Europa/España/18 de octubre de 2016/Fuente: lavanguardia
Las Palmas de Gran Canaria.- Los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria de Gran Canaria respaldarán la huelga de estudiantes convocada en rechazo a las reválidas fijadas por la LOMCE el 26 de octubre, que han declarado como una «jornada de lucha» en la que se concentrarán ante la Delegación del Gobierno.
«Exigir la inmediata retirada» de la norma que establece la puesta en marcha de esas reválidas, así como la de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de la que emana, la LOMCE, son los principales objetivos de esa protesta, explican en un comunicado dichas organizaciones de profesores, ANPE, CoBas, CCOO, FETE-UGT, Docentes de Canarias, Insucan-CSIF, Sepca, STEC-IC y USPS.
Con su iniciativa, los sindicatos se suman a la «jornada de lucha» convocada para el día 26 de octubre en toda España por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que agrupa a colectivos de padres, de alumnos y de docentes, según destacan.
La reducción del número de alumnos por aula, el incremento de las plantillas docentes y la negociación de las retribuciones de los profesores son, según detallan, otras reivindicaciones que se plantearán en ese día de movilizaciones.
Una jornada en la que el respaldo de los sindicatos a la protesta de los estudiantes se escenificará en una concentración que han decidido organizar a las 18.30 horas frente a la sede de la Delegación del Gobierno en el archipiélago, en Las Palmas de Gran Canaria, y a la que subrayan que convocan «a todo el profesorado y a toda la comunidad educativa». EFE
Europa/España/13 de octubre de 2016/Fuente: el boletin
“O defendemos los derechos de nuestros hijos e hijas, o puede que tengamos que pedirles disculpas toda la vida por no haberlo hecho”, sostiene la FAPA Giner de los Rios.
La comunidad educativa sigue preparándose para la huelga que ha convocado la Marea Verde este 26 de octubre. Con las reválidas y la derogación de la LOMCE como objetivo, las voces críticas contra estos dos modelos continúan sumándose. Es el caso de los padres y madres de los alumnos que a través de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos (FAPA Giner de los Ríos) ha sacado 10 motivos para levantarse contra las políticas del Partido Popular.
En un comunicado donde instan a “vaciar las huelgas” para llenar las calles, la FAPA Giner de los Ríos expone los 10 principales porqués que han hecho a los padres cargar contra las reválidas. Calificadas como “franquistas” por el Sindicato de Estudiantes, los tutores de los estudiantes ven en ellas un “modelo pedagógico arcaico” cuyo objetivo no es otro que “impedir a la mayor cantidad posible de alumnado que pueda ejercer el derecho a la educación”. Un modelo que, como recuerda la federación, fue eliminado en 1970 “por ser consideradas una nefasta práctica que impedía la permanencia en la educación” de gran parte de los estudiantes.
Porque la señal de alarma de la comunidad educativa no es otra que con las reválidas los estudiantes se quedarán por el camino. “Su futuro académico y laboral se verá gravemente afectado”, sentencian desde la FAPA Giner de los Rios. Pero no sólo afectarán al estudiante sino que, a ojos de los padres, suponen “la desligitmación del docente y el cuestionamiento total de su evaluación continua”. De ahí que la autoridad y la función del profesor quedarán “minusvaloradas”, al ver que será un “examen externo” el que marque el recorrido de la asignatura.
Unas reválidas que, como apunta el colectivo, serán “realizadas por personas que no conocen en absoluto al alumnado que evaluarán, generando además un estrés innecesario a quienes someten a las pruebas porque se lo jugarán todo con ellas”. De esta manera, alguien ajeno al centro “no podrá saber ni valor” el progreso educativo, las circunstancias personales y el esfuerzo “de muchos años” de los estudiantes. “Pueden tirar a la basura el trabajo de un mínimo de 13 años para el título de la ESO y de 15 para el de Bachillerato”, denuncia la FAPA Giner de los Rios.
Pero el listado de amenazas que suponen las reválidas no se detiene. Desde negar una titulación a aquellos que acaban la ESO (algo que no existen “en ningún país de nuestro entorno”), hasta frenar el acceso al Bachillerato y a la Universidad lo que no es más que otro paso, según la federación educativa, de “recortar el derecho a la educación público”. Y todo rociado con una falta de consenso con la comunidad educativa, como demuestra la asociación.
