Los dos grandes sindicatos españoles ponen en jaque la paz social y señalan como culpable a la patronal
os dos sindicatos mayoritarios de España empiezan a hacer ruido de cara a la jornada del 1 de Mayo, Día del Trabajo, fecha en la que aprovechan para hacer todo tipo de reivindicaciones previas a la hora del aperitivo.
En este caso, desde CC.OO. de UGT han lanzado el mensaje de movilizar a los suyos si la patronal no entra en razón en las «próximas semanas» para alcanzar un acuerdo salarial en el millar de convenios colectivos que quedan por negociar.
Aliento
PepeÁlvarez ha sido directo cuando ha manifestado desde UGT que «La CEOE tiene que sentir el aliento de las calles para acabar con la avaricia y la usura que representan, en algunos casos, los beneficios empresariales».
UnaiSordo, desde CC.OO. ha subido el nivel de los ataques a la patronal con el mensaje que «Las movilizaciones sabemos cómo empiezan, pero no como acaban».
La intención de atacar a la CEOE y, por extensión, a todos los empresarios de España refleja cómo el Gobierno de Pedro Sánchez queda al margen de toda crítica después de que, como contaba Ana Martín en El Debate, el Ejecutivo esté tan satisfecho con el papel de los dos grandes sindicatos en la paz social –al menos, paz para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz– que en este 2023 ha decidido mantener el plus de tres millones de euros en subvenciones que les concedió por primera vez el año pasado; hasta sumar 17 millones.
Un plus importante para que ni el paro, ni la inflación, ni los salarios ni ninguno de los problemas que el Ejecutivo no es capaz de solucionar se le vengan en contra en las semanas previas a las elecciones municipales ni enturbien esa paz social en un año electoral.
El 6 de marzo del 2021, la OPSU anunció que el pago de nóminas de docentes y trabajadores de las universidades sería a través del Sistema Patria, quitándole el trabajo a las direcciones de Recursos Humanos.
“Matar tigres”. Eso hacen los profesores universitarios en Venezuela para sobrevivir: mientras en países como México, Perú o Ecuador el salario mínimo de estos profesionales supera los dos mil dólares, en Venezuela puede estar por debajo de los 10 dólares al mes.
Tirso García, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente (Apudo), aseguró que hay docentes desesperados que trabajan hasta de vigilantes en busca de sueldos que permitan llevar comida a sus hogares.
En pocas y duras palabras, lo que gana un trabajador universitario no alcanza para vivir y por eso han tenido que realizar otras actividades para conseguir ingresos extras. También hay quienes viven de las remesas que les envían sus familiares desde el exterior. Los más desafortunados viven situación de pobreza extrema.
“Hay quienes laboran como vigilantes privados para poder subsistir con los 80 dólares que les pagan. Algunos dan clases en liceos e institutos, y otros trabajan como transporte público para medio mantenerse dentro de este país, porque los sueldos realmente no alcanzan”, lamentó García en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.
Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), explicó que la canasta alimentaria familiar en febrero de 2023 se ubicó en 11.873,34 bolívares, que equivale a 482,26 dólares.
Por ello se requiere de 91,33 salarios mínimos para acceder a la canasta alimentaria familia, mientras algunos trabajadores universitarios no tienen ni para movilizarse, provocando que las casas de estudios tomen medidas especiales para continuar las clases.
El vicerrector administrativo de la Universidad del Zulia, designado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), Clotilde Navarro, señaló que un empleado, profesor u obrero universitario que viva lejos de esta casa de estudios la tiene muy difícil en cuanto a pagar traslado.
“Si un trabajador gana 10 dólares mensuales, no tiene cómo venir. Por eso hemos venido aplicando una política con horarios mosaicos, porque no podemos exigirle esa permanencia de los 5 días”, precisó Navarro a Radio Fe y Alegría Noticias.
Dependiendo de las horas cumplidas de trabajo y de la experiencia profesional, un obrero calificado en grado 1 gana 130 bolívares y en su calificación más alta, que es grado 7, alcanza los 195,09 bolívares mensuales.
Mientras tanto, quienes trabajan como personal administrativo ganan entre 159,26 bolívares y 310,73 bolívares; finalmente un docente universitario gana entre 27,14 bolívares, como auxiliar docente III de Tiempo Convencional (TCV) 2 horas, hasta 522,16 bolívares como titular dedicación exclusiva.
Cabe destacar que dependiendo del nivel de formación con el que ingresen a la casa de estudios, los educadores pueden ir ascendiendo en la escala de valoración según sus años de servicio y la preparación que vaya adquiriendo en el camino como estudios de postgrado, doctorados o especializaciones. No obstante, esos ascensos actualmente les sirven de poco debido a que la retribución monetaria es insignificante.
Fallo de origen
El 28 de julio del 2021, las autoridades del Ministerio para la Educación Universitaria junto a los dirigentes de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV) firmaron la IV Convención Colectiva Única (IV CCU), lo cual fue dado a conocer por el entonces titular de la cartera para la educación, Eduardo Piñate, a través de su cuenta en Twitter.
Según el artículo 452 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, “la convención colectiva de trabajo por rama de actividad puede ser acordada en una reunión normativa laboral, especialmente convocada o reconocida como tal, entre una o varias organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras y uno o varios patronos, una o varias patronas o sindicatos de patronos y patronas, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una misma rama de actividad”.
Sin embargo, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), así como otras asociaciones y sindicatos de trabajadores universitarios cuestionaron este anuncio por no ser tomados en cuenta para la discusión y aprobación de dicho contrato, excluyendo de esta manera a asociaciones reconocidas por años y favoreciendo a la FTUV, una federación gremial cuestionada por su aparente tendencia oficialista.
La firma de la IV CCU no respondía a las necesidades básicas de los trabajadores universitarios, con salarios establecidos que en aquel momento rondaban cerca de los 10 dólares, ante una canasta básica alimenticia que ya superaba un poco más de los 300 dólares, según declaraba la presidenta de la Fapuv, Lourdes Ramírez.
Un año después, en marzo del 2022, el Gobierno nacional estableció un salario mínimo de 130 bolívares y un bono de alimentación de 45 bolívares. Sin embargo, el aumento de sueldo resultaba insignificante debido a la inminente devaluación del bolívar frente al dólar, moneda que prácticamente rige la economía del país actualmente.
Luego, el 3 de agosto del 2022, el entonces ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Francisco Torrealba, informó a través de su Twitter que había sido suscrita el Acta de Homologación de la IV Convención Colectiva del sector universitario establecida en julio del 2021. Dicho acuerdo fue firmado nuevamente por la FTUV y por la ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena. Esto motivó a que el personal que labora en la educación superior levantara su voz, incluso con protestas en las calles, para exigir una remuneración de al menos 400 dólares al mes.
Un salario que no es de dedicación exclusiva
Según Francisco Pinto, presidente (e) de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ), a mediados del 2008 los profesores recibían su pago basado en las normas de homologación que establecía que los sueldos debían equivaler a la canasta básica alimentaria, pero el gobierno desconoció estos procesos y estableció unilateralmente una forma de pago que con el tiempo se volvió cada vez más insuficiente.
De acuerdo a él, fue de manera unilateral porque, en estas decisiones debe participar el gobierno, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y el tercer elemento que es el representante legal de Organización Internacional del Trabajo (OIT), “para llegar a un común acuerdo del salario mínimo” y eso “no se volvió a hacer más nunca”.
Por otra parte, aseguró que el gobierno ha nombrado una serie de sindicatos afines a sus intereses, negándose a reunirse con todos los gremios y sindicatos.
“De tal manera nosotros nos hemos visto atropellados en nuestro derecho y reivindicaciones logradas. Nos encontramos hoy con un sueldo insuficiente e indigno que no llena las expectativas para el trabajo que desarrollamos”, sentenció Pinto a Radio Fe y Alegría Noticias.
Por su parte, Tirso García explicó que un docente universitario, dependiendo el cargo que posea, debe cumplir en promedio 36 horas semanales. “De esa cifra, al menos 16 horas son exclusivamente dando clases. El resto es para preparar el material de las clases o los exámenes, corrección de los mismos y atender consultas de los estudiantes”, puntualizó.
En ese sentido, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, detalló que el trabajo docente a tiempo completo implica promover que los estudiantes discutan problemas vinculados a la sociedad y realizar trabajos de extensión vinculados a la comunidad: es decir, involucrar a la universidad con las comunidades y generar conocimiento científico que se va a compartir en los espacios universitarios.
“Si los docentes son de dedicación exclusiva deberían vivir con un salario que le permita vivir, que le permita dedicarse a la investigación, la docencia y la extensión”, afirmó Gómez Gamboa a Radio Fe y Alegría Noticias.
Pérdida de la autonomía universitaria
El 6 de marzo del 2021, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) anunció que el pago de nóminas de docentes y trabajadores de las universidades autónomas sería a través del Sistema Patria, quitándole el trabajo a las direcciones de recursos humanos de las casas de estudio superior. Esto ha provocado, según Gómez Gamboa, que los pagos se hagan reduciendo cualquier capacidad mínima que la universidad pueda gestionar al respecto, quedando el área administrativa sin autonomía.
