Con información del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa de la Sección XVIII de la CNTE / 19 de Mayo de 2016
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Con información del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa de la Sección XVIII de la CNTE / 19 de Mayo de 2016
Fuente: CNTE / 18 de Mayo de 2016
Maestros y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denuncian una fuerte movilización militar y policial hacia Chiapas y Oaxaca lugares donde los maestros iniciaron un paro docente desde el martes pasado.
A esto se suman las denuncias de Maestros de Michoacán respecto a la «evaluación para el desempeño, con la cual pretenden despedir a miles de maestros». Informa la CNTE de Michoacan que «citaron a 5300 maestros tan sólo de ese Estado. Además -continúan señalando los voceros de la CNTE- «para garantizar el examen anunciaron un operativo de 5 mil efectivos, entre militares y policías federales»
Alicia Kirchner, en sintonía con el macrismo, no retrocede en su intento de descargar el ajuste sobre los trabajadores, con despidos y techo salarial. Nicolás del Caño viaja a apoyar la lucha.
Argentina/17 mayo 2016/Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/
El duro ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri tiene también su correlato en las provincias gobernadas por fuerzas de distintos signos políticos.
El Frente para la Victoria, a pesar de su discurso, no es la excepción, y de hecho en Tierra del Fuego y Santa Cruz se viven situaciones difíciles para el pueblo trabajador.
Si en Tierra del Fuego se está viviendo un gran proceso de lucha que lleva más de 70 días (ver bloque especial en La Izquierda Diario TV), con 25 gremios luchando contra un ajuste brutal de la gobernadora Rosana Bertone que intentó derrotar la pelea por todos los medios, incluida la detención de cinco dirigentes gremiales, en la provincia gobernada por Alicia Kirchner se vive una gran crisis política y social, que ha dado lugar a históricas movilizaciones como la del último 14 de abril, cuando cerca de 10.000 personas ganaron las calles en Río Gallegos.
En Santa Cruz, una dura lucha docente sigue abierta. Como informara ayer La Izquierda Diario, el congreso celebrado el sábado en Puerto Santa Cruz por los docentes de Adosac resolvió un nuevo paro de 72 horas, luego de recibir por parte del gobierno de Alicia Kirchner, el viernes pasado, otra vez la misma propuesta salarial de miseria, que consiste en un 10 % al básico.
Los congresales de Adosac rechazaron la oferta, considerándola una nueva burla a los trabajadores y denunciaron la intransigencia del gobierno. Al mismo tiempo el congreso le dio mandato a la Comisión Directiva para que, en caso de mantenerse inflexible el gobierno, pueda prolongar el paro por 24 horas más, continuando el viernes 20.
La demanda de los docentes es que todo trabajador de la educación cobre un mínimo de $ 16.500, valor de la canasta familiar en la provincia, que sin embargo va en aumento: en el marco de esta lucha comenzaron a llegar aumentos en las tarifas de los servicios públicos de hasta el 1.000 %, como en el caso del gas, que en la Patagonia es un servicio aún más esencial que en el resto del país debido a las bajas temperaturas. Con la propuesta de la gobernadora, el salario inicial docente apenas llegaría a $ 13.516.
Vale señalar que, la semana pasada, el gobierno de Alicia Kirchner acordó un aumento para la policía provincial que lleva el salario mínimo en la fuerza aproximadamente a los $ 20.000. Sin embargo, para los docentes, es otra la actitud del gobierno del Frente para la Victoria. Reprimir y amedrentar a los trabajadores en un “trabajo” mejor remunerado que la educación.
El paro de 72 horas abarcará los días martes, miércoles y jueves. En la última de estas jornadas habrá una nueva reunión paritaria. Luego de ella el paro podría extenderse si el gobierno no ofrece una oferta superadora.
Además del paro, el miércoles habrá una nueva marcha provincial en Río Gallegos, convocada por los gremios de la Mesa de Unidad sindical, que Adosac también integra. Se espera una contundente movilización.
El excandidato presidencial de la izquierda, Nicolás del Caño, viajará este martes a Santa Cruz para acompañar la gran lucha que están dando los trabajadores, con paros y movilizaciones.
Ayer Del Caño denunció que “el gobierno de Alicia Kirchner del FpV es tan ajustador como el gobierno nacional de Mauricio Macri. Los docentes en la provincia vienen con más de 80 días de plan de lucha y esta semana se están cumpliendo 30 días de paro. El ofrecimiento de Kirchner es de miseria: ofrecen el 10 por ciento de aumento salarial con una canasta básica familiar calculada en 16 mil pesos. Además, tienen congelados los salarios, intervenidas sus cajas previsionales y en algunas dependencias como Desarrollo Social ya hubo 445 despidos. Van 25 años de gobierno K en la provincia y la vida de los trabajadores es cada vez más precarizada”.