En definitiva, una política del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que permitirán “un suculento nuevo negocio para empresas que se quieran dedicar a presentarse a concursos para que les encarguen su realización”. “Es sólo mero negocio para unos pocos a costa del sufrimiento de una parte importante de la sociedad”, recalca la FAPA Giner de los Rios. Por ello, los padres aseveran que estas reválidas “nos ponen ante una disyuntiva: o defendemos los derechos de nuestros hijos e hijas, o puede que tengamos que pedirles disculpas toda la vida por no haberlo hecho”.
La Confederación Estatal de Padres de Alumnos (Ceapa) expuso este lunes 10 razones por las que anima a todas las familias a secundar la huelga educativa convocada el próximo 26 de octubre contra el real decreto de reválidas y “vaciar las aulas dejando a sus hijos en casa”.
Entre sus argumentos, Ceapa insta a los padres a secundar esta huelga que también convoca el Sindicato de Estudiantes «para dentro de unos años no tener que pedirle perdón a sus hijos».
Según Ceapa, “o conseguimos la derogación de las reválidas ahora o cuando llegue la fecha tendrán que hacerse, aunque luego las comunidades autónomas se disculpen”.
El documento también señala que estos exámenes responden a “un modelo educativo arcaico”, que busca dejar fuera de la educación superior a la mayor parte posible del alumnado y que impedirá acceder a las titulaciones de Secundaria a muchos estudiantes con todas las asignaturas aprobadas.
Asimismo, Ceapa considera que las ‘reválidas’ imponen «un estrés innecesario a los alumnos” y menosprecian la figura del profesor y su evaluación continua.
Ceapa también apuntó que estos exámenes representan “un suculento negocio privado” para las empresas externas que se encarguen de su realización, y subrayó el poco tiempo de preparación que la incertidumbre actual ha dejado a profesores y estudiantes.
Europa/España/8 Octubre 2016/Autora: Pilar Álvarez/Fuente: El país
El pleno del Congreso ha aprobado por 175 votos a favor, 133 en contra y 34 abstenciones retirar el decreto que regula las reválidas educativas, aproboo el pasado julio. La propuesta era una de las iniciativas registradas este martes una iniciativa por la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en la que pide la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y del real decreto que regula las reválidas de ESO (14 y 15 años) y de Bachillerato (17 y 18).
Francesc Homs, portavoz en el Congreso de la formación catalana, registró en septiembre la proposición no de ley en la Cámara Baja, declarando ante los medios la necesidad de «cargarse la LOMCE de una puñetera vez», según declaraciones recogidas por Europa Press. «Si en el primer Pleno que tenemos ordinario en esta casa no somos capaces de dar un mensaje contundente a la sociedad sobre la LOMCE, los responsables seremos los demás de que las políticas del PP persistan», declaró.
«Presentamos esta iniciativa desde Cataluña para defender las competencias de las autonomías», añade Miriam Nogueras, diputada y secretaria segunda de la Comisión de Educación de la formación, ahora rebautizada como Partit Demòcrata Català (PDC). «Rechazamos que esos exámenes, con efecto punitivo, sean los que determinen qué alumnos tienen el título», añade la diputada. «La LOMCE no es para mejorar la calidad de la educación, lo que se mejora con estas pruebas es la recentralización política».
Los diputados de Ciudadanos se han abstenido tras presentar una modificación que no ha sido aceptada. El partido de Albert Rivera, como ya había defendido previamente, no comparte la paralización de la LOMCE. Pero sí está de acuerdo con que quede en suspenso «de forma inmediata» el decreto que regula las reválidas finales de ESO y Bachillerato, según el texto alternativo que habían presentado.
Ciudadanos también se abstuvo hace seis meses en una propuesta similar. En abril de 2016, se votó una iniciativa similar que pedía paralizar esta normativa, que salió adelante en 2013 solo con los votos del PP. La propuesta de ley,presentada por el PSOE, fue aprobada con 186 votos a favor, 102 contrarios y 41 abstenciones (los 40 de los diputados de Ciudadanos más un voto de un parlamentario del PP, que lo ha emitido por error según su formación). La situación política hizo imposible reglamentariamente que pudiera culminar su aprobación en las dos cámaras antes del 2 de mayo y tampoco se pudo paralizar por la falta de Gobierno. El PP incluyó además el calendario de aplicación dentro de la normativa, otro aspecto que complica su freno.
