*Disponible sólo en versión digital
El presente libro colectivo que nos propusimos gestar y que ahora presentamos, tiene por objeto compendiar y difundir los avances de los procesos de diálogo de saberes y construcción de conocimiento que hemos ido produciendo en torno a las problemáticas territoriales en nuestra región, en términos de tensiones, transformaciones y re-existencias territoriales; territorios en disputa: territorialidades hegemónicas y territorialidades insurgentes.
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2363&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1537
Así, el poder cuestionado, por sus autoritarismos, no pudo contener ni controlar la fuerza rebelde y contestataria de las y los estudiantes…
Con la firma de David Dusster, el sitio en internet del diario La Vanguardia publicó, en diciembre de 2020, un texto que lleva por título: “El mayo de 1968 en diez claves” (1), en el cual presenta una síntesis de la revuelta social escenificada en la capital parisina, que este mes cumple 53 años. Se trata de hechos, ideas, debates, movilizaciones y resistencias de hace más de medio siglo, y que hoy en día se mantienen vigentes.
Dusster describe a la revuelta estudiantil y de trabajadores en mayo de 1968, así: “El 3 de mayo los estudiantes de la Universidad de Nanterre, que acababa de ser clausurada, se trasladaron a la Sorbona (una protesta contra la guerra del Vietnam fue el detonante. La detención de un universitario espoleó la revuelta. Empezaron las reivindicaciones y las ocupaciones del centro docente). La policía intervino. Hubo 600 detenidos. Se levantaron barricadas. Dos semanas después había diez millones de obreros que secundaban la huelga general convocada por los sindicatos en una paralización sin precedentes en la Francia de las postguerras. La República francesa temblaba. No funcionaban los trenes, ni las fábricas, ni los aeropuertos. Prácticamente ningún coche circulaba en París. La televisión y la radio públicas secundaban la huelga. Hasta el Festival de Cannes de cine se interrumpió. Pese a que la calma regresó en junio, nada volvería a ser igual.”
Hace tres años, el 23 de mayo de 2018, escribí lo siguiente en este generoso espacio a propósito de la conmemoración de estas fechas: Me pregunto, después de 50 años de revueltas callejeras, de consignas ingeniosas e irreverentes, de construcciones y “deconstrucciones”, (como diría Jacques Derrida); de rupturas y quiebres protagonizados por estudiantes y trabajadores:
¿Qué hemos aprendido, como sociedad, durante estas cinco décadas de lucha, resistencias y generación de conciencias críticas desde los espacios educativos?
¿Cómo se han transformado las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales durante este lapso? ¿Cuál es el estado de cuenta o cómo se encuentra la factura del “autoritarismo” ejercido por los gobiernos y padecido por las y los gobernados? ¿Qué avances se han logrado en materia de educación cívica y ética al paso de este tiempo y el transcurrir de esas historias? ¿Cómo se han “normalizado” o “institucionalizado” los movimientos sociales durante estas cinco décadas? ¿Los estudiantes de educación media y superior, hoy, están de “Vuelta a la normalidad” en México y en el mundo?
Así, entre 1967 y 1968 (las movilizaciones más potentes se llevaron a cabo en mayo de este último año), los estudiantes de las escuelas superiores francesas (Nanterre, Nantes y la Sorbona), registraron protestas en las calles de París contra los actos de represión de las autoridades, contra el “estado de cosas” y para cambiar las “rigideces del poder”.
Fueron movimientos sociales de raíz antiautoritaria, en un inicio, que marcaron la pauta, no de manera lineal, a otras expresiones sociales durante ese mismo año en diferentes ciudades del mundo. Expresiones vivas de una sociedad que mostraba sus contradicciones y decadencia debido a los usos y abusos del poder político; así como a los usos y conflictos del poder que se producían en diversos ámbitos de la vida pública, no solamente en las relaciones interpersonales. Así, el poder cuestionado, por sus autoritarismos, no pudo contener ni controlar la fuerza rebelde y contestataria de las y los estudiantes, y trabajadores urbanos, tanto en escuelas como en fábricas e instituciones del Estado.
“El ensayo general revolucionario más influyente y menos exitoso ocurrió en Francia, y sobre todo en París, entre mayo y junio de 1968. Una revuelta que no perseguía llegar al poder sino cambiar a la sociedad, un movimiento para reivindicar más libertades en la esfera privada que cuestionó la esfera pública. Nadie lo intuyó, nadie pudo detenerlo.”, señala Dusster.
Joaquín Estefanía, citado por Dusster, en su libro Revoluciones. Cincuenta años de rebeldía, afirma sobre el 68 francés lo siguiente: “Mayo del 68 acuñó muchas causas diferentes como el ecologismo, la libertad sexual, la educación igualitaria o el feminismo; y todas fueron impulsadas como nunca antes. El mayo francés transformó ideas y valores morales, no cambió el poder ni el sistema. Fue una eclosión de libertades y causas. Los derechos civiles, el antinuclearismo, la revolución sexual, el antibelicismo tuvieron cobijo bajo un paraguas que reclamaba una nueva moral y una nueva sexualidad.”
Dusster escribió: “El espíritu de Mayo del 68 servía contra todas las discriminaciones. El historiador Pascal Ory lo describe en el semanario L’Express como el acontecimiento que hizo que se pasara de una izquierda generalista a unos izquierdismos especializados.”
¿Qué podemos recuperar de las lecciones del mayo francés y de los movimientos estudiantiles más allá de las reivindicaciones antiautoritarias?
¿Cuáles son las fibras ideológicas y programáticas que en política hoy tienen vigencia? ¿Cómo se reciclan, hoy, estos movimientos sociales? ¿Las consignas irreverentes, subversivas y de resistencia ante los abusos del poder siguen presentes? ¿De qué manera se han alimentado los movimientos sociales, reivindicatorios e independientes de los partidos políticos en México, a partir de las enseñanzas de los movimientos estudiantiles de 1968 y de las revueltas que les sucedieron?
Son algunas de las preguntas que me planteo y que sugiero echar a andar o reanudar, en estos tiempos de pandemia y post pandemia, cuando las demandas sociales por una educación pública podrían dirigirse hacia el cambio (equidad, derecho a la educación, inclusión, gratuidad, respeto a los derechos humanos y al entorno natural, diversidad, enfoque de género, no a la criminalización del aborto, acceso a la justicia sin impunidad, etc.); y cuando dichas demandas se convierten en ejes posibles para la discusión pública, con sentido crítico, durante esta tercera década del siglo XXI.
Fuente consultada:
(1) David Dusster, “El mayo de 1968 en diez claves”. Diario La Vanguardia, diciembre de 2020.
Cerrar un año de Encierro: ¿cuáles derechos humanos?
Diciembre es siempre un mes muy intenso, no sólo por las festividades y fiestas, sino también porque el 10 es el Día Mundial de los Derechos Humanos, el día en que se entregan el premio nóbel oficial y el alternativo de la paz, es asimismo el tiempo final de un año que siempre es largo, y se abre el preámbulo a otro año que se ve aún más largo antes de empezar. Ahora, además, atravesados por esta pandemia que no tiene fin sino rebrotes cíclicos, que puede representar un peligro mayor para la especie, que nos ha colocado al desnudo frente al orden social en que vivimos con todas sus limitaciones, violencias y falsedades, frente a nosotros mismos y frente a los seres queridos y no que nos rodean. Tantas incertidumbres y encierros -el físico no es el peor- representan fronteras de una lucha diaria por construir y desobedecer cualquier orden de egocentrismo y egoísmo, de destrucción y autodestrucción.
La aparentemente delgada -aunque es abismal en el fondo- frontera entre ilusión y esperanza, es clave para luchar y construirse bien a uno mismo y a los demás con quienes compartimos resistencias y desafíos. La esperanza está asociada a la u-topía (algo que no tiene lugar ahora pero puede tenerlo en el futuro), tiene un principio de realidad, pero la ilusión es una quimera: ni es ni puede ser con el principio de realidad actual. La historia de nuestra especie es una continua lucha por transformar quimeras en utopías, al grado que ahora casi podríamos decir que como quimeras sólo quedan la inmortalidad, el viaje en el tiempo, la ausencia de pobreza y violencia (¿?)… y ¿cuál más? Las utopías han sido siempre un avance central para el crecimiento de la humanidad, por eso el daño es grande en esta época posmoderna del “fin de las utopías”, de las contra-utopías.
De ahí que este sea un tiempo privilegiado para renovar fuerzas y esperanzas, colectiva e individualmente. Pero ¿cuáles esperanzas renovar? No es una pregunta superficial, porque de su centralidad depende la direccionalidad de nuestras luchas, acciones y reflexiones, así como el no abatimiento, fatalismo ni conformismo.
El premio nóbel de la paz es claramente, en gran parte, un reconocimiento sobre todo político del aparato internacional, pero no deja de ser en ocasiones una referencia moral positiva, un apoyo y protección a ciertas luchas libertarias y también de tendencias políticas de los poderosos a considerar. Este año fue otorgado al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, por sus esfuerzos en combatir el hambre en el mundo, especialmente en zonas de guerra para evitar “el uso del hambre como arma bélica”. Algo profundamente institucional -por suerte la mayoría de las veces no ha sido así-, y hacia una institución cada vez más devaluada en su poder de acción y decisión política internacional, aunque en el plano asistencial sigue teniendo aún una función ineludible básica.
A su vez, el Premio Goldman -una especie de nóbel ambiental- fue entregado a Leydy Pech Martín, comunera y apicultora indígenas maya de Campeche, de la comunidad de Hopelchén y la organización de mujeres mayas Muuch Kambal. Su lucha colectiva ha sido contra la siembra de transgénicos de Monsanto, al grado de lograr la cancelación de su permiso para la siembra de soya transgénica en la región. Particularmente Leydy, siempre amenazada, se dedica a la cría de abejas nativas, profundamente agredidas por la destrucción de bosques, las fumigaciones y plantaciones de ese tipo.
Vemos así que en tiempos de pandemia global, la paz se va acercando más al sinónimo de “salud” que de “seguridad”, en el sentido armado y militarista como ha sucedido casi siempre. Aunque ambas identidades premiadas, lo son por enfrentarse a la guerra y la violencia social.
Activistas sociales y justicia: el radical, el amoroso, el valiente, la comprometida, el firme y lxs inclaudicables.