Agregó a su vez que “el paro es enorme y muestra la unidad de los sindicatos ATE, CTA-Autónoma, Soem, Adiunpa, Judiciales, Trabajadores Viales, Sitraic y Aprosa entre otros, nucleados en la Mesa de Unidad Sindical. Nosotros venimos a dar toda nuestra solidaridad desde el PTS en el Frente de Izquierda para que esta gran lucha triunfe. Desde las bancas en todo el país hemos sacado declaraciones en solidaridad y exigimos al gobierno del Frente para la Victoria de Santa Cruz, que al igual que su vecina Rosana Bertone de Tierra del Fuego, cese la persecución y el hostigamiento a los trabajadores. Conocemos las denuncias de que se están pidiendo listas negras de los huelguistas, descontando sus salarios, reprimiendo como en febrero a los estatales y además con la policía se persigue a los docentes parando los micros en las rutas. Nos sumamos al pedido de ADOSAC por un aumento del 45 por ciento y un salario mínimo de 16.500 pesos”.
Nicolás del Caño viaja junto a Federico Puy, dirigente docente y congresal de UTE-Ctera, quien llevará la solidaridad de los docentes de todo el país. Al respecto, Puy declaró que “traemos la solidaridad desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego para los docentes de Santa Cruz. Luego de la movilización de 40 mil docentes y estudiantes en defensa de la educación pública, exigimos a la conducción celeste de la CTERA de Sonia Alesso un paro nacional educativo en defensa de la educación pública y para que triunfe la lucha de los docentes de Santa Cruz”.
Fuente de la Noticia:
http://www.laizquierdadiario.com/Santa-Cruz-un-mes-de-paro-docente-contra-el-ajuste
Fuente Fecode 18 de Mayo de 2016
En aras de analizar el panorama político, social y educativo actual, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación convocó a Seminario-Junta Directiva Nacional para los días 17 y 18 mayo, en la sede de la Federación a partir de las 9 de la mañana.
Los resultados electorales y políticos del pasado 25 de octubre de 2015, prefiguraron lo que se vendría en el 2016 en los terrenos económicos, políticos y sociales. Como resultado, las fuerzas de la derecha se tomaron la mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país, con candidatos afines a la Coalición de Gobierno. El golpe más duro, que dicha coalición asestó, fue recuperar la alcaldía en la capital de la República, Bogotá, luego de tres mandatos consecutivos de la izquierda democrática.
En materia económica, el pueblo colombiano está cargado de preocupaciones e incertidumbres dadas las recomendaciones que en estos aspectos presenta la Comisión de Expertos al Gobierno y que se soportan en la grave panorámica existente, lo que propicia la puesta en marcha de la propuesta sobre la necesidad de una reforma tributaria estructural. Esto en el marco de la venta de los activos más preciados de carácter público, como Isagén, el desfalco de Reficar, la evasión descarada de impuestos que, como lo corroboran los “papeles de Panamá”, asciende a una cifra escandalosa y en la cual se encuentran inmersas “grandes figuras y familias pudientes”, con el silencio cómplice del Gobierno.
En cambio, la obsecuencia de la oligarquía colombiana, representada en el gobierno neoliberal del presidente Juan Manuel Santos y el capital financiero, quienes siguen siendo fieles ejecutores de las políticas y recomendaciones de la OCDE, el FMI y el BM, en contra del pueblo colombiano.
De igual forma, sigue en salmuera la propuesta gubernamental de una reforma pensional que pretende imponerle nuevos gravámenes a los más desprotegidos.
Todo lo anterior, en el marco del proceso de paz con las FARC-EP y el ELN. Realmente, el panorama sigue siendo difícil, en tanto y por cuanto las relaciones del gobierno continúan soportándose en la corrupción, el clientelismo y la politiquería; es decir, el futuro y/o período del postconflicto se vislumbra con demasiados nubarrones y dificultades.
En este orden de ideas, la agenda del primer día se corresponderá al seminario sobre los temas de la situación política del país, el proceso de paz y las perspectivas. El segundo día sesionará la Junta Directiva Nacional, abordando puntos como: informe de presidencia, situación del proceso licitatorio para la prestación del servicio de salud, estado de la Evaluación con Carácter Diagnóstica Formativa y el qué hacer ante la arremetida del Ministerio de Educación con la expedición de diversos actos administrativos que controvierten los acuerdos firmados y el futuro de la educación pública.
España/ 13 de Mayo de 2016
Entrevista a Montserrat Gomendio
Por: Paula Molina
Cuando España aprobó el 2013 una ley para la mejora de la educación, conocida como Lomce, la oposición acusó que la reforma educativa se había hecho “de chapuza en chapuza” y amenazó con llevarla al Tribunal Constitucional.