Esta nueva iniciativa puede volver a quedar en nada. Las proposiciones no de ley son instrumentos para instar al Gobierno a tomar medidas, pero es el Ejecutivo quien decide finalmente si lo toma en consideración o no.
En ese sentido, el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, hizo unas manifestaciones el lunes en Cáceres en la inauguración del curso universitario para respaldar la última medida de la LOMCE, que entra en vigor este curso: las reválidas. En su discurso, Méndez de Vigo aseguró que la prueba -aprobada por Real Decreto el pasado 30 de julio- «es conforme a los requisitos legales y adecuada a las necesidades de los alumnos y sus familias». Sus declaraciones públicas no han sido tan contundentes en el caso de la prueba de final de la ESO. Su partido incluyó la revisión de esta prueba entre las medidas de acuerdo con Ciudadanos y Coalición Canaria para intentar formar gobierno en la última votación fallida de Mariano Rajoy.
La Consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Ruiz, afeó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que “España tiene más leyes educativas que presidentes del Gobierno” y que la LOMCE, “la séptima ley educativa, no ha hecho más que generar inestabilidad”.
En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Ruiz, que fue presentada por el profesor y director de la Cátedra Liderazgos y Gobernanza de ESADE y la Universitat Ramon Llull, Àngel Castiñeira, recordó que, gracias al Estatuto de Autonomía de 2006, se pudo hacer la primera Ley Educativa de Cataluña (LEC) en 2009 con un amplio consenso.
“Este acuerdo que ha habido en Cataluña desafortunadamente no tiene reflejo en el Estado Español”, criticó. Y remató: “Ningún país puntero en educación ha hecho una legislación educativa sin consenso político. Por eso, se tiene que poner el valor este consenso que se llegó en Cataluña”.
Para la titular de Educación, la LOMCE recoge postulados educativos que no comparten para nada: “Hay un menosprecio por la Formación Profesional y, sobre todo, hay una grave vulneración de las competencias de la Generalitat”.
En su ponencia, Meritxell Ruiz destacó algunos de los éxitos de la LEC, como que “el 88% de los alumnos de cuarto de ESO se sacan el graduado, un dato importante porque esta es la puerta de acceso a la educación post-obligatoria”. La Consejera destacó que no le satisface que un 18% de los estudiantes no complete esta etapa formativa, pero que mejora la cifra del 30% de abandono escolar de años atrás.
Entre los objetivos que afronta la Consejería que dirige Ruiz, se encuentra el de “seguir con la mejora competencial de los alumnos, especialmente en el ámbito científico-técnico, con énfasis en el alumnado femenino, y en las lenguas extranjeras”.
14 de septiembre de 2016 / Por: ALEJANDRO MARTÍN RODRÍGUEZ / Fuente: http://elpais.com/
Ocho millones de estudiantes de educación primaria y secundaria regresan en las próximas dos semanas a las aulas en un nuevo comienzo de curso
Se acaban las vacaciones, queda atrás el verano y, como es recurrente, con septiembre arranca el nuevo curso escolar. Más de ocho millones de estudiantes de primaria y secundaria volverán a pisar un colegio. ¿Nada nuevo bajo el sol? Esta es una radiografía en 10 claves sobre el estado de la educación en España y sobre cómo empiezan las clases:
1.El nivel, medir la calidad
No todo encaja en un reloj, una balanza, un barómetro o una escala del uno al diez. No todo es fácilmente mesurable. ¿Cómo podemos saber si la educación en España es buena (o mala, como con toda probabilidad tendamos a pensar)? Uno de los intentos más establecidos es el informe Pisa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque su aparición casi siempre provocaba algún temblor de piernas —nunca salimos bien parados—, el último deja visos de esperanza. Seguimos teniendo una tasa de jóvenes de entre 18 y 24 años que salen de las aulas con solo el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) anómalamente alta, un 19,7%, y no parece factible que se cumpla el objetivo de que en 2020 el abandono alcance un máximo del 15%(salvo las chicas, que rozan ya el 15,5%); pero en matemáticas, lectura y ciencia nos encontramos apenas debajo de la media europea e inmediatamente por encima de Rusia, Italia, Portugal o incluso Estados Unidos.