Entonces el procedimiento tiene una nueva ruta: desde la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) se dirige información en relación a los pagos universitarios hacia la OPSU, la cual remite a las universidades unos formatos para que las oficinas administrativas rellenen unas casillas para determinar lo que se debe cancelar.
“Esta práctica reduce a las universidades a simplemente aceptar que desde estas instancias nacionales se les impone bajo la sanción de que, si no lo hacen, el personal no podrá cobrar las tres migajas que se les paga mensualmente a los trabajadores”, cuestionó Gómez Gamboa.
Desde un principio, gremios y sindicatos de trabajadores universitarios a nivel nacional rechazaron esta medida advirtiendo que violaba el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el respeto a la autonomía universitaria; también afecta el artículo 9 de la Ley de Universidades, que toma en cuenta la “autonomía económica y financiera, para organizar y administrar su patrimonio”.
El pago de nómina a través del Sistema Patria también afectó el manejo presupuestario de las asociaciones de profesores de las universidades públicas venezolanas.
Pinto señaló que cuando esta casa de estudios administraba el pago de nóminas, se descontaba un porcentaje a los profesores agremiados para el mantenimiento de la asociación. Pero una vez que el Estado asumió el pago de la nómina, ya las asociaciones perdieron ese ingreso. “El gobierno lo tiene secuestrado desde hace 4 años”, dijo.
El origen del instructivo Onapre
El secretario general de Sintraudo en Anzoátegui, Ignacio Díaz, explicó que cuando Nicolás Maduro determinó el aumento de sueldo con incidencia en las tablas salariales en marzo de 2022, no anunció de inmediato cómo se le iba a dar cumplimiento a esos ajustes y se necesitaba un instructivo que sirviera como una especie de manual para aplicar el incremento. De esa forma “nace el Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos (Onapre)”.
“Luego del anuncio, duró alrededor de 20 días que no llegaba ese manual, y cuando lo hizo, nos encontramos con la sorpresa de que nos redujeron todas las tablas salariales. Las primas por hijo, por familia, antigüedad, entre otras que teníamos, fueron eliminadas. Inevitablemente eso baja el sueldo y además viola cuando mínimo 10 cláusulas de la contratación que ya habían firmado los trabajadores”, comentó a Radio Fe y Alegría Noticias.
Díaz calificó esta medida de inaudita y añadió que nunca se había visto algo así en la historia de lo que tiene que ver con las reivindicaciones salariales del país. “Pero ocurrió y de ahí en adelante venimos arrastrando esa calamidad”.
El vocero sindical insistió en que el instructivo de la Onapre reduce los beneficios y tiene incidencia tanto en el bono vacacional como en el de fin de año, los cuales disminuyen a menos de la mitad de lo que les corresponde legalmente. “Todos deberíamos ganar mínimo el doble de lo que ganamos actualmente. Por ejemplo, yo cobro alrededor de 120 bolívares quincenales y debería estar sacando entre 240 y 250 bolívares”.
El secretario general de Sintraudo acotó que, por ejemplo, las primas familiares se las pusieron al 12.5, al igual que la prima por hijo, que representa la mitad del monto de cálculo original. Sumado a eso, la prima del 80% del sueldo básico, que era de compensación y la habían ganado en unos acuerdos (cláusula 72), se eliminaron.
“Los años de servicio ya no los toman como antes para el bono de antigüedad (cláusula 78), pues ahora solo es a partir de 30 años cuando antes era a partir de 25”, señaló.
En ese sentido, Pinto coincidió en que actualmente les reducen la mitad del monto que deberían cobrar.
“Venimos perdiendo el 45% del monto de nuestro salario”, aseguró.
Los docentes, trabajadores y obreros de las universidades se han quedado “en el aire” en cuanto al pago de salarios y demás beneficios, ante la falta de respuesta por parte del Estado desde que asumió dicha responsabilidad.
“Uno antes reclamaba ante los consejos universitarios y ellos tramitaban todos los reclamos. Ahora no sabemos, vamos a la OPSU, que es la Oficina de Planificación Universitaria, ni siquiera nos escuchan ni nos atienden”, denunció Pinto.
A su juicio, durante los últimos 5 años se han acumulado “muchas cosas” que ha motivado a la comunidad universitaria a salir a las calles a protestar por sus reivindicaciones salariales, salarios dignos y que se cumplan los beneficios laborales.
Por ello, en agosto del año pasado los trabajadores universitarios se movilizaron por todo el país para exigir el pago del bono vacacional, equivalente a 105 días de salario, que debían recibir el 10 de julio y no fue cancelado hasta luego de tres semanas. Sin embargo, el bono de fin de año (120 días de salario) fue cancelado de manera fraccionada en 4 partes.
“Resulta ser que es totalmente ilegal. Nos rebajan la mitad del monto por el cálculo que se aplica con el Instructivo Onapre, y nos van pagando de forma fraccionada. Cuando recibes el último pago de ese bono recibes la mitad de lo que te correspondía por la devaluación del bolívar”, sentenció Pinto.
Según la ONG Acceso a la Justicia, en el caso de los profesores, empleados y obreros universitarios, el instructivo Onapre obvia la tabla salarial prevista en la IV Convención Colectiva, que, entre algunas escalas, establecía diferencias de hasta 70% y fijó, sin ningún tipo de discusión previa, una interescala lineal de 7%.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el instructivo también modificó unilateralmente la manera de calcular los beneficios, como las bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o profesionalización, por uniformes y por hijos.
Por su parte, Navarro cuestionó que, aunque el Tribunal Supremo de Justicia plantea que no existe el instructivo Onapre, “resulta que todo nuestro presupuesto según la ley va a la OPSU y en realidad va a la Onapre que te tranca todo”.
Navarro explicó que en el país no se habla de una utopía, se habla de una realidad, razón por la cual el gobierno debe atender esta situación con la implementación de otras medidas económicas que evite que, en cada aumento de salario, el dólar se dispare y por ende el bolívar se devalúa. Aseveró que los actuales reclamos del sector universitario son en busca del bienestar sin distinción de clases.
“El aumento de sueldo debe ser una realidad, que debe venir acompañado con otras medidas económicas. ¿Cómo se para el dólar? ¿Cómo se evita la especulación? Así que (el aumento de salario) debe venir acompañado de una política económica porque si no valdrá la pena”, aseguró el profesor Navarro.
Pagos atrasados y deudas acumuladas
Clotilde Navarro informó el pasado 25 de enero que la OPSU había efectuado el pago de las prestaciones sociales a través del fideicomiso y el 8.5% de las prestaciones sociales al personal docente, administrativo y obrero, enmarcado en la cláusula 8.5 de la contratación colectiva.
“A pesar que se envió en el mes de marzo del año pasado, nos cancelaron ahora. Imagínate ahora cómo se devaluó el bolívar, por la hiperinflación”, lamentó Navarro.
Agregó que, con este pago retrasado, aún quedó pendiente 25% a cancelar a los profesores.
Este caso sirve para recordar que el listado de deudas del Estado a las universidades públicas del país es largo.
Ignacio Díaz precisó que desde 2017 no les cancelan ni la bonificación por uniforme ni mucho menos los dotan. Esto viola, según él, la cláusula 19 de la CCU.
Dijo también que desde 2012 no les cancelan prestaciones sociales como debe ser y el pago que les hicieron en enero para él representó apenas 40 bolívares.
“Hay deudas fuertes en las que el gobierno se ha desentendido y no ha cancelado”, aseguró Díaz.
En cuanto al seguro médico, el sindicalista dijo que les habían implementado, desde hace cinco años aproximadamente, el Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (Sismeu) que, según dijo, no ha funcionado como tal.
“Antes teníamos un seguro con unas clínicas de la zona y podíamos asistir y reclamar, pero ya no. Si se presenta una emergencia debes hacer una llamada a Caracas y de allá es que se entienden con las clínicas. Es ilógico. Cuando tienes algo a distancia, no te van a atender y es lo que ha sucedido”, agregó Díaz.
También señaló que tuvieron problemas con los centros de salud del Estado porque no les cancelaron la prestación del servicio y eso trajo como consecuencia la eliminación tácita del seguro.
Díaz indicó que además les trasladaron las nóminas al Sistema Patria y esta plataforma hace descuentos, por lo que algunos beneficios como el servicio funerario o caja de ahorros también se han alterado.
“Por ejemplo, para la caja de ahorros, yo di una orden mediante un documento para que descontará el 15% de mi sueldo básico, que se sumaría al 10% que aporta el gobierno. Sin embargo, eso no está llegando. Esto nos perjudica en cuanto al servicio funerario porque de allí es que se paga con una empresa privada”, dijo Díaz.
