autoritarismo: toda la negociación alrededor de la deuda griega nos dice que no hay posibilidad de un capitalismo más suave, el único camino para el capital es el camino de la austeridad, de la violencia. La tormenta que ya está, la tormenta que viene.

Nosotros somos la crisis del capital, nosotros que decimos ¡No!, nosotros que decimos ¡Ya basta del capitalismo!, nosotros que decimos que es tiempo de dejar de crear el capital, que hay que crear otra forma de vivir.

El capital depende de nosotros, porque si nosotros no creamos ganancia (plusvalor) directa o indirectamente, entonces el capital no puede existir. Nosotros creamos el capital, y si el capital está en crisis, es porque no estamos creando la ganancia necesaria para la existencia del capital, por eso nos están atacando con tanta violencia.

En esta situación, realmente tenemos dos opciones de lucha. Podemos decir: «sí, de acuerdo, vamos a seguir produciendo el capital, promoviendo la acumulación de capital, pero queremos mejores condiciones de vida». Esta es la opción de los gobiernos y partidos de izquierda: de Syriza, de Podemos, de los gobiernos en Venezuela y Bolivia. El problema es que, aunque sí pueden mejorar las condiciones de vida en algunos aspectos, por la desesperación misma del capital existe muy poca posibilidad de un capitalismo más humano.

La otra posibilidad es decir «Chao, capital, ya vete, vamos a crear otras maneras de vivir, otras maneras de relacionarnos, entre nosotros y también con las formas no humanas de vida, maneras de vivir que no están determinadas por el dinero y la búsqueda de la ganancia, sino por nuestras propias decisiones colectivas».

Aquí en este seminario estamos en el mero centro de esta segunda opción. Este es el punto de encuentro entre zapatistas y kurdos y miles de movimientos más que rechazamos el capitalismo, tratando de construir algo diferente. Todas y todos estamos diciendo «Ya, capital, ya pasó tu tiempo, ya vete, ya estamos construyendo otra cosa». Lo expresamos de muchas maneras diferentes: estamos creando grietas en el muro del capital y tratando de promover su confluencia, estamos construyendo lo común, estamos comunizando, somos el movimiento del hacer contra el trabajo, somos el movimiento del valor de uso contra el valor, somos el movimiento de la dignidad contra un mundo basado en la humillación. Estamos creando aquí y ahora un mundo de muchos mundos.

Pero ¿tenemos la fuerza suficiente? ¿Tenemos la fuerza suficiente para decir que no nos interesa la inversión capitalista, que no nos interesa el empleo capitalista? ¿Tenemos la fuerza para rechazar totalmente nuestra dependencia actual del capital para sobrevivir? ¿Tenemos la fuerza para decir un «adiós» final al capital?

Posiblemente no la tenemos, todavía. Muchos de nosotros que estamos aquí tenemos nuestros sueldos o nuestras becas que vienen de la acumulación del capital o, si no, vamos a regresar la semana próxima a buscar empleo capitalista. Nuestro rechazo al capital es un rechazo esquizofrénico: queremos decirle un adiós tajante y no podemos o nos cuesta mucho trabajo. No existe pureza en esta lucha. La lucha para dejar de crear el capital es también una lucha contra nuestra dependencia del capital. Es decir, es una lucha para emancipar nuestras capacidades creativas, nuestra fuerza para producir, nuestras fuerzas productivas.

En eso estamos, por eso venimos acá. Es cuestión de organizarnos, claro, pero no de crear una Organización, sino de organizarnos de múltiples maneras para vivir desde ahora los mundos que queremos crear.

¿Cómo avanzamos, cómo caminamos? Preguntando, por supuesto, preguntando y abrazándonos y organizándonos.

Fuente de la información e imagen:  https://www.elviejotopo.com/

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El sistema educativo y la educación

No hay dudas que para estos modelos de país la educación no es importante más que en los discursos de la dirigencia que administra los asuntos públicos.

 

El sistema educativo se define por su organización administrativa y política, organización alejada de quienes hacen al cotidiano educativo (docentes y estudiantes).

 

Las luchas por la emancipación educativa son las marcas contra las especulaciones políticas por subsumir la educación pública a intereses meramente sectoriales.