Otro estudio que cruza los dos informes que la OCDE elabora en torno a alumnos y a enseñantes extrae conclusiones claras: que un profesor tenga un título de doctorado importa 5,5 veces más que cualquier otra formación transversal que atesore; que haya pocos alumnos por aula influye 3,5 veces más que la posibilidad que éstos tengan de utilizar durante el aprendizaje nuevas tecnologías. Difícil, desde luego, en un país que entre 2012 y 2014 perdió 24.248 docentes, según el Ministerio de Educación, y los va recuperando con parsimonia.
2.La factura, lo que se llevó la crisis
El gasto educativo ha caído en 8.920 millones y desciende a niveles de hace 25 años. El dinero que destinan las Administraciones ha pasado de 53.895 millones a 44.974, mientras que el número de alumnos ha subido un 7,7%. Del total del PIB, tan solo un 3,89% está previsto que vaya en 2016 para educación, un punto menos de lo que ya en 2012 el resto de países de la OCDE asignaba de media. Los mayores recortes afectaron a formación de profesores y a educación compensatoria para alumnos rezagados, lo que ha agravado la desigualdad en un sistema que ya recibió el enésimo tirón de orejas por los muchísimos estudiantes que repetían curso y que se descolgaban y perdían el interés.
Para las familias, para cada hogar, por cada hijo o hija que asista a clase, el comienzo de curso supondrá un gastode entre 125 y 500 euros, según estimaciones de las principales federaciones de padres. Estas cantidades no contemplan nada más que los propios libros y material escolar. El cálculo de cuánto sería el total es complejo, depende de demasiadas variables, si están matriculados en una escuela pública o privada, la Comunidad Autónoma en que residan, si llevan uniforme, pero en todos los casos el gasto mayor en el que incurren es ese de los libros de texto y material escolar. Justo al contrario que en el resto de países europeos.
3. Revalidas o un futuro que se parece a 1970
Por primera vez desde 1970, medio millón de alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato tendrán que afrontar sendos exámenes externos y nacionales que corroboren que han aprendido lo que se supone que debían aprender. Si no aprueban, pierden el derecho a obtener el título. A lo largo de 2017 serán todavía un ensayo, a partir de 2018 contarán para sacarse el diploma. Sólo cinco países de la UE(Portugal, Rusia, Italia, Estonia y Malta) hacen unos tests semejantes en la educación obligatoria, otros ocho los utilizan para cerciorarse de que se cumplen los currículos, aunque no son vinculantes.
Más del 80% de la comunidad docente, los principales sindicatos y hasta las asociaciones de directores de instituto rechazan las reválidas de plano. Aducen que pueden expulsar a chicos tras cuatro años de estudio, que en tiempos de potenciar el aprendizaje continuo se vuelve a caer en el riesgo de enseñar a pasar un examen en vez de adquirir conocimientos y habilidades, como ya ocurre de hecho con la Selectividad. Jugársela a una carta, con lo que ello conlleva, y minusvalorar el día a día.
4.Los deberes, llevarse trabajo a casa
Las clases no pueden servir para corregir los ejercicios hechos en casa, explicar entre uno y otro la teoría y mandar una lista nueva de tareas, a continuación. De acuerdo, ¿no? Obvio. Hemos dejado atrás la era de las lecciones magistrales, ¿verdad? Según la OCDE no deberíamos estar tan seguros. Los estudiantes, incluso aquellos que tienen un rendimiento menor —y sin que se haya observado que sirva para mejorar— pasan 4,7 horas semanales resolviendo deberes. Una y media más que el resto de Europa. La confederación de familias de la pública, la Ceapa, inició antes del verano una cruzada que pretendía evitar que los centros encomendaran tareas en los meses de descanso a los niños y seguirán ahora persiguiendo lo que designan una “racionalización de los deberes fuera del horario lectivo”. La práctica hace al maestro, dice el refrán, y tal vez el tiempo de las clases no sea suficiente, pero el debate de qué hacer con los deberes está abierto.
