España: Educación vuelve a reducir las horas de Religión

Por: hoy.es/16-05-2018

La asignatura contará con una hora a la semana desde primero de la ESO hasta segundo de Bachillerato

El próximo curso, 2018-2019, Religión se impartirá durante una hora a la semana en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Así se recoge en el borrador que ha elaborado la Junta de Extremadura para sustituir el actual currículum de ambas etapas y ajustarlo a lo dictado por el Tribunal Supremo.

La Consejería de Educación aprobó en 2016 un currículum que, en cuanto a Religión, establecía una carga horaria de una hora semanal desde primero de la ESO hasta primero de Bachillerato. Esto supuso, frente a cursos anteriores, que la asignatura perdía una hora en ESO y otra en primero de Bachillerato y, además, dejó de ofrecerse en segundo de Bachillerato.

La Iglesia, los docentes de Religión y la asociación de padres Apadex recurrieron el currículum en vía judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) les dio la razón y obligó a la Junta a recuperar la carga horaria que perdía la materia.

Por eso, en cumplimiento de los fallos del TSJEx, Educación volvió a dar una hora más a la asignatura en ESO (cinco horas en total en la etapa), una hora más en primero de Bachillerato y ofrecerla en segundo (en total, tres horas). Es la carga horaria que la materia tiene durante este curso 2017-2018. Pero la Junta advirtió que esta ejecución era provisional hasta el pronunciamiento del Supremo, tribunal al que recurrió los fallos del TSJEx. Por tanto, que el horario de este curso se podía modificar.
El alto tribunal ya ha dictado sentencia y ha establecido que la Consejería de Educación está obligada a ofrecer Religión en segundo de Bachillerato, pero no a modificar la carga horaria que había fijado para la materia tanto en ESO como en primero de Bachillerato en el currículum aprobado en 2016. De hecho, tal como recuerda la Junta en el borrador de decreto que el jueves se analizará en sectorial, el Supremo ha señalado que «no se discrimina a la Religión católica por dedicarle una hora semanal y la Junta de Extremadura no ha incurrido en infracción al ejercer su competencia».
Por lo tanto, lo que hace ahora la Consejería de Educación en el nuevo currículum, el que se aplicará el próximo curso 2018-2019, es volver a la carga horaria que tenía la asignatura en 2016. De tal modo que ya no tendrá cinco horas en ESO sino cuatro, una por cada curso, ni tres en Bachillerato, sino dos, una por cada curso. Porque el Supremo respeta la carga horaria establecida, pero obliga a ofrecer la asignatura en segundo de Bachillerato. Es en lo único que Educación modifica su currículum de 2016.

La oferta de la materia se hará en las tres modalidades de Bachillerato: Ciencias, Humanidades y Arte.

*Fuente: http://www.hoy.es/extremadura/asignatura-contara-hora-20180515105730-nt.html

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La Educación Pública: silencios y falsos pactos.

Por: Colectivo Puente Madera.
En las últimas semanas en España se está perpetrando un ataque a lo Público, a lo de todos y todas, por parte del gobierno del Partido Popular, que está siendo silenciado por el conflicto catalán. Las banderas y las vísceras están tapando todo lo relacionado con el devenir de la Educación Pública, un pilar básico y fundamental para el avance social de la ciudadanía, que sigue olvidada y maltratada por Rajoy y sus afines.

El reprobado ministro Montoro ha enviado a las instituciones europeas su previsión de gasto público en Educación para 2018. Se alcanza el mínimo histórico, el 3,8% del PIB será la cifra de la vergüenza, pasando esta barbaridad desapercibida entre la DUI, el 155 y el enfrentamiento sin diálogo en Cataluña. Se constata, una vez más, que se profundiza en la austeridad, que la Educación Pública no es una prioridad, ni una inversión de futuro para el gobierno del PP, muy al contrario es un gasto a recortar. Atacar a la Educación Pública es atacar la convivencia y la cohesión social en nuestro país, un ataque a la mayoría social y a las clases trabajadoras que somos las principales beneficiarias de su existencia. Este desolador panorama de reducir la inversión en Educación va a producir mayor exclusión social, desigualdad y una fractura alarmante en la equidad.

Mientras los recortes educativos se consolidan y avanzan, con el silencio más que sospechoso de la mayoría de los medios de comunicación, la contrarreforma educativa elitista y segregadora de la LOMCE sigue su curso, con un escenario social de aumento descomunal de la desigualdad, que hace imposible un falso “Pacto de Estado por la Educación”, trabajándose en la actualidad en la Subcomisión del Congreso de los Diputados, que únicamente quiere una ligera capa de barniz a laLey Wert, para que el sistema educativo siga lastrado por la desigualdad, el mercantilismo y la falta de inversión en la Educación Pública, no abordando los problemas estructurales educativos.