 

Una tensión que fue definiendo el sistema hacia procesos de privatización creciente, porque ya no se trataba solamente del sector clerical como motor de diferenciación ideológica, como fue la disputa que se conoció como “Laica o Libre” en la década del 50 del siglo pasado de una profunda lucha que venía desde el primer Congreso Pedagógico de 1882 en el que se debatieron las bases de la que después fuera la Ley 1420 de educación común, laica y gratuita, sino de la creación del mercado educativo, con la expansión de la educación privada durante la década de 1990 (exoprivatización) y la apertura al universo de las ong y fundaciones para operar dentro del sistema vía convenios ministeriales (endoprivatización) y la injerencia empresarial directa en el contexto universitario.

 

En ese contexto las universidades nacionales también entran en una dinámica de sumisión, que bajo el eslogan de vincular esas casas de estudios con las (dudosas) “demandas sociales”, comenzaron a perder la autonomía conquistada en 1918, la que se dio en llamar, Reforma Universitaria y así quedó la marca de la lucha de la “revolución de las conciencias” registrada en la historia y que fue fuente de inspiración en Latinoamérica y el mundo.

 

En la década del 50 se triplica la matrícula universitaria tras la supresión de los aranceles, los trabajadores se vieron beneficiados por la accesibilidad a los estudios universitarios, hasta que en 1966 el general golpista, dictador Juan Carlos Onganía, decidió terminar con la autonomía en las universidades nacionales, mediante el decreto ley 16.912 que determinaba la intervención, prohibía la actividad política en las facultades y anulaba el gobierno tripartito. Ese 29 de junio mandó a desalojar y ordenó la “depuración académica”.

 

Hubo resistencia en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura, Ingeniería, Filosofía y Letras y Medicina de la UBA y la primera consecuencia fue la feroz represión sobre estudiantes y profesores; la segunda, la renuncia de miles de profesores y el inicio de éxodo académico.

 

Tal vez ese haya sido el antecedente de lo que vendría con la dictadura genocida y desaparecedora de Jorge Rafael Videla y su banda a partir de 1976, no sólo con la intervención de las universidades sino con la militarización dentro de las propias facultades, con “oficinas” improvisadas en algún aula y un par de soldaditos con los fusiles en mano al lado del bedel que recibía las libretas universitarias de lxs estudiantes para poner en un cajoncito y retirarlas después de la clase correspondiente (como le ocurría a quien escribe estas líneas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA).

 

Cabe aclarar que, en 1975, la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina de José López Rega, ministro de Bienestar Social del tercer mandato de Juan Domingo Perón, también conocida como la Triple AAA, tenía las mismas prácticas represivas, usando como fuerza de choque a la Policía Federal con los parapoliciales y los camiones “celulares” esperando en la puerta de la facultad.

 

Este muy breve e incompleto recorrido sobre algunos de los hitos que marcaron la vida de la universidad pública tiene la intención de exponer porqué el conocimiento, en sentido amplio, es un problema para el poder y los poderosos. Porque forma en el desarrollo de la inteligencia, porque cuando es colectivo genera fuerza social, como se demostró en la multitudinaria Marcha Universitaria del 23 de abril que convocó a miles y miles universitarios, trabajadorxs, familias, estudiantes secundarios, jubiladxs; aunque para el poder, que el conocimiento sea fundamental para el mejoramiento de la sociedad, es el problema, porque eso implicaría socializar los frutos de ese conocimiento cuya finalidad, también sería, el bienestar general del conjunto de la población.

 

Pero no, esos son objetivos que deben desaparecer del imaginario popular, por eso la reforma educativa globalizada, a la que Argentina adhirió formalmente en la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem, vino a hacer lo que los gobiernos dictatoriales no pudieron terminar de plasmar, más que en algunos aspectos de la reorganización, como fue el principio de la fragmentación con el traspaso de las escuelas primarias a las provincias en 1979, tarea que se completa durante el “menemato” con la transferencia de los secundarios y terciarios, terminando el proceso de fragmentación educativa, que mantiene la Ley Nacional de Educación (2006). Mientras que a las universidades se las encorsetó con la Ley de Educación Superior (1.995).