Son argumentos que se han escuchado en Chile, aunque en España la reforma la realizó el gobierno de centroderecha de Mariano Rajoy y en la oposición estaban los socialistas. Un diputado del PSOE dijo que la ley educativa era “un monstruo deforme” y hoy, cuando la división de los partidos y movimientos ciudadanos ha hecho imposible armar un gobierno tras las últimas elecciones, hay un punto en que al menos la mayoría coincide: su deseo por derogar la Lomce.
“Es un ejemplo del debate político ideologizado que se da en la educación”, dice en Santiago Montserrat Gomendio, ex secretaria de Estado de Educación en España y una de las principales impulsoras de la polémica ley. “No hay una concreción de qué aspectos de la Lomce no gustan, sólo hay una intención política de derogar una ley aprobada por un gobierno. Habría que concretar y racionalizar el discurso. Con qué aspectos no están de acuerdo, ver la evidencia y decidir si es razonable modificarlos”.
Gomendio visitó Chile hace algunas semanas, no como política, sino como actual directora adjunta de la Dirección de Educación de la OCDE, que cuenta con un equipo de expertos que está revisando el informe sobre el sistema educacional de Chile que ya realizó la organización el 2004.
Política y científica, doctorada en Cambridge, Gomendio —qué duda cabe— conoce las pasiones que desatan los cambios en educación. Y una de las fórmulas que ofrece, de las pocas que funcionan en casi cualquier reforma, dice, es “desideologizar la discusión sobre educación”.
“Hay que huir de los aspectos ideológicos del debate educativo, que son muchos. Todos tenemos una opinión sobre la educación, porque tenemos hijos o nietos, o sobrinos que estudian. A todos nos importa, y es bueno que así sea. Pero también es bueno que nuestras opiniones se basen en evidencias y utilicen argumentos racionales, y no siempre es así: el de la educación ha sido tradicionalmente un discurso tremendamente ideológico”.
—La definición de “ideológico” es un poco esquiva y se usa para criticar las ideas que no son propias. ¿Qué ejemplo me podría dar de un argumento puramente ideológico en educación?
—Te cuento lo que yo viví. En España, por ejemplo, se dio muchísima importancia a una asignatura que se llamaba “ciudadanía”, porque políticos de uno y otro signo entendían que enseñar valores a los niños era un riesgo, que los gobiernos, de uno o de otro signo, intentarían adoctrinarlos. Yo creo que ese es un discurso falaz, porque creo que hay valores universales que es importante enseñar, y porque los gobiernos deben huir de adoctrinar a los niños a través de la escuela. Por lo tanto no creo que la sola existencia de una asignatura llamada “ciudadanía” sea un argumento en sí mismo, sino cuál es su contenido y qué valores éticos y morales, reconocidos universalmente ayudarán a los estudiantes a ser, además de buenos alumnos, buenos ciudadanos en sociedades democráticas. En el caso de España, ese argumento se estiró y se magnificó más allá de lo que tenía sentido.
—Ya que cita su experiencia, me llamó la atención que la Lomce en España dejara de considerar discriminatoria la educación segregada entre niños y niñas.
—Ese fue otro tema que se magnificó más allá de toda proporción. En España, como en otros países, en los colegios de gestión privada sostenidos con fondos públicos, lo que llamamos la escuela concertada, una proporción muy baja escoge educar a niñas y niños por separado. Es una proporción bajísima, ni del 1%. Lo único que se incorporó en la Lomce es el reconocimiento, que ya venía sucediendo, de que podían sostenerse con fondos públicos. Ya lo estaban, pero se reconocía. ¿Hay evidencia de que la educación de niños y niñas conjuntamente, o por separado, sea mejor o peor? Creo que desde el punto de vista científico no hay ninguna evidencia concluyente. Es una cuestión de elección de las familias. Además la proporción de estos colegios es cada vez menor, porque cada vez menos familias eligen ese modelo. Pero se generó un debate político ideologizado y, desde mi punto de vista, desproporcionado.
—Pensando en la reforma en Chile, ¿qué datos cree que debería mirar el país?
—Es muy importante utilizar la evidencia que ya está disponible, entre otras cosas, gracias al trabajo que ha hecho la OCDE a través de programas como la prueba PISA, o PIAAC, que mide las competencias de los adultos y muchos otros en marcha. En un mundo globalizado es cada vez más importante conocer la calidad del sistema educativo en un comparativo internacional. Hay que entender dónde está situado el país en relación al resto, cuáles son las debilidades y fortalezas. También hay que aprender de las reformas que se han llevado a cabo en otros países.
—Sobre reformas de otros países, en Chile se habló mucho de Finlandia en la educación, en términos de que es también un país más igualitario, y que sabemos que la educación es un movilizador social.
