Con las PISA al horno: Evaluación social de las políticas educativas

Alternativa Docente / 09-12-2019

El 2 de diciembre, el ministro Finocchiaro difundió datos de las pruebas PISA del 2018. Según esta evaluación estandarizada, Argentina ocuparía el puesto 63 en Lectura, el 71 en Matemática y el 65 en Ciencias sobre 77 países que aceptan participar, sobre un total de 195 en el mundo (ver Informe PISA 2018). Es decir, solo uno de cada cuatro países acuerda con realizar estas pruebas trianuales, que iniciaron en el 2000. Y de esos, 10 son latinoamericanos. El ranking lo encabeza China en las tres disciplinas.

En nuestro país habrían participado 458 escuelas y 14.546 estudiantes de 15 años que cursaran el 7° año o más, en septiembre de 2018. Según Educación, el país pagó a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) $12 millones para que le autoricen hacer esta prueba a nivel nacional. Sin contar lo que debieron pagar cuatro distritos que pidieron ser evaluados aparte: Capital, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán.

Según la data de las PISA 2018 (por sus siglas en inglés, Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), nuestro país habría vuelto a tener un pobre desempeño en el ranking trienal; al caer 9 puntos en matemáticas respecto de 2012 (nota más baja desde 2006); mejorar en lectura, con 5 puntos más que en 2012 y bajar en ciencias, con 2 puntos menos. En evaluaciones anteriores Argentina había ocupado el lugar 57 (entre 65) en Matemática; el 58 en Lectura y el 56 en Ciencias.

¿Por qué el gobierno macrista y los medios interesados lo comparan con el 2012 y no con la de 2015? Porque ese año hubo un escándalo internacional, ya que las PISA 2015 habrían mostrado una mejora. Pero entonces el nuevo gobierno de Macri hizo gestiones para que se cambiaran esos datos, argumentando que en Capital -donde gobierna el PRO hace años-, la mejora era leve y, según la lógica PRO-mercado de Cambiemos y su ministro Bullrich, no era posible que la educación hubiera mejorado en el país en 2015…

Una escandalosa arbitrariedad política e intromisión de la cúpula PRO, basada en la disputa con el saliente gobierno K, que llevó a que la OCDE anulara la prueba 2015. Bochorno mundial. Y otro indicador de que a estas evaluaciones las rige el gran capital y sus datos se “acomodan” según quién pague o gobierne.

 

¡Qué negocio el de las PISA…!

 

Las pruebas PISA son un negocio. Para la OCDE como organismo imperialista que las impulsa y para la empresa Pearson, gigante trasnacional británico de la enseñanza, que las prepara. La obsesión por evaluar expresa un nuevo y suculento nicho de mercado.

Que las PISA son cuestionables lo tiene que reconocer Axel Rivas (integra CIPPEC y es director de la Escuela de Educación de la privada Universidad de San Andrés). Es que el big data PISA tiene toda la relatividad y crítica que este profesor-investigador señala en una nota periodística [1].

Rivas demuestra que las PISA tienen serios problemas de comparación intertemporal para los países de América Latina. Que hubo cambios metodológicos no explicados como corresponde y la edición 2018 agudizó esos problemas. En criollo: PISA no hace las mismas preguntas en todos los países y tampoco tienen el mismo nivel de dificultad.

Escandalete global, regado con millones de dólares. Es que el big data educativo resulta una novedosa fórmula empresaria para desarrollar apps, vender datos de estudiantes y hacer muchísimo dinero.

Al cuestionar su validez, Rivas sostiene: “los problemas de la prueba son tan graves que ya no sabemos realmente qué se puede comparar a lo largo del tiempo. No sabemos cómo cada país prepara a las escuelas de la muestra PISA”.

No es el único crítico. Numerosos sociólogos y especialistas en educación, a nivel internacional y en Argentina, señalan la inutilidad de PISA como programa de evaluación, al carecer de valor para mejorar la educación en las aulas, y la organización y funcionamiento de las escuelas.

En 2014, un total de 83 expertos internacionales, en su mayoría estadounidenses y británicos, presentaron una dura crítica en una carta enviada al director de PISA, el alemán Schleicher. “Los gobiernos, los ministros de educación y los directores de periódicos esperan con ansiedad los resultados de PISA, que son citados como fuente autorizada en muchas declaraciones políticas. Y estos han empezado a tener influencia en las prácticas educativas de muchos países”, se lamentaban. “Los gobiernos reajustan sus sistemas educativos con la esperanza de mejorar en los ranking”, agregan.