 

La intervención de las universidades (en las instancias dictatoriales) siempre tuvo como finalidad no solo el control sobre el conocimiento, sino la direccionalidad del mismo, lo que significa, a grandes rasgos, el desarrollo intelectual en función social.

 

No les resultó tan sencillo imponer sus obscenos deseos, porque siempre hubo una línea de fuga en la que la resistencia se materializaba, incluso en grupos de estudio “clandestinos”. Parece un argumento para una película, pasar a la clandestinidad para estudiar, pero eso es lo que sucedía en los llamados “años de plomo”.

 

A pesar de la resistencia histórica, los principios postulados en la reforma universitaria de 1918 no pudieron filtrar el aire de los tiempos neoliberales, fueron traicionados por las políticas de la democracia y ya no se necesitaron las dictaduras cívico-militares para imponer el ordenamiento, porque el discurso de la eficiencia y la eficacia había ganado la batalla, aún con los resultados de generación de pobreza y los indicadores de indigencia.

 

El mercado comenzó a ser el ordenador del sistema educativo, ministros de educación de los distintos colores políticos de los partidos del establishment accediendo a firmar convenios con fundaciones, ong y universidades privadas de elite, en algunos casos; con empresas EdTech, que nos “aseguran el futuro” de los “aprendizajes” desde la versión del capitalismo de plataformas, como es el caso de TICMAS, con récord de audiencia de especialistas en educación y dirigentes políticos en la Feria del libro.

 

Una nueva redefinición de aquello de Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje” para la comunicación, que en la nueva clave post-educativa debería ser “la plataforma es el aprendizaje”, donde el otro formante del binomio dialéctico queda borrado, la “enseñanza”.

 

El fin de la docencia se viene anunciando desde hace décadas, primero con las campañas de desprestigio organizadas desde el discurso transpolítico, Banco Mundial, OCDE, UNESCO, dirigentes políticos, funcionarios de turno, periodismo “independiente” y la lista sigue…

 

Mientras escribo este artículo, está finalizando la jornada del paro docente en todos los niveles de la enseñanza, por demandas salariales y laborales, también piden un aumento de emergencia para los docentes jubilados y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además de infraestructura, entre otras demandas y a un mes de la Marcha Universitaria.

 

En la semana de la pueblada en Misiones donde los docentes y lxs trabajadores de la Salud hicieron punta con los reclamos salariales a los que se sumaron la policía y los tareferos. Los docentes, con salarios de $270.000, fueron reprimidos por sus reclamos en la legislatura y en la casa del gobernador (como venimos informando en tramas).

 

También finalizó el debate en diputados, se reunieron de manera conjunta la comisión de educación y la de presupuesto por la emergencia presupuestaria en universidades. La reunión finalizó con tres dictámenes, el de la mayoría es de Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda (FIT-U) en el que se pide la inclusión del FONID. El próximo encuentro será el martes 28.

 

Esta es, simplemente, una parte del panorama actual en relación con la historia, signada por el control administrativo de la burocracia y la dominación de la colonialidad del poder en beneficio de intereses espurios. Un oxímoron en el que el sistema educativo confronta y desafía lo único por lo cual tiene significación, la escuela y la universidad públicas, que bien podrían funcionar en otro contexto, sin el peso de un sistema que lejos de sostenerlas e impulsarlas, las agrede, las ahoga y las degrada.

 

Eso es lo que estos sistemas tienen para ofrecernos, los beneficios de los intereses privados en los asuntos públicos, los negocios empresariales a expensas de las investigaciones científicas realizadas en las universidades públicas, como los convenios celebrados con la corporación minera, en algunos casos o con la generación de transgénicos en otros.

 

Son algunas de las formas “eficientes” de financiamiento al que están sometidas las universidades y de las que también tiene que dar respuestas el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), como promotor de ese maridaje público/privado, que desvirtúa la esencia de la universidad.

 

Para cerrar, si el 90% del presupuesto universitario es para pagar los deprimidos salarios docentes, que ni siquiera el gobierno debate convocando a paritarias, es porque su representante máximo, autopercibido anarco capitalista, pretende, como lo escribió Onganía, una “limpieza académica” y el cierre programado de las universidades o su reconversión en unidades de conocimiento aplicado a los intereses empresariales y financiar las carreras que el mercado demande.