El dirigente enfatizó que solo en el núcleo de Anzoátegui de la UDO hay alrededor de 2 mil trabajadores, entre activos y jubilados, que no cuentan con servicio médico ni funerario. “Todo a pesar de que en las cláusulas 12, 13 y 14 de la contratación colectiva, dice que nos van a cubrir el 100% de eventos de salud y funerario”.
Por su parte, el profesor Tirso García señaló que actualmente no cuentan con una caja de ahorros y un fondo de jubilación. Se supone que en la caja de ahorros los docentes apartan el 10% de su salario y el patrono debe aportar otro 10% para sumar 20%.
Sin embargo, “resulta que tenemos más de un año que no nos deducen nuestro 10%, más los otros 10% del patrono y no se le entrega a nadie, todo se queda atrapado en el Sistema Patria”.
“Al igual que el fondo de jubilaciones, nosotros apartamos 6% y el patrono 10%, pero también quedamos sin ese 16%”, agregó.
Vale mencionar que al personal administrativo y obrero les deben más de 5 años de uniformes. A los docentes nos les entregan uniformes y, aunque hace 4 años los incorporaron a la dotación, todavía no han recibido el beneficio.
Universidades sin presupuesto para funcionar
Navarro dijo que el presupuesto que recibieron el pasado año fue de mil 800 millones de bolívares, cuando lo solicitado fue de 4 mil 600 millones de bolívares; es decir: menos de la mitad. Con ello no se podía ejecutar ni el 10% de lo que requiere el recinto universitario.
Navarro explicó que han pedido “auxilio” a empresas privadas y públicas, como la Gobernación y alcaldías, para buscar soluciones a las problemáticas que enfrentan en cuanto a la infraestructura, donde además los trabajadores universitarios lo han asumido como un compromiso para mantener abierta la universidad.
“Como dice el artículo 1 y 2 de la Ley de Universidad, aquí lo que se está planteando es la defensa de la institución. Eso nos motiva a estar en cada una de las partes llegando a niveles macros a nivel local y nacional. Eso nos permite desarrollar una política de trabajo permanente”, aseguró Navarro.
Investigación sin presupuesto
Francisco Pinto, presidente (e) de APUZ, dijo que no cuentan con laboratorios renovados ni los recursos necesarios para promover la investigación ante el recorte presupuestario. La investigación que aún se hace se basa “en el interés personal de cada investigador”.
“Muchas veces el investigador se ha tenido que costear parte de esa investigación porque la universidad no da las herramientas necesarias para concluir su trabajo de investigación”, comentó.
Por su parte, José Rengel, coordinador de la comisión de investigación de la UDO en Anzoátegui, coincidió en que la calidad para estos trabajos ha disminuido, aunque más de uno se mantiene luchando por hacerlo.
“Hace varios años que no llegan recursos para la universidad, por lo que tampoco hay recursos para investigaciones. Aunado a eso, el edificio sede, dentro del núcleo, fue vandalizado hace unos meses y no cuenta con electricidad. Además, varios equipos fueron destrozados para extraerles el cobre y demás materiales que podían ser vendidos como chatarra”, detalló a Radio Fe y Alegría Noticias.
Rengel, quien además es ingeniero mecánico, aseguró que hay alrededor de 40 personas que siguen haciendo investigaciones en la casa de estudios anzoatiguense, pero de manera individual. Añadió que, en caso de que haya un trabajo realmente interesante, se busca apoyo en la empresa privada y organismos como la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundasite), para costear el desarrollo del mismo.
“Yo llevo dos años al frente de la comisión y en ese lapso no hemos visto nada de dinero. Del presupuesto que presenta la universidad ante el Ministerio de Educación Superior, solo llega lo correspondiente a los salarios e incluso se han eliminado hasta los fondos para el mantenimiento de la infraestructura”, puntualizó.
Dijo también que la mayoría de centros de investigación, bien sea de la escuela de ciencias de salud, ciencias administrativas o cursos básicos, quedaron sin equipos tras los actos vandálicos registrados y, de no ser por ellos mismos, las instalaciones aún lucirían desastrosas.
“Nosotros mismos hemos gestionado la limpieza y recuperación dentro de lo que nuestras posibilidades nos permiten. En el edificio hacemos reuniones de vez en cuando, siempre que haya luz solar, pues no contamos con sistema eléctrico”, contó.
El coordinador de la comisión de investigación explicó también que prácticamente ya no hay profesores que tengan la oportunidad de tener una preparación mejor, en vista de que hace años se cerró la posibilidad de que pudiesen ir al exterior a realizar algún postgrado, doctorado o algo por el estilo, para luego retribuirle eso a la universidad con años de servicio.
Unas horas antes de conocerse la decisión, el mandatario propuso a los sindicatos franceses una reunión el martes, como «el inicio de un ciclo (…) que continuará las próximas semanas»
Muchos franceses y expertos auguraban una decisión parcialmente favorable del Constitucional. La relación de fuerzas de sus nueve miembros –escogidos por los presidentes de Francia y de las dos cámaras del Parlamento– beneficiaba también a Macron.
Sin embargo, el rechazo de Referendo de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés) cayó como un jarro de agua fría a los adversarios de la reforma.
Pero la oposición de izquierda, que presentó dicha propuesta, ya se lo esperaba de algún modo y el jueves presentó una segunda demanda de RIP con una formulación diferente y, a su juicio, con más posibilidades de prosperar.
El Consejo Constitucional comunicará su decisión sobre esta el 3 de mayo, indicó en un comunicado.
Los sindicatos convocaron para dos días antes una «movilización excepcional», con motivo del Día Internacional de los Trabajadores el 1º de mayo, y advirtieron que no se reunirán ni con Macron ni con el gobierno antes de esa fecha.
Unas horas antes de conocerse la decisión, el mandatario propuso a los sindicatos franceses una reunión el martes, como «el inicio de un ciclo (…) que continuará las próximas semanas».
Las centrales son la punta de lanza desde el inicio de las protestas en enero. El 7 de marzo lograron movilizar entre 1,2 y 3,5 millones de personas, según las autoridades y la CGT, respectivamente, pero las marchas son menos concurridas desde entonces.
Tras el dictamen de este viernes, esperan reavivar el movimiento que, desde mediados de marzo, se caracterizó también por acciones puntuales de protesta, entre ellos bloqueos de acceso a ciudades como el registrado este viernes en Ruán (noroeste).
El tema salarial y los mecanismos para conformar burguesías en Venezuela
La discusión del salario mínimo y las remuneraciones por empleos en Venezuela, es central para entender la forma mediante la cual se ha constituido históricamente la burguesía como clase social en el país.
En situaciones de “normalidad”, en las cuales el salario de la clase trabajadora y el personal docente alcanza para cubrir la canasta básica, pagar servicios y los gastos recurrentes del hogar, esta relación “salario-conformación burguesa” se oculta mediante el régimen de negociación laboral, las contrataciones colectivas y los ajustes salariales periódicos. Al final se privilegia que cada trabajador se concentre en la situación particular y pierda la mirada de conjunto.
El problema actual para las burguesías, es que ante la situación de miseria salarial en la cual ha venido cayendo la clase trabajadora en el periodo 2014-2023, especialmente entre 2018 y 2023, en la cual las negociaciones colectivas fueron congeladas por el decreto 2792, a pesar que luego esta dinámica fue flexibilizada parcialmente y atada en muchos casos a las burocracias sindicales, la clase trabajadora comienza a preocuparse por la economía general, por entender el presupuesto del país y su desagregación, es decir, a hacer economía política, para buscar por sí misma salidas al tema salarial.
Históricamente, las burguesías venezolanas se han constituido, no por su trabajo de montaje y conducción de fábricas, sino por el perverso mecanismo de apropiación de la renta petrolera por los siguientes mecanismos:
Acceso a divisas a precio preferencial (por lo general por debajo del 50% de su valor nominal en el mercado) destinadas a la importación de mercancías o partes de maquinarías e implementos. Un porcentaje de estas divisas a precios preferenciales son depositadas por sus beneficiarios en cuentas personales en el exterior, mientras el resto sirve para comprar los productos que venderán a precios de más de 100% de costo original. Así la apropiación de la renta es triple, por retención directa en la banca, por ganancia exorbitante y por inflación;
Este mismo mecanismo en fábricas de ensamblaje, accediendo a dólares preferenciales para comprar las partes, que terminan en la triple fuente de ganancia descrita el literal anterior;
Exoneración de impuestos, intereses y otros tributos que terminan siendo apropiación de la renta petrolera;
Terciarización de la actividad del Estado, convirtiéndose el negocio de la construcción, mantenimiento, dotación de materiales y equipos en una fuente de brutal apropiación de la renta petrolera por parte de los privados. A esto se le suma la corrupción derivada de la sub ejecución de obras, es decir cumplimiento de un 30% de las metas, pero cobro del 100% de los montos previstos, así como el mecanismo de recalculo de costos;
Si hiciéramos arqueología financiera para estudiar a quienes se le dieron las concesiones de importación, exoneraciones arancelarias, divisas a precio preferencial, condonación de deudas por prestamos industriales y agrícolas, permiso para montar importadoras y fábricas ensambladoras, contratos de infraestructura y grandes obras, funcionarios a quienes ha correspondido el otorgamiento de estas medidas, tendríamos las partidas de nacimiento de las burguesías de ayer y hoy.