Después de casi un centenar de comparecencias en la subcomisión parlamentaria, flota en el ambiente un cierre en falso de sus trabajos, pariendo próximamente un oportunista pacto políticoentre el PP y sus fieles aliados, dando recetas cosméticas y consensuando, entre unos pocos, medidas técnicas que no van al fondo del retroceso educativo en nuestro país, donde la ignorancia y la manipulación de la ciudadanía seguirán siendo las señas de identidad un sistema educativo retrógrado y caduco.

No nos sirve un pequeño arreglo, el objetivo no puede ser un pacto educativo a cualquier precio. La idea fundamental es lograr un Pacto Social por la Educación, que vaya más allá de un pacto entre partidos políticos, que sea ante todo un pacto con la Comunidad Educativa garantizando el derecho a la educación, poniendo en el centro a la Escuela Pública.

Las movilizaciones sindicales, de la Marea Verde y de toda la comunidad educativa de estos últimos años contra los recortes educativos han sido muy importantes, pero no se han quedado en unas numerosas reivindicaciones en la calle y en los centros educativos, también se han elaborado propuestas y alternativas en el “Documento de bases para una Ley Educativa”, suscrito por más de cuarenta organizaciones sociales y políticas, a las que este humilde colectivo se suma.

El “Documento de bases para una Ley Educativa” es un trabajo riguroso y serio, donde se indica que el Pacto Social y Educativo solo será posible si se piensa en el bien común, no en el mercado. No se puede pactar renunciando a la igualdad y la equidad, cediendo frente a quienes prefieren una determinada excelencia para unos pocos. No se puede pactar renunciar a la libertad de conciencia, frente a la imposición del dogma y la religión en la escuela. No se puede renunciar en ningún pacto a una escuela pública, democrática, participativa, que trata de conseguir la equidad para todos y todas, en la que su alumnado desarrolle el pensamiento con libertad y de una forma crítica y la educación sea un derecho universal. Debemos partir, por tanto, para poder llegar a un Pacto Educativo de unas ideas comunes o consensos de mínimos en torno a la educación como un bien común, un derecho básico y que solo se puede garantizar para todos y todas en una educación pública. Después de la falta de consenso que consiguió la LOMCE y el acuerdo que consiguió su derogación, debemos trabajar por un “pacto” desde abajo con las fuerzas políticas progresistas y con los sectores de la comunidad educativa que defiendan este consenso.

Nuestro modelo educativo, que también es el de mucha gente, se basa en una escuela democrática, inclusiva, laica, pluricultural, para la vida, no competitiva, ecológica, adaptada al contexto social y que potencie el conocimiento abierto y compartido. Modelo que debe venir recogido en ese verdadero pacto educativo, en el que se recoja la inversión del 7% del PIB para la educación, garantizado constitucionalmente como suelo de gasto. 

Nuestra clase política debe dar respuesta a estos retos educativos. El silencio, la desidia, el olvido yun falso pacto educativo no nos sirve.

“La Educación Publica se defiende, gobierne quien gobierne”. ¡La lucha sigue!

Fuente: http://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2017/11/03/la-educacion-publica-silencios-y-falsos-pactos

Imagen: http://www.tercerainformacion.es/sites/default/files/la_educacion_publica_se_rompe.jpg

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China prohíbe que los niños puedan visitar las iglesias

Asia/China/24 Septiembre 2017/Fuente y Autor: iglesia

Con un comunicado las autoridades de Yonglin, en Whenzhou, realizaron la prohibición de llevar a los estudiantes de primer y segundo año, y a los maestros a visitar las iglesias católicas o protestantes. Incluso aunque se encuentren acompañados por sus padres.

María, que es una laica católica y se identificó con su nombre bautismal. Indico a Ucanews que hace una semana uno de los profesores de su hija envió un audio y un mensaje de texto a un grupo de padres. Donde les pedían que no llevaran a sus hijos a las Iglesias.

Es una orden del Ministerio de Educación

El maestro comentó que era una orden del Ministerio de Educación. Además, en el comunicado que ofreció el Ministerio de Educación, también advirtieron que habrá un equipo de inspección que será el encargado de realizar investigaciones públicas. Se infiltrará los domingos en las iglesias. Con la finalidad de conocer cuántos niños acudirán a las Iglesias.

María también comentó que aún existen niños que se encuentran participando en la procesión para la fiesta de la Asunción de María. Mientras que las autoridades del Partido Comunista Chino indican que la asistencia a la iglesia puede llevar a frenar a los menores de edad. Al momento de desarrollar una cosmovisión y un conjunto de valores correctos.