 

Solo haber escuchado lo que el señor presidente dijo en el marco del Congreso del Instituto de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), frente a la posibilidad de que de la Cámara surja la emergencia presupuestaria para la universidad, “Cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires,lo voy a vetar, me importa tres carajos”, nos dice todo sobre su interés por rol social del conocimiento y por la educación como derecho humano.

 

Después de todo, el evento que protagonizó el autor del libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en el Luna Park, también constituyó un hecho pedagógico, nos enseñó que Narnia no solo es un relato fantástico, también puede ser fatalmente político.

 

Fuente: https://tramas.ar/2024/05/24/el-sistema-educativo-y-la-educacion/

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Argentina: Ley Ómnibus | ¿Menos paros y más exámenes? Qué cambiará en Educación si se aprueba el texto

Por: Evangelina Himitian/LA NACION

El proyecto final de la ley ómnibus que hoy empieza a debatirse en el recinto trae importantes modificaciones en materia educativa; qué se mantuvo y qué se descartó.

No fue sencillo llegar a un texto con el acuerdo de los legisladores. Pero en eso trabajaron durante el último mes los representantes del Gobierno y los legisladores para votar el proyecto final que llegará hoy al recinto, y que en materia de educación traerá importantes cambios: el más relevante, que la educación primaria y secundaria se declarará servicio esencial. De forma que, ante una medida de fuerza, se deberá garantizar la continuidad.

Nadie sabe muy bien cómo se implementará esto. Pero la decisión de tomar este concepto del Decreto de Necesidad y Urgencia e incorporarlo a la ley apunta a robustecer un argumento que en el plano judicial ya está teniendo reveses con la reforma laboral. ¿Pesará más el derecho a huelga o la garantía de un servicio esencial? Un dilema que, de prosperar el proyecto de la llamada ley ómnibus, sin dudas traerá conflictos con los gremios.

Los que siguen son algunos de los principales cambios que traerá la ley en materia de educación.

La educación, servicio esencial

El texto incorpora un artículo 2 bis a la ley 26.206, de Educación Nacional: “La educación es un derecho humano fundamental, de carácter personal y social, por lo tanto, el Estado Nacional tiene la responsabilidad de garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad, que profundice el ejercicio pleno de ese derecho y la igualdad real de oportunidades a todos los habitantes de la Nación. La educación inicial, primaria y secundaria es un servicio esencial”, define.

Esto, en concreto busca establecer un límite a los paros docentes, y es un punto muy cuestionado por los gremios, porque supone que ante una medida de fuerza por un conflicto colectivo, debería garantizarse la prestación de un porcentaje del servicio. Cómo ocurrirá, no se sabe hasta que llegue la reglamentación. Algunos dicen que no será cuestión de dejar una guardia mínima para que la escuela permanezca abierta. Sino que el sistema en su mayoría siga funcionando. “No tenemos experiencia de cómo se implementaría, pero se habla de un 75% de cobertura. El cambio es sustancial porque se mete de lleno con un tema complejo como son los paros”, explica Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.

El texto del DNU, de donde se tomó la figura, ya señala que se debería garantizar el 75% del servicio. Los diputados y senadores que trabajaron sobre la nueva redacción acordaron que eso lo defina el Ejecutivo en la reglamentación.

Algunos, como la diputada de Pro, Sabrina Ajmechet, consideran que se debería garantizar un servicio mínimo, tipo guardia, como propone un proyecto de ley del legislador Alejandro Finocchiaro, para garantizar la continuidad. “Al menos como para que los padres y sobre todo las madres, puedan llevar a los chicos sin tener que afectar su jornada laboral. Y también pensando en conflictos más largos, como los que ocurrieron en provincias como Jujuy o Chubut, donde los paros docentes duraron meses, no se convierta en una puerta para la deserción escolar”, apunta la legisladora.