En la medida que la economía se constriñe, la voracidad y el canibalismo de las burguesías se multiplica exponencialmente, limitando, disminuyendo y haciendo desaparecer inversiones del área social, para trasladarlos al de la importación o la infraestructura nacional. En la medida que la economía se cierra aún más, el asalto a los salarios se da por vía de la inflación y limitar los aumentos salariales hasta dejarlos en saldo negativo con tendencia a cero.
En la época de la bonanza petrolera de la primera década del siglo XXI, la apropiación brutal de la renta petrolera comenzó a golpear el salario real, pero ello fue disimulado por incrementos constantes que al estilo fordista alimentaban el consumo y daban la sensación de expansión permanente de la capacidad adquisitiva.
El problema ocurre con la caída brutal de los precios del petróleo a partir de 2013, en un contexto de exacerbación de las disputas inter burguesas (vieja y nueva burguesía) y la llegada de las medidas coercitivas unilaterales (MCU), que achican los ingresos fiscales del país y desatan el canibalismo burgués (de la cuarta y quinta República) sobre el salario de la clase trabajadora.
Estas gráficas de los compañeros de Tatuy muestra esta situación en el periodo 2018-2023, en el cual la caída del salario no se detiene con la mejora de ingresos al país.
Es decir, lo que está ocurriendo es una nueva fase de la disputa burguesa por la renta petrolera, escudada con el tema de las sanciones imperialistas. No estamos diciendo que las sanciones no son ciertas o no afectan la economía, lo que afirmamos es que el gobierno nacional con los argumentos de que aumentar salarios dispara la inflación (monetarismo) o que no hay recursos para un aumento salarial, está facilitando una apropiación burguesa de la renta en detrimento de la clase trabajadora.
Segunda parte
2. La primavera magisterial y la política gubernamental
Desde marzo de 2022, con las movilizaciones de los jubilados y pensionados, que luego se ampliarían en mayo de ese mismo año con el conflicto de SIDOR y posteriormente de los y las docentes se abril de ese año, Venezuela vive una nueva etapa en la lucha social. Sus rasgos distintivos son:
a. Desbordamiento de las burocracias sindicales en el terreno del conflicto laboral, que ha tenido un capítulo especial en SIDOR y el magisterio. En el caso de las federaciones del magisterio se da el fenómeno que la mayoría de sus dirigentes se reúnen con los representantes del gobierno, pero están deslegitimados para hablar en las movilizaciones y protestas de calle. Los sindicatos regionales y de base clasistas han sido parte de las movilizaciones, pero el signo distintivo de la conflictividad es la auto convocatoria por parte de las bases magisteriales. Las federaciones sindicales están a la cola del movimiento, viéndose obligadas a no desistir de las demandas de aumento salarial, pero han llegado a actuar como esquiroles argumentando que los paros desarrollados por la base magisterial carecen de legalidad porque los únicos facultados para introducir los pliegos conflictivos son ellos.
Sin embargo, la base magisterial no se plantea construir nuevos sindicatos ni desplazar a la burocracia, prefiere concentrarse en la lucha salarial, viendo con desdén la actividad orgánica sindical, lo que evidencia el impacto de la propaganda neoliberal contra el sindicalismo de clase.
b. Despolarización de la lucha reivindicativa. Durante las últimas décadas las movilizaciones y protestas de calle se habían dado en el marco de la polarización gobierno versus oposición(es) de derecha. El monopolio de las narrativas de izquierda la había tenido el gobierno y las disidencias en este campo eran tan débiles que no tenían influencia de masas.
Lo novedoso en la nueva etapa es que la clase trabajadora, ha decidido marchar junta (opositores y partidarios de gobierno) exigiendo la urgencia de un aumento salarial. Esto abre paso a una reconfiguración política muy importante, que en este momento no se puede prever todas sus implicaciones futuras
c. Agotamiento del discurso de las sanciones imperialistas como justificación para los problemas de distribución justa de la riqueza nacional. Ciertamente las criminales Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), implementadas por los Estados Unidos y las naciones imperialistas europeas, han causado estragos en la economía nacional, pero aún en este contexto se podría hacer una redistribución del Producto Interno Bruto del país mucho más justo, que garantizara salarios dignos y suficientes para la clase trabajadora.
Resulta insoportable e inadmisible para la clase trabajadora, la ostentación con la cual vive la clase política (oposición y gobierno), así como muchos altos funcionarios, mientras maestros, profesoras y obreros deben ir a sus trabajos con los zapatos rotos y sin garantía que su familia pueda comer ese día.
Esto ha generado una pérdida de eficacia política del discurso de las sanciones imperialistas para justificar las terribles situaciones de vida material. Es una paradoja, pues algo que es real comienza a ser percibido como falso, porque solo expresa una cara de la moneda, ocultando los problemas de gestión para garantizar equidad y justicia salarial.
d. El drama salarial: desde el punto de vista del trabajo este es uno de los peores momentos en las últimas cinco décadas en la historia del magisterio venezolano. Con un salario mínimo mensual por debajo de los siete (7) dólares, con escalas salariales para los y las trabajadoras de la educación que oscilan entre 50 dólares mensuales (Docente de aula VI con 53,33 horas docentes semanales) y 20 dólares mensuales (Docente I recién ingresado) y la canasta básica familiar alrededor de 500 dólares mensuales (sin tomar en cuenta medicamentos, pagos de servicios y transporte) y que de manera integral puede llegar a los 800 dólares mensuales, los y las docentes están viviendo un drama laboral y de vida en sobrevivencia. Para poder subsistir han tenido que disminuir la calidad de su alimentación mientras se ven forzados a hacer cualquier cosa en sus horas libres para obtener recursos adicionales.
Esta situación choca con la ostentación y estilo de vida pequeño burgués o burgués de altos funcionarios, burócratas y la clase política (gobierno y oposición), que ha puesto a la clase trabajadora a pensar que algo no está bien entre el discurso y la realidad. Esto no solo ha generado rebeldía sino una pléyade de profesionales que le “están metiendo coco al asunto”.
Intelectuales de la talla de Pascualina Curcio, Tony Boza y Valdéz, todos ellos vinculados al partido de gobierno, han publicado sendos trabajos e investigaciones que muestran que es posible conseguir salarios dignos y suficientes para la clase trabajadora en las actuales circunstancias. Por distintas vías se llega a conclusiones similares, estamos en presencia de un problema de distribución justa y solidaria de la riqueza nacional.
El problema es el modelo de acumulación y conformación de burguesías en Venezuela. Si se aumentan los salarios habrá menos dinero para direccionar hacia los mecanismos que garantizan la apropiación, conformación y consolidación de las burguesías. En consecuencia, estamos ante un problema propio de la lucha de clases.
e. Indexación salarial:
Tony Boza, en su libro “En defensa del salario (Indexación y lucha de clases)” (2023) señala que la indexación es
“El procedimiento que se aplica para mantener constante en el tiempo el valor de la compra en toda transacción. Un bien o un servicio se fija su valor, por ejemplo, al índice de precios al consumidor, es decir a la inflación. Dicho de otra forma, al indexar el precio del bien o servicio que se trate, se va adecuando, se va cambiando en la misma proporción y el mismo ritmo de la inflación, en tiempo real. El precio no cambia solo, lo cambia el actor económico respectivo que controla ese bien o ese servicio” (pág. 6)
Quienes defienden la indexación no se plantean un aumento salarial en lo inmediato, sino frenar el impacto de la inflación en las remuneraciones. Es decir, establecer un mecanismo permanente que defienda el salario. Esto no debería asustar al gobierno, pues se trata de garantizar las condiciones mínimas de trabajo para quienes crean realmente la riqueza, la clase trabajadora. Sin embargo, el gobierno se niega a estudiar seriamente este mecanismo, que ya se ha instalado como una aspiración consensada de la clase trabajadora venezolana.
A partir de la indexación, se puede plantear una estrategia de aumentos salariales en tiempo y espacio, así como de discusiones de contratos colectivos que recompongan los salarios, por lo menos a niveles de 2012.
La discusión de la indexación y del salario son elementos claves para posibilitar que la clase trabajadora retome la iniciativa en la lucha de clases.
f. Periodos de movilizaciones
Un elemento que preocupa, es la falta de experiencia del liderazgo de base emergente y algunos sindicatos clasistas que han acompañado las movilizaciones, respecto a los periodos históricos de la lucha de calle. Históricamente hablando las movilizaciones docentes se han dado por periodos de mes y medio a dos meses, después de lo cual decae la presencia en las movilizaciones, no por abandono de la aspiración, sino como una especie de inteligencia colectiva que recomienda pausar para recomponerse, acumular fuerzas y volver a tomar la ofensiva.