El mayor drama de derechos humanos que se vive en la guerra en nuestro país, tiene que ver con la brutal inhumanidad de la última década, con cientos de miles de muertos -ejecutados sin enfrentamiento en su mayoría- y al menos 80 mil desaparecidos, según las últimas cifras oficiales que los familiares rechazan como demasiado cortas. Las políticas oficiales de austeridad han apuntado, en parte, a un terreno en el que no debería haberla, sino al contrario deberían multiplicarse geométricamente los recursos de búsqueda e identificación, porque un país atravesado por ese flagelo de inhumanidad e impunidad no puede considerarse “moralmente sustentable”. Sin tampoco dejar de reconocer, los cambios sustantivos de fondo de este gobierno respecto a los dos anteriores que declararon y prolongaron la guerra, empezando porque el encargado del tema sea alguien con la integridad y el pasado de Alejandro Encinas.
Un personaje público y actor social muy importante en la lucha contra la guerra de estos últimos años acaba de morir por Covid, el Dr. José Manuel Mireles. Más allá de cualquier discusión acerca de acciones y estrategias, es indudable que Mireles tuvo el enorme valor de enfrentarse a las autoridades y al delito organizado, en un territorio totalmente minado desde su natal Tepalcatepec (Michoacán) y en el peor momento de violencia, y gritar -junto a otrxs- en febrero del 2013 un grito radical de “¡No más!”, un ¡Ya basta!, metiendo su cuerpo por delante con gran entereza y dignidad.
Muchos casos similares en valor y determinación moral, aunque con otras características de lucha, tuvimos el privilegio de conocerlos, aprender y compartir en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Queremos recordar ahora a seis personas particularmente heroicas y ejemplares -en un sentido profundo del término-, cuatro que fueron desaparecidas o asesinadas precisamente en estos días en 2011 -hace 9 años-, otra asesinada en 2019 y una que aún nos acompaña y enseña. ¡Todos estos brutales asesinatos y desapariciones siguen hasta hoy en la impunidad total!
Asimismo, los asesinatos de Don Nepo y Don Trino, junto al del comunero de Ostula Pedro Leyva acaecido el 6 de octubre del mismo año, y la desaparición de Eva y Marcial, no pudieron ser bien procesados ni reflexionados colectivamente con calma y consenso en el Movimiento por la Paz, lo que ocasionó un cambio de estrategia y repliegue con consecuencias decisivas a futuro.
Nepomuceno Moreno, amigo del corazón, representante fiel de miles de familiares en búsqueda en México, fue un padre amoroso único que quería ser recordado así: “murió porque andaba buscando a su hijo”. Lo asesinaron a medio día, en pleno centro de Hermosillo cerca de la Procuraduría. Jorge Mario (17 años) fue secuestrado con otros dos jóvenes amigos en un Oxxo entre Obregón y Guaymas el 1° de julio del 2010; inmediatamente Don Nepo aceptó pagar sin suceso un rescate. Se puso entonces a investigar -bajo todo tipo de estrategias y tácticas, de grandes peligros- el proceso de la desaparición y asesinato de su hijo (la última llamada de los secuestradores salió de la Procuraduría de Justicia de Sonora), logrando identificar a los responsables que eran la policía local junto a una muy peligrosa banda delictiva regional, así como saber de la brutal tortura que les hicieron a esos jóvenes. Lo informó a la Procuraduría pero se negaron a hacer nada. Lo dejaron completamente solo e indefenso, y allí apareció en su camino el Movimiento por la Paz con miles de cientos de víctimas similares, con los que encontró fuerza, refugio y nuevos caminos de lucha, que no fueron suficientes, llegando incluso al grado incluso de interpelar públicamente al propio presidente Calderón en el segundo Diálogo Público en Chapultepec el 14 de octubre del 2011. Murió haciendo honor a su consigna de “Siempre pa’delante, nunca pa’trás”.
Don Trino de la Cruz, fue uno de los líderes morales y materiales más firmes hacia el pueblo nahua de la costa michoacana de Ostula, fundador de sus Guardias Comunitarias y de Xayakalan, tierra recuperada que hoy es una muy importante experiencia de organización y autonomía. Fue un gran ser humano en la sencillez y determinación, además de su gran inteligencia y valor, con quien pudimos compartir una caravana de derechos humanos del Movimiento por la Paz con doce personas más, que buscaba acompañar a don Trino en su regreso a Ostula, el 6 de diciembre del 2011. En la tarde, al dirigirnos a la asamblea de Ostula -desde Xayakalan- fuimos emboscados por cuatro jóvenes paramilitares y don Trino fue arteramente asesinado poco después. ¡Horror se queda corto! desde todo punto de vista. Pero, compartiré algo íntimo: Don Trino nos salvó la vida a los miembros de la caravana que lo acompañábamos.
Eva Alarcón fue otra compañera del Movimiento por la Paz, con quien tuvimos una buena relación por meses en todo sentido, de quien siempre aprendimos su compromiso total con su organización, valor, inteligencia, ánimo y optimismo indeclinable en la lucha. En la noche del 6 de diciembre -el mismo día del asesinato de don Trino-, Eva y Marcial Bautista, de la Organización de Campesinos de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) salieron en camión de pasajeros de su comunidad y fueron interceptados por un retén militar; poco más adelante un banda de criminales los hizo bajar del camión y hasta hoy están desaparecidos.
Samir Flores, activista social de una firmeza total en la defensa de los pueblos nahuas y campesinos de Morelos y del zapatismo, miembro del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua, fue brutalmente asesinado en la puerta de su casa el 20 de febrero. Su mayor lucha en los últimos años fue por oponerse a la termoeléctrica de Huexca, al gasoducto y al Proyecto Integral Morelos, mismos que el actual gobierno acaba de impulsar en su tramo final, desconociendo los amparos vigentes y usando a la Guardia Nacional para proteger los trabajos de conexión del tramo final del acueducto.
Finalmente, Carlos Moreno es el padre de Jesús Israel, joven estudiante de Geografía en la facultad de Filosofía y Letras de la Unam, quien fue desaparecido en Chacahua, Oaxaca, el 8 de julio del 2011, a los 19 años. Hasta el día de hoy, Carlos ha emprendido una inclaudicable y valiente lucha con muy riesgosas investigaciones y todo tipo de presiones a las autoridades en todos los niveles de gobierno, las cuales han sido una vergüenza total.
Este 9 de diciembre el gobierno mexicano realizó un Acto de Reconocimiento y Responsabilidad del Estado mexicano por el dictamen de desaparición forzada emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y promovido por la valiosa ONG de I(DH)EAS, hacia Christian Téllez Padilla, Jesús Israel Moreno Pérez y Víctor Manuel Guajardo Rivas. Christian fue desaparecido en Poza Rica, por la Policía Intemunicipal de Veracruz el 20 de octubre del 2010; Víctor fue desaparecido el 10 de julio del 2013 en Coahuila por agentes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) y del GATEM. Sus madres son luchadores también inclaudicables.
Este Acto no cubre en nada la todavía existente impunidad y falta de justicia hasta hoy que atraviesa a estos casos y familias, pero no deja de ser un reconocimiento, un paso que ha costado mucho de esperanza en la lucha y una presión política hacia una lucha ejemplar. Dependerá de todas nuestras organizaciones y personas de que periódicamente -¿cada 15 días?- consultemos a las autoridades estatales y federales cómo van las investigaciones y acciones en estos casos. Como bien dijeron autoridades y familiares, este “Reconocimiento y Disculpa Pública” son sólo el primer paso de la imprescindible necesidad de Reparación, pero el estado mexicano no puede dejar las cosas así. Resultó muy interesante apreciar el contraste entre las participaciones de las autoridades (fiscalías) de los tres estados donde desaparecieron los tres jóvenes, que se limitaron a discursos genéricos de sus actividades en el tema, y las intervenciones muy concretas y precisas de María Eugenia Padilla, María Hortensia Rivas y Carlos Morenos, madres y padres de los desaparecidos, quienes hablaron con enorme claridad, dignidad, dolor y fuerza dando detalles bien concretos de cómo fueron desaparecidos, quiénes lo hicieron, cómo las autoridades no han hecho ni lo mínimo y lo que debe hacerse ¡ya!. Reflejaban el principio de realidad bien contrastantes entre las autoridades y los familiares de víctimas. Al menos el subsecretario Encinas fue enfático y concreto al pedir a la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, de “continuar las búsquedas inmediatamente sin cesar hasta encontrarlos”.
Dijo María Eugenia: “La verdadera justicia será cuando me entreguen a mi hijo, castiguen a los culpables y me digan qué pasó”. A su vez, María Hortensia exigió a “las autoridades que expliquen ellas a mis nietos por qué su padre ya no está en casa, porque yo ya no tengo palabras”. Finalmente, Carlos Moreno manifestó que no aceptaba esta Disculpa, por respeto a su hijo, hasta que no se realice el verdadero trabajo de investigación, justicia, reparación y no-repetición por parte de las autoridades; en el caso de su hijo Jesús Israel además son crueles y grotescas las fallas de investigación y justicia, sobre todo de la fiscalía de Oaxaca, al haber 3 personas inocentes presas por torturas desde hace 8 años, de un supuesto crimen donde aún no hay un cuerpo.
Mireles, Don Nepo, Don Trino, Eva, Marcial, Samir, Carlos, María Eugenia y María Hortensia son grandes luces de la dignidad del pueblo y las luchas mexicanas, del valor inquebrantable y amor desinteresado por los seres queridxs, contra la guerra, por la justicia, la verdad y la defensa de los derechos humanos, individuales y colectivos de los pueblos. También son ejemplos transparentes de la impunidad en México, del casi nulo trabajo de la justicia y del contubernio entre el crimen organizado y algunos aparatos de gobierno y empresariales de todos los niveles. Quienes les conocimos, quisimos y aprendemos, cantaremos al final de nuestros caminos con Mercedes Sosa: “Gracias a la vida…por haberlxs conocido”.
¿Y en la CNDH qué pasa? ¿El anarquismo insurreccional es el único feminismo?
Pasando a otro tema sobre los derechos humanos en México: ¿qué está pasando en la CNDH “tomada”? ¿Hay alguien de la sociedad civil, de las autoridades, de los grupos involucrados que nos pueda contestar? Está claro que la CNDH, está lejos de ser una institución modelo, es muy necesaria y le urgen cambios de fondo, y que ahora sesiona en otro espacio, pero el fondo del conflicto no está para nada transformado positivamente.
Reconocemos y aplaudimos con emoción, nos hemos solidarizado en muchas formas de movilización, acción directa e investigación, a toda la gran lucha de las mujeres en México y el mundo contra todas las formas de violencia que sufren impune y normalizadamente, desde la discriminación y el acoso en sus múltiples formas hasta el feminicidio. Conocemos directamente bien, y respetamos profundamente, a las distintas corrientes feministas ejemplares, que han sido un avance fundamental para la humanización de toda nuestra especie, no sólo de las mujeres.