—No sólo Chile, sino muchos países han puesto el foco en Finlandia, por considerarlo un ejemplo tanto de calidad como de equidad. Y es un buen ejemplo, ha tenido resultados muy buenos en gran parte de las pruebas internacionales, pero no es el único. Hay otros países a los que quizás también hay que poner atención, si uno no tiene un punto de partida tan bueno como el de Finlandia, porque son países que en los últimos años han mejorado mucho.
—¿Como cuáles?
—Muchos países asiáticos, Shanghái en China, Corea del Sur, Singapur, Japón. Singapur y Corea del Sur tenían puntos de partida muy pobres comparados con otros países, y en los últimos 40 años han mejorado muchísimo. Hay mucho que aprender de ellos porque quizás es más fácil identificar las medidas que han conseguido esa mejora. Pero luego hay otros países de los que habla muy poco y que también conviene mirar, como Polonia o Estonia.
—No existe una receta para la reforma…
—No, pero existen algunas medidas que de forma casi universal tienen un impacto positivo.
—Mencionó el debate desideologizado, ¿cuáles otras?
—La principal: la calidad del profesorado. Esto es algo en que los países asiáticos se han distinguido claramente. Han puesto mucho esfuerzo y recursos para mejorar la calidad del profesorado, y han tenido éxito. Existe una especie de prejuicio de que en estos países asiáticos la mejora se debe más a un entorno cultural que favorece que los niños estudien por largas horas, que memoricen y hagan muchos deberes en casa, pero no es así.
—Imagino que hay muchas maneras de mejorar la calidad del profesorado. En el caso de Singapur, ¿cómo lo lograron? Porque uno de los grandes desafíos de las reformas es incorporar a los profesores, que se sienten atacados o marginados…
—Ese conflicto existe, pero muchas veces parte de un malentendido. En Singapur tienen universidades que forman a los profesores, y una Academia donde se les sigue enseñando a lo largo de su carrera. Los profesores se vuelven estudiantes eternos. Dedican mucho tiempo a enseñar a los alumnos y a los profesores. Visité muchas aulas y es increíble lo que logran enseñar sobre trabajo en equipo, resolución de problemas.
—Es educación de competencias…
—Sí, lo que no quiere decir que memorizar ciertos contenidos no sea importante. Lo es. Pero no es lo único.Memorizar y tener una serie de conocimientos básicos es fundamental, pero también lo es tener estas competencias que llamamos transversales,que exigen que los profesores salgan de su rol tradicional.
—¿Qué le llama la atención de la reforma chilena hasta ahora?
—Me parece que Chile está en un punto de inflexión importantísimo, porque está abordando prácticamente todo el espectro educativo: parvulario, primaria, secundaria, educación superior, carrera docente. Eso es muy importante porque efectivamente el sistema educativo está formado por las piezas de un puzle donde todo debe encajar. Pero a la vez es un desafío muy importante, porque siempre supone una cierta resistencia por parte de ciertos sectores y, por lo tanto, un alto costo político.
—Y requiere recursos.
—Claro, las reformas siempre suponen financiamiento y, como en todos los países, habrá limitaciones. Por lo tanto es muy importante tener claras dos cosas: cuáles son las prioridades y cómo mover las piezas en forma coordinada, para que el sistema sea sostenible en el tiempo. Que esté pensado en el largo plazo: en el diseño y la implementación.
—¿Le recuerda la reforma chilena a la de otro país?
—Yo creo que es una de las más ambiciosas que hay actualmente en marcha. ¿Una reforma que esté teniendo tanta legislación sobre todos los ámbitos simultáneamente? De los que conozco es el más ambicioso.
—¿Y cuáles cree que son sus posibilidades de éxito?
—Tiene que haber compromisos, trade off. En un país como Singapur, que ha hecho de la educación su prioridad, ellos apostaron a la calidad del profesorado, pero tuvieron que determinar 40 alumnos por profesor, para que los profesores pudieran perfeccionarse. Los países difieren en la cantidad de recursos que quieren dedicar a la educación, pero siempre habrá limitaciones.
—Hay que sacrificar algo…
—Hay que definir prioridades. Sí, porque los recursos son finitos, mientras más se dedique a una prioridad, menos habrá para otra. Pensar que se puede hacer todo al mismo tiempo no funciona.
Fuente: http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/05/la-reforma-educativa-chilena-es-la-mas-ambiciosa-que-conozco.shtml/
El cambio climático debe acabar. ¿Pero quién se encargará de detenerlo? O dicho de otra manera, ¿quién podría ser el sujeto político de una revolución climática anticapitalista?
Estoy convencida de que este actor social debería ser, y debe efectivamente ser, la clase obrera a escala mundial. Pero para desempeñar este rol, la clase obrera debe desarrollar una conciencia de clase ecologista y emancipadora.