Las actuales movilizaciones iniciaron el 9 de enero de 2023, así que en términos de regularidades pareciera que estarían a punto de iniciar un descenso. Si esto es cierto, hay repensar la estrategia, para acumular y volver a la ofensiva, siendo errado el intento de tensionar hasta reventar.
Lo cierto es que se ha abierto una nueva etapa en la lucha social y que lo que se ha ganado en unidad de la clase puede propiciar victorias salariales en el corto mediano plazo.
g. Algo huele mal en las centrales sindicales
El desespero de las centrales sindicales burocráticas, especialmente la CTV[2] y la CBST[3], es enorme porque las movilizaciones han puesto en evidencia su falta de canales de comunicación con la clase trabajadora y muchos de sus sindicatos clasistas de base. Quizá por ello han apelado a señalar que las movilizaciones que se iniciaron el 9 de enero no tienen legalidad porque no son el resultado de introducir ante el Ministerio del Trabajo pliegos conflictivos aprobados por ellos, o el extremo de plantear unificar la contratación de la administración pública para eliminar derechos adquiridos conquistados por sectores como educación, salud o eléctricos; unificar para desmejorar pareciera ser su consigna.
Una parte importante de la burocracia sindical vive en otra realidad material, política e ideológica y pareciera tener muy pocas capacidades de recuperar su vínculo orgánico con la clase trabajadora. Sin embargo, en contraparte no vemos la construcción de corrientes sindicales que apunten a la renovación de las estructuras sindicales, sino que en el mejor de los casos se mantienen en los límites de los comités autónomos de conflicto por un salario digno y suficiente.
Este des-orden sindical tiende a parecerse mucho a la crisis del buró sindical de Acción Democrática después del inicio de la crisis burguesa de 1983 y el cisma estructural de la CTV en la década de los noventa.
Un caso distinto son las centrales sindicales como UNETE, CUTV (vinculada al PCV y otros factores) y CODESA (socialcristiana) que a pesar de su debilidad numérica respecto a las grandes centrales, han acompañado las movilizaciones, de manera correcta y comprometida con la causa de los y las trabajadoras. Otro caso es el de la nueva central ASI, que si bien se sienta regularmente con el gobierno y ha sido invitada a las sesiones con la OIT, ha mantenido de manera declarativa una posición progresiva y su presidenta ha estado en una que otra movilización.
3. Mal consejo: olvidar la historia
La historia no se repite de manera idéntica, pero al ser la historia humana una construcción social, hay elementos que intentan repetirse de manera cíclica, en sus aciertos, pero también en sus omisiones y errores.
La situación actual, en el marco del ciclo de la crisis capitalista en Venezuela 1983-2023, pareciera intentar repetir elementos, procesos y quiebres parecidos a los que ocurrieron en el periodo 1987-1994, en el cual los factores políticos fueron incapaces de ver, entender y prever la marea que se les venía encima producto de la desconexión de las representaciones (partidarias, sindicales) con la cotidianidad de la población, especialmente de la clase trabajadora.
El tsunami en conformación no tiene por qué expresarse necesariamente en un nuevo Caracazo, sino en otros fenómenos que intenten dar un vuelco de la situación a favor de quienes vivimos del trabajo. La recomendación es estar atentos a las formas y mecanismos que use la inteligencia social para intentar cambiar el orden y producir un nuevo des-orden.
Tercera parte
4. El panorama electoral
Todo lo que se mueve hoy en el mundo de la macro política, bajo el cielo de Venezuela, tiene el signo de ingeniera electoral. El problema que vemos es que estas planeaciones para el día D de las elecciones presidenciales del 2024, parecieran estar enunciadas desde lo súper estructural, tanto desde el gobierno como desde las oposiciones.
Esto no ocurre por desinformación sino por el hecho objetivo que todas las representaciones (salvo el PCV) y el sector de María Corina Machado (MCM), han entrado en un cuadrante del sistema de gobernanza que se ha venido conformando desde el gobierno. Estos cuadrantes tienen variados tonos, mediados por intentos de negociación entre las facciones burguesas en disputa (de la cuarta y la quinta República).
El gobierno ha unificado de manera forzosa al espectro de su alianza electoral, judicializando a los partidos rebeldes, colocándoles directivas ad hoc vinculadas al partido de gobierno, sometiendo a las disidencias y usando el terror de la cárcel y el enjuiciamiento contra líderes sindicales para evitar que la llama del conflicto laboral se extienda más allá de lo controlable. Tienen la sensación que todo lo tiene “controlado” por arriba, salvo al Partido Comunista de Venezuela, sobre el cuál se cierne la espada de Damocles de la judicialización para evitar que presente candidatura propia a la izquierda del gobierno.
Dentro de esta reingeniería política, los analistas políticos presentan como un logro la despolarización sui generis, porque ahora son una docena de oposiciones de derecha, cada una de ellas con una puerta trasera que les comunica con el gobierno, salvo el caso de María Corina Machado, que pareciera ser un “error” en el diseño o un cálculo no previsto.
Este reordenamiento súper estructural, orientado a la continuidad política del Madurismo tiene un problema estructural, desestima el papel movilizador de la ciudadanía, le confiere un mínimo margen de autonomía a los electores y considera que todos pueden ser orientados hacia los cuadrantes, especialmente al del PSUV que emergería como la minoría más grande.
El diseño de los escenarios electorales, evidencian que el gobierno no está preparado para abandonar el poder, por razones políticas y económicas. En el plano político, a pesar de la fragmentación de la derecha, inducida por el propio gobierno, vuelve a resonar el discurso de “pasar factura”, “perseguir” y “meter presos” a los líderes del Madurismo, lo cual cierra la posibilidad de una elección realmente neutral, porque los líderes del gobierno harán lo imposible para no perder, pues su propio destino en libertad está en juego. En el terreno económico, quien detente el poder tiene la capacidad de orientar el proceso de acumulación y apropiación de la renta venezolana, por lo tanto, alejarse del poder político implica dejar de acumular riquezas como clase burguesa; mientras no exista un acuerdo firme entre las dos burguesías sobre cohabitación y formas de compartir el asalto a la renta pública, una elección imparcial es altamente improbable.
Los dos electrones libres, que escapan del férreo control de la arquitectura gubernamental y el diseño de cuadrantes son el partido Vente de María Corina Machado y el Partido Comunista de Venezuela.
4.1. El emperador está desnudo
Nicolás Maduro es el hombre fuerte de la política venezolana, casi nada se mueve con autonomía sin que tenga un hilo atado a la lógica de Miraflores. Sin embargo, su fuerza es dialécticamente hablando su mayor debilidad, porque hoy la mayoría de la población sabe que esto ocurre y, qué si bien Nicolás Maduro está sólido en su mando, eso se debe al reino de las ideas de Maquiavelo y Fouché en el palacio de gobierno, que parecieran haber llenado de auto suficiencia al inquilino de Miraflores, a tal punto que se comienzan a mostrar signos de insensibilidad ante la tragedia salarial del pueblo venezolano.
Su popularidad y rechazo fluctúan en las encuestas, según los incidentes y su manejo mediático, pero en el fondo comienza a quedar una franja permanente que siente que nada va a cambiar. Esto se debe al uso exagerado por parte del gobierno del impacto de las sanciones económicas, incluso como justificación para no otorgar aumentos salariales. La crispación permanente en el lenguaje entre Caracas y Washington, hace ver lejano el levantamiento de las sanciones y eso para el ciudadano común, para él y la trabajadora, para el personal docente significa que los próximos cinco o diez años van a ser una larga prolongación del actual suplicio personal. Paradójicamente la solidez del mando presidencial se traduce en desesperanza por su incapacidad real para cambiar la situación del conflicto con los Estados Unidos.
En política lo que siempre puede hacer modificar cualquier escenario previsto es lo imprevisible de la respuesta social ante una situación material de vida deplorable. La ecuación que debe preocupar a Miraflores es: MCU-norteamericanas-europeas + salarios de hambre + incapacidad del gobierno para lograr que se levanten las sanciones + impacto diferenciado de las MCU /sobre/ indignación + rabia + desesperanza = salidas imprevistas, incluida la electoral.
Sin embargo, lo que se puede prever en febrero de 2023 es una candidatura compacta de Nicolás Maduro (altamente improbable otro candidato del PSUV), que cohesiona todo el espectro del madurismo, que puede arrastrar el voto crítico del chavismo que se asuste ante un posible triunfo de la derecha o peor aún de la ultra derecha. A esto se le suma a su favor, la posibilidad de que las derechas cuenten con dos o tres candidaturas con impacto de masas que fraccionen sensiblemente las simpatías.