Fuente de la noticia: https://www.iglesia.info/noticias/2017/09/20/00571/571/

Fuente de la imagen: https://www.iglesia.info/noticias/wp-content/uploads/2017/09/niños-chinos2-300×197.j

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Argentina: Consideran que la educación religiosa es discriminatoria

América del Sur/Argentina/12 Marzo 2017/Fuente:eltribuno /Autor: Jimena Granados

El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, consideró que la educación religiosa que se dicta en las escuelas estatales primarias de Salta es discriminatoria y lesiona la libertad de culto. El funcionario se expidió sobre el tema al emitir un dictamen en el amparo que inició un grupo de padres en 2010 para que la enseñanza pública sea laica. Ahora resta la resolución final del máximo tribunal del país.

La demanda de familias salteñas, que se presentó con apoyo de la Asociación por los Derechos Civiles, busca que la religión deje de ser una asignatura y que los niños no tengan que rezar o ir a misa en horario de clase.

Luego de analizar las pruebas presentadas a lo largo de estos años, Abramovich consideró que «la instrucción en una religión determinada en el horario escolar y como parte del plan de estudios ha resultado, en la práctica, en una grave interferencia en las distintas dimensiones de la libertad de religión y conciencia».

En un instrumento que publicó el viernes la Procuración General de la Nación, el funcionario señaló: «Corresponde ordenar el cese de la enseñanza religiosa dentro del horario escolar y como parte del plan de estudios, así como de la realización de prácticas religiosas como los rezos, bendiciones y oraciones en los cuadernos».

Abramovich manifestó que «la aplicación de las normas cuestionadas coadyuvó, en los hechos, a la segregación y a la consolidación de prejuicios o estereotipos en contra de las minorías religiosas, con la gravedad de que la escuela pública primaria es una oportunidad esencial para formar a los niños y niñas en la diversidad y el pluralismo religioso».

En 2012, un fallo de primera instancia del juez salteño Marcelo Domínguez había ordenado a la Provincia garantizar que los niños no se vean obligados a participar de prácticas católicas en clase y que los programas incluyan contenidos de todos los credos.

Domínguez, sin embargo, no hizo lugar al pedido de los padres de declarar inconstitucionales los artículos de la Constitución Provincial y de la ley provincial de educación por los cuales se enseña religión.

En 2013, la Corte de Justicia de Salta consideró que la educación confesional es constitucional y que los niños pueden rezar o ir a misa como parte de la jornada escolar siempre que sea dentro del horario de catequesis.

Las familias demandantes apelaron entonces la sentencia y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que requirió un dictamen de la Procuración General de la Nación.

El procurador fiscal ante la Corte Suprema opinó que son constitucionales el artículo 49 de la Constitución local, que garantiza el derecho a recibir educación religiosa, y la ley provincial de educación «a excepción de las cláusulas del artículo 27», que prevén que este tipo de enseñanza se debe dar en el horario escolar.

El Tribunointentó consultar a la ministra de Educación, Analía Berruezo, sobre el dictamen que cuestiona por discriminatoria a la enseñanza primaria, pero no hubo respuestas hasta el cierre de esta edición.

“Libertad religiosa”

Graciela Abutt Carol, abogada de las familias que iniciaron la demanda en contra de la educación religiosa en las escuelas públicas, consideró que es una “señal auspiciosa” el dictamen del procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich.
“La Procuración General de la Nación se pronunció de manera contundente sobre la libertad religiosa en las escuelas públicas”, dijo la letrada a El Tribuno.
Abutt Carol destacó que para Abramovich está claro que la aplicación de la ley provincial de educación “lesiona severamente derechos de las minorías”.
“Se revirtió la desatinada aserción de la Corte salteña que infería la obligatoriedad y justificación de la catequesis escolar de la hegemonía religiosa de la provincia”, agregó.

Fuente de la noticia: http://www.eltribuno.info/salta/nota/2017-3-12-0-0-0-consideran-que-la-educacion-religiosa-es-discriminatoria

Fuente de la imagen:http://us.cdn.eltribuno.info/032017/1489291113394.jpg?&cw=960

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¿Más horas para religión?

Por: s

«El deseo irracional y soberbio de multiplicar las horas durante las que se adoctrina en catolicismo a los alumnos, y el hecho de denunciar, con datos ambiguos y argumentos sofísticos, a la administración que no se les hinca de rodillas, debería avergonzar a los prebostes de la Iglesia que apadrinan esta campaña (que no esconde, en el fondo, más que un problema laboral, como hicieron saber desde el principio los profesores de Religión). Y es la propia Iglesia (y no el Gobierno extremeño) la que se pone aquí a sí misma, innecesariamente, en el ojo del huracán».

No se puede negar que, en cuanto a la lucha contra la LOMCE, el Gobierno extremeño y, en particular, la Consejería de Educación, están demostrando una considerable valentía. Para empezar, en un tiempo récord, y pese a la resistencia y el derrotismo de muchos, el gobierno elaboró y aprobó un nuevo decreto curricular de secundaria con el que sustituir al impuesto por el gobierno en funciones de Monago. Y no se cortó un pelo.