Por suerte, la historia está llena de ejemplos de este tipo de síntesis rojo-verde: el ambientalismo obrero es tan viejo como el propio movimiento sindical.
Durante una gran parte de su existencia, el ambientalismo obrero se concentró en el lugar de trabajo y en las condiciones de vida de las comunidades obreras, ligando las cuestiones de seguridad y de salud en el trabajo con la protección de la salud medioambiental o la salud pública.
Durante los años 1990, el ambientalismo obrero comenzó a incorporar los conceptos de “desarrollo sostenible” y de “economía verde”. Más recientemente, cuando se ha intensificado el cambio climático, la “transición justa” (TJ) se ha convertido en el concepto de moda. La TJ se basa en la idea de que los trabajadores no deberían soportar el peso de la transición hacia una economía poco carbonada, teniendo en cuenta las pérdidas de empleo y la desestabilización de las comunidades locales.
A tal efecto, los sindicatos de “cuello azul” –en particular los de la industria pesada, transportes y energía– han forjado alianzas “verdes-azules” con grupos ecologistas de todo el mundo. Estas convergencias demuestran un consenso creciente sobre la necesidad de atacar al cambio climático, subrayando que los medios para realizarlo se basan en la implicación sindical y en el carácter duradero de las elecciones adoptadas.
Sin embargo, existen importantes divisiones en el interior de este consenso, en particular cuando se trata del contenido de la TJ. Algunos grupos incitan simplemente a la creación de empleo en una economía más verde. Negándose a someterse a las soluciones del mercado, otros grupos adoptan una crítica radical del capitalismo.
La evolución de esta división determinará si el movimiento obrero reforzará tácicamente al capital –o por el contrario, se enfrentará al capital y al cambio climático.
La mesa de negociaciones
La corriente predominante de la TJ, la que se contenta con apoyar una economía más verde en un marco capitalista, está fielmente representada por la Confederación Sindical Internacional (CSI).
Formada en 2006 por fusión de dos confederaciones sindicales transnacionales, la CSI lanzó el primer programa sindical internacional sobre políticas de cambio climático el mismo año de su fundación. Poco después, surgieron sectores sindicales que elaboraron posiciones oficiales sobre el recalentamiento planetario –posiciones que han precisado más el concepto de transición justa.
Para grupos como la CSI, la TJ significa invertir en sectores y en tecnologías con emisiones débiles en carbono y basados en el empleo creciente de mano de obra, lo que debería combinarse con programas de formación y ayudas financieras para los trabajadores empujados al paro en los sectores contaminantes.
La transición es concebida como un descontextualizado pacto entre ganadores –con la idea de que podría surgir un capitalismo más sostenible por medio “del diálogo y la consulta democrática” con “los socios sociales y las partes interesadas”, apoyado en “análisis locales y planes de diversificación de la economía para ayudar a los gobiernos locales a gestionar la transición hacia una economía débilmente carbonada que permitiría un crecimiento verde”.
Esas partes interesadas tendrían un papel a jugar más allá de las simples consultas: los gobiernos adoptarían medidas de estímulo de la economía; las empresas aplicarían políticas socialmente responsables; los universitarios y los líderes políticos defenderían la “modernización ecológica” de la legislación; las organizaciones internacionales emitirían directivas, informes y recomendaciones.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido la más activa a la hora de promover este enfoque transicional, proponiendo modelos basados en un consenso e invitando a las empresas, los Estados y las organizaciones sindicales a la mesa de negociaciones. La responsabilidad sindical consistiría en proponer que se reduzcan los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero y los niveles de producción, manteniendo vigilancia sobre sus efectos en el empleo.
A la OIT y la CSI les gusta insistir también en los beneficios económicos de la TJ. Citando al famoso Rapport Stern –publicado en 2006 bajo la autoridad del gobierno británico, afirmaba que los costes económicos de la lucha contra el cambio climático serán netamente menores que el coste de la inacción– la CSI declara que atenuar el recalentamiento facilitaría incluso el desarrollo del empleo. Este enfoque se basa en la idea de que la intervención gubernamental puede estabilizar los costes y redistribuir los beneficios entre los grupos sociales.
Por ejemplo, las infraestructuras para la atenuación y la adaptación no se consideran destructoras de empleo, sino al contrario podrían permitir crearlo, a condición de estar cuidadosamente planificadas. La CSI considera incluso que las inversiones para la protección de territorios y poblaciones contra los efectos de futuros acontecimientos climáticos son una potencial fuente de crecimiento económico.