Lo que se ve en febrero de 2023 es una candidatura de Maduro, aunque sin épica social, capaz de ganar las elecciones de 2024 por cuatro factores centrales: a) cohesiona a su base electoral que sigue siendo numerosa, aglutinada alrededor del aparato del gobierno y el PSUV, b) dispersión, guerra intestina y fraccionamiento de las derechas que divide el voto y no logra despertar ansias de votar, c) el discurso del sector más conservador de las derechas que sigue planteando aniquilación del chavismo y el madurismo, no solo electoral sino físicamente (prisión, persecución, aniquilamiento) lo cual genera un polo de atracción alrededor de Maduro de parte de todos y todas quienes en algún momento han estado vinculados al proceso bolivariano (1999-2023) d) la evidente decisión de no incluir el voto en el extranjero, que producto de la fuerte migración es electoralmente importante, que tiende a buscar un cambio de gobierno para ver si la situación nacional cambia y pueden regresar.
4.2. La derecha al desnudo en su laberinto
En la derecha todos parecieran compartir el sentimiento que la persona a derrotar es María Corina Machado, quien en reiteradas oportunidades se ha expresado criticando a una oposición que concilia con el gobierno, algo que pareciera retratarles. Por eso lo sondeos para las primarias la colocan en los primeros lugares, muy por encima de liderazgos como el de Capriles, y Rosales. El nuevo incluido en esta disputa es Benjamín Rausseo “Er conde del Guácharo”, cuya línea discursiva es menos beligerante que la de Machado.
Luis Vicente León uno de los más reconocidos líderes de encuestadoras nacionales señaló a través de twitter, a mediados de febrero, que quién lideraba las encuestas era Benjamín Rausseo (30%), seguido de Manuel Rosales de segundo y María Corina Machado quedaría de tercera. Estos resultados serían el mejor escenario para el gobierno del presidente Maduro y el candidato 2024 del PSUV, porque significarían un aislamiento de los radicales y dos potenciales candidaturas con las cuales el gobierno tiene enormes posibilidades de entenderse e incluso no presentarían un peligro en caso de darse una sucesión presidencial.
En anteriores artículos hemos señalado que el factor más dinámico de la política hoy es el movimiento social, especialmente la franja que se moviliza por aumentos salariales, que pareciera estar imbricada al conjunto de la sociedad. Solo el universo docente que se moviliza, en el mejor pico serían unos 500.000, con un promedio de cuatro integrantes por cada núcleo familiar (2.000.000) y una influencia social de unos quince por cada uno (7.500.000) sumarían un impacto de casi diez millones de electores, la mitad del electorado que sufragaría. Lo interesante es el carácter despolarizado de este movimiento que no significa que cada uno(a) haya abandonado sus preferencias electorales. En ese escenario, la confrontación electoral que se proyecta es entre Maduro y María Corina Machado, veremos cómo evoluciona este tema los próximos meses.
Más allá de lo que digan las encuestas, el sentimiento que se palpa en la calle, la evidencia empírica en estos días señala que la opción con más chance de ganar en la oposición es la María Corina Machado (MCM). Sin embargo, esta anuncia que solo se medirá electoralmente si las primarias son auto organizadas y manuales, no regidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta situación la diferencia del resto de las oposiciones de derecha quienes con el argumento del costo económico han aceptado la escogencia de su candidato(a) bajo la supervisión y logística del CNE. Esta diferencia pública de MCM la conecta con el sentimiento de las bases opositoras quienes tienen dudas sobre la auténtica lealtad del liderazgo opositor. Incluso en un escenario de elecciones primarias regidas por el CNE en la cual todos los demás candidatos corran y MCM decida no participar, ello no significa que no sería candidata. Tampoco descartamos que al final quiera apelar a su anacrónica política de abstención, que ya ha impulsado en otros momentos. Sin embargo, pareciera que la Sra. Machado si quiere ir hasta el final esta vez.
Esta situación podría repetir lo ocurrido en 1998 cuando las posibilidades electorales de la derecha se fueron diluyendo facilitando el triunfo de Chávez, pero en esta oportunidad sería a favor de una candidatura de ultra derecha. María Corina Machado pareciera apostar a esta estrategia y escenario, planteándose la posibilidad de ganar la elección presidencial con una derecha negociadora debilitada y un madurismo de retirada. Al ser una hija de la burguesía más rancia del país, esta opción puede generar simpatías entre propietarios de medios de comunicación, empresas de publicidad, los restos de la clase media y sectores populares radicalizados contra el gobierno de Maduro, haciendo posible que crezca en términos electorales.
En síntesis, un escenario que es posible ver en febrero de 2023, son dos candidatos de las oposiciones de derecha, uno (Rausseo, Capriles o Rosales) electo en primarias controladas por el CNE y otra anti sistema (desde la derecha) liderada por María Corina Machado, pero como sabemos hay que estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos porque la política es muy dinámica.
4.3. ¿El Partido Comunista podrá creérselo?
La única posibilidad de construir un polo electoral que sea realmente de referencia y se muestre como alternativo lo representa la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Sin embargo, la experiencia de la Alternativa Popular Revolucionaria no ha sido la mejor en ese sentido, porque en medio del malestar social, el PCV se concentró en intentar aglutinar a la izquierda dispersa y los sectores políticos cuyos partidos y tarjetas electorales habían sido judicializados e intervenidos (PPT[4], Tupamaros, MEP[5] y otros más pequeños). Es decir, quedó atrapado en la lógica de acumulación partidaria, el rol central del partido de vanguardia y el trabajo electoral como un frente de masas. Los precarios resultados electorales, más allá que les pudieron usurpar un par de diputados más, mostro que esa táctica no los presentaba como una alternativa electoral de masas, privando la economía del voto, es decir votar por quienes tengan opción.
Su fortaleza es también su debilidad. El PCV ha estado al lado de la clase trabajadora, siendo un factor determinante, a través del tiempo, en la implantación de la idea comunista en Venezuela, que de manera falsa ha asumido como suya el Chavismo y el Madurismo bajo la etiqueta de “socialismo del siglo XXI”.
El PCV, atrapado en la defensa de las experiencias de socialismo real no ha logrado explicar adecuadamente que Maduro no es socialista ni comunista, pero tampoco en explicar que socialismo no es igual a precariedad de vida, sino a distribución justa de la riqueza. Resolver eso implicaría un giro decisivo que le lleve a conectarse con una parte importante de la población que le asusta la radicalidad verbal (pueblo contra pueblo) de Maduro, pero también de María Corina Machado.
El PCV no ha sabido aprovechar a su favor las iniciativas que desde el gobierno se han impulsado este mes para intervenirlo o judicializarlo. A pesar de tener capacidad organizativa y logística no ha podido presentar el intento de asaltar al partido por parte del gobierno, como el terror del Ejecutivo a la posibilidad que surja una alternativa de masas que se distancie del rencor, el odio y la división, expresado en su tarjeta electoral.
Los y las potenciales candidatas que se asoman para presentar una candidatura alternativa a las derechas y el madurismo tienen el perfil de despertar las simpatías del sector militante de izquierda, no de las masas. Algunos de estos(as) potenciales candidatos construyen un discurso desde el hígado, no desde la alegría, la esperanza y la ternura, algo que necesita el electoral despolarizado. Una síntesis del discurso alternativo lo presentamos en el artículo “Proyecto PAIS (2023)”.
El PCV posee una estructura territorial más fuerte que la de muchos candidatos de la derecha, cuenta con una base militante disciplinada capaz de llevar hasta sus últimas consecuencias la línea del partido, tiene locales e infraestructura conexa en todo el territorio nacional, cuenta con equipos de propaganda con amplia tradición. Si a esto se le llegara a sumar la decisión política de ir al encuentro del país nacional, más allá de las fronteras ideológicas, con tres o cuatro consignas básicas: a) aumento salarial digno y suficiente para todo el que trabaje, mostrando cómo es posible lograrlo disminuyendo la inflación, b) crear las condiciones para que vuelvan al país todos los migrantes y encuentren un país plural, creativo, eficiente y en paz, c) la necesidad de llevar a los cargos los mejores para que los servicios públicos sean eficientes y de calidad y, d) reconstruir el país a partir de la educación, encarnado por un rostro de alguien que no sea militante del PCV y que aglutine al país nacional, el PCV podría construir una alternativa de masas en las elecciones presidenciales de 2024.
Esto pasaría por la disposición pública a liberar al candidato presidencial de cualquier condicionamiento ideológico, para que haga los pasos necesarios para distensionar las relaciones con los Estados Unidos y realizar los pasos necesarios para eliminar las Medidas Coercitivas Unilaterales. Esta tarea es la más difícil de asumir para un partido como el PCV, pero lo colocaría en sintonía con el sentimiento nacional de dejar atrás las sanciones y el bloqueo para que la economía del país mejore. Para ello, el discurso de que el PCV coloca su tarjeta al servicio de la sociedad y el pueblo venezolano y no de sus intereses particulares, puede ayudar enormemente.
El PCV tiene por primera vez en la historia (y quizá la única) de colocar un candidato de sentimiento nacional, por sí solo, que unifique a la familia venezolana y sea presidente de la República. El problema es que el propio PCV tiene que creérselo, sino nadie más lo creería. En febrero de 2023, veo un PCV preocupado por servir de la mejor manera al país, pero aún atrapado en sus demonios y ángeles, veremos cómo lo resuelven.