Evaluación que mejora el salario

Otro punto que promete polémica gremial es la incorporación de la evaluación periódica docente como condición para aspirar a percibir un suplemento salarial, tal como se detalla en el artículo 276 del proyecto de ley, que se realizaría cada cinco años. “Hasta ahora, la única forma de lograr una mejora salarial en la carrera docente, realizando una misma tarea, es mediante la antigüedad. En cambio, esta modificación permitiría que un docente con mejor rendimiento en las evaluaciones cobre más que otro que realiza la misma tarea, con la misma antigüedad”, explicó Zorzoli. Esto modifica el escalafón del Estatuto Docente y habilita la “meritocracia” en la carrera docente. Echa por tierra la idea de a igual tarea, igual remuneración y promete conflictividad gremial.

Aprender cada dos años

Todos los alumnos deberán ser evaluados con una periodicidad no mayor a dos años. Esto se refiere a evaluaciones tipo las pruebas Aprender, pero que se realizarán a todos los alumnos, cada dos años. Además, otro cambio es que ya no se los evaluará solo en matemática y comprensión lectora, tal como decía el proyecto original, sino “en las áreas que determine la autoridad de aplicación”. Se agrega que “los padres y los docentes tendrán acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y alumnos”.

Examen final al terminar la secundaria

“Con la finalidad de analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Estado Nacional tomará un examen censal al finalizar los estudios de educación secundaria, que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas”, dice el texto.

Censal significa que todos lo deben dar, detalla Zorzoli. Este fue uno de los puntos controvertidos y quienes trabajaron en la nueva redacción apuntaron a que quedara en claro que no condicionaría el ingreso a la universidad, aunque sí que será obligatorio. “El alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado. Dicho examen no será condicionante para la prosecución de los estudios del egresado evaluado”, dice el texto.

En la oposición habían pedido que se reemplazara por un diploma de honor solo para quienes se saquen 9 o 10, pero que no sea una mancha en el currículum para los demás, pero esta idea no prosperó. No será obligatorio aprobar el examen para finalizar la secundaria, sino solamente rendirlo y esa será la nota final.

¿Se les cobra a los extranjeros?

Se modifica el artículo de la Ley de Educación Superior y habilita el cobro de un arancel a los extranjeros que vengan a estudiar al país. A la vez, garantiza la gratuidad de las universidades públicas para todos los argentinos y para los extranjeros que tengan un DNI argentino permanente, que se obtiene al tener una residencia permanente en el país. Los requisitos son haber vivido dos años en el país en el caso de migrantes de países del Mercosur y tres años para los países extra-Mercosur, así como haber hecho el trámite correspondiente. Este punto no tuvo modificaciones del texto presentado por el Ejecutivo, explicó Ajmechet.

Para los extranjeros con residencia temporaria, el texto no las arancela automáticamente, sino que habilita a que cada universidad pública determine si cobra o no. “Podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que reúnan los requisitos”, dice el texto.

También agrega que las universidades podrán “firmar convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión”. Además, podrán fomentar mecanismos de intercambio y generar de esa forma sistemas de becas para los extranjeros que vengan a estudiar en el país.

A la universidad, solo con título secundario

Otro de los cambios que traería esta ley, si se aprueba, en materia de educación es que solo podrán acceder la universidad aquellos que completen sus estudios secundarios. “La ley vigente hasta ahora permite que los mayores de 25 años que acrediten los conocimientos básicos puedan acceder a estudios de grado, era una situación excepcional pero ahora no va a ser posible porque se elimina ese artículo que lo permite”, apuntó Zorzoli.También se incorpora la posibilidad de que los ingresantes a una universidad estatal, rindan examen de ingreso u opten por un curso de ingreso.

No al homeschooling

Un punto que encendió el semáforo rojo para los legisladores fue la redacción del proyecto de ley que hablaba de la hibridez. Muchos de los legisladores del PRO habían sido muy activos en la vuelta a clases presenciales en la pandemia y temían ver ahí una puerta abierta a la no obligatoriedad de la presencialidad.Después de mantener reuniones con miembros del Ejecutivo se entendió que apuntaba a otra cuestión y se decidió modificar la redacción. De forma que, si se aprueba el texto, el homeschooling seguirá sin estar permitido en el país.

Por eso, el texto permite el estudio a distancia solo para el tramo final de la secundaria en casos en los que se dificulte físicamente acceder a un establecimiento y tambiénhabilita el sistema híbrido, esto es el uso de plataformas como un mecanismo complementario para materias extraprogramáticas. El foco está puesto en, por ejemplo, si no se consigue un docente de inglés para una determinada escuela, en lugar de que se pierdan las horas de clase o tengan horas libres, se reemplazaría por un trabajo desde las plataformas, ejemplifica Ajmechet.