Pero el “anarquismo insurreccional” (Carlos Illades, https://www.nexos.com.mx/?p=45982) -y su “Bloque Negro”- no representan la única corriente feminista, ni por asomo centraliza o agota la lucha feminista, aunque, a nivel público, últimamente parezca hacerlo. Confieso que mi desconfianza hacia este tipo de lucha es grande, y lo digo por experiencia propia directa e indirecta de muchos años: en las luchas globalifóbicas, en la toma del auditorio Che Guevara-Justo Sierra de la facultad de Filosofía y Letras de la Unam desde septiembre del 2000, en la reciente toma de cinco meses de la misma facultad desde noviembre del 2019 y que sólo se levantó por la pandemia, en el actual movimiento de Black Lives Matter en EU, donde sus acciones violentas de penetración en las masivas acciones públicas noviolentas de protesta a quien más feliz hicieron fue a Trump, quien casi ganó la elección con el lema de “ley y orden”, azuzando las falsas acusaciones -creídas por decenas de millones- de terroristas socialistas hacia esos movimientos…
No negamos el valor histórico del anarquismo -sobre todo el colectivista, mientras el actual es profundamente individualista-, al contrario ha sido una fuente permanente de inspiración en nuestra vida, y también, por ejemplo, en las raíces de la noviolencia: Gandhi repetidamente fue acusado de ser anarquista y lo era en mucho, empezando por sus lecturas de cabecera. Tampoco negamos el valor y decisión moral y material del anarquismo insurreccional en sus confrontaciones al sistema capitalista, pero diferimos -y para nada por falsos moralismos si pintar o no estatuas o romper vidrios- profundamente de sus estrategias y tácticas de lucha social, que en la práctica vemos que en la mayoría de los casos sólo benefician a las autoridades que se enfrentan y sólo prolongan las injusticias. Sus formas de lucha tienen objetivos mucho más allá de sus demandas, que rápidamente desaparecen del terreno de la lucha pública, para situar la confrontación en el terreno del no-tiempo, la no-negociación, la no-asamblea pública, la no-incorporación de otros actores o simpatizantes a la lucha…etc, etc. Por eso sus confrontaciones se convierten en enfrentamientos polarizados y polarizantes, excluyentes de las grandes porciones de la sociedad que incluso pudieran simpatizar, donde desaparece cualquier ética de relación entre el fin y los medios, donde se subsumen los medios -muchas veces violentos- a la generalmente legitimidad de las causas, algo inadmisible desde la lógica de construcción de paz noviolenta.
¿Por qué se retiraron las madres de desaparecidxs y asesinadxs de la toma de la CNDH? ¿Por qué la comunidad de la facultad de Filosofía y Letras de la Unam no tuvo prácticamente ninguna participación en la reciente toma ni la ha tenido en los últimos años de la toma del auditorio? … Supongo que no se querrá usar de argumento legitimador que ahora la CNDH es una Casa de Refugio para Víctimas Mujeres, algo claramente muy legítimo y necesario, pero para nada debería ser en ese espacio, porque si de veras un objetivo de la lucha fuera tener ese espacio seguro ya lo habrían logrado presionando -con masivo apoyo ciudadano- a alguna instancia de gobierno por una casa adecuada y presupuesto, que seguro existen en el centro histórico o en otro lugar de la ciudad. Pero la estrategia de que “Arda todo lo que tiene que arder” no apunta prioritariamente a avanzar en la resolución concreta de ciertas demandas, sino a alargar los tiempos de los conflictos, bajo permanentes amenazas y acciones de mayor violencia, y bajo la concepción que el “caos es fin a sí mismo” y de allí “mágicamente” nacerá algo mejor.
Panel: Educaciones populares, pedagogías críticas y sindicalismo.
Ponente: Juan Carlos Cascos. Miembro del equipo de coordinación de KAIRÓS.
Título: Los responsables educativos y la orquesta del Titanic.
Cuando miro a las instituciones educativas, su discurso y las cosas que hacen, me recuerda a la orquesta del Titanic cuando optó por seguir tocando mientras el barco se hundía ante la perplejidad del respetable. Justo como se están comportando los actores de la educación ante el desmoronamiento de un entramado que amenaza con dejar atrapada a toda una generación bajo sus escombros.
Y es que el mundo ha evolucionado mucho en las últimas décadas, mientras que las instituciones educativas y sus actores siguen en sus planteamientos seculares, como el guerrero quemado que cuenta sus batallitas pero en cuyo relato no cabe el futuro. Si resucitásemos a un muerto de algunos siglos atrás y le llevásemos a un hospital o a una fábrica creería estar en otro mundo, pero si le trasladásemos a un centro educativo, rápidamente lo reconocería e identificaría las mismas formas de enseñar y aprender que él conoció.
Los cambios cosméticos y maquillajes que hacemos en la educación para vestirla de moderna no dan el pego. Es cierto que utilizamos la tecnología (plataformas, aulas virtuales, ordenadores, tabletas…), aunque sigue siendo para hacer las mismas cosas, de la misma manera y con el mismo propósito de siempre. Y ya se sabe que aunque la mona se vista de seda…
Si nos dejásemos llevar por el sentido común, nos estaríamos ocupando del desmantelamiento del sistema educativo actual y la edificación de otro nuevo, una estructura con los cimientos agrietados que fue útil para las necesidades sociales, económicas y laborales de otra época, pero completamente inútil para el mundo actual.
Sin embargo, aunque el diagnóstico es claro y contundente (coincido plenamente con personalidades como Gates o Toffler quienes abogan abiertamente por el derribo), la tarea no es fácil porque dentro del edificio está nuestra juventud y nuestros docentes, nuestro futuro. Y porque no tenemos un plan “B”, entre otras cosas porque los innumerables intereses de los actores que están en juego, hacen altamente improbables las bases para un acuerdo.
Todos los sectores y actividades que conocemos (agricultura, industria, comercio…) han sufrido y sufren cada día transformaciones y reconversiones radicales y traumáticas, salvo la educación y la administración pública que siguen intactas. Pero, cuidado, tarde o temprano, las leyes inapelables del cambio histórico que dictan que todo cambio en la tecnología, el trabajo y la producción (infraestructura) han de tener su ajuste en la superestructura (gobernanza, institucionalidad, educación) pasarán su rodillo sobre la educación. Y es que las personas y las organizaciones somos refractarias al cambio; vivimos en inercias, nos gusta lo conocido y defendemos con uñas y dientes nuestra zona de seguridad, aunque muchas veces no nos damos cuenta que con ello estamos cavando nuestra tumba.
O los actores de la educación hacemos los cambios que el sistema necesita, o el avance imparable de la historia arrasará sin contemplación con las resistencias que le oponemos (o cambiamos o nos cambian). Quizá estemos ante la última posibilidad para ser actores en la tarea de reconvertir y resignificar la educación, garantizando los principios de igualdad y libertad.
Cuando los partidarios de la educación tradicional están enfrascados en la defensa de sus intereses, ni siquiera son conscientes de las fuerzas monumentales que se están orquestando para hacerse con el control y el “negocio” de la educación. Si los defensores de la educación pública no son capaces de dar una respuesta satisfactoria a las necesidades formativas de la sociedad, la mayor parte del pastel de la educación mundial estará en manos de un número reducido de empresas gigantes y brokers tecnológicos. Grandes compañías con plataformas, recursos y medios muy superiores a las instituciones educativas tradicionales que las relegarán irremediablemente a la irrelevancia y la marginalidad.
Y mientras, las viejas instituciones educativas continúan en sus discusiones bizantinas, ajenas a los cambios que ocurren en la sociedad, inmersas en una fuerza gravitatoria aplastante que les impide salir de sus postulados, repitiendo una y otra vez sus viejas consignas y discursos como un mantra, en una especie de agujero negro que les imposibilita escapar a su fuerza para abrirse al mundo real. Una comunidad que permanece atrapada en una parálisis, donde todas las fuerzas se conjuran para que nada cambie mientras el mundo avanza a una velocidad endiablada.
Cuando el mundo desde fuera ve como el edificio se cae, los de dentro discuten sobre el mobiliario y el color de la pintura de las paredes. Mientras la sociedad demanda nuevas competencias, nuevos saberes y nuevos enfoques para enfrentar un mundo en cambio; los responsables están en las urgencias de lo irrelevante sin que nadie se ocupe de lo importante.
La institucionalidad educativa es una comunidad zombie que neutraliza y canibaliza cualquier atisbo de mejora, una realidad aberrante a contrapelo de la historia. Pese a que en el discurso de la mayoría está el cambio, los hechos son tozudos y van en contra.
Y mientras, el agua sigue subiendo de nivel, y los músicos tocando la misma melodía.
¿Estamos a tiempo de evitar el hundimiento? Posiblemente sí, pero hay que actuar ya.
Adelante!!!
Fuente e Imagen: I Congreso Mundial de Educación 2020.
La respuesta sistémica a la pandemia: ganancias, privilegios, control y represión
«Lo paradójico es que si bien la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha expuesto el papel que desempeña el sistema agroalimentario agroindustrial y todo el entramado corporativo enredado con gobiernos y organismos internacionales, en la generación y propagación de enfermedades pandémicas y patógenos letales, es también cierto que desde que comenzó la cuarentena en forma casi global, en América Latina el agronegocio, y otras muchas puntas de la industria y los negocios, no sólo no estuvieron en cuarentena sino que continúan con total impunidad profundizando sus impactos y daños a comunidades y ecosistemas».
Mala voluntad y que mueran quienes tengnan que morir expresan los gobiernos y los organismos internacionales que se arrogan la gestión de esta extraña condición generalizada. Así Europa abrió sin miramientos a las condiciones de su “nueva normalidad”, cuando en América Latina la curva de contagios crecía.
Un sabio yanomami lo dijo al declarar que “el cielo se desploma”, en referencia a las causas de la pandemia que todo el 2020 acumula síntomas, contagios; un arrasamiento a nivel mundial: en la cuenta al 18 de agosto esto significaba casi 22 millones de personas infectadas, y casi 780 mil personas fallecidas.
Son muchos hilos de eventos concatenados que tejen el descarrilamiento actual que atisbamos en un instante, en un cuadro con cifras, pero que no dan cuenta de la complejidad de este “estado de excepción” que declararon pandemia.
La “tormenta perfecta” que desató el brote de Covid-19 tal vez provino del estallamiento de varios tramados que tienen en su centro al sistema capitalista, y su operación industrializante.