4.4. El chavismo de base se mueve sin dar saltos
Con la llegada de la nueva etapa de la lucha social se viene dando un fenómeno subterráneo y complejo que no ocurría a comienzos de 2022. Se multiplican día a día las reuniones de líderes sociales, militantes de base y uno que otro dirigente político del madurismo, que intentan buscar mecanismo para luchar por mejores salarios y que cuestionan la política del gobierno al respecto, produciéndose entre ellos diferentes tipos de ruptura y distanciamiento. La mayoría sigue sosteniendo el discurso que lo principal es evitar que llegue la derecha al poder, pero son críticos de la improvisación en la política económica, la ostentación de bienes y dinero de algunos dirigentes del partido y el gobierno.
La mayoría de este sector no ve clara una opción electoral a la izquierda del madurismo y parecieran asumir la tarea de construir mecanismos sociales de presión desde los bordes para intentar que el gobierno rectifique y vuelva a colocar la agenda social en su centro. Su identidad es el chavismo como rebeldía contra las distintas formas de opresión, no reconocen en Maduro esas cualidades, pero si defienden que es el legítimo presidente ante Guaidó y su “sucesor”.
En este sector las condiciones materiales de vida de la población son el factor que lo aglutina, pero aún no terminan de vincularse en las calles al movimiento social de protesta. Es como un movimiento de la base que no termina de saltar en dirección alguna.
Este sector en febrero de 2023 votaría por Nicolás Maduro como el mal menor, no por convicción.
4.5. La izquierda radical se mueve lentamente
Las izquierdas radicales no tienen tarjeta electoral, partido legalizado ni cuentan en este momento con influencia de masas que les permita incidir en el terreno electoral. Muchas de estas pequeñas organizaciones siguen atrapadas en el discurso de partido de vanguardia que intenta orientar la protesta social, en vez de imbuirse en el movimiento social y re-aprender muchas cosas de la lucha social, que les permita construir liderazgo arraigado.
Algunos van a optar por seguir siendo grupos de propaganda que reivindican que tienen el análisis correcto pero la conciencia de las masas no lo capta, mientras otros están planteando la posibilidad de construir un frente único revolucionario que tácticamente se pueda acercar o no, en el escenario electoral, al PCV, apostando más por una construcción autónoma de largo plazo.
En síntesis, no existe en este momento, febrero de 2023, una izquierda radical con capacidad de disputa del movimiento de masas.
4.6. ¿Qué pasaría si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo?
Con este cuadro electoral, descrito en los puntos anteriores, Si las elecciones presidenciales fueran el último día de febrero de 2023, la confrontación central sería entre Maduro y María Corina Machado. En un escenario como este el enorme malestar social por la precariedad salarial tendría la disyuntiva de “mejor malo conocido que bueno por conocer” o de “cambiar hoy y mañana veremos cómo se pelea con el que venga”. Considero que esta disyuntiva no ha podido ser captada por las encuestadoras, ni es percibida por los aparatos súper estructurales del gobierno y la oposición.
Nuevamente el gobierno y el PSUV tendrían la mayor posibilidad de contener, maniobrar y reorientar ese descontento, pero la percepción que tiene ese partido, es que una “sorpresa electoral” por el descontento estaría descartada.
Haciendo una analogía popular, es posible decir que el sentimiento que hay hoy en la calle es parecido al de un hogar en el cual el esposo comienza a tener problemas financieros en su pequeña empresa (gobierno), la esposa lo apoya (el pueblo) y le da aliento para que diseñe una estrategia alternativa (no permita que eso dañe a la familia), pero mes tras mes el hombre llega y dice que los impuestos y los precios no le dejan avanzar (sanciones), la mujer (el pueblo) pone todos sus ahorros, hace economía familiar, trabaja el triple pero no ve mejora alguna, llega un momento (pueblo) en el que le dice a su marido (gobierno), que vea lo que va a hacer, que monte otro negocio (resuelva lo de las sanciones), consiga otro empleo (mejore la economía nacional) o se vaya de la casa (le deje el poder a otros).
Una polarización electoral entre Nicolás Maduro y María Corina Machado no auguraría paz y acuerdo nacional, sino pugnacidad y conflicto, por lo radical de ambos discursos en un escenario como ese.
Sin embargo, las elecciones no son hoy, así que tendremos que estar atentos al desarrollo de las variantes políticas de los próximos meses.
5. El panorama social
Venimos sosteniendo que a partir de marzo de 2022 Venezuela entró a una nueva etapa de la lucha social, algo que no termina de ser entendido por el gobierno y las oposiciones de derecha. Los datos de la encuestadora Delphos (2023) elaborado a nivel nacional, permiten descomponer algunos elementos del descontento social que acompañan esta nueva etapa:
La identidad política mayor es con ninguno (37%). La segunda identidad es con la oposición (35,6%) y la tercera con el Chavismo en general (26,5%).
Solo el 21% de la población, en su mayoría chavistas perciben la situación nacional como positiva.
Entre los principales problemas del país identifican: la economía en sus expresiones cotidianas (25,2%), el alto costo de la vida y la inflación (15,5%), el precio del dólar (7,3%), los bajos salarios (5,7%)
Sin embargo, para mejorar la situación los auto identificados como chavistas expresan que el aumento de salarios es central en la solución de los problemas del país (29,0 maduristas) y (32.3% chavistas no maduristas), mientras que para los no identificados con nadie la dolarización (31,1%) y el aumento de salarios (23%) son significativos, mientras que para los opositores duros ((36%) y opositores críticos (42,5%) la dolarización es la solución.
La tesis que sostenemos es que la situación material de vida está desdibujando las diferencias políticas y acercando los consensos ciudadanos respecto a que hay que buscar una solución a esta situación, lo cual se muestra en la despolarización de las movilizaciones por mejores salarios.
6. Conclusión
Si bien la historia no se repite igual dos veces, aunque puedan surgir elementos comunes, hoy estamos ante un escenario electoral muy parecido al de 1996-1998, con la diferencia que el desgaste es de un gobierno “progresista” y la alternativa que puja es la de la derecha, pero la alternativa despolarizada aún no se muestra en las encuestas.
Esta es la fotografía que capta nuestro análisis para febrero de 2023, veremos cómo evolucionan los hechos, actores y políticas. Será hasta la próxima entrega.
Boza, Tony (2023) En defensa del salario (Indexación y lucha de clases). Ediciones parlamentarismo de calle. Venezuela
Delphos (2023) Estudio de coyuntura política electoral. Versión electrónica
[1] Doctor en Ciencias Pedagógicas, Postdoctorados en Pedagogías Críticas y Propuestas de Evaluación de la Calidad Educativa. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Socio de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la educación. Integrante de la Asociación latinoamericana de Sociología (ALAS) y la Fundación Kairos. Director de investigaciones del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en educación (CII-OVE). Profesor universitario.
[2] Central de Trabajadores de Venezuela, vinculada a las derechas, aunque hay posiciones clasistas marginales a su interior
[3] Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, vinculada al gobierno de Maduro y el PSUV
El profesorado de primaria y secundaria de Cataluña es el que menos cobra. Así lo recoge UGT en su informe anual sobre salarios para 2023. Aunque, aclara el sindicato, esta comunidad autónoma todavía no tiene aprobados los presupuestos para este año. En cualquier caso, maestras y profesoras catalanas cobran hasta 623 y 622 euros menos que sus compañeras de los territorios que están más arriba en la tabla. Tanto en el caso del cuerpo de maestros como en el de profesores, las Islas Canarias no capitalinas están en la parte más alta de la tabla. En ambos casos cuentan con un importante complemento residencial de 454 euros y 504 euros respectivamente.
Si no se tiene en cuenta a las Canarias, los salarios más altos, en ambos cuerpos, se encuentran en Ceuta y Melilla. Maestras y maestros cobran 2.860,19 € y profesoras y profesores, 3.419,03 euros.
Como puede verse en el gráfico, si se excluyen las Islas Canarias no capitalinas, es País Vasco la comunidad autónoma en la que el profesorado, da igual el cuerpo, más salario bruto mensual cobra al año. Cataluña es, también en todos los casos, en la que menos se cobra.
El sindicato comenta en su informe de retribuciones para este año, la importancia del acuerdo firmado para el aumento salarial hasta 2024 de entre un 8 y un 9,5 % como una vía importante para la recuperación salarial de todo el colectivo. En la mayor parte de las comunidades autónomas, los recortes que se iniciaron en 2010 y, sobre todo, en 2012, no llegaron a recuperarse hasta 2015-2016, momento a partir del cual, las nóminas de maestros y profesoras han ido creciendo de forma constante.