Incluso en el año 2011 la compañía Pearson [2] que las elabora, fue multada en Nueva York con U$S 7.5 millones porque un fiscal comprobó que usaba la información de las pruebas para sus propios negocios. Muchas familias se habían quejado, preguntando por qué una empresa privada, con afán de lucro tenía tanta influencia en el sistema educativo público.

Es inaceptable entonces la pretensión de la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los gobiernos, Iglesia y empresarios de apelar a PISA para “llevar las políticas educativas en una dirección determinada”. Lejos está Pearson de “ayudar a las personas a progresar en sus vidas a través del aprendizaje” como sostiene en sus objetivos. Al contrario, con las PISA y la contrarreforma educativa que ordenan, la multinacional Pearson sigue avanzando en el control y gestión de la educación en Argentina y el mundo.

Pearson está entre los cuatro mayores grupos editoriales del planeta. Se considera una empresa líder en educación, con más de 24.000 trabajadores en 70 países. En el año 2015 facturó más de U$S 5.655 millones. Y en 2016 facturó U$S 5.918 millones. Pearson tiene el 47% de las acciones de la editorial Penguin Random House; de Longman, del Financial Times y el 50% de The Economist. Es dueña de la National Evaluation Series, la más importante empresa norteamericana que elabora exámenes.

Y aspira a tener el monopolio en pruebas estandarizadas para medir la “eficacia” del sistema educativo. Para eso acelera su penetración en aprendizajes por medios digitales, en servicios educativos y mercados emergentes. Al controlar los mercados de evaluación, elaborar guías de estudio, plataformas digitales y la producción de libros de texto, busca ser quien defina qué se considera una “educación de calidad”, y vela porque sus productos y servicio aseguren lograrla.

 

Caradurismo educativo PRO, al palo

 

Como los resultados no parecen los esperados para el PRO, el hombre del OPUS Dei y ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, se acomoda: “No soy amigo de los números fríos alejados del contexto”, dijo. Y pidió tener en cuenta los “distintos umbrales” de los países y la condición de sus estudiantes. Porque “no es lo mismo un país como Argentina, con el tejido social dañado, débil económicamente, que un país que tiene dos PBI ahorrados”. ¡Chocolate…!

 

No podía ser más caradura Finocchiaro. Ahora dice que no le gustan los números fríos… Aunque paga millones para que lo dejen tomar estas pruebas. Y “advierte” que no sería lo mismo según el nivel socioeconómico de alumnes, escuelas, familias, países. Para Finocchiaro, su secretaria de Evaluación Educativa, Elena Duro y otros en Educación, sería preferible no focalizar en comparar con el resto de los países ya que se trata de sistemas educativos diferentes.

“Nuestro tejido social está muy dañado y no se puede evaluar correctamente alejados del contexto”, concluyen sin sonrojarse al ser los responsables, junto al FMI de haber deteriorado al el tejido social. Es decir, de llevar a la pobreza a más del 50% de pibes y casi al 40% de nuestro pueblo en 4 años.

Todo esto lo venimos señalando hace años desde Alternativa Docente, junto a las conducciones Multicolor. Y lo dijimos cuando a las PISA, que cuestiona la Celeste de CTERA, las tomaba cada vez el gobierno de los Kirchner, sin ningún empacho. El negocio cerró más adelante con Gabriel Sánchez Zinny, quien era el representante de Pearson para la región y socio del ministro Estaban Bullrich en varias empresas off shore.

Sánchez Zinny, propietario de 8 empresas orientadas a educación como las plataformas Kuepa y Edunexo, dedicadas a la enseñanza online; como Formar Foundation INC o QFuturo LLC entre otras; y con vínculos societarios con consultoras y lobistas norteamericanas como Dutko Wordlwide o Blue Star Strtegies, fue promovido por Vidal como ministro de Educación bonaerense. Uno de los mayores sistemas educativos de Latinoamérica, abriendo así la puerta al ingreso de estas empresas, de fundaciones y ONG en la educación provincial.