En este decreto se recuperaba una materia que debería ser troncal en toda sociedad democrática que se precie (y que está presente en la mayoría de los países de nuestro entorno): la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (aun cuando solo durante una hora a la semana). Se introdujo, también, una hora de Ética optativa en bachillerato (ya saben que la LOMCE eliminaba la Ética, esa reflexión en torno a los valores morales que, por lo visto, resulta inútil a los españoles – que deben de estar, por lo que parece, sobrados de ella –).

El decreto sirvió igualmente para salvar del desastre a la Filosofía, esto es, a esa insignificante materia empeñada en que los alumnos construyan crítica y racionalmente sus propias ideas en torno a cosas tan “irrelevantes” como el fundamento y el sentido de lo real, la naturaleza humana, la identidad personal, la verdad, la bondad o la justicia. La mayor dotación horaria de la Filosofía pudo molestar a quienes pensaron que se hacía a costa de materias como la Religión. Pero la Filosofía (que, por cierto, no tiene más que ver con la Religión que con cualquier otro saber o ciencia) solo incrementó sus horas a costa de las muchas que perdió con la LOMCE.

Pero aquello en lo que la Consejería más parece haber pecado (nunca mejor dicho) de valentía es en tratar de poner a la Religión en el sitio que le corresponde en el currículo educativo. Y digo “parece” porque lo único que ha hecho es ceñirse a lo que dicta la LOMCE al respecto. De hecho, las horas de Religión en Extremadura no son muy diferentes a las que tiene en aquellas comunidades gobernadas por el PP en las que se aplicó, sin cambio alguno, la LOMCE. Es por esto que provoca sorpresa la furibunda reacción de los interesados en que las horas de Religión se multipliquen en Extremadura. ¿Es que quieren aquí aún más de las que les concede la – ya de por sí conservadora y protocatólica – ley educativa del PP?

Por lo demás, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que obliga a la Junta a rectificar el currículo es notablemente defectuosa. De entrada (y esto sonroja decirlo) en la argumentación de la sentencia se dan por buenos datos cuya falsedad es palmaria. Se acepta en ella que la religión ha perdido el 50% de sus horas en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en relación al decreto curricular anterior, cuando la verdad es que no ha perdido más que el 20%. Cinco horas semanales tenía (dos en primero y una en el resto de los cursos de ESO) y cuatro horas semanales tiene ahora. ¿Es que no han tenido tiempo de leer los decretos educativos los magistrados de la sala?

En cuanto a la presencia de la Religión en segundo de bachillerato, no hay ni que recordar que en ese curso (equivalente al extinto COU) no la ha habido casi nunca (solo recuerdo un caso). Tampoco la disponía allí el decreto LOMCE anterior (el del PP de Monago). Es cierto – esto sí – que en el primer curso de bachillerato la Religión ha pasado de dos a una sola hora semanal.

Pero esto no es ilegal, dado que las comunidades autónomas poseen la competencia de regular la carga horaria de las materias específicas (tales como la Religión). Además, esta medida tiene una justificación muy razonable. La Religión pasa de dos a una hora en primero de bachillerato para así introducir una hora de Ética especialmente diseñada para aquellos alumnos que – justo por haber cursado Religión durante toda la ESO – no han recibido ni una sola clase en la que reflexionar libre, crítica y racionalmente sobre los valores que todos los ciudadanos compartimos (y no solo los creyentes en esta o aquella doctrina religiosa).

Me parece que la necesidad de este cambio está, por tanto, meridianamente clara. Por contra, y a este respecto, la sentencia del TSJEx esboza unos razonamientos imprecisos, confusos y repletos de información irrelevante, en los que se mezclan datos no contrastados con comparaciones entre la Religión y otras materias específicas que, de considerarse válidas, provocarían la anulación, no ya solo del decreto curricular extremeño, sino de la propia LOMCE y de la práctica totalidad de las leyes educativas de los últimos cincuenta años.

El que firma este artículo ha exhibido pública y reiteradamente las razones que, a su entender, sostienen la obligatoriedad de ofertar la materia de Religión en la escuela. Ahora bien, una cosa es que el sistema educativo atienda la demanda de buena parte de las familias españolas, y ofrezca la posibilidad de recibir formación religiosa a sus hijos.

Y otra cosa es cómo deba hacerlo: si en una hora o en diez, si dentro, fuera o en los márgenes del horario lectivo, si en todos los cursos o solo en algunos, si con evaluaciones y calificaciones decisivas para optar a becas o sin relevancia académica, si impartida por profesores seleccionados de modo poco transparente por el obispado o sujetos a criterios más rigurosos, etc.

Si la Iglesia católica practicara la misma prudencia y humildad que exige a sus fieles debería darse con un canto en los dientes con la presencia, más que suficiente, que tiene en todos los colegios e institutos del país desde primaria hasta el bachillerato.