Sin embargo, esta visión armoniosa de los beneficios compartidos pasa por alto los impactos previsibles de la construcción de grandes instalaciones sobre las comunidades locales y los ecosistemas. En efecto, los programas de la OIT y de la CSI no dejan de promover la consulta, el diálogo social, el buen gobierno, o de animar los métodos de comunicación a propósito de temas que suscitan inevitables tensiones y fracturas.
En primer lugar, los programas de la OIT y de la CSI no tienen en cuenta las barreras erigidas por los acuerdos comerciales internacionales, que fuerzan a los gobiernos a recortar las políticas sociales, ignoran (o destruyen) las economías locales, y adoptan un modelo de competitividad basado en una reducción constante de los costes del trabajo y en el debilitamiento de las organizaciones sindicales.
No es sorprendente por tanto –como reconocen responsables de la CSI– que el “círculo virtuoso” entre la acción climática y las políticas de trabajo promovidas por la OIT, la CSI y las otras agencias de la ONU, haya fracasado sin obtener el menor avance en las negociaciones climáticas.
El potencial de creación de empleo por medio de la atenuación del cambio climático (esto es, la sustitución de las energías fósiles por energías renovables) tampoco está garantizado. En la medida en que la inversión en estos proyectos será variable, contribuirá a reforzar el desarrollo desigual y las desigualdades –que no suelen ser considerados en estos programas.
En lugar de eso, estas dos organizaciones prevén una cosecha extraordinaria de nuevos empleos: seis millones en la energía solar, dos millones en la eólica, doce millones en los biocarburantes agrícolas o industriales, en el horizonte 2030. Estos pronósticos eluden el hecho de que los proyectos de desarrollo de energías limpias de gran dimensión y que requieren mucho capital, como los biocarburantes o la energía hidráulica, ya han demostrado su carácter ambivalente –y a veces claramente perjudicial– en materia de impacto social.
La etiquetacion “verde” también es sospechosa. Entonando esta canción, muchas fuentes tradicionales de producción –como la agricultura de mercado– simplemente se han recalificado como “sostenibles”, para adecuarse al gran relato de la economía verde. En Brasil, por ejemplo, la producción de biocarburantes –procedentes sobre todo de la caña de azúcar– supone más del 50% de los empleos verdes del país.
O lo que es peor, las condiciones de trabajo en las plantaciones de caña son muy inferiores a las normas internacionales, puesto que hay frecuentes violaciones de derechos humanos, del derecho al trabajo y de los derechos de los indígenas. La mecanización programada en este sector llevará a suprimir el empleo de miles de trabajadores, sin reconversiones ni compensaciones. El monocultivo de la caña de azúcar y sus modalidades de explotación amenazan el medio ambiente y la salud pública, atizando al mismo tiempo los conflictos con las comunidades a causa de la destrucción de la producción alimentaria local.
Pero la industria brasileña de biocarburantes recibe el apoyo del gobierno, de los sindicatos y de la OIT, gracias a su estatuto de industria que produce una energía verde.
En materia de evaluación de políticas y de elaboración de soluciones, una gran parte del problema reside en el hecho de que la CSI y la OIT dan prioridad a las soluciones de mercado y a las corrientes científicas dominantes en materia de economía ecológica, en detrimento de los estudios y las conclusiones más radicales y más políticas. Los conocimientos producidos por los movimientos de base por la justicia medioambiental y por las corrientes ecosocialistas son ignoradas en los discursos oficiales de la TJ.
En consecuencia, ninguna de las declaraciones de la OIT y de la CSI aborda el vínculo entre las crisis ecológica y económica de un lado, y el sistema político-económico a escala internacional de otro. En lugar de eso, cuando se cita la cuestión, la economía es considerada capaz de autorreformarse. ¿Cómo? Coordinando los diferentes modelos nacionales, debiendo ajustar cada uno de ellos a la fase de desarrollo propio de cada país.
Además, al mostrar una fe incondicional en el “crecimiento verde”, la CSI parece ignorar que dicho crecimiento ya existe –no a pesar de la crisis económica, sino precisamente a causa de ella. El capital acoge el “crecimiento verde” como un nuevo vector de acumulación que revitalizará la iniciativa privada, de igual manera que la Segunda Guerra mundial y la reconstrucción de postguerra sacaron al capital de la Gran Depresión de los años 1930.
Por supuesto, su preocupación no está en saber si el (pretendido) reverdecimiento de la economía capitalista generará condiciones decentes de trabajo y un empleo estable. Al contrario, los empleadores obtendrán provecho de esta reestructuración para eliminar los derechos actuales de los trabajadores, como lo demuestra el caso de la industria brasileña de los biocarburantes.
¿Reapropiarse la economía verde?
La hegemonía creciente de los discursos sobre la transición justa no es totalmente lamentable. Abre nuevas posibilidades para políticas climáticas orientadas hacia los asalariados –algunas de ellas verdaderamente radicales.