Con la destrucción de los bosques y los ecosistemas naturales y el acercamiento de animales silvestres, los entornos donde existen racimos, constelaciones de virus, entraron en contacto con poblaciones animales que conviven más con los humanos. Es la producción industrial de la comida (en particular la carne), el manejo de los desperdicios, el aire, el agua, y el hacinamiento creciente de poblaciones animales y humanas. Hay una semejanza inquietante entre barrios marginales y favelas, por un lado, prisiones públicas y privadas, centros de detención de migrantes, campos de refugiados, hospicios, grandes operaciones agroindustriales con barracas para los peones, por otro, y finalmente las enormes y virulentas granjas fabriles industriales, donde todo tipo de bichos, bacterias, virus, hongos se entrecruzan de modos violentos en las indignas y breves existencias de cerdos, aves y reses. Ahí no existe de ningún modo la convivencia, ni la escala en la que podrían vivir estos organismos en los ambientes naturales donde de por sí coinciden. Son hacinamientos, entornos donde las escalas naturales fueron estalladas, rompiendo las relaciones existentes para imponer unas nuevas que propician mutaciones, exacerbaciones, recrudecimientos, degradaciones.
La crisis se agrava con el enloquecimiento climático, y si el cielo se desploma, dejando en entredicho nuestros sistemas alimentarios, es también por las cadenas de suministro que transmiten la gravedad de las condiciones de un paso al otro, afectando toda nuestra vida.
Lo han estado diciendo infinidad de autores y centros de investigación, entre ellos varios de los que configuran la Alianza Biodiversidad en nuestra América.
El suelo se hunde. Estamos ante la destrucción del entorno y la recurrencia continua de afecciones. Y el mismo sistema capitalista que provocó todo, desmanteló también el Estado de bienestar que en algún momento podría habernos defendido.
Los sistemas de salud mundiales se fueron desmantelando hasta quedar en condiciones deplorables, sustituidas por costosos esquemas de seguro médico que en realidad son estafas y paquetes semi-turísticos para personas que aceptan, sin cuestionar, que su salud haya sido expropiada —y sea gestionada de maneras lastimosas por supuestos expertos en salud que han ido acumulando grandes poderes con el paso de los años. Quienes no pueden pagar la salud “de marca” quedan a merced de lo que el maltrecho presupuesto público pueda destinar al alivio de la inmensa mayoría que construye y mantiene a cada país.
Si existe eso que le llaman la “planta productiva” —los factores que se sinergizan la producción plena de bienes y servicios tales como infraestructura, instalaciones, maquinaria, mano de obra, materias primas, procesos industriales, comunicación, servicios, transportación y cualesquiera se le pueda ocurrir a los gerentes de fábricas y despachos promocionales—, podemos alucinar que existe una “planta destructiva”, una deshabilitación progresiva, despojos por doquier y una devastación expansiva como detonantes de la fuerza acumulativa del capital.
Estamos en el momento en que tal destrucción se extremó por los procesos acumulados que suman su propia entropía, y la crisis culminante es esta semiparalización del mundo.
Aprovechar la indefensión. Lo paradójico es que si bien la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha expuesto el papel que desempeña el sistema agroalimentario agroindustrial y todo el entramado corporativo enredado con gobiernos y organismos internacionales, en la generación y propagación de enfermedades pandémicas y patógenos letales, es también cierto que desde que comenzó la cuarentena en forma casi global, en América Latina el agronegocio, y otras muchas puntas de la industria y los negocios, no sólo no estuvieron en cuarentena sino que continúan con total impunidad profundizando sus impactos y daños a comunidades y ecosistemas. En casi todos los países de la región las actividades agroindustriales y de extractivismo fueron exceptuadas de la cuarentena por considerarse en las medidas tomadas como “actividades esenciales”.
El capitalismo, no se mueve de su idea de resolver los problemas promoviendo las mismas causas que los provocaron. Así, gobiernos, empresas y cómplices internacionales siguen pugnando por reformas e imposiciones amenazando la estabilidad de sus propias estructuras: hasta dónde resistirán, habrá que verlo.
Este documento, colectivo, es apenas una miradita de todo lo que recorre las venas abiertas de América Latina. Y lo anotado no agota lo que está ocurriendo.
Estados y corporaciones aprovechan la fragilidad. Nos llega información crítica porque tenemos vínculos con organizaciones y personas en situaciones de conflicto, pero sabemos que la inmensa mayoría de lo difundido proviene de los centros de poder y eso repiten los medios masivos de comunicación. Intentamos un orden que nos sirva para hacer sentido y fortalecer nuestras luchas en cada contexto, en cada situación particular.
Dejemos claro que tras la pandemia y sus causas está el capitalismo, que se reacomoda o evoluciona, pero mantiene sus mismos viejos objetivos que le sirven para seguirse perpetuando: tener ganancias, privilegios, para lo cual exacerba el control y la represión.
No podemos dejar de anotar estos nodos de algidez, siempre teñidos de un chantaje emocional por parte del poder:
1. Promoción a ultranza de ajustes en las políticas públicas, expresada en reformas constitucionales, leyes y normativas. Se reescriben leyes existentes y crean otras que retuercen el sentido de lo que promueven, alegando que defienden algo cuando en realidad recrudecen la indefensión con que el poder somete a los pueblos. Promoción del extractivismo y los megaproyectos como actividades esenciales. Restricciones a la movilidad, pérdida de derechos laborales, creación de nuevos impuestos, privatización de recursos públicos y bienes comunes, obligatoriedad del uso de plataformas digitales para trámites, nuevas oleadas de subsidio a la agroindustria, aumento en las prerrogativas y libertad de acción de los cuerpos represivos, todo respaldado con la nueva legalidad de la pandemia, armados con los nuevos tratados de “libre comercio” en Brasil, Chile, Ecuador, Costa Rica, Honduras y México que potencian la flexibilización ambiental y laboral (que incluye mayor precarización, ausencia de responsabilidad en contratos y despidos) y las Buenas Prácticas Regulatorias que le impiden a los países restringir a las corporaciones. Los TLC fuerzan a los países a registrar, certificar y privatizar sus semillas con derechos de obtentor y patentes. Se apresuran los permisos para transgénicos. En el caso de México se regula la coexistencia entre OGM y maíz nativo. En Perú se termina la moratoria a los OGM, además de que se aprueban muchos nuevos OGMs en Brasil. Aumentan las importaciones de agrotóxicos, obviando procesos. Se eliminan aranceles (maíz, arroz, soya, trigo, bananos y más).
2. Saqueo territorial. La reclasificación de la minería, la extracción petrolera y de toda suerte de fuentes de energía y agua como “actividades esenciales”, acelera el saqueo al agilizar concesiones y licencias ambientales, manifestaciones de impacto ambiental realizadas al vapor o de modo fraudulento, extracción de energías eólica y fotovoltaica, al tiempo que se promueven proyectos turísticos a futuro como gran solución a los problemas de liquidez presente de la pandemia. Los basureros de tóxicos, por un lado, y las contra-reformas agrarias que privatizan la tierra, desembocan en acaparamientos multimodales de diversos territorios, mientras se promueven asociaciones público-privadas y contratos que ponen en garantía las tierras.
3. Aumentó la represión. Los cuerpos policiacos, las guardias nacionales y el ejército salieron a las calles, llegaron a las aulas y a las parcelas de las comunidades, estableciendo que la población, incluso esta población fragilizada y fragmentada, aislada por la pandemia, sea la enemiga.
La violencia de género, en particular contra las mujeres, se intensificó hasta límites nunca vistos en esta cuarentena. Igual que los asesinatos contra quienes defienden los derechos humanos, los territorios y el ambiente, o están contra los megaproyectos y el crimen organizado.
4. Las fronteras del asedio: el Covid-19 sí tiene comportamiento de clase. Hay dos suertes divergentes de las comunidades rurales y originarias. Cuando las comunidades o colectivos mantienen un autoconfinamiento, decidido de manera colectiva y horizontal y existe una organización propia que sustente sus decisiones, la gente se ha logrado mantener más o menos bien, aunque con carencias que buscan resolver, en colectivo. Están sin contagios y se defienden del caos con su producción alimentaria propia y su terapéutica local, su gestión comunitaria de la mitigación, filtros sanitarios y prevención.
Hay otras comunidades que pese a estar aisladas, tienen contagios imparables, y por falta de servicios, los daños a sus poblaciones son aún peores que en las ciudades. ¿Qué explica un destino u otro? Las comunidades rurales (originarias o no) que están profundamente dañadas por la pandemia, comparten un asedio que no es nuevo, y que viene destruyéndoles desde siempre sus recursos para la subsistencia. Son lugares a la orilla de corredores industriales, o en las montañas y bosques acorralados por el extractivismo y las plantaciones. Poblaciones invadidas por megaproyectos y su cinturón de corrupción y giros negros, todo lo que traen los servicios a obreros y obreras que conviven con las poblaciones locales vulnerando sus pocos filtros. Ocurre con pueblos que proveen empleadas y empleados a los servicios de hotelería y restoranes, a los invernaderos industriales, a las empacadoras o maquilas y luego regresan a sus comunidades a que los cuiden, los sanen, los acojan antes de morir, o contagiar. Hay comunidades que sí han logrado establecer filtros sanitarios eficaces y eso fortalece su organización interna, pero las fronteras del asedio a veces son brutales.
5. Promoción de la agricultura industrial. Con la pandemia, los gobiernos no han promovido apoyos para la alimentación de los pueblos (algo muy visible en México, Honduras, Ecuador y Bolivia). En vez de buscar alternativas en la soberanía alimentaria de las comunidades, hay toda una retórica, alimentada por normas que provienen de los TLC, para escindir y marginar la producción independiente y campesina alegando normas de higiene inalcanzables y absurdas.
La permisividad con las grandes corporaciones que promueven que la gente se alimente con comida barata y “chatarra” es responsable del aumento en la obesidad, la diabetes, la hipertensión y como tal propensión a ser víctima de esta pandemia. Mientras, los empresarios del agronegocio se esmeran en lograr más subsidios, más permisos para importar agrotóxicos y ajustar las leyes para evadir su responsabilidad con la salud de los trabajadores.
6. Invasión de las tecnologías digitales. Hay un enorme avance de las tecnologías informáticas y de comunicación (TICs) y otras que dependen de los satélites y frecuencias inalámbricas, que posibilitan el automatizar procesos productivos y comunicativos. Se insiste que con esas tecnologías se puede mantener la “sana distancia” (trasladando el riesgo de contagio a obreros y obreras de plantas fabriles, industria metal-mecánica, minería o petroleras; o a quienes laboran en granjas industriales o invernaderos de cualquier tipo, en cualquier lado, o quienes viven del nuevo oficio de la entrega a domicilio), mientras explotan el tiempo de trabajo desde la casa. Las y los estudiantes tratan de ajustar sus aprendizajes a esas plataformas y se mecanizan labores agrícolas y de procesamiento industrial.