Presencia que no debería reclamar en nombre de la rara avis de un Tratado político – tan cuestionablemente constitucional y denunciable en cualquier momento – como es el firmado con el Estado Vaticano en 1979, sino por la simplicísima razón de que muchos ciudadanos entienden que la formación religiosa de sus hijos es parte fundamental de su educación, y tienen derecho a poder elegirla. Y punto.

El deseo irracional y soberbio de multiplicar las horas durante las que se adoctrina en catolicismo a los alumnos, y el hecho de denunciar, con datos ambiguos y argumentos sofísticos, a la administración que no se les hinca de rodillas, debería avergonzar a los prebostes de la Iglesia que apadrinan esta campaña (que no esconde, en el fondo, más que un problema laboral, como hicieron saber desde el principio los profesores de Religión). Y es la propia Iglesia (y no el Gobierno extremeño) la que se pone aquí a sí misma, innecesariamente, en el ojo del huracán. Su reiterativa imprudencia acabará por tener efectos. Tarde o temprano vendrá un gobierno, tan valiente o más que el extremeño, a acabar con sus privilegios heredados. Un gobierno que, al fin, ponga a la Iglesia católica en el lugar que le corresponde.

Fuente: http://www.eldiario.es/eldiarioex/educacion/horas-religion_0_611039808.html

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Australia: Catholic education system under a cloud after child sex abuse commission findings

Australia/Febrero de 2017/Fuente: The Sydney Morning Herald

RESUMEN: Mark Fabbro recuerda más vivamente el callistoon floreciente y el cielo azul fuera de la ventana de la pequeña habitación escondida detrás de la oficina del sacerdote. Todo lo demás – el látigo, la sensación de que su piel desnuda se presiona en el sofá de cuero, el sacerdote murmurando en latín detrás de él – vuelve en instantáneas fracturadas, imágenes que se levantan sin necesidad de los profundos pozos de la memoria de la infancia. «Ese fue un escape mental para mí, por la ventana y en la naturaleza», dice Fabbro. «Aparentemente me enviaron de nuevo, pero no puedo recordar lo que pasó [la segunda vez]. Es como si mi mente se apagara mientras cruzaba el patio de recreo». Fabbro tenía sólo 11 años cuando fue violado por el sacerdote jesuita John Byrne en el prestigioso Xavier College de Melbourne. Las estadísticas de esta semana son espantosas «, admitió uno de los directores de la escuela católica. Pensar que podría haber continuado y luego haber vuelto a repetir. Creo que en el futuro habrá un modelo de gobierno en las escuelas católicas que es muy diferente del actual «. Funcionarios católicos que hablaron esta semana con Fairfax Media insisten en que sus escuelas se ejecutan de manera muy diferente ahora. Las autoridades federales y estatales han reforzado los requisitos de inscripción escolar, incluyendo estándares más estrictos de protección infantil, que las escuelas religiosas e independientes deben cumplir. Y los padres todavía hacen cola para inscribir a los niños en las escuelas administradas por la iglesia.

Mark Fabbro remembers most vividly the flowering callistemon and blue sky outside the window of the small room tucked behind the priest’s office.

Everything else – the whip, the feel of his bare skin being pressed into the leather couch, the priest mumbling in Latin behind him – comes back in fractured snapshots, images rising unbidden from the deep wells of childhood memory.

«That was a mental escape for me, out the window and into nature,» Mr Fabbro says. «Apparently I was sent there again but I can’t remember what happened [the second time]. It’s like my mind shut down as I crossed the playground.»

Mr Fabbro was just 11 when he was raped by Jesuit priest John Byrne at the prestigious Xavier College in Melbourne.

«The church has proven it is unable to govern itself or in the interests of children over many decades,» the survivor’s advocate says.

«It has concealed the crimes. It’s time the civil authorities step in and ensure an appropriate degree of governance.»

Leonie Sheedy, co-founder of support group Care Leavers Australia Network, argues Catholic schools should get «no more taxpayer dollars» until there is greater accountability. Federal funding is generous: $5.5 billion to the Catholic sector in 2014, topping up state and parent contributions.

She is not alone. Many victims are demanding a comprehensive external review of the sprawling maze that constitutes Australia’s Catholic education system. The case for fundamental change gained powerful traction this week when senior counsel assisting the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Gail Furness, SC, laid bare the breathtaking scale of it: nearly 4500 alleged victims within more than 1000 separate Catholic institutions who made complaints between 1980 and February 2015, and close to 2000 alleged perpetrators

Most staggering were the proportions of abusers within some of the semi-autonomous Catholic religious orders (spiritual communities, often with roots in the church’s European ancestry).

These organisations had tentacles deep into the Catholic school system, with some of the worst abuse reported in the schools they ran. They included the Order of St John of God, where the proportion of alleged perpetrators was estimated at 40.4 per cent; the Christian Brothers (22 per cent) and the Marist brothers (20.4 per cent).