La mayor parte de las diferencias salariales se deben a los complementos que se aplican en cada una de ellas. UGT ha decidido no tener en cuenta en sus cálculos retribuciones relativas a la ocupación de determinados cargos ni los complementos de antigüedad, como forma de simplificar los cálculos. A pesar de esto, en el caso del cuerpo de maestros, el complemento de residencia (aplicados a los archipiélagos y a Ceuta y a Melilla, que van de los 83 euros hasta los 760), el de destino (de los 534 hasta los 672) y el complemento específico (de los 342 a los 948 euros), aumentan la brecha salarial entre funcionarios. En el resto de cuerpos se producen también estas varianzas entre complementos y territorios.
El sindicato exige un aumento de los salarios, así como una equiparación entre los territorios dado que las responsabilidades son las mismas en toda la geografía. “La revalorización del sueldo de nuestros docentes es fundamental para el reconocimiento y motivación del cuerpo docente y para garantizar el incremento en la mejora del perfil profesional del profesorado”, aseguran desde UGT.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/02/27/las-diferencias-salariales-entre-autonomias-superan-los-600-euros/
En su más reciente columna, el viceministro de Preescolar, Básica y Media, Hernando Bayona Rodríguez, se refirió a varios aspectos, entre ellos las diferencias con Fecode.
Las condiciones laborales de los profesores en Colombia, es de los temas que indigna a muchas personas. Y teniendo en cuenta eso, son varias las modificaciones, peticiones y promesas del Gobierno de Gustavo Petro al respecto.
Lo último, que oficialmente se conoció al respecto, fue la columna del viceministro de Preescolar, Básica y Media, Hernando Bayona Rodríguez. En dicho escrito explicó la propuesta de jubilación digna por una vida dedicada a la docencia.
“Mucho revuelo generó entre los directivos de FECODE la propuesta presentada por el ministro Gaviria, a finales del 2022, sobre incluir en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 un artículo para favorecer la jubilación digna de los maestros del país, en clave de justicia social. El artículo permitiría a los docentes del magisterio, que actualmente están pensionados y aún trabajan, contar con un mecanismo de compensación económico para que puedan gozar de una jubilación digna, reconociendo y valorando su labor: una vida dedicada a la docencia”, señaló al inicio del texto Bayona.
Contexto de la propuesta
El pedagogo y matemático detalló que en Colombia coexisten dos decretos que regulan la carrera de los docentes del sector público.
“El decreto 2277 de 1979 y el 1278 de 2002. Entre los dos decretos existen diferencias en cuanto a las condiciones de ingreso, ascenso, retiro y remuneración salarial. Dado que desde 2002 los docentes del sector oficial solo pueden ingresar a la carrera docente bajo el decreto 1278, la proporción de docentes del 2277 se ha venido reduciendo en estos últimos 20 años. Antes de 2002 todos los docentes de carrera del sector oficial pertenecían al estatuto 2277, para el 2022 el número de docentes de ese decreto bajó a 123 mil, lo que representa un 37% del total de docentes del magisterio oficial”, contó el anterior director de los programas de Licenciatura de la Universidad de los Andes.
A renglón seguido, indicó que las condiciones salariales de los docentes del 1278 son mejores que las del 2277.
“Para poner esto en perspectiva, voy a comparar los salarios del año de 2022 de los dos estatutos, tanto en el momento de ingreso de la carrera como el salario al final de la escala salarial. Mientras que el salario inicial de un docente con título de normalista (grado 1) en el decreto 2277 es $1.458.671, en el decreto 1278 (grado 1A) es $1.980.920. Similarmente, ocurre con los docentes que ingresan al escalafón docente con título de licenciado. En el antiguo estatuto, los licenciados iniciaban en el grado 7 con un salario de $2.098.960, mientras en el nuevo escalafón inician en el grado 2A con un salario de $2.493.127″, aclaró el maestro en economía.
En ese punto profundizó en que también hay disparidad de pago, pues, el “nuevo” escalafón tiene mejores condiciones para los salarios finales.
“Al final de la carrera docente, un normalista en el decreto 2277 podría alcanzar máximo el grado 8 que corresponde a un salario (año 2022) de $2.305.574, mientras que en el decreto 1278 el máximo grado para normalistas es 1D que corresponde a $4.035.219″, profundizó.
Luego de precisar otros detalles de las diferencias salariales, aseguro que son bastantes los docentes del decreto 2277 que se pensionan y continúan trabajando.
“A la fecha, cerca de 80 mil docentes del sector oficial cobijados por el decreto 2277, que actualmente laboran, también están pensionados. Este decreto permite que los docentes se pensionen jóvenes, 55 años; sin embargo, esta no es la única razón para continuar trabajando una vez se pensionan y muchos siguen hasta los 70 años. Por ejemplo, aproximadamente 52 mil de estos docentes pensionados que continúan trabajando, 16% del total del magisterio, tienen más de 60 años. Es clave recordar que la edad de retiro forzoso pasó de 65 a 70 años en el 2016″, precisó.
“Quizás me pueden decir que mi problema es la falta de vocación. Y puede ser, pero creo que va mucho más allá de eso. Después de ocho años haciendo clases de historia en colegios, decidí salir y buscar otros proyectos. Aunque sigo haciendo preuniversitario y permanezco en contacto con alumnos que me desafían intelectualmente, no es lo mismo.
No es lo mismo, porque nadie que no haya estado parado frente a 30 adolescentes de 17 años puede entender lo que significa pararse ahí cada día e intentar remecerlos, hacerlos pensar, reflexionar, abrir sus mentes y almas al aprendizaje. Es un desafío que aprieta la guata, literal. Y que cuando ves resultados, te llena la vida de sentido. Pero me cansé.
Me cansé de una pega en que la mayoría del tiempo te sientes poco valorado. La gente cree que llegas temprano a la casa a descansar y estar con los tuyos, pero en realidad llegas a corregir y planificar encerrado en una pieza sin paga alguna. Porque el famoso “2 x 1″ es ridículo (1 hora de planificación por 2 de clase). Todos los profesores lo sabemos, pero nadie hace nada por cambiarlo. Se nos exige excelencia, pero ser excelentes significa trabajar la mitad del tiempo gratis.
Me cansé del ritmo agotador, de correr atrás de un timbre y estar siempre bien. Porque ser profesor implica eso, estar siempre bien. Ser profesor no admite errores y eso es agotador. Si trabajas en una empresa puedes estar un día más callado, más serio, más distraído. Pero cuando eres profe y estás frente a tu curso, tienes que ser pura pasión, pura vibra, pura paciencia y sabiduría. No puedes caer, no te puedes enojar, no puedes perder la paciencia. Estás en un pedestal, siempre eres ejemplo para alguien.
De más está mencionar el sueldo. Me cansé de una remuneración que no tiene expectativas de mejora en el tiempo, que ves estancada por mucho que te esfuerces.
Finalmente, me cansé de tener que “dar gracias” por las vacaciones de verano, cuando en realidad uno llega a diciembre, literalmente, arrastrándose. Creo que si no tuviéramos ese descanso, sería imposible tener la vitalidad y la fuerza necesaria para empujar el carro en marzo.
Creo que si mi pega fuera más valorada en el día a día no habría salido corriendo. Si los alumnos dieran las gracias más seguido, si te miraran a los ojos, si te perdonaran un mal día. Si los apoderados empatizaran más con nuestra labor y entendieran que además de exigir, es importante valorar el trabajo diario. Si los colegios le dieran prioridad a nuestro tiempo y nos pagaran lo que corresponde por planificar. Y que además respetaran ese tiempo sagrado, sin poner charlas y reuniones en ese horario que es clave para hacer clases de calidad.
Me da pena porque sé que hay muchos profes en las mismas condiciones que yo. Muchos podrán decir que son profesores amargados, yo creo que son profesores cansados. Cansados porque todos necesitamos que nuestro esfuerzo se valore, pero a los profesores se nos exige trabajar por vocación.
Yo no me cansé de hacer clases, de planificar, de corregir, de entablar un vínculo profundo con los alumnos. De hecho, lo extraño tanto. Uno sabe que ser profesor es el trabajo más importante del mundo. Y quizás “recaiga” y vuelva a la sala de clases. Porque cuando uno es profe, sabe cómo puede cambiar la vida de alguien. Hoy me juntaré con una ex alumna a tomar un café y me da pena pensar que hay más “Antonias” necesitando profesores que marquen sus vidas.
Pero por ahora, con pena, colgué el delantal”.
*Josefina H. tiene 31 años. Prefirió no poner su apellido, para que su texto no sea un problema para futuros trabajos.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Entonces el procedimiento tiene una nueva ruta: desde la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) se dirige información en relación a los pagos universitarios hacia la OPSU, la cual remite a las universidades unos formatos para que las oficinas administrativas rellenen unas casillas para determinar lo que se debe cancelar.
A Flourish map
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/Y332BH3E25GEBKP4CK5J5R2MM4.jpg)
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/5ZUMCH7CBZGNJCRPQQGWUUVQ5Y.jpeg)
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/HHMKZ2ELQRHAHBXP77MTPL7LBI.JPG)
Users Today : 198
Total Users : 35459793
Views Today : 359
Total views : 3418331