Hay gente que cae en la “trampa digital”. Hay jóvenes, que al imaginar alternativas, sólo quieren inventar nuevos softwares o nuevas aplicaciones, o comunidades aisladas a las que se proponen “derechos digitales” proveídos por las empresas, para lo que se instalan servidores y cableados privados, de las empresas. El “manejo remoto” se promueve como la nueva alternativa verde libre de contagio, y se torna una nueva sumisión global que se cierne sobre todas y todos.
La imposición digital comienza con más concesiones a las empresas de telecomunicaciones y la obligación de volverse digital para facilitar el rastreo de rutas de contagio y acceder a la “protección” de los servicios de salud, del seguro de desempleo, de los créditos para micro-negocios, o para no perder las tierras. El extractivismo de los datos, y todos los otros despojos, se tramitan veloces en línea.
7. Desmantelamiento de servicios públicos. Los colapsos de las redes hospitalarias (y los sistemas de atención a la salud) en nuestros países, las restricciones al comercio local, a los mercaditos, tienditas o puestos callejeros para privilegiar los supermercados “sanitizados”, la falta de equipos de protección a trabajadores esenciales, la ausencia de seguridad para la población, evidencian el adelgazamiento sostenido por décadas de los presupuestos destinados al bienestar general. El aislamiento exacerba la vulnerabilidad y el crimen. Es muy grave que se ponga el acento en la llamada “atención a la salud”: en la intervención como combate a la enfermedad en vez de un abordaje integral donde lo social, lo político, lo nutricional y las condiciones de desigualdad, configuren muchos factores que tendrían que atenderse para lograr una población menos propensa a padecer las vicisitudes de las pandemias.
8. Menosprecio por los esfuerzos independientes. Pese al surgimiento en campo y ciudad de redes de mutualidad y organización comunitaria, de abasto y cuidados, que son independientes y están salvando vidas sin exigir nada a cambio, las autoridades e instituciones no han hecho ningún esfuerzo claro por entablar comunicación y coordinar posibles colaboraciones que potencien los pocos recursos que hay en nuestra región y enfrenten los desastres a la salud y a las economías familiares, locales y nacionales. Lejos de reconocer la gestión autónoma, autoridades, instituciones, líderes de opinión, medios masivos, insisten en enfatizar actitudes de irresponsabilidad y negligencia de “la sociedad”. Mucha gente no puede quedarse en casa porque necesita el sustento diario y mucha otra simplemente no confía en las recomendaciones de una ciencia y un sistema de atención pública que desde siempre desprecian lo campesino, lo artesanal, lo intuitivo, lo tradicional. Culpar a la población por el contagio y la muerte es muy conveniente para aumentar el poder de la policía y otros cuerpos represivos durante las cuarentenas.
El capitalismo no puede asumir los tiempos comunitarios, le urge que las ganancias tengan lugar. Y los Estados no pueden reconocer que hay modos de resolver la vida de los pueblos que no pasan por el negocio que hacen con la salud, la alimentación, la educación, la vivienda.
Siempre pesará más “reactivar la economía”, al costo que sea, antes que fortalecer estrategias autónomas de supervivencia.
No es “descuido” ignorar cómo es que la gente en Perú, Ecuador, Chile o Brasil enfrenta, independiente, la pandemia. Qué significan esos nuevos nichos de mercado para tecnologías, procesos y productos que vienen a “salvarnos”. Además de omitir las alternativas que emergen desde abajo, hay campañas contra la homeopatía, la acupuntura, los remedios caseros y las curaciones ancestrales, contra la misma idea de otra racionalidad, más integral.
Mucho de lo que padecemos surge de campañas institucionales internacionales que desdeñan la prevención, entronizan los tratamientos con fármacos que terminan siendo mercancías que pueden aliviar o tener efectos colaterales que tornan tales drogas en promotoras de afecciones nuevas.
Desde ese pensamiento negado por la institución, nos dice Ariel Guzik, un médico, músico, biólogo, de los virus y del origen de la pandemia: “…el fenómeno en su aspecto biológico me parece menor considerando las circunstancias que lo nutren. Ante el contubernio de fuerzas que lo recrean, acechan y explotan, me parece secundario; veo escrito en su trama un enunciado sobre la ingenuidad humana y su capacidad de sometimiento” [1].
Para Hermann Bellinghausen es crucial la crítica a “la concepción que se tiene de la pandemia”, y de cómo toda la situación se dirime y se dirige, “por la razón de Estado, el costo y beneficio para los mercados, el control represivo, el combate focalizado y medicalizado de un evento biológico que transcurre en diversas dimensiones” [2].
Mucha gente lleva tantos años en la precariedad que de verdad no puede hacer diagnósticos básicos sobre cómo la enfermedad los está atacando, acostumbrados al extremo del dolor físico y existencial infligido por un sistema que sólo quiere vender y lucrar. No es un problema que tengamos exclusivamente en América Latina. Los ajustes legales, con sus nuevos ajustes estructurales, la trampa digital, las fronteras del asedio, desmantelar los servicios públicos, son la respuesta del capital ante la pandemia en todo el planeta.
Brasil
Leyes y decretos por el interés privado. Aprovechando la emergencia decretada por el Congreso Nacional, sin debate público se emitieron decretos y leyes que exacerban la represión oficial, favorecen a las corporaciones y aseguran impunidad por crímenes ambientales, lo que contribuyó a los contagios entre comunidades indígenas y campesinas y afectó la viabilidad de las redes alimentarias no industriales.
Desde febrero quedaron bajo tutela absoluta de las Fuerzas Armadas las políticas de desarrollo para la Amazonia y en mayo se estableció una nueva Garantía de Ley y Orden.
Las actividades corporativas se reclasificaron como actividades esenciales en sendos decretos de marzo y abril, que permiten operar sin medidas de aislamiento los servicios de transporte, almacenamiento, entrega y logística para cualquier carga; la producción, exportación, importación y transporte de insumos, químicos, petroquímicos y plásticos; procesos siderúrgicos y cadenas de producción de aluminio, cerámica y vidrio; beneficiado, comercialización y flujo de minerales; mercados de capitales y seguros, y construcción civil.
Se favorece lo que asegura ganancias como la liberación de 150 nuevos agrotóxicos. El ministerio de Agricultura estableció la protección de las actividades industriales relativas a producir alimentos y bebidas, procesar productos agropecuarios, producir fertilizantes y semillas, fabricar y comercializar maquinaria, mantener ferrovías y avenidas. El Plan Zafra 2020 recibió un aumento de 13 mil 500 millones de reales en relación a 2019, en medio de la mayor crisis económica del país, beneficiando la agricultura en gran escala. Apenas 500 millones de reales se destinaron a la agricultura familiar que produce un 70% de los alimentos para consumo interno, sobre todo vegetales, hortalizas y frutas.
Frigoríficos, focos de infección. El corte de caña de azúcar y el trabajo en frigoríficos son los principales vectores de contagio. Con los altos precios de las commodities y el real a la baja, el sector agropecuario fue el único que creció en los tres primeros meses de 2020. La matanza de aves creció 5%, registrando su mayor volumen en ese periodo. En Río Grande del Sur, 32 frigoríficos tuvieron brotes de coronavirus, 25% del total oficial para ese estado. En Dourados en Mato Grosso del Sur y al oeste de Paraná los municipios más afectados son los más próximos a los mataderos. De los casos de contagio en Dourados 90% está relacionado al frigorífico de JBS, el mayor de América Latina.
Pandemia de violencia. Por la suspensión de la vigilancia y la penalización, la pandemia ha encubierto más deforestación legal en la Amazonia y más negligencia ante los brotes de fuego estacionales, el aumento de las invasiones de tierras públicas y el tráfico de productos forestales y minerales, lo que provoca una explosión de contagios entre los pueblos. Esto ocurre sobre todo en el “arco de la deforestación”, una transición entre Amazonia y el Cerrado en Mato Grosso, Tocantins y Maranhão. La contaminación de las comunidades proviene de los trabajadores de los frigoríficos y de la gente que labora la caña, pues tales comunidades son la reserva de mano de obra regional más barata.
En São Paulo, desde el inicio de la pandemia, la policía asesinó una persona cada seis horas, y las detenciones por crímenes contra mujeres crecieron 51.4%. En Rio Grande del Norte aumentó 34% las lesiones y 54.3% las amenazas contra mujeres mientras los estupros se duplicaron de marzo a abril. En Mato Grosso, los feminicidios aumentaron cinco veces.
Un capitalismo del control digital. El Proyecto de Ley contra la industria de noticias falsas o “fake news”, propone exigir la identificación completa del usuario vinculando su cuenta en redes sociales con su pasaporte y teléfono celular, violando el derecho humano a la privacidad y poniendo a disposición de las corporaciones de las plataformas todos los datos colectados. Organizaciones y movimientos sociales tendrán la obligación de conservar y compartir sus datos con órganos de investigación de seguridad pública. Para evitar los perfiles falsos, se busca obligar a las empresas de telecomunicación a que manden informes periódicos con registros actualizados de los celulares activos, atribuyendo poder policiaco a las corporaciones privadas.
Colombia
El Decreto original. Tras decretar la emergencia por la pandemia de Covid-19, el gobierno emitió otros decretos y normas que facilitan el operar de los agronegocios, certificar semillas, privatizar el agua, empoderar a los patrones y digitalizar a la fuerza.
En marzo se definió la entrega de créditos para el sector agropecuario durante la pandemia, pero menos de 2% de los créditos es para los pequeños agricultores.
– Foto de Alex Naranjo.
En abril se fijó arancel cero a la importación de maíz amarillo, soya y sorgo: una agresión directa a la agricultura nacional disfrazada de combate a los impactos pandémicos. La norma favorece sólo a quienes importan alimentos y materias primas para la producción industrial de animales. Existe una sobreoferta en el mercado global de soya y maíz baratos, por lo que no se justifica que se eliminen los aranceles a la importación de materias primas.
El gremio semillero solicita al gobierno implementar un plan de contingencia que garantice la seguridad alimentaria en medio de la emergencia, “evitando demoras en trámites” para certificar semillas e importar insumos agrícolas. Que los productores registrados puedan comercializar semillas sin cumplir los requisitos de la certificación. Que las empresas puedan auto-certificarse mientras se supera la contingencia. Por supuesto, el sector agroindustrial también pide que sigan aprobando productos derivados de transgénicos para consumo humano.
Privatizar el agua y estandarizar las plataformas digitales. En junio se estableció un subsidio temporal de 12 mil 400 pesos colombianos mensuales a los suscriptores de los acueductos comunitarios rurales, dinero que recibirán como descuento en el cobro del servicio. La norma desconoce que la mayoría de acueductos rurales recaudan los aportes familiares bajo estrategias distintas a la “facturación”; muchos no tienen personería jurídica. Para recibir el subsidio, los beneficiarios deben actualizar su información. Significa empezar a ser vigilado por las autoridades, aceptar nuevas obligaciones y cargas administrativas y económicas que poco comprenden la lógica comunitaria y la realidad rural, como exigir el envío de más de 800 formularios de forma digital.