5.Los horarios, los largos veranos
Cantabria estrena un calendario a la francesa: cada dos meses lectivos, una semana de vacaciones. Recortan 15 días del descanso estival y eliminan los exámenes de septiembre. El propósito es instaurar un modelo con cinco bimestres y períodos de evaluación más llevaderos. De esta forma ya antes de Navidad los profesores tienen la oportunidad de corregir los desequilibrios que encuentren y encauzar el rumbo de quien los sufra. Ramón Ruiz, que antes de ser consejero de Educación fue maestro, estima que mejorarán el rendimiento. El consejo de pedagogos no ve más que subjetividades y ningún argumento sólido para defender la medida, los padres se quejan de que nadie les consultó y se preguntan, lógicamente, cómo van a conciliar ahora sus trabajos con el tiempo libre de sus hijos. ¿Qué van a hacer durante esas semanas los niños?
Niños haciendo cola a la puerta del colegio ÁLVARO GARCÍA
6.El bilingüismo, asignatura pendiente
Lentos, pero encaminados. Las próximas generaciones romperán el tópico yhablarán inglés al salir del colegio. La preparación del profesorado en universidades extranjeras, de Gran Bretaña, Estados Unidos o Canadá; la irrupción de auxiliares de conversación nativos en las aulas; y un cambio metodológico, que entre otras cuestiones, ha aumentado el número de horas lectivas semanales y ha posibilitado impartir algunas materias en inglés (salvo matemáticas, lengua y literatura), son algunas de las medidas aplicadas por la mayoría de las comunidades autónomas (cada una a su ritmo) para alcanzar el bilingüismo. Hablar perfectamente dos idiomas mejora también la capacidad para aprender. Lo dice un estudio conjunto del Ministerio de Educación y el British Council sobre la experiencia de 120 colegios públicos españoles en el que se constata, además, que tres de cada cuatro alumnos obtienen una nota de notable o sobresaliente en las pruebas externas del Trinity College o la Universidad de Camdridge. En Madrid, decana en la implementación de esta iniciativa, el gran problema fue la carencia tanto de profesores como de maestros en posesión de un certificado C-1. Un peligro, perceptible ya, es que los niños que acuden a colegios bilingües cuyos padres no hablan inglés se ven expuestos a otra brecha y se encuentran en inferioridad. ¿Quién les va a ayudar con los deberes?
7.Extraescolares o cómo tener la agenda ocupada
En España el 90% de los estudiantes de enseñanza obligatoria (de entre 6 y 16 años) realiza alguna actividad extraescolar. Más de la mitad de ellos está apuntado a dos o más a la semana. Los deportes (72,8%), seguidos por los idiomas (28,4), música o danza (24,9%), dibujo o pintura (22,3%) e informática (21,2%) son las actividades más frecuentes, según el Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Si bien pueden ser de ayuda para que los niños aprendan a organizarse y adquieran disciplina, una sobrecarga puede llevar a hacerles sentir estrés y resultar contraproducente. ¿A qué les vas a apuntar este curso?
8.La filosofía pierde peso en el Bachillerato.
La LOMCE elimina la asignatura de Historia de la Filosofía de segundo de Bachillerato. Pero la movilización de intelectuales y docentes ha provocado que las comunidades reaccionen. Nueve regiones la han recuperado como obligatoria en el margen que les deja la ley. Esta disciplina también perdió peso en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Así, es posible que un alumno abandone la secundaria sin haber oído jamás hablar de Kant o Descartes.
9.Pública o concertada
Desde 2010, según el estudio Cuentas de la Educación en España 2000-2013, de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), las Administraciones han recortado la financiación por alumno de la escuela pública un 25% más que el de la concertada (privada subvencionada con fondos públicos). Mientras que en el País Vasco la mitad de los menores estudian en colegios con concierto, en Castilla-La Mancha sólo un 14,6% los prefiere a los públicos. En Valencia la polémica concita un enfrentamiento entre el PP, queacusa a la Generalitat de querer erradicar la concertada, y PSOE y Compromís, que aseguran que los anteriores gobiernos la favorecieron injustamente. El Tribunal Supremo avala el cierre de aulas solo cuando el descenso demográfico provoque que la ratio profesor/alumno se quede por debajo del límite legal y haya plazas en centros públicos. Entre tanto, más allá del derecho de los padres a elegir a qué colegio llevar a sus hijos, sigue resultando imposible detectar o juzgar si un modelo es mejor que otra para ellos.
10.El papel del profesor y su evaluación.
Todos los partidos dicen estar de acuerdo en la necesidad de reformar la educación, empezando por el camino que siguen los profesores hasta que lo son, su formación. Pero ninguno sabe cómo.