«The statistics this week are appalling,» one Catholic school principal admitted. «To think it could have gone on, and then gone on again, and again. I think in the future there will be a governance model in Catholic schools that is very different from today’s.»

Catholic officials who spoke to Fairfax Media this week insist their schools are run very differently now. Federal and state government authorities have tightened school registration requirements, including tougher child protection standards, which religious-based and independent schools must comply with. And parents are still queuing up to enrol kids in church-run schools.

Yet even a cursory examination of how the Catholic education system is structured in Australia reveals a dizzying complexity within each state which obscures lines of accountability. And there remain striking differences between states.

In New South Wales, for instance, there are 592 Catholic schools with a combined quarter of million students. Of these, 548 are diocesan or «systemic» schools under the administration of no less than 11 individual dioceses reporting to 11 different bishops.

The remaining 44 Catholic schools in the state are run either by the independent Catholic orders, or by associated entities with the obscure church title of «public juridic person».

Acting executive director of the Catholic Education Commission NSW, Ian Baker, insists child protection is now triply safeguarded by mandatory reporting of child sexual abuse backed by strict oversight through an array of state bodies, including the NSW Office of the Children’s Guardian, the NSW Education Standards Authority (NESA) and the Ombudsman.

«Working with children» checks are under way on all the state’s teachers, and on clergy who take up pastoral care in schools, he says.

«There are multiple agencies with multiple lenses on this matter,» says Mr Baker. «We are not denying any of the history. But the question is, can we be confident that within all schools in NSW – Catholic or otherwise – child protection is now transparently and independently oversighted? Our answer is yes.»

Yet in Victoria, unlike NSW, priests still have a lot of power in individual parishes and play a significant role in running all but a handful of the state’s 400 Catholic primary schools. Priests are charged with employing the principal, overseeing school finances and are central to setting up the governing board.

About half of Victoria’s approximately 100 secondary schools are owned by 21 different religious orders – each have varying governance structures. The other half, the systemic schools, fall under the four Victorian dioceses to which they belong.

The Catholic Education Commission of Victoria – which distributes taxpayers’ money to the state’s 492 Catholic schools – refused requests for an interview, spokesman Christian Kerr saying it was «inappropriate» to comment before officials appeared before the royal commission next week.

Catholic Religious Victoria, which represents the various congregations that run schools, said parents could be confident all schools complied with statutory requirements and were committed to child safety.

«We want to make sure that this kind of terrible thing could never happen again,» said its president, Sister Veronica Hoey.

«I’m reassured that our schools are compliant with all processes, procedures and policies.»

Yet asked about the reporting mechanisms in place for the religious order-run schools, one experienced principal replied: «It’s as clear as mud. Who would know?»

Another Catholic education official admits it’s taken him years to understand the system.

The welter of bodies with a finger in the Catholic education pie include the Australian Catholic Bishops Conference, which last year set up a new entity called Catholic Professional Standards Limited and the National Catholic Education Commission, an advocacy group. The Catholic orders have their own umbrella group, Catholic Religious Australia.

Yet there is, as one seasoned church observer puts it, «no CEO of the Catholic church in Australia, there is no boss. There is nobody who runs it. Each bishop or archbishop in each diocese – whether in the cities or outback Australia – answer only to the Holy See in Rome.»

Former principal of St Joseph’s College in Geelong, Paul Tobias, has told the the royal commission the church is persisting with «antiquated» governance models. He believes there remains too much power among the few people at the top with not enough input from non-clerics and women.

Some of the orders named and shamed before the royal commission this week (such as St John of God) no longer run schools in Australia. Others are putting a greater emphasis on lay administration.

These include Edmund Rice Education Australia (named after the early 19 century founder of the Christian Brothers order) which 10 years ago took over the running of all Christian Brothers schools in the country.

EREA’s executive director Wayne Tinsey insists that «the congregation of the Christian Brothers have nothing to do with the day to day management, governance or leaderships of the schools, which they previously owned but are now owned by us».

Even so, the order’s Rome-based Congregation Leader appoints the council of trustees, who then appoint a board of management to run the organisation’s 50 schools.

Dr Tinsey admits shock at the figures coming out of the royal commission this week. «It is an uncomfortable time to be a Catholic,» he says.

«It’s part of a destructive and shameful reality in our national history and we are totally committed to it never ever happening again.»

Yet he maintains organisations such as his should be able to keep their autonomy within the church and the school system, to keep faith with the order’s original mission, or «charism», in church parlance.

Chris MacIsaac, from victims support group Broken Rites, said a problem for many clergy abuse victims was that the hierarchy of their former schools did not acknowledge or address the scourge of abuse when they came forward.

Melbourne lawyer Vivian Waller says while many abuse victims do not trust Catholic institutions to look after children, banning a religious denomination from teaching «feels like a dangerous course».