¿Y los vouchers?

El texto habla de financiamiento educativo, sin mencionar nada ni siquiera parecido al sistema de vouchers. En cambio, le atribuye un rol protagónico al Consejo Federal de Educación (conformado por los ministros de Educación de las provincias y ciudad de Buenos Aires). Establece que será el Consejo y no la Secretaría de Educación (antes el Ministerio) quien pueda fijar el salario mínimo docente a nivel nacional y por ende llamar a paritarias, convocando a los gremios.

Además, apunta que para definir el salario se consultará al Consejo Federal de Inversiones, integrado por los ministros de Economía de cada provincia y de la ciudad. El cambio llega del siguiente cuestionamiento: por qué el Ejecutivo nacional definiría el monto de un salario que no va a pagar, ya que el salario docente es pagado por cada jurisdicción. Hubo varias redacciones de este punto, alguna incluía a las escuelas privadas en la mesa de negociación de la paritaria nacional, también a las entidades gremiales del sector privado. Finalmente, eso se descartó.

A su vez, el texto apunta que, definida la paritaria nacional, cada provincia y la ciudad de Buenos Aires podrán definir o acordarán las condiciones laborales, el calendario escolar, la escala salarial y la carrera docente.

Aulas sin patrocinadores

El texto que presentó originalmente el Ejecutivo, abría la posibilidad a que empresas y donantes particulares aporten fondos a las cooperadoras de las escuelas, sin que se les prohíba usar esa información como parte de una acción publicitaria, algo que la ley vigente no permite. Podía dar lugar a aulas con patrocinadores, del tipo a esta aulas la cuida tal empresa, cómo ocurre con las plazas. “En Estados Unidos eso es muy frecuente”, detallo Zorzoli. De todas formas, ese artículo se eliminó en la nueva redacción.

Presupuesto según cantidad de egresados

En cuanto al financiamiento universitario, el proyecto trae grandes cambios: el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no podía hasta ahora ser disminuido ni reemplazado, sino que se debía respetar lo establecido en el presupuesto anual.

El proyecto agrega un párrafo que asegura que este aporte se distribuirá entre las distintas instituciones, en función del número de estudiantes matriculados en cada una, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación. También incidirá el números de egresados, no solo de los inscriptos. Este punto generó controversias y finalmente se decidió sumarle otros criterios de relevancia, como que realice investigación, que tenga escuelas y hospitales que dependan de ella, entre otras cuestiones.

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Uruguay: Este miércoles habrá paro de 24 horas en la enseñanza en reclamo contra la reforma educativa

Redacción El País

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) harán un paro de 24 horas este miércoles. La medida afecta a todos los liceos públicos y UTU del país, ya que los demás sindicatos que integran la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) apoyan la medida, pero no paran.

Inicialmente la medida estaba prevista para este jueves 23 de noviembre, pero se adelantó un día.

La medida implica una paralización nacional de 24 horas en la enseñanza con una concentración y acto frente a la sede del Codicen de la ANEP a partir de las 12:00 horas. La movilización tendrá como principal reinvindicación la oposición a la denominada transformación educativa que impulsa el gobierno.

“Esta política tiene expresiones regresivas de corto plazo como la desarticulación de los bachilleratos en distintos puntos del país”, indicó Fenapes tras declararse en conflicto y agregó que la reforma atenta “contra la formación integral y la continuidad educativa de las futuras generaciones al prohibírseles intencionalmente el acceso democrático al conocimiento”.

En una declaración divulgada la semana pasada se indicaba que la denominada transformación educativa “tanto por su forma como por el contenido ideológico que la sustenta, confirma el uso de nuestra educación pública con fines político-electorales”.

En este sentido, entienden que “colisionan los intereses personales con los colectivos nacionales, los tiempos de campaña electoral con los prolongados y extensos procesos educativos de un país”.

https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/este-miercoles-habra-paro-de-24-horas-en-la-ensenanza-en-reclamo-contra-la-reforma-educativa

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