Mientras, las aulas españolas continúan siendo como la caja negra de un avión: toda la información está dentro, pero es imposible conocerla desde fuera. Este ejemplo citado por un director de instituto es muy ilustrativo: un 36% de los profesores en España jamás ha sido supervisado ni ha permitido que otro profesor asista a una clase suya. Ese índice, en el resto de Europa, es de un 9%. En algunos países de las pruebas estandarizadas externas, como son ahora lasnuevas reválidas que incluye la LOMCE, depende un complemento del salario de los profesores.En España el colectivo docente se ha mostrado reacio a que les evalúen desde fuera. La razón principal de que Finlandia sea Finlandia, el mito cien veces aclamado, el sistema educativo que todos quieren imitar —casi siempre sin intentarlo— son sus profesores, su capacitación y el respeto reverencial que se les profesa. Algo hay que hacer aquí para cerciorarnos de que la educación de nuestros hijos es la mejor de las posibles. Pero, ¿qué?
Europa/España/06 de septiembre de 2016/Fuente: elmundo
El inicio del curso escolar 2016/2017 es el mejor ejemplo hasta la fecha del preocupante descontrol de nuestro sistema educativo. En la semana en que comienzan las clases, nadie sabe -ni siquiera en el PP- si este año se van a realizar las polémicas reválidas que contempla la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), unas pruebas que condicionan totalmente la programación de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato. Es más: nadie sabe si la propia Ley va a superar este curso. Una incertidumbre, en definitiva, que ocasiona graves perjuicios a miles de estudiantes y profesores.
La aplicación de las reválidas era el último punto clave de la Lomce que quedaba por implementar. Su entrada en vigor se produjo el pasado 31 de julio, mediante un Real Decreto del Gobierno en funciones. Desde este curso, todos los alumnos de 4º de la ESO y de 2º de Bachiller deberían realizar estas pruebas finales, aunque no tendrán consecuencias académicas hasta el curso 2017/2018. Pero lo cierto es que, a día de hoy, el Gobierno todavía no ha establecido las características de las reválidas y buena parte de la comunidad educativa muestra públicamente su rechazo: ocho de cada diez docentes de Infantil, Primaria y Secundaria son contrarios a estas evaluaciones finales.
Desde que el ex ministro José Ignacio Wert, ahora diplomático en la OCDE, puso en marcha la Lomce en 2013, ésta contó con el rechazo absoluto de la oposición (se presentaron más de 900 enmiendas, todas desatendidas), de los profesores, de los sindicatos y de varios consejeros autonómicos de Educación. De hecho, las CCAA han aprovechado la discrecionalidad que les permite la legislación para aplicar la norma a su antojo, como se vio el año pasado con la inauguración de la prueba de 6º de primaria: 14 autonomías (incluidas las populares Castilla y León y Galicia) la gestionaron de manera irregular. Más allá del mejorable contenido de la Lomce, es inconcebible e inadmisible que en un mismo país puedan coexistir 17 sistemas educativos diferentes. Resulta inaceptable que una ley en vigor esté, de facto, muerta.
Pero que la norma actual deba ser cumplida, no exime al próximo Gobierno de que una de las tareas que debe acometer sea la de ejecutar una verdadera reforma educativa. No una como las elaboradas hasta ahora, que cambian cada cuatro años al albur de las mayorías absolutas, sino una de consenso, en consonancia con el escenario político. En su pacto de investidura, PP y C’s concertaron «congelar el calendario de implementación de la Lomce». Aunque los aspectos esenciales de la norma ya habían entrado en vigor y el acuerdo caducó tras la fallida investidura, ambos partidos estaban de acuerdo en que es inviable mantener una ley educativa que rechaza la gran parte de los agentes a los que afecta.
En su discurso de investidura, el propio Rajoy profundizó en la necesidad de un pacto nacional por la Educación. No podemos estar más de acuerdo: urge una reforma que abarque desde Primaria hasta la Universidad y que acabe con esta incertidumbre, también consecuencia de la falta de un Gobierno estable. La Educación es un excelente ejemplo para ilustrar la imperiosa necesidad de consenso entre los grandes partidos, sin relegar a la irrelevancia a la comunidad educativa y a los colectivos sociales.
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