Dr Waller, who has represented hundreds of victims of abuse at the hands of clergy, says church-run schools need to «walk the walk and what the community want to see is that they have put processes in place for protecting children and reporting to police».

But not all parts of the church are yet «walking the walk». Even the royal commission is having trouble extracting documents from the Holy See, Ms Furness revealed this week. The task ahead, she flagged, would be to identify the «structural, governance and cultural» factors that must change inside the church to ensure its dark past never returns.

Fuente: http://www.smh.com.au/national/catholic-education-system-under-a-cloud-after-child-sex-abuse-commission-findings-20170210-gua1pv.html

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La religión en la escuela. Por qué los laicistas se equivocan

Por: s

«Es justo y democrático permitir que los que no piensan o creen como nosotros también encuentren su opción ideológica en la escuela pública, que ha de ser la de todos (y no tengan, así, que recurrir a la privada)».

Parece que cuando no hay nada candente que tratar se vuelve al tema de la religión en la escuela. Mi estimado compañero Alfredo Aranda escribió el otro día sobre esto en este mismo diario. Yo mismo, y varias veces, he cometido el pecado de opinar sobre el asunto, por ejemplo aquí . No sé resistirme. Cada vez que veo cómo mis queridos amigos y colegas, tan de izquierdas (como yo), confraternizan rápidamente en el ataque a la enseñanza de la religión se me hincha la vena crítica. No puede ser que gente tan inteligente (y tan de izquierdas) esté tan rápidamente de acuerdo en algo – me digo – tan complejo y difícil de analizar. La cosa se agrava cuando escucho o leo sus argumentos y… me entran unas ganas irresistibles de abrazar la fe. ¡Y eso sí que no!  Así que, qué remedio, tendré que repetirme. ¡Señor, dame fuerzas!

El primer argumento de Aranda es que Dios no existe, sino que es, tan solo, el fruto del adoctrinamiento religioso en connivencia con el Estado. Pero esto no es un argumento, sino solo la confesión de la particular fe ideológica del autor. Digo fe porque la razón no basta para demostrar la inexistencia de Dios ni, mucho menos, los fundamentos del materialismo que sustenta la hipótesis de Alfredo. Además, esto es poco o nada relevante. Aún en el caso (para nada claro) de que el deísmo fuese racionalmente falso (y fuera, más bien, algún tipo de teísmo), un creyente diría que su fe ni se valida ni se invalida con la razón (y menos aún, con una razón sostenida en los dogmas, no mucho menos religiosos, del materialismo o el historicismo),.

En segundo lugar, que la religión confesional sea una asignatura no nos retrotrae, como se dice, a los tiempos del nacional-catolicismo. Esto es pura demagogia. Durante el franquismo la religión católica era materia obligatoria y el control ideológico de la Iglesia era casi absoluto. Ahora, la religión es una materia optativa que ocupa una hora (a lo sumo dos) a la semana y la Iglesia ha perdido todo control sobre la enseñanza pública. De hecho, la situación de la materia de religión en nuestro país es exactamente la misma que la que tiene en la mayoría de los países de nuestro entorno (en los que no existió el nacional-catolicismo).

En tercer lugar, intentar minusvalorar la religión como un asunto puramente cultural es otra simpleza. Si profesar una religión depende de dónde nace uno, lo mismo cabe decir del que profesa el laicismo. Todo, y no solo la religión (también la democracia, los derechos humanos, o el sistema métrico decimal), podría concebirse como algo que depende de la “geografía”. Y si, por el contrario,  creemos que con la razón se pueden trascender los límites de la propia cultura, exactamente lo mismo podemos decir con respecto a la fe. De hecho, el universalismo humanista (tan opuesto al “tribalismo culturalista”) es, en gran medida, una doctrina religiosa secularizada.

El primer argumento real que aparece en el artículo de Aranda es este: la fe, que es credulidad ciega, y que tiene que ver con creencias y dogmas no puede ser – se dice – parte del horario lectivo, y ha de circunscribirse al ámbito personal. Este es, de hecho, el principal argumento de los detractores de la materia de religión. Y depende de dos supuestos: (1) que hay materias absolutamente dogmáticas y no dogmáticas; y (2) que lo público ha de mantenerse alejado de todo dogma, pues estos pertenecen estrictamente al ámbito privado. Estos dos supuestos son falsos o, cuando menos, muy discutibles.

En primer lugar, todos los contenidos educativos tienen que ver, aunque no, desde luego, en el mismo grado, con creencias y dogmas: los humanísticos, los artísticos y los científicos. Ni el cientifista más iluminado (por la razón) podría mantener que la ciencia (por ejemplo) pueda construirse sin axiomas, postulados, supuestos, metáforas y visiones del mundo indemostrables y, por tanto, dogmáticas. No digamos de las humanidades o el arte. Un saber absolutamente crítico y libre de dogmatismo solo cabe encontrarlo (y de manera ideal) en la filosofía, aunque esta, y justo por eso, no llegue a ser nunca un saber, sino solo la pretensión de serlo…  Además, y de otra parte, la religión no es solo dogma. Los teólogos también existen. Y razonan. No es nada fácil encontrar intelectuales con el nivel de sutileza y rigor lógico de los grandes teólogos que jalonan la historia del pensamiento occidental (y oriental).