En el país sólo mil 621 acueductos comunitarios son controlados y vigilados por la autoridad, pero existen 32 mil acueductos veredales que estarían obligados a inscribirse en un régimen de vigilancia, lo que hará que muchos desaparezcan o sean reemplazados por estructuras empresariales o regionales.
Con un decreto de marzo se priorizaron solicitudes de concesión de aguas superficiales y subterráneas para garantizar el suministro de agua potable, buscando reducir los tiempos de autorización a la tercera parte. Las concesiones serán prorrogadas de forma automática por el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Se podrán adelantar actividades de prospección y exploración de aguas subterráneas sin permiso, siempre y cuando se cuente con información geoeléctrica del lugar de influencia y el aval de la autoridad ambiental.
Demandas patronales. Unos 25 líderes de los sectores empresariales, comerciales y académicos más importantes del país, escribieron al presidente propuestas para evitar una parálisis de la actividad económica y aliviar los efectos negativos que les causará la pandemia. Exigen flexibilizar y liberalizar el mercado laboral, permitir la contratación por horas; que por seis meses el Estado asuma 100% de los parafiscales y suspenda por un año la obligatoriedad de aportes a las cajas de compensación; aprobar procedimientos abreviados para “temas que hoy frenan el desarrollo” como los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales; priorizar las “Zonas de Desarrollo Empresarial” que dinamicen el sector productivo agroindustrial, fortalecer los derechos de propiedad agraria, la seguridad jurídica para atraer inversiones, desarrollar parques tecnológicos y zonas francas agroindustriales. Reducir impuestos y simplificar trámites a todos los sectores de las cadenas de valor y suministro agropecuario y agroindustrial, evitando controles de precios y medidas que obstaculicen su función productiva. Permitir que el mercado funcione con los mayores niveles de libertad posibles, dejando “que los precios transmitan la información necesaria a los productores y consumidores” para evitar los desajustes entre la oferta y demanda.
Los conflictos ambientales y sociales. Hasta el 19 de abril de 2020, fueron asesinados 56 líderes ambientales y sociales. Durante la cuarentena en la Amazonía colombiana se incrementó la deforestación y quema de bosques y se abren carreteras para aumentar la frontera agropecuaria en la selva.
Costa Rica
Fortalecer el agronegocio, las actividades extractivas y debilitar al Estado. Se privatizan las pocas instituciones que todavía hacen fuerte la seguridad social y proveen de recursos. Parecía que se apoyaría la producción real de alimentos contra el monocultivo, pero la intención no duró. Cafetaleros, piñeros, de yuca y otros cultivos repuntan en sus exportaciones en medio de la crisis. Las medidas sanitarias para los operarios del transporte de agroexportaciones en todo el Istmo centroamericano son ferozmente combatidas por los empresarios, igual que en Chile. Los trabajadores migrantes (empacadores que llegan de Nicaragua) están totalmente desprotegidos y sus centros de trabajo son focos de infección. Salen a la luz las condiciones infrahumanas con que les contratan en las productoras y exportadoras de yuca, piña y naranja. Se decretan medidas para liberar el ingreso de agrotóxicos al país (sobre todo de China), como en Argentina.
La ley para la certificación de semillas se discute con premura, como en Colombia y México. Los legisladores defienden la posibilidad de vender los parques nacionales como modo de enfrentar la catástrofe económica y productiva.
Se promueve la privatización total de las instituciones del Estado para obtener en el FMI fondos que ayuden a salir de la crisis. Así, se castigan los salarios, se achican las funciones reguladoras del Estado sobre los bancos, la producción de hidrocarburos y de alimentos.
Desde organismos internacionales llegan análisis contradictorios sobre qué debe hacerse, cuánto debe ser el salario mínimo universal, con empleo o sin él. No hay un consejo claro sobre si debe apoyarse a los informales o no, si fomentar la agricultura local o las cadenas industriales, si ampliar o limitar la definición del trabajo “esencial”.
Honduras
Libre comercio, militarización y extractivismo sin tregua. En la pandemia se dio luz verde al arancel cero para arroz y maíz según el TLC-CAN. Tiro de gracia a los pequeños agricultores, mientras los militares comienzan la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), que busca la productividad y rentabilidad agrícola. Aumentan su presencia en las calles y en la protección del bosque como pago del ejecutivo a los militares por sostener al gobierno en el poder. Para ejecutar el PDAH se creará una dirección en la jefatura del Estado Mayor Conjunto con una asignación de 3 mil 843 millones de lempiras.
Desde finales de enero y aprovechando la sequía, el gobierno elaboró un paquete para sobrellevar la emergencia alimentaria declarada en 137 municipios, la mayoría del corredor seco. Recomendó represar ríos, importar semillas usar “semillas resilientes” que podrían equivaler a semillas transgénicas, e incrementar los monocultivos. Se otorgaron mecanismos de compra directa, que en Honduras equivalen a corrupción. Se calcula un gasto de 200 millones de lempiras para dar asistencia a pequeños productores agrícolas mediante un bono de seguridad productiva: fertilizantes, semillas mejoradas y venenos.
El discurso de la seguridad alimentaria, revolcado. A sabiendas que la alimentación elemental de la población hondureña se sustenta en el maíz y el frijol, producidos por unas 300 mil familias campesinas, ahora el régimen —que privilegia los cultivos para la industria y la exportación, que posterga al olvido la producción para el consumo interno—, nos viene a hablar de soberanía alimentaria y nos dice, queriendo insultar la inteligencia del pueblo, que tal producción estará garantizada a través de los ricos terratenientes quienes ahora sí se han convencido que lo importante es producir para adentro y no para sus negocios de afuera.
Para tal efecto el régimen creó un programa que logre “el ordenamiento, registro y trazabilidad de las unidades de producción nacional de alimentos y la categorización de los productores nacionales y extranjeros”. Se rumora que es una estrategia para que los terratenientes se apropien de la tierra recuperada a los narcotraficantes que fueron extraditados a EUA.
Despojo en línea. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente anunció que tramitan en línea las solicitudes y renovaciones de licencias ambientales, para no detener la operatividad del comercio y las empresas durante la emergencia. Se entregan al por mayor frecuencias de banda ancha a multinacionales de comunicación (Tigo y Claro). Desde luego no son concesiones para radioemisoras o prestadores de servicio de internet comunitarios, sino para las compañías multinacionales de telefonía celular que acaparan el mercado nacional.
Honduras basurero de desechos tóxicos. El congreso aprobó un decreto, el 16 de junio, para permitir la introducción de baterías usadas de plomo, convirtiendo Honduras en basurero tóxico, argumentando que los fondos obtenidos servirán para atender la crisis del Covid-19. Y como se restringieron, por la pandemia, las garantías constitucionales, las organizaciones ambientales no pueden articularse para oponerse a la iniciativa.
Argentina
El cambio de gobierno demoró la catástrofe. Debido a la entrada del nuevo régimen la pandemia se ha afrontado de modo bastante racional y sin los efectos devastadores que ha tenido en otros países.
Pero Argentina comparte con el resto del Cono Sur la facilitación del uso de agrotóxicos.Con tres acuerdos de complementación económica que se pusieron en vigencia en el Mercosur, se aprobó la reducción de aranceles intrazona para importar insumos y así fabricar herbicidas y fibras sintéticas. En cuanto a los herbicidas, los acuerdos abarcan los compuestos químicos empleados para fabricar plaguicidas y herbicidas, todo lo necesario para elaborar glifosato y 2,4 D.
Una furiosa reacción de la derecha empantanó la intervención y expropiación que el gobierno había iniciado sobre la procesadora y exportadora de granos Vicentin (asociada a Glencore) que entró en quiebra, tras endeudarse con el Estado por millones de dólares fugar estas divisas del país.
Es alarmante: las fumigaciones agrotóxicas continúan durante la cuarentena. El 31 de marzo más de cien organizaciones argentinas denunciaron que siguen fumigaciones en Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos o Chaco, en las zonas de producción de commodities. En Argentina cada año se liberan unos 500 millones de kilos/litros de agrotóxicos en miles de formulados comerciales y con principios activos prohibidos en buena parte del mundo sin control alguno, e incumpliendo la ley.
Matar el bosque. En plena cuarentena, el desmonte no cesa y uno de los bosques más conservados del Gran Chaco continuó su desmonte en 8 mil hectáreas de la Estancia La Fidelidad. Greenpeace denunció que en el norte del país se desmontaron casi 10 mil hectáreas desde que comenzó el aislamiento en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.
Paraguay
La contingencia ha sido el pretexto para modificar el presupuesto del Estado y endeudar al país con mil 600 millones de dólares, 500 millones de dólares más que su gasto en Salud.
Como en Costa Rica, el “achicamiento del Estado” se coloca en la opinión pública como salida a la crisis, en medio de la angustia y las restricciones a las libertades públicas durante el aislamiento social. Argumentando la pandemia, el gobierno insiste en la necesidad de una reforma estatal que reestructure lo fiscal, lo administrativo, el funcionamiento de sus instituciones; que impulse un servicio civil meritocrático y un sistema de salud “integrado” y con un “servicio de calidad”; un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones.
En su lanzamiento contó con gremios empresariales, muchos vinculados a los agronegocios, alegando que lo público se relaciona con corrupción y despilfarro del dinero de los contribuyentes. Por eso proponen el achicamiento del Estado.
En mayo se presentó un proyecto de ley para que los fondos de jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión Social se puedan usar para inversiones financieras. Tras una movilización sindical, el proyecto fue retirado. También está impugnado el proyecto del Servicio Civil. Varias centrales sindicales, organizaciones y partidos han realizado caravanas de rechazo. La movilización ha tenido gran repercusión, aunque el gobierno sigue moviendo su piezas para avanzar en el cuestionado proyecto, buscando crear confusión y desinformación.
México
Reactivar la economía aunque se reactive la muerte. El gobierno ha realizado medidas más o menos adecuadas para enfrentar la pandemia, pero levantó el confinamiento por la apertura de Europa. Desde ese momento se duplicaron los decesos.
Muchas comunidades han asumido su propia protección y se han autoconfinado. Se preparan para enfrentar un periodo difícil de alimentación y supervivencia, pues el ciclo anterior hubo sequía y poca producción. Así, buscan una buena cosecha este año, reactivar sus intercambios y comercios locales.
Sin embargo, el gobierno está activando normativas más restrictivas para la gente y que abran margen de acción a las corporaciones.