 

Nuestra propuesta: Evaluación Social de las Políticas Educativas

 

La docencia es evaluada cada día y anualmente, de acuerdo a los mecanismos fijados por el Estatuto Docente. Lo mismo el alumnado. Pero los gobiernos insisten en evaluar a estudiantes, y por esa vía a docentes, porque entienden que ahí estaría la base de la crisis educativa. Así lo hicieron Macri y los gobernadores del PJ que aprobaron por unanimidad los operativos Aprender y Enseñar en el Consejo Federal de Educación. Y el instituto nacional de Evaluación.

Años antes lo hicieron con las Pruebas ONE durante el gobierno de los Kirchner, aplicando también las PISA, más allá de su discurso anti neoliberal. El problema no es en sí la evaluación, sino qué evaluamos y a quiénes. Y lo que nunca se evalúa son las políticas educativas y los gobiernos que las diseñan.

En la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo avanzó en numerosos ataques a la educación estatal, como imponer un Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa con estructura externa al sistema, digitada por el Ejecutivo y con injerencia de sectores privados, que tiende a profundizar la fragmentación y la desigualdad. Luego lo harán en el país, con el aval unánime de los gobernadores provinciales del PJ y otros.

En su momento, con Alejandro Bodart como legislador porteño por el MST, junto a dirigentes y educadores de Ademys, presentamos un proyecto de ley para la “Evaluación Social de las Políticas Educativas” que entendemos sienta las bases para una evaluación transformadora.

Proyecto que tiene por objeto “establecer el sistema de evaluación social de las políticas aplicadas por el Ministerio de Educación en la enseñanza estatal” (Art. 1°). Es decir, en cuanto al qué evaluamos y a quiénes, proponemos evaluar las políticas educativas y los gobiernos que las aplican. Porque es allí -y no en alumnos y docentes-, donde está la raíz del déficit de la educación pública.

Para lograr la “calidad e igualdad educativa” (Art. 2º), esa evaluación social incluye que la comunidad educativa evalúe puntos como la infraestructura y mantenimiento escolar; el presupuesto y subsidios estatales al sector privado; comedores y becas; sobre el personal y una evaluación docente acorde el Estatuto; capacitación en servicio; política salarial y condiciones de trabajo.

Evaluar también los proyectos anti-educativos impuestos por el PRO y el PJ; la política curricular, planificación; la matrícula estatal/privada; los índices de promoción, repitencia, sobreedad o la formación docente. Más otras cuestiones como la Educación Sexual Integral, Centros de Estudiantes y Convivencia.

Docentes, estudiantes y familias debemos tener el papel protagónico. Terminar con la mirada “desde arriba” y poner el acento en la opinión de quienes participamos del proceso educativo y no en las concepciones y metas de los organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el BID o el FMI.

 

Nuestro aporte para la transformación educativa

 

Para concretarlo, se propone “constituir una comisión de evaluación en cada institución educativa pública estatal”, integrada por docentes, padres/madres y estudiantes, electos democráticamente (Art. 3º). Esas comisiones deben elaborar dos informes al año (Art. 4º); concretar además comisiones coordinadoras por Distrito y Área (Art. 6º) y que el Ministerio garantice la publicación de los informes y convoque a audiencia pública dos veces al año (Art. 8º).

Esa es nuestra propuesta. La ponemos en debate como aporte a una alternativa propositiva. Todo debate sobre la calidad del sistema educativo estatal y las leyes que pudieran evaluarla, debería promover la evaluación social de las políticas públicas implementadas por Estados y gobiernos y los efectos producidos; pues es a través de ellas que se constituyen las condiciones generales de la enseñanza. Para una verdadera “revolución educativa”, es decisivo el protagonismo de quienes diariamente garantizamos y construimos la educación estatal. Sumate para que podamos hacerlo juntes.

 

Francisco Torres, Alternativa Docente

ANCLA, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática

MST en el Frente de Izquierda-Unidad

 

[1] Prueba PISA: con un método criticable, muestra los enormes desafíos pendientes. Buenos Aires. Clarín 03/12/2019 https://www.clarin.com/sociedad/prueba-pisa-metodo-criticable-muestra-enormes-desafios-pendientes_0_chaNbhd9.html

[2] https://www.pearson.com/en.html