El ejemplo más interesante es la campaña (“Un millón de empleos climáticos” (One Million Climate Jobs -OMCJ-). Inicialmente impulsada por una coalición británica de sindicatos que tenían un programa a favor del crecimiento verde, esta campaña fue también realizada en 2011 por una coalición sudafricana que agrupaba a organizaciones sindicales, ecologistas y movimientos sociales.
En su inicio, la campaña se basaba en un enfoque keynesiano de inversiones cuya finalidad era crear “empleos climáticos” –distintos de los clásicos “empleos verdes”, en la medida en que pretendían una reducción drástica de las emisiones de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero.
En el Reino Unido, estos “empleos climáticos” se orientaron lógicamente hacia los sectores de la electricidad, la construcción y los transportes, que generan ocho toneladas de emisión de CO2 al año. Pero esta especialización limitó el potencial de la iniciativa. Al restringir su interés a los empleos clásicos de cuellos azules, la campaña olvidó a otros sectores, como las industrias de alimentación o los servicios, así como el trabajo de regeneración, de reproducción y de subsistencia. Al proceder así, ignoró a un sector esencial para el bienestar social y económico en cualquier sistema económico, y que constituye también un punto de partida crucial para cualquier nueva concepción de la economía.
Sin embargo, cuando se adaptó la iniciativa en Sudáfrica, se convirtió en una iniciativa mucho más radical, mostrando el potencial de esta campaña para movilizar a los enfoques más críticos y más favorables a una transformación social. En Sudáfrica, los efectos combinados de dos crisis globales –la extensión de las desigualdades socioeconómicas y el cambio climático– han creado enormes tensiones entre los compromisos oficiales en reducir la marca de carbono de la economía y las consistentes en reducir la pobreza (incluyendo la lucha contra la precariedad energética).
Como afirma la socióloga Jacqueline Cock, esta tensión ha incitado al movimiento sindical a incluir la transición justa entre las “reivindicaciones para conseguir transformaciones profundas que implican formas radicalmente diferentes de producción y de consumo”. Según Cock, este cambio requiere: “un enfoque integrado del cambio climático, del desempleo, de las desigualdades, así como el rechazo de los mecanismos de mercado para responder a estos problemas. A diferencia de otras interpretaciones de la economía verde, este modelo reconoce la importancia de la relación entre los retos de justicia social y del cambio climático, insistiendo a la vez en la necesidad de una transformación radical y estructural”.
Esta concepción anticapitalista de la TJ se preocupa por el hecho de que una economía descarbonada corre el riesgo de reproducir las actuales relaciones de poder y las desigualdades, si se sitúa en la lógica de las ideas conservadoras de crecimiento sostenible y de financiarización.
Los sindicalistas sudafricanos desarrollaron su posición crítica después de haber firmado un acuerdo sobre la economía verde en 2011, en el cual se utilizaba la idea de “diálogo social” para unir a gobierno, empresas y movimiento sindical en torno a un plan de creación de millares de enpleos en un nuevo sector de industria verde.
Ahora bien, los defectos y los límites de este acuerdo -incrementados por propuestas que no se apoyaban en ningún estudio en profundidad, y que iban acompañadas de salarios bajos, normas laborales mínimas y pérdidas de empleo– acabaron por demostrar cómo los “empleos verdes (…) están orientados hacia los intereses del mercado en detrimento de otras necesidades sociales”.
El Congreso de los sindicatos sudafricanos (COSATU) adoptó un “Programa Estratégico sobre el Cambio Climático” que, entre otros elementos, reconoce al capitalismo como la causa subyacente del recalentamiento planetario y rechaza las soluciones de reducción de emisiones de carbono basadas en los mecanismos de mercado.
Inmediatamente después, el Sindicato Nacional de Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA) evitó las nociones de empleos verdes y de un capitalismo más sostenible, pronunciándose a favor de una visión alternativa de la transición justa “basada en el control de los trabajadores y en la propiedad social y democrática de los medios de producción y de subsistencia”. El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y vinculados expresó también su apoyo a “una interpretación de clase de la transición justa hacia una economía verde” y por “alternativas radicales a la agricultura industrial, en particular la agro-ecología”.
Ese mismo año, la COSATU y el Consejo Nacional de Sindicatos (NACTU) se aliaron con ONGs y diferentes movimientos sociales para lanzar la campaña sudafricana OMCJ.
Con el objetivo de “excluir los intentos del capital de utilizar la crisis climática como una oportunidad de acumulación”, explica Cock, la campaña estaba muy influida por las organizaciones de la justicia medioambiental y climática, y consistía en “numerosos proyectos provisionales con el fin de demostrar la viabilidad de sus propuestas políticas”.