Desde que comenzó la pandemia, los megaproyectos avanzan con celeridad por “el delicado balance” entre detener el virus y activar la economía. Insisten en echar adelante devastaciones y acaparamientos como los llamados Tren Maya y el Corredor Transístmico, que no sólo profundizan la polémica sobre estos reordenamientos territoriales masivos sino que afloran la corrupción en los Manifiestos de Impacto Ambiental y en la indignidad con que tratan a los pueblos.
La minería y la industria automotriz se declararon esenciales en la contingencia. Son ramos industriales que invaden, contaminan, fragmentan y despojan a los pueblos originarios de agua. Se declararon esenciales las operaciones financieras y las ventas irrestrictas de las grandes cadenas de supermercados, mientras se castiga a los mercaditos al aire libre que son sustento popular desde antes de la Conquista y que aseguran el abasto de productos frescos directos de las parcelas.
Pandemia y chantaje. Alegan los empresarios agrícolas que la producción se desplomará 40% si persiste la prohibición de importar glifosato (la prohibición existente es muy tibia). Alegan que se pone en riesgo la seguridad alimentaria y que será inevitable un alza de productos básicos. Al cierre de esta edición, el conflicto por el glifosato provoca jaloneos en el gabinete y todo indica que no podrá prohibirse en este sexenio. El programa Sembrando Vida, un programa seudo-agroforestal, se utiliza como disuasivo y promotor de divisiones comunales al otorgar compensaciones individuales, si desoyen sus asambleas y obedecen a sus instructores en un país eminentemente comunitario.
La llamada Ley de Fomento y Protección del Maíz, aprobada al vapor al iniciar la pandemia, en los hechos no protege ni fomenta pero sí establece la armonización que exige el omnipresente T-MEC entre EUA, Canadá y México. La ley regula la coexistencia de los OGM con cualquier tipo de cultivo (algo tan anhelado por las transnacionales), acota la producción con maíz nativo a reservas puntuales, suplanta la representación de los pueblos en sus derechos. Además los empresarios de la comida “chatarra” amenazan la norma que obliga a poner etiquetas de alarma en comestibles ultraprocesados, diciendo que si bajan sus ventas de alimentos-basura se podrían perder muchos empleos.
Trump amenaza todos los días con deportaciones masivas de trabajadores mexicanos. En junio las remesas fueron muy copiosas tal vez buscando asegurar el bienestar de sus familias durante la crisis. Es claro que el dinero que con indescriptibles sacrificios mandan los migrantes mexicanos es tal vez el verdadero “motor de la economía mexicana”.
Lo terrible es el genocidio y la guerra abierta contra los pueblos, encabezados por las empresas extractivistas que miran a la gente como un estorbo. La más reciente matanza en la comunidad ikood de San Mateo del Mar, en la costa de Oaxaca, donde quemaron a varias de las 15 personas asesinadas sin que la Guardia Nacional interviniera, es escandaloso y desnuda la verdadera cara de este gobierno.
Ecuador
En Ecuador “el Estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional” estableció en primerísimo lugar que “seguirá funcionando toda la cadena de exportaciones, la industria agrícola y ganadera”. Así, los obreros de las plantaciones (bananeras, de palma, piscinas camaroneras, planteles florícolas y muchos más) deben continuar con sus labores, como si el país no estuviera bajo emergencia sanitaria, y con riesgo de contraer Covid-19, sin protección especial alguna. La industria cervecera se privilegia y se impulsa la agricultura por contrato de monocultivos de cebada; se sanciona duramente a los campesinos que quieren vender sus productos, cerrando los mercados pequeños al aire libre. Se eximen de regulación fitosanitaria frutas y hortalizas importadas argumentando que hay que asegurar el abasto.
– Foto de Viviana Sánchez-Prada.
El internet se impone para todo tipo de trámite, a sabiendas de la poca infraestructura de cableado que tienen los territorios campesinos.
En plena emergencia, se sustituyó el reglamento ambiental de las operaciones hidrocarburíferas, por uno más laxo y expedito. Así, se llevan a cabo actividades prohibidas como que los mineros incursionen en zonas que gozan de medidas cautelares en el norte de Esmeraldas, de madereros furtivos en la Zona Intangible de Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario.
En abril se rompieron dos oleoductos que sacan petróleo y transportan combustible de la Amazonía a la Costa del Pacífico, dejando sin acceso al agua a miles de personas en la cuenca del río contaminado. Hubo tres derrames de crudo y una explosión de gas en Shushufindi, un derrame de sustancias químicas en Pacayacu, sin que se hayan tomado medidas de reparación integral, alegando que hay emergencia.
Una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público está en proceso, para que facilite los despidos de empleados, y un procedimiento de revisión y aprobación de contratos de Inversión que profundiza la flexibilización laboral.
Está por entrar en vigencia el TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que ampliará las actividades de los agronegocio, la dependencia tecnológica y las obligaciones con empresas vinculadas al extractivismo. Un decreto presidencial obliga a gobiernos locales a levantar las restricciones al transporte de minerales, y el Estado de Excepción del 16 de marzo excluye de las restricciones de movilidad, a los denominados sectores estratégicos, incluidas las mineras. El protocolo de corredores logísticos y estratégicos, establece que la circulación de las empresas tendrá resguardo militar y policial.
Chile
Militarización, extractivismo y Libre comercio. La militarización invadió calles y aulas. Los militares salieron de sus cuarteles. Se dieron poderes al presidente para no requerir la aprobación del Congreso. Mediante decreto, autorizó al ministerio de Defensa y de Educación para imponer instrucción militar en las escuelas, comenzando por el jardín infantil. Así se busca naturalizar la militarización. Castigan con cárcel el no respeto a la cuarentena, aun cuando una mayoría no tiene condiciones para quedarse en casa y sobrevivir así.
Hay otras leyes que agreden gravemente derechos y libertades básicas. Las leyes laborales se ajustaron para quitarle toda responsabilidad a los empleadores frente a los despidos y frente a la condiciones laborales en la crisis sanitaria, y entonces no les importa proteger a los operadores. La minería y las plantas procesadoras de alimentos se volvieron centros de infección y en general el sector patronal (y el Estado) se niegan a asegurar un ingreso mínimo garantizado que con eficacia cubra las necesidades para sobrevivir la pandemia.
Avanza el extractivismo mientras el gobierno somete a la población. Se eliminaron las evaluaciones de impacto ambiental, se acelera el otorgamiento de derechos de agua, pesca, acuicultura y prospección minera, incluso en zonas protegidas. Se aprovecha para encarcelar y/o mantener en la cárcel a líderes sociales. En general se culpa a la población del desastre que enfrenta el país. Presentan el libre comercio cual tabla salvadora irrenunciable: traen campaña para aprobar TPP-11 y el nuevo TLC con la Unión Europea como parte de lo necesario para superar la crisis. Promueven nuevas concesiones al capital transnacional como parte “imprescindible” de la recuperación económica: buscan aprobar cultivos transgénicos por presión directa de Estados Unidos.
Uruguay
El neoliberalismose revitaliza. La pandemia ha servido para flexibilizar aún más el trabajo mientras se criminaliza el disenso. No se decretó cuarentena obligatoria pero se exhorta al distanciamiento social con suspensión de clases en todos los niveles (ahora ya retomadas) y la exhortación al teletrabajo. La situación sanitaria parece controlada, con muy pocos casos activos y totales. Sin embargo, aumentaron las tarifas de servicios públicos como parte del ajuste neoliberal del nuevo gobierno de derecha. Aunque se aprobaron exoneraciones y préstamos a empresas pequeñas y medianas, se rechazó gravar al capital porque sería “amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis”. Las ayudas monetarias y en especie que se distribuyen son insuficientes.
Las medidas tomadas han afectado la actividad económica y ello repercute en quienes laboran independientes, en condiciones de informalidad y precariedad, un 25% del total de ocupados, que dependen de su empleo diario para sus ingresos. La enorme mayoría de quienes conservan su empleo ya volvieron a trabajar presencialmente.
La decisión de no ir a una cuarentena obligatoria equivale a empobrecer a las clases bajas, media y media baja en el cortísimo plazo, pues la obligatoriedad haría imprescindible implementar un ingreso básico o subsidio que garantizara el acceso a las necesidades básicas.
Mas el gobierno priorizó ahorrar recursos en gastos sociales manteniendo una sub-actividad económica que empobrecerá a una parte importante de la población, pues ya era condenada por la propia sociedad y el gobierno por no quedarse en casa, aunque mucha gente deba salir a buscar que comer.
Reforma del Estado y ajuste neoliberal.En plena pandemia y como parte de la restauración neoliberal, el gobierno presentó al parlamento un proyecto de ley de Urgente Consideración buscando reformar el marco normativo del Estado, de modo que se reduzca su carácter social, su responsabilidad como garante de derechos, ampliando su función represiva y su carácter corporativo. Se busca privatizar y mercantilizar la educación pública, se ataca la movilización, la participación social, el desarrollo de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, la defensa de la biodiversidad y la prioridad del bien común sobre los intereses particulares.
He aquí algunas consideraciones adicionales
1. El despojo se recrudeció. Para toda la región podemos concluir que los procesos de despojo que venían ocurriendo no se detuvieron con la pandemia, se echaron a andar nuevos con argumentación Covid-19. El capitalismo más desnudo “perdió sus buenas maneras” y esto explica porqué es generalizada la desprotección de los pueblos por parte de los Estados y el casi odio de las empresas a sus empleados en el momento más álgido de la crisis. En su estado superlativo, el capital enfurecido por no perder su tasa de ganancia, promueve abiertamente militarización y fascismo, despojo y devastación.
2. Aumentan las restricciones. Se activan políticas y policías sanitarias para restringir la circulación de productos campesinos, con el debido respaldo de nuevas políticas públicas que proliferan en normativas, leyes, estándares y tratados y convenios.
3. El trabajo asalariado se extremó, por juntar los cuidados para la subsistencia con la producción de plusvalía en el mismo espacio; o porque desapareció su fuente de ingreso y hay que inventar más auto-explotación para conseguir bienes vitales.
4. Tenemos que hallar una narrativa que nos ayude a ver la importancia crucial de lo cotidiano, y detonar las propias alternativas. Pero tenemos claro que no habrá forma de evitar que se vayan muchas vidas, no habrá un ¡YA BASTA! sin que haya mucha muerte. Faltan muchos matices por describir y explicar.
5. “Si no cambiamos, no tiene sentido haber sobrevivido a la pandemia”, dijo un periodista peruano.
6. Requerimos combatir las narraciones que nos roban el sentido de lo que ha sido la pandemia: cómo se definen los sectores estratégicos, llamados esenciales, dónde termina el confinamiento para evitar el contagio y comienza una zozobra permanente que es como el paréntesis entre la pandemia y otra nueva zona de crisis (viral, de crisis climática o de hambrunas o sequías extremas).