En cuanto al segundo de los argumentos, la idea de separar lo público (las leyes e instituciones del Estado) del ámbito privado de las creencias y valores personales me parece una abstracción filosófica casi imposible de defender. A mi juicio, lo público no se funda en universalidades ideológicamente asépticas (¿existen tales cosas?), sino en sistemas preponderantes de creencias, valores e ideales, bien impuestos por un solo grupo u hombre (como en los regímenes despóticos), o bien resultantes de una gestión más compleja de la pluralidad ideológica, tal como ocurre en los estados democráticos. No se entiende, en este sentido, que las instituciones tengan que mantenerse en un imposible plano neutral con respecto a los valores y creencias de aquellos a los que gobiernan y representan. Una cosa es que la escuela pública, u otras instituciones del Estado, no manifiesten su preferencia por determinadas opciones políticas, ideológicas o religiosas, y otra, muy distinta, que no representen y en cierto modo administren (de modo equilibrado) la pluralidad de valores, ideales y creencias de los ciudadanos a los que educan y gobiernan.

 Justamente el peligro de nuestras sociedades tan torcidamente modernas es haber relegado al ámbito privado las cosas que más importan: los valores y fines, el sentido de la vida individual y colectiva, la búsqueda de respuestas a los grandes interrogantes… Obviamente porque la ciencia, la única institución ideológica que el laicismo asocia típicamente a lo público, no puede responder a ninguna de esas inquietudes (ni, en general, a casi nada humanamente relevante). Y esto es, al contrario de lo que vulgarmente se piensa, lo que alimenta el fanatismo religioso. En la medida en que nuestros alumnos solo aprendan ciencia y tecnología (y cada vez menos arte, filosofía o incluso teología) buscarán en otro lugar, menos inmune al fanatismo que la escuela, la respuesta a las inquietudes humanas y espirituales que no puede aquietar la ciencia.

 Estoy convencido, en suma, que la religión confesional tiene su espacio en la escuela pública igual que otras muchas asignaturas más o menos “doctrinarias” (y todas, en algún grado, lo son). La institución escolar no debe aspirar a una imposible asepsia ideológica. Todo lo contrario: ha de ofrecer la mayor pluralidad de ideas y creencias posible (tanta, al menos, como la que hay en la sociedad a la que sirve y, en cierto modo, representa). La única condición es que, a la vez, se dote a los alumnos de las herramientas y hábitos para someter todas esas opciones ideológicas a la reflexión y el análisis crítico.

 Yo, al menos, creo mil veces preferible que mis alumnos católicos (o de la confesión que sean) reciban su formación religiosa en el instituto público en que trabajo —y junto al aula de filosofía (de manera que, a continuación, antes o después, podamos hablar y reflexionar libremente sobre lo divino y lo humano)— que en un templo alejado de ese foro, plural y crítico, que ha de ser, según yo lo veo, la escuela. Al “enemigo” dogmático (en la medida en que lo sea y lo haya) conviene, como a todo enemigo, tenerlo cerca…

 Con algunas cosas (accesorias) del artículo de Alfredo Aranda puedo estar más de acuerdo. Está bien, por ejemplo, que la inspección educativa pueda evaluar el trabajo de los profesores de religión. O que se exija más transparencia en los procesos de selección de ese mismo profesorado. Pero es obvio que han de ser las autoridades eclesiásticas quienes establezcan el currículo y elijan a los profesores, tal como son las autoridades científicas las que diseñan los programas de las materias de ciencias y escogen a quienes han de impartirlos.

 Por lo demás, y como ven, no coincidimos en nada. Como ya escribí en otra ocasión, prefiero la ilustración a secas (un movimiento, por cierto, que nunca fue antirreligioso) que el  despotismo ilustrado. Es justo y democrático permitir que los que no piensan o creen como nosotros también encuentren su opción ideológica en la escuela pública, que ha de ser la de todos (y no tengan, así, que recurrir a la privada). Y es bueno y necesario promover que la gente, una vez bien informada y formada en todas las opciones posibles, crea lo que le venga en gana y le parezca mejor. Siempre que a mí o a otros nos permitan, también, tratar de mostrarles las ventajas de fundar sus creencias en razones – y de buscar racionalmente lo infundado más allá de toda creencia, empezando por las científicas –.

Fuente: http://www.eldiario.es/eldiarioex/educacion/religion-escuela-laicistas-equivocan_0_603690494.html

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