En la visión sudafricana, el giro hacia las energías renovables formaba parte de una transición más amplia hacia una producción energética territorializada y bajo propiedad pública. Colocada bajo un estricto control comunitario, estas disposiciones permitirían asegurar un acceso a la energía para todos. Se contemplaban iniciativas similares para la producción y distribución alimentaria, privilegiando la agro-ecología sobre la agricultura industrial para al mundo de la inseguridad alimentaria.
La divergencia probablemente más significativa con las estrategias clásicas de la transición justa es que la campaña sudafricana OMCJ presenta a los “proveedores de atenciones comunitarias” (community caregivers) como el sector más pertinente de empleo, previendo crear hasta 1,3 millones de empleos en los sectores de economía doméstica y salud, rehabilitación de tierras y la agricultura urbana.
Sin embargo, la campaña sudafricana OMCJ también ha tenido carencias. Los estrechos lazos de la COSATU con el partido neoliberal de la ANC, que ya estuvieron en el origen de una profunda crisis en las federaciones que llevó a la exclusión de la NUMSA, podrían llevar a una escisión irreparable en el seno de la confederación.
Hay que destacar una consecuencia positiva. Según el investigador sudafricano Vishwas Satgar, la NUMSA ha adoptado un programa más explícitamente socialista, defendiendo una propiedad social de las energías renovables y una acción concertada con las organizaciones por la justicia medioambiental. Este esfuerzo podría ser el núcleo de un nuevo proyecto de izquierda, estructurado por una visión democrática y ecosocialista.
No obstante, hay otros obstáculos. La campaña apenas se ha desmarcado de un Estado que favorece las iniciativas privadas a favor de la energía limpia, lo que sólo ha contribuido a reproducir la pobreza y las desigualdades.
La NUMSA responde a este desafío modificando su acción a escala municipal, como lo demuestra su combate por utilizar el poder de las administraciones locales en la distribución de la electricidad para favorecer las energías renovables.
Al mismo tiempo, la campaña corre el riesgo de encerrarse en enfoques localistas centrados en proyectos comunitarios que no tendrán capacidad para transformar la política energética a escala nacional. Como señala Satgar, la mayor parte de las intervenciones de OMCJ “se han concentrado en una sola cuestión antes de desperdigarse una vez han conseguido revalorizar sus primeras reivindicaciones”.
Para salir de la trampa, Satgar sugiere que la NUMSA debe desarrollar una estrategia en torno a una coalición social más amplia que condicione las luchas locales por el acceso a las energías renovables a proyectos pensados a una escala más amplia y basados en un enfoque de clase de las cuestiones ecológicas.
Hasta ahora, los dos desarrollos más prometedores han sido el esfuerzo por formar una gran coalición contra los proyectos de construcción de reactores nucleares del gobierno –lo que provocaría una quiebra del Estado sudafricano y tendría consecuencias catastróficas para la mayoría de la población pobre– y el proyecto de utilizar los fondos de pensiones de los sindicatos para invertir en una apropiación social de las energías renovables, de cara a separar los intereses de los trabajadores de los intereses de las industrias del carbón y del petróleo.
Para el movimiento sindical, la campaña OMCJ encarna a la vez los desafíos y las oportunidades provocadas por las crisis económica y ecológica. Sin ninguna duda, una coalición roja-verde y una alternativa ecosocialista en Sudáfrica representan una alternativa a la ortodoxia de la transición justa –una política del trabajo verdaderamente radical en la hora del cambio climático.
Según las condiciones de los trabajadores
Los sindicatos y los trabajadores abren una nueva vía en la larga historia del ambientalismo obrero –una vía en la que el crecimiento verde y la transición justa podrían encarnar las promesas de prosperidad económica y de seguridad que en otra época fueron asociadas al sueño fordista.
La adhesión a este nuevo sueño no salvará sin embargo al movimiento sindical de las lagunas y coacciones que erosionan su fuerza en la mayor parte de los países. Si continúan defendiendo la reestructuración capitalista “verde” de la economía mundial, los sindicatos se encontrarán en el campo opuesto a los campesinos y a las comunidades indígenas, a los campesinos sin tierra, a los trabajadores no remunerados que aseguran el trabajo doméstico y la reproducción social, a la agricultura de subsistencia y a todos aquellos que soportan el coste de un capitalismo “verde” –conduciendo a nuevos ciclos de desposesión y sometimiento.
La alternativa más prometedora, si no la más estimulante, es la de un ecosocialismo dinamizado por una conciencia de clase ecologista y emancipadora. Eso requerirá un conflicto de clase a un nivel superior –al nivel de una ecología política global. Lo que abrirá finalmente la perspectiva de un mundo verdaderamente sostenible, forjado según las condiciones del trabajo y no las del capital.
02/05/2016
http://www.contretemps.eu/interventions/travail-lheure-changement-climatique
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