7. Es urgente transformar el sistema productivo controlado por grandes corporaciones y reformular un sistema alimentario popular orientado a la soberanía alimentaria, produciendo sin destruir los ecosistemas ni el clima.
8. Garanticemos el derecho a una alimentación saludable para todos los pueblos del mundo.
9. Impulsemos resolver lo que más nos importa por nuestros propios medios, imaginativos, comunitarios y respetuosos.
Notas:
[1] Ariel Guzik, “La húmeda virtud del llanto”, Instituto 17, https://diecisiete.org/expediente/la-humeda-virtud-del-llanto/
[2] Hermann Bellinghausen, “No es el virus”, La Jornada, 27 de julio de 2020.
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Fuente e imagen: Biodiversidad, sustento y culturas #105
Servicios para una Educación Alternativa A. C. EDUCA
Desafíos y resistencias en la construcción del poder comunitario y autonomía política de los pueblos indígenas
El 30 de agosto de 1995 el Congreso de Oaxaca aprobó el reconocimiento constitucional de las normas y prácticas comunitarias para el nombramiento de autoridades en los municipios indígenas de Oaxaca, conocidas hasta entonces como usos y costumbres.
Esta reforma, que consistió fundamentalmente en una modificación al artículo 25 de la Constitución de Oaxaca y una adición al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (CIPPEO), se dio en un contexto extraordinario, tanto a nivel nacional como en el ámbito estatal. El país se sacudía por la insurrección zapatista en el sureste mexicano, lucha que hacía visibles las demandas de los pueblos indígenas en México. Las organizaciones de la sociedad civil salían a las calles para exigir elecciones limpias en el marco de la transición democrática. En Oaxaca irrumpían las organizaciones y comunidades indígenas en demanda de autonomía y libre determinación.
Es importante destacar que, esta enmienda a la Constitución, no hubiera sido posible sin una serie de reformas previas en la legislación local. Oaxaca como entidad pionera en el reconocimiento del derecho indígena instituyó en la ley suprema del estado, desde la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, el reconocimiento de las formas propias de organización económica, social, política y cultural de los pueblos indígenas; entre otras el Tequio, el Sistema de Cargos, la toma de decisiones de manera colectiva y la autonomía.
Antes que lo hiciera la federación, Oaxaca reconoció en su Constitución Local, la composición pluriétnica del estado: pueblos con una raíz cultural común, una lengua propia, un territorio y bienes comunes, estructuras tradicionales de organización política y normas internas para la convivencia comunitaria. Sin duda, este fue un avance importante para los cambios constitucionales que a la postre ocurrieron en el país, en especial la Reforma al Artículo 2º de la Constitución Política de México, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía.
Durante estos veinticinco años, a partir de la reforma constitucional que concedió autonomía política a los municipios y pueblos indígenas, ha habido una serie de embates contra estas comunidades por parte de actores externos, como son los partidos políticos, agentes de gobierno, iglesias, empresas y líderes sociales que han lucrado políticamente con esta lucha autonómica. Esto ha generado un clima de hostilidad y conflictos sociales que ha deteriorado la convivencia comunitaria.
La conflictividad en la dinámica política, ha sido un sello característico en los procesos electorales de los municipios indígenas. La violencia política ha cobrado vidas humanas de decenas de indígenas. Los conflictos político-electorales han estado asociados a diversas causas: conflictos agrarios, intolerancia religiosa, megaproyectos de desarrollo, demanda de recursos económicos, participación de las agencias, inclusión de diversos sectores de la población en el nombramiento de autoridades (mujeres, jóvenes, avecindados, migrantes, radicados).
No obstante, de los 417 municipios que eligen autoridades por Sistemas Normativos Internos, en 350 de ellos, aproximadamente, no existen conflictos y los procesos electorales transcurren de manera pacífica. En otros municipios se han experimentado formas propias de conciliación y mediación, así como mecanismos de resolución de conflictos con la participación de la asamblea comunitaria, el Consejo de Ancianos y otras figuras ciudadanas que desarrollan estrategias para construir consensos o acuerdos internos que permitan la gobernabilidad al interior de estas municipalidades.
En este tiempo han ocurrido una serie reformas legales que han tenido como finalidad mejorar los procesos electorales indígenas. Aquí es necesario hacer un alto para señalar a qué reformas nos referimos: a).- La del 30 de agosto de 1995 que reconoce en la Constitución los usos y costumbres; b).- La de marzo de 1997 que hace más explícitos los derechos electorales de los pueblos indígenas; c).- La de septiembre de 1997 que crea el Libro IV “De la renovación de ayuntamientos que electoralmente se rigen por normas de derecho consuetudinario”; d).- La Reforma Electoral del 17 de agosto de 2012 que es quizá la reforma más completa en materia de sistemas normativos internos; y e).- Finalmente la de junio de 2015 que, por falta de discusión y debate en su aprobación, fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En agosto de ese mismo 2015, se creó la Ley de Sistemas Electorales Indígenas de Oaxaca, que también fue invalidada por la Corte debido a que no se realizó el proceso de consulta establecido en la Constitución.
Entre los logros más importantes, durante estos veinticinco años, se encuentra el acceso de los pueblos indígenas a la justicia electoral en el ámbito federal. Los conflictos que no se han podido resolver en el municipio o con las instancias locales, han recurrido a los órganos federales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Destacan los casos de Asunción Tlacolulita (1999) y Santiago Ixtayutla (2000), que abrieron la llave de la justicia electoral a los pueblos indígenas. Los municipios y comunidades, a través de estrategias de litigio y pluralismo jurídico, han logrado la judicialización de los conflictos políticos como última instancia para resolver las controversias comunitarias. Las sentencias relevantes del TEPJF aportan elementos jurídicos y antropológicos de gran valía para la defensa de la autonomía en los procesos electorales indígenas.
Una reflexión especial merece la participación política de las mujeres indígenas. Si bien, la actual legislación electoral en materia de elecciones por usos y costumbres, establece claramente la participación política de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad, lo cierto es que el esfuerzo por alcanzar un pleno reconocimiento a su ciudadanía ha costado mucho a las mujeres. La participación en Comités de Salud, Agua Potable, Educación, ha hecho que las mujeres tengan un rol vital para la producción y reproducción de la vida comunitaria. Sin embargo, el acceso a cargos de toma de decisiones, debido a las ataduras patriarcales y al machismo, es aún un fuerte desafío en los municipios indígenas, y en general en la vida pública del país.
Después de veinticinco años aún persiste una crítica con un fuerte sesgo racista y colonial hacia los usos y costumbres. Si bien, hubo quienes desde sus inicios no auguraban futuro político en el desarrollo de este sistema de elección, pues consideraban que tarde o temprano los municipios indígenas iban a volver al redil de los partidos políticos; hubo también quienes, desde sus inicios, consideraron este sistema como antidemocrático. Existe un sector de la población y de la clase política que considera que los usos y costumbres violan los derechos humanos, las garantías individuales y la participación igualitaria entre hombres y mujeres. Esto obedece a una visión colonial que considera a los pueblos indígenas sociedades subdesarrolladas e incapaces de gobernarse a sí mismas.
En todo este tiempo (1995-2020) ha habido transformaciones de fondo en la vida comunitaria: procesos migratorios de campesinos e indígenas oaxaqueños al norte del país y a Norteamérica; el deterioro del nivel de vida y la pérdida de empleos por las recurrentes crisis económicas; la inversión privada en Oaxaca, los proyectos económicos a gran escala y el extractivismo minero afectan a territorios indígenas; el pacto federal también ha impactado en la autonomía municipal y comunitaria, debido sobre todo a las formulas y criterios para la distribución y asignación de los recursos municipales; los cambios en la configuración del poder político a nivel nacional. Todo esto ha impactado en la organización política y económica municipal y en el gobierno indígena. Sin embargo, a pesar de ello, aún persiste el modelo de gobierno indígena, basado en sus prácticas comunitarias de ejercicio del poder. En un principio fueron 412 municipios que se inscribieron dentro del sistema de usos y costumbres, posteriormente creció este número a 418, a la fecha sólo un municipio ha pedido su cambio de régimen al de partidos políticos, este es el municipio de San Andrés cabecera Nueva, en la mixteca oaxaqueña.
Los municipios indígenas han tenido que sortear una serie de desafíos y dificultades para afianzar su autonomía y empoderamiento local, algunos de estos retos son: modificar sus mecanismos de elección para considerar la participación de las minorías locales, elaborar sus estatutos electorales comunitarios, fortalecer los procesos de administración financiera y rendición de cuentas, innovar modelos de reparto de recursos a las agencias, capacitar a los jóvenes en temas de la administración pública municipal, reforzar y capacitar a sus liderazgos locales, discutir y acordar la participación de las agencias, reconocer y valorar la participación política de las mujeres, estos, entre otros desafíos que han enfrentado y siguen enfrentando los municipios indígenas.
Hace veinticinco años se analizaban dos escenarios previsibles en el devenir de los Usos y Costumbres: a). – Su desaparición para dar paso al régimen de competencia partidaria, b). – Su permanencia y fortalecimiento debido a que garantizan la estabilidad y gobernabilidad democrática en el estado. Hoy, frente a los grandes desafíos que enfrenta el mundo globalizado: catástrofe sanitaria, crisis económica a gran escala e inseguridad y violencia, no cabe la menor duda que el modelo de autoridad indígena y los procesos de nombramiento basado en normas comunitarias, no sólo son necesarios, sino que requieren ser fortalecidos y afianzados como ejemplo de democracia participativa y autonomía comunitaria.
Este trabajo no busca cuestionar ni desacreditar la imprescindible actividad académica, ni sus enormes aportaciones sociales, ni dejar de reconocer el trabajo serio, riguroso y socialmente incidente que han realizado y realizan una gran cantidad de científicos sociales. Sabemos y reconocemos que desde las ciencias sociales se imprime mucho esfuerzo, conocimiento y compromiso en aras de resolver problemas económicos, políticos, psicosociales y ecológicos y que esta labor la realizan de manera cotidiana y sistemática colegas que trabajan con una enorme empatía social y respeto a las comunidades, los grupos o los sectores sociales con quienes investigan. Sin embargo, también reconocemos sesgos importantes inscriptos en el propio campo científico donde prevalecen orientaciones vinculadas con enfoques neoliberales de la ciencia, donde más allá de la perspectiva teórica con la que se investiga, predomina la impronta neoliberal monológica, heteronómica y extractivista que incluye violencia simbólica y participa en la reproducción de las relaciones de poder dominantes.
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2215&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1406
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